jueves, 20 noviembre, 2025

Irene Montero saca los colores a Mariano Rajoy

 

Tocaba el turno de censurar al gobierno dentro de la moción de censura presentada por Podemos y desde luego Irene Montero ha utilizado sus casi dos horas en censurar toda la acción de gobierno de Mariano Rajoy. Utilizando un lenguaje contundente, de fina ironía y con concreción de los datos, Montero ha dejado pálida a la dirigencia del Partido Popular. Ha sido una censura en toda regla que no ha dejado nada al albur de las hemerotecas. Le ha sacado los colores a la bancada popular, la cual no acostumbrada a tener que escuchar, ha interrumpido en ocasiones a la dirigentes podemita.

Corrupción. Ha habido mucha corrupción porque, pese a lo que digan Hernando o Maíllo, parece que no son casos sueltos sino que cada día que pasa aparecen nuevos corruptos en el PP. Y eso se debe, como bien explicó Montero, al sentido patrimonial que hace el partido conservador de la política. Está inserto en los genes partidistas. Una corrupción que ha servido para dopar a un partido en las diferentes contiendas electorales como ha explicado Montero. Corrupción que ha servido para vaciar las arcas del Estado mientras los españoles estaban sufriendo terribles recortes en sus derechos.

Y todo ello, como afirmó la portavoz de Podemos, con un epicentro que se establece en Génova 13, la sede del Partido Popular. Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo, Murcia, Amat, etcétera, etcétera no son hechos aislados. La Omertá, ha dicho Montero, es pieza clave en el lema marianista “Orden, Unidad y Aguantar”. Pese a su extensión la portavoz de Podemos no ha querido dejar fuera de la censura ninguno de los casos del partido conservador, incluso haciendo referencia a las nuevas informaciones que involucrarían al marido de Cospedal.

Pero no sólo de corrupción vive el Partido Popular. Bajo su mandato se ha ido produciendo el saqueo de las arcas públicas mediante la actuación de la Trama, de las empresas amigas que se han ido quedando con los contratos del Estado, inflándolos, obteniendo cláusulas de salvamento, o cualquier otra utilización de lo que es de todos para provecho de pocos. Ha expresado Montero con palabras sencillas lo que significa ser parte de la coalición dominante del bloque en el poder. A costa del esfuerzo de los españoles, ha venido a decir la portavoz, se han venido lucrando los de siempre, los amigos del dinero. Mientras tanto los españoles venían sufriendo recortes y precarización. Los datos económicos quedan diluidos por la realidad social y del día a día de los españoles.

También ha contado Montero cuáles han sido las estrategias del Partido Popular para acabar con la separación de poderes. Cómo con los distintos nombramientos que han realizado, colocando a sus amigos, el Poder Judicial se ha ido plegando a los deseos del Partido Popular. Deseos que, además, han servido para intentar tapar el saqueo que han cometido desde diversos lugares de las arcas públicas.

Una lucha contra la división de poderes que también ha llegado a Parlamento, como ha recordado Montero. Todas las iniciativas parlamentarias que están siendo aprobadas por los legisladores son denunciadas ante el Constitucional en virtud de una cláusula de aumento presupuestario. “Están retorciendo la Constitución” les ha espetado Montero. Un recurso que, como bien denunció la dirigente podemita, ha obviado incluso salvedades de leyes aprobadas en las que se hacía referencia explícita a la no utilización de partidas presupuestarias. No les gusta la democracia cuando no son ellos los que mandan.

Tampoco ha quedado sin denunciar y censurar la utilización del Ministerio de Interior, especialmente en tiempos de Fernández, para acosar y acabar con la oposición política. La creación de una brigada política en manos de Villarejo, como se ha demostrado, es una más de los intentos de controlar el Estado en favor de un partido como ha remarcado Montero. O una amnistía fiscal anticonstitucional por donde mucho dinero de la corrupción, como se ve en los expedientes judiciales, habría quedado “legalizado”. En estos años, manifestó la censuradora, todo el trabajo del PP ha sido para enriquecer a unos pocos y a miembros del partido conservador.

Ha habido tiempo para la crítica, también, al PSOE y a Ciudadanos. Al final votaron para que Rajoy siguiese en el poder cambiando lo que venían diciendo en la campaña electoral. Unos arrodillándose frente al PP (Ciudadanos) y otros mediante la abstención. Todo ello porque, ha recordado Montero, la oligarquía lo había mandado y establecido ya así. Merece la pena hacer un inciso para ver cómo funcionan las cabezas de algunos diputados, en este caso diputada. Marta Rivera, de Ciudadanos, ha colgado un tuit en el que criticaba a Montero por no hacer propuestas ¡en la parte de censura al gobierno! No se enteran de verdad.

Buen discurso de Montero y, en resumidas cuentas, una censura al gobierno contundente y realista. Puede haber resultado larga en sí por la duración pero son tantos los datos que había que poner en la mesa que no quedaba más remedio que extenderse. Algunos socialistas, en distintos foros, se quejan amargamente de no ser ellos los que estuviesen en el púlpito parlamentario hoy. Pedro Sánchez tuvo la oportunidad y la rechazó.

Aguas de Cádiz decide la aprobación del suministro mínimo vital

Aguas de Cádiz eleva hoy al Consejo de Administración el examen y aprobación de la garantía del derecho humano al agua, suministro vital y fondo social solidario (bono social del agua).

Con esta medida se pretende garantizar el consumo mínimo de agua a las personas que se encuentren en situación de exclusión social y, de este modo, garantizarles que sus necesidades vitales están cubiertas. Los mecanismos a examinar y aprobar han sido consensuados con los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz y han recogido las aportaciones y propuestas de los ciudadanos.

La concesión del suministro mínimo vital a familias y personas subvencionará el pago de los conceptos bonificables de la factura durante los primeros 12 meses, revisable a los 6, desde la fecha de concesión de la ayuda. Sólo lo podrán solicitar las personas que se hallen en situación de exclusión social.

Las ayudas se cargarán al fondo social solidario de Aguas de Cádiz hasta agotar la partida de 300.000 euros asignada para esta medida de acción social. Por otro lado, se ofrece la posibilidad a estas familias en situación de exclusión social de fraccionar o aplazar los pagos.

Además de esta medida, el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz presentará los datos de facturación, ingresos y gastos del pasado año, un asunto que el Ayuntamiento de José María González «Kichi» ha destacado como positivo porque gracias a las políticas aplicadas de ahorro de gastos supérfluos Aguas de Cádiz ha logrado un superávit de casi 800.000 euros en 2016.

Profesores de la UCAM denuncian su precariedad y explotación laboral

Un grupo indeterminado de profesores de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha hecho público un comunicado consensuado, denunciando la precariedad y explotación laboral que sufren desde hace tiempo y su empeoramiento en este último curso pese a las ganancias de que se presume y el alarde de donaciones multimillonarias al Estado vaticano.

Quienes  respaldan su elaboración y difusión justifican mantener su anónimato para evitar represalias por parte de la rectora nominal Josefina García Lozano y del presidente ejecutivo de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza Pérez, titular del centro docente privado no eclesial con afán de lucro, como sería un despido inmediato aduciendo falta de lealtad hacia la empresa.

En un documento titulado La precariedad laboral docente es una de las  señas de identidad que definen a la UCAM, los afectados se refieren a la Universidad Católica San Antonio de Murcia afirmando «que pese a los importantísimos ingresos que reciben gracias a las matrículas de sus alumnos, cifras desorbitadas que se miden en millones de euros, las medidas de sus gestores hacia sus trabajadores (en este caso hacia los docentes) van encaminadas a una continua explotación y desprofesionalización de los mismos. No en vano, la última directriz de éstos va encaminada a que los docentes tengan que “manejar” una cantidad de alumnos por aula y una cantidad de asignaturas (para cumplir la ya de por sí desorbitada cantidad de créditos de su docencia) difícilmente abordables, al menos, con un mínimo de calidad y dignidad pedagógica y profesional».

Los profesores afectados llegan a afirmar que «el ultraliberalismo de esta institución, unido a la homofobia y el machismo que rezuman sus paredes, la convierten en un referente en lo relativo a prácticas opresoras» para continuar diciendo que «gestores, deslumbrados por el brillo y categoría que creen les aportan de cara a la sociedad los deportistas de élite y los ruinosos equipos deportivos, se han olvidado de que gestionan una institución de enseñanza superior que cada vez ofrece un peor nivel de formación».

Pero van más allá cuando revelan que «hay dinero para becas, galas del deporte, primas… pero para pagar a los docentes no, y a base de recortes y más recortes, de exprimir la profesionalidad de sus profesores y su voluntad de dispensar la mejor formación a los alumnos, están abocando a la institución a confirmar su ya de por sí mala fama: una universidad donde comprar el título».

Y hasta dan un aviso para navegantes. «A partir de ahora, que sepan los padres que pagan las matrículas de sus hijos con dificultad o los alumnos que con mucho esfuerzo intentan mejorar su currículum estudiando en la UCAM, que la exclusividad en el trato ya no será tal, y que tendrán que compartir sus clases con 80 o 100 compañeros, dependiendo de la modalidad de estudio que elijan. Imposible que un profesor sobrecargado de docencia, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster…, y que además no puede dejar de lado la carrera investigadora, pueda dar un trato personalizado y atender las necesidades de sus alumnos con mediana calidad».

El manifiesto concluye diciendo que «unas medidas encaminadas a ahorrar dinero a costa de no contratar a nuevos profesores que son necesarios para atender a la importante cantidad de alumnos que se matriculan año tras año, e intentar hacer el ahorro en no pagar a los docentes todas las tareas extras que realizan. La fórmula es magistral: más alumnos, menos profesores, igual a ganancia asegurada a costa de todos ellos».

Vetada en Andorra

Por otra parte, el proyecto del laico español José Luis Mendoza Pérez de abrir en el Principado de Andorra, como un puro negocio privado y personal, una extensión de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para el próximo curso 2017-2018 se ha venido definitivamente abajo tras ser detectado y evaluado a fondo su promotor.

En un primer momento, sorprendió a diversas instancias del pequeño país pirenaico al presentarse avalado por el copríncipe y obispo de La Seo de Urgel, el catalán monseñor Joan-Enric Vives y Sicilia, un barcelonés hoy de 67 años al que Roma y la Generalitat de Cataluña han hecho posteriormente caer en la cuenta sobre este valenciano seductor y conocido ex culturista, cuyas donaciones al Vaticano en los últimos veinte años ahora se investigan por orden del Papa Francisco.

Varios medios de comunicación de Andorra daban por hecho hace año y medio que el proyecto se podría poner en marcha inicialmente con una Facultad de Medicina, con estudios también de Fisioterapia y de Odontología, y con la titulación de Ciencias del Deporte. Además, según empresarios andorranos, estas carreras de la UCAM ya podrían haberse comenzado a impartir en el Principado en el próximo curso 2017-2018.

En un primer momento, apareció como partenaire local de Mendoza el presidente de los empresarios andorranos, Pere Augé Sánchez, así como gran valedor de sus planes de negocio en el Principado, hasta implicar a la mismísima Confederación Empresarial Andorrana al presentarlo como una iniciativa conjunta. El concurso del copríncipe llegó a implicar incluso al gobierno andorrano.

Pero la osadía de Mendoza de implicar al copríncipe llegó hasta el punto de intentar hacerlo cómplice involuntario de sus intenciones mercantiles al ofrecerle la tutela en Andorra de la Fundación San Antonio para así garantizar unos principios rectores católicos del proyecto, dejando a las autoridades gubernativas competentes su desarrollo normativo y curricular para la creación de los diversos grados universitarios que pretendía implantar por más rentables.

Hasta Andorra habría trascendido también de inmediato la precaución de los obispos vecinos a la Diócesis de Cartagena (Orihuela, Albacete y Almería) de no secundar la expansión del negocio de la UCAM en sus respectivas diócesis. También en Málaga le cortaron el paso.

Sólamente aprovechando un cambio de titular en la oriolana, el prelado dimisionario Rafael Palmero sucumbió a la oferta junto al entonces alcalde de San Juan de Alicante, Manuel Aracil, que fué cortada en seco por la Generalitat Valenciana gobernada por el PP y por el nuevo titular de la sede oriolana, el valenciano avisado monseñor Jesús Murgui, que finalmente no la admitió en julio de 2015.

Todos estos extremos alertaron a la Conferencia Episcopal Catalana cuando supieron que Mendoza se había presentado con sus artes ante el obispo de La Seo de Urgel para hacer un puro negocio privado y personal aprovechándose de su buena fé.

Posteriormente, el obispo de La Seo de Urgel, monseñor Vives y Sicilia fue puesto al corriente por la Nunciatura Apostólica en Madrid, que también lo es de Andorra, de la postura y opinión al respecto de la Santa Sede al utilizar Mendoza y su Fundación el reclamo de ‘católica’ como un señuelo de carácter semántico al no existir ningún tipo de dependencia formal ni jerárquica por parte de la UCAM aunque el obispo de Cartagena, monseñor Lorca Planes, ostente el título de canciller y actualmente la total complacencia, hasta la complicidad con Mendoza.

Según el digital https://infovaticana.com que se pregunta ¿Qué busca Mendoza implantando la UCAM en Andorra?, «la sociedad de Andorra ha reaccionado ante la intención de José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de abrir una filial de la universidad en el Principado. Los andorranos se han movilizado para impedir que los planes de Mendoza se lleven a cabo, temiendo un nuevo “caso Pujol”.

«La oposición a esta iniciativa de Mendoza se debe, entre otros motivos, a la investigación que la Santa Sede mantiene abierta a la UCAM por cheques de los que se desconoce la procedencia. Asimismo, la institución, afirman varios medios, está siendo investigada por la Fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades urbanísticas y por delito contra el Patrimonio en Murcia», prosigue diciendo dicho digital oficioso.

«Los escándalos económicos y de corrupción que rodean a la UCAM han tenido su eco mediático fuera de las fronteras españolas. Varios medios de comunicación internacionales han recogido los supuestos casos de corrupción que enturbian la figura de Mendoza», añade.

«En cuanto a la acusación de venta de títulos universitarios, el Ministerio de Educación italiano denunció al Estado español ante la Comisión Europea después de descubrir irregularidades en los másteres de profesorado de la UCAM, que al parecer aceptaba prácticas realizadas antes de obtener la licenciatura o en campamentos de verano. También se detectaron irregularidades en la colegiación de varios abogados italianos que se habría realizado previo pago de unos 3.000 euros a la UCAM», sigue revelando.

«La sospecha de corrupción de esta institución católica salpicó también a la Santa Sede durante el primer Vatileaks, cuando se descubrió que el mayordomo del Papa Benedicto XVI tenía en su poder un cheque de 100.000 proveniente de la UCAM. Mendoza reconoció que habría donado alrededor de 50 millones de euros al Vaticano», recuerda Info Vaticana.

«Ahora el Papa Francisco ha exigido que se investigue la financiación de la Santa Sede, también en lo referente a las donaciones de Mendoza», afirma.

«Las voces que se alzan contra la implantación de la UCAM en Andorra recuerdan que el Principado no puede verse envuelto en nuevos escándalos de corrupción, y las sospechas que envuelven a la institución dirigida por Mendoza no parecen augurar lo contrario de llevarse a cabo los planes de expansión», concluye Info Vaticana.

Cuatro detenciones por violencia machista en tres días en Cartagena

A lo largo de la semana pasada, entre el jueves 8 y el sábado 10 de junio, Agentes de la Policía Local de Cartagena realizaron un total de cuatro detenciones por asuntos relacionados con violencia machista.

El pasado jueves por la tarde agentes de la Policía Local acudieron al domicilio de una mujer que había sido agredida por parte de su pareja. Al parecer el agresor había abandonado la casa tras propinarle una paliza.

Los agentes atendieron a la mujer y la acompañaron al hospital para que atendieran sus lesiones. El individuo fue detenido horas después por la Policía Nacional.

Por otra parte el viernes se sucedieron las detenciones de dos individuos que incumplieron sendas órdenes de alejamiento de sus respectivas ex parejas.

La primera tuvo lugar por la tarde, sobre las 16:00 horas, tras recibir aviso de una mujer que indicaba que el individuo que tenía orden de no acercarse a ella estaba frente a su casa en la Urbanización Mediterráneo lanzando improperios a voz en grito contra ella. El sujeto fue detenido tras la lectura de sus derechos.

Ese mismo viernes por la noche la Policía Local de Cartagena recibió una llamada alertando de una discusión en la vía pública en una calle del Casco Antiguo entre un hombre y una mujer.

Los Agentes se acercaron al lugar, y tras comprobar que el varón tenía una orden de alejamiento de la mujer con la que estaba discutiendo, que era su ex pareja, procedieron a su detención.

Finalmente en la madrugada del viernes al sábado, un joven de 22 años de edad fue detenido por haber propinado un puñetazo a un amigo de su novia y haber abandonado el lugar. Tras la detención del sujeto, la Policía Local comprobó que, además, el individuo había amenazado y vejado a su pareja de forma continuada a través de la redes sociales.

La Federación de Municipios intensificará la mediación para frenar los desahucios

La Federación de Municipios de la Región de Murcia, en colaboración con la Comunidad Autónoma, “intensificará –anunció ayer lunes- el trabajo de colaboración para impulsar la mediación y la intermediación hipotecaria como herramienta para frenar la situación de desahucios”.

El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Joaquín Hernández, “para aumentar –señaló- la línea de coordinación junto con otros organismos, colegios profesionales y entidades financieras que intervienen en la Región en este tipo de situaciones”.

Rivera se comprometió a renovar el convenio existente entre la Administración regional y la Federación de Municipios “para facilitar a los ciudadanos que se encuentren en una grave situación de impago de créditos de carácter hipotecario de su vivienda habitual el acceso al Servicio de Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, dependiente de la Comunidad, para evitar en la medida de lo posible los procedimientos de desahucio”.

El consejero destacó que este servicio presta una atención “esencial y básica para poner freno al drama familiar de los desahucios con ayuda y asesoramiento económico, financiero y jurídico gratuito, para alcanzar con las entidades financieras una solución como la renegociación de la hipoteca, la dación en pago y el alquiler social”.

En los años de vigencia del convenio, señaló, “el resultado ha sido muy satisfactorio para todas las partes y, lo que es más importante, para los ciudadanos que han contado con profesionales cualificados, quienes les han asesorado y acompañado en sus negociaciones con las entidades financieras, logrando así una óptima garantía de sus derechos e intereses”.

Asimismo, resaltó el “apoyo del Gobierno regional a todas las familias que atraviesen por una situación tan difícil como estar en riesgo de perder su hogar” y afirmó que “no podemos estar satisfechos mientras una sola familia acuda a este servicio porque eso indica que el problema sigue vivo”.

El pasado año el servicio, que es gratuito, atendió a 246 personas. Desde que se puso en marcha esta iniciativa, en 2013, se han estudiado los casos de unos novecientos ciudadanos que se encontraban en riesgo de pérdida de su vivienda por impago de préstamo hipotecario.

En lo que va de año este servicio ha atendido a un centenar de personas.

Rivera agradeció la colaboración de la Federación de Municipios, así como del resto de entidades que contribuyen a este servicio porque “nos encontramos ante un problema social al que tenemos que dar una solución satisfactoria entre todos, y todos los esfuerzos que destinemos son pocos”.

 

El PP recorta en dependencia y la Junta tapa huecos

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha denunciado «el abandono un año más» de las políticas de servicios sociales tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En Andalucía, solo en materia de dependencia, el recorte asciende a 625 millones de euros.

Así lo ha destacado durante la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Motril (Granada), acompañada de la alcaldesa del municipio, Flor Almón Fernández. Dicho acuerdo se enmarca en el plan aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta para mitigar los efectos de los recortes del Ejecutivo central a Andalucía en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta.

Sánchez Rubio ha informado de que «el Gobierno central habrá dejado de invertir desde que el Partido Popular llegó en 2011 un total de 2.800 millones de euros en políticas sociales en España. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene un papel irrelevante entre los ministerios, y no es una prioridad para Mariano Rajoy y su gobierno».

El impacto principal de los Presupuestos Generales del Estado y de las políticas del Gobierno central en Andalucía se ven reflejadas directamente en la atención a la dependencia. La consejera ha subrayado que «los cien millones de incremento son solo una quinta parte de los más de 500 millones más que se necesitan para recuperar los niveles de 2011 en la atención a la dependencia. Estos cien millones han ido destinados para la financiación del Nivel Mínimo, por lo que tendrán escasa repercusión en la financiación de las comunidades autónomas».

«De 2012 a 2017, el Gobierno de España ha recortado 625 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia en Andalucía», ha resaltado la titular de Igualdad y Políticas Sociales.

En lo relativo a la partida destinada a violencia de género, Sánchez Rubio ha valorado el incremento de cuatro millones de euros «tras la presión ejercida en el Congreso de los Diputados, aunque eso no significa recuperar la inversión que se ha perdido desde ese año. Desde 2011 a 2017, a pesar de la subida, se han perdido 33 millones de euros en la lucha contra la violencia de género».

La consejera ha afirmado que, «además, los presupuestos del programa de igualdad siguen un 36% más bajos que en 2011, fecha desde la que se habrán perdido 64 millones de euros. Por tanto, incluyendo los cuatro millones anunciados, las políticas de igualdad y violencia de género en su conjunto han perdido un 16% desde 2011 en los PGE, acumulando 97 millones de euros menos de inversión en ambos programas».

Por último, la responsable de las políticas sociales en Andalucía ha detallado que en lo relativo al programa 231F (actuaciones de Plan Concertado, Plan Desarrollo Gitano y Apoyo a la Familia e Infancia) «la información previa al Consejo Territorial celebrado el 26 abril recogía la distribución de los créditos por parte del Ministerio para estos programas, distribución que no contemplaba ningún incremento en las partidas que recibiría Andalucía».

El principal impacto en estos programas se sigue produciendo en el Plan Concertado, que ha sufrido desde 2011 una pérdida de más de seis de cada die euros invertidos, un 68% menos. En Andalucía, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dejado de invertir 35 millones de euros desde 2011.

Apuesta por los ayuntamientos para reforzar la Dependencia

El acuerdo firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Motril «permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones», ha destacado la consejera, quien ha reconocido «el importante desarrollo que está teniendo el sistema de dependencia en nuestra comunidad gracias al papel de las corporaciones locales, ya que son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios, de ahí que reforcemos la colaboración entre la Junta y las corporaciones locales». La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros, que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017 (alrededor de 30.000 en la provincia de Granada).

Sánchez Rubio ha señalado que desde la puesta en marcha de este Plan, se han incorporado al sistema 10.284 personas (1.039 en la provincia de Granada) con un total de 12.882 prestaciones (1.339 en Granada). A fecha de 30 de abril, Andalucía cuenta con 185.678 personas en situación de dependencia (23.256 en la provincia de Granada, 1.168 en Motril) que se benefician de 237.909 prestaciones (30.033 en la provincia de Granada, 1.357 en Motril).

Centros de Participación Activa

La consejera ha subrayado también que este acuerdo supone un importante avance para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168 en Andalucía, 23 en la provincia de Granada) como por las corporaciones locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia. «Todo ello con el fin de alcanzar el mayor nivel de autonomía y calidad de vida», ha subrayado la consejera.

La norma plantea que las corporaciones locales garantizarán el acceso a las actividades grupales que se programen a las personas que tengan prescritos los servicios en su Programa Individual de Atención. Estas actividades se deben diseñar y realizar atendiendo a las necesidades de mujeres y hombres, sobre todo en lo relativo a la organización de espacios, horarios y contenido de las actividades programadas, así como atendiendo específicamente las necesidades de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

La financiación de dichas actividades correrá a cargo de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, quien consignará anualmente en sus presupuestos el crédito adecuado y suficiente para la financiación de los servicios.

Entrega de diplomas de biblioterapia

Posteriormente a la firma del convenio con el Ayuntamiento de Motril y su firma también en el Libro de Honor, la consejera ha hecho entrega de los diplomas de los talleres de Biblioterapia del municipio, actividades que se realizan con Faisem y el Centro de Día de Salud Mental del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril y se desarrollan en la Biblioteca Pública.

Sánchez Rubio también ha realizado un llamamiento en el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil afirmando que «desde Andalucía mantenemos el compromiso por erradicar esta terrible injusticia y trabajamos día a día por la protección de los niños y las niñas».

En esta última edición han participado 46 personas, que asisten acompañados de sus monitores y monitoras a estos talleres que se realizan desde hace ocho años y por los que han pasado más de 70 personas.

A través de la biblioterapia, como metodología, el libro y la lectura sirven como herramienta de apoyo a las actividades que se realizan. De esta forma, mediante las referencias bibliográficas se ayuda a resolver conflictos, se elaboran actividades de interés general y personal, fomentando la autoestima, el desarrollo cognitivo, elaborando estrategias grupales que estimulan y favorecen el desarrollo personal.

Heredia acusa al Gobierno de castigar a 31.500 trabajadores del campo malagueño

Miguel Ángel Heredia, ha exigido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar por qué el Gobierno no ha reducido o eliminado las peonadas necesarias para percibir el desempleo agrícola tal y como el propio Congreso ha aprobado en dos ocasiones. En una visita al municipio de Iznate Heredia ha acusado al Gobierno de Rajoy de castigar a 31.500 trabajadores y trabajadoras del campo malagueño.

“Ya está bien de machacar a los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz y malagueño. Hay 31.500 familias malagueñas que lo están pasando mal, que tienen serias dificultades para reunir esas peonadas y por eso desde el Grupo Parlamentario Socialista le vamos a exigir al Gobierno y concretamente a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que comparezca en el Congreso de los Diputados y que nos explique por qué si se ha aprobado ya dos veces en el Congreso reducir el número de peonadas necesarias para percibir el desempleo agrícola ante la sequía tremenda que estamos sufriendo no se ha hecho absolutamente nada”, ha explicado Heredia.

El secretario general del PSOE de Málaga ha recordado que durante la legislatura corta se aprobó en el Congreso de los Diputados, aunque el PP votó en contra, que se redujese el número de jornadas necesarias para poder percibir el desempleo agrícola, que actualmente es de 35 jornadas. “Hay una sequía extraordinaria. Llevamos seis años de sequía. Este año 2017 según las estadísticas del propio Gobierno de la Nación ha llovido un 13% menos que la media de los últimos diez años. Si ya es muy difícil reunir esas 35 peonadas para percibir el subsidio agrícola o la renta agraria, es prácticamente imposible para las mujeres”, ha detallado. Según Heredia, “se aprobó en el Congreso y Rajoy hizo oídos sordos”.

En la actual legislatura se volvió a aprobar en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados reducir el número de peonadas, “y a día de hoy Rajoy no ha hecho absolutamente nada”. “Nos parece esencial para los trabajadores de la provincia de Málaga y de Andalucía que se reduzca el número de peonadas necesarias porque no hay trabajo en el campo. Los trabajadores del campo no pueden reunir las 35 peonadas. Es fundamental reducirlas o incluso eliminarlas. Hemos planteado también poner un plan especial de empleo para los trabajadores del campo”, ha afirmado Heredia.

También ha criticado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, unos “nefastos” presupuestos para Andalucía, para la provincia de Málaga y también para la comarca de la Axarquía, que no incluyen un plan de empleo por parte del Gobierno de Rajoy para la comunidad andaluza.

Por su parte, el alcalde de Iznate Gregorio Campos ha recordado que desde los ayuntamientos socialistas se ha demandado al Gobierno de Rajoy tanto la necesidad de reducir las peonadas de los programas del Plan de Fomento del Empleo Agrario, antiguo PER, para que los trabajadores tengan más facilidades para acceder al subsidio, como la de incluir en los PGE un plan especial de empleo para el sector agrario. “Son medidas ambas muy necesarias para el impulso del empleo en nuestros pueblos, para fijar la población al territorio y para dotar de equipamientos públicos y servicios de calidad a nuestros vecinos”, ha dicho, al tiempo que ha criticado que “el gobierno de la derecha vuelva a dar la espalda a Andalucía con un recorte de inversiones en los PGE de un 36,6%, casi 670 millones de euros menos para nuestra tierra”.

“Los alcaldes y portavoces socialistas en todos los ayuntamientos seguiremos forzando situaciones de presión y exigiendo al Gobierno de Rajoy que no dé la espalda a Andalucía, que no dé la espalda a los pueblos, que no dé la espalda a Iznate”, ha afirmado Campos.

El PSOE pregunta al Gobierno por Mojácar

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados sobre la situación del proyecto de ampliación del paseo marítimo de Mojácar que tanta controversia está provocando entre la sociedad debido, a juicio de los socialistas, a la falta de diálogo por parte del Ayuntamiento mojaquero que dirige la alcaldesa del PP, Rosa María Cano.

Dado que la edil ha desoído las peticiones del Grupo Municipal Socialista en Mojácar y la de los propios hosteleros de la zona, y puesto que el Ministerio de Medio Ambiente es administración implicada en este proyecto, el Grupo Parlamentario Socialista, a iniciativa de los diputados almerienses Sonia Ferrer y Juan Jiménez, ha planteado al Ejecutivo varias cuestiones sobre la segunda fase del paseo marítimo.

La práctica totalidad de las alegaciones presentadas por los afectados –en su mayoría empresarios que ejercen su actividad en la playa desde hace décadas- pide un trazado alternativo al que se pretende ejecutar que mantenga el carril bici junto a la avenida Mediterráneo y que, de este modo, reduzca la anchura del paseo a su paso por las distintas propiedades y, más aún, en el caso de los chiringuitos.

En este sentido, los socialistas preguntan al Gobierno si tiene conocimiento de la situación planteada socialmente “y de las consecuencias económicas que se derivarán para el erario público y las de índole social y cultural, de mantenerse el actual precitado proyecto”.  Asimismo, los diputados socialistas cuestionan sobre la negociación que se ha llevado a cabo con la parte afectada. “¿Tiene previsto que, con objeto de limitar todos los efectos del proyecto, se inicie un dialogo con todas las partes afectadas con objeto de lograr un trazado negociado y aceptado por todos para el precitado paseo?”, preguntan.

Afectados y grupos municipales de la oposición, entre ellos el Socialista, han planteado alternativas al actual trazado de ampliación del paseo marítimo. Los parlamentarios socialistas preguntan al Ejecutivo si se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar dicho proyecto.  “Nos parece interesante contar, para un proyecto de esta envergadura, con las personas afectadas puesto que sus negocios y sus vidas se verán alterados”, ha subrayado la diputada socialista, Sonia Ferrer.

Con el fin de conocerlo de primera mano, Ferrer ha asistido a un reciente encuentro con los empresarios de los chiringuitos de Mojácar damnificados por la ampliación del paseo marítimo. En él estuvo acompañada del portavoz del Grupo Municipal Socialista de la localidad, Manuel Zamora, y de otros representantes de grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Mojácar.

“La preocupación de los empresarios es máxima y lo que pedimos es que, al igual que hemos hecho nosotros, su voz sea escuchada y tenida en cuenta puesto que lo que está en juego son sus negocios, décadas de trabajo que no se pueden ir por la borda por falta de diálogo e interés por parte de las administraciones implicadas en el proyecto”, ha reclamado Sonia Ferrer.

Nuevo caso de terrorismo machista en Granada

El terrorismo machista no para y las mujeres siguen siendo asesinadas en este país mientras desde las autoridades se continúa sin proteger a las víctimas. Esta vez ha sido en Granada, en Las Gabias. Eran casi las 5 de la madrugada cuando un varón ha matado a su ex pareja de un disparo con su escopeta.

Tras el atentado, tras ver que había logrado su objetivo, el hombre huyó a la capital granadina en su coche donde se entregó en la Comandancia de la Guardia Civil.

Los datos de la provincia de Granada dejan claro que no se está haciendo todo lo que se debe hacer para proteger a las víctimas: del total de denuncias presentadas, sólo en un 19% se concedió una orden de protección y sólo un 30% derivó en una orden de alejamiento. Esto no puede permitirse en un cualquier Estado democrático. Esto no puede consentirse. Las mujeres no pueden ser abandonadas a su suerte. El Estado es el responsable de protegerlas con todos los medios que hagan falta, con todos los recursos que sean menester. Que las mujeres sigan siendo asesinadas hace responsable al Estado de sus muertes por dejación de sus obligaciones para con sus ciudadanos.

Los sindicatos se movilizan contra la precariedad del PAS universitario

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT suscribieron el pasado 29 de marzo con el Gobierno el “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”, dirigido a la dotación y estabilización de más de 300.000 puestos de trabajo en diversos sectores de la administración, incluidas también las universidades públicas. Dicho acuerdo preveía, adicionalmente a la Oferta de Empleo Público Ordinaria, la convocatoria durante los tres próximos años de plazas de estabilización de hasta un máximo del 90% de aquellas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante los últimos años.

Las universidades públicas, pese a la elevada precariedad que sufren, quedaron inicialmente excluidas de esta posibilidad de estabilización laboral. Frente a ello los sindicatos han venido reclamando la incorporación del conjunto del personal de las universidades (Personal de Administración y Servicios y Personal Docente e Investigador) a la posibilidad de estabilización del empleo temporal. Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de PGE 2017 lograron que se incluyera en dicha previsión de estabilización al Personal Docente e Investigador, pero nuevamente ha sido postergado y excluido de la estabilización el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades.

En un comunicado conjunto las tres fuerzas sindicales consideran que «las universidades constituyen instituciones de servicio público integradas, a cuyas finalidades docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento contribuyen coordinadamente todos los colectivos profesionales que trabajan en ellas, incluidos tanto el PAS como el PDI. Por ello, valoramos que la exclusión del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la vía de la estabilización laboral es absolutamente irracional e injusta, y que debería ser subsanada durante la tramitación y final aprobación del Proyecto de Ley PGE 2017 por parte del Senado.

» Con la finalidad de concienciar al Gobierno y a los diversos grupos políticos acerca de ello, los sindicatos firmantes de este escrito convocamos una campaña conjunta de movilizaciones contra la precariedad laboral y en defensa de la incorporación a la vía de la estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la universidad, a la que invitamos a sumarse a todos los colectivos profesionales de las universidades públicas.

» Esta campaña sindical se concretará a partir de las acciones siguientes:

  • Realización en las universidades de asambleas informativas conjuntas, con la finalidad de que los representantes sindicales expliquen el problema laboral que se derivaría de la exclusión del PAS de la estabilización laboral durante los próximos años.
  • Propuesta de adopción de resoluciones de apoyo a esta campaña por parte de las Juntas y Comités de Empresa tanto del PAS como del PDI en todas las universidades públicas; y traslado de dichas resoluciones a los Rectores, Presidentes de los consejos sociales de las universidades, Consejerías responsables de universidad en las diversas CCAA, Ministro de Educación y responsables de universidad de los grupos políticos en el Congreso y en el Senado.
  • Convocatoria de una concentración para el día 22 de junio a las 12 h. de delegados sindicales y del conjunto del personal universitario a las puertas de los rectorados de las universidades.

» Invitamos a todo el personal de las universidades, a todos los sindicatos con representación en este ámbito y a los propios responsables de las universidades a sumarse a estas iniciativas contra la precariedad laboral y en defensa de la estabilización del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades públicas.