domingo, 5 abril, 2026

Las tarifas del agua varían hasta un 256% en 35 ciudades

Diario16
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Las tarifas del agua varían hasta un 256% en 35 ciudades

La tarifa del agua varía hasta un 256% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de agua en 2017 en 35 ciudades españolas (ver tabla).

Las tarifas más elevadas se han detectado en Murcia, Cádiz, Barcelona y Huelva.

Las variaciones tarifarias suponen hasta 238,20 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 mm, entre los 8,58 euros al mes que se pagan en Oviedo y los 28,43 euros que se abonan en Murcia. Si el consumo alcanza los 20 m3 mensuales, las variaciones alcanzan los 617 euros al año. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.

El análisis de FACUA toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 ó 20 metros cúbicos. Los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro pagan prácticamente lo mismo que en 2016 para ambos consumos, con una subida media de apenas un 0,1% para consumos de 10 m3 y del 0,5% para los de 20 m3. En el caso de los contadores de 15 mm, los precios han bajado de media un 4,1% para un consumo de 10 m3, mientras que han subido un 2,3% en el caso de un consumo de 20 m3 al mes.

Diferencias desproporcionadas

Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 28,43 euros al mes, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros, Barcelona (empresa mixta), 23,16 euros, Palma de Mallorca (empresa pública), 22,50 euros y Huelva (empresa mixta), 22,44 euros.

En el otro extremo se encuentra Oviedo, con un modelo de gestión privado -la aprobación tarifaria depende siempre de los ayuntamientos-, que no ha modificado sus tarifas en el último año, donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, el precio para un consumo de agua de 10 m3 es de 8,58 euros al mes. Oviedo también es la ciudad para un consumo mensual de 20 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 20,11 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 13 mm le siguen Valladolid (gestión privada), 10,82 euros al mes; Zaragoza (gestión pública), con 11,31 euros, Vitoria (empresa pública), 12,06 y Salamanca (gestión privada), 12,49 euros.

Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm, las tarifas más caras mensuales son las que se abonan en Murcia (de gestión mixta), con un importe de 28,43 euros, seguido de Huelva (empresa mixta), con 24,31 euros, Santa Cruz de Tenerife (empresa mixta), 24,13 euros, aunque en esta ciudad no hay instalado hasta la fecha de cierre del estudio ningún contador de 15 mm, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros y Barcelona (23,16 euros).

Las tarifas más bajas se encuentran en Oviedo (8,58 euros, empresa privada), Valladolid (10,82 euros, empresa privada), Zaragoza (11,31, gestión pública), Vitoria (12,06 euros, empresa pública) y Salamanca (12,49 euros, empresa privada).

En diez de las 35 ciudades analizadas han aumentado los precios en 2017. En algunos casos, por modificación de las propias tarifas, mientras que en otros éstas se mantienen pero suben los cánones locales, provinciales o autonómicos que se aplican, como en el caso de Jaén y Sevilla, en ambos casos por aumento del canon provincial (1% y 0,15% de media respectivamente). Las ciudades que suben sus tarifas son: Bilbao (1,8%), Málaga (1,7% de media), Palma de Mallorca (3,8% de media), Pamplona (1,4% de media), San Sebastián (0,9%), Santa Cruz de Tenerife (0,5% de media) y Vitoria (1,7% de media).

Las tarifas en Murcia suben para los tramos de mayor consumo (un 2,4% para un consumo mensual de 20 m3), mientras se rebajan las tarifas para los consumos más bajos (bajada de 3,1% para consumos de 10 m3 mensuales). En el caso de Alicante, se da una ligera subida para los contadores de 13 mm (2,25% de media), mientras que para los contadores de 15 mm las tarifas sufren una fuerte bajada, de tal manera que los precios quedan casi en la mitad (43,8% menos de media).

Tarifa progresiva

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Una mesa de camilla con seis mil patas

José Manuel García Miravete
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Una mesa de camilla con seis mil patas

Para algunos, “la camarilla se está poniendo nerviosa”, para otros, “algunos candidatos buscan su ego personal”, pero lo que sí tienen claro todos es la importancia del momento en el que vivimos.  La política regional murciana anda más turbia que las aguas del Mar Menor, con un Partido Popular flanqueado por los cuatro costados, al que se le hace difícil avanzar.PSss

A su proa, la sociedad civil comienza a despertar de la hipnosis del “Agua para todos”, tras las afortunadas palabras de la Señora Tejerina, y un capitán, que lejos de ser el patrón del barco, apenas llega a tener el titulín para pequeños barcos, al mismo tiempo que, a su popa, van quedando un reguero de cadáveres políticos, justos merecedores de sus propios actos, sin que lleguen a caer los verdaderos jefes de la familia. A estribor se acerca la constitución de un nuevo partido, con Alberto Garre a la cabeza, mientras que a babor es más necesaria que nunca una izquierda que sepa acometer con firmeza el período de posibilidades que se abre a sus pies.

Aunque todos comparten el momento histórico en el que nos encontramos, pocos han comprendido lo que les está pidiendo la ciudadanía. Los votantes están ansiosos por ver en el horizonte un nuevo PSRM unido, pensando en las necesidades de los murcianos, y alejado de aquellos nombres que sonaron en el pasado, y que ahora tienen la importancia que les quieren dar aquellos que los critican, sin pararse a pensar que, a pie de urna, todos y cada uno de los 6.032 votantes tienen la misma fuerza.

Los futuros candidatos, aunque alguno se empeñe ya en disponer de ese calificativo, se encaminan hacia las primarias de muy diferentes formas, y la mayoría utilizan frases para la contienda: “el candidato de la militancia”, “el aparato”, “las mesas de camilla” e incluso “la camarilla”. Frases que pierden su sentido el día de la votación , como ya se demostró en las primarias a nivel federal.

Es una pena que jóvenes promesas se lancen a la carrera y en la salida queden marcados por la insignia de la vieja guardia, que le conozcan a nivel regional por el apoyo de aquellos que debieron abandonar la política hace ya muchos años. Las urnas darán su veredicto, y no al político que aúpan, más bien opinarán sobre aquellos que deberían permanecer en silencio por respeto al PSRM.

En la pugna también encontramos a personas que han demostrado su valía a lo largo de los últimos años. Un trabajo incansable con miles de iniciativas presentadas, luchando diariamente por esta región pero que no se paran a entender que el trabajo de los militantes es muy complicado. Es casi imposible convencer a la ciudadanía de que puede ser una gran opción al frente del partido, que no piensen que esto va de familias y cargos hereditarios, cuando son los ciudadanos los que opinan con su voto.

En esta región también disponemos de los mal llamados “Candidatos de las bases”, casi sin apoyo institucional y orgánico, se autoproclaman  merecedores del respeto de toda la militancia. Nuevamente,  un eslogan de campaña, buscando el alejamiento de aquellos a los que llaman “camarilla”, sin pararse a analizar que en esta ocasión la mesa de camilla tiene seis mil patas.

El acierto al elegir Secretario General será de la militancia, serán las 6.032 personas con derecho a voto las que elegirán a su secretario. No vamos a negar que las reuniones existen, en muchas ocasiones alrededor de una buena mesa, pero, alguien me puede indicar que fuerza tienen esas mesas sin el apoyo de los militantes que depositan su voto en las urnas. Seguimos haciéndonos trampas al solitario y sin entender lo que nos pide la ciudadanía.

Ha llegado el momento de hacer POLÍTICA con mayúsculas. Negociar, acordar, unir, debatir, acercar posturas, algo que solo parece haber entendido aquel que lleva meses intentando que al Congreso se llegue con una única candidatura, la que dé la unión y la fuerza necesaria al PSRM para recuperar el gobierno en 2019. Joaquín López lleva tiempo trabajando por un proyecto de unión, sin personalismos, constructivo y sin exclusiones. Buscando a los mejores, ni susanistas ni pedristas, los más idóneos para diseñar un proyecto que ilusione a los votantes de esta región, partiendo de la base de un partido unido y sin fisuras.

No se trata de ser el primero, ni de tener el eslogan más adecuado, ni de llevar más futuros jubilados detrás. Se trata de hacer política, de crear una mesa con seis mil patas a la que se puedan sentar todos y cada uno de los militantes de esta federación.

El Psoe acusa al equipo de Gobierno de cometer “un desprecio” por no enarbolar la bandera arcoíris

Jerónimo Martínez
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El Psoe acusa al equipo de Gobierno de cometer “un desprecio” por no enarbolar la bandera arcoíris

El Grupo Municipal Socialista formulará una pregunta plenaria pidiendo explicaciones de “por qué el Ayuntamiento de Lorca no se sumó, al igual que la mayoría de los Ayuntamientos de la Región de Murcia de todos los signos políticos, a instalar en el balcón de este Consistorio la bandera arcoíris LGTBI y de esta forma cumplir con la recomendación de la citada Ley.

La edil del PSOE recuerda que la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de política públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia recoge “el reconocimiento y apoyo institucional” a los actos relacionados contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, señalando que tanto la Asamblea Regional como el Consejo de Gobierno instalarán la bandera arcoiris LGTBI en la sede de Presidencia y de la Asamblea Regional.

En este mismo sentido, el articulado expresa que “se recomendará a la Federación de Municipios de la Región de Murcia y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma a realizar el mismo acto”, hecho que “el Consistorio lorquino no llevó a efecto”, contraviniendo lo recomendado, señalan desde el grupo socialista.

El articulado aprobado por el Parlamento murciano dice textualmente que los poderes públicos murcianos “prestarán respaldo” a la celebración en fechas conmemorativas de actos y eventos que, “como forma de visibilización, constituyen instrumentos de normalización y consolidación de la igualdad social, plena  y efectiva en la vida de las personas LGTBI. Y de manera particular, añade el mismo párrafo, “se respaldará y apoyará” las acciones a realizar por el movimiento LGTBI.

El acuerdo menos malo a años luz del mejor

Natalio Blanco
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El acuerdo menos malo a años luz del mejor

Ni es histórico ni es un pacto de Estado ni los firmantes han hecho todo lo posible para que la lacra del terrorismo machista sea ni tan siquiera considerada un problema de terrorismo con una media terrorífica de víctimas y feminicidios anuales que, lejos de cesar, incluso se incrementa. Desde 2003, casi un millar de mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas en una media anual espeluznante de 53 asesinadas. Ni por rendir honor a ellas los políticos de este país han sido capaces de llegar al máximo esfuerzo y se han conformado con un acuerdo de mínimos por razones que no están muy alejados del partidismo más puro y duro.

Basta subrayar aquí el dato estadístico más lacerante que rige lo que va transcurrido de 2017: al menos 32 mujeres y seis menores han sido asesinados por sus parejas, ex parejas o progenitores. Los criminales machistas han dejado también 16 huérfanos menores de edad. Lejos de mejorar estas alarmantes estadísticas, 2017 es un infierno mucho peor que el registrado en el mismo periodo durante los últimos años. Probablemente este y no otro haya sido el verdadero motivo que ha hecho a los diputados verse obligados a cerrar cuanto antes un acuerdo de mínimos antes de que la sociedad siga elevando su voz contra la inacción de la clase política en general ante uno de los problemas más graves de este país, según recoge en sus estudios periódicos el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Gobierno.

La rúbrica unánime de los diputados contra el terrorismo machista ni siquiera considera como tal esta lacra

Y todo ello pese a que, mientras las denuncias de maltratadas se incrementan en los juzgados de toda España año tras año y los índices de víctimas no creídas por los jueces se mantienen en niveles alarmantes e incluso indecentes, los partidos firmantes del pacto alardean de que durante los próximos cinco años se luchará contra esta violencia con una lluvia de mil millones de euros, que servirán para aplicar 200 medidas que refuerzan la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 por el ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ni siquiera los seis meses de trabajo empleados por los diputados para implementar estas 200 medidas de lucha contra la violencia machista, ni tampoco las opiniones vertidas en las 66 comparecencias de expertos en la subcomisión del Congreso han sido suficientes para cerrar un verdadero pacto de Estado, muy alejado de este acuerdo de mínimos, como lo han calificado buena parte de las formaciones firmantes, como PSOE, Unidos Podemos o Compromís.

Reunión de la subcomisión del Congreso que firmó el acuerdo de mínimos este lunes.

Es un “acuerdo de mínimos”, según la diputada de Podemos Ángela Rodríguez, porque, pese a que no incluye la totalidad de las violencias contenidas en el Convenio de Estambul aunque España lo haya ratificado hace ya tres años, tampoco se otorga el mismo tratamiento a todas estas violencias ni el acceso a las prestaciones se da en igualdad de condiciones a todas las víctimas, con lo que el acuerdo de mínimos lleva implícito una aplicación de dos velocidades para, al menos, dos categorías de maltratadas, de primera y de segunda clase.

El pacto aplicará dos velocidades para maltratadas de primera y de segunda clase

Es un acuerdo de mínimos y no un grandilocuente Pacto de Estado porque los mil millones que recibirán las distintas administraciones públicas para luchar durante los próximos cinco años contra la violencia machista ni siquiera se sabe cómo ni quién ni qué partidas concretas irán para qué cometido ni cuándo.

Otro detalle importante que es importante no olvidar: el PP, que hace solo tres años no quiso saber nada de un pacto de Estado contra esta lacra es ahora la formación que alardea con más vehemencia y profusión en los medios y la que más énfasis y mayúsculas coloca en lo que lleva anunciando desde hace días como un Pacto de Estado, cuando ni siquiera estaba cerrado en su totalidad hasta la noche de este mismo lunes.

En este sentido, el guadianesco dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado en las redes sociales este martes que fue el PSOE el que en 2014 propuso este pacto. “Al final lo hemos conseguido”. Con esta declaración, el político socialista más bien parece ansiar que su partido se cuelgue la medalla en solitario que tanto empeño está mostrando en ponerse sobre los hombros el PP durante estos últimos días de anuncios de preanuncios de anuncios del Pacto de Estado. De ahí que el PSOE se sume ahora a otras formaciones de izquierdas como Podemos o Compromís en calificar de “acuerdo de mínimos” lo que en general en los medios se está vendiendo como Pacto de Estado sin tapujos.

Y ahora que este dictamen ya está cerrado a falta del toque final el próximo viernes 28 en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, se aprecia que buena parte del documento acordado ahora en 2017 por los diputados ni tan siquiera satisface las demandas que desde el pasado 1 de agosto de 2014 rigen tras la entrada en vigor en España del denominado Convenio de Estambul, elaborado por el Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, sellado en Estambul el 11 de mayo de 2011.

Este acuerdo de mínimos tampoco ha podido lograr que las víctimas no puedan retratactarse de sus denuncias ni que la justicia inicie un proceso pese a la marcha atrás de la denunciante, una realidad que a día de hoy impide que muchos maltratadores sean juzgados y condenados.

Algo que sí se ha logrado por las formaciones políticas en la Cámara Baja es el reconocimiento de víctimas a mujeres que no hayan denunciado en los juzgados. Este reconocimiento se podrá hacer a través de sentencias que corroboren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia recogidas en la ley de protección, o con una resolución judicial, informe de la Fiscalía, atestado policial, o informe médico o psicológico.

Una jueza de Granada obliga a una Madre entregar a sus hijos a un maltratador

Agustín Millán
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Una jueza de Granada obliga a una Madre entregar a sus hijos a un maltratador

Juana Rivas, una granadina de 36 años, ha conocido hoy la sentencia de la Audiencia de Granada, en la que la Jueza da la razón al padre. En declaraciones a la prensa ha afirmado que se niega a entregar a sus dos hijos a un maltratador que vive en una isla de Italia, tal y como le exige la Justicia.

El Centro de la Mujer de Maracena un municipio de la provincia de Granada ha anunciado que agotará todas las posibilidades legales para frenar la devolución de los niños.

«Me los tienen que quitar a palos» ha afirmado la madre entre lagrimas, mientras el auto conocido hoy afirma que Juana Rivas le sustrajo los niños al padre. Ella ha explicado que simplemente los apartó de la violencia del entorno familiar, en el país vecino, y volvió con ellos a su localidad de origen para evitar que los menores, de 11 y 3 años de edad, siguiesen siendo víctimas en un entorno de violencia.

La jueza ha ordenado a la Policía que garantice que la madre entrega este miércoles a los niños en el Punto de Encuentro Familiar de Granada a las 16:30h. «restitución de los menores puesto que no existe peligro en que convivan con el padre en Italia”.

Según nos contó Juana Rivas, su expareja, de la que nunca estuvo casada, tiene una sentencia por maltrato en 2009 y “yo en el 2013, le doy una segunda oportunidad. Me voy a Carloforte, cerca de Cerdeña y estoy casi 3 años viviendo en Italia. Y este hombre se acoge a este prefecto del Convenio de La Haya: “haciendo uso de un procedimiento jurídico internacional extraordinario, quiere obligar a estos menores a que vuelvan a la isla de Isola di San Pietro, donde han sufrido este maltrato durante casi 3 años” Su padre argumenta que el entorno de los niños es en Italia.

“El maltrato comenzó al poco tiempo de irme para Italia. Cada vez, más y más fuerte, hasta que llegó un momento en que empecé a temer por mi vida, pero a niveles serios de hacerme mis necesidades encima”, nos comenta Juana Rivas sobre su calvario en Carloforte en la isla italiana de Isola di San Pietro, con el maltratador y padre de sus hijos.

“Yo estaba deseando de escapar y él se lo olía”, nos cuenta Juana. Alguien que trata maltrata a una mujer psicológica y físicamente, tiene miedo a que está se relacione con otras personas. “Él decía que no nos merecíamos venir a España”, seis meses antes de que Juana llegase a España, le escondió los pasaportes.

La noche antes del viaje, con insultos, voces y gritos, le quita de nuevo los pasaportes. El hijo mayor de Juana de tan solo 11 años, sigue a su padre y consigue saber dónde esconde los pasaportes, “y me dice dónde están. Yo los cojo y me voy al campo. Los escondo en una acequia.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada acordó, en sentencia del 14 de diciembre, la restitución de los dos menores a Italia con su padre. Juana había presentado un recurso y hoy se ha conocido la resolución judicial, que sigue siendo favorable al padre maltratador.

El machismo reacciona al Pacto de Estado con dos intentos de asesinato

José Antonio Gómez
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El machismo reacciona al Pacto de Estado con dos intentos de asesinato

 

Ayer fue un día histórico en España. Los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad las 266 medidas que componen el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

Sin embargo, el machismo no se está quieto y las mujeres continúan indefensas en nuestro país ante quienes piensan que tienen la propiedad de la mujer. A lo largo del día de ayer se produjeron dos atentados machistas que, de momento, no han terminado con la vida de las dos mujeres pero que, por la gravedad de las heridas proferidas por estos criminales, podrían morir en las próximas horas.

En Santiago de Compostela una joven de 21 años fue salvajemente apuñalada por su ex pareja en el aparcamiento de San Clemente. La mujer recibió veinte puñaladas y se encuentra en estado crítico en el Hospital Clínico de la capital gallega. El autor del atentado fue detenido cuando intentaba huir.

También por la tarde un hombre apuñaló sin piedad a su ex pareja en la localidad madrileña de Alcorcón. La mujer, de 45 años de edad, recibió heridas en el abdomen y en el cuello y se encuentra ingresada en el Hospital Fundación de Alcorcón con pronóstico grave. El agresor huyó llevándose a su hija de 13 años y fue interceptado y detenido en las inmediaciones del Valle de los Caídos.

Se da luz verde al Pacto de Estado, pero las mujeres siguen indefensas y continúan siendo maltratadas o asesinadas. Ayer fueron dos que, de momento, salvaron la vida.

Pedro Antonio Sánchez será procesado por la Púnica

José Antonio Gómez
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El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ordenado continuar con el procedimiento de la Púnica en el que está imputado el anterior presidente de la Región Pedro Antonio Sánchez (PAS).

Según el auto del TSJ tanto David Conesa como PAS basta con observar la instrucción del caso para comprobar que los hechos constitutivos de delito tienen un sustento detallado en al menos seis fuentes.

PAS siempre ha defendido que no existía ningún acuerdo para pagar con dinero público su lavado de imagen para sustituir a Ramón Valcárcel. Según el ex presidente de la Región ellos escucharon las propuestas que se les hicieron pero que no contrataron nada, tal y como declaró ante el tribunal a principios del mes de junio.

Según el auto del TSJ es claro el «consentimiento finalmente prestado por el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, por mediación personal y directa de David Conesa, a la realización de los trabajos reputacionales en las condiciones negociadas».

El rechazo de los recursos de PAS y Conesa abre el camino para el procesamiento del ex presidente murciano y aún presidente del Partido Popular de la Región. Contra esta resolución no cabe recurso.

Sin embargo, no es el único frente que tiene abierto Sánchez ya que también está imputado por el caso Auditorio. Tanto en este caso como en la Púnica los estatutos del Partido Popular son claros: tiene que renunciar a su cargo como presidente del partido.

A nivel político la patata caliente está en Ciudadanos, partido con quien el PP tiene un pacto de legislatura en el que se incluye el código ético que ha incluido en todos y cada uno de los acuerdos de legislatura que firmó el partido de Albert Rivera tras las elecciones autonómicas y municipales. Hoy Miguel Sánchez ha pedido a PAS que renuncie a su acta de diputado tal y como se indica en dicho código ético y ha instado al PP a que cumpla con sus estatutos y expulse a PAS del PP.

Por su parte el PSOE de la Región de Murcia, a través de su portavoz y secretario general Rafael González Tovar ha afirmado que «después del auto demoledor del juez del caso Púnica, al expresidente de la Región no le queda otra salida que dejar su escaño en la Asamblea Regional. Este es el segundo caso que lo deja con casi dos pies en el juicio oral, junto con el caso Auditorio, pero pese a ello no deja su cargo, algo que nos resulta vergonzoso. Tiene que cumplir ya su palabra y renunciar a su acta en el Parlamento autonómico».

Óscar Urralburu, secretario general de Podemos, ha señalado que el PP «ampara y protege a Pedro Antonio Sánchez, y le permite que siga viviendo a costa de todos los murcianos y murcianas, mientras nos desayunamos cada día con un nuevo revés judicial para el presidente regional del PP, a un paso de ser juzgado por la presunta comisión de hasta siete figuras delictivas, todas ellas relacionadas con la corrupción» e, igualmente ha exigido la dimisión y la entrega del acta.

De la Serna, Hernando y Moreno Bonilla traicionan a Almería con el AVE

Santiago Aparicio
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De la Serna, Hernando y Moreno Bonilla traicionan a Almería con el AVE

En su momento todos los grupos de la oposición mostraron sus reticencias cuando se anunciaba a bombo y platillo la llegada del AVE a Almería. Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP y diputado cunero de Almería, prometía que el AVE llegaría a Almería en 2025 en las mismas condiciones. Pues parece que tanto el portavoz como el ministro han mentido, porque durante la reunión de la Mesa de Infraestructuras ha reconocido Íñigo De la Serna que desde Granada no llegará AVE y desde Murcia sólo será una vía.

En estas páginas ya se advirtió que el PP andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla aceptaría “cualquier cosa” que se hiciese en la provincia. Y bien que se alegraba en esas fechas Carmen Crespo de ello. El secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, ha lamentado que el ministro confirmara “nuestros temores” y es que, en su opinión, Fomento pretende “enterrar el AVE con Granada y recortar el AVE con Murcia”.

No se ha escondido en esta ocasión el ministro y, como expresa Sánchez Teruel, “Van a hacer mejoras en la línea convencional, pero no es una línea de alta velocidad lo que tendremos con Granada”. Y desde el PSOE de la provincia se exige que sea AVE como se prometió. Respecto a la conexión con Murcia se sigue pidiendo una doble vía porque, sólo una supondría una logística paupérrima, y más si se quiere potenciar el Corredor Mediterráneo. Aunque en Diario 16 Mediterráneo ya hemos avanzado que el gobierno de Rajoy no lo desea.

Para los socialistas almerienses todo ello es una demostración más de los constantes desagravios del gobierno conservador de Rajoy hacia Almería, en particular, y los andaluces en general. “Lamentamos que Mariano Rajoy vuelva a castigar de forma lamentable a esta provincia con el consentimiento de los dirigentes provinciales del PP” ha criticado Sánchez Teruel. Ha cargado tintas contra los dirigentes almerienses, en especial Gabriel Amat, los cuales no piensan moverse ni un milímetro de los deseos del gobierno central como ya se denunció hace meses en estas páginas.

No resulta extraño, entonces, que el ministro De la Serna no haya querido reunirse con la Mesa del Tren, quienes ya le hicieron llegar en una visita anterior la necesidad de una inversión de 450 millones. “Un dirigente político tiene que tenerle respeto a la ciudadanía, y el ministro no se lo tiene si no se reúne con esos colectivos que han sido capaces de sacar a miles de personas a la calle para pedir unas infraestructuras dignas para esta provincia” se han quejado los socialistas. Al menos, Sánchez Teruel pide que se agilicen los plazos y se vayan haciendo las expropiaciones necesarias antes, no vaya a ser que “pase como con el tramo Pulpí-Cuevas que se hicieron después”.

El secretario general del PSOE almeriense solicita al Gobierno de Rajoy que introduzca en los Presupuestos de 2018 “todo el dinero presupuestado en años anteriores y no gastado” que superan la cifra de 400 millones de euros, puesto que no se han gastado todas esas partidas. De esta forma, piden los socialistas que la provincia recupere la no-inversión del gobierno del PP. Ese dinero, ha defendido Sánchez Teruel, “debe ser empleado en obras, expropiaciones y en compensar a la provincia por los perjuicios ocasionados a la sociedad y a la economía almerienses” y ha recordado que son 1.802 los días que suman ya sin obras para la Alta Velocidad.

Sánchez Teruel ha trasladado el ministro De la Serna un dossier sobre el “enorme” impacto económico que tendría para la provincia su inclusión en el Corredor Mediterráneo, según el estudio que ha realizado tras consultar fuentes como el Centro de Estudios de Cajamar y Unicaja, EXTENDA, Turismo Andaluz y la prensa. Así, se conoce que España exporta más de 13 millones de toneladas de frutas y hortalizas, de las que más de 9 millones se realizan desde regiones contempladas en el Corredor y, concretamente, desde Almería se exportan 2,5 millones de toneladas. Se pretende que el ministro, al menos, sienta vergüenza por no hacer lo que prometió.

Utilizar el tren para esta comercialización supondría un ahorro anual de entre 120 a 160 millones de euros para las empresas hortofrutícolas almerienses, y ayudaría a aumentar la llegada y el gasto medio por turista de un sector que factura por encima de los 300 millones de euros al año, ha destacado Sánchez Teruel.

Lo que queda claro de la reunión con el ministro de Fomento es que el PP no quiere conectar Granada con Almería mediante alta velocidad, algo que ya la Junta de Andalucía había denunciado. Y cuyos principales culpables son Moreno Bonilla, que sigue haciendo de perrito faldero del gobierno central, y Hernando que sólo tiene tiempo para Almería si hay que hacerse fotos o tomarse un copazo.

Mariano Rajoy, el enemigo de los derechos laborales

José Antonio Gómez
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Mariano Rajoy, el enemigo de los derechos laborales

Desde el 20 de noviembre de 2011 en que el Partido Popular ganó las Elecciones Generales con una mayoría absoluta consecuencia de la situación de desesperación de millones de españoles ante los primeros efectos de la crisis económica gestada por los poderes económicos y de un programa electoral «populista» que prometía todo lo que los ciudadanos esperaban del gobierno que sustituyera al de José Luis Rodríguez Zapatero, España ha visto cómo se ha legislado en contra de los derechos laborales y salariales de la clase obrera. La Reforma Laboral ha generado un escenario en el que el empresario tiene todas las herramientas para vulnerar los derechos que tantos sacrificios, y vidas, costó conquistar. No hay más que ver el tipo de empleo que se crea en este país desde que gobierna Mariano Rajoy: precario, temporal, con salarios por debajo del nivel de la pobreza. Por otro lado, fue el propio presidente quien insinuó que había que «modular» el derecho a la huelga tras el éxito de la lucha de los barrenderos y jardineros de Madrid. La palabra modular en este contexto era un eufemismo que se podría traducir como derogación. Los hechos han demostrado cómo también se ha perseguido a los sindicalistas por defender los derechos de los trabajadores.

El último atentado contra los derechos laborales lo hemos visto perpetrarse a través del recurso del Gobierno contra el decreto que devolvía la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios de la Junta de Andalucía en el Tribunal Constitucional (TC) y la posterior suspensión cautelar de una medida justa por parte de uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho cuya función es la de defender los valores democráticos y constitucionales pero que, estando en manos de conservadores que defienden cosas que van en contra de los derechos de los españoles y, sobre todo, de las españolas, no es de extrañar que también estén en contra de los trabajadores. El Pleno del TC ha decidido admitir a trámite el recurso del Estado contra la normativa de la Junta de Andalucía que permitía poner en marcha esta medida, en vigor desde enero de 2017.

Las reacciones no se han hecho esperar. El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha exigido al Ejecutivo que solicite el levantamiento de la suspensión cautelar decretada por el TC de la jornada laboral de 35 horas semanales para los más de 250.000 trabajadores públicos de la Administración andaluza.

Ante esta decisión, Blanco ha mostrado la «consternación» del Ejecutivo de Susana Díaz ante el «empecinamiento» del Gobierno «en contra de un decreto que implanta una medida que este mismo Gobierno quiere empezar a aplicar a partir del próximo año». Por ello, ha instado a adoptar una solución «de inmediato», que pasa por pedir «hoy mismo, mañana o pasado mañana (cuando quieran) el levantamiento de la suspensión cautelar».

Juan Carlos Blanco ha defendido que «no se puede retroceder en los derechos de los trabajadores públicos» y que «se está a tiempo de evitarlo», pese al recurso «presentado en el último minuto» por el Ejecutivo de la Nación. Mariano Rajoy, «sabe que está en su mano no dañar los intereses de más de 250.000 funcionarios en Andalucía», pero «lo que queremos de verdad es que se note que se quiere evitar un problema provocado por el Gobierno central», ha afirmado Blanco.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras, a través de su secretaria de Acción Sindical, Mercedes González, ha criticado con dureza la medida adoptada por el Gobierno porque se trata de “una intolerable invasión de las competencias que las organizaciones sindicales y empresariales tienen en materia de negociación colectiva. La libertad sindical no puede estar sometida a la intervención del Gobierno o de los tribunales, porque dejaría de ser un derecho para convertirse en una norma al servicio de los intereses de un proyecto político”.

El sindicato cree que las impugnaciones del Gobierno sobre la jornada de 35 horas y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, vienen a cuestionar la propia doctrina de este tribunal sobre la imposibilidad jurídica de efectuar interpretaciones legales que supongan una restricción a un derecho fundamental como es el de libertad sindical que integra el de negociación colectiva y el de fuerza vinculante del convenio.

Mercedes González ha concluido su denuncia sobre las actuaciones del Gobierno, recordando que los órganos de control de la OIT y de la Carta Social Europea, Comité de Libertad Sindical y Comité de Derechos Sociales, advierten que “cualquier restricción de fuerza vinculante de convenios debe estar especialmente justificada, debe ser excepcional y de duración temporal limitada y, por lo tanto, nunca de vigencia indefinida”.

Reaparece la Xylella en la Marina Baixa de Alicante

Santiago Aparicio
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Reaparece la Xylella en la Marina Baixa de Alicante

Nuevamente, en la misma zona del primer brote detectado, se han dado positivos de la Xylella fastidiosa en la Marina Baixa alicantina. Así lo ha comunicado la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El nuevo positivo ha sido confirmado por el Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) en tres muestras de almendro analizadas en el municipio de Benimantell.

El IVIA, como es de sobra conocido, es el laboratorio nacional de referencia para bacterias. El primer brote se confirmó el 29 de junio en una parcela de Castell de Guadalest. La nueva detección refuerza la pertinencia de las medidas de control y erradicación adoptadas, recuerda la consellera Elena Cebrián, con el fin de contener la expansión de la enfermedad. El segundo brote ha sido detectado a una distancia aproximada de un kilómetro del primero y, tal y como se hizo con el anterior brote, se declarará una demarcación de 10 kilómetros a la redonda considerada como zona tampón de seguridad.

Desde la Conselleria se trabaja en la declaración oficial del segundo brote mediante la que se establece que la subespecie de la bacteria encontrada es la llamada multiplex y, además, se perimetra nuevamente la zona a partir de los nuevos acontecimientos, estableciéndose la obligatoriedad de cumplimiento de las medidas fitosanitarias a adoptar.

Por el momento, todas las muestras que han dado positivo en el laboratorio corresponden a Prunus dulcis (almendro). En la zona también existen otras plantaciones de almendro y olivos. En el muestreo de la segunda parcela también se tomaron ocho muestras de olivo y una de nogal con resultado negativo. En conjunto, de las 109 muestras analizadas de las que se han obtenido ya resultados, solo almendros han dado positivo. Además, en las prospecciones efectuadas en los alrededores de las áreas afectadas se han tomado muestras de adelfa, aguacate, algarrobo, cerezo, higuera, romero y sauce con resultados igualmente negativos.

En los próximos días, se remitirá el Plan de Acción que requiere la Comisión Europea, y cuyas medidas, de hecho, ya están en marcha. La Conselleria remitirá al Ministerio una propuesta de financiación para el reparto de fondos en 2017, de manera que sea tratada en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura. El Consell pretende que la mayor aportación que el Ministerio tiene prevista para afrontar la enfermedad de la Xylella en la Comunitat Valenciana no sea a costa de la financiación para otras plagas, como la Ceratitis capitata, sino que se contemple una dotación adicional específica. “No queremos un trasvase de fondos de una enfermedad a otra, sino un incremento de financiación neto para la lucha contra plagas”, ha señalado la consellera.

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