lunes, 19 mayo, 2025

«Vivimos en un estado de excepcionalidad democrática porque nos gobierna una trama»

A pesar de su juventud, Lorena Ruiz-Huerta ha participado activamente en movimientos sociales como el 15M. Es la actual Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y fue la candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma en la moción de censura presentada por el partido morado contra el gobierno de Cristina Cifuentes, moción que fue rechazada. Es una política que se preocupa por las necesidades de la gente de la calle, de la gente que sufre las consecuencias de las políticas neoliberales y de las víctimas de la crisis económica.

Foto: Podemos Comunidad de Madrid

La moción de censura que presentó Podemos, ¿qué puntos positivos ha tenido?

La moción ha cumplido con los objetivos que nos habíamos propuesto. En primer lugar, visibilizar la corrupción en mayor medida, visibilizar que vivimos en un estado de excepcionalidad democrática porque estamos gobernados por una trama, por un partido que lleva muchos años funcionando como una organización criminal. Esto no es algo que digamos nosotros, sino que está así denominado en los sumarios judiciales. Es insostenible porque la ciudadanía no puede confiar que en este momento no se estén produciendo casos similares a los que estamos conociendo estos días. Vivimos una situación de excepcionalidad, en la que no hay confianza en este Partido Popular y en el que además hemos querido visibilizar y en el que hemos querido visibilizar que, más allá del problema gravísimo de corrupción que tenemos y de que la Comunidad de MAdrid sea conocida a nivel internacional por ser una región tan corrupta. Además, el PP de Cifuentes tiene un modelo de gobierno insostenible que es el mismo que venían manteniendo los presidentes anteriores y que no hace sino incrementar la desigualdad y la pobreza.

El ambiente hostil que se produjo en la Asamblea, ¿ha quitado visibilidad a las propuestas de Podemos en la moción?

Esta moción ha servido para visibilizar lo anterior con más fuerza, ha quedado mucho más claro quién es el Partido Popular también por la manera en que procedieron en la moción. Se retrataron. Todo el mundo pudo ver que, en esta cámara, que normalmente está invisibilizada, que nosotros la llamamos «cámara de insonorización perfecta» porque no trasciende nada de lo que pasa aquí, todos los madrileños y los españoles pudieron ver cómo se comportan, como verdaderos hoolingans, dando un espectáculo bochornoso de zafiedad, de descalificaciones personales, que fueron capaces de debatir sobre propuestas y contenidos políticos concretos. Estuvieron en el insulto constantemente. La ciudadanía ha podido ver quién es el Partido Popular. Ha quedado muy definido el problema de la corrupción en Madrid y el problema de su incompetencia para gobernar.

Por último, la foto final de Ciudadanos y el PSOE no apoyando la moción da un reflejo de que los representantes de esta cámara están muy alejados de la voluntad popular. Nosotros hemos apoyado actos de apoyo a la moción acompañados de organizaciones de la sociedad civil. Además, las encuestas de los medios de comunicación afirman que entre las bases del PSOE se apoyaba la moción. Creo que la foto fija es que tanto PSOE como Ciudadanos no representan a los intereses de los que les votan ni de sus bases que lo que querían era que saliera de las instituciones el gobierno corrupto del Partido Popular.

¿Y el papel de Cristina Cifuentes?

Cristina Cifuentes ha quedado a la altura del betún por la exclusiva decisión de Mariano Rajoy que decidió dejarla sola mirando su móvil y abandonando el hemiciclo cuando se quedó sin respuesta. El Partido Popular decidió convertir la moción en un espectáculo de taberna, de tertulia de la peor calaña de la TV.

Yo hice una intervención de una hora y media en la que expuse profusamente el análisis que nosotros hacemos de las políticas del PP y nuestras propuestas para gobernar la región, junto con un programa público con más de 500 medidas. Lo que pasa es que no tienen argumentos para confrontar. Ni las acusaciones de corrupción, porque no pueden defenderse de eso, ni para confrontar que nosotros hemos demostrado que gestionamos mejor que ellos, como se demuestra en las capitales del cambio: Cádiz, Madrid, Barcelona, Zaragoza. En todas las ciudades que gobernamos estamos reduciendo la deuda, gobernando con transparencia y honestidad, incrementando el gasto social y todo eso con la Ley Montoro que es asfixiante. Una vez que demostramos que gobernamos mejor y que tenemos propuestas que son de absoluto sentido común, han sido incapaces de rebatirlas y han enfangado el debate. Eso, lejos de tapar las propuestas de Podemos, les ha retratado lo que son: una panda de personajes zafios, que no pueden discutir de política porque no tienen cómo contrarrestarlo, que Cristina Cifuentes, con una enorme cobardía, no fue capaz de subir a la tribuna porque no quería decir a los ciudadanos la verdad, que sus políticas son fracasadas.

La privatización de los servicios sanitarios sigue ahí. ¿Se va a poder devolver la sanidad a los madrileños?

El PP está dejando claro que no tiene intención de revertir esta situación de la sanidad, ni la de los hospitales de gestión privada que están teniendo un coste enorme y, además, han descapitalizado la sanidad pública con sus recortes. No tienen intención de recuperar la inversión inicial de 2012 que fue cuando se hicieron los recortes. No cabe esperar que lo haga este gobierno. Tenemos un consejero que gobierna a base de ocurrencias, que no tiene previsión de su política, que alimenta el conflicto con los trabajadores. Sólo cabe esperar que, en 2019, si la legislatura aguanta, porque el gobierno de Cifuentes está en un estado de gran debilidad con consejeros un poco contra las cuerdas y aprietos judiciales, a miembros de su grupo parlamentario, la delegada de gobierno imputada, el número dos de Interior imputado también. En 2019 se darán las condiciones para que se pueda construir una mayoría alternativa de cambio. Espero que sí den las cifras porque en 2015 las elecciones no las ganó el PP y Ciudadanos, pero la injusta ley electoral que hay en Madrid que obliga a un 5% de los votos para acceder a la Asamblea y se perdieron los votos de IU. La suma de Podemos, PSOE e IU hubieran dado los números para una mayoría alternativa. Espero que eso vuelva a ocurrir en 2019 y se pueda revertir la situación de la sanidad pública, de la educación, de las políticas sociales, de la justicia y de tantas cosas que son necesarias.

Teniendo en cuenta la ideología liberal de PP y Ciudadanos, ¿teméis que vayan a un modelo más privado de la sanidad?

No sé si en los planes de Cifuentes está ir más allá y privatizar más cosas. Lo que sí sé es que hay una enorme contradicción entre lo que afirma, que ella apuesta por la sanidad pública, y la realidad ya que no ha modificado ni una sola de las políticas de privatización de Aguirre e Ignacio González. Ha mantenido todos los conciertos privados con entidades religiosas para la gestión de los cuidados paliativos. Mantiene privatizados servicios como la limpieza de los hospitales o los de gestión privadas. Yo desconozco si van a ir más allá, pero sería perfectamente posible porque el Gobierno de Cifuentes no se diferencia de los anteriores y para el Partido Popular todo lo público es una oportunidad de hacer negocio, de beneficiar a las élites empresariales que luego les abren las puertas de par en par, las puertas giratorias. No en vano vemos cómo los anteriores consejeros de sanidad se han colocado en algunas de las empresas de sanidad que se han beneficiado con las concesiones de los hospitales de gestión privada. Como este es el modelo de la sanidad del Partido Popular, no es descartable un giro de tuerca en la privatización de la sanidad.

¿Se está primando la educación privada o los conciertos respecto a una mayor inversión que habría que dar a la educación pública?

Hemos tenido conocimiento de que esto es así cuando estudiamos el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017. El plan de la Consejería de Educación estaba en aumentar en 138 millones de euros la educación concertada frente a la pública. Lo que se está financiando no son los pequeños proyectos, las cooperativas con modelo educativo propio, ni siquiera las entidades religiosas tradicionales que han tenido los conciertos. Se está financiando a través de esta concertada es lo que la propia escuela privada llama la «nueva concertada» que no es otra cosa que empresas constructoras que ahora se dedican al negocio de la escuela concertada u otro tipo de empresas que no tienen nada que ver, ni conocimiento ni capacitación especial para la educación y que la conciben como negocio. El gobierno de Cifuentes se lo está entregando y haciendo una competencia desleal incluso a la escuela privada tradicional entregando el negocio a empresas constructoras. Esto es tremendamente preocupante.

¿Si se lo dan a la concertada, se lo quitan a la pública?

La descapitalización de la educación pública con la falta de profesores, con la falta de construcción de centros, con la falta de becas de comedor, etc., lo que está haciendo es eliminar el derecho de libertad de elección de los padres y de la que tanto hace gala el PP. Más que el derecho de elección, el derecho fundamental a la educación pública gratuita, de calidad y universal. En muchas ocasiones nos encontramos con que las familias no pueden elegir un centro público y son empujados a una escuela concertada porque no tienen un centro educativo en su barrio. Por no hablar de las escuelas infantiles que brillan por su ausencia y es un tipo de educación, de 0 a 3 años, que está fuera de la etapa educativa pública de la Comunidad de Madrid. Este es un caso más del modelo del PP que apuesta por el negocio, por el lucro de las élites y que no defienden los derechos constitucionales de la ciudadanía que se garantizan a través de los servicios públicos sólidos y de calidad. Cifuentes no para de decir que ella se gasta 9 de cada 10 euros en presupuesto social. Eso, que además es una afirmación inaceptable porque ella no tiene otra competencia que la prestación de servicios públicos, viendo los presupuestos, tenemos unos servicios públicos infra financiados. La educación está financiada muy por debajo de otras Comunidades Autónomas, lo mismo que la sanidad.

Foto: Irene Lingua

Se permiten conciertos con centros que segregan por sexo o en los que se obliga a los alumnos a participar en actos religiosos, ¿esto no va en contra de la Constitución?

Eso es especialmente grave porque en muchos casos los alumnos tienen que elegir la concertada porque no pueden acceder a un centro público. Se les empuja a elegir un centro con ideario religioso que la familia no tiene por qué compartir. Nosotros defendemos que el dinero público tiene estar destinado a financiar la escuela pública que tiene que ser laica, igual que el Estado. Las confesiones religiosas tienen que estar en el ámbito privado, lo mismo que la segregación de sexos que es algo que hace la escuela religiosa pero que no es admisible dentro de los valores que debe transmitir un Estado laico, democrático, social, plural, que tiene que impartir valores constitucionales, entre los que está la igualdad y la convivencia de sexos. No se puede emplear dinero público para financiar centros educativos que segregan por sexo o que obligan a los niños a rezar, sobre todo en los casos de imposición que se hace a las familias de tener que ir a esos centros porque no tienen posibilidades de elegir un centro público porque no hay dotación suficiente por parte de la consejería.

La Comunidad de Madrid anunció que iba a quitar requisitos a las mujeres víctimas de violencia machista para solicitar una vivienda social y que se les dé prioridad. ¿Esto va a ser positivo o se va a quedar sólo en palabras?

Ante las promesas del Partido Popular sólo podemos sentir es absoluto escepticismo y desconfianza. Dan incansables pruebas de estos hechos. Esta mañana yo le preguntaba a Cristina Cifuentes sobre el tema de la justicia. En el mes de enero se dieron acuses del lamentable estado de las sedes judiciales: se incendió un juzgado, se inundó otro, se cayeron dos techos. Los jueces se enfadaron mucho y los sindicatos pidieron la dimisión del consejero. Él montó una montó una mesa de trabajo donde prometió un plan de choque. Eso ya se ha convertido en papel mojado. Esta es la forma de trabajar del PP. En estos meses tenemos un repunte tremendo de asesinatos machistas. Ante la situación de presión de la oposición para pedir que el gobierno que actúe, ya que no sólo no han recuperado los recortes en el presupuesto de violencia machista, sino que ni siquiera lo han ejecutado en su totalidad el año pasado, pues tienen una ocurrencia que nos copia porque ellos no tienen plan ni saben cómo abordar un tema tan grave como este. Yo parto de un absoluto escepticismo de que se vaya a poner en práctica o que la medida vaya a ser suficiente. Constantemente demuestran que no tienen ningún interés por los problemas reales de la ciudadanía. Lo único que saben hacer son grandes y pomposas promesas, planes muy bien encuadernados, hacer un apolítica de marketing y fuegos de artificio en la que anuncian cosas a golpe de bombo y platillo que luego no se materializan.

La Comunidad de Madrid tiene una ley integral contra la violencia machista en algunos puntos más avanzada que la estatal, pero seguimos igual…

Hay cuestiones como que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan para que cada vez que se produzca un asesinato machista en Madrid haya una coordinación, un gabinete de crisis en la que se puedan coordinar las diferentes administraciones para ver qué es lo que ha fallado, la Comunidad de Madrid, que está más preocupada por boicotear el trabajo de Ahora Madrid y Manuela Carmena, ha decidido que se va a negar a participar. Lo hace con una tremenda irresponsabilidad porque lo único que quieren es hacer oposición al Ayuntamiento de Madrid.

La ley regional es un poco más avanzada, pero Podemos hemos planteado una reforma de la ley para mejorarla más, para que se incluyan nuevos conceptos porque las leyes siempre se quedan obsoletas respecto al avance de la sociedad. En este momento ya se entiende desde la teoría feminista que hay muchas otras acciones que deberían estar protegidas por la ley. En la Comunidad de Madrid sólo es asesinato de violencia machista el que se produce en el ámbito de la pareja, pero hay otros tipos de violencia. Queremos ampliar los conceptos, la protección de las mujeres, pero el gobierno de Cifuentes lo paraliza y lo boicotea. Después se les llena la boca con minutos de silencio muy pomposos. La realidad es que su compromiso con un problema tan grave como este es nulo, como con todos los demás. El único compromiso que tienen es el de enriquecer a las élites económicas que es la única minoría para la que el PP gobierna y no para la mayoría social.

 

Aclaración del litigio del alcalde de Cabanillas contra Beatriz Talegón

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El pasado 21 de junio tuvo lugar el fallo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Guadalajara, en el procedimiento de Juicio Ordinario sobre tutela judicial CIVIL, según el cual ante la demanda interpuesta por el que fuera en el momento de los hechos candidato a la alcaldía de la localidad de Cabanillas del Campo, José García Salinas, contra Beatriz Talegón, militante en aquél momento del mismo partido por el que aquél se presentaba, el PSOE por atentar contra su derecho al honor.

En el fallo de la sentencia, se estima parcialmente la demanda interpuesta, declarándose que Beatriz Talegón “profirió expresiones que vulneraron el derecho al honor de D. José García Salinas en la Asamblea Local del PSOE de Cabanillas del campo el día 17 de abril del año 2015”. Por ello, “se condena a Doña Beatriz Talegón a abonar al actor la suma de 1.500 euros”.

Los hechos a los que se refiere la sentencia tuvieron lugar en la asamblea celebrada, tal y como se indica, el día 17 de abril de 2015, en el seno del Partido Socialista con motivo de la presentación de la candidatura a la alcaldía en las elecciones que tendrían lugar de manera inmediata. Según manifestó Talegón en el juicio, así como los testigos que de su parte fueron presentados, reconoce haber hecho manifestaciones en la asamblea en el sentido de considerar que el candidato García Salinas era “un jeta y un sinvergüenza, así como los que le estaban apoyando en el proceso”, por encontrarse imputado en el momento de concurrir a las elecciones, concretamente, con fase oral abierta en un proceso de injurias y calumnias contra quien era alcalde en ese instante, D. Jaime Celada”. Dentro de la asamblea, y en el contexto de una discusión donde el tono se elevó, según manifestaron todos los testigos, se realizaron estas manifestaciones, al igual que otras contra Talegón, motivo por el cual, la entonces militante del PSOE abandonó la asamblea.

Sin embargo, los testigos aportados por el demandante, García Salinas, comparecieron ante el juez para dar su versión de los hechos, y declarar que Talegón llamó “chorizo” al candidato y a todos los que le apoyaban en ese proceso. Según indican las fuentes consultadas, no fueron aportadas más pruebas que los testigos (miembros de la candidatura que acompañaban a García Salinas, actualmente concejales en el Ayuntamiento), y de la dirección del partido cabanillense. No ha sido aportada el acta de la reunión, cosa que sorprende en el entorno de Talegón.

En la demanda presentada por el actual alcalde de Cabanillas del Campo, se pretendía acusar a Beatriz Talegón de una serie de hechos que en ningún momento pudieron ser demostrados. A pesar de ello, algunos medios de comunicación no han tardado en dar información errónea al respecto, tratando así de dar a entender que la condena a Talegón ha tenido lugar por una serie de hechos que, en ningún momento han sido probados y que en la sentencia, no son motivos de condena para la demandada.

La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en un plazo de veinte días, hecho que el abogado de la socialista ya ha confirmado se hará, así como se procederá a interponer las pertinentes denuncias por vía penal ante los testigos que han vertido declaraciones contradictorias y que mantienen vínculos íntimos con el demandante, incluso de subordinación en algunos casos.

Llama la atención especialmente para los abogados de Talegón y para expertos en derecho consultados por este medio, que una sentencia resulte condenatoria por unas declaraciones hechas dentro de una asamblea de carácter político y en el marco de un enfrentamiento de la misma índole. “El hecho de no haber aportado el acta de la asamblea donde pudieran dilucidarse los hechos, que debería haber sido confirmada posteriormente en la siguiente asamblea por los presentes, es cuanto menos llamativo. Al igual que el hecho de no haber abierto un proceso interno en el seno de la organización a los órganos pertinentes, por tratarse de un conflicto que inicialmente debería haberse intentado dirimir ante el órgano de Ética y Garantías del PSOE. La jurisprudencia en este tipo de cuestiones es unánime: los asuntos internos de los partidos, en lo que a la libertad de expresión se refiere, suelen entender siempre que al darse en un contexto de contienda política, deben ceñirse a este marco”.

 

Condena para la pareja de Talegón

La demanda también acusaba a la pareja de la socialista, en este caso, por hacer manifestaciones en una asamblea de la formación política “Vecinos por Cabanillas”, que tenía carácter abierto y a la que podían acudir todas las personas interesadas en la misma. Esta asamblea, que tuvo lugar después de celebrarse las elecciones (que el PSOE perdió), tenía como objeto dilucidar el apoyo de esta formación a una de las formaciones políticas principales de la localidad.

Fueron días de tensión, puesto que la promesa electora de la formación Vecinos por Cabanillas había sido en todo momento (tanto verbalmente como en su propio programa electoral) la de no apoyar a ningún partido político para obtener la alcaldía (http://www.lacronica.net/con-su-abstencion-vecinos-por-cabanillas-dara-la-alcaldia-al-pp-62914.htm). Sin embargo, a la vista de la victoria electoral del Partido Popular, las negociaciones hicieron que surgieran los conflictos en el seno de la organización política “vecinos por cabanillas”. El resultado supuso la dimisión del cabeza de lista Sergio Guijarro (http://www.abc.es/local-guadalajara/20150601/abci-dimision-cabeza-vecinos-cabanillas-201506011225.html) quien manifestó en aquel momento que «apoyar la investidura de Salinas contradice los principios de la formación, por lo que ha decidido su marcha motivada «por el principio de coherencia y por respeto a las personas» que entendieron al igual que él que no se apoyaría a ninguna otra candidatura. “

Fue en este contexto en el que la pareja de Talegón, inscrito en la formación política “Vecinos por cabanillas”, acudió a la asamblea vecinal y manifestó en ella las razones por las que creía que García Salinas no debía ser investido alcalde. Las negociaciones tuvieron lugar, tras la dimisión de Guijarro, con Jessica Mendez, número dos de la lista de la formación, quien acudió al juicio como testigo de García Salinas. Llama la atención que desde el Partido Popular de la localidad se haya preguntado en pleno municipal por la contratación de un familiar directo de esta concejala, que según señalan fuentes populares, no cumple los requisitos para el trabajo dado por el consistorio. Así lo manifestó el ex Alcalde de la localidad en un artículo de opinión publicado «Porque entonces más vale que explique a los vecinos por qué el padre de la concejal  que le mantiene en el sillón y que tan necesaria fue para darle la Alcaldía en unas elecciones que su partido peridófue contratado en el último plan de empleo supuestamente sin cumplir los requisitos previstos o por qué familiares de gente afiliada a su partido están siendo supuestamente contratados a través de la empresa municipal de Cabanillas del Campo” (http://diario16.com/no-todo-vale-en-politica/)

Entre otras (además de las razones dadas por Guijarro), señaló el hecho de la actitud que el candidato socialista presuntamente tuvo al haber atropellado a un niño de la localidad que circulaba con una bicicleta, años antes, en un paso de peatones. Según testigos presenciales del accidente, José García Salinas no bajó del vehículo hasta pasados unos minutos, siendo increpado por esta actitud por alguno de los vecinos. Precisamente el vecino que se acercó a exigirle que bajara del coche para socorrer al niño (que presentó una herida leve en una rodilla), compareció en el juicio como testigo para relatar los hechos.

Por hacer estas manifestaciones en la asamblea abierta de Vecinos por Cabanillas, y reiterar este argumento en el perfil de Facebook de la formación -donde se estaba dando el mismo debate-, la pareja de Talegón ha sido condenada a pagar 3.000 euros, al considerar que “realizó manifestaciones que vulneraron el derecho al honor de D. José García Salinas en la Asamblea vecinal celebrada en el Parque Buero Vallejo el 31 de mayo de 2015” y “realizó manifestaciones en el perfil público de la red social Facebook de Vecinos por Cabanillas que vulneraron el derecho al honor de D. José García Salinas”.

En este caso, como en el anterior, vuelve a llamar la atención que, habiendo sido grabada en video la asamblea, esta grabación no haya sido aportado como prueba por la parte demandante. Incluso, que en la página web de la formación “Vecinos por cabanillas” no aparezca el acta de la misma, cuando sí aparecen las actas de todas las demás. La tensión durante la asamblea, según incluso se publicó en prensa, “casi llegó a las manos”, por encontrarse presentes familiares del candidato socialista.

Los testigos aportados durante el juicio, realizaron manifestaciones contradictorias de lo allí sucedido, y de la misma manera que en lo concerniente a Talegón, llama la atención cómo algunos medios de comunicación, al hacerse eco del contenido de la demanda, pasen por alto las declaraciones del testigo presencial del accidente, citando únicamente el parte policial del accidente y a los testigos que han confirmado que García Salinas introdujo posteriormente en el interior del vehículo al menor para trasladarle al lugar donde le prestasen la atención sanitaria necesaria. Hecho este que en ningún momento se puso en duda.

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios acerca de la condena a DOÑA BEATRIZ TALEGÓN y DON JUAN CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ por vulnerar el derecho al honor de DON JOSÉ GARCÍA SALINAS,  desde ALCALÁ 205 ABOGADOS queremos hacer las siguientes consideraciones:

1.- Que respetando el fallo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Guadalajara y agradeciéndole la inusual celeridad en dictar su prolija y trabajada sentencia, consideramos, sin embargo, manifiestamente injustas las condenas de nuestros patrocinados, por lo cual formularemos el pertinente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

2.- Que el fallo se aparta de la doctrina jurisprudencial que establece que la libertad de expresión y crítica, en términos de contienda política, prevalece sobre el derecho al honor, máxime habiendo reconocido Su Señoría la rivalidad política entre las partes. Sorprende sobremanera la condena de Doña Beatriz, exclusivamente por llamar “chorizo” –extremo que ella, además, siempre ha negado y sobre el que hay versiones contradictorias- al demandante en una Asamblea del PSOE, tras debatirse, por prohibirlo el Código Ético del partido, si debía éste presentarse como candidato a alcalde pese a estar imputado por un presunto delito  de injurias y calumnias, del que resultó absuelto meses después de las elecciones locales, precisamente, paradojas de la vida, por verter sus expresiones contra el anterior Alcalde como crítica política.

3.- Que la demanda de Don José García Salinas se estima tan solo parcialmente, no resultando acreditadas o considerándose insuficientes la mayoría de las manifestaciones  o actuaciones de nuestros representados objeto de denuncia. Así mismo, la indemnización por daño moral solicitada por el Alcalde de Cabanillas del Campo ascendía a 18.000 euros y se ha visto minorada en el fallo hasta 4.500 euros, esto es, la cuarta parte.

4.- Por último, manifestar que estudiamos la presentación de querella frente a diversos testimonios vertidos en el acto del juicio por los testigos propuestos por la defensa de Don José García Salinas, los cales guardan especial relación de amistad o dependencia con el demandante.

Aclaración del litigio del alcalde de Cabanillas contra Beatriz Talegón

El pasado 21 de junio tuvo lugar el fallo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Guadalajara, en el procedimiento de Juicio Ordinario sobre tutela judicial CIVIL, según el cual ante la demanda interpuesta por el que fuera en el momento de los hechos candidato a la alcaldía de la localidad de Cabanillas del Campo, José García Salinas, contra Beatriz Talegón, militante en aquél momento del mismo partido por el que aquél se presentaba, el PSOE por atentar contra su derecho al honor.

En el fallo de la sentencia, se estima parcialmente la demanda interpuesta, declarándose que Beatriz Talegón “profirió expresiones que vulneraron el derecho al honor de D. José García Salinas en la Asamblea Local del PSOE de Cabanillas del campo el día 17 de abril del año 2015”. Por ello, “se condena a Doña Beatriz Talegón a abonar al actor la suma de 1.500 euros”.

Los hechos a los que se refiere la sentencia tuvieron lugar en la asamblea celebrada, tal y como se indica, el día 17 de abril de 2015, en el seno del Partido Socialista con motivo de la presentación de la candidatura a la alcaldía en las elecciones que tendrían lugar de manera inmediata. Según manifestó Talegón en el juicio, así como los testigos que de su parte fueron presentados, reconoce haber hecho manifestaciones en la asamblea en el sentido de considerar que el candidato García Salinas era “un jeta y un sinvergüenza, así como los que le estaban apoyando en el proceso”, por encontrarse imputado en el momento de concurrir a las elecciones, concretamente, con fase oral abierta en un proceso de injurias y calumnias contra quien era alcalde en ese instante, D. Jaime Celada”. Dentro de la asamblea, y en el contexto de una discusión donde el tono se elevó, según manifestaron todos los testigos, se realizaron estas manifestaciones, al igual que otras contra Talegón, motivo por el cual, la entonces militante del PSOE abandonó la asamblea.

Sin embargo, los testigos aportados por el demandante, García Salinas, comparecieron ante el juez para dar su versión de los hechos, y declarar que Talegón llamó “chorizo” al candidato y a todos los que le apoyaban en ese proceso. Según indican las fuentes consultadas, no fueron aportadas más pruebas que los testigos (miembros de la candidatura que acompañaban a García Salinas, actualmente concejales en el Ayuntamiento), y de la dirección del partido cabanillense. No ha sido aportada el acta de la reunión, cosa que sorprende en el entorno de Talegón.

En la demanda presentada por el actual alcalde de Cabanillas del Campo, se pretendía acusar a Beatriz Talegón de una serie de hechos que en ningún momento pudieron ser demostrados. A pesar de ello, algunos medios de comunicación no han tardado en dar información errónea al respecto, tratando así de dar a entender que la condena a Talegón ha tenido lugar por una serie de hechos que, en ningún momento han sido probados y que en la sentencia, no son motivos de condena para la demandada.

La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en un plazo de veinte días, hecho que el abogado de la socialista ya ha confirmado se hará, así como se procederá a interponer las pertinentes denuncias por vía penal ante los testigos que han vertido declaraciones contradictorias y que mantienen vínculos íntimos con el demandante, incluso de subordinación en algunos casos.

Llama la atención especialmente para los abogados de Talegón y para expertos en derecho consultados por este medio, que una sentencia resulte condenatoria por unas declaraciones hechas dentro de una asamblea de carácter político y en el marco de un enfrentamiento de la misma índole. “El hecho de no haber aportado el acta de la asamblea donde pudieran dilucidarse los hechos, que debería haber sido confirmada posteriormente en la siguiente asamblea por los presentes, es cuanto menos llamativo. Al igual que el hecho de no haber abierto un proceso interno en el seno de la organización a los órganos pertinentes, por tratarse de un conflicto que inicialmente debería haberse intentado dirimir ante el órgano de Ética y Garantías del PSOE. La jurisprudencia en este tipo de cuestiones es unánime: los asuntos internos de los partidos, en lo que a la libertad de expresión se refiere, suelen entender siempre que al darse en un contexto de contienda política, deben ceñirse a este marco”.

 

Condena para la pareja de Talegón

La demanda también acusaba a la pareja de la socialista, en este caso, por hacer manifestaciones en una asamblea de la formación política “Vecinos por Cabanillas”, que tenía carácter abierto y a la que podían acudir todas las personas interesadas en la misma. Esta asamblea, que tuvo lugar después de celebrarse las elecciones (que el PSOE perdió), tenía como objeto dilucidar el apoyo de esta formación a una de las formaciones políticas principales de la localidad.

Fueron días de tensión, puesto que la promesa electora de la formación Vecinos por Cabanillas había sido en todo momento (tanto verbalmente como en su propio programa electoral) la de no apoyar a ningún partido político para obtener la alcaldía (http://www.lacronica.net/con-su-abstencion-vecinos-por-cabanillas-dara-la-alcaldia-al-pp-62914.htm). Sin embargo, a la vista de la victoria electoral del Partido Popular, las negociaciones hicieron que surgieran los conflictos en el seno de la organización política “vecinos por cabanillas”. El resultado supuso la dimisión del cabeza de lista Sergio Guijarro (http://www.abc.es/local-guadalajara/20150601/abci-dimision-cabeza-vecinos-cabanillas-201506011225.html) quien manifestó en aquel momento que «apoyar la investidura de Salinas contradice los principios de la formación, por lo que ha decidido su marcha motivada «por el principio de coherencia y por respeto a las personas» que entendieron al igual que él que no se apoyaría a ninguna otra candidatura. “

Fue en este contexto en el que la pareja de Talegón, inscrito en la formación política “Vecinos por cabanillas”, acudió a la asamblea vecinal y manifestó en ella las razones por las que creía que García Salinas no debía ser investido alcalde. Las negociaciones tuvieron lugar, tras la dimisión de Guijarro, con Jessica Mendez, número dos de la lista de la formación, quien acudió al juicio como testigo de García Salinas. Llama la atención que desde el Partido Popular de la localidad se haya preguntado en pleno municipal por la contratación de un familiar directo de esta concejala, que según señalan fuentes populares, no cumple los requisitos para el trabajo dado por el consistorio. Así lo manifestó el ex Alcalde de la localidad en un artículo de opinión publicado «Porque entonces más vale que explique a los vecinos por qué el padre de la concejal  que le mantiene en el sillón y que tan necesaria fue para darle la Alcaldía en unas elecciones que su partido peridófue contratado en el último plan de empleo supuestamente sin cumplir los requisitos previstos o por qué familiares de gente afiliada a su partido están siendo supuestamente contratados a través de la empresa municipal de Cabanillas del Campo” (http://diario16.com/no-todo-vale-en-politica/)

Entre otras (además de las razones dadas por Guijarro), señaló el hecho de la actitud que el candidato socialista presuntamente tuvo al haber atropellado a un niño de la localidad que circulaba con una bicicleta, años antes, en un paso de peatones. Según testigos presenciales del accidente, José García Salinas no bajó del vehículo hasta pasados unos minutos, siendo increpado por esta actitud por alguno de los vecinos. Precisamente el vecino que se acercó a exigirle que bajara del coche para socorrer al niño (que presentó una herida leve en una rodilla), compareció en el juicio como testigo para relatar los hechos.

Por hacer estas manifestaciones en la asamblea abierta de Vecinos por Cabanillas, y reiterar este argumento en el perfil de Facebook de la formación -donde se estaba dando el mismo debate-, la pareja de Talegón ha sido condenada a pagar 3.000 euros, al considerar que “realizó manifestaciones que vulneraron el derecho al honor de D. José García Salinas en la Asamblea vecinal celebrada en el Parque Buero Vallejo el 31 de mayo de 2015” y “realizó manifestaciones en el perfil público de la red social Facebook de Vecinos por Cabanillas que vulneraron el derecho al honor de D. José García Salinas”.

En este caso, como en el anterior, vuelve a llamar la atención que, habiendo sido grabada en video la asamblea, esta grabación no haya sido aportado como prueba por la parte demandante. Incluso, que en la página web de la formación “Vecinos por cabanillas” no aparezca el acta de la misma, cuando sí aparecen las actas de todas las demás. La tensión durante la asamblea, según incluso se publicó en prensa, “casi llegó a las manos”, por encontrarse presentes familiares del candidato socialista.

Los testigos aportados durante el juicio, realizaron manifestaciones contradictorias de lo allí sucedido, y de la misma manera que en lo concerniente a Talegón, llama la atención cómo algunos medios de comunicación, al hacerse eco del contenido de la demanda, pasen por alto las declaraciones del testigo presencial del accidente, citando únicamente el parte policial del accidente y a los testigos que han confirmado que García Salinas introdujo posteriormente en el interior del vehículo al menor para trasladarle al lugar donde le prestasen la atención sanitaria necesaria. Hecho este que en ningún momento se puso en duda.

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios acerca de la condena a DOÑA BEATRIZ TALEGÓN y DON JUAN CARLOS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ por vulnerar el derecho al honor de DON JOSÉ GARCÍA SALINAS,  desde ALCALÁ 205 ABOGADOS queremos hacer las siguientes consideraciones:

1.- Que respetando el fallo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Guadalajara y agradeciéndole la inusual celeridad en dictar su prolija y trabajada sentencia, consideramos, sin embargo, manifiestamente injustas las condenas de nuestros patrocinados, por lo cual formularemos el pertinente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

2.- Que el fallo se aparta de la doctrina jurisprudencial que establece que la libertad de expresión y crítica, en términos de contienda política, prevalece sobre el derecho al honor, máxime habiendo reconocido Su Señoría la rivalidad política entre las partes. Sorprende sobremanera la condena de Doña Beatriz, exclusivamente por llamar “chorizo” –extremo que ella, además, siempre ha negado y sobre el que hay versiones contradictorias- al demandante en una Asamblea del PSOE, tras debatirse, por prohibirlo el Código Ético del partido, si debía éste presentarse como candidato a alcalde pese a estar imputado por un presunto delito  de injurias y calumnias, del que resultó absuelto meses después de las elecciones locales, precisamente, paradojas de la vida, por verter sus expresiones contra el anterior Alcalde como crítica política.

3.- Que la demanda de Don José García Salinas se estima tan solo parcialmente, no resultando acreditadas o considerándose insuficientes la mayoría de las manifestaciones  o actuaciones de nuestros representados objeto de denuncia. Así mismo, la indemnización por daño moral solicitada por el Alcalde de Cabanillas del Campo ascendía a 18.000 euros y se ha visto minorada en el fallo hasta 4.500 euros, esto es, la cuarta parte.

4.- Por último, manifestar que estudiamos la presentación de querella frente a diversos testimonios vertidos en el acto del juicio por los testigos propuestos por la defensa de Don José García Salinas, los cales guardan especial relación de amistad o dependencia con el demandante.

Susana Díaz y Pierre Moscovici apuestan por una Europa social

Susana Díaz no ha perdido el tiempo con el comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici. Directamente le ha reclamado que el Plan Juncker, el fondo de inversiones estratégicas para la cohesión y la convergencia de los distintos miembros, tenga un componente más social y centrado en las necesidades de los ciudadanos. Moscovici, que se había comprometido con Díaz para acudir a Andalucía y conocer al detalle la región, se ha mostrado de acuerdo con la presidenta andaluza: “Tenemos que construir una Europa económica pero también social para poder converger”.

Díaz le ha pedido al comisario que las inversiones europeas se destinen preferentemente a sanidad, transporte, educación o economía digital. Se trata de seguir avanzando en un desarrollo de crecimiento económico que no deje fuera a amplias capas de la población. Así la presidenta ha destacado el Plan de Áreas Logísticas, dotado con 220 millones de euros y que está llamado a ser clave para el desarrollo de la comunidad; el Corredor Mediterráneo, especialmente en el tramo Algeciras-Bobadilla, y la conexión ferroviaria de Almería y Granada.

Se ha lamentado la presidenta porque la mayoría de los tramos del Corredor Mediterráneo que siguen sin construirse y sin avanzar, por culpa del gobierno de Mariano Rajoy, se encuentran en Andalucía. Estas infraestructuras son fundamentales para el desarrollo de la región y su conexión con el mundo económico europeo. Rajoy y sus ministros están haciendo trampas porque no se está cumpliendo el principio de adicionalidad, ya que sustituye fondos estatales con los europeos, lo que, a su vez, pone dificultades en el proceso de convergencia.

En la sede de San Telmo, Díaz ha trasladado al comisario europeo el “altísimo grado de ejecución que Andalucía ha mantenido de los fondos europeos”, con un porcentaje de cumplimiento del 116% en el último marco 2007-2013 que demuestra que la comunidad “gasta con eficacia y eficiencia y que ello se traduce en la mejora en condiciones de vida de los ciudadanos”. Como demuestran los datos económicos de crecimiento que ya han sido publicados en estas mismas páginas.

Susana Díaz ha planteado, además, que Andalucía viene cumpliendo con el pacto de estabilidad y que ello debe ser acompañado, por parte de la UE, de “políticas de estímulo para que los ciudadanos sientan una mirada sensible y comprometida hacia el Sur”. También ha solicitado la presidenta que los proyectos cofinanciados no computen como déficit o deuda, ni regla de gasto. De esta forma, las inversiones se podrán dirigir de mejor manera hacia esas zonas en las que existe un mayor paro estructural.

Respecto a las trampas con el principio de adicionalidad que viene haciendo el gobierno de Rajoy, Díaz ha manifestado que “no se puede producir una sustitución de la inversión estatal con fondos europeos”, porque ello dificulta recortar el diferencial de Andalucía con otras regiones de Europa, especialmente en un momento en el que España está próxima “a cambiar su posición receptora de fondos en el seno de la UE”.

Otro de los temas tratados ha sido el impacto del Brexit en una zona clave como es el Campo de Gibraltar. El impacto de casi un 0,7% en el PIB andaluz no debe ser dejado de lado en las conversaciones que se mantienen con Gran Bretaña en su salida de la UE. La zona es fundamental para las exportaciones andaluzas y para el tráfico de mercancías, con todo el aporte económico y de desarrollo que supone para Andalucía. Moscovici, en este sentido, ha incidido en que “la prioridad más importante de la UE es garantizar los derechos de nuestros ciudadanos”.

Por otra parte, la presidenta ha enfatizado la necesidad de sensibilidad con el drama de los refugiados y ha reclamado el compromiso con los valores de la UE, al tiempo que ha considerado positiva la iniciativa de condicionar la entrega de fondos europeos a la acogida de refugiados. Según Díaz, “Andalucía está vigilante, comprometida y sensible con el drama de los refugiados” y, por su parte, “Europa tiene que mirar al sur y tener en cuenta que las zonas con más dificultades son aquellas en las que más compromiso se tiene que prestar”. La presidenta ha insistido además en reclamar al Gobierno central que facilite la acogida de menores no acompañados en la comunidad, gracias al programa acordado por la Junta con ACNUR.

“Andalucía pide convergencia económica y social”, ha señalado la presidenta andaluza, que ha reafirmado su apuesta por una “Europa de la igualdad”. Respecto al CETA, tanto Díaz como Moscovici, según fuentes internas de San Telmo, se han mostrado preocupados por los giros inesperados del PSOE actual. La presidenta andaluza ha manifestado, eso sí, que ella “respetara lo que decida la dirección de su partido”. Una decisión, abstenerse, que no le ha sido comunicado.

Susana Díaz aumentará las ayudas de Renta Mínima

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el decreto que regulará Renta Mínima de Inserción Social entrará en vigor en enero, con una dotación anual superior a los 200 millones y en torno a 42.500 beneficiarios. Díaz ha precisado, en la Sesión de Control al Gobierno, que las familias que reúnan los requisitos recibirán durante 12 meses una prestación, al término de los cuales se volverá a evaluar su situación y podrán optar a una prórroga de 6 meses las personas y familias que se encuentren en «situaciones de extrema vulnerabilidad».

Susana Díaz ha tendido la mano a los grupos parlamentarios para «ampliar y mejorar» una prestación con la que el Gobierno andaluz demuestra haber escuchado a organizaciones sociales, sindicatos y tercer sector. «Cuando los ciudadanos lo pasan mal, no es lo mismo gobernar desde la izquierda, con un Gobierno sensible y comprometido, que un Gobierno que dé la espalda a los ciudadanos», ha añadido.

Díaz, que ha señalado que tanto la dotación como el número de beneficiarios de la Renta Mínima son «revisables» en función de la cifra de familias solicitantes que reúna los requisitos, ha recordado que esta medida prestará especial atención a colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de violencia machista y las familias monoparentales y con menores a su cargo.

La presidenta ha señalado además que el Ejecutivo andaluz «utiliza todos los recursos y todas las políticas para combatir la pobreza» y que las prioridades del nuevo Gobierno siguen pasando por «la lucha contra la desigualdad, la educación y la sanidad públicas, la dependencia y, por supuesto, el empleo digno y de calidad».

El Secretario de Estado de Exteriores se niega a responder a Podemos

Ildefonso Castro, Secretario de Estado de Exteriores compareció en la Comisión del Senado para responder a las preguntas que, dando cumplimiento a su función de control parlamentario al Ejecutivo, formulan los senadores y senadoras al Gobierno. Maribel Mora, senadora andaluza de Podemos, le requería información sobre “las gestiones realizadas ante Marruecos y la Unión Europea para facilitar el acceso a las oficinas de asilo a los solicitantes de origen subsahariano”. Ildefonso Castro, en un primer momento, se ha negado a responder a la pregunta, afirmando que “yo no soy la persona competente para esto”.

Son preguntas formuladas por escrito hace meses y que no fueron respondidas, se respondieron fuera de plazo o cuya respuesta no tenía relación alguna con lo que se preguntaba. Fue entonces cuando las mismas se elevaron a categoría de pregunta oral en comisión, donde el Gobierno tiene obligación de comparecer para responder a estas preguntas. El Secretario de Estado podía haber comunicado previamente que se dirigieran a otra comisión, cosa que no hizo, entre otras cosas porque la Mesa del el Senado las dirigió a su Ministerio. Estaba obligado por tanto a responder, pero se negó a hacerlo en la comisión, limitándose a leer las respuestas remitidas fuera de plazo y no correctas por no dar respuesta a lo que se le planteaba por parte de la senadora, de manera que le sustraía la función constitucional de control al Gobierno a la senadora Mora. El Gobierno de Rajoy utiliza desde hace meses todas las tretas posibles para bloquear a los representantes democráticos de la ciudadanía la información a la que constitucionalmente tienen derecho o dar las explicaciones pertinentes sobre su gestión.

El Gobierno de Mariano Rajoy bloquea desde hace meses información relativa a las políticas migratorias que pone en marcha, especialmente en todo lo que se refiere al control de la frontera sur de nuestro país, donde, según numerosos colectivos sociales y organismos internacionales, se produce una flagrante violación de los Derechos Humanos.

Maribel Mora preguntaba sobre la existencia de dos oficinas de asilo, ubicadas en Ceuta y Melilla, que desde su inauguración aún no han recibido ni una sola solicitud de asilo por parte de inmigrantes de origen subsahariano. La realidad es que la única manera que tienen estas personas para solicitar asilo es saltando a través de la valla que separa las dos ciudades autónomas españolas de territorio marroquí, pues a la actitud hostil de las fuerzas auxiliares marroquíes contra los migrantes subsaharianos hay que añadir las devoluciones en caliente que las fuerzas de seguridad españolas realizan en la valla. España tiene la obligación de ofrecer “protección internacional” a aquellas personas que denuncien ser víctimas de persecución. No obstante, la política de externalización de fronteras que practica nuestro país, cediendo en la práctica buena parte de las funciones de control a Marruecos, generan un grave problema: la imposibilidad de las personas procedentes del África subsahariana para solicitar asilo internacional en nuestro país. La senadora Mora preguntaba también por el cumplimento de los compromisos incumplidos de reasentamiento de refugiados desde Grecia e Italia.

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentará una queja formal en la próxima Junta de Portavoces, instando al Senado a que recrimine esta actitud al Secretario de Estado y exija al Gobierno de Mariano Rajoy que respete la función constitucional de control de la cámaras parlamentarias.

Montoro asfixia a los Ayuntamientos con superávit

El Partido Popular ha anunciado su rechazo a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Presupuestos del Senado relativas a la mejora de la financiación de los ayuntamientos y a que se eliminen las restricciones para reinvertir el superávit en empleo y políticas sociales. De nuevo Cristóbal Montoro se dedica a asfixiar a los Ayuntamiento y Diputaciones Provinciales que cumplen en materia presupuestaria y obtienen superávit financiero. Hacer las cosas bien, para el partido conservador, sigue estando penado, en especial cuando no son de los suyos. Es más, se niega información veraz a las entidades locales para que puedan presupuestar con corrección y agilidad.

El senador socialista, Juan Carlos Pérez Navas, ha defendido en la Cámara Alta las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y ha destacado la relevancia que para las administraciones locales supondría que el Gobierno levantara el veto que les impide reinvertir el superávit, cuando ese presupuesto se podría traducir “en más apoyo social a las familias más necesitadas o en planes de empleo”. Lo que se pretende, ha ahondado, es “que se pueda reinvertir en aquello que las entidades locales consideren más beneficioso y necesario para sus vecinos, sin más restricción que no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria de la corporación”.

Otra de las iniciativas, ha explicado Pérez Navas, persigue hacer más efectivo el principio de transparencia por parte del Gobierno para que los ayuntamientos tengan más facilidades a la hora de preparar y elaborar sus presupuestos. En ella los socialistas solicitaban que en julio se publicara un avance de la estimación de las entregas a cuenta, liquidación definitiva de años anteriores, retenciones y anticipos para que los consistorios “pudieran tener una previsión a medio plazo”.

Esta enmienda “viene a querer corregir la dureza del Ministerio que no suministra información a las entidades locales suficiente para preparar sus presupuestos de una forma más ágil y certera”, ha argumentado el senador socialista. Recuerda que aunque la Ley pide que el gobierno publique antes de cada 1 de octubre las líneas fundamentales que deben contener los diferentes presupuestos “no se cumple”, por lo que “difícilmente los ayuntamientos pueden elaborar sus presupuestos con información a tiempo y en forma”, ha subrayado.

El senador socialista también ha defendido una enmienda referida a la regla del gasto. El Grupo Parlamentario del PSOE ha propuesto una aplicación “más razonable” de ese techo de gasto para guardar fidelidad al principio de no gastar más de lo que se ingresa, “en lugar de gastar menos cada vez si no se ejecuta el presupuesto, o de gastar por gastar para no perjudicar el techo de gasto del siguiente ejercicio y perjudicar, así, las cuentas municipales e, incluso, imposibilitando la aplicación de los remanentes y superávits”, ha descrito Pérez Navas.

Málaga no cumple con su parte en las obras del Metro

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha realizado un nuevo llamamiento al Ayuntamiento de Málaga para cumplir con la solución consensuada y formalizada en el protocolo de intenciones firmado en noviembre de 2013 y así culminar la Red del Metro de Málaga. López ha explicado ante el Pleno del Parlamento que, una vez licitada las obras de terminación del tramo Renfe-Guadalmedina, que conectará con el tramo que discurre por el centro histórico, en avanzada fase de ejecución, «sólo nos resta licitar e iniciar las obras de la prolongación de la Línea 2 hasta el Hospital Civil,  al objeto de completar la red, que dará cobertura a los cuatro distritos más poblados de la capital, así como a Teatinos, donde se localizan los principales equipamientos, arrojando una estimación de demanda total de 20,7 millones de usuarios al año».

López, que ha informado sobre la licitación el 12 de junio de las obras para finalizar el tramo Renfe-Guadalmedina, ha confiado en que el Ayuntamiento de Málaga «cambie de actitud y colabore» en la materialización de la prolongación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil, ramal que recibió la declaración de interés metropolitano en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado 9 de mayo.

La licitación del tramo Renfe-Guadalmedina, que discurre entre El Perchel -donde concluye las líneas 1 y 2 en servicio comercial desde el 30 de julio de 2014- y la Avenida de Andalucía para concluir antes del Puente de Tetuán,  incluye tanto las unidades pendientes de ejecutar del anterior contrato, como el proyecto modificado aprobado en 2016 para dar cobertura a varias circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de las obras, además de la terminación de las intervenciones arqueológicas asociadas a la obra civil. Incluyendo el proyecto modificado, el nivel de ejecución del tramo era del 65% antes de la suspensión de los trabajos, en septiembre de 2015.

Felipe López ha añadido que el importe base de licitación asciende a 24,75 millones de euros, para unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 22 meses desde la formalización del contrato. Las empresas interesadas en concurrir a este concurso público tienen de plazo límite para presentar las ofertas hasta el próximo 24 de julio. A este respecto el consejero también ha puesto en valor el empleo asociado a su construcción, «que se estima en 372 puestos de trabajo, de los que 200 son directos».

El tramo Renfe-Guadalmedina consta de 713 metros de longitud lineal y se desarrolla íntegramente en subterráneo. Su principal complejidad, al margen de la intervención por los hallazgos arqueológicos de la muralla Nazarí, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), reside en que en su trazado confluyen las dos líneas del Metro de Málaga.

López Miras defiende la Región de Murcia como un espacio de libertad económica

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, expresó el compromiso del Gobierno autonómico para conseguir que “la Región sea un espacio de libertad económica” para crear riqueza “a través de los que saben generar empleo que son las pequeñas, medianas y grandes empresas”.

López Miras hizo estas declaraciones tras la visita que realizó en Lorca a las instalaciones del nuevo Centro de Negocios de Andamur, una empresa “que se ha convertido en una gran empresa internacional y que incluso en los años más difíciles ha creado empleo”.

El presidente murciano recordó que en enero de 2018 el Gobierno regional eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones y que, durante este año, “se aprobará la segunda ley de simplificación administrativa para que las empresas tengan menos trabas para invertir y asentarse en la Región». El objetivo es que «Murcia sea atractiva para que los verdaderos generadores de empleo puedan venir aquí».

Defensa del CETA

Fernando López Miras también mostró la preocupación del Gobierno regional “tras el anuncio del Partido Socialista de retirar su apoyo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá”, conocido como CETA. En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional recordó que Murcia es “una región exportadora” ya que el año pasado el volumen de exportaciones superó los 9.000 millones de euros. En el caso concreto de Canadá, desde el año 2011, las exportaciones de la Región han aumentado un 88 por ciento.

 

Amat no abre los comedores escolares en verano

Gabriel Amat, pese a lo expuesto en la ponencia social de su partido, insiste en no abrir los comedores escolares en julio y agosto para que los menores más desfavorecidos puedan tener una alimentación digna o incluso comer una vez al día. El gobierno de la Junta de Andalucía apoya todas estas iniciativas, pero el alcalde roquetero se olvida de lo social en su propia plaza. Si no hay urbanismo egipcio parece que ya no es interesante, ni necesario. Salvo que crea que en Roquetas no hay pobres en una de sus típicas ensoñaciones municipales.

Los socialistas de Roquetas han solicitado hasta en dos ocasiones esta actuación de marcado carácter social. La última en abril, a través de una moción que no se incluyó como urgente en el orden del día del pleno de ese mes por el voto en contra del Partido Popular, que gobierna en el Ayuntamiento, y la abstención de Ciudadanos y de la concejal tránsfuga. El regidor roquetero vuelve a mostrar “su falta de sensibilidad e interés con las clases más desfavorecidas del municipio y, sobre todo, con los más vulnerables, los menores de edad”, ha reprochado el portavoz del PSOE de Roquetas, Manuel García.

Insiste Amat en que el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia, olvidando que los edificios sí son de su competencia y podría abrirlos si así lo desease. Incluso podría aprovechar las ayudas de la Junta. Bien al contrario sí asume competencias que no son suyas pero que sí están relacionadas con urbanismo. Como recuerda García: “el Ayuntamiento está asumiendo con fondos propios obras millonarias que corresponden a otras administraciones, como es el enlace con la A-7 de Aguadulce o las expropiaciones de la  carretera de circunvalación de Roquetas”. Son otros beneficios y otros beneficiados, no los menos desfavorecidos.

La necesidad de dar alimento a los menores de edad cuyas familias no se lo pueden procurar de manera habitual ha sido tomada por interés desde el gabinete del Defensor del Pueblo que, recientemente, ha dirigido una carta al Ayuntamiento de Roquetas de Mar para instar al consistorio a abrir dichos comedores y facilitar que los jóvenes puedan comer, al menos una vez, en verano.

El de Roquetas es uno de los 16 municipios andaluces apercibidos por el Defensor del Pueblo en su defensa por los derechos de los menores procedentes de familias en riesgo de exclusión social. Otro Ayuntamiento insolidario es el gobernado por Francisco Góngora, también del PP, y como Amat bajo sospechas de corrupción. El Ejido tampoco se preocupa por los que menos tienen y pasan hambre.

Para los socialistas de Roquetas el Ayuntamiento tiene a su disposición los colegios de titularidad municipal y medios económicos suficientes en la partida de gastos sociales como para hacer frente a esta medida, que consideran humanitaria. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la comunidad educativa, serían los encargados de detectar las familias en cuyo seno pueda haber menores que no tengan garantizada las necesidades mínimas alimentarias y que serán los que se beneficien de la medida que pretende impulsar el PSOE roquetero, como expuso Manuel García en la moción que fue rechazada por PP, C´s y la concejal tránsfuga.

Justo un día después de vanagloriarse de los cursos de verano de la UAL, tendría que pensar Amat que sin esos comedores escolares abiertos, algunos roqueteros no tendrán en el futuro la oportunidad de llegar a ellos por no poder comer hoy. Mucha publicidad y mucho urbanismo es lo que distingue a Amat. Lo social desaparece de su agenda con suma facilidad, salvo cuando la iglesia católica está por medio. No vaya a ser que no le absuelvan de sus pecados.