viernes, 2 enero, 2026

“La culpa del procés es del aborto” (o de Stalin)

No es un titular inventado para hacer un poco de clickbait y conseguir más visitas. Esas palabras que reflejamos en el titular han sido dichas por personas. Unas anónimas y otra no tanto, aunque a tenor de lo dicho sí debería ser anónima. Porque pensar que España ha tenido en uno de sus más altos cargos a alguien capaz de decir semejante boutade refleja el nivel de la clase política que ha venido dirigiendo el país. Cierto que el tema catalán nubla la razón, que carentes de sapiencia para legitimar sus actos los dirigentes procesistas utilizan el lenguaje de la izquierda para aparentar otra cosa, pero llegar a afirmar que la existencia del derecho al aborto ha provocado el procés situa a la persona cerca de ser calificada de botarate, cuando no de orate.

Esa frase, en la que se añade también al Brexit, ha sido dicha por Jaime Mayor Oreja. Dirigente del PP de ala más reaccionaria y que muestra la carencia de un mínimo rigor, de racionalidad. “Todo este desorden que estamos viviendo arranca el día en el que se legaliza el aborto. Todo lo demás es plano inclinado” ha continuado en su afirmación. Que Quim Torra sea un doctrinario con una mente absorbida por el nacionalismo no es producto de la incultura, de procesos de fanatización o de intereses de clase (la burguesía catalana), sino del derecho al aborto. Esto igual explicaría que su partido se lanzase a invadir Iraq por culpa del aborto. O que robar a manos llenas las arcas del Estado, como demuestran las sentencias judiciales con gentes de su partido, es culpa del aborto. Una mente nacional-católica, que no difiere salvo en el espacio con la mente de los dirigentes procesistas, sólo puede esputar frases así. El problema no es que Mayor Oreja diga semejante memez sino que algo similar está extendido dentro de su partido.

De hecho, sólo hay que ver las declaraciones de dirigentes del PP como Pablo Casado o Cayetana Álvarez de Toledo para comprobar que, no hablando del aborto, sí siguen la misma pauta reaccionaria del dirigente vasco. El nacionalismo del PP es similar al de Torra o Carles Puigdemont. Se nutren el uno al otro y por eso alientan y condenan por igual los altercados catalanes. Ahora justo que ERC parece irse separando del mundo del huido, se alienta la violencia institucional por ambas partes. No les interesa la solución, ni el diálogo a las dos facciones de las burguesías española y catalana. El PSOE ofrece diálogo dentro de la ley y parece que los republicanos estarían por la labor, la consigna de los demás: ¡a dinamitar todo entrambos! La misma enfermedad se encuentra inoculada en el cuerpo de Torra que en el de Mayor Oreja.

Stalin y la cuestión de las nacionalidades.

Entre las estupideces que se pueden encontrar dentro de la ilógica a que lleva el tema catalán, ese mismo que esconde cuestiones más importantes para la clase trabajadora y que sirve para alimentar fanatismos nacionalistas, tenemos un absurdo debate en torno a la figura de Iósif Stalin y su supuesto apoyo a la causa nacionalista burguesa. Ante el apoyo o la actitud meliflua de cierta izquierda con el tema catalán, en las redes han querido algunas personas justificar su posición recordando que el dirigente soviético hubiese apoyado la independencia. Indicando además que se leyesen sus escritos porque aquellos que tienen una posición más de “lucha de clases” no conocían los escritos. El problema es que algunas personas sí lo han leído, en versión de la editorial Progreso de Moscú como debe ser, y saben que Stalin señaló al nacionalismo como una epidemia: “Hacer frente al nacionalismo, proteger a las masas contra la ‘epidemia’ general. Pues la socialdemocracia y solamente ella, podía hacerlo contraponiendo al nacionalismo, la unidad y la indivisibilidad de la lucha de clases”.

Lenin apoyó las luchas de liberación nacional de los imperios coloniales o los países absolutistas, como hizo Karl Marx quien, a su vez, dejó por escrito que el “nacionalismo es un invento de la burguesía para dividir a la clase obrera”. No es lo mismo apoyar a naciones (como Polonia, por ejemplo, contra Alemania) bajo yugo imperial, que naciones bajo un marco constitucional. A eso se referían los bolcheviques en la III Internacional no tanto por apoyar al nacionalismo, algo a lo que Rosa Luxemburgo siempre se negó, como por destruir la base económica y explotadora de los imperios. Puro materialismo y estrategia de lucha a nivel internacional. Fue Andreu Nin, más bien, el que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid lanzó a parte de la izquierda a apoyar la lucha nacionalista catalana (“El marxismo y los movimientos nacionalistas”, Leviatán nº 5 Sept 1934). Separando a la gran burguesía, que siempre se había posicionado contra la clase trabajadora y el campesinado (vamos como ahora), de la pequeña burguesía de ERC, entendía Nin que frente a la reacción de la derecha española de los años 30 apoyar el proceso independentista serviría para poner en marcha la revolución democrático-burguesa. ¡Ojo la revolución burguesa que no se había producido ni con la II República!

El dirigente del POUM, pecando tal vez de cierto infantilismo, quería apoyar la república catalana para luego “desplazar de la dirección del movimiento a la pequeña burguesía indecisa y claudicante, que prepara el terreno a la victoria de la contrarrevolución, y hacer de la Cataluña emancipada del yudo español el primer paso hacia la Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia” (p. 47). Vamos engañar a la burguesía e implantar una República Socialista. ¿Qué apoyan hoy, en las condiciones existentes, las izquierdas pro-independentistas? Habiéndose producido la revolución democrático-burguesa (Felipe González siempre se ha sentido orgulloso de ello); siendo los dirigentes del secesionismo la fracción política de la burguesía catalana que ha acumulado fortuna en base a la explotación de la clase trabajadora; habiendo una legislación (de clase si se quiere) que protege los intereses económicos de la clase dominante como en cualquier lugar del mundo; y no apostando la “futura” república catalana sino por el capitalismo ¿a qué aspiran las izquierdas que apoyan el procés? A eliminar el franquismo según parece.

Ni revolución socialista, ni mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora en Cataluña, ni nada que sea parte de una agenda de acción de la izquierda, sino solamente acabar con el franquismo inserto en el aparato del Estado. Un decir: “¡Nos vamos y os quedáis con esas estructuras franquistas!”. No hay más. No hay república que acabe con la monarquía borbónica por la separación de una parte de España, eso sólo se conseguiría mediante una república federal de todos los pueblos españoles o ibéricos. Ítem más, con una república socialista. Pero bajo las condiciones actuales de la correlación de fuerzas es más bien utópico porque la ideología dominante se nutre de cuestiones como el tema catalán. Y en Cataluña la correlación de fuerzas está a favor de la burguesía que es la que viene controlando todo el procés (poniendo sus fortunas a resguardo eso sí). Lo único que se vislumbra con claridad es que lo que hoy es España serían dos países capitalistas donde la clase trabajadora seguiría siendo precarizada. El “hijoputismo” burgués, por utilizar la expresión de Jesús Ausín, seguiría a ambos lados del Ebro. Siendo gentes de izquierdas debería preguntarse ¿a quién beneficia el procés materialmente? A los franquistas de este lado y a los burgueses del otro.

La burguesía catalana utiliza la misma táctica que contra Allende

No sólo recurrió al espadón de Augusto Pinochet, la burguesía chilena hizo una profusa utilización del cierre patronal (como les habían recomendado desde Washington) para crear un ambiente de crispación y crisis al presidente socialista Salvador Allende. Una vez estuvo todo crispado vino el golpe de Estado y la represión. Algo similar está haciendo la burguesía y la administración catalana. Utilizan el cierre patronal para caldear el ambiente y lograr así un apoyo que parezca mayoritario a su pretensión de doblegar el brazo del Estado español. Cierre patronal que, al ser ilegal, tendrán que abonar los empresarios que apoyen tal medida, así como la administración pública. Porque lo que hay hoy y parece que en días venideros no es una huelga, sino un plan de la burguesía para crear su propio Estado explotador.

Las empresas que cierren, que se acojan al cierre patronal, abonarán a los trabajadores y trabajadoras el salario de ese día. Es curioso como empresas que se suman a ese paro patronal lo esconde de día de permiso retribuido, como han señalado desde Bonpreu i Esclat en sus redes sociales, por ejemplo. No es un día de permiso es un cierre patronal pero como es ilegal utilizan ese eufemismo. Un cierre patronal para apoyar la secesión y al señor Quim Torra. Para paralizar Cataluña y que parezca que los burgueses catalanes y sus masas están ganando la batalla al Estado español. Al ser unos supermercados casi hasta les conviene no vaya a ser que a los salvajes CDRs les dé por quemar sus comercios. Esas mismas personas que ahora catalogan de infiltrados desde la Generalitat y su prensa. Por curiosidad, si observan el tuit que les adjuntamos de esa cadena, no dicen que darán permiso a las trabajadoras y trabajadores, sino a los colaboradores. La burguesía catalana sumándose a la postmodernidad del buenrrollismo y que parezca que en la senda hacia la independencia todas y todos suman por igual. Aunque ya sabemos que no.

Lo curioso del caso es que el dueño de Bonpreu i Esclat tiene su empresa de inversiones trasladada a Madrid desde 2017. Joan Font se aviene a la performance independentista pero el euro es el euro y mejor tenerlo a buen recaudo bajo la protección del Estado español. ¡Tonterías las justas! Un cierre patronal se aguanta pero perder la fortuna por las locuras de la fracción política de la burguesía no. Que algunos tendrán las fortunas bien guardadas en Andorra o Suiza, pero el señor Font sus inversiones las cuida con mimo. Este es el fiel reflejo del independentismo catalán. Una burguesía que de momento apoya la independencia, porque una Cataluña independiente como paraíso fiscal (no les quedaría otra) es una fuente de dinero. Y más si al controlar el poder tienen sometida a la clase trabajadora (de momento la tienen atontada en barricadas y demás). Una especie de bonapartismo neoliberal.

Mercadona no despedirá a las trabajadoras y trabajadores que se ausenten del trabajo sin justificar. El euro es el euro y en Cataluña sacan unos cuantos. Si esto sucediese en Castilla-La Mancha, por ejemplo, estaban en la calle al día siguiente. ¿Por qué? Porque no es una huelga. La huelga es un instrumento de lucha de la clase trabajadora constitucionalmente recogido. Lo que está pasando hoy en Cataluña no es una huelga, es una protesta que no es lo mismo. Siendo legal y legítima, no te exime de ir a trabajar, al menos sin tomarte el día libre perdiendo un día de vacaciones. Por eso la burguesía catalana ha apostado por el cierre patronal, ya que de ser motu propio sólo irían los funcionarios del gobierno catalán. Realmente hasta el momento la clase trabajadora no ha participado activamente en los días de destrucción y de acatamiento de las órdenes de la burguesía en su interés. No es una lucha laboral, ni socialista, ni comunista, sino maniobras de la clase dominante catalana. Pero como no pueden decirlo así usurpan la noble lucha de la clase trabajadora, con su pátina de autoridad, para sus propios intereses que no son los de las trabajadoras y trabajadores. Hasta traen a la memoria la lucha de la clase trabajadora en La Canadiense que consiguió la jornada de 8 horas diarias para intentar legitimar lo que no es una huelga. Si quieren puede ser una “manifa”, una performance, un levantamiento o una actuación de las masas en pos del ocultamiento del austericidio, las privatizaciones y el 3% de la clase dirigente. Pero no es, ni será una huelga en tanto en cuanto los empresarios, como han visto, al permiten y la alientan.

Y como último factor de legitimación, porque lo de la huelga igual no cuela, es que se manifiestan y protestan por… ¡tachán!: “la represión franquista”. Pues van con cuarenta años de retraso por si no se han dado cuenta. Es tal la alienación de las masas perpetrada por la burguesía catalana y su facción de bohemia burguesa (allí se creó la gauche divine, aunque era creativa y se dedicaba a la diversión irreverente, pero dejo su poso) que aún siguen con un lenguaje anacrónico. Si alguien les está reprimiendo es el Govern de la Generalitat, ese mismo que les manda a las barricadas es el que les apalea. Gobierno que no deja de ser aparato represivo del Estado y por eso demanda a los detenidos pidiéndoles penas de prisión Por un lado, utilizan los aparatos ideológicos de Estado para que no piensen salvo en nacionalista y por otro los aparatos represivos no vaya a ser que se les olvide quién manda, los de siempre. Los que con Franco o con Sánchez han mandado, los burgueses. Y que todavía haya una izquierda en el resto de España que les apoye y les haga el juego sin percatarse de que lo que de ahí salga no beneficiará a la clase trabajadora. Más bohemia burguesa, revolucionario de salón u oportunista sin más.

Entrevista a Fernando Santiago Ollero, Presidente del Colegio de Gestores Adminsitrativos

Son los mejores aliados para el ciudadano y las pymes. Se encargan de gestionar las cuestiones más importantes de la vida de una persona: su nómina, la compra de su vivienda, su declaración de la Renta… Los gestores administrativos son los encargados de que los farragosos trámites que hay que afrontar en el día a día sean cada vez más ágiles y roben menos tiempo del que deberíamos destinar a descansar o seguir pensando sobre qué hacer con nuestros negocios y proyectos. En esta entrevista hablamos con el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y presidente del Consejo General de la profesión a nivel estatal, Fernando Santiago, que hace un repaso a un año en el que los gestores administrativos han conseguido expandir de forma notable su relación con la Administración Pública y los servicios que ofrecen a los ciudadanos.

 

Durante la mayor parte del 2019 el Gobierno de España ha estado en funciones y podríamos decir que en ningún momento ha tenido la estabilidad necesaria para promover proyectos a medio-largo plazo, ¿cómo ha afectado esto a una profesión como la de gestor administrativo que actúa de intermediario entre la Administración Pública y los ciudadanos y empresas?

Efectivamente este año ha sido bastante atípico. Durante el 2019 vamos a votar en dos elecciones general, se han celebrado comicios en todos los ayuntamientos del país y en la mayoría de las comunidades autónomas, por lo que los poderes públicos a todos los niveles han estado en funciones en unos casos, el partido que los rige ha cambiado en otros e, inevitablemente, muchos han estado con un ojo puesto en las citas electorales. A pesar de todo ello, el 2019 ha sido el año más fructífero para nuestra profesión a la hora de firmar convenios con las Administraciones Públicas, acuerdos que nos permiten hacernos cargo de cada vez más trámites en nombre de los ciudadanos.

 

¿Cómo es posible que esto ocurra, que, frente a una aparente parálisis política, los acuerdos con la Administración avancen y se amplíen?

Por un lado, porque los convenios que estamos firmando son el fruto de un trabajo que se ha realizado a lo largo de los años anteriores, aunque estos tampoco han sido precisamente estables en lo institucional. Pero, sobre todo, porque las obligaciones de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas siguen ahí y no entienden de si el Gobierno está en funciones o no. Es decir, la interinidad política puede provocar que no aparezcan nuevas leyes y compromisos, pero los que ya existen tienen que seguir gestionándose de la mejor manera posible. Los ciudadanos van a tener que presentar la declaración de la Renta todos los años, los locales comerciales tendrán que pedir sus respectivas licencias antes de subir la persiana por primera vez y las personas extranjeras que requieren ciertos trámites para vivir en España, o incluso para conseguir la nacionalidad, necesitan que estas gestiones sean lo más rápidas posibles para evitar problemas y posibles pérdidas de dinero.

Por tanto, el Gobierno ha entendido, creo que con acierto, que independientemente de su situación, la población tiene unas necesidades que hay que afrontar y que los gestores administrativos contribuyen a resolver proporcionando los mecanismos necesarios para asegurar que esos trámites se realizan de la forma más rápida y segura.

 

De estos nuevos acuerdos, ¿cuáles destacaría como más útiles para el ciudadano?

Sinceramente creo que todos, porque mientras más campo se abra a los gestores administrativos, más soluciones podemos aportar a las empresas y a los ciudadanos particulares. No obstante, destacaría dos áreas principales en las que hemos dado un paso de gigante con estos acuerdos: todo lo relativo a Tráfico y movilidad y también a Nacionalidades y Extranjería.

En Tráfico hemos conseguido llegar a la gestión 360 del área, es decir, los gestores administrativos ya podemos hacer frente a cualquier gestión relacionada con la movilidad, tanto las más tradicionales como las más novedosas. Los profesionales de la gA hemos sido desde hace año los responsables del 80% de las matriculaciones de vehículos y más del 70% de las transferencias han pasado por nuestras manos, es un sector más que consolidado en nuestra profesión, pero nos estamos reinventando y adaptándonos a los nuevos tiempos.

Gracias al trabajo institucional que estamos realizando, y también a la confianza que la DGT pone en nosotros y que me llena de orgullo, los gestores administrativos somos uno de los poquísimos agentes que podemos imprimir los distintivos medioambientales desde nuestros propios despachos. Estas pegatinas, que distinguen nuestros vehículos según su impacto ecológico, son vitales en ciudades como Madrid, donde entrar en determinadas zonas depende de ellas, pero es una herramienta que se expandirá en breves a lo largo de toda España. Además, desde hace unos meses también podemos expedir el permiso internacional de circulación, indispensable para circular por países que no pertenezcan a la UE y que no hayan ratificado ciertos tratados internacionales. El permiso internacional de circulación es un gran desconocido por lo que aprovecho esta oportunidad para recomendar a los que viajen al extranjero y tengan pensado conducir que se informen bien de si lo necesitan para evitar sustos y graves complicaciones.

Fernando Jesús Santiago Ollero. Presidente del Colegio y del Consejo General Colegio de gestores Administrativos de Madrid. foto: Alberto Martin Escudero.

 

Por lo que veo su profesión la gestión de vehículos tiene una gran importancia, pero ¿cómo afronta los cambios en la movilidad que se están viviendo actualmente, principalmente en las ciudades más grandes, donde el protagonismo absoluto del coche está siendo cada vez más compartido con otras formas de desplazamiento?

Ese proceso está ahí y creo que es imparable. La preminencia de los coches no va a cambiar en el corto plazo, pero nuestra profesión tiene que estar un paso por delante para anticipar las necesidades que aparecerán en la sociedad. Es por eso por lo que también hemos firmado un convenio con la Red de Ciudades por la Bicicleta para formar parte del BiciRegistro, un sistema equivalente a las matriculaciones de los coches y motos que permite identificar la bicicleta de forma fiable. De esta manera se contribuye a facilitar la devolución en caso de robos, que es una de las causas que más influye a la hora de no utilizar este método de transporte, y a tener un registro fidedigno para asegurar todos los derechos de los ciclistas y, también, sus obligaciones. Tras el afianzamiento del BiciRegistro estudiaremos las fórmulas para ver si es posible extender este sistema a otras formas de movilidad que están apareciendo, con el objetivo de que todo método de transporte cuente con garantías y se facilite una conducción segura.

 

También ha mencionado que han ampliado los trámites en materia de Nacionalidades y Extranjería, ¿qué nuevos servicios pueden ofrecer en este campo?

El principal, el que más puede aliviar la espera de los ciudadanos y mejorar su vida, es la presentación telemática del expediente de nacionalidad por residencia. Actualmente la gestión de este trámite está saturada en la Administración Pública por la gran cantidad de solicitudes que se han registrado en los últimos años. Por este motivo, el Ministerio de Justicia confió en los gestores administrativos para ser la primera profesión que podía colaborar en la presentación de expedientes, creando una solución tecnológica específica para ello. El avance tecnológico, junto a la garantía que aporta el sistema de revisión de la documentación antes de ser presentada para asegurar que no falta ningún documento, nos ha permitido que un trámite que podía llegar a tardar en resolverse más de cuatro años ahora lo podamos hacer, en algunos casos, en dos meses.

Pero no nos quedamos ahí, otro de los convenios firmados durante este año nos permite expedir las tarjetas de residencia para extranjeros y renovarlas; otro nos facilita presentar electrónicamente los expedientes de movilidad internacional de los extranjeros que invierten en España e, incluso, podemos concertar citas para realizar los procedimientos de arraigo con la Administración.

En este, como en cualquier otro campo, nuestro objetivo es que la persona que acuda a nuestros despachos para solicitar ayuda o asesoramiento, pueda irse con todos sus problemas resueltos, en definitiva, ser la auténtica ventanilla única de la Administración Pública española.

“Los socialistas no tienen derecho a cenar”

El titular entrecomillado no ha sido dicho por un dirigente del Partido Popular. Aunque no es óbice para que en su fuero interno lo hayan pensado. Pero es la forma en que se expresan la que indica claramente el pensamiento inmanente de las personas que conforman el partido conservador. Si por ellos fuera los socialistas no cenarían, ni tendrían vacaciones, ni podrían respirar sin pasar por caja. Mejor no dar ideas así que no proseguiremos con las prohibiciones que harían de poder y no tener que aparentar. Lo curioso es que, para los dirigentes del PP, el que un ministro de un gabinete socialista cene, después de más de doce horas de trabajo al pie del cañón, es motivo suficiente para que dimita. Si hubiese encargado “volquetes de putas”, se hubiese ido a un balneario o tomase güisqui mientras fuma un cohiba, igual tendría un pase.

El amarillista director de Ok Diario, Eduardo Inda, consigue unas imágenes del ministro Fernando Grande Marlaska cenando una hamburguesa y todo el facherío salta a pedir la dimisión. ¿Su pecado? Que en esos momentos había altercados públicos en Cataluña. Pareciera que estuviésemos en tiempos donde como mucho existía el telégrafo o las palomas mensajeras. En las propias imágenes se le observa mirando constantemente su teléfono móvil, por lo que no estaba de relax como ha dicho Inda. Un director que, por cierto, es asiduo de los reservados esos donde no te pueden ver y donde se pueden cometer tropelías escondido.

El ministro, mal que le pese a Teodoro García Egea, estaba atento mientras cenaba. ¿Por qué debería estar atado a su silla del despacho como parecen indicar desde la derecha? No han sabido dar respuesta porque no la tienen. De hecho suelen carecer de ideas en general. ¿Cómo habría respondido ante cualquier situación de extrema necesidad el ministro? Por teléfono ¿o no? Como tiene un teléfono móvil ¿qué necesidad hay de estar encerrado en su despacho? Es más, las propias palabras del dirigente conservador, que no se le nota muy preocupado por el Mar Menor de su tierra, indican que el ministro debería haber cargado los gastos de su cena a todos los españoles por cenar en su despacho. Es lo habitual en los altos cargos del PP y parece que no se percatan de que es más ético salir y pagarte tú mismo la cena.

Como piensan que el Estado es suyo y que los socialistas les están usurpando su puesto de trabajo, en esa división del mismo que tiene la burguesía sátrapa española, pues tiene que hacer lo mismo que ellos para no dejarles mal. Es mejor hacer como en Andalucía donde el trifachito se gastó en cuatro meses todo el presupuesto de comidas para el gobierno. Ellos a base de gambas de Sanlúcar y el ministro culpable por una hamburguesa. Una visión clasista y dictatorial sin lugar a dudas. Algún dirigente ha tenido un poco de vergüenza ajena y ha querido precisar las palabras de García Egea, aunque casi lo ha empeorado. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha afirmado en twitter que él siempre ha comido en un restaurante cerca de su trabajo cuando ha tenido exceso del mismo. Parece que unos diez minutos desde el ministerio al restaurante son excesivos para las gentes del PP. Como van a todos lados sin utilizar el metro sino el coche oficial u oficioso, pues el metro es de pobres y lo tienen hecho una pena por eso, las distancias a pie les parecen un mundo. Lo curioso es que el político conservador quiere obligar al ministro a comer en un restaurante al lado del ministerio, le guste o no le guste. ¿Dónde queda la defensa de la libertad de elección? Cuando es para otros, y más si son unos “rojos de mierda” piensan, no existe.

En realidad, ese no querer que el ministro cene está en la política austericida del PP. La que aplicó y la que quiere aplicar. Ya un tercio de la población española tiene dificultades para cenar, incluso para desayunar, por lo que entienden en el PP que el ministro del gabinete socialista debe equipararse “a los suyos” y no cenar. Y si lo hace no puede ser en un restaurante que le gusta y la comida que le apetece sino la que estiman desde el PP. Ellos pueden abandonar sus puestos para ir al teatro o para los güisquis, así arda Troya, pero los socialistas no. Los socialistas no tienen derecho a cenar. De ahí a no tener derecho a la vida, como pasaba no hace mucho, hay un paso. Como a ellos les engorda, pues son el mismo perro nacionalista y burgués que Torra y compañía, el vandalismo de los CDR, del Tsunami o de ETA, pues les molesta que el ministro Grande Marlaska pueda coger unos gramos por la cantidad de hidratos de carbono que ingirió. El fascismo siempre prohíbe cosas; el fascismo postmoderno hasta lo que se debe comer, si es que queda derecho a comer más allá de lo necesario para ser explotado.

Un tercio de la población Murciana se encuentra en riesgo de pobreza

El último informe del mercado de trabajo de Murcia del observatorio de las ocupaciones  del Servicio Público de Empleo Estatal referido a 2018, refleja que la jornada parcial ha sido más frecuente en los contratos temporales que en los indefinidos. Entre las mujeres la jornada parcial ha ocupado el 32´95% frente al 14,26 % de los hombres, a su vez, 65´70 % de todas las personas trabajadoras en el sistema fijo-discontinuo han sido mujeres.

El riesgo de pobreza o exclusión social en la Región de Murcia es del 28´6%, en el año 2018 un 7´1% más que la media nacional, quedando la Región en el quinto lugar por la cola. Solo Estremadura, Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha tienen una tasa de riesgo de pobreza superior.  Si comparamos estos datos con los de 2008 en la Región la tasa es un 4´1% más elevada que hace 10 años.

Los datos nos dicen que el 48´5% de habitantes en la región no cuenta con recursos para afrontar gastos imprevistos, que el 42´4% no puede irse de vacaciones una semana al año, que el 13´9% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) en los últimos 12 meses, que el 13% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, que el 11´4% no puede permitirse un ordenador personal o que el 3´2% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

Cuando vamos al indicador AROPE, la tasa de riesgo de pobreza se incrementa hasta el 32,7% en 2018, un 6´6% mayor que en el conjunto del Estado. Esto nos viene a decir que un tercio de la población Murciana se encuentra en riesgo de pobreza, vive en  hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo o tiene carencia material severa[1].

Con carencia material severa, encontramos el 5´7% de personas en la Región de Murcia. El 10%  de la población de nuestra Región vive en hogares con baja intensidad de empleo, es decir, en hogares en los que todos sus componentes en edad de trabajar, lo hicieron en un 20% del total de su ponencial de trabajo durante 2018, prácticamente duplicando el porcentaje de 2008 (5´5%).

El umbral de riesgo de pobreza, se sitúa en los 8.870,9 € anuales, para los hogares de una persona que no paga alquiler, si tiene que pagarlo, el umbral se sitúa en los 10.371,2 €. En el caso en que se conviva con otra persona adulta y dos niños/as, este umbral es de 18.628,9 € sin alquiler y de 21.779,4 € con alquiler.

La renta media por persona en la Región es de 9.111 € y la renta media por hogar es de 24.801€.

La ganancia media anual por trabajador en 2017 fue de 21.309´22 €. (24.009´22€ los hombres y 18.048´37€ las mujeres). Un dato muy preocupante, es el salario de las mujeres con contrato temporal, pues en los últimos años no han parado de bajar; en 2017 las mujeres con contrato temporal ganaron de media 14.815.12€, menos cuantía que en plena crisis en 2013 y con una pérdida de 1.201´68€ con respecto a 2008 (16.016,80 €). Son precisamente las mujeres, las que tienen una tasa de temporalidad más elevada y más preocupante si cabe es la contratación a tiempo parcial.

La Región de Murcia ha tenido una media anual en 2018 de 104.359 personas en paro según el  SEPE (41.680 hombres y 62.879 mujeres). Se registraron 1.073.490 contratos de los que 982.471 fueron temporales y 91.019 indefinidos (91´5% y 8´5% respectivamente).

El 48´4% del total de los contratos fue temporal de duración indeterminada, el 21´5% también temporal tuvo una duración menor o igual a una semana, el 12´8% tuvo una duración entre un mes y seis meses, el 7´5% duraron entre una semana y un mes. En definitiva, 231.007 contratos temporales, fueron como máximo de 7 días de duración.

El 49,24 % de las personas contratadas tuvo solo un contrato durante el año 2018; en torno al 20 %, tuvo dos contratos; el 10,02 %, entre cinco y diez contratos. Finalmente, el 3,43 % tuvo más de quince contratos.

El 22,84 % de las personas asalariadas afiliadas a la Seguridad Social, ha trabajado a tiempo parcial en 2018 (sin contar el empleo fijo-discontinuo). De hecho, según el SEPE, 31.373 mujeres y 13.479 hombres con contrato indefinido han tenido una jornada a tiempo parcial, así como 27.376 mujeres y 16.494 hombres con contrato temporal también a tiempo parcial.

Comisiones Obreras considera que la precariedad laboral es la causa del empobrecimiento de la población y exige el desbloqueo de la negociación colectiva, especialmente en el convenio de hostelería que afecta a más de 47.000 personas, también exigimos la derogación de la reforma laboral, una apuesta por las políticas activas de empleo desde las instituciones, dotación de más recursos a la inspección de trabajo para que pueda luchar contra el fraude, un cambio del modelo productivo hacia un trabajo decente que elimine la brecha salarial, la temporalidad y la parcialidad en la contratación, elementos que no hacen más que contribuir al crecimiento de una enorme bolsa de trabajadores y trabajadoras pobres en la región que no pueden llegar a fin de mes y mucho menos mantener en condiciones a sus familias.

[1]La carencia material severa se define como la carencia de al menos cuatro conceptos de los nueve de la lista siguiente: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavadora.

De Donald Trump a Boris Johnson pasando por Abascal y Torra

Hoy no toca hablar de Catalunya

Recordaba hace unos días Iñaki Gabilondo el artículo publicado el pasado fin de semana del 6 de Octubre en Financial Times por el historiador Simon Schama, en el que se interrogaba sobre quién hablaba hoy en nombre de la gente.

Hacía alusión a un mal de nuestro tiempo. Esos líderes carismáticos que vendían esa idea tóxica de que ellos y sólo ellos hablaban en nombre de la gente. De manera genérica como si la gente fuera algo uniforme y no plural.

Introducía un antiguo concepto que muy pocos conocíamos, el de oclocracia que utilizó Ovidio allá por el siglo II a. C., considerándolo el mayor peligro para nuestra moderna democracia.´

Oclocracia es sinónimo del gobierno de las muchedumbres, de la masa, del gentío en contraposición de democracia que es el gobierno del pueblo. Tiene que ver también con la demagogia y el populismo que impregna la política actual, la nacional y la internacional.

Con la aparición de las redes sociales se observan también aprendices de oclócratas que a imagen de los respectivos líderes y parece ser que por delegación de los mismos, se encargan de convertirse en representantes de un todo cuando apenas lo son de una minoría dirigente, en especial entre los partidos políticos.

La oclocracia es tremendamente destructiva para la democracia, porque o eres un seguidor incondicional de la mayoría o si se te ocurre discrepar te conviertes en un peligroso traidor.

Así en la escena internacional se vislumbran numerosos seguidores, partidarios y defensores de esta perversión de la democracia, especialmente entre dirigentes políticos poderosos. Quien primero enseñó su patita fue Donald Trump desde su campaña a la presidencia de EEUU se ha encargado, con éxito a la vista de sus resultados electorales,  de implantarla en un país que parecía idóneo.

A pesar de creerse los dueños del mundo el pueblo americano es profundamente inculto, lo que supone un caldo de cultivo ideal para un peligroso patán como Trump.

De no ser por esa “cualidad” resultaría impensable que alguien que cada vez que abre la boca, o escribe un tuit suelta un exabrupto, o lo que es peor una sandez de consecuencias imprevisibles, siguiera teniendo su nivel de popularidad y se resistiera a lo que debería ser evidente, el triunfo del “Impeachment” que los demócratas y una parte de los republicanos han puesto en marcha.

Todo parece indicar que quizás por esa oclocracia que ha logrado imponer durante sus años de mandato, salga indemne del mismo e incluso que pueda ser reelegido sin apenas despeinarse.

Hoy en día uno de los mayores peligros para la humanidad, si excluimos el propio ser humano, es Donald Trump. Él solito ha puesto en peligro desde el equilibrio geopolítico con sus tensiones reciente con Irán, o su apoyo ambiguo a las locuras de Erdogan en Turquía, hasta la situación económica mundial con una irresponsable guerra comercial que podrían ser los causantes de la próxima crisis que ya llama a nuestra puerta.

Pero el oclócrata Trump tiene también discípulos aventajados en Europa. La figura de Boris Johnson no sólo se le parece en lo físico, también en el efecto devastador que puede suponer para su país y la UE en su conjunto.

Sus últimas locuras que van desde el avance suicida hacia el Brexit, hasta ser capaz de cerrar el Parlamento Británico por primera vez en su historia no tienen límite.

El problema para el mundo es que lamentablemente sus técnicas funcionan, ayudadas por una falta preocupante de alternativa. Ni en EEUU ni en Gran Bretaña se vislumbra alguna figura que les pueda poner freno.

Ni Joe Biden que se supone como el demócrata mejor situado, ni la eterna promesa de la izquierda inglesa Jeremy Corbyn parecen hoy capacitados para poderles ganar las próximas elecciones.

Quizás porque para competir con gentes tan faltas de principios no se puede ir con los métodos clásicos, sino que hay que enfangarse un poco y no parece que ninguno de los señalados sean de ese estilo.

Con ese panorama parece que al menos el futuro de la oclocracia en ambos países es muy prometedor.

Quizás no sólo en EEUU y Reino Unido, tampoco nuestro país se libra de la epidemia, en nuestro caso con una mezcla de puro fascismo que creíamos muerto y enterrado, pero que gracias a los errores de unos y otros ha resurgido con fuerza, quizás no tanto electoral como de poder de introducción en nuestra sociedad.

La aparición de VOX y su líder Santiago Abascal ha permitido mostrar su verdadero rostro. Pero sobre todo la influencia que en los pocos meses de vida ha sido capaz de trasladar al resto de partidos de la derecha extrema, PP y Cs incluso en ciertos sectores de la izquierda.

Los dirigentes de VOX han sido capaces de impregnar con una velocidad vertiginosa como si de un peligroso filovirus se tratara no sólo su ideología, también su retórica e incluso sus tics públicos.

Escuchar a la nueva presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso intervenir en un debate en su parlamento sobre la quema de iglesias de 1936, o a su Alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre los derechos de la mujer no tiene nada que envidiar a lo que aseguran los ultras de VOX Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith.

Quizás la máxima expresión haya estado en las barbaridades dichas por este último sobre las “Trece rosas rojas” que ya han tenido respuesta en sendas denuncias.

Pero no nos podemos descuidar sobre su influencia social y política. Debería ser de obligada visión para su estudio la entrevista que el pasado jueves le hizo Pablo Motos a su líder en “El hormiguero”, con récord de audiencia y exponiendo su cara más amable y cercana. Ese cambio debe hacernos mantener las alertas elevadas al máximo.

Un mal panorama agravado por la llegada de la sentencia del “Procés” que azuza de nuevo el avispero de Catalunya. Ahí también existen otros especímenes de estas peligrosas características, tanto Puigdemont como Torra los son. Pero eso da para otra reflexión.

Veremos………

Al CNI se las cuelan todas siempre en Cataluña

“Cataluña hasta en la sopa”. “Cataluña devora todo”. “Cataluña se levanta por no cumplir la ley”. “Cataluña como símbolo de la decrepitud del régimen del 78”. Cataluña por aquí, pero nadie parece haberse percatado de que al Estado español se la han colado otra vez. El gobierno de la Generalitat y los ayuntamientos son una parte de ese Estado que se ha rebelado. Algo conocido y que ya no extraña, pero que el máximo organismo de investigación del país siempre yerre en Cataluña es, cuanto menos, un escándalo. Antes con el PP y ahora con el PSOE el Centro Nacional de Investigación (CNI) parece que está al servicio de quienes cometen las tropelías y no del Estado y la ciudadanía.

¿Por qué señalar al CNI? El servicio de información de la Guardia Civil o de la Policía Nacional tiene mucho más complicado de actuar con eficacia en una comunidad autónoma donde existe una reducción importante de efectivos. Como el servicio de inteligencia de los Mossos ya se sabe de parte de quien está, al final los dos cuerpos de seguridad de ámbito estatal deberían estar apoyados por toda la infraestructura del CNI. O que el CNI, que no sólo está para espiar a los malos de otros lares sino lo que ocurre dentro, actúe contra el posible levantamiento y la violencia de una parte. Guardia Civil y Policía están para investigar cuestiones más de la cotidianeidad como tráfico de drogas y diversas formas de delincuencia. El CNI como garante de la constitución española ha sido un fracaso en Cataluña y sigue siendo un completo fracaso en su labor de proteger al Estado y la ciudadanía de imprevistos.

Fallaron con los terroristas de Barcelona tanto como para conocerse después que el imán de Ripoll era una especie de agente del propio CNI. Fallaron el 1 de octubre de 2017 cuando desde Moncloa aseguraban que no había urnas, ni nada por el estilo y, de repente, aparecieron por todos lados en la pantomima de la burguesía nacionalista catalana. Se las colaron todas. Y ahora parece que son también incapaces de prevenir las acciones de los CDR y el llamado Tsunami Democratic. Antes con Soraya Sáenz de Santamaría al frente y ahora, tras volver al ministerio de Defensa, con Margarita Robles (y Paz Esteban López en sustitución de Félix Sanz Roldán) más que CNI pareciera que tenemos a la TIA, la famosa agencia de espías de Mortadelo y Filemón. Una agencia de investigación, de espionaje, que es incapaz de verlas venir, cuando el mínimo uso de la lógica sabe que algo harían los secesionistas de la burguesía catalana, es para cerrarlo y mejor quedar al albur de lo contingente.

Resulta que unas personas, que se hacen llamar Tsunami Democratic, idean y ponen en marcha una aplicación digital y un canal de mensajería durante meses, con el objetivo de canalizar las movilizaciones y acciones de acoso y derribo del Estado y en el CNI nadie parece haberse enterado. Los CDR campan a sus anchas destruyendo y quemando lo que pillan alrededor y parece que el CNI no se ha enterado. Quim Torra hace y deshace y parece que el CNI no se ha enterado, salvo por la prensa catalana además. “¿Pero qué espías hay en España para proteger a la ciudadanía?” se estarán preguntando.  ¿No ha sido capaz el CNI de colocar a varios infiltrados en el núcleo independentista? ¿No hay nadie con capacidad de ingeniería informática para desencriptar los códigos y mensajes de esa aplicación (si hubiese infiltrados se habrían enterado hace tiempo)? ¿Queda la ciudadanía catalana al pairo de la voluntad y violencia de estos grupos? ¿Sabe de qué estamos hablando la ministra de Defensa o sólo está a dar abrazos a un cabo primero y vender misiles?

Para crear una aplicación con la sofisticación que tiene Tsunami Democratic se necesita financiación (esto no se hace alegremente en casa por las tardes), por lo que debe haber algún tipo de financiación que no han sabido ver nadie. Para movilizar a tantos miles de personas no sólo es cuestión de ganas y lavado de cerebro desde la Generalitat, hay canales de comunicación (de partido, de asociaciones…) que parece que no se están revisando. Las personas no independentistas, que son mayoría en Cataluña, quedan desprotegidas porque el gobierno del Estado no tiene la información suficiente. Grande Marlaska puede decir que va a investigar a Tsunami Democratic (que está registrado en el caribe), pero es que Defensa y el CNI deberían haber avisado o desarticulado hace tiempo. A posteriori pueden investigar si quieren los restos que dejase el oso de Fabila.

Todas estas chapuzas, al final, lo único que consiguen es que surja el pensamiento conspiranoico en muchas personas. ¿Será que permiten la violencia y los altercados para justificarse ante la opinión internacional? ¿Será que esperan que los catalanes se maten entre ellos para acabar con el problema? ¿Será que les conviene para reforzar sus discursos con las elecciones del 10-N a la vuelta de la esquina? ¿Estarán detrás de todo Trump o Putin? Y así hasta completar preguntas sin respuesta que no hacen más que dejar en evidencia a los servicios secretos del Estado español. Que para magufadas ya están los propios secesionistas con esos apoyos imaginarios de secesionistas de otros países que acaban presentando como si fuesen importantes: lo último los secesionistas británicos de Plaid Cymru (galeses) y el SNP (escoceses) que no tienen casi representación pidiendo que echen a España de la UE cuando ellos están de salida (muy postmoderno).

La lealtad de Rivera sorprende tras la deslealtad de Casado y Abascal

Deben irle fatal las encuestas a Albert Rivera (las internas porque las externas ya sabemos que le hunden) para haber cambiado el tono tras su entrevista con el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. Tanto como para aparecer como el único político leal con el gobierno del Estado de las derechas. Con su toque cuñadista, propio de su personalidad, el dirigente de Ciudadanos es el único que se ha puesto al “servicio del gobierno de España” para manejar la situación que se viene produciendo en Cataluña desde que se conoció la sentencia de los sediciosos. Las otras derechas, sin embargo, han sacado lo peor de cada casa y se han dedicado a distribuir el rancio nacionalismo heredero del franquismo.

Los neofascistas de Santiago Abascal por la mañana pidieron a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que comenzase a gestionar una reunión para solicitar el estado de excepción. ¡Casi nada! Debe ser que los “viejos tiempos” de la dictadura, ahora que el dictador va a salir el mausoleo, los quieren traer de nuevo a la actualidad de alguna forma. En realidad, la única manera que estas personas entienden que es la suspensión de las libertades ciudadanas y la prisión o algo peor. Echar ese órdago de deslealtad con el Gobierno, que al fin y al cabo es quien tiene en su mano los resortes de los aparatos represivos del Estado, ha provocado que Pablo Casado haya dejado la mordaza en casa. Mirando, como mira siempre a la extrema derecha, la moderación que había mostrado ha dejado paso a su verdadero ser. Por eso ha querido subir la apuesta y convertirse en el personaje desleal con el gobierno de España.

El presidente del PP no ha podido resistirse a parecer él quien preside el Consejo de ministros y, en vez de apoyar al Gobierno en las acciones que deban tomarse, ha comenzado pidiendo que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, el 155 y lo que haga falta con tal de acabar con Quim Torra (le ha faltado decir). Le ha exigido al presidente del Gobierno que se posicione con los “constitucionalistas”, ese constructo inventado por las derechas para ocultar su rancio nacionalismo burgués, y que quite el mando de los Mossos. ¿En qué momento los Mossos han dejado de actuar de forma coordinada y ajustada a la ley con la Policía Nacional? En ninguno pero Casado no se fija ni en lo que dice, ni en lo que ocurre realmente. Pero no sólo eso, sino que le ha exigido a Sánchez que haga actuar a la Fiscalía para encarcelar a Torra, a todos los CDR y a los del Tsunami Democratic. ¡Casi nada! Casado queriendo encerrar a todo el catalán que se encuentren por el camino y que vaya con una estelada o algo por el estilo.

Esto no ha sido lo peor, sino que en un momento delicado para el Estado español, Casado se ha decantado por el electoralismo barato y desleal. “Salgo de la reunión con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Sánchez. Tiene que ir siempre un paso por delante de los que arremeten contra la legalidad, la seguridad y la convivencia” ha dicho en Moncloa tras su reunión con el presidente. Igual no recuerda que a su partido, cuando estaba en el Gobierno, les sacaron urnas por todos sitios y les chulearon bastante más que con desórdenes. Pero eso no es lo peor, la carencia de memoria en Casado es normal, sino que no ha sabido comportarse ni tener lealtad y patriotismo. Enseguida ha dado paso al electoralismo: “Traslado un mensaje de tranquilidad a los catalanes preocupados por esta inaceptable escalada de violencia institucionalizada. Haremos lo necesario para defender sus derechos y libertades. El PP está preparado para garantizar la seguridad, prosperidad y convivencia en Cataluña”. Tampoco recuerda que todo el problema catalán se ha producido con el PP gobernando, pero utilizar una reunión de Estado para intentar ganar seis votos es infame y desleal, no con Sánchez, sino con todas las personas españolas.

Por todo esto sorprende la actitud de Rivera. Desde el dolor, comprensible, por su tierra natal, y señalando que apoyaría siempre al gobierno si “se mueve, si hace cosas”, que es lo normal, ha querido dar imagen de presidenciable y de lo que debe hacer un político que se califica de patriota. Como ha dicho en su intervención, “más allá de carencia de afinidades con Sánchez, es el presidente en funciones de mi país, España, y hay que apoyarle en estas circunstancias” o “ahora lo que importa es España, sus ciudadanos y la seguridad”. Ha sabido controlar el bicho que todas y todos en Ciudadanos tienen. Imaginamos a Juan Carlos Girauta mordiéndose los labios hasta sangrar, pero a diferencia de Casado no lo han sacado a pasear. Lo más radical del presidente de Ciudadanos, más allá de garantizar con todas las fuerzas posibles la seguridad en Cataluña, ha sido pedir la aplicación del artículo 155 y cesar a Torra. Una opinión expresada desde el apoyo total al Gobierno, que no es lo mismo que andar con exigencias. “¿Cuánto nos cuesta a los españoles que ayer se viera a Barcelona ardiendo? La clase media trabajadora española va a ser quien pague la factura del separatismo”, no es una declaración contra el gobierno sino su visión de la realidad que pueden compartir muchas personas españolas de todo el espectro político. Eso sí, mirando por el euro como buen burgués. Es más, le ha enmendado la plana a Casado al afirmar que “la Ley de Seguridad Nacional es insuficiente porque deja a Torra al frente de Cataluña”. Esta no la supo ver el conservador.

Rivera siendo más leal que Casado es una sorpresa. Más allá de que ha metido sus mantras electorales también (¿quién no lo hace?), ha tenido al menos un comportamiento de lealtad con respecto a Sánchez, algo que las otras dos derechas no han tenido. Sobre Pablo Iglesias decir que sigue en lo suyo. En los presos políticos, los referéndums y demás cuestiones que dejan a la clase trabajadora, como comentamos hace bien poco, en manos de la clase burguesa. Ganando dos votos en Cataluña pero perdiendo miles de ellos en el resto de España como suele ser habitual en el jefe morado. Mientras pide diálogo, que ya lo han dicho desde el PSOE en cientos de ocasiones, pero diálogo respetando las leyes, habla de presos políticos y cae obnubilado ante el nacionalismo como todos los falsos marxistas o izquierdistas. Y da igual el sentido de ese nacionalismo, ya que al final no deja de ser un invento burgués. El infantilismo postmoderno de la bohemia burguesa es lo que trae consigo. Cuestión bien distinta es que les haya gustado o no el tono de moderación y espera de Sánchez, pero de primeras unos han sido leales y otros no.

El Santander mercantiliza el dolor de las mujeres

El Santander está llegando a unos límites de inhumanidad que muy pocos podrían esperar de una entidad financiera que debe dar ejemplo a la sociedad de su sensibilización con los problemas de la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de enfermedades. La entidad presidida por Ana Patricia Botín ha superado todas las líneas rojas con una campaña publicitaria que, en principio, da la sensación de tener la naturaleza de concienciación cuando, en realidad, se trata de exponer una oferta a la hora de contratar los productos del propio banco.

El anuncio se inicia con un frasco de perfume con el mensaje «Algunas cosas son sólo para mujeres». El hecho de señalar que el perfume es algo exclusivamente femenino cae en los tópicos más machistas y clasistas, algo que no podría entenderse en una entidad presidida por una mujer que se ha declarado públicamente como feminista:

A continuación, el anuncio muestra un mensaje de concienciación social: «La lucha contra el cáncer de mama es cosa de todos» para incluir una referencia al Día Internacional contra el Cáncer de Mama que se celebra el próximo sábado 19 de octubre.

Hasta aquí todo podría enclavarse dentro de las diferentes campañas e iniciativas que las Administraciones Públicas y las grandes empresas realizan en esta semana para concienciar a la población de que hay que luchar contra esta enfermedad que provoca más de 6.500 muertes en España al año. Sin embargo, el Santander traspasa todos los límites en la siguiente slide del anuncio:

¿Cómo se puede utilizar un día señalado en la lucha contra una enfermedad para realizar ofertas en la contratación de un producto del banco? Desde luego, el altruismo no es cosa del Santander porque esta oferta en sus seguros de vida supera todos los límites de la inhumanidad que cualquiera pretenda poner.

Este anuncio es un ataque frontal contra la mujer, algo que no es nuevo en la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Ya vimos el año pasado cómo, tras la entrevista en la que se declaró feminista, el Santander sacó al mercado un fondo de inversión con perfil feminista: Santander Equality Acciones, el cual fue catalogado como «el primer fondo español que invierte en empresas con políticas sólidas de igualdad de género». Pura mercantilización del feminismo como se verá.

El artículo publicitario al que se refería Ana Patricia Botín en su tuit no sólo alababa lo ético que es invertir en empresas cuya Responsabilidad Social Corporativa (RSC) apoyara la igualdad de género, sino también aquellas que fomentaban esa igualdad en todas estructuras de la organización. Se trataba de un fondo que la propia Ana Botín valoraba como sostenible, con criterios de igualdad y liderazgo femenino. Una inversión para obtener beneficios de aquellas empresas que son «feministas». Una forma de atraer a inversores especulativos con conciencia social hacia las necesidades de fondos del propio Banco de Santander. En resumen, una mercantilización de la lucha por los derechos de las mujeres para un beneficio privado, el cual nos indica que ya lo advertido en diferentes ocasiones por Diario16 tenía un fin espurio. El feminismo de Ana Botín era impostado y predicado para una necesidad y una finalidad puramente económica, una campaña de marketing de cara al lanzamiento de este nuevo producto. No hay más, por más esfuerzos que pretenda hacer Juan Manuel Cendoya para dar una imagen positiva de una entidad que se está caracterizando en los últimos años por, precisamente, huir de la ética como elemento que genere los beneficios que no están logrando. Y la campaña del Día Internacional contra el Cáncer de Mama es una buena forma de demostrar esa falta de sensibilidad y de humanidad del Santander.

Por tanto, el banco presidido por Ana Patricia Botín tiene la obligación moral de retirar esa campaña que atenta contra los principios básicos del ser humano y, de no ser así, el propio gobierno debe ser quien ordene su retirada puesto que va en contra de los valores feministas que el propio presidente Pedro Sánchez ha indicado en multitud de ocasiones que son el referente de la acción de su Ejecutivo. En esto no hay excusas, no hay remilgos, es tanto el dolor que sufren las mujeres que jugar con él o utilizarlo para hacer negocio es tan ruin y miserable como los anuncios de prostitución o de clubes de alterne que son retirados por, precisamente, atacar los valores de la igualdad y del respeto a la mujer. ¡Ya está bien!

 

Nadie sabe cómo salvar el Mar Menor

El Mar Menor no tiene solución. Ha sido demasiado tiempo de abusos, vertidos y excesos –consentidos no solo por los políticos, también por empresarios sin escrúpulos y regantes inconscientes– en este rincón de la Región de Murcia que un día fue un hermoso paraíso natural. Ayer la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, visitó la zona tras el terrible episodio de miles de peces muertos aparecidos a orillas del mar. Pero lejos de venir con un plan debajo del brazo, como esperaban los murcianos, llegó con consejos de resignación cristiana ante un problema ecológico de dimensiones bíblicas que nadie sabe cómo afrontar. “No hay soluciones mágicas, pero hay que ser muy serios y rigurosos para la recuperación de este espacio emblemático”, dijo la ministra, que advirtió de que estamos ante “una emergencia ambiental, una prueba evidente de lo que ocurre cuando miramos para otro lado”.

Las palabras de Ribera suenan a derrota, a arrojar la toalla, aunque haya optado por aplicar “las normas que existen y reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el territorio para mejorar las oportunidades de recuperación de ese equilibrio”, ya que, ha indicado, “estamos a tiempo de salvar la laguna, pero hay que ser responsables y honestos en el análisis”, informa Europa Press.

Además, la titular del departamento ha lanzado un mensaje al presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien “no está en condiciones de exigir”, en clara referencia a las políticas contaminantes que el PP ha tolerado en esta comunidad durante décadas de mal gobierno. Ribera ha celebrado, eso sí, la “voluntad de trabajo y el codo con codo” que le ha ofrecido el jefe del Ejecutivo regional en su encuentro en Murcia.

“Hay un compromiso serio de trabajar conjuntamente y nos ha trasladado su preocupación por la cantidad de temas cruzados”, ha confesado la ministra, que ha abogado porque cada uno asuma la competencia que le corresponde, porque “se trata de sumar y no de sustituir”.

En este sentido, ha asegurado que ejercerán sus competencias “al límite y con total celeridad”, pero ha solicitado que dentro de las competencias del Gobierno regional se planteen debates sociales, económicos, de ordenación del territorio y de cumplimiento de las normas.

Tras visitar el Mar Menor para conocer el estado de la laguna salada, ha declarado que el episodio de este fin de semana “es extraordinariamente traumático, en uno de los espacios emblemáticos, singular y particular del Mediterráneo, que pone de manifiesto cómo el equilibrio del ecosistema es enormemente delicado y sensible”.

Ribera ha comprobado ‘in situ’ el estado de la laguna salada acompañada de la organización ecologista ANSE a fin de evaluar la zona y ha hablado con todas las partes. “He venido a escuchar a todas las partes, alcaldes, pescadores, agricultores, ecologistas, vecinos y científicos”, ha manifestado.

En esta misma línea, ha reclamado el fin de las malas prácticas, ilegales o de vertidos, “y sobre todo va a tener que pensarse en un debate de fondo sobre la ocupación del territorio y a esas buenas prácticas agrícolas, que en muchos casos existen, deben ir imponiéndose a las malas prácticas, todo ello a la espera de conocer los resultados de la evaluación científica”.

Y es que, lamenta, las imágenes de estos días “son terribles, varios metros de agua superficial que de nuevo se ha convertido en sopa verde y unos fondos marinos que no reciben la luz”, por lo que ha trasladado la solidaridad del Ejecutivo de la nación con esta situación.

La capacidad de carga física y química “es la que es y si no queremos el colapso definitivo de un espacio emblemático tendremos que ser más serios en la aplicación de las medidas que permitan proteger este espacio”. El plan Vertido 0 es “una primera aproximación y tiene una evaluación ambiental, pero esto engloba una serie de actuaciones estratégicas que hay que activar”.

Para Ribera, lo más urgente es “ordenar bien las prioridades para ir primando las buenas prácticas y desechar las malas, que han crecido exponencialmente en las últimas décadas y que explican por qué estamos ante una situación crítica que no debe llevar al colapso de un espacio emblemático”.