domingo, 27 abril, 2025

El nuevo ludismo debe acabar con los smartphones

A comienzos del siglo XIX surgió el movimiento ludista, el cual quería acabar con las máquinas que reemplazaban el trabajo humano. No solo hubo proletariado sino pequeña burguesía artesanal que apoyó un movimiento que tenía visos de acabar en el rincón de la historia. En la actualidad los ludistas, de existir, deberían tener como objetivo acabar con los smartphones. No sólo destruye puestos de trabajo, sino que imbeciliza a las personas y es un mecanismo enorme de control.

Que existe gente con carencias importantes —que en nada se asemejan a las discapacidades—, como cualquier Isidoro de la vida, es algo obvio. Con bajar a la calle y darse una vuelta se pueden encontrar a esas personas limítrofes. El problema es que ahora los smartphones han ampliado esa imbencilidad de las personas. Cuanto más tiempo se pasa delante de un smartphone, más tonta es la persona. Las capacidades cognitivas sufren un proceso de desgaste enorme, se pierde todo tipo de atención, el lenguaje se reduce, pese a que esa persona pueda ser estudiada, y el análisis racional sale por la puerta de la misma forma que entra la estupidez. El smartphone es una máquina de hacer imbéciles.

Si lo piensan bien, el smartphone no tiene ninguna ventaja respecto a un ordenador. Se pueden hacer las mismas cosas, sino menos, y se vive esclavizado con respecto a un artefacto electrónico. El abuso de cualquiera es algo de lo que no se es consciente. Esas personas que se cabrean porque no has leído en mensaje que te enviaron o no les ha cogido el teléfono. Una invasión de la privacidad totalitaria pero que la mayoría ve como normal. Y no, no es normal. Por tener un smartphone no se tiene que estar disponible durante todo el día a cualquier pelagatos.

Se quejan de las redes sociales los avispados analistas, lo hacen porque no las pueden controlar, pero que cualquier gobierno te obligue a tener que relacionarte con él mediante el cacharrito, mientras aumentan el número de funcionarios paradójicamente, sepas o no sepas utilizarlo es dictatorial. Pagas impuestos para que te traten como un mero número sin ganar el eficacia. Entonces ¿para qué sirve el smartphone en lo público?

Y ¿qué decir de la banca? No sólo inflan a comisiones sino que obligan a descargarse aplicaciones propias para realizar cualquier gestión, poniendo en riesgo el patrimonio de cualquier usuario que tenga un descuido, porque no están preparados para estar alerta constantemente. Pero a nadie le parece mal, incluso lo ven bien. Y aquí sí se han perdido puestos de trabajo y se han cerrado oficinas en toda la geografía española.

Esto que sirve de ejemplo para España es similar fuera de ella. En todo el mundo lo smartphones están imbecilizando a las personas desde su más tierna infancia. Entre otras cosas porque los padres, entre que no ejercen de progenitores y son los que se dejan llevar por la corriente, entregan un arma peligrosa a críos de 10 u 11 años, o menos. El signo de distinción es el smartphone, no una chupa de cuero o vaquera, no una camiseta de tu equipo, no, una puñetera máquina que sirve para controlar al ser humano y además le lleva a perder cualquier tipo de capacidad intelectual. Cuanto más imbéciles, más fácil dominarlos.

Brujas mágicas

Hubo un tiempo en que los sorteos de las competiciones no se parecían en nada a cualquier programa cutre de televisión (la mayoría). Llegaba el secretario del organismo, como mucho presentaba a alguien que ejercía de “mano inocente”, pero sin necesidad de entrevista o lamida de culo, se sacaban las bolas, frías y calientes, y a otra cosa. Hoy no. Hoy se tiene que hacer el tolili, montar un espectáculo y exagerar hasta lo extremo… ¡¡¡a horarios que la gente normal trabaja!!!

La cosa rara del acto del sorteo de semifinales de la Copa del Rey, de España, ha tenido la presencia de un mago, Carlos Fortuna. Ha hecho sus trucos, ha intentado ser gracioso y ha jugueteado con las “manos inocentes”, que de inocentes tenían poco porque habían jugado en alguno de los equipos semifinalistas. Tras estos fastos inútiles, la diosa Fortuna ha emparejado a la Real Sociedad con el Real Madrid y al FC Barcelona con el Atlético de Madrid. Parece cosa de brujas.

Ya en la anterior ronda quedaron los equipos, casualmente, emparejados con aquellos de más proximidad. Casualmente (guiño, guiño) algunos de esos equipos estaban jugándose puestos en la Chapions: el FC Barcelona quedar primero o segundo; el Atlético de Madrid entrar entre los ocho primeros y evitar la ronda de dieciseisavos —¿quién ha sido el inútil (o inútiles) al que se le ha ocurrido llamarla play-in o play-off?—; y el Real Madrid, en realidad el equipo blanco no se jugaba nada porque las opciones que le daban algunos estadísticos de la nada eran menos que las que tiene un español en publicar una novela en una gran editorial antes que un sudamericano. Causalmente no tuvieron que viajar.

Ahora llegan las semifinales y las brujas vuelven a hacer de las suyas. El supuesto peor equipo, eso dicen algunos, le ha caído en suerte al de siempre, el equipo del centro mundial del mal. Barça y Atleti se jugarán la otra semifinal. Además, casualmente el equipo de los iluminati mundiales jugará la vuelta en casa. En la otra es el Atleti. Las brujas mágicas han hecho su trabajo nuevamente. Pareciera que Rafael Louzán quisiese, como buen madridista, una final entre los clásicos contendientes de los últimos años. O como mal menor un derbi. Eso parece o ha sido cosa de las brujas mágicas que siempre tienen esa tendencia a emparejar las cosas del mismo modo.

Igual se encuentran con una final que no quiere nadie. De esta forma se podría vengar el atraco del recientemente fallecido Ramos Marco al Atleti en una final idéntica. Igual se podría repetir el atraco con Gil Manzano, que es otro que tela. Pero las brujas mágicas ya utilizarán sus sortilegios para eso no suceda. Y Louzán también (¿de quién depende el Fiscal general? Pues eso). La verdad es que en la federación española de fútbol siempre se producen casualidades, aunque no hay que dejar de sospechar que las brujas mágicas hacen bien su trabajo. Es la alianza con el mal, al fin y al cabo.

Post Scriptum. Sí, existe una comedia española con ese mismo nombre y a algunos equipos se les está poniendo cara de Antonio Ozores.

Nos gobiernan nescientes

Echacuervos, zonzos, toletes, dundecos, somormujos, modregotes, badulaques, cansalmas, gazmoños, zurcefrenillos, nescientes, ignaros, iletrados y unos cuantos calificativos más se quedan cortos para denominar a la clase política española. Especialmente a quienes gobiernan, da igual en el gobierno central que en los autonómicos. Lo de ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Mininistros es dantesco, sin que Dante en realidad tenga mucho que ver en ello. Ya están los españoles acostumbrados a que digan una cosa y la contraria pero que se nieguen cara a cara y, posteriormente, en el hemiciclo es de traca.

Se supone que los que conforman el Consejo de Ministros debaten, con el acaloramiento que quieran, todo lo que va a ser implementado posteriormente mediante leyes, decretos o reglamentos. Las deliberaciones son secretas pero se supone que hay deliberaciones. ¿Cómo puede salir la sonrisas de Yolanda Díaz a decir que el IRPF no se aplicará a la subida del SMI sin haberlo deliberado? Más allá de que no sepa hablar, ni expresarse más que con frases típicas de taza de desayuno, una ministra debe saber que si no ha deliberado y acordado nada con los demás ministros, por mucho que piense estar en los mundos de Yupi, eso no se puede aplicar.

Lo peor es que Pilar Alegría, otra mininistra que bastante tiene con saber llevar la cartera, no sabe responderla con el mínimo argumento que se supone a una persona con un mínimo de conocimientos y cultura. «No es así» como todo argumento. No es necesario explayarse como el Conde de Romanones pero un algo es como poco recomendable. Tampoco es que María Jesús Montero, la mininistra de Hacienda, haya hecho un discurso de esos que marcan época, pero cuando menos parecía saber de qué hablaba frente a la demagogia —ella ha dicho populismo, pero es mejor demagogia y si le añaden el calificativo “barata” mejor— de la mininistra Díaz. Después han sacado a los bots de redes sociales para explicar lo inexpicable, que anden a leches fuera del Consejo de Mininistros y no sean capaces de explicar algo, lo que sea, con un mínimo y cierta cultura.

No piensen que los demás partidos y sus dirigentes no merecen los primeros calificativos. Ahí tienen a Alberto Núñez Feijoo que no tiene ni idea de lo que habla en la mayoría de las ocasiones —¿y este ser sacó unas oposiciones?—, de hecho no tiene ni idea más allá del politiqués. Y qué decir de barones del tipo Carlos Mazón, Juan Manuel Moreno Bonilla o el chaval ese de Murcia. Uno tirándole ficha a una chavala mientras los valencianos morían; otro poniendo sonrisas mientras hunde la sanidad (con intención) y tiene Nerva como estercolero de Europa; y el de Murcia haciendo el egipcio. O la de Madrid que sin instrucciones es incapaz de terminar una frase.

¿Los de Vox? Cuando sepan si son carne o pescado igual se ponen a decir algo interesante. Entre medias demuestran su desconocimiento de la historia, de la teoría política o de lo más básico del cristianismo, pero haciendo como sí supiesen de qué hablan. Como hacen todos, que pretenden pasar por lo que no son, unos buscavidas de lo público. Si el que está a la cabeza de todo no supo hacer por él mismo su doctorado, normal que de ahí para abajo sean casi peores. Si es que hasta Napoleonchu, el mininistro de Exteriores, es algo que nunca se ha visto, por desgracia.

El Real Madrid, a la Premier League

«No muerdas la mano que te da de comer». Así reza un refrán español y los clubes de fútbol profesional español deberían tenerlo más en cuenta cuando se colocan en contra del Real Madrid, del Fútbol Club Barcelona y, en menor medida, del Atlético de Madrid.

El Real Madrid, en concreto, lleva años denunciando una supuesta adulteración de la competición con los árbitros. Los últimos acontecimientos, sobre todo por la no entrada del VAR en la entrada salvaje a Kylian Mbappé en el partido contra el RCD Espanyol, provocaron que el equipo del Santiago Bernabéu sacara un duro comunicado en el que exponía, negro sobre blanco, las denuncias que el club lleva haciendo desde hace mucho tiempo.

En los tiempos en los que gobernaba la RFEF Ángel María Villar se popularizó una expresión: «el villarato». Los hechos posteriores han demostrado que el FC Barcelona estuvo pagando durante años millones de euros al número 2 del arbitraje español, el excolegiado Enríquez Negreira, por supuestos informes.

El antimadridismo no duda en defender un acto de presunta corrupción y afirman que Negreira no pintaba nada en el Comité Técnico de Árbitros. Esto, en sí, no es cierto, dado que los ascensos y descensos los determinaba él. Y eso es muy importante para los árbitros, y los hechos demuestran que se premió a colegiados que beneficiaron al Barça o perjudicaron al Real Madrid, tal y como analizamos en Diario16+.

Sin embargo, a pesar de las pruebas, tanto laLiga de Javier Tebas como la RFEF de Rafael Louzán, antes de Rubiales, en vez de trabajar para buscar herramientas que mejoren el nivel del arbitraje y del protocolo del VAR, han decidido enfrentarse al Real Madrid, y, como ovejas tras pastor, el resto de clubes. No hay más que escuchar las declaraciones del presidente del Sevilla FC.

Lo que no entienden los clubes es que están mordiendo la mano que les da de comer. Los clubes de fútbol, en la actualidad, viven de los derechos de televisión que se venden por paquetes enteros y, posteriormente, laLiga hace el reparto en base a criterios de capacidad comercial y de mérito deportivo.  

Sin embargo, los mismos equipos que ahora ladran contra el Real Madrid o que lo hicieron contra el Barça, esos mismos son los que están viviendo gracias a los dos grandes y, en menor medida, al Atlético de Madrid. Los paquetes de derechos de televisión que comercializa laLiga tienen el valor que tienen gracias al Barça y al Real Madrid. Ningún país extranjero compra los derechos de la liga española de fútbol por el resto de clubes porque fuera de España a nadie le importa. No hay más que mirar lo que ha sucedido con la Ligue 1 tras la salida de Kylian Mbappé del PSG. No los han conseguido colocar en ningún lado porque la liga francesa no le interesa a nadie.

Veamos cifras. La última venta de derechos de televisión para el mercado español fue en 2021 y comprendía las temporadas 2022-23 a 2026/27 por un valor total de 4.950 millones de euros.  La venta de los derechos en Estados Unidos supuso 1.200 millones hasta 2029, es decir, aproximadamente 150 millones anuales. De estos ingresos, más del 80% proceden del interés en Real Madrid, FC Barcelona y, en menor medida, Atlético de Madrid. No hay más que ver las parrillas televisivas en el extranjero para entender que sólo se dan los partidos de los grandes y, de vez en cuando, alguno del tercero en discordia.

Las audiencias de los partidos de cada semana demuestran que los más vistos son los de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Sólo el Sevilla FC y el Real Betis Balompié se acercan, pero a una distancia importante.

En consecuencia, los clubes están mordiendo la mano que les da de comer. ¿Qué ocurriría si Barça y Madrid decidieran salirse del reparto televisivo y vender sus derechos al margen del resto de clubes? Muchos clubes irían a la quiebra más absoluta por falta de ingresos televisivos. Sobreviven gracias a Real Madrid, FC Barcelona y, en menor medida, Atlético de Madrid.

Por otro lado, el hecho de que el Real Madrid esté enfrentado a todo el mundo, sólo le deja una salida: abandonar la liga española y unirse a la única competición en el mundo que podría asumir a un equipo tan grande como el blanco, es decir, la Premier League. Todo son beneficios para el Madrid: más dinero, mejores jugadores, un reparto justo de los derechos de televisión, mayor competitividad, árbitros que sí saben de fútbol (que se equivocan también, pero saben de fútbol), y, sobre todo, una organización seria en la que nadie es más que nadie y en la que nadie se cree dueño de lo que no es suyo. Muchos madridistas ya no piensan que sea tan mala idea. Florentino no tiene más que hacer lo que suele hacer en su día a día: negociar. Entonces, Tebas, sabrá lo que realmente vale el Real Madrid.  

El médico de UCI del hospital Juan Ramón Jiménez que lloró de impotencia desmonta una por una las “falsedades” de la consejera

El médico de UCI Diego Mora, que la pasada semana se derrumbó y echó a llorar en el Parlamento de Andalucía tras denunciar la situación de riesgo de colapso del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el centro sanitario de referencia de toda la provincia donde trabaja el facultativo, ha desmontado uno a uno, “punto por punto”, todos los datos oficiales que la consejera de Salud, Rocío Hernández, presentó en el último Pleno de la Cámara autonómica tras la pregunta de la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora. El mensaje de la titular de Salud, sin margen para la autocrítica y en ciertos momentos hasta triunfalista por el esfuerzo presupuestario que la consejera presentó ante los diputados, ha aumentado aún más el malestar de los sanitarios del Juan Ramón Jiménez, que el lunes 3 de febrero se concentraron a las puertas del hospital para denunciar la falta de medios y personal a todos los niveles que viene sufriendo el hospital. Los sanitarios de este hospital han convocado una nueva manifestación para el próximo 20 de febrero ante la Delegación Provincial de Salud a las 19,30 horas.

“Si es verdad, como dice la consejera, que la Junta ha invertido 40 millones, ¿por qué no ha sacado 300 euros para comprar palos de suero, que no hay, que están destrozados y hay que colgar los sueros con esparadrapos”

“Esta consejera tiene unos discursos aprendidos, pero en esta ocasión ha tenido la virtud de enfadar aún más a la gente”, ha asegurado el médico de UCI del Juan Ramón Jiménez en un mensaje difundido a través de las redes sociales. Mora ha calificado de “inexactitudes” y “falsedades” los datos oficiales presentados en el Parlamento por la consejera de Salud la semana pasada. “Vamos a intentar desmontarlo punto por punto”, apunta el especialista en cuidados intensivos. Dos mundos paralelos y completamente contrapuestos los que ve el Gobierno andaluz por un lado y los sanitarios del Juan Ramón Jiménez por el otro.

  • “El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha pasado en los últimos seis años de contar con 2.834 a 3.701 profesionales, es decir, un incremento del 30,5%”, señaló la consejera el pasado jueves ante el pleno parlamentario. “¡Toma ya, casi mil profesionales sanitarios más!”, se asombra el facultativo de UCI. “¿Dónde están? Igual no se han enterado que tienen que venir a trabajar, así no cabríamos en el hospital, ojalá”, dice Mora con ironía. “Quizá lo que está contando la consejera es que los contratos basura que tenían lo están contando ahora después del proceso de estabilización, o quizás, teniendo en cuenta que los contratos son de mes a mes y que un año tiene doce meses, divides esos casi mil contratos entre 12 y resulta que está contando a 75 sanitarios que han tenido 12 contratos cada uno”. Y añade el médico: “Con eso no cubrimos ni las bajas de personal que tenemos”.

“Divides esos casi mil contratos nuevos que dice la consejera entre 12 y resulta que está contando a 75 sanitarios que han tenido 12 contratos de un mes cada uno”

  • “Estos días se han contratado a 18 enfermeras y 27 técnicos auxiliares de cuidados de enfermería para la cobertura de bajas y reducciones de jornada”, dijo la titular de Salud. Responde el médico de UCI: “Sí, 18 enfermeras contratadas. Nueve para cubrir bajas que no estaban cubiertas y otras nueve para cubrir reducciones de jornada que no estaba cubiertas. En cuanto a las técnicos auxiliares me dicen que nadie las ha visto”. Especifica Mora que estas contrataciones que señala la consejera se han producido después de las movilizaciones del lunes pasado a las puertas del hospital.
  • La consejera asegura que también se han contratado ocho radiólogos. El facultativo de UCI se sorprende. “No son ocho, son cuatro, se le ha ido la frenada a la consejera, y no cuenta los tres que se fueron con el concurso de traslado”. Por tanto, el balance en este sentido según Mora es de solo un radiólogo contratado.
  • La titular de Salud afirma que el Juan Ramón Jiménez ha recibido casi 40 millones de euros de inversiones en total. Un total de 29,7 millones para la renovación e incorporación de equipamiento electromédico y otros 9,8 millones para implantar equipos de alta tecnología, como el robot Da Vinci, un TAC en Oncología Radioterápica o dos resonancias, una de tres teslas, entre otros equipamientos. El médico de UCI confirma que el Juan Ramón Jiménez sí tiene tecnología nueva, “estaría bueno que no renovásemos la tecnología”. Y añade: “Esos 40 millones no los ha puesto la Consejería, los ha puesto Europa, son fondos europeos. Y si es verdad como dice la consejera que la Junta ha invertido 40 millones, ¿por qué no ha sacado 300 euros para comprar palos de suero, que no hay, que están destrozados y hay que colgar los sueros con esparadrapos”.
  • “Hemos aumentado 52 camas” respecto a 2019, asegura Rocío Hernández. Responde el facultativo: “¿Dónde están? ¿Han hecho una planta quinta y no las hemos inaugurado? No sabemos dónde están esas 52 camas. ¿Es posible que esté nombrando seis camas que abrimos para ampliar la UCI en el covid? ¿Es posible que esté nombrando ocho camas de la reanimación posquirúrgica? Pero se le olvida restar las diez camas de intermedios que están cerradas por falta de personal. No nos salen 52 camas más, a no ser que sus asesores le hayan dicho que tiene que contar esas camas viejas que están pudriéndose en el pasillo de los potos. Tampoco tenemos sitio para almacenar la basura”.

El programa de tardes para aliviar las listas de espera se ha suspendido porque no hay camas para que los pacientes ingresen, ni el día antes ni en el posoperatorio

  • Las listas de espera quirúrgica fuera de plazo se han reducido un 57% en 2024 respecto a 2023. Es el dato que ofrece la Consejería de Salud a través de una nota de prensa. La consejera obvió este detalle importante en el Parlamento, y no concretó que se trata de intervenciones que han excedido el plazo legal de espera establecido. “Si esos datos son reales, ¿por qué no los saca ya, por qué está haciendo como su antecesora, Catalina García (actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente), que los publicaba seis meses más tarde?”, se cuestiona el también presidente de Onusap (Asociación de Onubenses Unidos por la Sanidad Pública). “Da la impresión que los datos de listas de espera no van tan bien”, augura Mora.
  • El médico de UCI resalta que la consejera tampoco contó en el pleno parlamentario de la semana pasada, con varios facultativos del Juan Ramón Jiménez presentes en la Cámara, que el programa de tardes para aliviar las listas de espera “ha habido que suspenderlo porque no tenemos camas para que los pacientes ingresen, ni el día antes ni en el posoperatorio”.
  • Este médico de UCI, cuya emocionante intervención parlamentaria se hizo viral tras derrumbarse por la impotencia ante la falta de medios y personal que sufre el hospital onubense de referencia, concluye asegurando que “es imposible confiar” en la consejera al ofrecer datos que no son los reales. “Los aplausos de sus señorías a la consejera son sin contrastar si los datos que da son verdad o mentira”, concluye Mora.

Elon Musk empieza a pagar su apoyo a la ultraderecha alemana

Elon Musk, el hombre más rico del mundo que ha entrado de cabeza en el mundo paralelo de Donald Trump y de quienes pretenden un cambio a través del retroceso a la época anterior a la Sociedad de Naciones, no dudó en apoyar a la formación de ultraderecha (en algunos aspectos de ideología neonazi) Alternativa por Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

Esto ya le está pasando factura porque la oposición popular a este partido, que está creciendo de manera exponencial en las encuestas de cara a las elecciones del 23 de febrero, es creciente. No hay más que ver las multitudinarias manifestaciones de las últimas semanas en las principales ciudades de Alemania contra la extrema derecha.

En concreto, los pedidos de Tesla, la marca de coches eléctricos de la que Musk es propietario, se han desplomado en un 60% respecto al año pasado, tal y como demuestran los datos publicados por la Autoridad Federal de Transporte por Carretera (KBA).

Musk, según publicó en X, su red social, no ha ocultado su apoyo por Alice Weidel, la candidata a la Cancillería de AfD. «La AfD es la única fuerza que puede salvar a Alemania», afirmó en un post.

En diferentes medios alemanes, Musk no dudó en señalar que «la imagen de la AfD como extremista de derechas es claramente falsa».

AfD, ¿ultraderecha o nazis?

La AfD fue fundada en 2013, inicialmente como una respuesta euroescéptica y crítica a la gestión de la crisis del euro. Apenas dos años después,  especialmente a partir de la crisis de refugiados de 2015 derivada del recrudecimiento de la guerra en Siria, el partido experimentó una transformación ideológica que lo situó en el espectro de la derecha más radical. Este viraje atrajo a sectores que abrazaban discursos nacionalistas, antiinmigración e ideas más extremas asimilables al nazismo.

Aunque, en teoría, la AfD rechaza enérgicamente el calificativo de «neonazi» a nivel institucional, numerosos analistas y organismos de vigilancia (como el Verfassungsschutz, la agencia de inteligencia interna de Alemania) han señalado la presencia de facciones y expresiones que recuerdan, precisamente, a esa ideología. Sin embargo, la existencia de un ala radical (conocida en ocasiones como Der Flügel) ha generado preocupación y debate a nivel político y ciudadano.

Al igual que algunas corrientes neonazis, ciertos sectores de la AfD promueven una visión de la «pureza» cultural y étnica, exaltando una identidad alemana «auténtica» y, en ocasiones, proponiendo un revisionismo histórico que minimiza episodios oscuros del pasado como, por ejemplo, el Holocausto. También se han detectado el uso de símbolos, expresiones o códigos que evocan el discurso nacionalista extremo, aunque la dirección oficial del partido tiende a censurar o a distanciarse de tales manifestaciones cuando se hace pública la polémica.

Por otro lado, se han documentado casos en los que algunos militantes o simpatizantes de la AfD han mantenido relaciones o mostrado admiración por grupos o figuras identificadas con el neonazismo. Estos vínculos han llevado a que organismos de inteligencia vigilen de cerca algunas actividades y discursos asociados al partido, con el objetivo de detectar tendencias que puedan amenazar el orden democrático.

El Gobierno amplía derechos en dependencia y discapacidad, pero deja dudas sobre la financiación

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. La norma introduce importantes mejoras en el acceso a prestaciones y servicios, eliminando incompatibilidades que limitaban la atención a las personas dependientes y ampliando el catálogo de derechos. Sin embargo, asociaciones del sector advierten de que sin un aumento significativo de la financiación, estas medidas podrían no llegar a aplicarse con la eficacia esperada.

Fin de las incompatibilidades y refuerzo de la asistencia domiciliaria

Uno de los cambios clave de la reforma es la eliminación de la incompatibilidad entre servicios, que hasta ahora impedía, por ejemplo, que una persona dependiente pudiera asistir a un centro de día y recibir simultáneamente ayuda a domicilio. Con esta modificación, se pretende flexibilizar la atención y adaptarla mejor a las necesidades de cada usuario.

Además, la reforma otorga un mayor reconocimiento a la teleasistencia, estableciéndola como un derecho subjetivo. Se amplía también el alcance de la ayuda a domicilio, que podrá incluir actividades fuera del hogar, como el acompañamiento a citas médicas o la asistencia a compras. Asimismo, se incorpora un sistema de préstamo o cesión temporal de productos de apoyo (sillas de ruedas, grúas, audífonos, etc.) para facilitar que las personas dependientes puedan continuar en su domicilio el mayor tiempo posible.

Otra novedad relevante es la ampliación de las prestaciones a cuidadores del entorno familiar y «relacional», lo que permitirá que amigos y vecinos puedan recibir ayudas económicas por el cuidado de una persona dependiente en ausencia de familiares directos.

Un modelo de cuidados más flexible y adaptado

La propuesta del Ministerio de Derechos Sociales apuesta también por nuevas modalidades de vivienda con apoyos, que permitan a las personas dependientes desarrollar su proyecto de vida en entornos adaptados a sus necesidades. Se busca avanzar en la desinstitucionalización y reducir la dependencia de las residencias tradicionales, ofreciendo alternativas como viviendas colaborativas o con servicios compartidos.

En el ámbito de la discapacidad, la reforma adapta la legislación española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución, que eliminó el término «disminuido».

Críticas por la falta de financiación

Pese a los avances que introduce la reforma, organizaciones del sector han expresado su preocupación por la falta de financiación suficiente para garantizar su aplicación efectiva. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha alertado de que la congelación de los fondos destinados a dependencia podría hacer que los nuevos derechos se queden en «papel mojado».

Según los datos del Observatorio de Dependencia, actualmente hay más de 270.000 personas en lista de espera para recibir una prestación. En 2024, más de 34.000 personas fallecieron sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho. La media de espera para acceder a los servicios es de 334 días, aunque en algunas comunidades autónomas supera los dos años.

Otro punto de crítica es el insuficiente incremento en las cuantías de las prestaciones. La ayuda media para cuidadores no profesionales es de 264 euros al mes, una cifra considerada «ridícula» por los expertos. Además, aunque el Gobierno ha incrementado la financiación en los últimos años, el gasto medio por persona atendida ha descendido un 26,6% en comparación con 2010.

La reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad supone un avance en la mejora de la atención y los derechos de las personas dependientes y con discapacidad en España. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de que vaya acompañado de una financiación adecuada y de una implementación efectiva en todas las comunidades autónomas. Mientras tanto, miles de personas siguen esperando una ayuda que, en muchos casos, llega demasiado tarde.

Sablazo de Sánchez a las clases trabajadoras: obligará a tributar el SMI en el impuesto de la renta

Lo que Pedro Sánchez te da, Pedro Sánchez te lo quita. O al menos eso cabe deducir después de que, tras años de subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Hacienda haya impuesto su criterio al socio de Gobierno Sumar para obligar a quienes perciben ese salario a declararlo en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es decir, el departamento de María Jesús Montero impone la tributación del SMI a sus beneficiarios.

Esta medida tiene una consecuencia inmediata: si el ministerio finalmente no actualiza el impuesto, los trabajadores pagarán 233 o 300 euros, es decir, el 42% del alza. Para el economista Alejandro Inurrieta “se trata de una muy mala noticia para las rentas más bajas”.

De esta manera, el Ministerio de Hacienda impone sus tesis a Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó el pasado jueves que el Ministerio de Hacienda no comparte su posición de que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) quede exento de tributar. “Más que batallas son posiciones diferentes”, aseguró. Al final, la batalla la ha ganado Montero, o sea el PSOE, es decir, Pedro Sánchez. Y Sumar queda en una muy mala posición ante el electorado y ante los miles de trabajadores que se verán afectados por un “sartenazo” o sablazo a la clase trabajadora que se antoja injusto teniendo en cuenta que el sistema fiscal español es igualitario, proporcional y progresivo y son las rentas más altas las que deben contribuir más a las arcas del Estado.

En Sumar hay un enfado monumental que amenaza con una nueva grieta en el Gobierno de coalición. Todo el argumentario del sanchismo vuela por los aires con esta medida, todo el discurso sobre el apoyo a las clases más vulnerables, sobre el escudo social y el nuevo socialismo que se enfrenta al neoliberalismo más atroz, estalla con la normativa de Montero.

La polémica estalla precisamente en los días en que se negocia una nueva subida del SMI. Díaz anunció un preacuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para subir en 2025 el salario mínimo en 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas. Tanto CCOO como UGT han insistido en que el SMI debe quedar exento de tributar, de modo que asoma en el horizonte la sombra de movilizaciones en la calle.

En los últimos años, las revalorizaciones del salario mínimo han ido acompañadas de un ajuste del mínimo exento del IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban esta renta no tengan que tributar. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confiado en que el mínimo exento de tributación del IRPF se eleve hasta la cuantía en la que se ha fijado el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que “esa polémica para nosotros está resuelta”. No será así tras conocerse los planes del Ministerio de Hacienda.

Álvarez ha recordado que el IRPF nunca ha sido objeto de la negociación en el Ministerio de Trabajo y ha añadido que el Gobierno tiene que ser consciente de que “en la vida todo tiene límites”, por lo que no le parece “de recibo” que a una persona que va a cobrar 16.576 euros al año se le pretenda aplicar el IRPF.

Ha comparado la posibilidad de que quienes cobren el salario mínimo tengan que tributar con la falta de capacidad del Parlamento español para que a las grandes empresas del país del sector energético o financiero se les apliquen nuevos impuestos por las “cantidades ingentes de beneficios que tienen”.

Por ello, si el Gobierno no actualiza las bases para que no haya que tributar cobrando el nuevo salario mínimo, “no solo se lo vamos a recriminar, no solo nos vamos a movilizar, sino que la movilización irá muy dirigida a que hay una mayoría en el Parlamento que libere de esa carga de IRPF a esas personas que tienen esas rentas”, asegura el líder sindical.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado que el Gobierno haya señalado una cifra concreta antes de abrir al diálogo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y se ha mostrado convencido de que la patronal podría haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre esta materia. Garamendi ha subrayado, en declaraciones a los medios, que la propuesta de la patronal, una subida del 3%, “está por encima de la inflación”.

Sobre este mismo asunto, ha recalcado que una nueva subida del SMI afectará con mayor intensidad a las pequeñas empresas, muchas de las cuales “trabajan con la Administración”. “Desde 2018 el salario mínimo en España ha subido un 60%, pero el IPREM, el indicador que se tiene en cuenta para conceder ayudas y subvenciones, por ejemplo, solo ha subido un 11%. El Gobierno invita a cenar pero pagan las empresas”, alegó el presidente de la patronal.

Las leyes ‘ad hoc’ de Pedro Sánchez dificultarán la persecución penal de los delitos de violencia machista

El PSOE presentó un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se pretende eliminar (o acotar, según la versión de Félix Bolaños) el papel de las acusaciones populares para evitar que se instrumentalicen como herramienta política. Además de que tal reforma va en contra de la Constitución, de la misma forma que la Ley Sánchez de Amnistía, genera muchas lagunas jurídicas que, incluso, han sido reprochadas por la izquierda judicial y por los socios parlamentarios de Sánchez.

La oposición del Partido Popular y de la extrema derecha no tardaron en bautizar a la reforma como la «Ley Begoña» dado que, al proponerse la aplicación retroactiva de la norma que se pudiera aprobar, es evidente que el objetivo es cerrar desde el poder legislativo las instrucciones judiciales que afectan directamente al presidente del Gobierno, al PSOE y al entorno de Sánchez.

Las leyes creadas «ad hoc» para que un individuo, una familia o un colectivo concreto eluda la acción de la Justicia suele tener consecuencias gravísimas para la democracia, porque suelen vulnerar los principios fundamentales de un Estado social y democrático de derecho.

Hacer leyes ad hoc en beneficio de una persona, un individuo o un colectivo concreto para eludir la acción de la Justicia, además, es propio de regímenes autoritarios. Así lo demostraban las leyes medievales o las aprobadas por dictaduras de los siglos XIX, XX y XXI de distinto signo ideológico. En la España del post franquismo, es decir, la supuestamente democrática, se ha incrementado esa manía de legislar ad hoc de tal manera que se podría calificar como una actitud absolutamente patológica.

Normalmente, esas leyes preparadas para beneficiar a una o un grupo pequeño de personas particulares o jurídicas, se incluían en la doctrina legal española para beneficiar a grandes empresas o grandes empresarios. Ahora, con la Ley de Amnistía o el proyecto de eliminación real de la acusación popular se ha pasado a la clase política.

Sin embargo, una ley ad hoc es absolutamente contraria al principio democrático de la igualdad y a múltiples preceptos constitucionales. Una ley ad hoc es injusta porque no sólo beneficia al individuo o a las empresas concretas a quien va dirigida, sino que también suele traer distintos tipos de ganancia para quien la crea y pergeña. No hay más que recordar la Doctrina Botín.

El grupo sanchista del Congreso de los Diputados, además, le dio un nombre muy rimbombante al documento presentado: Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al Acoso derivado de las Acciones Judiciales Abusivas. Todo este titulo rococó esconde una legislación que pretende limitar un derecho reconocido por la Constitución. En consecuencia, Sánchez y los sanchistas pretenden ejecutar una reforma constitucional por la puerta de atrás…, una vez más.

Al tener como objetivo único el archivo de las acciones judiciales en curso que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez y al PSOE, se olvidan de las consecuencias gravísimas que esto puede tener. Por otro lado, los sanchistas se olvidan de cómo ellos mismos también actuaron de este modo en casos relacionados con corrupción del Partido Popular. Entonces, no se quejaban.

Una de las consecuencias más graves va en contra de la esencia misma del PSOE: la lucha contra la violencia machista. Las limitaciones drásticas a la acusación particular introducidas en el texto presentado por el grupo sanchista del Congreso dificultarán la persecución penal de los delitos de violencia de género, comprometen la libertad ideológica de jueces y magistrados, y asestan un golpe al feminismo. La drástica limitación de la acusación popular podría atentar contra el derecho constitucional a la acción popular.

La modificación propuesta por el grupo parlamentario sanchista de los artículos 101 y 102 de la Ley Enjuiciamiento Criminal destruye la posibilidad de personación, como acusación popular, de las comunidades autónomas y del Gobierno central, lo que tendrá nefastas consecuencias para las víctimas de violencia machista.

La acusación popular es fundamental para perseguir delitos cuando la víctima no puede o no quiere denunciar, asegurando así que no haya impunidad para los agresores.

Además, la reforma que impulsa el sanchismo para proteger al entorno de Pedro Sánchez va en contra del propio «Protocolo de Condena y Repulsa» anunciado por los ministerios de Igualdad Política Territorial para unificar la respuesta institucional ante asesinatos machistas, que fue anunciado el 5 de noviembre de 2024. Este protocolo incluye que el Gobierno central actúe como acusación popular si las comunidades autónomas no lo hacen.

Por otro lado, la modificación del Artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría afectar a jueces y magistrados que hayan opinado públicamente sobre temas relacionados con la violencia de género o hayan tenido contacto con instituciones o personas en relación con estas temáticas.

La nueva redacción podría utilizarse por parte de asesinos machistas y maltratadores para eliminar a jueces con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, lo que compromete los derechos constitucionales a la independencia judicial, la libertad ideológica y la libertad de expresión. Esto desembocará en juicios menos sensibles a los matices de la violencia machista y afectará a la imparcialidad y comprensión de estos casos.

Por otra parte, la modificación del Artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no puedan ejercer la acción popular asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos, es demasiado amplia y vaga ya que podría interpretarse de manera que excluya a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, argumentando una supuesta afinidad política. Esto limitará la capacidad de las asociaciones de mujeres para actuar en defensa de las víctimas cuando el Estado o las comunidades autónomas no lo hagan.

La propuesta de ley creada ad hoc para defender los intereses del entorno de Sánchez, en su forma actual, representa un retroceso significativo en la lucha contra la violencia machista en España, al restringir la capacidad de intervención legal y socavar la independencia judicial, poniendo en riesgo no solo la justicia para las víctimas, sino también derechos y libertades fundamentales que deberían ser pilares de la democracia.

Según ha expresado uno de los bastiones del feminismo, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, «es imperativo que se reconsideren estas medidas para asegurar que la protección de las víctimas no se vea comprometida […] incoar un proceso penal sin ser el afectado directo por el delito, es, particularmente en los casos de violencia machista, una garantía del derecho a la tutela judicial efectiva».  

Yo borro los whatsapps todos los días pero no martilleo ordenadores

Que Álvaro García-Ortiz debería haber dimitido hace tiempo, aunque fuese por mera prudencia, no se esconde a nadie. Que el PP intente dar lecciones de ética es para echarse a llorar por todo el pasado que tienen. Da igual lo que hagan hunos u hotros, tienen mierda para llenar doscientos vertederos. Así que si la prudencia se le pide al Fiscal General del Estado para dimitir, a los peperos se les debe pedir para callar ante ciertas cuestiones.

Borja Semper afirmó que borrar los mensajes de whatsapp se debe a que se tiene algo que temer. No se le conocían al señor Semper esas dotes informáticas sobre el mantenimiento de los teléfonos móviles. Desde ahora quien esto escribe dejará de borrar los mensajes de whatsapp, algo que hace a diario, no vaya a ser que tema cosas sin saberlo. La limpieza de los mensajes, especialmente si se tienen los típicos grupos donde hay gente (por no calificarles de personas pues se duda de ello) que se dedica a subir imágenes de “buenos días”, “buenas noches” o cualquier otra cosa por el estilo, era fundamental para el buen funcionamiento de los aparatos. Además, hay que considerar que el 99% de los mensajes recibidos no son de excesiva importancia y ¿para qué mantenerlos? Pues porque se temen cosas.

Sin embargo, en el PP hay que reconocer que son expertos informáticos y ya en su momento decidieron borrar las pruebas de los millones que habían recibido en B a martillazos. Un sistema único para el manejo de los datos informáticos, mucho mejor que borrar mensajes porque, además, no se tenía miedo a nada en aquel momento sino que era un ajuste de programación informática. Entonces, deberá ser que borrar mensajes es tener miedo. Usted, el que esto lee, si borra mensajes de whatsapp seguro que está ocultando algo. Seguro que es un sanchista o un voxero que tiene cosas que ocultar.

Tal vez el señor Semper podría dar respuesta a estas preguntas: ¿tiene el señor Feijoo los mensajes con su amigo el del yate todavía?; ¿tiene la señora Díaz-Ayuso los mensajes de su hermano y sus amigos de cierta clínica?; ¿tiene el señor Tellado los mensajes de su amigo el de la diputación?; ¿tiene el señor Moreno Bonilla los mensajes del señor Amat, alcalde de Roquetas de Mar?; ¿tienen los directores de ciertos periódicos los mensajes de presidentes de autonomías?; ¿tienen los presidentes de diputaciones del PP los mensajes de altos cargos con familiares colocados?; ¿tienen en el PP todos los mensajes con empresarios muy conocidos y que se cabrean y mandan cartas y construyen carreteras y hospitales?; ¿tiene la señora Cospedal los mensajes de su escolta? Si es que no ¿de qué tienen miedo?