jueves, 15 enero, 2026

Juez Presencia: “A los jueces que denunciamos la corrupción nos están intentando aniquilar”

En un comunicado de prensa al que ha tenido acceso Diario 16, ACODAP, la asociación que está denunciando a los jueces y fiscales sospechosos de corrupción ha hecho público que su representante legal, el juez Fernando Presencia, acaba de presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de inhabilitarle por segunda vez, evidenciando que ha sido el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien se ha negado a dar cumplimiento a la sentencia condenatoria firmada por el mismísimo Tribunal Supremo.

Como señala el comunicado al que ha tenido acceso Diario 16, la especial transcendencia constitucional del recurso de amparo que han presentado los abogados del juez Presencia se basa “en una circunstancia hasta ahora inédita en el panorama de nuestra jurisprudencia derivada del hecho de que, por primera vez en la historia de las relaciones jurídicas entre el Alto Tribunal y el Órgano de Gobierno de los jueces en España, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se ha negado a dar cumplimiento a una sentencia de inhabilitación de un magistrado ordenada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

Sigue diciendo ACODAP en su comunicado que el acoso al que está siendo sometido el magistrado denunciante de corrupción demuestran de un lado “un evidente exceso punitivo al tratar de castigar en procedimientos penales diferentes y consecutivos dos delitos de prevaricación judicial dolosa (con una pena total de 20 años de inhabilitación, 10 años por cada uno de ellos) cuando deberían haber sido enjuiciados en un único procedimiento como un solo delito continuado de prevaricación judicial” lo que además le hubiera permitido defenderse a la vez de ambas acusaciones, en la que se considera que es “la mayor condena por prevaricación impuesta a un juez en toda la historia de nuestra democracia reciente”.

La misma asociación señala “la manifiesta aberratio iuris que se ha producido al expulsar por segunda vez de la carrera judicial a quien ya había sido expulsado con anterioridad por el mismo Tribunal, quedando imposibilitado de facto el Consejo General del Poder Judicial para la aplicación efectiva de la segunda condena de inhabilitación”.

En cualquier caso, como ha señalado a este diario el propio Fernando Presencia  “es evidente que nos están intentando aniquilar a todos los jueces que denunciamos la corrupción, como lo demuestra el acoso implacable al que está siendo sometida por ejemplo la jueza del caso ‘Pokemon’ Pilar de Lara, que si nadie lo remedia seguramente la apartarán también de la carrera judicial. A ella como a mí nos acusaron de retrasos desde el mismo CGPJ después de habernos negado los refuerzos y cualquier tipo de ayuda personal o material”. “Siempre hacen lo mismo cuando se trata de quitarse de en medio a las juezas o jueces que les resultan incómodos. El caso de la jueza Ayala es otro ejemplo más. Y si retrocedemos  en el tiempo empezamos a encontrar casos y más casos, como el de los jueces Elpidio Silva y Baltasar Garzón” ha terminado diciendo el presidente de ACODAP, quien ha recalcado que “curiosamente todos seguimos siendo jueces según el BOE, porque ninguno de nuestros ceses ha sido publicado en el diario oficial como, por otra parte, es preceptivo. La razón es que el Rey no ha querido firmar ninguno de nuestros ceses, o bien que nadie se ha atrevido a ponérselos delante para que los firmara, porque son evidentemente injustos e incluso ilegales. Si consultas el boletín te das cuenta de que el único cese que se ha publicado es el de Pascual Estevill, y eso porque le obligaron a renunciar a la carrera judicial. Todos los demás seguimos siendo jueces, le pese a quien le pese.”

Casado y Rivera odian la democracia

En un libro de hace ya algunos años, aunque dentro de este siglo, el pensador Jacques Rancière (El odio a la democracia. Amorrortu editores) analizó cómo aquellos que más golpes de pecho se daban alabando la democracia y el orden del Estado de derecho, al final del camino lo que mostraban es que en sí odiaban la democracia. Ese odio escondido, que el pensador francés califica realmente de policía frente a política,  lo enmascaraban mediante la apelación a la libertad que no deja de ser “la dominación de aquellos que detentan los poderes inmanentes a la sociedad. Es el ingenio de la Ley de incremento de la riqueza” (p. 83). Pablo Casado y Albert Rivera se encuentran en esa posición, valoran la democracia tanto como la odian porque para ellos demasiada democracia, como para la Trilateral por cierto, es mala.

Si han prestado algo de atención a los discurso de ambos dirigentes, sabiendo el suplicio que puede ser, siempre aluden a las leyes, a la constitución (el frente constitucionalista dicen), al título (como si fuesen aristócratas o tecnócratas) que les sitúa a ellos como los más adecuados para gobernar. El resto, el “otro”, no dejan de ser la plebe, los desclasados, el lumpen, el vulgo, la chusma, el populacho, la masa al fin y al cabo. Si se fijan bien no dicen que incorporan a sus partidos a independientes de la Sociedad, sino de la sociedad civil, que es esa estructura de poder que vehicula las demandas de la base sistémica y que se interpone a todos, al pueblo en general, frente al Estado. Eligen a personas no de la Sociedad, algo que consideran vulgar, sino de la sociedad civil porque es ésta la que les otorga título a esos individuos. Y da igual que sea por empresarios, jefes de un Lobby o deportistas famosos. El caso es que no eligen de la Sociedad porque no quieren que el pueblo gobierne, ni tenga veleidades democráticas.

Lo que ellos llaman “sociedad democrática”, mediante ese mecanismo teatral de la política, no es “nunca otra cosa que un trazado ilusorio destinado a sostener tal o cual principio de buen gobierno” (p. 76) decía Rancière. El buen gobierno sólo pueden hacerlos los que ellos y ellas determinan que tienen título. Los méritos cambian si alguien del vulgo consigue alcanzarlos. Siempre son movibles para que la oligarquía del sistema siga obteniendo sus rentas y riquezas. El establishment admite, evidentemente, a personas que no tienen título, pero no tanto por aparentar como por poder testificar que a ciertos colectivos no hay que dejarles el poder pues no saben llegar al “buen gobierno”. “El sufragio universal es una forma mixta nacida de la oligarquía, desviada por el combate democrático” (p. 79) exclama Rancière advirtiendo lo que hemos expresado. Sin la lucha de los de abajo jamás hubiese habido sufragio universal, ni derechos sociales, aunque nos hubiesen seguido vendiendo que la democracia liberal era democracia. Han aceptado, por la posibilidad de adherir a personajes sin título, cierta apertura de voto pero hasta ahí. No les gusta la democracia. Sólo hay que ver cuando se plantea tan sólo un debate sobre lo que es España realmente. No digamos si se quieren hacer referéndums.

Rivera en campaña

Mienten en sus titulaciones o las adquieren por su cara bonita (en el caso de Casado por su sonrisa de sinsorgo) porque deben justificar que tienen título para gobernar. No es porque ese título, ese mérito si lo prefieren, les sirva de algo pues el establishment se encuentra tras ellos, sino porque a la izquierda hay demócratas que no sólo defienden sus ideas y el diálogo, sino que aparecen con los méritos que la sociedad falsamente ha encumbrado. Y decimos falsamente porque tener estudios primero, carreras, masters, doctorados y demás fue utilizado por la oligarquía plutocrática para situarse por encima de los demás. Y cuando el pueblo adquirió esos méritos, mediante un engaño comercial para que circulase el dinero, impusieron las ratios de mejores universidades y demás zarandajas. Esto es, volvieron a situar el listón donde sólo podían llegar las élites. Pero como a la política en sí se dedican los menos capaces del establishment o aquellos a los que compran, deben presentar algún mérito y no aparecer desnudos. Por eso dice Rivera: “Quiero un gobierno que represente la España del esfuerzo y del talento”. Está señalando los títulos que le niega a los demás. Ya avisa de ello el pensador francés cuando advierte que “” (p. 101). Como no hay redistribución de las posiciones sociales y de poder, el reparto de los saberes acaba degenerando en lo que hoy vemos con Casado y Rivera. Una falsa relación de igualdad que sigue generando desigualdad real.

No les gusta la democracia porque la democracia es colectivo y azar en buena medida. Cuando Casado habla del peligro de colectivizar (sin saber realmente qué está diciendo pues no se refiere a medios de producción el muy ignorante), habla de los límites a la democracia inherentes al sistema. No les gusta lo colectivo porque es de todos y no se puede hacer dinero de ello. No les gusta, como dicen los neofascistas, las personas que tienen criterio propio o quieren “verdadera” libertad. ¿Se han dado cuenta de la homogeneidad en el vestir y en el discurso en Ciudadanos y el PP? Parecen sacados todos de la misma fábrica. Y de ahí han sido sacados. No de pijolandia, sino de una cultura elitista, oligárquica, donde saben bien que hay que distinguirse para tener acceso al título de buen gobernante. Todo ello para encubrir que el espacio público político se acaba configurando a través de “una sólida alianza entre la oligarquía estatal y la oligarquía económica” (p. 105). Recuerdan todas esas veces que hemos hablado de las conexiones entre medios de comunicación (poder económico) y partidos de la derecha, ese espacio público está ocupado y a él no tiene acceso el pueblo salvo como mero espectador, y ser espectador equivale a ser pasivo. Justo lo que desean quienes odian la democracia.

el gobierno de la ciencia está condenado a ser el gobierno de las élites

Decía ayer Rivera que “las instituciones son de todos los ciudadanos, no son del señor Torra y no puede haber lazos, ni esteladas, ni símbolos partidistas”. Y tiene razón en términos filosóficos, pero la realidad es que, independientemente del señor Torra, lo que no le gusta a Rivera es que personas que piensan distinto puedan estar en las instituciones. Da igual que sea Sánchez, Torra o Iglesias, esas personas no tienen el título, el mérito para estar ahí, y para ejercer la democracia policíaca. Él, Rivera, sí tiene título porque, en sus paranoias todo hay que decirlo, conoce ese arcano del buen gobierno. Cuando Casado vocifera diciendo que en 6 meses, sí como lo oyen, Sánchez ha quebrado la economía española (aunque sea una mentira) lo que hace es quitarle el título, el conocimiento, el arcano del buen gobierno. Todo ello, en un caso y otro, porque entienden la democracia como una cuestión oligárquica donde hay ciertas relaciones igualitarias para aparentar. Nada más. Su misión es “asegurar la reproducción del mismo personal dominante bajo etiquetas intercambiables” (p. 109). El intercambio en España es PP o Ciudadanos, Casado o Rivera. Y lo malo es que algunas personas de la izquierda juegan a ese juego complacidas y vendidas al establishment.

Ábalos y Cerdán mienten

No hay nada mejor que intentar fardar ante los medios de comunicación para meter la pata. O intentar hacerse pasar por magnánimo después de haber impuesto el dedazo en las listas de tu partido. Vienen repitiendo en distintos medios de comunicación tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán (secretario de organización y secretario de coordinación territorial respectivamente) que no ha habido ningún tipo de ajuste de cuentas, que los “retoques” en las listas “colocando” a personas desconocidas (Cornejo dixit) ha sido solamente saber descifrar las verdaderas intenciones de la militancia. Y para que veamos cuán magnánimos han sido confiesan no haber tocado las listas de las candidaturas autonómicas, “y eso que podríamos haberlo hecho” apuntillan.

La proposición es una falsedad en el contexto en el que se ha realizado. Mienten a sabiendas los dos dirigentes socialdemócratas, aunque encarguen a los amigos artículos hagiográficos, porque las listas autonómicas ni se han elaborado. Si sólo se refieren a las valencianas, mejor decir que se había pactado con Ximo Puig anteriormente. Pero no, en el contexto expresado no eran sólo las listas autonómicas del País Valenciano, sino todas. Y ahí está la fardada que sale mal, esa mentira para parecer lo que no se es. Ni en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria, Asturias, por citar unas cuantas federaciones se han elaborado las listas. De hecho en la mayoría de ellas se están elaborando esta semana misma. Por tanto cómo iban a revisarlas si no existen.

El problema de tener unas listas casi completamente “sanchistas”, ha olido a cuerno quemado en los medios de comunicación y entre la militancia (recuérdese que el 50% de la militancia del PSOE no votó a Pedro Sánchez). Se les ha caído el castillo de naipes de la democracia interna como seña de identidad. Algo que ya habíamos avisado en estas mismas páginas hace tiempo al denunciar que el PSOE se había convertido en una especie de URSS con el nuevo reglamento. Lo aceptaron las baronías porque les conviene a nivel regional y Ábalos y Cerdán ahora sólo han hecho lo que se les permite, pasarse las votaciones por la ética destruida. Como ha hecho José Manuel Franco, en la Comunidad de Madrid, al presentar unas listas que no se correspondían con los votos obtenidos por los candidatos y candidatas (en breve les informaremos más detalladamente). Un PSOE convertido en reino de taifas más allá del centralismo democrático.

Cambian Ábalos y Cerdán la cultura de partido en el PSOE. El ganador tenía buena parte del melón pero se repartía y se respetaba el pluralismo interno. Ahora sólo cabe la voluntad de la cúpula sin mirar la capacidad, el mérito, la representatividad social o la experiencia y militancia (tal y como indica el artículo 278 del Reglamento, por cierto). No se espera que haya cambios en los listados de las Comunidades Autónomas, salvo alguna cuestión escandalosa, porque ya los barones pueden cambiar a su antojo “justificando” las listas. Y no hay nada tan sencillo de justificar como “por mis…”.

Después de esta bronca, que en Galicia ha tornado en destrucción del PSdeG, vienen las elecciones y ya se verá si los electos y electas dan la talla como grupo parlamentario de apoyo al Gobierno (tarea más complicada que la de oposición), o son primera oposición y con puñaladas entre ellos. Porque, de no lograr formar gobierno, no se extrañen de que algunos sargentos chusqueros de hoy quieran ser generales mañana asesinando, cual Brutus, al César. De hecho, alguno ya ha barajado esa posibilidad en cenáculos madrileños. Aunque el establishment quiere un gobierno estable y eso pasa por PSOE-Cs (veremos qué opinan las bases del PSOE) o PP-Cs. Buena parte de la Ejecutiva de Ferraz desean el primero obviamente, pero habría que convencer a la militancia de que lo ideal es pactar con la derecha y poner a Rivera de vicepresidente y a Girauta de ministro de Cultura.

García-Page vence a los “saqueadores” del Tajo

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido hoy a todas las autoridades españolas que “se apliquen a cumplir la ley y a rectificar las estrategias de gestión hidráulica” porque, de lo contrario, “se estaría haciendo una vulneración de las leyes conscientemente” y fomentando la política de trasvases hacia el Levante español “que supone un atropello ambiental”.

En este sentido, ha asegurado que en Europa “no solo nos han dado la razón con la Directiva Marco Europea”, sino que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) conocida el pasado sábado, que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (Toledo), “lo acaba de convertir en ley”.

Así lo ha señalado el presidente este martes en la sede de la Comisión Europea en la capital belga antes de presentar el ‘Informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats de interés comunitario del Río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha entre los embalses de Bolarque y Azután’, junto con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; la consejera de Fomento, Agustina García Élez; y el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Francisco Pérez Torrecilla.

Este informe de más de quinientas páginas, cuyas principales líneas de acción se recogen en un documento de cuarenta, ha sido elaborado por la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal de Castilla-La Mancha y confirma que el ecosistema fluvial del Tajo mantiene un mal estado de conservación y grandes desequilibrios ecológicos. Además, argumenta cómo el trasvase representa el principal factor de alteración hidrológica en el tramo del Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.

García-Page, quien ha recordado que su defensa de los intereses hídricos de la región “está por encima de otros intereses” como los de partido, ha confirmado que la próxima legislatura “será determinante” para buscar una solución al trasvase “porque tenemos la razón legal de Europa” y Castilla-La Mancha “está ganando no solo uno, sino varios pleitos”. Asimismo, ha avanzado que existen varios recursos abiertos “que estamos seguros de que se resolverán positivamente para los intereses de Castilla-La Mancha y de una España “que busca ser sostenible”.

A juicio del presidente, España no puede aspirar a seguir teniendo una “política desaprensiva en contra de la legislación europea que hemos apoyado y votado todos los españoles”. Por ello, ha querido hacer un llamamiento a los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana, así como al Gobierno de España, “para que intentemos buscar alternativas” y se establezca un “diálogo sereno” entre todos, pues por la vía actual “ya no se puede ir más tiempo. Tiene que haber un escenario de cambio claro, un punto de inflexión importante”, ha asegurado.

Por ello, y tras reiterar que la política de Rajoy y de Cospedal “ha sido un claro engaño a Castilla-La Mancha”, ha sugerido a los actuales dirigentes del PP regional que “tomen nota” y empiecen a pedir disculpas “por haber engañado y traicionado los intereses de la región a la que quieren representar”. En este sentido, ha avanzado su intención de invitar al Partido Popular castellano-manchego “a que se sume por vía parlamentaria a un acuerdo unánime, porque el problema del agua está por encima de las luchas ideológicas”, ha apostillado.

En último lugar, García-Page ha valorado que este es el momento “de no perder más tiempo” y de buscar alternativas de futuro al trasvase, “porque en el corto y medio plazo se perjudica no solo a Castilla-La Mancha, sino a todo el mundo porque no hay agua en condiciones”.

Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha indicado que desde el Ejecutivo regional se ha solicitado por carta al propio Ministerio para la Transición Ecológica el fin de los trasvases. “Automáticamente se deben parar y paralizar los trasvases, pues no puede decir un Tribunal Supremo con una sentencia que tenemos que garantizar unos caudales ecológicos y, a la vez, aplicar de manera automática ese Memorándum firmado por Cospedal y por el PP, a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha”, ha considerado.

Por otro lado, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha puesto de manifiesto “la necesidad de tener en cuenta a todos, siempre que hablamos de agua, desde la solidaridad y con la mano tendida”, y ha relatado que así lo ha hecho este Gobierno desde inicio de legislatura. “No hemos variado ni un ápice nuestra posición, que ha sido la más coherente, sin duda, la del sentido común, la de la solidaridad y la de la necesidad de que el agua que está en Castilla-La Mancha nos ayude a generar desarrollo en la región”, ha asegurado.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo “nos viene a dar la razón”, porque el trasvase “no puede continuar llevando más agua, en muchos casos como ahora mismo, de la que lleva el propio río”, y ha manifestado que desde la Asociación que preside “nos hubiera gustado que hubiera sido por una decisión política” más que jurídica, la que obliga al Gobierno a poner “un poco de orden” en el Tajo.

Torra debe cumplir la Ley

Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el plazo dado por la Junta Electoral Central al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que quite los lazos amarillos de los edificios públicos en Cataluña durante el periodo electoral, el presidente castellano-manchego ha asegurado que a Torra “se le tiene le tiene que aplicar la misma disciplina que me aplicaría a mí el Supremo si incumpliera la legislación electoral”.

A su juicio, “todos somos iguales ante la ley y es incongruente que los partidos independentistas que quieren romper España se presenten a las elecciones del Estado y pretendan bloquear la legislatura y la gobernabilidad en España”.

De juicio, manifestaciones, listas y regresos

Los acontecimientos van a tanta velocidad que resulta imposible reflexionar exclusivamente sobre uno sólo, porque el resto te atropellan cada cual con una mayor relevancia.

Lo que comenzó como una noticia impactante, el inicio del juicio al Procés, se ha ido diluyendo tapado por las que han seguido a continuación. Quizás volviendo al mirada atrás lo más relevante haya sido la penúltima declaración del mayor de los Mossos d’Escuadra, Josep Lluis Trapero.

En ella desmontó de manera contundente los argumentos del Gobern de aquellos instantes, los situó como insensatos irresponsables que condujeron a su pueblo al desolladero, no sin antes haber escuchado sus advertencias, ignoradas y lo que es peor silenciadas.

En esa declaración emergió una figura honesta y sensata, que deberá figurar con letras grandes en la historia de Catalunya por más que algunos canallas le acusen ahora de traidor (botifler en catalán), burda manera con la que se intenta amedrentar a las gentes que funcionan con el cerebro y no con las entrañas, o que discrepan desde su bando de su deriva.

Trapero no es un “botifler”, es un policía consciente de lo que iba a pasar que intentó que aquello no acabara en tragedia. “Dios que buen vasallo si tuviese buen señor” se debería de clamar. Qué curioso poder ligar El Cid a Trapero. Quizás como él acabe venciendo después de desaparecido.

La otra declaración a reseñar ha sido la del Lehendakari Urkullu, que al igual que Trapero dejó al desnudo el comportamiento cobarde y falso del President Puigdemont. ¿Cómo es posible que alguien tan mediocre en lo político y en lo personal pueda llevar a todo un pueblo por la senda equivocada?

Incluso a intentar rememorar la manifestación de Colón, pero esta vez en Cibeles. Dos manifestaciones confrontadas en pocos días, pero con elementos comunes. Así es la vida, a veces nos trae estas contradicciones y los extremos acaban unidos.

Ambas, de manera diferente, eran para quebrar la voluntad del Gobierno de Sánchez. Ambas habían puesto “toda la carne en el asador”. Las dos fracasaron en el intento, porque no fueron históricas, avasalladoras y se quedaron en un quiero y no puedo lamentable.

Siempre se ha dicho que Pedro Sánchez es un líder con suerte. Probablemente ambos grupos convocantes le hayan hecho un favor impagable que le lleven a ganar las próximas elecciones.

También fue efímero este fuego ya que sin tiempo a respirar vino toda la vorágine de las listas, los fichajes estrellas, las defenestraciones en masa. El PSOE de Sánchez arrasaba sin movérsele ni un solo pelo a quienes le dieron el Golpe de Estado del 1-O, mientras enfrente Casado liquidaba sin inmutarse a las gentes del anterior presidente Rajoy y de su vice presidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

En mi reflexión anterior ya analizaba que si hay un periodo especialmente abominable en el seno de los partidos políticos, es el de la elaboración de las listas y esta vez con mayor razón ya que nos esperan cuatro elecciones casi al mismo tiempo. Muchas listas, muchos agravios y decepciones.

Por otro lado Cs ha batido todos los records de incompetencia a la hora de introducir el sistema de primarias y Podemos……………..bueno, Podemos ni está ni se les espera.

¿Qué consecuencia tendrán los jirones producidos? No existen estudios científicos que lo puedan analizar, pero parece probable que las habrá, especialmente en Andalucía y Aragón para el PSOE, Galicia para el PP y Madrid y Catalunya para Podemos.

Como se puede apreciar los únicos que se salvan de esta quema son los de VOX, porque acaban de nacer. Hasta que se consoliden y lleguen las próximas listas, porque de este doloroso proceso no se libra nadie.

Queda para el final el regreso. El regreso del más deseado: Pablo Iglesias. Deseado lógicamente para Podemos, ya que dependen de una manera excesiva de él, pero curiosamente también para un PSOE interesado en que su vuelta acabe con la caída libre de ese sector de la izquierda, imprescindible para poder seguir gobernado.

¿Cuándo la política acabará con ese cáncer que supone el culto al líder? Terminar con la dependencia casi absoluta de una sola persona. ¿Cuándo se entenderá que resultan mucho más eficaces las batallas electorales colegiadas, colectivas?

Parece lejano ese día mientras que en los partidos  primen los análisis demoscópicos y las técnicas de marketing, en lugar de la ideología. Cuando las ideas quedan sustituidas por la publicidad.

Cuando Fukuyama hablaba del final de las ideologías no adivinaba lo que  nos venía encima, pero acertó en las consecuencias. Especialmente en que en periodo electoral, la delgada línea roja que separa la derecha de la izquierda se difumina hasta casi hacer que se confundan.

Vivimos malos tiempos para la lírica y especialmente para quienes seguimos militando de manera tradicional como antes. Aquellos que tercamente continuamos defendiendo la confrontación derecha-izquierda. Somos una especia en vías de extinción que deberían de proteger, al menos para ser estudiados en el futuro.

Por cierto para finalizar un breve recuerdo para las luchas a favor de frenar el cambio climático, para salvar nuestro planeta. Me temo que lleguen ya demasiado tarde y que nos quede un telediario……..o quizás medio.

En fin…………..

Manolo Mata: “La política fiscal del PP favoreció que personajes del clan Zaplana blanquearan su dinero con donaciones libres de impuestos”

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha criticado que la política fiscal del PP durante 20 años “haya favorecido que personajes como Eduardo Zaplana blanquearan el dinero de cuentas en paraísos fiscales con donaciones de casi un millón de euros sin pagar impuestos”. “Esta semana hemos visto a quién beneficia la eliminación del impuesto de sucesiones y de donaciones que con tanto ahínco defiende el PP: a Zaplana y a todos sus amiguitos que durante años hicieron negocios con el dinero de los valencianos y las valencianas”, ha expresado.

Mata, tras las revelaciones aparecidas en los medios esta semana sobre el Caso Erial, ha señalado que “parece que el PP siempre acaba pensando en sus amiguitos del alma para hacer su política fiscal, ocurrió con la amnistía fiscal de Montoro y sigue ocurriendo con la defensa del PP de la secretaria autonómica Isabel Bonig de eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones que sólo benefician a una élite de la sociedad”.

El dirigente socialista ha contrapuesto el modelo PP “que se basa en rescatar a los corruptos por miedo a que puedan seguir saliendo informaciones de nuevas tramas” frente al actual Consell de Ximo Puig “que desde el primer día recuperó la honestidad de las instituciones y puso en marcha políticas en beneficio de la mayoría social”. “Ahora hay un gobierno para la mayoría de los valencianos y las valencianas que ha liquidado el sistema fiscal más regresivo de España implantado por el PP en 20 años con los tipos más altos en las rentas medias y bajas respecto del resto de autonomías y, en cambio, era de los más bajos para las rentas más elevadas”, ha explicado.

Para el también portavoz del Grupo Socialista en parlamento autonómico, “la corrupción y la mala gestión del PP gripaban el potencial de la Comunidad Valenciana  que ahora crece por encima de la media estatal”. “Hemos pasado de ser el paradigma de la corrupción a ser un ejemplo de crecimiento económico a partir de políticas progresistas y mejora de los servicios públicos”, ha expresado Mata quien ha concluido asegurando que “la corrupción del PP era un palo en las ruedas de la economía valenciana que ahora vuelve a rodar en un escenario de estabilidad, honradez y diálogo social”.

Expresas, alas para volar a través de las palabras

Un grupo de mujeres reclusas del centro penitenciario de Picassent están viviendo una experiencia intensa con la edición, el pasado 8 de Marzo, del primer ejemplar de revista Expresas, publicación realizada por ellas y promovida por un grupo de periodistas y profesionales del ámbito social, con la periodista valenciana Pilar Almenar como impulsora del proyecto Impresas. Una iniciativa que comenzó a caminar el pasado mes de octubre, según ha informado la televisión autonómica A Punt en un reciente reportaje.

Palabras entre rejas y alas para volar a través de las palabras. Esta interesante iniciativa está siendo un aliciente para las mujeres presas que han realizado esta publicación tras participar en talleres de redacción. Han elaborado la revista desde su cabecera, diseño, el contenido de redacción y las secciones. La experiencia pretende levantar puentes de comunicación entre la vida interior y la exterior del centro, sobre todo, desarrollando el mundo de las emociones, sus habilidades, creatividad y el intento de sumar contra las desigualdades.

Se trata de una positiva actividad que supone el empoderamiento de mujeres presas y el desarrollo de su talento, sensibilidades y creatividad. El centro penitenciario de Picassent es el mayor de todo el país, con una población reclusa de casi 2.500 personas, de las que más del 12% son mujeres.

Pilar Almenar ha coordinado un trabajo cargado de sororidad y confluencias porque el proyecto canaliza el talento dirigido a ser una puerta abierta para la comunicación, para  dar voz a las mujeres silenciadas. La voz y el espacio para que las mujeres reclusas puedan expresar sus sentimientos y emociones. La revista incluye reportajes, actualidad, creaciones literarias de las reclusas, recetas culinarias y otros contenidos sociales. Para las redactoras de esta publicación la edición de Expresas es un aliciente para escapar de la invisibilidad, el silencio y para generar experiencias comunicativas con la sociedad. La edición, de 300 ejemplares puede ampliarse y cobrar difusión a través de las redes sociales.

“Presentamos el número 0 de Expresas, la primera revista escrita por mujeres en el marco del proyecto #Impresas, en la prisión de Picassent”, explicaba, hace unos días en redes sociales, la periodista Pilar Almenar refiriéndose a las creativas y redactoras Eva, Sheila, Sonia, Verónica y otras compañeras reclusas como el corazón y eje de la redacción de esta revista. Asimismo, el equipo de este proyecto Impresas cuenta, entre otras personas, con Patricia Blanco, especialista en desarrollo de proyectos sociales, la periodista experta en género e igualdad, Laura Bellver Carsí, la licenciada en filosofía y fotoperiodista Estrella Jover, y Cristina López González, terapeuta ocupacional en gestión de grupo. El diseño y maquetación es autoría de Álvaro Lago y la ilustración de portada de Cachetejack. Este interesante proyecto cuenta con la colaboración de Obra Social La Caixa y el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, LA NAU Centro Cultural de la Universidad de Valencia y Unió de Periodistes Valencians.

Debate de controversia ante el 28-A

El debate pre-electoral está siendo enconado, grosero y estéril. Faltando poco más de un mes para la cita en las urnas, esperemos que los dirigentes políticos eleven el nivel de los mensajes y dejen de hacer el ridículo.

El pueblo no es tonto y lo que pide es que se haga política para resolver los problemas que les afectan, principalmente los de la economía doméstica, para poder llegar a fin de mes y vivir dignamente del fruto de un puesto de trabajo fijo y bien remunerado.

Pero los analistas económicos más serios advierten que la economía mundial se viene ralentizando y es probable que se deslice hacia una nueva crisis y recesión dentro del actual bienio.

No es igual si la gestión de la próxima crisis  sea llevada a cabo por los que algunos llaman en Andalucía los “Trillizos Aznarianos” con un Gobierno en Madrid  compuesto por PP, C’s y Vox, en la que esta última fuerza ha empotrado cuatro generales franquista en las listas electorales, o que la intente sacar adelante un gobierno de las izquierdas que avance hacia un programa de transición que beneficie a la clase trabajadora y capas menos favorecidas, porque aunque algunos las nieguen sigue habiendo luchas de clases.

La irrupción del Gobierno de ultraderecha, condicionado por Vox en el Parlamento de Andalucía, ha causado un impacto muy preocupante entre amplios sectores de la clase trabajadora y la juventud en todo el Estado, pues con los discursos tan incendiarios y ofensivos, de improperios, denuestos, afrentas, ultrajes, vituperios y demás descalificaciones de mal gusto y baja calidad que emplean las Derechas, se  está agudizando la polarización entre las clases de forma acelerada.

Este cambio en la situación política pone fin a los efectos anteriores de la desmovilización social, propiciada por la posición de las organizaciones sindicales del “pacto por el pacto” aplicada por esas organizaciones de clase, atrapadas en el reformismo de una creciente burocratización, junto a su incapacidad para oponerse con firmeza a los recortes.

Los sindicatos dicen que se oponían moderadamente  a las políticas de austeridad, recortes y corrupción que venía aplicando durante años el Gobierno PP, pero debieran entender que con  el “diálogo permanente”, pero sin presión social en las calles no se consiguen avances, sino retrocesos, habiéndose perdido bastantes de los derechos y  conquistas anteriores.

La incapacidad de diálogo del  anterior Gobierno del PP se reflejaba asimismo, en las cuestiones sociales, que fueron maltratadas con leyes restrictivas como la contra-reforma Laboral, la Ley Mordaza, los recortes en Sanidad, Educación, Dependencia, el vaciado de la Hucha de las pensiones y la corrupción galopante que afectó al PP siendo condenado a “título lucrativo”, derechos eliminados por Rajoy que deben ser revertidos de inmediato por un próximo gobierno de izquierdas.

Es un hecho demostrado que el PP compitió en las campañas anteriores dopado hasta las cejas con dinero sucio de forma ilegítima e ilegal. Su Gobierno fue incapaz  de afrontar el creciente conflicto nacionalista en Cataluña, ofreciendo la represión como única alternativa, con la aplicación del Art. 155 que ahora amenazan con hacerlo permanente, si ganasen las derechas el próximo 28-A, lo cual sería como enquistar el conflicto ya que de forma “permanente” nos llevaría a una catástrofe ajena a la Democracia.

Aquella situación de pésima gestión Política del Gobierno Rajoy, “judicializando el conflicto”,  enfocado casi en exclusiva en el frente “independentista”,  hizo que se abandonaran también en la práctica las cuestiones sociales, propiciando la radicalización en línea “nacionalista españolista versus nacionalista catalanista”, con un crecimiento del independentismo en Cataluña y un cierto despertar del enfrentamiento acelerado por la “guerra de las banderas”.

Ese enfoque casi exclusivo y monotemático también produjo un hartazgo e incluso desmovilización de un amplio sector de la población que se expresó en la abstención entre amplias capas del movimiento obrero, como vimos  en Andalucía, con el 41 % de rechazo a las urnas que abrió el paso a la coalición de ultraderecha.

Esto alarmó a la ciudadanía más progresista y a las izquierdas, mientras otro sector del movimiento obrero y capas medidas empiezan ahora a despertar del letargo y la indignación pasando a la acción, como la exitosa Huelga Feminista del 8-M o la Huelga Estudiantil Europea del 15-M, contra el Cambio Climático, representando un aviso a las direcciones de los Partidos e incluso a los Sindicatos. También confirmada por la batalla semanal de los Pensionistas sobre todo en Euskadi y otras expresiones de luchas sociales.

El Bloque Tripartito condicionado por la ultraderecha reaccionaria, aspira a repetir el resultado de Andalucía en el resto del Estado, anunciando que se proponen formar un Gobierno en Madrid de ese modelo ultraderechista. Eso no se puede descartar, si la clase trabajadora y la juventud no les frenamos con una potente movilización en las próximas elecciones del 28-A en las urnas y en las calles.

Nadie dispone de una varita mágica para predecir con certeza lo que ocurrirá, ya que incluso las encuestas más fiables anteriores fracasaron estrepitosamente. Pero barajando algunas encuestas de opinión,  por ahora señalan una especie de empate técnico que podría romperse.  Dependerá de los abstencionistas y los indecisos de última hora, porque en realidad, las izquierdas son numéricamente mayoría, y algunas encuestas señalan que podría ocurrir cualquier cosa.

Un resultado favorable a las derechas no es descartable, sobre todo, si las direcciones de los Partidos de Izquierdas no ofrecen un programa atractivo que movilice a los millones de trabajadores, pensionistas, juventud, movimiento feminista y ecologista que están a la expectativa.

Las Direcciones de Izquierdas necesitan convencer a los votantes, para que canalicen su cabreo, su indignación y su desgana, movilizándose por el programa del Cambio Social que estamos necesitando, para que acudan a las urnas y sobre todo, alentándoles a las luchas sociales como debe corresponder a una verdadera democracia participativa y plena.

Para este capitalismo mafioso y agónico, las luchas feministas, ecologistas, pensionistas y movimiento obrero, en conjunto, si fuésemos unidos,  representarían para la clase dominante los 4 Jinetes del Apocalipsis y coordinando la batalla entre todas las izquierdas, la burguesía caería como una fruta madura abriendo los cauces para el Cambio Político, Social, Económico, Ecológico y Cultural, que necesita la Humanidad y este planeta Tierra esquilmado y en peligro con el Cambio Climático.

La idea de votar para cerrarle el paso a las derechas reaccionarias debe hacerse presente, ahora en el debate pre-electoral, pero sobre todo,  en la Campaña  hablando claro de programas y de coaliciones, explicándose bien por las direcciones de los partidos en pugna, cómo van a solucionar los problemas, dejando de acusarse mutuamente con insultos y malos modos como vienen haciendo, dando la impresión de un bajísimo nivel político e incluso mala educación que repugna al electorado.

Si se acomete el debate social y territorial en serio, pues son estas cuestiones las fundamentales a resolver, las izquierdas podrían encontrarse con un incremento de la participación en las urnas que favorezca el entendimiento.

Para ello es preciso atender a los problemas reales que expresa la población. Tomando un estudio del Barómetro del CIS (Meses Septiembre/Diciembre  2018), en el que se pregunta: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?”  La respuesta  nos da una media como sigue:

1)  Paro 36,95%
2)  Los políticos en general. Partidos y la política 14,73%
3)  La corrupción y el fraude 11,95%
4)  Los problemas de índole económicos   8,05%
5)  Otros (sociales, inmigración, Cataluña, etc) 28,32%

 

El PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza y Pablo Iglesias dirigiendo Unidas-Podemos, tienen que explicar cómo van a dar alternativas a esos problemas que el pueblo reclama y llegar a convencer en sus discursos programáticos a los millones de futuros votantes, que ahora la cosa va en serio,  respondiendo con claridad y firmeza en debates políticos, con alternativas y soluciones.

Debieran rechazar con datos, cifras y argumentos los ataques que vienen recibiendo desde hace semanas por parte de los  impresentables y maleducados Casado, Rivera y Abascal, representantes de esa derecha montaraz, carpetovetónica, conquistadora y violenta, que subidos en sus corceles nos apabullan con insultos, lindezas y descalificaciones personales porque no tienen nada que ofrecer, salvo llevarnos con métodos reaccionarios y represivos al modelo pre-constitucional aprovechándose de la democracia, cuando ellos quieren destruirla.

Hemos visto ese bochornoso espectáculo de la precampaña donde Pedro Sánchez es acusado de todo: de traidor a la patria, de vender España, de frentepopulista… así como otros cientos de calumnias y mentiras por boca de las huestes de Casado, Rivera y Abascal, pero en vez de debilitarle como era su intención, ha tenido el efecto contrario,  pues el PSOE sigue creciendo en expectativas de voto y obtiene cada vez más credibilidad, mientras que el PP se hunde y pierde votos por la ultraderecha fugándose a Vox que habla para los suyos con más “sinceridad franquista” y por el otro lado, C’s con Arrimadas y Rivera le cubren el centro, aunque dislocados y con nulos progresos.

Tanto el Candidato Sánchez (PSOE) como Iceta (PSC) en  Cataluña, recuperan credibilidad entre amplios sectores de la clase trabajadora y capas medias, pese al enrarecido conflicto nacionalista, pues está ocurriendo algo opuesto en C’s cuyo ejemplo es el abandono de Arrimadas del Frente Catalán, que lo da por perdido.

La población entiende que solo hay dos salidas:

1.-) El diálogo y la democracia, que es lo que viene planteando Pedro Sánchez.

2.-) La aplicación del 155 Permanente, que es lo que plantea la “Derecha Trilliza” si ganase las elecciones.

La deriva sería continuar con el Art.162, Declarando el Estado de Alarma, luego el Art. 163 Declarando el Estado de Excepción y luego el Art. 164 el Estado de  Sitio, lo cual equivaldría a suspender la Constitución y volver al pasado, que algunos nostálgicos reivindican, pero más temprano o más tarde esa situación podría desembocar en una peligrosa espiral de violencia.

Esos son los riesgos a los que nos enfrentamos, según mi punto de vista,  por lo que el debate debe ser a fondo, para que la ciudadanía vote en conciencia, si  elige esta Democracia, aunque sea Burguesa e incompleta, para luchar por un giro a la izquierda o apuesta por la reacción y la catástrofe.

Cualquier cosa que vote el pueblo tendrá sus consecuencias, porque a veces “toda revolución necesita el látigo de la contrarrevolución”. Una arremetida fascista contra el movimiento obrero podría  abrir de nuevo los procesos revolucionarios en el Estado Español y en Europa.

Necesitamos una alternativa Democrática para utilizar la creatividad maravillosa y la fuerza de la que es capaz la clase trabajadora en su lucha por un Programa de Cambio genuinamente Socialista, que consiste en poner la economía al servicio de la mayoría de la clase trabajadora y no de una minoría de banqueros y capitalistas que no se someten a las urnas.

Para ello demos la batalla por una banca pública democrática y nacionalizada para ejercer el control social sobre las principales palancas de la economía, los latifundios y monopolios y poner los recursos productivos bajo control democrático del pueblo evitando la corrupción y los despilfarros y  desarrollando un plan democrático, científico y ecológico de la producción para acabar con el paro y la pobreza,  poniendo la economía al servicio de la sociedad cuyo objetivo debe ser el bien de la Humanidad.

Así provocó el BCE la caída del Banco Popular

Según la cronología del Banco de España en referencia a la concesión de liquidez de emergencia al Popular se concedió financiación a la entidad en los dos días previos a la resolución:

Sin embargo, el Banco de España pidió la fecha de madurez de estas líneas de liquidez de emergencia con una vigencia de hasta el 14 de junio y el 21 para la ampliación de la línea de financiación.

En concreto, fue el propio ex gobernador Luis María Linde quien el día 5 de junio por la mañana comunicó al Banco Central Europeo que las líneas ELA del Banco Popular tendrían una madurez hasta el 14 de junio.

Ese mismo día 5 de junio por la tarde, Linde pidió una extensión de las líneas de liquidez de emergencia para el Popular con una madurez hasta el 21 de junio.

El 5 de junio, además, el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo acordó que no pondrían ningún tipo de objeción de las líneas de liquidez de emergencia con un plazo de madurez de hasta el 14 de junio.

Sin embargo, en una reunión del Consejo de Gobierno del BCE celebrada ese mismo día 5 de junio a última hora de la tarde y en la que se trató la concesión de una ampliación de las líneas de liquidez para el Popular, sólo aprobaron aquellas que tenían una fecha de madurez del 8 de junio. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las fugas de depósitos de ese día protagonizado por entidades, organismos y administraciones públicas, el BCE estableció la fecha en la que el Popular debía caer.

En consecuencia, desde Frankfort ya se decidió que el Popular sería resuelto, como muy tarde, el día 7, tal y como ocurrió. ¿Tuvo que ver esa decisión con la anulación del viaje de Emilio Saracho a la ciudad alemana?

Este correo fue enviado por Emilio Saracho a su secretaria el mismo día 5 de junio a las 9 de la mañana. ¿Sabía el entonces presidente del Popular lo que iba a ocurrir en ese día? Lo que está claro es que fue el primer día laborable después de que se produjera la reunión con el FROB y la JUR del día 3 de junio, encuentro en el que se decidió iniciar el Proyecto Hipócrates en el que se decidió que el Popular tendría que ser resuelto el día 7 de junio.

Todo ello nos da un panorama en el que hay una posible conexión entre las administraciones públicas dependientes del Ministerio de Economía de Luis de Guindos (CNMV y Banco de España), las autoridades económicas de la Eurozona (BCE y JUR) porque las fechas ya estaban marcadas desde el sábado anterior y ese día 5 de junio fue en el que se dio la puntilla a la sexta entidad financiera de España con una salida de depósitos que provocó la crisis de liquidez por la que el banco fue declarado inviable por Saracho.

Funcionarios denuncian que la Justicia maneja miles de datos personales sin un control legal

¿Están los datos personales y fiscales del ciudadano, lo más sagrado que tiene en el mundo, suficientemente protegidos ante una investigación o proceso judicial en el que no es parte directa pero se ve afectado de alguna manera? Una vez más, nadie podría asegurar que existe esa protección al cien por cien, ya que hay un vacío legal en el tratamiento y uso de las bases de datos, y mientras la tecnología va por delante de la sociedad, el ciudadano, que pocas veces se acaba enterando de que sus datos están siendo cotejados y analizados, sufre indefensión ante organismos como el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda.

En el año 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Confederación Española de Cajas de Ahorros sobre obtención de información para juzgados y tribunales. Tres años después, el 7 de septiembre de 2010 se suscribió otro convenio entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria para la cesión de información fiscal de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales. Tales acuerdos se pueden consultar en el Portal de Transparencia, tanto de la AEAT como del Ministerio de Justicia. Sin embargo, las medidas adoptadas se antojan insuficientes, ya que el Gobierno debería regular estas prácticas mediante una norma con rango de ley que proteja el derecho a la intimidad en estos casos concretos.

Si bien es cierto que existe una obligación legal de ceder datos de carácter tributario y personal a los jueces y tribunales, también hay que tener en cuenta la forma y sobre todo a quién se le cede concretamente esa información, a fin de que se realice con todas las garantías necesarias para un desarrollo totalmente lícito. Es decir, debería quedar bien claro qué categoría de funcionarios de la Administración de Justicia pueden tener acceso a esos archivos y en qué condiciones. También se debería especificar, entre otras cuestiones, el tipo de órganos judiciales a los que se cede la información y los expedientes que se ceden para su consulta; si se producen errores o accesos indebidos al banco de información; el procedimiento concreto que se sustancia; en qué casos habrá que poner en conocimiento de los interesados que han sido investigados; y qué consecuencias disciplinarias podría acarrear para un funcionario el acceso erróneo o con mala fe. Todo eso está por hacer y muchos funcionarios tiemblan ante la posibilidad de que puedan estar cometiendo alguna irregularidad por no existir una norma de regulación.

“De otra forma se estaría legitimando sin restricción alguna a cualquier funcionario de la Administración de Justicia para que pudiera acceder sin limitación alguna a los datos de los ciudadanos y sin una regulación clara de los límites y demás condiciones de acceso. Al mismo tiempo, existe una inseguridad jurídica para los propios funcionarios al no contar con una regulación clara y terminante para el buen desarrollo de la labor tan especialmente delicada de acceder a las bases de datos de información especialmente sensible de los ciudadanos”, asegura un funcionario de Justicia que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

Según lo expuesto, resulta evidente que sin perjuicio de que los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia dispongan de las competencias para manejar estos datos, las funciones deberían estar claramente recogidas y habilitadas en normas jurídicas con rango de ley. La propia ley Orgánica de Protección de Datos actualmente en vigor así lo exige al establecer en su artículo 8 que deberán expresarse todos los requisitos, límites y demás condiciones para el acceso a la información, en aplicación de los convenios internacionales y normas específicas como el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Además, mantiene que el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en “interés público” o en el “ejercicio de poderes públicos (…) cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley”.

La consecuencia de este vacío legal es que cientos de miles de accesos a datos personales de los ciudadanos realizados por cerca de 50.000 funcionarios de la Administración de Justicia en todo el país podrían estar vulnerando el derecho a la intimidad y a la privacidad, y por tanto podrían provocar que las actuaciones administrativas pudieran ser nulas de pleno derecho, poniéndose en riesgo un ingente número de asuntos judiciales. Como cabe suponer, estaríamos hablando de un problema legal de dimensiones colosales.

Desde mayo de 2018, cuando entró en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que obliga expresamente a regular estos accesos con una norma de rango de ley, el Gobierno va tarde en esta cuestión. Diario16 tiene constancia de que algunos funcionarios de Intersindical Justicia se han movilizado ya, cursando una petición a la Agencia Española de Protección de Datos para ponerla al corriente de la grave situación. Según fuentes judiciales, la Administración respondió negando esta posibilidad. A su vez, los funcionarios insistieron sobre el riesgo que se corre interponiendo un recurso de reposición. Tras haber transcurrido el plazo de resolución, hasta la fecha no se ha producido una contestación. Los funcionarios también han enviado un correo a un diputado nacional del PSOE informándole del problema, pero de momento tampoco han recibido una respuesta por esta vía.

Los funcionarios exigen que la Agencia Española de Protección de Datos dé explicaciones, ya que “estaríamos ante una situación muy grave, puesto que en un sinfín de procesos judiciales en todo el Estado se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos, sin existir una normativa que habilite a los funcionarios para acceder a dicha información”, añaden las citadas fuentes. “La cuestión no es que seamos competentes, que probablemente lo seremos, sino si estamos legalmente habilitados mediante una norma de rango legal”, insisten.