El vicesecretario de Organización y Electoral del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido hoy la dimisión del alcalde y candidato de Alcalá de Henares para los comicios de 2019, Javier Rodríguez Palacios, tras la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos individuales por haber convocado en 2016 un pleno Extraordinario para la aprobación de los presupuestos municipales por la vía de urgencia sin justificación alguna. “El PSOE-M está tardando en cesarlo”
A su juicio, “no puede seguir ni un minuto más como Alcalde de Alcalá de Henares, por respeto a los alcalaínos y por respeto a su propio Código Ético”.
Serrano ha remarcado que la juez del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares ha determinado que existen “indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal” en la conducta de Rodríguez. Lo que dice la Justicia es que si la convocatoria de una sesión extraordinaria y urgente se hace por el mero interés del convocante u otra razón espuria, como el propósito de eludir la asistencia de algunos de los concejales nos encontramos ante una resolución arbitraria susceptible de encaje en artículo 404 del Código Penal (prevaricación), así como al delito contra los derechos cívicos reconocidos en la Constitución, regulado en el artículo 542 del mismo Código Penal.
“Es un insulto que el presidente del Comité de Ética del PSOE-M siga en su puesto cuando se le va a abrir juicio oral por delitos tan graves”, ha denunciado el vicesecretario popular, y “es una vergüenza que el PSOE-M mantenga como candidato a un dirigente que incumple de manera flagrante su propio Código Ético”, ha subrayado.
En este sentido, Serrano ha criticado que el PSOE “lleve mirando para otro lado” desde que se conoció este caso, “incluso el propio Alcalde pidió al Juez que no lo procesara porque eso tendría connotaciones políticas y le podría perjudicar”. “Es vergonzoso”, ha insistido Serrano. “El propio Alcalde sabía que si se le abría juicio oral tendría consecuencias y ahora no quiere asumir ninguna”, ha remachado.
Los afectados del IRPH están viviendo estos meses con una mezcla de expectación y escepticismo ante la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Hay esperanza de que sea Europa la que determine que se trata de una nueva cláusula abusiva de la banca y de que anule definitivamente el IRPH para que sus hipotecas estén referenciadas al Euribor y, sobre todo, que se les devuelva el dinero que les han cobrado de más, ya sea a través de una transacción económica, ya sea por medio de la amortización de capital correspondiente a cada uno de los afectados en sus hipotecas.
Sin embargo, hay también mucho escepticismo. Han recibido ya demasiados varapalos judiciales en España por la presión ejercida por la banca a los distintos tribunales que no se fían de nada ni de nadie. Sin embargo, en Europa las entidades españolas no tienen la capacidad de influencia o la impunidad con la que cuentan en España. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a un gigante del sector financiero: Goldman Sachs, que, por cierto, tiene como clientes a todas y cada una de las entidades españolas. Es decir, sacaron el as de bastos a través de un informe en el que se «advertía» de que la anulación del IRPH tendría unas consecuencias inéditas para el sector financiero, no sólo de España, sino de toda la Unión Europea. El banco de inversión calculaba que el impacto de la anulación del IRPH podría alcanzar los 44.000 millones de euros, diez veces más que las cláusulas suelo, algo que haría que muchos bancos españoles tendrían serias dificultades de liquidez y de solvencia. Realmente, el informe de Goldman Sachs era una clara amenaza para el TJUE: «ojo a lo que vais a hacer».
Todo este temor por parte de la banca viene por el informe presentado por la Comisión Europea que se alineó a favor de la anulación del IRPH puesto que confirmaba que se trataba de una nueva cláusula abusiva de la banca española.
Diario16 se ha puesto en contacto con una decena de afectados por el IRPH que, además de confirmar sus sentimientos e intuiciones encontradas, han coincidido casi en su totalidad en acordarse en los que se han quedado en el camino. «Son miles los que, por los problemas económicos que ha provocado ‘el puto IRPH’, no han podido recurrir en instancias superiores ya que no podían hacer frente a los costes de esos recursos. Lo que cobra un abogado por un recurso en una Audiencia Provincial no es lo mismo que en un Juzgado de Primera Instancia. Un procurador cuesta una pasta. Entonces, han sido miles los que, por el propio daño creado por el IRPH, se quedaron en el camino. Es un sistema cruel, es un sistema de rapiña. Se aprovechan de los más débiles, pero esto se convierte en perverso cuando esa debilidad está provocada por quienes han cometido el daño», nos decía una afectada.
«Lo que no pueden hacer ahora muchas víctimas es esperar a que dictamine Europa para presentar sus recursos si han tenido una sentencia desfavorable. Siempre que el IRPH les haya dejado la posibilidad de seguir recurriendo, claro está. Si lo hacen es posible que también se queden en el camino porque los plazos de los recursos se terminan y no se puede volver a denunciar algo que ya está juzgado», nos advierte un afectado.
Desde luego, lo que está claro es que la banca tiene miedo a Europa. No saben si la «advertencia/amenaza» de Goldman Sachs tendrá el mismo efecto que hubiera tenido en España, sobre todo cuando hay un informe de la Comisión Europea sobre la mesa. Tanto pánico tiene la banca al TJUE que algunos bancos están ya intentando alcanzar acuerdos extrajudiciales con los afectados en los que, por supuesto, no se aplica ninguna devolución por el dinero cobrado de más durante años. Algunos afectados confirman a Diario16 que si les llegara una oferta no la firmarían porque la solución que se propone —modificación del tipo de interés referenciándolo al Euribor— no es justa.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la renovación del plan de especialización que afecta a cincuenta y cinco juzgados de primera instancia de toda España para que conozcan de forma exclusiva y según los casos de los asuntos que se refieren a cláusulas abusivas. En esta ocasión, la duración de esta medida será de un año, y no de seis meses, como había venido ocurriendo desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017.
La conveniencia de mantener el plan de especialización ya se puso de manifiesto durante la reunión de evaluación que mantuvieron el pasado mes de octubre representantes del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas. Con los datos estadísticos sobre la mesa, los asistentes a ese encuentro se mostraron de acuerdo en que la especialización es un sistema adecuado para hacer frente al elevadísimo número de asuntos sobre cláusulas abusivas que ingresan en los juzgados en tanto no se adopten medidas legislativas.
El plan de especialización para 2019 se aplicará a los mismos órganos judiciales y en los mismos términos que el actual. La única excepción es la del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid que, desde el pasado mes de junio, ha compatibilizado la tramitación de las demandas sobre cláusulas suelo de toda la provincia con la de los asuntos en materia de arbitraje, de los que ya venía conociendo con anterioridad.
La elevada carga de trabajo soportada por este órgano judicial aconseja liberar al Juzgado de una parte de sus competencias, por lo que la Comisión Permanente acuerda que, a partir del 1 de enero de 2019, la especialización del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid en materia de cláusulas suelo tenga carácter exclusivo y también excluyente.
Adicae asegura que la banca tiene que devolver entre 10.000 y 15.000 euros a los afectados, dependiendo de la hipoteca y la antigüedad de la casa. Además, esta cantidad de dinero será devuelta con intereses.
Decíamos ayer que, a la vista de la información de la que hemos ido disponiendo y de los documentos que han ido apareciendo en las últimas semanas, hay varias cosas que hoy sabemos con absoluta certeza y que podemos poner en orden, pues aquí están las primeras:
Que la retirada de fondos de los clientes se produjo entre abril y la resolución del Banco el 7 de junio.
Que la causa principal de la salida de depósitos fue la comunicación de noticias negativas y filtraciones off the record constantes, el gráfico elaborado por los técnicos del banco sobre evolución de liquidez comparada con la de la acción delata que las salidas de depósitos de abril y mayo se deben a la mala comunicación y no a las caídas de rating, que sí pudieron influir en las salidas de junio de las administraciones públicas.
Que esa política de comunicación no sólo provocó la caída de la acción, sino que cuando la acción enderezó su rumbo al saberse de la entrada en el capital de un inversor chileno, las filtraciones de noticias negativas tumbaron esa subida de la acción y aceleraron la salida de depósitos.
Alrededor de 000 millones de euros salieron en dos meses, entre abril y mayo, reduciendo por debajo de 3.000 millones el límite de reservas de liquidez que el banco se había autoimpuesto.
Después de las declaraciones de la presidenta de la JUR a finales de mayo, la salida de depósitos se intensificó en los primeros días de junio, hasta 9.000 millones, de los que 6.000 millones fueron retirados por las Administraciones Públicas españolas.
Sorprendentemente, el banco no solicitó, pese a ser solvente y reunir los requisitos para ello, la línea de liquidez de emergencia hasta el día 5 de junio. Sabemos ahora que el Banco de España dice que no se aportaron garantías suficientes, pero que el día 6 todavía había 600 millones en caja y podía solicitar 4.000 millones más.
Hay que recordar que, sorprendentemente también, en las actas de consejo de mayo, Saracho llegó a decir que había que prepararse para solicitar la ELA, pero que creía que ese día no había llegado, ni iba a llegar; y que la remisión de documentación a la JUR entraba dentro de lo normal y que la JUR no estaba preparada para intervenir un banco solvente y con liquidez.
Tras todo esto que vamos conociendo, podemos ratificar nuestros argumento del primer momento:
No hay soporte legal alguno para cuestionar la ampliación de capital de 2016. Hacerlo utilizando el beneficio de la retrospección es contrario al derecho. Es imposible encontrar conexión alguna entre la ampliación de capital de 2016 y la resolución de un banco por problemas de liquidez un año más tarde y con administradores diferentes;
Ni el BdE, ni el BCE, ni el Santander, ni PwC han cuestionado la veracidad de las cuentas de 2016.
Las autoridades han confirmado la solvencia del Banco (BdE, JUR y BCE) y su resolución por un problema de liquidez.
El procedimiento de resolución es inadecuado para un banco solvente, y la utilización de un procedimiento de liquidación para valorar el Banco destruye valor tanto en el caso del Popular como de otra institución cualquiera. Se trata de una ficción -el Banco nunca se liquidó-, y se traspasó con todo su patrimonio al Santander (10.777 millones de euros) por un euro, permitiéndole al Santander hacer los ajustes que quiso contra el patrimonio de los accionistas.
Tras analizar el papel de Luis de Guindos durante la crisis económica y financiera, además de ver cómo puso al Banco Popular como un objetivo a derribar, ahora llega el momento de ver cómo desde las instituciones se utilizó la operación del Banco Pastor para debilitar al Popular de cara a que, en el futuro, fuera adquirido por otra entidad. En realidad, fue una verdadera trampa. ¿La venganza de Luis de Guindos?
En 2011, a finales de año, tras anunciar la venta al Popular, José María Arias, presidente del Banco Pastor, manifestó que la oferta de la entidad presidida por Ángel Ronno era económicamente la mejor que había recibido, pero que había factores que le habían inclinado a aceptar la oferta: se trataba del mantenimiento en La Coruña del Pastor, con su propia ficha bancaria, aun siendo parte del grupo del Popular; Arias seguiría siendo Presidente del Pastor, o, como se jactaba, «el único banquero gallego que podía pasearse libremente por La Coruña». Además, se había garantizado tres puestos en el consejo del Popular, que constaba de 15 miembros.
Arias pensaba que Ron, gallego de Santiago pero sin su pedigrí nobiliario, sería manejable y que se transformaría en un instrumento de su ambición: convertirse en el Presidente del grupo del Banco Popular y extender su reinado mandando en uno de los grandes del IBEX.
En ese tiempo, el Popular mantenía una fuerte actividad con las pequeñas y medianas empresas y era una institución respetada. Después de varias conversaciones con el Banco de España, los responsables del Popular estaban convencidos de que comprar el Pastor era mejor opción que comprar una Caja, al Pastor le beneficiaba el hecho de haber estado sometido a la disciplina de mercado y que PwC era el mismo auditor que el que tenía Popular.
La idea que subyacía con la integración era no perder el arraigo a Galicia, por lo que se le pidió a Arias que al menos uno de los consejeros que iba a designar fuese un independiente de prestigio. Pero no encontró a nadie para el puesto y, para sorpresa general, hizo una propuesta de nombramiento ciertamente curiosa.
Analicemos esa propuesta. Así, un consejero sería la propia Fundación Barrié, algo lógico, pero sorprendentemente, estaría representada por Ana Varela, una directiva de mediano nivel en el Pastor a la que Arias había llevado a la Fundación que él presidía. Volvía a verse la confusión de intereses que reinaba en el viejo Pastor, en el que nadie se atrevía a toserle al presidente y que ahora tenía su reflejo en la designación de una representante para el Consejo en nombre de la Fundación, que suscitó airadas críticas entre las directivas y los directivos del viejo banco gallego. Era, en definitiva, una persona que debía su posición a Arias, una extensión de él mismo.
El independiente de prestigio que permitiese visualizar el arraigo en Galicia del Pastor y del Popular no apareció. Nadie quería ir de la mano de Arias, lo que no dejaba de ser chocante en un país en el que algunos miembros de las élites se pelean por ser consejeros de cualquier empresa. Aparicio Valls, secretario del Popular, manifestó a varios consejeros su perplejidad por la incapacidad de Arias de proponer a alguien aceptable.
Sorprendentemente Arias se sacó de la chistera a José «Pitu» Gracia, un catalán conocido en el mundo de los negocios por ser uno de los más agresivos asesores de Joaquín Rivero, el inmobiliario que había forjado un imperio desde una pequeña compañía, Bami, hasta llegar a controlar Metrovacesa, con todos los líos que se conocen y que se intuyen.
La propuesta de Pitu Gracia no gustó en Popular. Tras una larga negociación se admitió un nombramiento transitorio, por poco tiempo. Así, Gracia abandonaría su puesto en el Consejo a principios de 2014, tras haber sido nombrado en 2012. El puesto de Gracia no fue cubierto por Arias, que se quedó con dos representantes en el Consejo.
¿De dónde había salido Pitu? ¿Por qué lo propuso Arias? Lo veremos en próximas entregas.
Le pasa a Albert Rivera lo que a los primates, concretamente los chimpancés, cuando uno quiere desafiar al macho-alfa, al jefe de la tribu, le intenta asaltar en el territorio que le puede ser más propicio para quitarle la prelatura simiesca. Por ello el presidente de Ciudadanos pretende atacar a Pedro Sánchez en Barcelona, donde cree que es su terreno más propicio, además cuando el presidente del Gobierno piensa llevar a cabo un consejo de ministros que tendrá un exterior caliente. La excusa para ese enfrentamiento es la celebración de la victoria pírrica e inútil en las elecciones catalanas de hace un año. Se engola Rivera y afirma que es la primera vez que gana un partido constitucionalista, por no decir de derechas, ya que el PSC ganó en votos en 2003. El caso es hacer un acto paralelo para boicotear al gobierno de España. Sí el gobierno que representa a esa bandera que tanto saca a pasear.
Boicotear en la cercanía del lugar de acción del macho-alfa. No habrá leído Rivera a Frans de Waal (La política de los chimpancés o El mono que llevamos dentro), porque como ha reconocido no lee, no le ha dado la naturaleza esa capacidad, así no sabrá que actúa como un mono furioso al que le han dejado sin hembras con las que aparearse. Aunque en Andalucía tiene un par de ellas con las que juntarse, aunque una de ellas le pueda provocar algo más que un simple contacto. El caso es que Rivera siente que Sánchez no es quién para acudir a su tierra, por muy macho alfa que sea, no puede ir allí a quitarle españoles y a verse con el malévolo Quim Torra. Eso es un acto de traición, según su enferma mente que sólo ve enemigos y sus tripas que expulsan odio, y lo comete en su zona de influencia. Aún peor, siente instintivamente Rivera, Sánchez hace lo que no se ha atrevido nadie a hacer, celebrar un consejo de ministros para hacer ver a la ciudadanía catalana que el gobierno sí piensa en ella. ¡Lo que le faltaba! Sánchez quitándole la exclusiva de la defensa de Cataluña.
Entonces entra a operar la envidia, tanto por el acto en sí como por ser Sánchez el presidente del Gobierno, cargo que desea libidinosamente y casi de forma enfermiza para él. Esa envidia es lo que le motiva para estropear la visita del Gobierno a Barcelona. De ahí que con la excusa de la celebración estúpida porque no sirvió para nada, estará allí en el mismo sitio que el macho alfa y podrá tener sus minutos de gloria mediática a la par que Sánchez discute de cosas serias y beneficiosas para la ciudadanía española. Porque con estas acciones Rivera demuestra que lo práctico, las cosas de gobierno, no le interesan. Salvo cuando es para beneficiar al establishment, el resto de cuestiones son importantes si sirven para rascar un voto o dos. En realidad parece que a Rivera esos españoles que ve en todos sitios son sólo eso, españoles que no deben acercarse a él. Seres inferiores que deben ser dirigidos por el bien pagado de sí mismo dirigente de la secta naranja.
Cuando él se reúne para celebrar un acto de uno de los dos partidos constitucionalistas que hay en España, que curiosamente son la derecha y la derecha extrema, uno de los actos constitucionales como el gobernar se produce muy cerca de donde se juntará con sus conmilitones. Envidia, deseos de ser el Califa en lugar del Califa y estar afuera para poder criticar que el gobierno provoca que los malos, los independentistas, monten la gresca mientras Sánchez no hace nada. A esos cafres, a los que él mismo alienta cuando expresa todo el odio que siente a quien es diferente a él, es a los que espera para lanzarse contra el gobierno. Con los neofascistas de Vox no le importa hablar, especialmente con su amigo Santiago Abascal, pero si Sánchez intenta mejorar las vías de diálogo y reforzar directamente la apuesta por una vía constitucional de manera simbólica, le parece que se está cometiendo el peor de los crímenes. Él que no siente ninguna simpatía por la democracia, sólo hay que ver cómo se hacen las cosas dentro de su partido y lo que dice fuera sobre prohibir, prohibir y cárcel y más cárcel, quiere imponer su visión a los demás. A esos que cataloga como la anti-España.
Una vez más Rivera provocando e induciendo hacia la violencia contra los demás. En otras ocasiones contra los que se piensan distinto, ahora contra el legítimo gobierno producto de la voluntad popular, o soberanía nacional que le pone mucho más a Rivera. El dirigente de la derecha extrema quiere hacer fracasar la acción simbólica del Gobierno, pero lo más que logrará, como ha pasado con todas sus otras acciones, es hacer el ridículo. No pasa nada porque sus amigos de los medios de comunicación a izquierda y derecha le taparán las vergüenzas (¿Han visto alguna vez una crítica en los medios que se sitúan en la zona más izquierda?), y él podrá seguir haciendo lo que más le gusta, utilizar la demagogia, el populismo del sistema y encizañar. Como carece de cualquier tipo de capacidad intelectual y se pone a hacer aspavientos cuando le ponen en un brete, como bien le recordó Aitor Esteban, al día siguiente saldrá a quejarse de esto o aquello que no tenga relación con su fracaso. Estaría bien que explicase el pacto que quiere con Vox.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha trasladado este miércoles “sus convicciones constitucionales” y “su convencimiento de defender desde el palacio de La Moncloa la Constitución”, tras el encuentro que ambos han mantenido este miércoles en Madrid.
El presidente García-Page ha subrayado, asimismo, que esa defensa del marco constitucional se realizará por parte del Gobierno de España “sin la histeria que pueden tener otros o sin el ruido que otros fabrican”, sino de la mano de “la serenidad”.
En este sentido, ha expresado su deseo de que “el presidente mantenga ese planteamiento con mucha tranquilidad”, apuntando que “no va a perder los nervios, ni lo va a perder el Gobierno ni lo van a perder los españoles”.
El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado el clima de “cordialidad y sinceridad” que ha caracterizado el encuentro con Pedro Sánchez; una reunión en la que, ha subrayado García-Page, “he podido trasladar todas las cosas que pienso y todos los matices que aporto a la política general”.
“Espero que haya un comportamiento constitucional”
Por otro lado, en referencia al Consejo de Ministros que acogerá la ciudad de Barcelona este viernes, el presidente de Castilla-La Mancha ha manifestado su deseo de que “más allá de las algaradas y radicalismos, haya un comportamiento constitucional”.
“Si alguien llega a la conclusión de que el Gobierno o el presidente del Gobierno no pueden reunirse en Barcelona por un problema de orden público, se harían mucho daño a sí mismos los radicales”, ha advertido García-Page, quien ha marcado como límite la “paciencia y generosidad” de la sociedad española a la propia Constitución.
En esta línea, ha reiterado que “una inmensa mayor parte de la sociedad catalana tiene claro que ha destacado en España por ser la vanguardia del país”, destacando el “civismo” de la sociedad catalana.
Una característica “verdaderamente envidiable” que, ha lamentado, “hoy por hoy, una parte de su clase política ha perdido”. “No tengo ninguna duda de que se comportarán en condiciones y que podrá haber normalidad, es lo que deseamos todos”, ha finalizado el presidente regional.
Izquierda Unida, a través de sus diputados/as Félix Alonso Cantorné, integrado en la confluencia de En Comú Podem, y Eva García Sempere, ha contribuido a impulsar en el seno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno a que a partir de su aprobación el Ministerio de Fomento “garantice el cruce de información con los ministerio de Justicia y de Cultura, con las comunidades autónomas y las administraciones locales para que los datos de los elementos relacionados con Memoria Democrática y los Derechos Humanos sean tenidos en cuenta durante las labores de mantenimiento y conservación de carreteras”.
Esta proposición no de ley parte de unos datos oficiales preocupantes. Según el mapeo realizado por el Ministerio de Justicia en 2011 -a partir de la información aportada por 49 plataformas defensoras de la Memoria Democrática- en todo el Estado español existen un total de 2.246 fosas comunes pertenecientes a la Guerra Civil y la dictadura franquista. De ellas, “se han exhumado en su totalidad 437, parcialmente 43 y quedan por intervenir 1.221. Se han detectado cerca de 500 fosas distribuidas en todo el territorio cuyos restos fueron trasladados al Valle de los Caídos y existen 250 fosas desaparecidas, algunas de estas últimas por modificación en tramos de carreteras o por haber inhabilitado su acceso a causa de construcciones recientes”, detalla la iniciativa.
Este trabajo parlamentario, que firman también los diputados del mismo grupo confederal Txema Guijarro, Sergio Pascual y Eduardo Maura, persigue como reza en su título “la incorporación en el Reglamento General de Carreteras de informes y protocolos para prevenir posibles intervenciones de riesgo en fosas comunes durante las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras”.
A tal efecto, detalla en su parte propositiva que el protocolo que debe añadirse al desarrollo reglamentario correspondiente “obligue a las actuaciones de mantenimiento y conservación de carreteras a contar con un informe previo de conocimiento sobre los elementos relacionados con Memoria Democrática y de los Derechos Humanos existentes en la zona de actuación”.
Del mismo modo, especifica que en el caso de que ya se dé esta circunstancia se diseñe “un plan específico de prevención de cara a evitar daños a las víctimas derivados de las labores de mantenimiento y conservación”, tal y como refleja el artículo 12.2 de la conocida como Ley de Memoria Histórica o Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
La iniciativa parlamentaria plasma así las demandas de buena parte de los colectivos y asociaciones de víctimas y sus familiares en relación a este asunto. Los/as diputados/as firmantes destacan que la localización exacta, investigación y futura exhumación de los restos mortales que aún permanecen enterrados “deben ser consideradas responsabilidades políticas de primer orden”.
Apostillan que “de la correcta gestión e investigación a todos los niveles dependerá el legado que transmitamos a las generaciones futuras y la reparación, justicia y verdad de los periodos más oscuros de nuestra historia reciente que, sin duda, tienen un retorno en la sociedad actual, una brecha abierta que debe cerrarse desde la responsabilidad y el buen hacer metodológico y político”.
A nivel práctico, los/as parlamentarios/as autores de la proposición no de ley apuntan que en las tareas de mantenimiento y conservación de la red de carreteras “se deben de tener en cuenta en todo momento los riesgos de cercanía a dichas fosas comunes reflejadas en el mapa en la web del Ministerio de Justicia que, aun debiendo ser actualizado, evidencia que coexisten zonas de carreteras con fosas comunes en las cunetas o en inmediaciones cercanas a las vías, susceptibles de recibir labores de mantenimiento”.
Consideran que “disponer de un catálogo bien documentado ayudaría a los responsables del mantenimiento y conservación de carreteras a prevenir y evitar que actuaciones para el cuidado de nuestras carreteras deterioren o pongan en peligro elementos de nuestra memoria”.
Vivimos una temporada en la cual no es difícil que aparezca cierto desánimo ante el discurrir de cuestiones políticas que se abrieron a la esperanza a principios del verano. Cada lectora o lector puede sentirlo según sus inquietudes, pero desde el Foro Social Permanente en Navarra nos queremos fijar hoy en una cuestión concreta: la situación de las personas navarras presas lejos de sus domicilios y la de sus familiares. Son 40, de ellas 4 mujeres. Tres padecen enfermedades graves. 38 están alejadas -28 en el Estado español, 10 en el francés-, una está en prisión atenuada en Navarra, otra en libertad con pulsera en el Estado francés.
Es una situación que, pese al tan bien recibido anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez en junio, sigue básicamente igual que hace casi tres decenas de años. La política penitenciaria del Estado español hacia este colectivo de personas presas y sus familias sigue sin despegarse de la excepcionalidad que la impregna, sigue sin dar el paso de transitar de esa excepcionalidad a la aplicación flexible y humanizada de la legislación penitenciaria ordinaria que demandan instituciones, fuerzas políticas, sindicales y sociales así como una mayoría de la sociedad navarra.
Sí, se puede sentir frustración por que los pequeños avances que ha habido tras el positivo anuncio del Gobierno español sean tan timoratos y porque dos aspectos que no requieren modificar ni siquiera una coma de la legislación vigente sigan sin aplicarse: aliviar la situación de los presos gravemente enfermos y acercar a sus lugares de origen a las personas aún alejadas y dispersadas por decenas de cárceles. Aspectos ambos apoyados desde nuestro Parlamento Foral por una mayoría transversal conformada por partidos como Geroa Bai, EH Bildu, PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra.
La presión de los partidos de derecha, los cálculos electorales, dificultades o falta de decisión para mover el pesado aparato penitenciario… son razones que se esgrimen para esa tan lenta implementación del cambio. Pero lo cierto es que podría hacerse mucho más sólo con aplicar la legislación penitenciaria de la forma que se aplica ordinariamente, al resto de personas presas, simplemente normalizándola. Hoy por hoy, la situación genera frustración en amplios sectores sociales, y más grave aún, una re victimización de las familias de las personas presas, víctimas de una política de excepcionalidad que dura ya excesivas décadas.
Ante unas circunstancias plagadas de condicionantes, puede aparecer también la duda sobre la efectividad de los esfuerzos que se realizan en Navarra para sentar las bases de una convivencia democrática donde sean reconocidos los derechos de todas las víctimas, se comprenda el cambio en política penitenciaria como un activo en pro de esa convivencia, se vaya avanzando hacia la reconciliación y hacia una memoria poliédrica, cerrando el doloroso periodo conflictivo en claves democráticas.
Más aún cuando, en el transcurso de nuestro trabajo y actividades, hemos podido confirmar la intuición que teníamos de que en Navarra existen sectores empeñados en no dejar sentar las bases de una convivencia con garantías de no repetición. Sectores que niegan la existencia de un conflicto y, por tanto, no ven la necesidad de tender puentes hacia una nueva convivencia; cada uno desde sus posiciones, interpretan en fin de ETA desde una lógica de vencedores y vencidos.
Foro Social Permanente de Navarra
Desde el Foro Social, afirmamos sin lugar a dudas que todos esos esfuerzos son positivos, necesarios, y están dando sus frutos. Tomemos un dato significativo que lo ratifica: el consenso actual entre las instituciones, fuerzas políticas, sindicatos, agentes sociales y la mayoría de la sociedad navarra sobre la necesidad de poner fin al alejamiento de las personas presas es el más amplio que se ha alcanzado en Navarra en los últimos 40 años.
Ninguna otra reivindicación o causa ha reunido a un espectro tan transversal, trascendiendo las diferencias políticas tan notorias en otros temas. ¿Quién hubiera predicho hace dos años, por citar un ejemplo, el acuerdo parlamentario del pasado 29 de junio sobre personas presas enfermas y acercamiento, respaldado al día siguiente por notas de todos los sindicatos navarros? Cabe subrayar que este camino ha supuesto un loable esfuerzo de diálogo y acercamiento por parte de todos los agentes implicados.
Y que es un camino en el que hay que perseverar, pese a los momentos de ralentización. La acumulación de voces y decisiones cada vez más diversas y transversales es clave para mover los muros.
Desde sus orígenes, el Foro Social trabaja con la idea de construir un carril central en la resolución de las consecuencias del llamado conflicto, que acerque a las partes afectadas y en el que la sociedad civil tenga una función destacada. Tres son las piedras angulares de la construcción de esa convivencia democrática basada en una cultura de derechos humanos y paz: avanzar definitivamente en el reconocimiento de todas las víctimas de todas las expresiones de violencia; dar solución integral a la problemática de todas las personas presas y afrontar una memoria inclusiva que respete todos los relatos.
A estos retos comunes a Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca se añade un reto específico en nuestra tierra. Navarra tiene su propia personalidad y ha vivido y sufrido este conflicto de su propia manera. En este sentido, el Foro Social Permanente se ha marcado como objetivo que Navarra tenga más voz en esas tres cuestiones, que construya su propia resolución integral.
Así pues, en los dos años de existencia del Foro Social en Navarra hemos abierto numerosos espacios de comunicación, tanto privados como públicos, que han permitido conocer, empalizar con, y reconocer el sufrimiento de las diferentes víctimas, el último caso, el de Sara Fernández en el Ayuntamiento de Pamplona. Se han contrastado en público opiniones de fuerzas políticas (mesa redonda del pasado 20 de junio), se realizó un encuentro con alcaldes y representantes municipales (28 de octubre de 2017)… por citar algunos.
Se han sumado voluntades, dando pasos visibles. Todo ello labrado en base al diálogo, al objetivo común de construir una sociedad capaz de superar y sanar las heridas del pasado.
En ese espíritu, quisiéramos hacer partícipe a toda la sociedad de nuestra reflexión sobre lo necesario que es que la sociedad navarra en su conjunto (sociedad civil, instituciones y partidos políticos) se responsabilice en el proceso de construcción de la memoria y convivencia de forma activa, y se comprometa.
No dejemos que los claroscuros actuales nos difuminen el camino. Es necesario seguir sumando esfuerzos para apuntalar y ensanchar definitivamente las pequeñas ventanas de esperanza que se han abierto.
A pesar de lo que afirmábamos ayer en referencia a que todos los reguladores sabían qué estaba ocurriendo en el Banco con detalle y que el problema procedía, sin lugar a dudas, de la salida descontrolada de la liquidez, y que, pesar de eso, se declara el dato como información privilegiada en lugar de ponerle fin a ese problema. Sin embargo, la actuación “magistral” de Saracho, más propia de un “trilero con corbata” que de un profesional que llega a la entidad para “salvar a cientos de accionistas del Banco Popular” hace posible que nadie en el consejo y en el grupo directivo quiera afrontar las consecuencias de esa evolución negativa, antes al contrario, se piensa que se va a poder controlar con diversas medidas embaucadoras del hombre del ministro De Guindos: Emilio Saracho.
A pesar de que la carta de Elke König es una clara comunicación de que el banco va ser intervenido, Saracho minimiza ese problema y asegura que el banco es solvente y cumple con la liquidez, aunque ya había informado de varios incumplimientos en abril y mayo. No ve posibilidades reales de intervención, sólo suponen medidas cautelares ante una posible situación administrativa que la JUR desconoce porque nunca se ha utilizado, según dice. Claramente no se da por aludido del aviso y de la gravedad de la situación.
Saracho se refiere a hipotéticas ineficiencias de las autoridades como forma de eludir sus responsabilidades.
El 31 de mayo sigue sin considerar la extrema gravedad de la situación y cree que es suficiente con tener preparada la solicitud de ELA.
Sólo el 6 de junio es consciente el Consejo de la imposible situación del banco al conocer los datos de evolución de liquidez por la exposición de Saracho. La salida de depósitos es muy elevada desde el 1 de mayo, sin embargo, el día 31 ni siquiera considera que debe pedirse la ELA -línea de provisión extraordinaria de emergencia del BCE a través del BdE-. Sólo lo ve necesario el día 5 y el Banco de España no le da ni la mitad de lo solicitado.
Aun declarando el banco inviable, cree que se puede vender y no advierte al Consejo de las terribles consecuencias para los accionistas del bail-incon el que la JUR va a resolver el Popular y se queda a la espera de lo que decidan las autoridades ante la decisión del Consejo.
Las decisiones que se adoptan son incongruentes y no valoran las consecuencias de lo que están acordando, indiferentes al impacto para los accionistas, empleados y proveedores, inconsistentes con la información que manejan e infantiles por cuanto que esperan que un agente o agentes externos solucionen los problemas. Se da a entender que se controla una situación, cuando, en realidad, no se está respondiendo con medidas adecuadas a su grave dimensión; aunque, dado el carácter diabólico de la trama, habría que decir que Saracho consiguió asustar a todos los que tenía que asustar (especialmente a los depositantes, a los inversores en Bolsa y a una inexperta JUR), para conseguir el objetivo de entregar el Banco al Santander.
En Diario 16 se ha dicho varias veces que la firma de Saracho en la comunicación de inviabilidad del Banco es falsa. Diario 16 ha recogido con detalle este asunto, con una comparación de firmas y las ha aportado al Juzgado.
Diario16 incluyó copias de documentos elaborados por el despacho Uría con las instrucciones para la declaración de inviabilidad. En un correo electrónico que fue publicado hace meses, se resume por uno de sus letrados una reunión mantenida con el entonces secretario del Consejo, Joaquín Hervada, recién designado por Saracho para el cargo. En ese mail, se da cuenta de las advertencias que hacen a Hervada de la conveniencia de declarar la inviabilidad, pero omiten describir las consecuencias; el e-mail menciona que, tras la declaración de inviabilidad por un problema de liquidez, dado el interés público del Banco, la JUR tomaría el control del Banco y analizaría las opciones que la ley le concedía: proveer de liquidez de emergencia, venta de negocios, operaciones de fusión.
A la vista de la información de la que hemos ido disponiendo (y de la que obra en nuestro poder), de los documentos que han ido apareciendo en las últimas semanas, hay varias cosas que hoy sabemos con absoluta certeza, y que, con esa misma certeza, les adelantamos que estamos en condiciones de asegurarles que podemos poner en orden.
