sábado, 17 enero, 2026

Según la ONU, ¿Marruecos está ocupando un territorio español?

Un informe jurídico de Naciones Unidas ratifica el hecho de que el Sáhara Occidental no está administrado por Marruecos, sino que la potencia administradora es España. Por tanto, según la ONU, ¿está Marruecos ocupando territorio español? Pueden consultar el informe AQUÍ

El Reino de España, con su Jefe del Estado a la cabeza, tiene una responsabilidad con el Sáhara Occidental que va más allá de lo sentimental porque, legalmente, el territorio continúa perteneciendo a España y no a Marruecos. Hay un aspecto que en nuestro país se ha pasado por alto: la ONU declaró nulos los Acuerdos de Madrid de 1.975 firmados por Juan Carlos de Borbón por los que se cedía la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. Esta nulidad es la que provoca que el territorio se encuentre aún entre los dieciséis territorios no autónomos supervisados por el Comité Especial de Descolonización de la ONU.

Fue el Tribunal de La Haya quien negó a Marruecos y Mauritania los derechos de administración sobre el Sáhara Occidental, pero Hassan II decidió invadir el territorio enmascarando una invasión militar como de marcha pacífica de civiles. En aquellos días, el dictador Francisco Franco agonizaba en el Hospital de La Paz y el gobierno español se acobardó ante las amenazas marroquíes. Se enviaron misiones a Rabat para negociar con el rey alauí. Juan Carlos de Borbón, entonces Jefe del Estado en funciones, visitó a las tropas, hecho al que se opuso el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Finalmente se autorizó que la Marcha Verde entrara en el territorio, mientras se negociaba el Acuerdo Tripartito de Madrid. En este hecho mucho tuvo que ver el ministro Antonio Carro.

Sin embargo, en ese acuerdo firmado unos días antes de la muerte de Franco por Juan Carlos de Borbón, no se transmitió la soberanía sobre el Sáhara Occidental, además de que España transfirió ilegalmente la administración del territorio a Marruecos y Mauritania ya que el derecho internacional impide que el Estado administrador abandone unilateralmente sus responsabilidades de un territorio no autónomo/colonizado.

En 1976, siendo aún presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, tras la salida del último contingente español, España comunicó a la ONU que, al haber abandonado el territorio, quedaba exenta de cualquier responsabilidad internacional en relación con la administración del Sáhara y que lo dejaba bajo la ocupación de Marruecos y Mauritania. Este razonamiento estaba basado en los acuerdos declarados ilegales de Madrid de noviembre de 1975. Tres años más tarde, el gobierno mauritano también abandonó la administración por lo que, desde entonces, Marruecos ocupa y administra el territorio a pesar de no figurar como potencia administradora en la lista de la ONU, ya que Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal. Así quedó establecido en el año 2.002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y en base al derecho internacional España es la potencia administradora y, por tanto, está permitiendo que una nación extranjera ocupe ilegalmente el territorio.

En medio de la polémica con Gibraltar y la reclamación de soberanía del Peñón, es destacable el hecho de que España no haga nada cuando legalmente es la potencia administradora del Sáhara. Por esta razón, nuestro país tiene la responsabilidad de exigir a Marruecos que abandone el territorio, con las sanciones que haya que aplicar. Por otro lado, como país soberano debe hacer cumplir la promesa que se hizo al pueblo saharaui de convocar un referéndum de autodeterminación, ya sea a través de una posición fuerte en Naciones Unidas o en la exigencia a Marruecos de realizar dicha convocatoria.

Ya informamos en Diario16 de la hostilidad del actual ministro de Exteriores, Josep Borrell hacia el pueblo saharaui y de su posición pro-marroquí. ¿Tendrán que ver los contratos millonarios que firmados por Abengoa durante el tiempo en que él formó parte del Consejo de Administración?

Ataque de cuernos de Lambán con Sánchez

Las palabras de Javier Lambán, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, recalcamos Comunidad Autónoma, sólo pueden ser consecuencia del miedo a perder en unas próximas elecciones, un ataque de cuernos por no celebrar el VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón., o una enfermedad psiquiátrica desconocida. Esto último porque sus palabras son más parecidas a las de los neofascistas de Vox que a las que alguien que es miembro destacado del PSOE. Tampoco parecen las palabras de alguien que es doctor en Historia por su completa falta de pedagogía. Así que debe ser todo el ataque de cuernos porque no hace falta decir esas barbaridades para que las aragonesas y los aragoneses sepan que él es muy mucho español.

“¿Cómo se defiende la unidad de España?” se preguntaba Lambán, para responderse él sólo, que ya se basta y se sobra, “Se defiende con la Constitución. Frente a cánceres como el del separatismo catalán se combate no pactando y no teniendo avenencia con él. Se defiende la unidad y la Constitución a través de un combate inmisericorde por las vías de la política, la ley, la cultura y, sobre todo, la verdad”. Una parrafada llena de contradicciones, como veremos ahora, y que parecen producto de una transmutación de Lambán en Fernando II de Aragón. Parece que quisiese que algún Maquiavelo actual escribiese sobre él mismo un texto como El príncipe. De otro modo no se entiende que alguien con la formación que se le supone a Lambán diga eso en un claro ataque al gobierno de su propio partido. Tal vez algo de odio a Pedro Sánchez por haber ganado a la trianera tocada por los dioses que tanto le gusta a él. Aunque más que trianera sea del “Tardón” y los dioses hace siglos que no tocan a nadie.

El separatismo catalán al ser catalogado como un cáncer por lógica debe ser extirpado de muy diversas formas. A cada patología le corresponde un tratamiento adecuado y en este caso dice Lambán que Sánchez no debe dialogar, ni pactar, sino aplicar la ley. Muy bien y ¿qué ley aplica para lo que sucede en Cataluña? Se supone que el artículo 155 que, como bien explicó Aitor Esteban en sesión parlamentaria, debe ser aplicado siempre y cuando la Generalitat no ejecute la recomendación del Gobierno. Volvamos a preguntar ¿qué ilegalidad está cometiendo la Generalitat que deba Pedro Sánchez corregir mediante mandato constitucional? Ninguna. Por muchas cosas que diga Quim Torra, como la sandez de la vía eslovena, hasta el momento no ha cometido ninguna ilegalidad, ni está subvirtiendo el orden constitucional. Salvo que Lambán sólo escuche a Pablo Casado y Albert Rivera, que entonces debe pensar que en Cataluña están los nazis sembrando el terror. El gobierno de Sánchez intenta otra terapia que ha funcionado en pacientes similares.

Otra posibilidad dentro de ese “combate inmisericorde” es la batalla cultural. Y tiene razón pero el Gobierno no genera cultura per se, sino que son las entidades de la sociedad civil las que tienen mayor capacidad de ello. Entonces, visto que la sociedad civil no está combatiendo en Cataluña culturalmente, ¿piensa Lambán que Sánchez debería llamar a los dueños de editoriales, periódicos, medios de comunicación, asociaciones para decirles que den la batalla cultural? Sin duda lo puede hacer e igual hasta lo ha hecho. Pero ¿a cambio de qué? La fracción cultural de la clase dominante no va a llevar a cabo una batalla cultural de forma gratuita, especialmente si no les genera ningún tipo de beneficio económico. ¿Está diciendo Lambán que se entreguen millones a esas personas y/o se les concedan bonificaciones para ganar la batalla cultural? Si lo pensase un poco mejor igual se daba cuenta de que los mismos que ganan dinero con el gobierno independentista, son los que en Madrid lo hacen con Vox. De hecho, el mismo Lambán podría dar esa batalla cultural desde su presidencia sin parecer que habla de la España de Menéndez Pidal. No puede intentar ganar una batalla cultural blandiendo la espada de Pelayo y la Reconquista. Él como sucesor autonombrado de Fernando II de Aragón sí podría hacer ver a sus territorios que deben calmarse y hacer caso a su regente.

Porque defiende la Historia como mecanismo de lucha contra las manipulaciones que se hacen desde Cataluña para ganar esa batalla cultural.  Así la historia debe ser puesta “al servicio de la convivencia, de la paz, de las libertades y de los derechos”. Entonces ¿qué hacemos con la Constitución? Habría que cambiarla para que el reino de Castilla tuviese sus derechos, por ejemplo. La Historia ha demostrado que España es un carajal tremendo por culpa de políticos y monarcas incapaces que siempre ha trabajado de parte y contra los demás. Eso es lo que demuestra la Historia de España. Lo lógico, dejando la historia a un lado por una vez, sería dialogar y ver qué tenemos en común que no sea la Historia precisamente. Hasta Felipe González en su visión regeneracionista de España gracias a la que gobernó 14 años era menos historicista y tenía una visión más plural que Lambán casi treinta y tantos años después. Porque si se quiere hacer de la historia la “sustancia moral” como ha dicho Lambán, entonces entramos en el terreno de los nacionalismos, tanto el catalán como el españolista. Kant, el mayor moralista de la historia posiblemente, se tiraría de los pelos al escuchar a Lambán, pues para él la libertad surgía de la moralidad interior de la persona, no de cuestiones exteriores. Más bien habría que recordarle lo que decía Lord Acton: “Un Estado que no es capaz de satisfacer a diferentes razas [naciones] se condena a sí mismo”. Y eso es lo que intenta Sánchez, evitar la condena de España.

Y dice Lambán que la batalla debe ser política también. Y aquí es donde la contradicción es máxima porque la política democrática significa diálogo, deliberación, pacto, enfrentamiento dentro del marco de la ley. Pero Lambán prefiere la política agonal de los buenos (él y sus colegas) contra los malos (los demás). Una política donde sólo hay antagonismos que acaban por constituir la lucha a muerte. Y puestos a decidirse por una lucha antagónica, él que es del PSOE, podría elegir la de la clase trabajadora contra la clase dominante. Igual es más fructífera esa política para las personas que estar midiendo quién tiene la nación más moral o más grande. Sánchez, que puede equivocarse o no, ha decidido la vía de la política de la deliberación, del patriotismo constitucional, de lo plurinacional pero dentro del mismo Estado. Parecieran las palabras de Lambán querer recuperar un Estado-nación españolista que ya fracasó en el pasado porque esa nación española, al final, acaba imponiéndose mediante la utilización de mitologemas a las demás naciones que existen porque hay personas que se piensan a sí mismas de esas naciones.

Se comprende que él, como otros barones, hagan una defensa de sus sentimientos españolistas para no perder votos, pero de ahí a decir que el gobierno es pusilánime por no meter los tanques o algo parecido e intentar bajar la tensión que han generado personas que piensan como Lambán, hay un ataque de cuernos o una enfermedad psiquiátrica. Una enfermedad que se llama derrota interna. El nuevo rey autoproclamado de la corona de Aragón, por tanto, debería comenzar a pedir el gobierno de Cataluña, Valencia, Baleares y Nápoles para así acomodar la realidad a su visión histórica. Y restaurar la esclavitud, el derecho de pernada y demás tradiciones que fueron abolidas por la razón y la ilustración. Las cuales no parecen haber entrado en Javier Lambán.

¿Qué se cocinaban Cospedal y Bárcenas con la Operación Kitchen?

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El Gobierno de Castilla‐La Mancha ha exigido explicaciones de “manera urgente” al presidente regional del Partido Popular, Francisco Núñez, para saber “qué se cocinaban Bárcenas y Cospedal a raíz de la Operación Kitchen, algo muy indigesto para el PP y para Paco Núñez que es quien tiene explicar cuál era la receta secreta entre Bárcenas y Cospedal”.

Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, tras las informaciones publicadas hoy en las que el ex-tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, vincula diversos papeles y anotaciones sustraídos en el marco de la Operación Kitchen con la financiación de la campaña electoral de la ex-presidenta de Castilla-La Mancha y ex-secretaria general de esta formación.

“Puede haber una implicación personal de Cospedal, del PP de Castilla-La Mancha, y por el bien de la imagen de la región y de los partidos políticos que hacemos nuestra actividad pública en Castilla-La Mancha, es urgente que tanto Núñez como Cospedal expliquen qué sucedía”, ha afirmado Hernando, que cree conveniente aclarar “si ha habido algún agravio, algún daño dentro de algún proceso electoral autonómico en Castilla-La Mancha, si es que ha habido ese tipo de juego sucio”.

Reunión del Consejo de Ministros en Barcelona

Hernando también se ha referido, a preguntas de los medios, al Consejo de Ministros celebrado hoy en Barcelona y ha condenado las agresiones sufridas por los profesionales de los medios de comunicación en Cataluña. “Cuando se pide libertad y defender los derechos se puede hacer sin necesidad de agredir y sin necesidad de violencia”, ha manifestado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha valorado “positivamente” la decisión del Ejecutivo central de rebautizar el aeropuerto de Barcelona con el nombre del ex-presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, sobre todo cuando “el egoísmo y el 3 per cent explica enormemente lo que está ocurriendo en un día como hoy”.

Así, ha lamentado que este tipo de situaciones hayan “eclipsado” una noticia muy importante para los trabajadores, adoptada hoy por el Consejo de Ministros, como es la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, debido a que hay “una ciudad sitiada por quienes dicen que quieren reivindicar la libertad pero que lo que en realidad están haciendo es coartar la libertad de todos los demás”.

En este sentido, ha subrayado que en el Gobierno de Castilla-La Mancha “nunca nos verán reivindicar actitudes o posicionamientos políticos tapándonos la cara, nosotros hacemos la política sin encapucharnos y lo hacemos porque creemos firmemente lo que decimos, pensamos lo que decimos y lo hacemos descubriendo nuestra cara y sin ningún tipo de muro entre la gente que aspiramos a convencer”.

Pablo Casado olvida la «Operación Diálogo» de Rajoy

Pablo Casado ha comentado en Manacor que la política de diálogo del gobierno de Pedro Sánchez es una muestra más de la humillación a la que se somete a España con respecto al conflicto catalán. Para el presidente del PP ayer se produjo una humillación porque se trató al jefe del Ejecutivo como si fuera un presidente de un gobierno extranjero. Sin embargo, olvida Casado la historia reciente de España. Ya sabemos que tampoco conoce la historia más antigua, pero olvidar que él era vicesecretario de un partido político que inició la Operación Diálogo en Cataluña cuando Puigdemont era president es sufrir amnesia selectiva.

En efecto, la Operación diálogo fue lanzada por Mariano Rajoy en diciembre de 2016 para intentar establecer un marco de actuación entre un Govern levantisco y un Ejecutivo que acababa de llegar al Gobierno de España. El presidente necesitaba cierta legitimidad de acción que provocó que Soraya Sáenz de Santamaría fuese la mandatada por Rajoy para dialogar con la Generalitat y así encauzar el conflicto catalán. Para eso, la ex vicepresidenta montó un despacho propio en la Delegación del Gobierno en Cataluña con la finalidad de tener un lugar desde donde trabajar en la Operación. Por tanto, el gobierno de Rajoy, mal que le pese o no quiera recordar Casado, instaló una especie «embajada en Cataluña» del Gobierno de España porque Soraya Sáenz de Santamaría actuaba como una embajadora plenipotenciaria del Gobierno para dialogar de tú a tú con la Govern de Puigdemont.

En aquellos momentos Casado decía que era una acción del gobierno, el cual tenía un gran sentido de Estado. Hoy, que se genere un camino de diálogo es humillación y otorgar concesiones a las secesionistas.

Este cambio tiene su raíz en el hecho de que Casado está en una clara disputa con el neofascismo de Vox y ha virado a su partido, no tanto por cuestiones electorales como personales, hacia la posición de la extrema derecha más rancia e inculta de la Historia de España. Cada vez que afirma que el gobierno se ha humillado, o aún peor, que el centro de operaciones del independentismo se ha mudado a La Moncloa, está lanzando, no una deslegitimación a Sánchez, sino una soflama de odio para provocar la alteración del orden público.  Da la sensación de que en el PP de Casado sólo entienden la política desde el odio y el exterminio del antagonista. Van más allá del antagonismo de Carl Schmitt y se sitúan en el agonismo homérico de destrucción completa del enemigo. Cuando habla de Cataluña, Pablo Casado se debe creer Menelao a punto de no dejar piedra sobre piedra en Troya. ¿Quiere entregar España a una Ilíada de insospechadas consecuencias?

El problema es que la Odisea se sufre por parte de los demás españoles que desean concordia y entendimiento. De las personas que entienden la política en términos agonísticos, sí, pero resueltos por medio de la deliberación y la razón, valores Ilustrados y liberales que, en el partido que se dice liberal (y conservador), no han olvidado porque jamás los han tenido. Casado sólo quiere sangre y un nuevo enemigo palpable para desarrollar la política en favor de la clase dominante. Una vez muerta ETA, nada mejor que el problema catalán como mecanismo espectacular que tape la realidad. Son el PP de la posverdad hecha política. Donde antes había sentido de Estado hoy hay humillación.

Sáenz de Santamaría fracasó en la Operación Diálogo y es algo que el PP intenta tapar. No lo mencionan porque no quieren que se les recuerde que el conflicto catalán está en el debe de un Partido Popular que tiene una visión de lo que es una nación tan nacionalista y exclusivista como los secesionistas. En el PP no pueden entender que existe una patria común donde coexistan varias naciones. Así lo dijo un gran liberal francés, «la nación es un plebiscito de todos los días» (Renan). Es una construcción social que debe ser nutrida día a día con las aportaciones de todos. Sin embargo, en el PP sólo entienden la España de Ledesma o Vázquez de Mella.

Olvida Casado que Rajoy y su vicepresidenta le dijeron a Puigdemont que de las 46 peticiones que hacía para Cataluña, le concedían 45 menos el referéndum. Mayor humillación que esa no es acudir a dialogar. Pero todo le da igual al actual presidente del PP que ya se ha echado al monte. No tener inteligencia puede ser un defecto, pero tener una memoria selectiva y no acordarse de la “embajada de España en Barcelona” de Sáenz de Santamaría, de su propio partido, es intentar engañar a los españoles. Podrá decir lo que quiera en Manacor pero los hechos son tozudos y le aparecerán a sus ojos como ese espectro del muerto que tienes en el armario.

Propósito de Saracho: vender por un euro el Banco Popular

El propósito de Emilio Saracho, desde antes de tomar posesión oficial de la presidencia del Popular, era vender barato el Banco o hacer una ampliación a bajo precio «para cobrar su dinero» en el primer semestre de 2017.

Hizo lo que dijo que iba a hacer y el resultado final fue fruto de su temeridad en la gestión de la comunicación con el propósito de malvender el Banco rápidamente. A la vista de su comunicación artera con las autoridades los días 4 y 5 de junio se ve que trató de evitar escenarios alternativos al de una venta por un euro al Santander. La reacción de las autoridades se entiende sólo pensando que obraron presas de la urgencia y del miedo al colapso de una entidad sistémica.

A ello hay que añadir las amenazas de Saracho al ministro Luis De Guindos, exigiéndole liquidez o, en otro caso, estrellaría el Banco, lo que sería un problema para el país, no para él.

Quedan, aun así, muchas dudas. Todas tienen como elemento común al Banco Santander, que un mes antes había aprobado la compra del Popular en un proceso de resolución -del que no había antecedentes-, cuyos abogados de cabecera, Uría y Menéndez, asesoraron a Saracho en todo el proceso, únicos beneficiarios de la compra por un euro, y que les ayudó a mitigar su problema con las divisas en 2017, como se deduce de sus propias cuentas anuales. Además, en privado, De Guindos reconoció que días antes de la resolución había pactado con Ana Botín la venta del Popular.

Es muy posible que Santander hubiese aconsejado a Saracho que Uría -donde trabaja como socio un hijo de Rodrigo Echenique y la mujer de un hermano de Ana Botín– les asesorase. El conflicto de intereses es palmario y fueron contratados cuando todavía Saracho no estaba en el cargo, básicamente para revisar las retribuciones de la alta dirección -varias veces revisadas por otros despachos externos-, cuarta línea de defensa –cómo vamos a salir libres de lo que vamos a hacer– y Proyecto Noya -venta del Popular.

Los pasos fueron claros y respondían al plan de Saracho:

  • Tratar de enfangar a sus antecesores, cuestionando sus retribuciones y sus cuentas -aunque sin reformularlas porque no había lugar y porque la revisión está llena de contradicciones y falta de rigor-, consiguiendo parcialmente sus objetivos, porque el auditor dice que la revisión no es significativa y porque las retribuciones habían sido revisadas por los despachos Garrigues y Sagardoy.
  • A continuación, se sigue de forma pautada una estrategia de comunicación suicida, bajo una pauta que parece dieron a Saracho: «tú siempre di la verdad». Sin embargo, parece que no contaron con la elocuencia diarreica de Saracho que nunca se sabía cuándo decía la verdad: si en los Consejos cuando afirmaba solvencia y liquidez en mayo, o cuando incorporaba nuevos consejeros (en mayo también) o cuando hacía declaraciones explosivas en la Junta u off the records ante periodistas de El País, ABC, Expansión y Cinco Días.

El Popular descubrió operaciones de blanqueo en el Pastor

A partir del año 2.006 el Banco Pastor había potenciado una red de oficinas de representación en Latinoamérica que presuntamente no cumplían con la normativa de prevención de blanqueo de dinero. Ante la expectativa de un beneficio muy elevado, generado por las transferencias de dinero desde esos países a España, para después reenviar ese mismo dinero a paraísos fiscales, el Pastor relajó –por ser generosos en la calificación- sus controles sobre esas cuentas. Sólo cuando la OFAC –agencia de Estados Unidos para la materia- expidió una orden internacional para prohibir la ejecución de transferencias internacionales, el Pastor cesó en esa actividad. Parece que alguna de las cuentas estaba vinculada a la trama Gürtel. José María Arias, una vez decidió vender el Banco en 2011, dio orden de destruir toda la información relativa a los clientes afectados, unos 400. Por tanto, cuando el Popular compró el Banco Pastor y PwC revisó la documentación, nada extraño apareció.

En la Audiencia Nacional se sigue este asunto en fase de investigación. Todas esas actividades las había desarrollado el Pastor antes de su venta y sólo fueron conocidas por los directivos del Popular, cuando éstos iniciaron una investigación interna en el primer semestre de 2016 cuando fueron requeridos por la Audiencia Nacional para la presentación de documentación de aquellas operaciones de los 400 clientes que presuntamente habían utilizado hasta 2011 al Pastor para sacar el dinero de sus países y desviarlo a través del propio banco en España a esos paraísos fiscales.

Los directivos del Popular, obviamente, no encontraron la documentación que José María Arias había mandado destruir. Este asunto tuvo mucho que ver con el cese de Ángel Ron como presidente, dado que Arias estaba muy preocupado por la investigación que Ron había ordenado iniciar sobre el Pastor y sus actividades en América.

Arias decidió unirse a Antonio Del Valle, conocedor de esas actividades del Pastor en México –la oficina de representación del Pastor estaba ubicada muy cerca del palacete que ocupa Del Valle en el Paseo de la Reforma en Ciudad de México– y con Reyes Calderón, aparente beneficiaria de la salida de Ron: Del Valle le había ofrecido la Vicepresidencia del Banco. Arias hizo todo lo posible por obstaculizar la investigación interna y en La Voz de Galicia se jactó recientemente de haber impulsado la salida de Ron, al que acusaba de actuar por revancha. Curiosa revancha de un presidente que descubre que su colega, en el que había confiado para hacer una fusión había ordenado destruir cualquier rastro de los clientes que enviaban dinero a España para después reenviarlo a varios paraísos fiscales, con el consentimiento del Banco Pastor. Por cierto, ¿ha ordenado la Audiencia Nacional que se tome declaración a esos 400 clientes? ¿Responden esos clientes a titularidades reales? ¿Qué ganaba Arias y el Banco Pastor en todo esto?

Es curioso, además, que Emilio Saracho pospuso la puesta en conocimiento de los resultados de la investigación que Ron había iniciado, a pesar de que éste le comunicase por escrito los hallazgos de la investigación y su recomendación de ponerlo en manos de los tribunales.

Contra los violentos del fútbol, aislamiento y multa

El fútbol es un deporte fascinante que promueve valores éticos fundamentales como el esfuerzo, la solidaridad entre compañeros y el juego limpio. Sin embargo, lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver imágenes de ultras matándose a palos a las puertas de los estadios, autobuses de jugadores apedreados, insultos y amenazas de muerte a los árbitros y otras tropelías que nada tienen que ver con el conocido como deporte rey. Por alguna razón, la violencia ha encontrado un canal fluido y expedito en los campos de fútbol, mientras los directivos de los clubes profesionales y los políticos que nos gobiernan se ven superados por los altercados que se producen cada fin de semana en nuestros estadios.

Que haya violencia en las canchas de Primera División es preocupante, pero que esa misma violencia se traslade a los terrenos de juego del fútbol base, a la cantera donde nuestros niños aprenden los valores positivos del deporte, resulta intolerable, ya que en ese ámbito no solo están en juego los 3 puntos de rigor de la jornada liguera, sino algo mucho más importante: la integridad, el civismo y el futuro de los ciudadanos de las generaciones venideras.

De ahí que la sanción impuesta a los padres de los jugadores que se pelearon en la grada del campo Los Marques, en la pedanía murciana de Beniaján, el pasado 24 de noviembre durante el partido de infantiles entre el equipo local y el Lorquí, sea una de las mejores noticias que han llegado a las redacciones de los periódicos deportivos en los últimos tiempos. Hubo de todo, insultos, puñetazos, patadas y empujones en un espectáculo nada edificante para los menores, que si estaban allí aquel día era precisamente para aprender buenos valores y formarse como personas. No extraña por tanto que los niños terminaran llorando, desconsolados y asustados, al ver cómo sus padres se empleaban a fondo como bestias. Todo quedó registrado en un vídeo que fue subido a las redes sociales y que ha resultado fundamental como prueba de cargo.

Ahora los implicados en los sucesos deplorables de Beniaján han sido sancionados con una suspensión de dos años sin poder acceder a recintos deportivos y con 6.000 euros de multa, tal como ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Estas multas ejemplares no solo son justas sino necesarias y suponen un claro aviso a todos aquellos padres que tengan la tentación de montar bronca durante un partido de las ligas infantiles. En este país llamado España hay muchos que no aprenden por puro comportamiento cívico y filosófico, sino que solo entienden el lenguaje del castigo, la multa y la expiación. Solo cuando la autoridad competente les toca el bolsillo, cuando les afloja el peculio mediante fuertes sanciones, rectifican y enmiendan su bestial comportamiento.

Por eso esta sanción resulta tan importante para una sociedad democrática y debería abrir la puerta a otros expedientes sancionadores por actitudes similares que se repiten cada fin de semana en todos los campos de fútbol españoles, no solo en los de la liga de fútbol profesional, sino también en los amateurs y de cantera. La Justicia, las autoridades gubernativas y las fuerzas de seguridad del Estado deben concienciarse en la importancia de reprimir estas conductas que corroen por abajo, por la misma base, los cimientos de una sociedad democrática. También tienen una responsabilidad crucial los demás aficionados, que cuando asisten a un episodio violento deben denunciar los hechos y dejar aislado, si es preciso, al vándalo que los promueve. Los abucheos no se los debe llevar el delantero centro que falla un gol fácil o el portero que “pega una cantada”, sino el cretino de turno que trata de convertir una tarde apacible de fútbol en un campo de batalla.

La ejemplarizante sanción de Beniaján es digna de aplauso, pero si la reducimos a la categoría de anécdota no habremos conseguido nada. Los insultos que cada domingo soportan las mujeres que se dedican al arbitraje de partidos de fútbol masculino (y también femenino) tienen que aguantar a menudo las palabras babeantes de esos aficionados salvajes que se creen con derecho a vejar a una persona solo porque se viste de corto y sale a un estadio a cumplir con su trabajo. Se trata de una minoría, es cierto, energúmenos que no recibieron la educación necesaria durante su infancia y que crecieron asilvestrados. La Justicia, y por qué no, la autoridad administrativa, deben caer sobre estos siniestros personajes de la camorra futbolera con todo el peso de la ley. Permitir que un estadio deportivo termine convirtiéndose en un coto privado de seres abyectos, embrutecidos y embriagados que dan rienda suelta a su violencia verbal y a su machismo nauseabundo (“vete a cocinar que no vales para esto”, “mujer tenías que ser”, “¿a quién te has follado del otro equipo?”) supondría claudicar gravemente, dejando el territorio de la civilización en manos de la jauría que no respeta unos mínimos valores humanos.

Hay que empezar, por tanto, desde abajo, desde el fútbol base, desde la “democracia base”, sin perder ni una sola oportunidad de corregir, sancionar y castigar comportamientos agresivos más propios de hienas rabiosas que de personas normales. Para ello no es ni siquiera necesario aplicar al violento la controvertida “prisión permanente revisable”. Basta con una multa dolorosa que haga pupa en el bolsillo del descerebrado. Ese que se cree con derecho a imponer a los demás su santa voluntad.

Tienes menos palabra que uno de Ciudadanos

En política se suele cambiar de opinión con el paso del tiempo. Es lógico, y según algunos pensadores hasta sano, evolucionar y cambiar los propios planteamientos al acomodarlos a los tiempos que tocan vivir y las situaciones cambiantes. Dígase que existe una contingencia de las propias posturas. Sin embargo, Albert Rivera y sus conmilitones quiebran cualquier lógica a este respecto. No es que hagan del cuñadismo ideológico su única fuente de principios, sino que demuestran no tenerlos. La palabra dada por alguien de Ciudadanos tiene el mismo valor que un billete de 30 euros. No son de fiar porque el acuerdo al que has llegado por la mañana puede no ser válido a media tarde y ser incluso antagónico al día siguiente. A esto tendríamos que añadir la pérdida de memoria tan prodigiosa que tienen en la secta naranja.

Tendría que hacer Antena 3, si no estuviera vendida a Rivera por mandato de arriba, un resumen de todas las posiciones que ha mantenido el jefe de la tribu naranja en las decenas de cafés que ha tomado con Susanna Griso. Nos sorprenderíamos al comprobar cómo en el lapso de un mes, mes y medio, ha cambiado su opinión respecto a lo que pensaba sobre un tema concreto. Pedro Sánchez le parecía maravilloso en mayo de 2016 y un irresponsable dos meses después. Curiosamente Mariano Rajoy en las mismas fechas pasaba de ser el presidente de un partido corrupto del bipartidismo para ser un hombre de Estado al que apoyar. La subida del salario mínimo si es propuesta por él es la mejor solución para dar salida a las demandas de la clase media-trabajadora, pero si el gobierno de Sánchez lo sube a 900 euros entonces supone una política de extrema izquierda.

Ayer mismo Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid porque esto no es producto de una sola persona y un solo lugar, pedía en comisión constantemente dedicar el 1% de la recaudación por juego a los tratamientos psicológicos para quitar la dependencia, pero justo cuando había que votar decide que eso es un gasto de dinero impúdico. Vamos que cada cual  es responsable individualmente de sus adicciones al juego o a lo que sea. En Andalucía Juan Marín decía una y otra vez durante la campaña a Juan Manuel Moreno Bonilla que le pidiese perdón por llamarle perrito faldero de Susana Díaz, y pasa a ser perro de presa de la misma persona descubriendo su cuñadismo, y al día siguiente de las votaciones se estaban abrazando como sólo dos verdaderos amantes saben hacer. Llegan incluso a cambiar el acento. ¿No se han dado cuenta que Inés Arrimadas habla por la mañana en Antena 3 (¿dónde si no?) con acento tirando a catalán y por la tarde graba un vídeo con acento jerezano?

Son verdaderos artistas del tocomocho político. En Alsasua poco se quejó Rivera de la aparición de Santiago Abascal de Vox, hoy reniega de ellos en Andalucía cuando, según nos cuentan, algunas charlas ya han mantenido. Verán como dentro de pocos días aparece Juan Manuel Villegas diciendo que Vox es un aliado en la defensa de la patria que está siendo quebrada por el sanchismo. Vamos que pactarán con los neofascistas a los que darán una patada en las posaderas en cuanto hayan votado que sí. Una vez en la poltrona y teniendo las redes clientelares en sus manos Vox no será tan necesario salvo para dos o tres cositas que ya verán cómo solucionan. Pero en Ciudadanos ya tendrán lo que querían redes clientelares como la de la Diputación de Huelva que les sirvió, hasta que los pillaron, para pagar la sede del partido. O lo que han hecho en la Comunitat Valenciana donde firmaron, sí firmaron, la reforma del Estatuto de Autonomía y hoy dicen que es irrealizable.

No tienen palabra y no tienen valor. En Alcorcón, por ejemplo, Ciudadanos ha aguantado al alcalde David Pérez durante los cuatro años pero en todos los plenos acaba votando con la oposición para dañar al propio alcalde. Incluso en las empresas públicas, como la de limpieza viaria, se ponen en la oposición impidiendo la compra de materiales o malmetiendo contra el partido del gobierno. Un gobierno que sostienen ellos día a día. Y lo sostienen porque, aquí va otra de las estrategias de la formación naranja, sólo aceptarían una moción de censura que les diese a ellos el poder ¡¡¡con cuatro concejales de 27!!! La misma estrategia que plantean en Andalucía. Pactar con el PP para echar al PSOE pero pidiendo al PSOE que les apoye para salir de las instituciones. Debe ser cosa de Juan Carlos Girauta porque tamaña estrategia sólo puede ser producto de una mente perversa o que está fuera del mundo real.

Cualquier español de bien, y en esta ocasión da igual la ideología primaria que se atribuya, debería huir cuando se acercase alguien de Ciudadanos. Porque da igual lo que le prometan acabarán haciendo lo contrario y si pueden perjudicarle lo harán. No son de fiar. Hablan de la defensa de los derechos de la clase media-trabajadora y todo lo que han votado en los distintos parlamentos ha sido justo contra esa clase. Hablan de lo público y tienen en mente privatizar todo lo que puedan. Hablan de acabar con el bipartidismo y la corrupción y terminan pactando con los “partidos clásicos”, especialmente el PP en todos y cada uno de los lugares en los que lo hacen. Hablan de la defensa de los derechos humanos pero quieren vender los úteros de las mujeres al mejor postor. Y así una y otra vez. No existe un dicho como el del titular, pero está claro que debería establecerse en el lenguaje común para hablar de las personas que engañan siempre: “Tienes menos palabra que uno de Ciudadanos”.

Post Scriptum: Aquí tienen una muestra de todas las ocasiones en que Rivera y sus conmilitones hacen cuñadismo ideológico.

El presidente del Tribunal del ‘procés’, vinculado a una empresa que en tres años facturó 400.000 euros

Las relaciones de Manuel Marchena, presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y ponente del juicio al ‘procés’, con la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” no están nada claras, y deberían de investigarse por el Consejo General del Poder Judicial.

Esta empresa, dedicada a  la edición, distribución y venta de libros especializados en Ciencias jurídicas, se constituyó en el año 2014 por el Catedrático de Derecho Procesal y Abogado Nicolás González-Cuéllar Serrano (amigo íntimo de Manuel Marchena), quien figura formalmente en el Registro Mercantil como administrador único de la sociedad. Hasta ahora todo normal.

El problema es que esta empresa editorial se ha dedicado casi exclusivamente en estos cuatro años de funcionamiento a la edición y publicación únicamente de los libros escritos por 3 de los miembros de su Consejo Editorial, del que, además de González-Cuéllar, también forman parte entre otros el catedrático de Derecho Procesal, Vicente Gimeno Sendra, y el actual presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez.

De esta forma, podríamos decir que tanto Nicolás González-Cuéllar, como Vicente Gimeno Sendra y también Manuel Marchena, son en realidad editores de sus propias publicaciones. Y si esto puede no suponer ningún problema para los dos catedráticos, sin embargo para el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo va a representar un verdadero quebradero de cabeza, porque, si bien Manuel Marchena puede ser autor de libros y publicaciones, y puede celebrar sobre ellos contratos de edición con terceros, sin embargo, por ser miembro de la carrera judicial no puede ser su propio editor. Si a ello le añadimos que la empresa editorial “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL” de la que Manuel Marchena forma parte de su Consejo Editor, y es además su marca, facturó en los años 2015, 2016 y 2017 la cantidad total de 400.000 euros, la polémica está servida.

El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sanciona como falta muy grave, pudiendo estar castigada con la expulsión de la carrera judicial, el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de la misma ley, donde se menciona expresamente “el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro” y “las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”, entre cuyas funciones se encuentra desde luego la de quien es miembro del consejo editorial de una empresa de edición.

Por esta misma razón, por llevar a cabo “una actividad empresarial en toda regla” ha sido expulsado de la carrera fiscal Emilio Valerio Martínez de Muniaín, ex teniente fiscal de Madrid, como consecuencia de las constantes denuncias del abogado Sebastián Gómez Marfil.

Hay que tener en cuenta que, no es la primera vez que Manuel Marchena (procedente también de la carrera fiscal) ha utilizado la figura de miembro del consejo editor para vincularse con una empresa editorial. Según el periódico digital eldiario.es, lo hizo también cuando fue miembro del consejo editorial de Vocento (vinculado a la fundación FAES de José María Aznar) participando en la redacción de los editoriales del grupo.

El PCE purga a feministas abolicionistas

Si la posmodernidad y todo lo que lleva asociada ha entrado en el Partido Comunista de España es que el fin de los tiempos está cerca. Resulta que la sección madrileña del PCE, con Álvaro Aguilera a la cabeza, ha llevado a cabo una purga, lo cual no debería sorprender porque suena como habitual. Lo sorprendente en este caso es el “motivo real” de la expulsión, porque ya conocemos las excusas que se ponen en los comités centrales para defenestrar a camaradas (al menos desde la Autobiografía de Federico Sánchez). Han decidido expulsar a un grupo de feministas de Carabanchel por llevar a efecto un acto contra la prostitución. O lo que es lo mismo, un acto abolicionista que quiso ser impedido manu militari por la dirección madrileña en favor de las posiciones favorables a la reglamentación de la prostitución.

El escándalo ha saltado a las redes sociales, especialmente, en apoyo de Gemma Bravo que fue la valiente mujer que mantuvo el acto pese a los deseos del “Comité Central”. Muestras de solidaridad que parecen entroncar mejor con lo que se supone la ideología de un partido comunista que no esté vendido a la diversidad posmoderna y contra la clase trabajadora. Considerar un acto de enorme explotación personal y psicológica, como es la prostitución, como un trabajo con derechos es subvertir profundamente el marxismo y la defensa de las mujeres. Cuando Marx advirtió que las mujeres del proletariado acabarían como prostitutas de la burguesía no era una forma de dotarlas de derechos laborales, al contrario estaba indicando claramente una de las formas de alienación de la clase trabajadora. Una obscenidad que no podía permitirse de ninguna manera. Pues parece que el comunismo posmoderno acepta esa forma de alienación.

No son las mujeres comunistas y feministas las únicas abolicionistas, sino que en el PSOE también se muestran contrarias a la prostitución como trabajo. Millones de mujeres son abolicionistas y no se dejan influir por esa posmodernidad o posfeminismo de última hora que es, incluso, capaz de vender su útero al mejor postor. Ante esto las feministas de Carabanchel, y otros lugares de Madrid, se sublevan porque en la unión de la conciencia de clase y la conciencia feminista es donde se encuentra la lucha contra el neoliberalismo opresor de la clase trabajadora y las mujeres en particular. Molesta que alguien pueda resultar ofendida por un deseo de diferenciarse de la verdadera lucha por no-se-sabe-bien-qué. Molesta, según parece, al comité central del PCM que las mujeres sigan la estela de tantas luchadoras marxistas y feministas que igual no entroncan con lo que está de moda, pero siguen luchando por una hegemonía cultural que deje de oprimir a las mujeres y las convierta en simples fetiches. Porque una prostituta, aunque el señor Aguilera lo desconozca, no es más que un fetiche de consumo y explotación.

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Como ha expresado Bravo en las redes sociales: “Prefiero ser expulsada por HACER un acto abolicionista que quedarme donde no saben aún si debatir sobre el porno o que… #NosEchanDelPCE”. Así es. La diversidad por la diversidad, que como bien ha explicado Daniel Bernabé en La trampa de la diversidad, sirve de alimento al propio neoliberalismo se ha metido en los intersticios del Partido Comunista y expulsa todo aquello que no se ajuste a los trending topics de quienes gritan mucho pero son menos. Abandonar la lucha de clases para instalarse en la lucha de la diversidad no parece el mejor camino para un partido que se dice comunista. Cuando resurgen con fuerza los postulados, incluso renovados, del materialismo histórico, cuando hoy Debord tiene más validez que Friedmann, echarse en brazos de la ideología surgida desde la clase media acomodada para parecer progre, no parece un buen camino. Pero así están las cosas, se expulsa a feministas por ser abolicionistas, estar en contra de los vientres de alquiler y tener la valentía de defenderlo públicamente. ¡Es increíble que aún Hermann Tertsch tenga miedo a los comunistas españoles con lo que hacen!