lunes, 5 mayo, 2025

Se eleva al máximo el nivel de alerta por terrorismo machista

Molina de Segura, Collado Villalba y Madrid son noticia por convertirse en escenarios de atentados de terrorismo machista. En menos de 24 horas tres mujeres han sido asesinadas y, como siempre ocurre, nadie ha hecho nada por evitarlo.

En Molina de Segura, provincia de Murcia, una mujer de 31 años de edad fue asesinada con un cuchillo de caza en el centro Astrade de esta localidad. El cuerpo fue encontrado por una cuidadora que entró a trabajar para dar el relevo y vio a su compañera tumbada en el suelo sobre un gran charco de sangre. En el mismo lugar se encontraba el cuerpo de su asesino, un conserje del centro, que se había ahorcado. Según testigos presenciales, el ensañamiento y el número de cuchilladas fue tal que se podría catalogar de que fue una carnicería. No había denuncias previas, pero, según fuentes cercanas, ambos mantenían una relación que la mujer quiso terminar. El hombre, por su parte, estaba casado con otra mujer.

En Diario16 Mediterráneo ya informamos de lo ocurrido en el barrio de Ciudad Lineal de Madrid donde una mujer fue presuntamente estrangulada por su marido.

En el pueblo de Collado Villalba una mujer de 37 años apareció muerta con signos de extrema violencia en una vivienda. Los agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar tras denunciar el dueño de la vivienda que había escuchado ruidos en el interior y allí encontraron el cuerpo de una mujer maniatada, amordazada con cinta americana y con una bolsa en la cabeza. La Guardia Civil ha detenido precisamente a la pareja que fue quien llamó a los agentes por haber escuchado ruidos en su vivienda.

Tres mujeres asesinadas en menos de 24 horas y nadie ha hecho nada. Si esos asesinatos se hubieran producido en otro ámbito, en otro escenario, el Gobierno ya hubiera reunido a un gabinete de crisis o hubiese modificado el nivel de alerta antiterrorista. Como estos asesinatos se han producido por violencia machista, no hace falta. Se inician investigaciones individuales en cada uno de los casos y se abrirán expedientes independientes.

Parece que el Gobierno de España no está entendiendo de que no estamos ante casos aislados, independientemente del número que sea. El terrorismo machista es un fenómeno global, un fenómeno que ha de ser tratado con la misma intensidad con que se combatió y analizó el terrorismo de ETA o se está analizando y combatiendo el terrorismo yihadista. Si esta cadena de asesinatos de estas últimas veinticuatro horas tuviera causas de carácter político y religioso el nivel de alerta antiterrorista se hubiera subido, se habrían aumentado los recursos para prevenir nuevos atentados e, incluso, el Ejército estaría en las calles acompañando a la Policía o la Guardia Civil. Sin embargo, las mujeres asesinadas por violencia machista son víctimas de segunda o de tercera. Y esto lo estamos viendo en el modo en que se están desarrollando la Subcomisión del tan cacareado Pacto de Estado.

El terrorismo machista es un tema secundario para el Gobierno y lo demuestra el hecho de que en las partidas específicas para este prevenir esta lacra sólo se destina un 0,01% de la partida de gastos prevista en los Presupuestos Generales de Estado que se aprobarán a partir del día 29 de mayo. El principal problema es que, a diferencia de lo ocurrido con el terrorismo de ETA, el terrorismo machista no es una cuestión de Estado. Cada vez que asesinan a una mujer todas las instituciones del Estado se dan golpes de pecho, pero luego, a la hora de la verdad, no se hace nada.

Un país civilizado no puede permitir que haya juzgados que, por defecto, rechacen más del 90% de las solicitudes de orden de protección; un país civilizado no puede permitir que las fuerzas de seguridad no tengan recursos para investigar, localizar, detener, prevenir o adelantarse a los crímenes; un país civilizado no puede permitir que a los maltratadores se les deje con libertad de movimientos sin un control por parte de las autoridades porque hacerlo pone en peligro la vida de las mujeres o de sus hijos; un país civilizado no puede permitir que no se den soluciones habitacionales para las mujeres víctimas de violencia machista, soluciones que les abran una puerta para rehacer su vida, una puerta que muchas ven cerrada y que en muchos casos es la causa para que no den el paso para abandonar a sus verdugos; un país civilizado no puede permitir que todo el sistema de protección se inicie cuando se pone una denuncia cuando hay multitud de casos de violencia del que tienen conocimiento los servicios sociales y en los que se deja a la víctima totalmente desamparada por no poder entrar de oficio a protegerla.

En un país civilizado, una cadena de asesinatos como la de este fin de semana habría provocado que se activaran todas las alarmas. Pero todo se quedará en un minuto hipócrita de silencio y mañana todo quedará olvidado.

 

Espejel ocultó en su relación de méritos que aprobó oposiciones a juez de distrito

Tal y como contábamos ayer en Diario16 Mediterráneo Concepción Espejel accedió a la carrera judicial por la puerta de atrás, aprobando una oposición menor para Juez de Distrito, una oposición con una quinta parte menos de dificultad que la de Juez de Instrucción. Esto fue posible porque la señora Espejel se aprovechó de la unificación de la carrera judicial que fue aprobada durante el último gobierno de la UCD. En concreto, Concepción Espejel aprobó sus oposiciones a juez de distrito en la última convocatoria porque, a partir de 1982 ya no se volvieron a convocar por dicha unificación.

Sus méritos en la oposición aprobada, repetimos, una oposición menor, tampoco fueron muchos porque de 80 aprobados ella ocupó el lugar 35.

El problema no es ya que Concepción Espejel hubiera entrado en la carrera judicial por la puerta de atrás o a través de una oposición menor, lo que le resta méritos respecto a los otros candidatos a ocupar la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sobre todo respecto a la magistrada Manuela Fernández Prado, sino que, según documentación consultada por Diario16 Mediterráneo, Concepción Espejel ocultó el modo en que accedió a la carrera judicial en su relación de méritos: «Ingresé en la Escuela Judicial por acuerdo del CGPJ de fecha de 3 de diciembre de 1982». En la entrevista realizada ante la Comisión de Calificación a la Presidencia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para exponer los méritos, Concepción Espejel también ocultó que sólo había aprobado la oposición a Juez de Distrito afirmando lo siguiente: «En cuanto al currículum voy a ser muy breve, voy a resaltar sólo unas pinceladas. Me licencié en derecho en 1981 por la universidad de comillas. Ingresé en la carrera judicial en diciembre de 1982. Llevo por tanto ejerciendo más de 34 años en la jurisdicción». El vídeo completo de la entrevista lo pueden consultar AQUÍ.

Como pueden comprobar, ni una mención al modo en que accedió a la carrera judicial. ¿Mintió Concepción Espejel? No, no mintió, pero ocultó un dato que le hubiera restado méritos frente al resto de candidatos.

Esto demuestra que el nombramiento de Concepción Espejel, una juez que ha sido recusada en dos ocasiones por afinidades políticas con el Partido Popular, está justificado en base a esa afinidad política con el PP y no tanto por sus méritos profesionales, méritos que, a la vista de la documentación, son bastante menores que los del resto de candidatos, sobre todo de la magistrada Manuela Fernández de Prado quien ha ejercido en la misma sala que va a presidir Espejel durante más de 25 años. ¿O es que los candidatos que acompañaban a Espejel tenían el mismo papel que los dos acompañantes de la terna que presentaba Franco al Consejo del Reino para elegir Presidente de Gobierno porque ese nombramiento ya lo había determinado el propio Franco?

Relación Méritos presentada por Concepción Espejel

PP y PNV acercan posturas en el acercamiento de presos de ETA

Al fin la cordura se ha apoderado en el Partido Popular en lo referente al acercamiento de los presos etarras a cárceles próximas a Euskadi. Según informa la Cadena SER, el PP y el Partido Nacionalista Vasco están aproximando posturas para llegar a un acuerdo que finalice con una política de dispersión de presos que ya no tiene ningún sentido por más que desde ciertos sectores se presione para que no sólo se mantenga, sino que se endurezca. Casualmente, esos sectores están representados por personas que se han aprovechado del terrorismo de ETA para medrar, se han aprovechado de los mensajes de odio y venganza para escalar y conseguir una notoriedad que por sus propios méritos hubiera sido imposible lograr.

La información de Ana Terradillos expone que el acuerdo marco establece que los presos de ETA serán trasladados a cárceles que no se encuentren a más de 250 kilómetros del País Vasco siempre y cuando esos presos acepten una serie de condiciones, la principal, aceptar la ley penitenciaria española. Se han establecido diez prisiones, entre las que destacan las situadas en León, Soria, Zaragoza o Burgos, todas ellas a menor distancia de la establecida y acondicionadas para poner en práctica los programas de reinserción que se recoge en la ley penitenciara.

No hay una fecha concreta para empezar a realizar este movimiento, pero fuentes consultadas por la Cadena Ser afirman que los primeros pasos se podrían comenzar a dar en menos de un año.

Mantener la política de dispersión de presos era una anomalía legal y moral porque, cuando el gobierno de Felipe González la implementó, España se encontraba en los años más duros de la actividad terrorista. Sin embargo, ETA lleva sin matar a nadie desde el año 2011 y ya ha dado pasos tanto de cese definitivo de la lucha armada como de desarme. Ahora mismo no tiene sentido el mantenimiento de la dispersión porque ya no hay que romper ninguna conexión con ETA y el hecho de que aún haya más de 250 presos en cárceles españolas con distancias superiores a los 500 kilómetros respecto a sus hogares es ya un castigo que se está aplicando a las familias.

Sin embargo, el Partido Popular va a tener complicado explicar el giro en su política penitenciaria. En este país ha habido demasiada gente que se ha aprovechado de la existencia de ETA y, una vez que la banda terrorista va a desaparecer, no pueden permitir que salga de la actualidad. Lo estamos viendo con los casos de presunto enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales o coartar el derecho a la libertad de expresión por unas más que dudosas injurias a las víctimas.

Cuando ETA, los Grapo o FRAP asesinaban la derecha o la ultraderecha de este país utilizaron de manera constante el argumento del terrorismo como herramienta política. Ya durante la Transición, en las manifestaciones que Fuerza Nueva organizaba en casi todos los funerales de asesinados por la acción terrorista, se agitaban dos argumentos: la unidad de España y las víctimas del terrorismo. Durante la democracia los españoles fuimos testigos de cómo el Partido Popular de José María Aznar (quien, por cierto, también es víctima) utilizó políticamente a las asociaciones de víctimas. No hay más que recordar las palabras del ex presidente en el Parlamento responsabilizando a Felipe González de todos y cada uno de los asesinados por ETA. Lo mismo podemos decir de partidos experimentales como UPyD que se hicieron fuertes agitando el mismo discurso.

También es destacable cómo muchas víctimas o familiares de víctimas han medrado políticamente gracias a la memoria de los muertos. Muchos de estos son los que más agitan el fantasma de ETA porque con la ausencia de la banda terrorista de la actualidad su presencia en la primera línea deja de ser imprescindible y ya no da rédito político.

El Partido Popular está en el camino correcto y no debe plegarse a las presiones de los sectores más ultras de su organización ni de las personas que se han aprovechado del dolor para ganar notoriedad.

Un empleado gana al Santander el primer pleito laboral por vulnerar derechos fundamentales

ALICANTE (D16) Es la primera vez que el Banco Santander ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales y la indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios morales a un empleado en la oficina de Alcoy es relevante (la mayor parte de las veces es simbólica y en otras no pasa de 10.000 euros).

 

El mobbing o acoso laboral como forma de violencia psicológica con deterioro de salud se ha acreditado en este caso y la ‘maldad’ del Banco con el traslado constante del actor, parece que también, según opinan los expertos en Derecho Laboral consultados, que ven esta resolución como un gran precedente de jurisprudencia en el sector bancario ya con miles de prejubilaciones, bajas incentivadas y despidos improcedentes.

El célebre y condecorado letrado laboralista murciano Antonio Checa de Andrés (en la imagen) le ha ganado al Banco Santander, en lo calificado por los especialistas como ‘un gran pleito laboral’ por la puerta que se abre para otros empleados de banca en las mismas o muy parecidas circunstancias sufridas o por sufrir.

Ahora, en una sentencia de 26 folios, la magistrada del Juzgado nº 7 de lo Social en Alicante, Aurora Gutiérrez Gutiérrez, admite parcialmente las pretensiones en su demanda del empleado, Javier Fernández de Diego, y declara nulo su traslado forzoso a la provincia de Tarragona por lo que supone de vulneración de derechos fundamentales así como la reposición en su original puesto de trabajo de Alcoy en las mismas condiciones que regían antes de su último traslado forzoso y contra su voluntad, con la advertencia en el fallo de que debe cesar toda conducta vulneradora del derecho del demandante, condenando igualmente a Banco de Santander a una indemnización de 50.000 euros como reparación por los daños morales causados al actor, que lleva más de un año en tratamiento médico.

La demanda fue interpuesta el día 6 de junio de 2016 por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y contra el Banco de Santander y dos de sus responsables de RR. HH., así como contra los representantes de la sección sindical por UGT, CC OO, STS y FITC, que han quedado absueltos en el citado fallo que declara nulo de pleno derecho el traslado forzoso impuesto a Javier Fernández de Diego como el último escalón de un largo proceso de acoso laboral desde la cúpula regional de la entidad con sede en Valencia.

Todo comienza cuando el actor solicita a su empresa un traslado a Murcia o inmediaciones cuando sea posible por ser allí donde reside su futura esposa con la que muy pronto iba a contraer matrimonio, consigue incluso por conciliación familiar solicitar la permuta de su puesto con la de un compañero destinado en Lorca que deseaba un puesto en la provincia de Alicante. Y todo por parte del actor para evitar hacerse a diario 270 kilómetros con el riesgo vial añadido que eso supone. No recibe respuesta a sus múltiples requerimientos en ese sentido pese a que su evaluación de 2011 y 2012 sugiere que posiblemente aumentaría de rendimiento si fuese destinado a una localidad cercana a su lugar de residencia en Murcia.

A partir de ese momento Banco Santander le rebaja de categoría, aunque le mantiene la retribución de director de oficina que había alcanzado, primero en la sucúrsal 3354 en Alcoy y posteriormente la oficina 3894 en Jávea. Y empieza para De Diego un peregrinar constante por oficinas de la entidad en la zona de Alcoy-Ibi-Cocentaina sin parangón con otros compañeros, que le llevan a solicitar una primera baja médica por ansiedad, aunque luego vendrían otras por trastornos depresivos ratificados por informes médicos psiquiátricos e informe pericial. Mientras, se producen cinco traslados a Murcia por comisión de servicio y a puestos de su nivel, pero el actor queda excluido de ellos.

En esa circunstancia y, ante la absorción de Banesto por el Santander con el consiguiente ERE, se le ofrece una baja incentivada que el actor no había solicitado ni aceptaba por lo que, aduciendo necesidades del servicio es trasladado a la sucursal 3442 en una pequeña localidad agrícola de Tarragona, Mont-Roig del Camp, a unos 500 kilómetros de Murcia, donde en una vivienda hipotecada con el Santander propiedad de ambos, reside y trabaja su esposa e hija ya escolarizada en guardería, sin que la sección sindical del banco accediese a plantear su caso a la dirección regional de RR . HH. de Banco de Santander en Valencia, que adujo era contraproducente hablar del mismo.

Ahora De Diego se muestra dispuesto a renunciar a la indemnización de 50.000 euros impuesta por la magistrada de lo Social al Banco de Santander, a cambio de conseguir su anhelado traslado a Murcia o localidad colindante, que le permita conciliar por fín su vida familiar con su empleo.

Un abogado laboralista muy reconocido

Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, de origen jiennense Antonio Checa de Andrés es abogado en ejercicio, adscrito al Iltre. Colegio de Abogados de Murcia, desde el 21 de enero de 1971, con dedicación exclusiva al Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Recibió en 2013, la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort en reconocimiento a una larga trayectoria profesional jalonada de éxitos en los juzgados y tribunales de la jurisdicción de lo Social de toda España.

Ya había visto reconocida esta trayectoria en 2006 al recibir la exclusiva medalla al Mérito al Servicio a la Abogacía, concedida por el Consejo General de la Abogacía Española el 10 de julio de ese año.

En los más de 45 años de ejercicio profesional, Antonio Checa de Andrés ha intervenido en más de 15.000 juicios ante los Juzgados de lo Social de casi todo el territorio nacional, Tribunales Superiores de Justicia, así como en las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional.

Este letrado tiene una acreditada competencia profesional archi demostrada en su área de conocimiento, hasta crear sólida jurisprudencia algunas de sus argumentaciones razonadas jurídicamente en recursos, caso del contrato de trabajo fijo-discontinuo para trabajadores agrícolas y de actividades productivas no continuas a lo largo del año.

David Vidal, el motivador del Lorca

Si algo destaca en la capacidad de David Vidal como entrenador de fútbol es la motivación. Para motivar a jugadores, que podrían ser considerados “pequeños”, este genio gallego-gaditano es único. Habla claro, cortita y al pie en su relación con ellos. Un Lorca que, a pesar de estar colíder en su grupo de Segunda División B, iba hacia abajo fue cogido por Vidal para lo más complicado. Ganar el grupo IV  y poder aspirar a ascender por la vía de los campeones. El Albacete tendrá otra oportunidad, pero el Lorca ya es equipo ascendido.

Cádiz, su querida Cádiz, fue quien le dio la oportunidad de estrenarse como entrenador de élite. En los años de Mágico González, destacaba en la banda por su oficio y locuacidad un entrenador que hablaba gaditano con acento gallego. Allí comenzó Vidal una vida dedicada al banquillo con sufrimiento. Porque sufrimiento es lo que ha pasado Vidal siempre. Salvo las dos temporadas que logró que Las Gaunas vibraran como nunca con el Logroñés, siempre se las ha tenido que ver con descensos de categoría. La gran injusticia, todo hay que decirlo, se produjo en Murcia cuando salvó al equipo de bajar a Segunda B y al año siguiente (2002-2003) lo ascendió a Primera prescindiendo de sus servicios.

Ha sido de nuevo en tierras murcianas cuando ha destapado el tarro de las esencias para llevar al equipo lorquino a la categoría de plata del fútbol español. Después de dar las gracias a sus jugadores, a los que siempre trata de defender en las buenas o en las malas, ha expresado que gracias al Lorca se ha reencontrado con el fútbol, ese que “nunca tenía que haber salido”.

David Vidal ejemplifica ese entrenador de ladrillo y hormigón armado, de ducha fría y banquillo roto que tanto existe en nuestro fútbol. El oropel queda para muy pocos y son los entrenadores como él los que dignifican la profesiones. Meses sin cobrar (como le ocurrió en el Xerez) pero ilusión con sus muchachos por disfrutar de lo que es un deporte y nada más. Eso sí, temperamento todo. Aunque no es de esperar que aquellos gritos en el banquillo de “negro corre” fuesen hoy bien vistos por lo políticamente correcto.

Diego Conesa puede convertirse en el candidato autonómico por el PSRM-PSOE

El alcalde de Alhama, Diego Conesa, un firme defensor en Murcia del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, parece perfilarse como futuro candidato de su partido a la presidencia de la región murciana. Así lo apuntan distintas fuentes socialistas tras los últimos resultados internos y después de conocer la lista de delegados al próximo Congreso Federal.

Por su parte, la actual diputada nacional por Murcia, María González Veracruz podría convertirse en la futura líder regional orgánica, en un calificado “movimiento táctico” de Sánchez para hacerse con los votos afines a Patxi López para contar con su apoyo en la confección de la próxima Ejecutiva Federal. Además, González Veracruz mantendría su condición de parlamentaria y serviría de “hilo directo” con la futura Ejecutiva nacional. Las mismas fuentes recuerdan que González Veracruz decidió apoyar a López en las pasadas elecciones primarias socialistas, de ahí “la predilección” por Conesa a la hora de decidir quién será el cabeza de lista para el Parlamento Regional.

De esta forma quedarían descartadas las aspiraciones de distintos militantes del PSRM-PSOE procedentes de algunas localidades que han mostrado su deseo de encabezar las futuras listas regionales, entre ellos Roberto García, —ex alcalde de Beniel—, Joaquín López, —actual parlamentario en Cartagena—, la concejala lorquina Marisol Sánchez Jódar, seguidora de Pedro Sánchez desde sus tiempos en que coincidieron en el Congreso de los Diputados.

De momento solo queda por saber cuál será la decisión del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados donde existe una división interna para apoyar a Pedro Sánchez. De ahí las reuniones y conversaciones mantenidas entre ambos sectores con el objetivo de conseguir el apoyo de los partidarios de Patxi López, que se convierte así en la “bisagra” necesaria para que Sánchez pueda ver ratificada su victoria en las primarias.

 

Podemos pide dimisiones a la Junta por la indemnización del Nevada

Podemos Andalucía ha solicitado a los responsables de la Junta de Andalucía que se deben depurar las responsabilidades por la indemnización de 165 millones de euros que se debería pagar al promotor del Centro Comercial Nevada de Granada. Ese dinero, subrayan desde Podemos, al final saldrá del bolsillo de la ciudadanía. Esto demuestra, dicen en la formación podemita, el “descontrol interno de la Junta y la mala organización”. De la que es muestra el caso del Nevada.

En su momento el juez de la sala de Lo Contencioso Administrativo, 28 de abril de 2014, ya expresó en la sentencia que la Junta dejó precluir los plazos oportunos para la impugnación, de haberlo hecho en tiempo y forma se hubiese evitado el “daño al interés público”. La sentencia Toledano, conocida así por el apellido del juez, ha servido de sustento para los 165 millones de euros que deberá abonar la Junta al promotor Tomás Olivo. Los ocho años por los que la Junta tuvo parada la construcción del centro comercial deberán ser indemnizados. La cantidad se ha basado en unos informes periciales del empresario que la Junta no rebatió porque sus abogados no asistieron a la vista judicial fijada el pasado 6 de junio de 2016, hecho que el TSJA ha destacado y censurado duramente en su sentencia de hace unos días.

Una clara falta de dejadez institucional y administrativa que es, justamente, lo que critican desde Podemos. La Junta, según las sentencias, no veló en su momento (2005) por la legalidad urbanística. Pero, aunque, inició el proceso de paralización de las obras en 2006, que es lo que ha dado lugar a los ocho años de indemnización, mantuvo la administración andaluza una parálisis administrativa total que ha dado lugar a toda esta situación. Al final el TSJA declaró que no eran ilegales las obras y de ahí la solicitud de compensación económica del afectado.

Con independencia de las posibles irregularidades urbanísticas (hubo sentencias penales contra promotor y munícipes en 2010 y 2011), y que el Ayuntamiento de Armilla concediese la licencia de obras para construir, el TSJA tuvo que confirmar su vigencia al no haber sido impugnada por la Junta de Andalucía por los cauces y en los plazos que establecen las leyes. No actuaron con celeridad para anular la licencia y han generado este grave despilfarro para las cuentas andaluzas.

Carmen Lizárraga ha atacado al gobierno de Susana Díaz por una gestión que consideran “ineficiente, antieconómica y antisocial. Sale muy caro que pasen estas cosas y que sus responsables se vayan de rositas”. El “despropósito” será parte del Pleno parlamentario pues son varias las preguntas que llevará Podemos en este sentido. “La Junta no movió un dedo para solventar la situación y no es más que otra muestra del funcionamiento ineficaz de los controles de la Junta” ha sentenciado Lizárraga.

 

 

Movilizaciones sindicales en Fujitsu

José Lozano, secretario de general de Industria de Málaga y miembro del comité de empresa, ha señalado que el conflicto colectivo viene derivado del nulo interés de la empresa, pese a sus buenos resultados económicos, “a revisar los salarios y mantener el poder adquisitivo de los miembros de los componentes de la plantilla”.

La temporalidad en la contratación también es motivo de disputa entre empresa y sindicatos. Entienden desde CCOO que existe una excesiva temporalidad en el trabajo que se contrapone con la alta carga de trabajo que tienen. Esa gran carga no puede ser cubierta por la plantilla fija por lo que acuden a la temporalidad constante, algo que podría verse reducido si se diesen más contratos fijos. No hay intención, denuncian, de adecuar la alta producción que existe dentro de la empresa con las contrataciones de plantilla fija. Las variaciones de producción deberían ser las que marcasen la temporalidad, al contrario de lo que viene sucediendo.

Unos datos que contrastan con el ERE que este mismo año quiso poner en marcha Fujitsu a nivel nacional y que en abril ya provocaron movilizaciones. Alta producción cubierta con empleados temporales y mientras tanto intentos de presentación de un ERE para liquidar plantilla fija y de más edad. Así denunció CCOO en abril la injustificada causa económica para poner en marcha el Expediente de Regulación de Empleo que se pretende.

Para Lozano, además, la empresa “no se compromete con sus empleados, ni en cuanto a estabilidad, ni a un reparto más justo y equitativo de los resultados económicos de la empresa” y todo ello “pese al esfuerzo y compromiso de la plantilla en los últimos años”. Una semana de conflicto en Málaga por tanto.

 

Quejas del PSOE almeriense por nula participación

Los integrantes del PSOE de la capital almeriense se quedaron boquiabiertos cuando se aprobó en la Comisión de Economía, Organización y Promoción de la ciudad una inversión cercana al millón de euros para el Patronato Municipal de Deportes. Los integrantes socialistas del PMD nada sabían de esta inversión tan importante para las arcas municipales. Ni se les consultó, ni se les informó.

Por este motivo el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Indalecio Gutiérrez, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de utilizar como si fuera “una comparsa” el Patronato Municipal de Deportes de la ciudad, “al no permitir que sus miembros puedan implicarse en las decisiones municipales que afectan a su funcionamiento y a las inversiones en esta materia”.

“El alcalde no muestra el más mínimo interés en avanzar hacia la participación, no ya de forma global, como se hace en otras ciudades, mediante consultas ciudadanas por internet, sino ni siquiera entre representantes de colectivos, como sucede con los miembros de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que son los agentes sociales y políticos de Almería”, ha manifestado Gutiérrez.

Ha criticado con vehemencia que el Partido Popular haga una política de “Juan Palomo que la sociedad ya no quiere”. Lamentan profundamente que se constante esa actitud de ocultismo que tienen en el ejecutivo local. “Desde el PSOE hoy nos preguntamos  qué ha pasado con las reivindicaciones de los ciudadanos y ciudadanas que practican deporte en los espacios municipales y por qué el PP no ha utilizado la vía de la Junta Rectora del Patronato para canalizarlas y darles respuesta” ha preguntado Gutiérrez.

Por último, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular “que esta falta de respeto a la sociedad civil, representada a través de las organizaciones políticas y sociales, no vuelva a repetirse y que las decisiones que tengan que ver con el Patronato Municipal de Deportes cuenten con el máximo consenso y eso significa, con el visto bueno de los miembros de su Junta Rectora”.

 

Mujer detenida en Tarifa por tráfico de drogas

Miembros de la Guardia Civil han llevado a cabo la detención de una mujer de 36 años que llevaba varios paquetes de droga adosados al cuerpo. Se le atribuye, en principio, un delito contra la salud pública. La detención se produjo durante el proceso de filtración, en el puerto de Tarifa, de pasajeros que desembarcan procedentes de Tánger.

Según informa Europa Press, los miembros de la Guardia Civil vieron a una mujer que levantaba sospechas y que estimaron podía llevar droga escondida. La trasladaron a las dependencias habilitadas para los registros corporales y descubrieron que transportaba tanto dentro del sujetador como por dentro de la faja dos kilogramos de hachís.

Se procedió a la detención de la mujer, a la apertura de diligencias y a la puesta a disposición judicial de la detenida y los dos kilogramos de droga. Ahora deberá ser el juzgado y la fiscalía quienes determinen lo que sucederá con la detenida. Es un caso más de la utilización de mulas en todos los puertos de la zona de Cádiz y del resto de España.