martes, 17 junio, 2025

El informe del 112 revela que cientos de valencianos se ahogaban mientras Mazón comía en El Ventorro

El informe que el 112 ha enviado a la jueza de Catarroja es demoledor para Carlos Mazón. Aquella jornada del 29 de octubre, el teléfono de emergencias recibió más de 19.000 llamadas de socorro de valencianos que se estaban ahogando, muchas de ellas ya en las primeras horas de la tarde, es decir, hacia las 16.00 horas, cuando el presidente de la Generalitat se encontraba en El Ventorro en una comida privada con una periodista. Tal avalancha de llamadas desbordó a los servicios de emergencia, y no solo porque los recursos del Estado son limitados ante un cataclismo natural capaz de arrasar una provincia entera. El teléfono no funcionó como debió haber funcionado por culpa de los recortes, por el austericidio que las políticas del PP imponen cuando está en el poder. Los populares, con su filosofía ultraliberal no intervencionista y contraria al pago de impuestos, suelen meter la tijera donde más le duele al Estado de bienestar: en Sanidad pública, en Educación, en Protección Civil. Y los recortes en este último departamento se pagan cuando llega un desastre como el vivido el 29 de octubre.

El Gobierno de Mazón no solo metió en un cajón la UME valenciana (el proyecto de Unidad Militar de Emergencias que el socialista Ximo Puig quiso impulsar antes de perder las elecciones), sino que externalizó el teléfono de asistencia 112, como está haciendo con otros departamentos como el sanitario, donde numerosos hospitales ya tienen externalizados algunos servicios como aparcamientos o cocina. Y ahora se está viendo que privatizar lo público para hacer negocio, mata.

El 112 ha contestado a la jueza de Catarroja (Valencia) sobre las llamadas que recibió el fatídico 29 de octubre. Según el informe, Emergencias 112 recibió cientos de avisos de desbordamientos horas antes de que la Generalitat Valenciana enviara la alerta a la población, según informa La Sexta. Destaca en el registro de llamadas una a las 18.31 horas que avisa directamente de que “se ha desbordado la Rambla del Poyo”. Y tres horas antes, a las 15.22 horas, otra llamada de alerta al 112 sobre el río desbordado en Requena. A las 18.38 horas un vecino avisa al 112 de que en Chiva el “agua llega por las escaleras del piso 2”. ¿Dónde estaba Mazón a esas horas? Cuatro meses después del desastre, se desconoce. Lo que sí se sabe es que la alerta roja no llegó a la población y eso costó cientos de muertes.

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Cataluña asumirá el control de la inmigración: gestión de permisos, expulsiones y seguridad en puertos y aeropuertos

El PSOE y Junts han registrado en el Congreso una proposición de ley para delegar a la Generalitat de Cataluña importantes competencias en materia de inmigración. El acuerdo prevé que los Mossos d’Esquadra asuman la seguridad en puertos y aeropuertos catalanes, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, la Generalitat se convertirá en la «ventanilla única» para tramitar autorizaciones de residencia y gestionar la situación de los extranjeros en su territorio.

Un cambio sin precedentes en la gestión migratoria

Según el texto presentado, Cataluña tendrá capacidad para expedir documentos de identidad para extranjeros a partir del Registro del NIE del Estado español. También gestionará las devoluciones de aquellas personas extranjeras que tengan prohibida la entrada al país, asumiendo un papel clave en el control migratorio.

Otro de los puntos más relevantes del acuerdo es que la Generalitat pasará a administrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), instalaciones donde se mantiene retenidas a personas migrantes en situación irregular antes de ser expulsadas del país. La medida ha generado controversia, ya que estos centros han sido objeto de críticas por sus condiciones y el trato a los internos.

Refuerzo de los Mossos y competencia sancionadora

El acuerdo también prevé un refuerzo de los Mossos d’Esquadra, con la incorporación de 1.800 agentes adicionales, lo que elevará la plantilla total a 26.800 efectivos. Además, el cuerpo policial catalán asumirá la investigación y persecución de la trata de personas y otros delitos relacionados con la inmigración.

En materia de sanciones, la Generalitat tendrá la potestad para resolver y ejecutar expulsiones de extranjeros en determinadas situaciones. Según el documento, las devoluciones sin expediente podrán ser instruidas y ejecutadas directamente por la administración catalana, mientras que las expulsiones que requieran un procedimiento formal se tramitarán con base en criterios fijados por la Junta de Seguridad de Cataluña.

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Trump cierra la ayuda militar a Ucrania tras el enfrentamiento público con Zelenski

El presidente Donald Trump ha ordenado este lunes una “pausa” en la ayuda militar estadounidense a Ucrania después de la desastrosa reunión en la Sala Oval. Así busca presionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que entable conversaciones de paz con Rusia y firme el acuerdo de tierras raras con Washington.

El anuncio llega unos cinco años después de que Trump detuviera la asistencia autorizada por el Congreso a Ucrania en 2019, mientras intentaba presionar a Zelenski para que iniciara investigaciones sobre Joe Biden, entonces candidato presidencial demócrata. El momento condujo al primer ‘impeachment’ de Trump.

En vísperas de su victoria electoral en 2024, Trump prometió poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania. Ha expresado, no obstante, una creciente frustración con Zelenski por la guerra y ha expresado su confianza en en el presidente ruso Vladimir Putin, para mantener la paz si se alcanza una tregua en el conflicto.

Trump ha criticado a Zelenski por sugerir que el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania probablemente «está todavía muy, muy lejos». Los comentarios se producen mientras aliados destacados de Trump intensifican la presión sobre Zelenski para que cambie drásticamente su enfoque hacia el presidente estadounidense, quien ha hecho del fin rápido de la guerra una de sus principales prioridades, o se eche a un lado.

La complicada relación entre los líderes ha llegado a su punto más bajo tras la desastrosa reunión en la Casa Blanca en la que Trump y el vicepresidente  J.D. Vance criticaron a Zelenski por no estar suficientemente agradecido por el apoyo estadounidense a Ucrania desde que Putin ordenó la invasión en febrero de 2022.

El líder ucraniano intentó ofrecer una visión positiva de la relación entre Estados Unidos y Ucrania tras la reunión de la Casa Blanca de la semana pasada.

Cuando un periodista le preguntó sobre las líneas generales de una nueva iniciativa europea para poner fin a la guerra en Rusia, Zelenski respondió: “Hoy estamos hablando de los primeros pasos y, por lo tanto, hasta que no estén en el papel, no me gustaría hablar de ellos en gran detalle”. Y añadió que“un acuerdo para poner fin a la guerra está todavía muy, muy lejos, y nadie ha iniciado todavía todos esos pasos”.

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Ayuso no se posiciona ni se postula, pero cada vez la miran más

El salto a la política nacional de Alberto Núñez Feijóo no está siendo lo que en el Partido Popular esperaban. Tras la destrucción total de Pablo Casado por parte de Isabel Díaz Ayuso, muchos ya miraban a la presidenta madrileña como la opción para ganar las elecciones generales a Pedro Sánchez. Sin embargo, no hubiera quedado bien que la responsable de la salida del anterior presidente del Partido Popular se hubiese postulado a ser su sucesora. Además, no era el momento, y eso lo sabían en la Puerta del Sol, por más que hubiera cantos de sirena desde Génova 13. Ayuso necesitaba una victoria arrolladora en las elecciones autonómicas de 2023 que confirmara el triunfo cercano a la mayoría absoluta del adelanto electoral de mayo de 2021.

Ayuso logró la mayoría absoluta en mayo de 2023, una victoria sustentada en un discurso populista, de corte claramente trumpista, pero con dureza contra el gobierno central. Pedro Sánchez y el desprecio que genera en gran parte de la población son el mejor alimento para Isabel Díaz Ayuso. Por eso, la estrategia de la presidenta madrileña es focalizarse en una contienda frontal contra el presidente del Gobierno. Cuanto más duros son los ataques de Ayuso, más apoyos suma.

Eso se pudo comprobar en la noche electoral del 23 de julio de 2023. El Partido Popular había ganado las generales, pero en una situación difícil a la hora de gobernar. Los sondeos daban una amplia ventaja a Feijóo que, tal vez, fue la causa por la que el líder del PP se relajara en la segunda semana de campaña. En el balcón de Génova había fiesta, pero también preocupación. El color blanco de las camisas, blusas y vestidos llenaron el lugar esperando a que el candidato ganador de las generales se dirigiese a los ciudadanos. En cambio, todas las miradas se focalizaron en un punto, en la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se había sumado a la directriz de vestuario y apareció con un traje rojo. Era el modo de separarse de un triunfo que sabía a derrota. Ella era la triunfadora, aún más cuando, en el momento en que Feijóo inició su discurso de victoria, los partidarios del PP comenzaron a corear «¡Ayuso, Ayuso, Ayuso!».

Esa misma noche, importantes dirigentes del Partido Popular escribían y contaban «off the record» que «esto no habría pasado con Ayuso».

El tiempo ha pasado. El conflicto entre el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha ido enconando, sobre todo tras la causa contra la pareja de la presidenta por la causa abierta contra él por presunto fraude fiscal. La oposición frontal de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez cala positivamente en un sector cada vez más amplio de ciudadanos, incluidos votantes del PSOE que no tienen filiación directa con el partido y, en consecuencia, son libres de elegir la papeleta que quieran porque no están sujetos a lealtades que se anteponen a la lógica y a la libertad de pensamiento.

En medio de la situación actual, con el gobierno acorralado por diferentes causas de presunta corrupción, tanto a nivel del Ejecutivo, como es el Caso Koldo, como a nivel del entorno más cercano de Sánchez, como las instrucciones contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, y contra el hermano.

El gobierno de Sánchez está en una clara debilidad parlamentaria y esa debilidad le obliga a hacer concesiones al independentismo catalán que la ciudadanía no entiende, sobre todo cuando las condiciones de vida de las familias de clase media y trabajadora están empeorando, tal y como se puede colegir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, del Servicio Público de Empleo Estatal e, incluso, de la Comisión Europea.

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La derecha judicial acapara más poder en la magistratura

La asociación conservadora de los jueces, APM, ha colocado a 26 de los 56 magistrados que van a ocupar las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales. Si a ello sumamos los cuatro de la Francisco de Vitoria y uno de Foro Judicial Independiente, la derecha judicial se hace con más de la mitad de las plazas que el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó en su última reunión. Afiliados de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia se hicieron con 13 plazas mientras que los no asociados son siete. La derecha judicial sigue controlando, de esta manera, los puestos mas relevantes a pesar de la lucha de la izquierda por contrarrestar la labor que llevó a cabo el anterior titular del CGPJ, Carlos Lesmes, quien colocó a los profesionales afines al Partido Popular discrecionalmente convirtiendo el poder judicial en un instrumento reaccionario cuyas consecuencias son conocidas de sobra. Ahora hay quien señala a Isabel Perelló, la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo, a la que en algunos ámbitos califican “de sensibilidad progresista” como determinante a la hora de producirse tal desequilibrio.

La Asociación Profesional de la Magistratura cuenta con 1.412 asociados. No llega ni siquiera a la mitad de los jueces en activo en este país, 5.408. Pero su influencia en la derecha judicial es decisiva. En las elecciones generales de julio de 2023, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió, en una reunión con significados jueces y fiscales, un cambio en la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de tal manera que serían los miembros de la magistratura los que eligiesen directamente a los vocales del órgano de gobierno. Desde ese momento la asociación que preside María Jesús del Barco, ha sido beligerante con la posición de la derecha política enfrentándose con la izquierda progresista en todas las iniciativas adoptadas en materia judicial. Sus miembros más destacados se han pronunciado públicamente en contra del gobierno como es el caso del magistrado en activo de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quien cargó contra Podemos y contra la exministra de Igualdad Irene Montero, en el transcurso de una conferencia por la conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, aprobada en 2022. “Nos intentaron explicar qué es consentir… A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento (…) y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona”. Otros jueces ya jubilados participaron, junto a la presidenta de la APM, en jornadas organizadas por la caverna mediática como es el caso del controvertido titular del juzgado número 6 de a Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, afortunadamente jubilado, que llegó a ser tesorero de la asociación. Una gran mayoría de los jueces se pronunciaron públicamente en contra de la amnistía a los líderes soberanistas catalanes y últimamente, se han prodigado en contra de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende limitar las acusaciones populares en las instrucciones.

Las asociaciones de jueces próximas a la derecha política saben, perfectamente, que cuentan con la mayoría dentro de la carrera. En las elecciones a miembros de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, y Tribunal Supremo, la más conservadora de todas ellas, la APM, se hizo con el 52,11% de los votos, 61 miembros electos que van a tener el derecho de decidir sobre asuntos tan trascendentes como las admisiones a trámite, nombramientos y funcionamiento interno. La derecha judicial domina claramente en el colectivo de jueces y magistrados. La asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, se queda en minoría.

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Esta vez, Mazón sí se toma en serio el temporal

La Comunidad Valenciana se encuentra en medio de otra dana, no tan intensa como la que arrasó L’Horta Sud el pasado mes de octubre, pero que ha merecido la máxima atención del centro de coordinación de emergencias. Y, esta vez, Carlos Mazón no ha estado de comilonas en El Ventorro, sino muy atento a la evolución del temporal. En su cuenta de la red social X, Mazón ha alertado ante la semana de lluvias “muy intensas” que se avecinan en la Comunidad Valenciana. “Las alertas pueden ir variando de nivel, así pedimos que durante estos días estéis atentos a las actualizaciones del 112 y a las recomendaciones de protección civil. El problema no es sólo la cantidad de agua que caiga, si no la peligrosidad de los acumulados. Hasta el sábado, mucha precaución”, ha recordado. O sea, que ahora Mazón no le quita ojo a las nubes, sigue los partes climatológicos al minuto y va con la radioemisora de Protección Civil a todas partes. Ya lo podía haber hecho antes y Valencia se hubiese ahorrado mucha sangre y muchas lágrimas.

Por desgracia, toda la diligencia y atención que el presidente ha demostrado esta vez no la tuvo el pasado 29 de octubre, cuando 227 personas fallecieron arrastradas por el agua porque la Generalitat Valenciana decretó la alerta roja tarde, mal y nunca. ¿Qué ha llevado a Mazón a tomarse en serio este episodio de lluvias torrenciales? Sin duda, llovía sobre mojado, y el líder del PP valenciano ha entendido que otro fallo más y Feijóo le cortaba la cabeza. No hará otra cosa el honorable de aquí a que termine la actual legislatura, pero cada vez que llueva, como un clavo, ahí estará él apretando el sistema telemático de avisos y alertas. Y le dará hasta dos, tres, cuatro veces al botón, si es necesario. El jefe del Ejecutivo, a base de tragedias, ha aprendido una cosa de la política: que en momentos de crisis se deja todo para atender a lo importante, a lo único que importa, que no es otra cosa que salvar la vida de todos esos paisanos en peligro. Lamentablemente, ese aprendizaje que debería formar parte del sentido común de todo político, le ha costado demasiado caro a la sociedad valenciana, tanto como centenares de familias destrozadas.

Ayer, cuatro meses después de la mortal dana del 29 de octubre, la Comunidad Valenciana se volvía a teñir de rojo con un aviso de riesgo extremo por lluvias torrenciales, una reunión urgente de emergencias y el envío de alertas a móviles en el interior de Castellón para que la gente no saliera de sus casas. Miles de valencianos miraban al cielo y se estremecían por el recuerdo de la mayor catástrofe natural de la historia. Miles de valencianos se preguntaban si esta vez el honorable se acordaría de ellos o estaría en una reunión con la patronal, o recibiendo un premio de no sé qué, o compartiendo mesa y mantel con una conocida periodista. Todo ello en una jornada marcada por los chubascos generalizados en el Mediterráneo y Andalucía, con avisos rojos (riesgo extremo) por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el interior sur de Castellón. El fin de semana fue trágico, ya que había fallecido un hombre arrastrado por una riada en Lorca (Murcia), y copiosas nevadas dejaron decenas de vehículos atrapados. Y aunque el escenario nada tenía que ver con el terrible tsunami formado por el barranco del Poyo aquel 29 de octubre, Mazón quiso estar al mando, aunque solo fuese por una vez.

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Feijoo no tiene arrestos para hacerlo en el PP

Los “grandes pensadores” de la comunicación política del PP hicieron ayer proclamar a Alberto Núñez Feijoo que, nada más llegar al Gobierno —si es que llega porque siempre acaba metiendo la pata cuando lo tiene a punto—, hará una auditoría para saber cuantos cargos del PSOE ha habido en Moncloa y los ministerios cobrando sin acudir al trabajo. ¡Perfecto! Una medida que, sin duda, apoyará todo el mundo, del partido que sea y las opiniones que mantengan. Después del affaire Jessica es el camino a seguir para dignificar ese pudridero en que han convertido hunos y hotros la política.

Aunque si se piensa bien, ya que hay que dejar claro que su partido es más limpio que cualquiera y eso jamás pasaría, ¿por qué no hace una auditoria primero en todas las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales donde gobiernan? Para demostrar que la esposa del César no sólo lo aparenta sino que lo es, nada mejor que comenzar a investigar allí donde el poder de Feijoo tiene algún tipo de autoridad, sus propios gobiernos. De esta manera mostraría a los españoles que el PP es un partido limpio, al menos ahora bajo su mandato, y no se permite ninguna Jessica, ni ningún cargo mamando del erario público sin cumplir con sus funiones.

Es como cuando Mariano Rajoy pagaba de su bolsillo los costes de su padre enfermo… ¡Ah que no, que lo pagaron los españoles!

Para empezar nada mejor que lugares donde, con total probabilidad, no se encontrará nada parecido a un cargo del PP que no acude a su trabajo, como Murcia. Fernando López Miras no habrá tenido la idea de colocar a algún familiar o militante pepero en un puesto así como asesores suyos o en alguna de las diversas ramificaciones de la Comunidad Autónoma. En Andalucía es casi seguro que Juan Manuel Moreno Bonilla jamás ha tenido una idea así, como tampoco en las diputaciones o los ayuntamientos y demás ramificaciones del poder. En la Diputación de Almería se investiga al ex-presidente, Gabriel Amat —el pufo presuntamente corrupto según la UCO es de 2.000 millones de euros—, pero no habrán colocado a alguien para ir por allí a fichar y luego irse a su casa 50.000€ mediante.

Y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid jamás ha pasado eso y no pasa ahora. Ni churris, ni diputadas cabreadas por unos cuernos veraniegos, ni oficinas del español o cosas así han ocurrido. Todos han ido a ganarse los cincuenta u ochenta mil euros anuales siempre, toda la vida, en cada momento del año. Isabel Díaz Ayuso no puede haber colocado a alguien para aparentar que trabaja y no lo hace. Bastante tienen con María del Mar Blanco, que va y ficha en todos sus cargos, otra cosa es que haga algo. Entonces, Feijoo no tiene por qué tener miedo a comenzar ese tipo de auditoría por su propia casa. Es más, hasta podría hacer algo así en la propia sede de Génova y sus trabajadores.

No lo hará porque no tiene los dídimos suficientes y, qui lo sa, igual se encuentra con alguna sorpresa en una diputación, un ayuntamiento grande o pequeño, o un empresa pública de una comunidad autónoma. Está muy bien hacer discursos y ser valiente cuando se dispara con pólvora del rey, pero cuando hay que poner los propios huevos en la cesta…

A la alcaldesa de Valencia le explota su propia carta bomba contra Badenas

En la última semana, Juanma Badenas, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia por VOX, ha sufrido una cacería infernal que puede volverse en contra de sus ideólogos y ejecutores.

The Objective ha estado publicando documentos y audios que supuestamente comprometían la legalidad de la adjudicación de un contrato de publicidad de la Fundación Valencia Activa a la empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé (PSPV-PSOE).

En el documento publicado se sugiere que el pliego del concurso había sido presuntamente diseñado por la empresa adjudicataria. En los días posteriores, el medio de comunicación publicó varios audios supuestamente relacionados con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, en los que se podían escuchar conversaciones en las que Badenas se queja del trato de algunos periódicos, exige auditar la fundación para saber en qué situación la heredan o denuncia las presiones que ha recibido para apoyar el pelotazo urbanístico de Peter Lim y el Valencia CF aprobado con el voto de PP, PSPV-PSOE y COMPROMÍS, en el pleno de julio del Ayuntamiento de Valencia.

Según fuentes consultadas por la edición Mediterráneo de Diario16+, ya hace un mes, miembros de VOX Valencia estuvieron en la sede de VOX Madrid, informando que habían tenido una reunión con el equipo de Catalá y con el anterior jefe de prensa municipal de VOX en el Ayuntamiento de Valencia, y que podían tener un arma de destrucción masiva para hacer dimitir a Juanma Badenas y a su pareja, Cecilía Herrero, también concejal de Valencia.

Hay que recordar que Juanma Badenas siempre ha sido un verso libre dentro de VOX, y esto Montserrat Lluis no se lo perdona, sobre todo después de no aceptar las directrices del partido en la escandalosa votación del pleno de Julio del Ayuntamiento de Valencia, en la que el PP votó junto con los dos partidos de la oposición a favor de devolverle los cuantiosos beneficios urbanísticos a Peter Lim, a pesar de sus gravísimos incumplimientos y teniendo el informe del letrado municipal en contra.

En los audios grabados presuntamente por Jorge Mestre, se escucha al Teniente Alcalde de la tercera capital de España denunciar que ha recibido intentos de soborno por esta cuestión o habla de una reunión convocada por Vicente Barrera, Montserrat Lluis y María José Catalá para hacer doblegar la voluntad del concejal de Vox, que al final no cedió a las presiones.

Desde entonces, Monserrat Lluis y Cristobal Grau (jefe de gabinete de la Alcaldesa Catalá) han estado diseñando una estrategia (en la que supuestamente ha participado Vox Valencia), para cargarse a Juanma Badenas, y obligarlo a dimitir.

Las fuentes consultadas aseguran que el muñidor del operativo comunicacional ha sido, presuntamente, Luis Salóm, después de un intento fallido de que ésta fuera publicada por uno de los principales digitales de la derecha española.

Siempre según las fuentes consultadas, Juanma Badenas convocará a los medios de comunicación en un par de días y presentará pruebas irrefutables de que el proceso de adjudicación del contrato ha sido absolutamente legal, y también presentará un informe que demostrará que los documentos filtrados están manipulados. Y si todo esto es así, las que tendrán un problema serán Maria José Catalá y Montse Lluis, así como Luis Salóm, Jorge Mestre y Cristóbal Grau, de los que según parece también existen grabaciones comprometedoras que aún no han salido a  la luz, y que demostrarían esta supuesta conspiración.

Vox: el caballo de Troya de Trump en España

Vox no es un partido político español. No en el sentido real de la palabra. Su agenda, su financiación y sus lealtades están fuera de nuestras fronteras. Se trata de una fuerza de falsa bandera, un grupo político que, disfrazado de defensor de la soberanía nacional, trabaja para desmantelar la democracia española y convertir a España en un satélite de la extrema derecha trumpistaSantiago Abascal y su partido no defienden los intereses de los españoles, sino los de Donald Trump y sus aliados ultraconservadores.

Las pruebas de esta sumisión son cada vez más evidentes. Recientemente, Abascal viajó a Washington para mostrar su absoluta lealtad al presidente de los Estados Unidos. En un discurso en español, dejó claro que Vox no es más que una extensión del trumpismo en Europa, un peón en la estrategia global de la ultraderecha internacional para debilitar la Unión Europea y fortalecer a líderes como Vladimir Putin.

Vox y su servilismo a Trump: un peligro para España

Las políticas de Trump han sido especialmente perjudiciales para España. Su proteccionismo ha impuesto aranceles que golpean a nuestros agricultores y bodegueros, perjudicando a un sector clave de nuestra economía. Sin embargo, en lugar de defender a los productores españoles, Vox se pliega a las órdenes del presidente estadounidense, sin una sola palabra en contra de estas políticas que dañan a nuestros trabajadores y empresarios.

Este servilismo no es casualidad. Vox ha recibido apoyo financiero y logístico de grupos de presión de ultraderecha en Estados Unidos, incluyendo think tanks y fundaciones que buscan expandir la agenda trumpista en Europa. La estrategia es clara: utilizar a Vox como un ariete para desestabilizar la política española y socavar la democracia desde dentro.

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La cumbre de Londres alumbra una coalición para el fin al conflicto en Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, anfitrión de los líderes europeos reunidos este domingo en Londres, ha anunciado la formación de una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y a ser garantes de la paz. 

Starmer también ha avanzado un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania para que pueda comprar más de 5.000 misiles de defensa aérea, incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz.

En la cumbre, celebrada dos días después de que Volodímir Zelenski tuviera un enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, y acortara su visita a Washington, los líderes mundiales manifestaron un fuerte apoyo al presidente ucraniano y prometieron hacer más para ayudar a su nación.

Starmer ha afirmado que Reino Unido «dará un paso adelante y liderará» esta iniciativa. «Lo hemos hecho a lo largo de la historia como nación y tenemos que hacerlo otra vez», ha argumentado.

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