viernes, 21 noviembre, 2025

EEUU pone a China al mismo nivel que Irán o Corea del Norte en lo referente al tráfico de personas

Portada Informe Sobre el Tráfico de Personas del Departamento de Estado

El Departamento de Estado (Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos), ha hecho público su informe anual sobre la trata de personas en el mundo. En este documento ya se pueden comprobar las filias y las fobias de Donald Trump, dado que se ha degradado a China al mismo escalón que a países como Irán, Siria, Corea del Norte o Venezuela. Este informe no analiza el grado del tráfico de personas en los países sino su implicación en la lucha contra la trata.

 

El enfoque que se da a 2017 Trafficking in Persons Report es fundamental para analizar las relaciones diplomáticas entre los países, de ahí la importancia de que a China se la haga colocado al mismo nivel que Irán o Corea del Norte, enemigos declarados de Estados Unidos.

El informe categoriza a los países a través de un escalado en el que los países que tienen un 1 están haciendo un buen trabajo o tienen una gran implicación en la lucha contra el tráfico de personas, mientras que los calificados con un 3 dejan mucho que desear o incentivan esa trata. En el primer escalón nos encontramos, evidentemente, a los Estados Unidos, a los países occidentales de la Unión Europea, a Israel, a Chile o a Australia. En el último, los ya citados anteriormente junto a Rusia.

Esta clasificación es importante, puesto que los países no sólo la utilizan para sus relaciones diplomáticas, sino que son muchas las multinacionales norteamericanas las que se sirven del informe para determinar qué lugares del mundo son interesantes a la hora de realizar inversiones.

Por otro lado, de cara a la función de este informe en lo referido a la propia trata, está demostrado que los países que son incluidos en la valoración más baja impulsan medidas inmediatas a la hora de paliar o de luchar contra el tráfico de personas. Evidentemente, siempre que esos Estados estén en condiciones de actuar, porque en casos como, por ejemplo, Libia no se tiene mucho optimismo respecto a que se modifique su política hacia las mafias de trata de seres humanos.

Bruselas no acepta que se abaraten sueldos en España con fondos europeos

Bruselas no se cree en mensaje del Gobierno español en lo referente a las medidas adoptadas para crear empleo. En concreto, en lo referido a la ayuda de 430 euros mensuales para jóvenes menores de 30 sin titulación contratados por las empresas con un contrato de formación. La medida fue presentada por la ministra Fátima Báñez y por el portavoz de Ciudadanos Luis Roldán. Éste, afirmó que este proyecto que se ponía en marcha era un complemento salarial que se encontraba en su programa electoral. Báñez, por su parte, no quiso definirlo como tal ya que la Garantía Juvenil europea no contempla, precisamente, «complementos salariales» porque Bruselas no asume pagas que sirvan para abaratar los salarios. Por esta razón, el Ministerio de Empleo ha hecho malabarismos semánticos para tapar la realidad y lo ha calificado como «subvención de acompañamiento» y los 430 euros se sumarán a un sueldo que no puede ser inferior al convenio colectivo. Por tanto, se trata de un complemento salarial, como bien afirmaba el portavoz de Ciudadanos, pero el Gobierno no quiere que la Unión Europea lo vea así a través de juegos léxicos.

Sin embargo, Bruselas no se lo cree y exige pruebas de la efectividad de las medidas, tal y como lo transmitió la comisaria Marianne Thyssen en una respuesta al Europarlamento. No ha trascendido más porque las conversaciones entre la Comisión y los Estados no son públicas.

El Ministerio de Fátima Báñez afirma que esa exigencia de pruebas no es más que un ejercicio teórico y que tienen la financiación aprobada. Sin embargo, eso está en el aire puesto que la propia Comisión ya tiene dudas respecto a cómo está gestionando España los 1.000 millones de euros destinados por Europa a la Garantía Juvenil. Hay que partir de la base de que, aunque fuera cierto que la financiación está aprobada, España tendrá que adelantar el dinero. En los propios Presupuestos Generales de Estado se aprobó una partida de 500 millones para este fin. No obstante, ocurrirá lo mismo que con las ayudas a los parados de larga duración que, como no se puso en marcha en los tiempos marcados, sobrará dinero. Todo ello a pesar de que tanto el paro juvenil como el de larga duración son los dos grandes problemas del mercado laboral, tal y como reconocen todos los organismos internacionales.

Por tanto, para evitar que Bruselas ponga problemas a este complemento salarial y sea visto como una subvención se ha ligado la concesión de esta ayuda a la firma de un contrato de formación a menores de 30 años sin titulación superior. Sin embargo, según los propios datos del Ministerio de Empleo, en 2016 se firmaron sólo 46.000 contratos de este tipo cuando para poder gastar toda la ayuda serían necesarios, al menos, 65.000. En lo que va de año, se han firmado 19.000.

La solución al problema del agua en Sorbas cada vez más cerca

La Diputación Almería se encuentra inmersa en la ejecución de las obras que van a garantizar el suministro hídrico a los vecinos de Sorbas. Se trata de los trabajos de instalación de un sondeo, que el Ayuntamiento de Sorbas ha puesto a disposición de la entidad provincial, con una profundidad 192 metros, y la conexión con la red municipal de aguas. Las obras incluyen, además, una intervención de impermeabilización en el depósito municipal de Sorbas para evitar fugas de agua.

Óscar Liria, diputado de Fomento, ha visitado la zona acompañado por el alcalde José Fernández, así como por los técnicos y los responsables de la empresa que está ejecutando los trabajos. Liria ha asistido al inicio de la instalación de la bomba que va a extraer el agua de este sondeo y ha comprobado cómo ya se ha procedido a la conexión de esta infraestructura. El Sondeo será destinado principalmente al suministro de la zona de La Mela y, si fuera necesario, al núcleo principal de Sorbas.

Para solventar los problemas de fugas que en la actualidad presenta el depósito de La Mela se va a proceder a su re-impermeabilización completa .

Óscar Liria ha destacado la importancia de un proyecto que garantiza el suministro de agua y que apuesta por la sostenibilidad.

 

Vecinos por Bullas vota en contra de pagar facturas «por desayunos, comidas y caterings» del PP

Vecinos Por Bullas ha denunciado la propuesta realizada durante el pasado Pleno del Ayuntamiento para llevar a cabo una modificación de crédito ya presupuestado con el fin de pagar las facturas de gastos corrientes como limpieza viaria, residuos sólidos urbanos, energía, desayunos, comidas y caterings de la legislatura anterior.

Por ello, desde la formación se preguntan «¿cómo es que estos gastos que tenemos que pagar de manera fija cada mes, y así estaban presupuestados, se han dejado de pagar algunos meses? Pues porque el dinero que estaba destinado a ellos se ha gastado en otras cosas. Por lo visto se puede hacer vinculando varios gastos, y se ha quitado de gastos grandes, fijos mensualmente, para pagar otros más pequeños. Nos falta ver bien en qué gastos más pequeños se ha gastado más de lo previsto» y han añadido que tienen «el compromiso del concejal de que nos hará llegar el balance donde podremos verlo claramente».

Extracto de las facturas

Asimismo, Vecinos por Bullas han asegurado que entre facturas de la legislatura anterior, se encuentran «bastantes desayunos y comidas, y algún catering, que dejó de pagar el PP, de los años 2012-13 todas del Restaurante de La Rafa por valor de 6713 euros». Una situación que la formación ha tachado de «muy grave».

Además, la formación ha explicado que el hecho de haber esperado tanto se debe a que «ha tenido indicación por parte de los gobernantes de ese momento de que lo hiciera así, que ya se las reconocerían más tarde y, de hecho, la persona que reconoce todas estas facturas ahora es Pedro Chico, el Alcalde anterior».

De esta manera, Vecinos por Bullas han criticado que «tenemos que asumir nosotros facturas firmadas por una persona que ya no es Alcalde, que no firmó en su día, y cuyo contenido es bastante poco detallado» y ponen algunos ejemplos tales como que «en esas facturas se paga la comida anual de la policía, hay gastos en concepto de seguridad San Marcos que no sabemos bien a qué responden, hay comidas a grupos folclóricos y a ponentes que han venido a charlas y también hay una comida para lo que parece una única persona, que se consigna como Consejero Presidencia por valor de 183 euros. Son facturas sin más detalle, por lo que no sabemos tampoco a quién exactamente se le pagó esta comida».

Vecinos por Bullas también ha asegurado que «el pueblo de Bullas no debe pagarle a nadie una comida de casi 200 euros, que cada uno se pague sus comidas, y las cuestiones oficiales se traten en los despachos».

Por último, la formación ha destacado que «todo este dinero es añadido al que ya se presupuesta para estos fines y la mala gestión que se hace cuando no se paga lo que se va gastando y se deja para el que venga después. Creemos que esta forma de hacer política debe cambiar, que hay que ser más escrupulosos con el dinero público».

Detenidas tres personas en la Región de Murcia que distribuían pornografía infantil por WhatsApp

La Guardia Civil ha detenido a un total de 27 personas en varias provincias españolas por posesión y distribución de archivos con contenidos de abusos sexuales a menores de corta edad en Internet y a través de la aplicación telefónica de WhatsApp. En concreto, en la Región de Murcia los agentes arrestaron a tres personas, dos de ellas en Cartagena y una en Murcia.

Además, en el marco de la operación ‘Clara’, han sido intervenidos un total de 22.534 archivos explícitos de abusos sexuales a menores, entre ellos vídeos y fotografías en los que se reproducen abusos sexuales, desde bebés hasta niños y niñas de 14 años.

Asimismo,la Benemérita ha informado que se han realizado 24 registros, 22 en domicilios y dos en empresas, tras los cuales han sido intervenidos diez ordenadores portátiles, 41 discos duros, 18 memorias USB, 79 DVDs, dos teléfonos móviles y dos tarjetas SIM.

Una vez analizado el material incautado fueron localizados 22.534 archivos de contenido pedófilo, acreditando la participación de los detenidos en la tenencia y distribución a través de Internet.

La operación comenzó en agosto de 2015 cuando agentes de la Policía Local de San Roque, provincia de Cádiz, tras encontrar una bolsa en cuyo interior habían cuatro discos de DVD con diversos archivos de video de contenido pedófilo, dio a conocer el hallazgo a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

De esta manera, los agentes del Instituto Armado encargados de la investigación pudieron detectar a los usuarios de estas redes encargados de compartir y distribuir archivos explícitos de abusos sexuales a menores, siendo localizados en Cádiz, Murcia, Huelva, Málaga, Granada, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona, Zaragoza, Madrid, Salamanca, Palencia, Coruña y las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado la Guardia Civil, uno de los detenidos usaba dos teléfonos móviles exclusivamente para el intercambio y distribución de archivos de contenido pedófilo a través de la aplicación WhatssApp, con supuestas redes internacionales de pedofilia.

La ‘Operación Clara’ ha sido dirigida por el Juzgado Mixto número 2 de San Roque y llevada a cabo por el Emume del área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

 

Podemos pide que los hijos de emigrantes puedan volver sin problemas lingüísticos o educativos

El diputado en el Congreso por Podemos Murcia, Javier Sánchez Serna, presentó este fin de semana una proposición no de ley para que “se garantice que los niños y niñas que han tenido que irse fuera de España por situaciones familiares o que ya han nacido en el extranjero de padres españolas, tengan garantizado en el extranjero un adecuado nivel de lengua y cultura españolas”.

Sánchez Serna ha afirmado que para ello hay que realizar “un estudio de la emigración infantil con el objetivo de conocer su realidad social y demográfica así como sus necesidades curriculares”.

Los datos, como ha detallado el diputado de Podemos en el Congreso, dicen que más de ochenta mil niños se han tenido que ir con sus padres desde 2009 y que ya hay cuarenta mil que han nacido directamente en el extranjero.

“Por ello añade el diputado- si queremos que vuelvan con garantías y se puedan reincorporar a los centros educativos con el suficiente la red educativa española en el exterior debe priorizarlos a la hora de escolarizarse y que acaben su etapa educativa con un C1”.

Sánchez Serna ha explicado que es necesario un estudio de los centros dependientes del Ministerio de Educación ya existentes dedicados específicamente a la formación de niños españoles “que ponga en relieve las necesidades de los mismos, ya sean de falta de infraestructuras o de personal suficiente”.

Entre las medidas concretas, el diputado nacional de Podemos Región de Murcia ha contado que también sería necesario establecer como prioritario el “dar una formación suficiente que facilite el retorno de los niños emigrados y su reincorporación al sistema educativo español en condiciones óptimas”.

Además, otro de los objetivos sería, según Javier Sánchez Serna, modificar diversos puntos de las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las secciones españolas en centros de otros estados o de organismos internacionales.

Por ejemplo, incluir la reincorporación de los “niños españoles al sistema educativo español como una prioridad fundamental de las secciones en lugar de la promoción de la lengua y la cultura españolas. Hay que poner por delante la admisión de niños cuya lengua materna sea el español”.

Sánchez Serna ha añadido que la propuesta presentada para su debate en el Congreso también contempla que se garantice “la reincorporación de los niños emigrantes españoles al sistema educativo español y establecer como objetivo la adquisición del nivel C del Marco común europeo de referencia para las lenguas en lugar del nivel B2 que refleja actualmente”.

“Salvemos el faro de Cabo de Palos” planta cara a la Autoridad Portuaria

En las faldas del faro de Cabo de Palos, tuvo la primera reunión de la recién constituida “Plataforma Salvemos el faro de Cabo de Palos” donde declararon el “rotundo rechazo” a la propuesta del PP de convertir el faro en una infraestructura de gestión privada como así aparece reflejado en la Proposición No de Ley (PNL) presentada en la Comisión de Fomento del Congreso por el diputado conservador Teodoro García Egea el pasado 28 de junio.

A la citada reunión asistieron representantes de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, de La Manga del Mar Menor, de la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcav), de CCOO de la Autoridad Portuaria, miembros del Círculo Podemos La Manga y Cartagena Sí Se Puede y familiares de los fareros residentes en él.

De manera unánime afirmaron no estar dispuestos a que este edificio histórico “se considere como un faro abandonado siendo habitado en la actualidad por cuatro familias de fareros y sin déficit en su gestión” estimando que el recorrido normativo que debe sufrir el edificio es poner en marcha el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para valorar “otras propuestas de uso del faro y articularlo como un producto turístico sostenible en una ruta integrada con otros recursos como el Mar Menor, la Reserva Marina de Cabo de Palos – Hormigas y Cartagena”.

La nueva Plataforma se crea como una “entidad de carácter público, no asociada a ningún partido político, para conseguir el rechazo de la PNL” coordinándose desde la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos.

Los integrantes de la plataforma se han marcado como objetivo lograr hacer partícipe “a la mayor parte de la población, asociaciones vecinales y otros colectivos interesados en unirse a la plataforma para conseguir el máximo apoyo en defensa de nuestro patrimonio”.

Además, tienen previsto diseñar actos de protesta ciudadana y movilizaciones “para sensibilizar a la población sobre la necesidad de proteger el faro así como denunciar los intereses partidistas que nada tienen que ver con el bien común”.

MC pide el BIC

La coordinadora de Patrimonio de Movimiento Ciudadano (MC) de Cartagena, María Dolores Ruiz, afirmó ayer que “nunca se ha producido” la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para las instalaciones del faro de Cabo de Palos.

“Solo cuatro faros en España -añade- han obtenido la categoría de BIC, y en ninguno de los casos se han paralizado los expedientes durante décadas, como sucede con el de Cabo de Palos, para cuya declaración se dieron los primeros pasos en la resolución de 2 de julio de 1984 por parte de la Dirección Regional de Bienes Culturales de Murcia, hace 33 años”.

Ruiz recuerda que “además, hace exactamente 15 años, el 1 de julio de 2002, el Ministerio de Cultura incoó el procedimiento de declaración de BIC del faro a instancias de la asociación Pro-Defensa del Patrimonio Artístico y Cultural de la Región de Murcia, y seguimos como aquél día, pero con la amenaza cierta de las gobiernos central y regional de acabar con el faro”.

La coordinadora de Patrimonio de MC ha conocido de otros expedientes de protección iniciados, como el que se inició el 28 de agosto de 2002 sobre dos faros en Lanzarote y que concluyó el mismo año obteniendo su declaración como monumento.

También se ha estudiado el proyecto “Faros de España”, impulsado en 2016 por el Presidente de Puertos del Estado, propuesto por la ministra Ana Pastor tres años antes. En este proyecto se incluyen cinco faros sobre los cuales existían ofertas para convertirse en hoteles: Illa Pancha (Ribadeo, Lugo), Trafalgar (Cádiz), Cabo Silleiro (Bayona, Pontevedra), El Pescador (Santander, Cantabria) y Punta Galea (Getxo, Vizcaya). De todos ellos ninguno está incoado como Bien de Interés cultural y alguno, como el de Punta Galea, carece de interés patrimonial.

La coordinadora de Patrimonio de MC insiste en que “el faro de Cabo de Palos tiene un evidente valor patrimonial, además en la publicación del Instituto de Patrimonio Histórico en febrero de 2017 Catálogo de Faros con Valor Patrimonial de España se reseña expresamente este valor”.

Aunque en la PNL presentada en el Congreso se afirma que “no se pretende tocar un solo ladrillo de este emblemático edificio” Ruiz afirma que MC prefiere “que exista una obligación legal de preservar el faro y su entorno natural”.

La coordinadora concluye que “por eso MC instará al Ministerio de Cultura a avanzar en el expediente y declarar BIC el faro de Cabo de Palos y su entorno, antes de que sea demasiado tarde, para que los acuerdos y decisiones que se adopten sobre su uso estén supeditados al valor histórico y patrimonial del inmueble y su entorno, confiando en que ninguna administración ni partido se oponga a ello, y en que este mismo año se resuelva esta situación incomprensiblemente mantenida en el tiempo”.

 

El Gobierno del Botànic coloca a los lobbies en su sitio

El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley reguladora de la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público instrumental, un texto que garantiza la transparencia en la participación de los grupos de interés en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de proyectos normativos, todo ello de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión pública.

Sitúa a los lobbies dentro de la administración colaborativa que el Gobierno del Botànic está impulsando y que se puede enmarcar en el concepto de buen gobierno, en un juego limpio que evita que los poderes públicos puedan favorecer a unos grupos de interés frente a otros poniendo freno a la cultura del amiguismo.

Cabe resaltar que no existe legislación de este tipo a nivel estatal y sólo tres autonomías la han desarrollado: Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón, siendo la valenciana la única que está tramitando una ley específica que regule el fenómeno de los lobbies.

Medio para trasladar posicionamientos y argumentos a los políticos

El lobbismo es un medio para que sectores de la sociedad trasladen sus posicionamientos, preocupaciones y argumentos a los representantes políticos y a las personas responsables de la administración pública, con la intención de influir legítimamente en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos.

El nuevo texto normativo considera actividad de lobby toda comunicación directa o indirecta, oral o escrita, con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental en beneficio de sus propios intereses o de terceros.

Su ámbito de aplicación se circunscribe a las personas y organizaciones que, teniendo o no personalidad jurídica, y en nombre propio o de terceras partes, lleven a cabo la actividad de lobby. A su vez, afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Registro de Lobbies gratuito y obligatorio

El Registro de Lobbies viene a hacer efectiva la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés. Será de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio. De esta forma, se pone al alcance de la ciudadanía la información sobre la actividad e influencia de los grupos de interés en sus relaciones con la administración.

En el registro se harán constar las actividades que desarrolla el lobby y se publicarán en el Portal de Transparencia de la Generalitat, como reuniones, audiencias y comunicaciones de todo tipo.

La inscripción en el registro supone beneficios, como poder presentarse como lobby inscrito en el registro delante de la Generalitat, lo que posibilitará la reunión o contacto con cargos de la administración o empleados del sector público; hacer constar su contribución en las consultas públicas en calidad de grupo de interés, lo que supone prestigio social; ser informado sobre actos y consultas públicas de la Generalitat y recibir información sobre la actividad formativa y de divulgación que, organizada por la Generalitat, pueda ser de su interés; favoreciendo así la igualdad de todos los lobbies; y mejorando, en definitiva, la calidad democrática.

La Conselleria de Transparencia elevará al Consell de forma anual un informe sobre la actividad y el funcionamiento del registro.

Código de conducta, “huella normativa” y negociación de normas

También se regula un código de conducta para los lobbies, además de sistemas de control y fiscalización de la información registral.

En cuanto al código, se trata de un mínimo de obligado cumplimiento, que puede ser completado con códigos de conducta más exigentes aprobados por los propios lobbies.

La “huella normativa” se refiere a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando así que la influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.

Por otro lado, se contempla la posibilidad de que ciertas normas, como anteproyectos de ley y decretos del Consell, puedan ser negociadas con los lobbies, sin que ello sustituya la participación ciudadana y el trámite de audiencia, previstos en la normativa vigente. El resultado de esta negociación no será vinculante.

En cualquier caso, se trata de una nueva herramienta de participación, con la que se persigue mejorar la calidad de las normas, ahondar en las prácticas que definen el buen gobierno y facilitar la resolución de conflictos antes de la aprobación de las normas.

El último capítulo del anteproyecto recoge el régimen sancionador específico en materia de lobbies.

Pensiones: el éxito de Mariano Rajoy

Esta semana hemos sabido que el Fondo de Reserva de Pensiones, el mayor legado que dejó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a los españoles habían sido dilapidado por el Partido Popular. El Ejecutivo socialista dejó a Mariano Rajoy una herencia de 66.000 millones de euros, un 6% del PIB español, en la Hucha de las Pensiones. En menos de 6 años, el PP lo ha machacado y ha dejado a los pensionistas sin ese colchón que garantizaba que cobrarían cada mes su pensión.

Evidentemente, se trata de un fracaso de las políticas económicas de este gobierno, no sólo las relacionadas con las pensiones, sino a nivel de Seguridad Social y empleo, es decir, de todo lo que se encuentra bajo la responsabilidad de Fátima Báñez.

El sistema de pensiones español está basado en un modelo solidario por el cual las cotizaciones del presente son las que cubren el coste de las pensiones de quienes ya están jubilados. Un sistema por el que quienes disponen de un trabajo ponen la parte que cotiza a la Seguridad Social, ya sea a través de la cuota personal, ya sea a través de la cuota que las empresas pagan por cada trabajador que tienen contratado, en espera de que, cuando llegue el momento de su jubilación, sean otros quienes le garanticen con sus cotizaciones su pensión.

Las medidas en materia laboral tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy han afectado de una manera decisiva en la explosión del sistema de pensiones y demuestran que todo el optimismo gubernamental cada vez que salen las cifras del paro son mera impostura.

Cada vez que el gobierno sale eufórico, jaleado por sus medios afines, con datos de paro registrado o con la EPA de trimestres clave, Diario16 ha afirmado que todo es falso. Los datos globales son irrebatibles, el paro global baja, se crea empleo, pero…, ¿en qué condiciones?

En el mes de mayo fue necesaria la firma de más de dos millones de contratos para que el desempleo registrado en las oficinas del SEPE bajara en 111.908 personas, es decir, que en este país es necesario que se firmen 20 contratos para crear un puesto de trabajo. Sin embargo, no sólo se trata de la cuestión cuantitativa, sino que para entender lo que está ocurriendo con nuestro mercado laboral hay que irse al aspecto cualitativo.

Gracias a la Reforma Laboral de Mariano Rajoy y de Fátima Báñez el empleo que se crea en España es en exceso precario, el más precario de Europa. Son los propios datos oficiales los que lo demuestran, no se trata de reflexiones, análisis o interpretaciones. Según las cifras correspondientes al mes de mayo un 33% de los contratos firmados tenía una duración inferior a una semana. Los números oficiales también nos dicen que un 92% de las relaciones laborales que se establecen entre trabajadores y empresas es de carácter laboral.

Por otro lado, los salarios son muy bajos. España sigue manteniendo una masa salarial más propia de un país en desarrollo que de la cuarta economía de la Eurozona. Las empresas siguen aumentando los beneficios netos pero ese hecho positivo no se traslada a los salarios de los trabajadores. 2,6 millones de personas viven en una situación de pobreza extrema, según datos del INE, y un 22% se encuentra en alto riesgo de pobreza, 1 de cada 5 españoles. Todo esto en un país que es el motor de Europa en creación de empleo.

Además, la población activa está muy por debajo de la que dejó José Luis Rodríguez Zapatero. Las condiciones en las que se accede al empleo, cuando eso ocurre, ha provocado que millones de españoles hayan cruzado nuestras fronteras para buscar la dignidad perdida desde que gobierna Rajoy; también ha sido la causa por la que muchos se han desanimado y ya no buscan empleo. Según los datos de la EPA, la población activa está formada por 740.000 españoles menos que en diciembre de 2011, 740.000 personas menos a cotizar para que nuestros jubilados tengan sus pensiones aseguradas.

El mercado de trabajo español, del que se nutren las pensiones, está gravemente enfermo, está pervertido por una falsa sensación de recuperación provocada por el impostado triunfalismo gubernamental. Las medidas implementadas por Mariano Rajoy y su falta de iniciativa a la hora de generar políticas de creación de empleo han llevado a que las pensiones se vean afectadas y a que nuestro sistema haya implosionado en este mes de junio.

Trabajos temporales y precarios y salarios más propios de los años 80 que de la segunda década del siglo XXI son la consecuencia de la Reforma Laboral de Rajoy y Báñez. Esto afecta, evidentemente, a nuestras pensiones. Pero ¿no tuvieron en cuenta esto cuando prepararon una legislación que buscaba crear cortinas de humo para tapar su ineficacia con los datos globales de creación de empleo? Está claro que lo tuvieron en cuenta porque uno de los objetivos de esa Reforma Laboral era, por supuesto, la depauperización del sistema de pensiones para crear un nuevo nicho de negocio o un modelo similar al estadounidense.

El Partido Popular siempre ha buscado eso que llaman «colaboración de lo público y lo privado» que no es otra cosa que la privatización de servicios que el Estado está obligado a ofrecer a sus ciudadanos. Lo vemos todos los días con las privatizaciones de la sanidad o de la educación pública. ¿Por qué no con las pensiones? Ahí hay un nicho de negocio sin explotar porque, hasta ahora, la gente no contrataba planes privados porque con la pensión pública tenían para vivir con dignidad. En las jubilaciones hay mucho dinero parado, hay un mercado aún sin explotar y quienes les sostienen, al igual que sostienen a Ciudadanos, quieren su parte del negocio. Por eso no es extraño lo que está pasando: sometimiento de la clase trabajadora a través de empleos precarios y de salarios de miseria y, por transposición, destrucción del sistema de pensiones. Esta es la razón por la que el actual presidente del Estado español ha triunfado, ha logrado un gran éxito, al menos para aquellos que se beneficiarán del cambio de modelo que vendrá en poco tiempo.

Lo que no sería un éxito sería hacer las cosas bien, es decir, aplicar políticas de creación de empleo que fueran realmente efectivas.

Desde que gobierna el PP hay una palabra de la que se habla de manera incesante: emprendimiento. Esa es la solución que dan Mariano Rajoy y Fátima Báñez: «búscate la vida y hazte autónomo». Pongamos un ejemplo: en estos días el gobierno de la Región de Murcia (PP) ha presentado una iniciativa por la que los parados de larga duración que se den de alta en el régimen de autónomos no pagarán la cuota durante el primer año y en el segundo sólo 50 euros, además de disponer de una subvención de hasta 3.500 euros para abrir su negocio. De esta iniciativa se podrán beneficiar más de 40.000 murcianos. Podría parecer una gran medida, que en lo básico lo es, pero lo que esconde es la estrategia para que el paro baje a través de las altas de autónomos, con lo que consiguen unos datos globales de creación de empleo con los que sacar pecho en Europa y reducir el gasto en prestaciones de desempleo. Sin embargo, esta no es la solución porque un 70% de las nuevas actividades empresariales iniciadas fracasan en el primer año. Es decir, que las medidas de emprendimiento no hacen otra cosa que tapar un agujero de manera temporal en espera de que las empresas comiencen a generar empleo digno cosa que, por desgracia, cada día que pasa se está transformando de sueño a utopía.

Este ataque bien diseñado y ejecutado es causa suficiente para que Mariano Rajoy presente su dimisión, solicite al Jefe del Estado la disolución de las Cortes y convoque nuevas elecciones para que entre a gobernar alguien que no juegue por un factor ideológico con la vida de las personas, alguien con más proactividad para generar políticas pensadas para mejorar la vida de la ciudadanía y no para destrozarles la vida y el futuro.

 

4.000 malagueños tendrán que dejar sus estudios el próximo curso

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha denunciado que Rajoy ha pedido a 4000 estudiantes malagueños desde el curso 2012-13 que devuelvan la beca en todos los niveles medios y superiores. «Ello puede impedir que 4.000 malagueños sigan estudiando«. El Ejecutivo del PP de ha provocado un retroceso de «décadas en igualdad de oportunidades», en lo referente a la educación pública ya que, según Heredia, «hemos pasado de un sistema reconocido como de los de mayor equidad en el mundo, a tener un modelo injusto». Hay que recordar que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cifró en 100.000 los estudiantes que han tenido que dejar lo estudios universitarios en nuestro país. «Ahora el Gobierno del PP quiere que 118.000 alumnos de nuestro país tengan de devolver las becas, de los que 24.000 están en Andalucía y 4.000 de ellos, en la provincia de Málaga».

Mariano Rajoy quiere recaudar más de 205 millones de euros con la devolución a alumnos becados entre los cursos 2012/13 a 2015/16. «Es el resultado de la reforma de 2012 del sistema de becas aprobado por el PP«, ha lamentado Heredia, que ha explicado que, entre los requisitos impuestos por el Ejecutivo central al alumnado para instar a la devolución, están el no haber aprobado el 50% de las asignaturas matriculadas o no haber asistido al 80% de las clases. «Antes de la reforma de 2012, los expedientes de devolución no alcanzaban los 10.000 anuales, un año después se ha incrementó casi 40.000 con la llegada de Rajoy, se ha multiplicado por 4», ha detallado.

«¿Por qué Rajoy no analiza caso a caso?, ¿sabe Rajoy que muchas de las familias tendrán que pedir un préstamo para poderla devolver?», se ha preguntado Heredia. El PSOE, para acabar con esta situación, registró una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2017 por valor de 500 millones de euros que fue rechazada por el PP. «Muchos de nosotros pudimos estudiar una carrera universitaria gracias al sistema de becas», ha dicho.

Heredia ha destacado que el Gobierno ha admitido que la bajada del importe medios de las becas universitarias para Andalucía fue de 813 euros por ayuda desde el curso 2012-13 hasta hoy, un descenso del 30%, muy superior al que se ha producido a nivel nacional, que ha sido del 20%, con 673 euros menos en becas por estudiante en todo el territorio nacional. «Hemos asistido a la mayor subida de las tasas universitarias de la historia y a un brutal recorte en becas», ha apostillado Heredia, que ha reprochado a Rajoy que haya roto con la tendencia al alza que se venía produciendo en nuestro país desde 1996 en cuanto a la cuantía de estas ayudas.

Los recortes en becas no han sido solo a nivel universitario, también se ha producido en las de bachiller y FP de grado medio y superior. Los becarios malagueños de enseñanzas medias han dejado de recibir 63 euros menos de media por beca, pasando de 1.497 euros en el curso 2015/16 a 1.444 euros de media para el periodo 2016/2017, un 4,5% menos, mientras que, en Andalucía, la cifra ha bajado de 1.509 a 1.447 euros por estudiante.

«Esta situación choca con los esfuerzos de Susana Díaz en la Junta de Andalucía por mantener las matrículas un 40% más bajas que la media nacional o la puesta en marcha de las becas Segunda Oportunidad, las becas 6.000 y las becas Adriano. Rajoy promueve recortes de becas universitarias y no universitarias que coinciden con el aumento de la precariedad laboral y salarial y de más riesgo de exclusión social, ha conseguido que sobrevivir como estudiante sea casi misión imposible», ha concluido.