“No soy ni seré una mártir. Soy una periodista profesional que durante treinta años ha trabajado con perspectiva de Derechos Humanos. Hago todo lo que está en mis manos para proteger mi vida. Estoy rodeada de gente solidaria dispuesta a salvaguardar mi integridad emocional y física. Imaginen por un momento: si el Sistema me trata así a mi por desvelar a la delincuencia organizada y tengo que llevar un juicio durante 13 años, lo que les sucede a millones de víctimas cuyos nombres no se conocen. Por eso debemos seguir”.
Son las duras palabras de la periodista y escritora mexicana Lydia Cacho tras la detención, el día 4 de diciembre de Alejandro Rocha Laureano, funcionario de la Fiscalía de Puebla y uno de sus presuntos torturadores tras ser detenida y agredida gravemente en diciembre de 2005. Tras trece años sin que se hayan detenido ni procesado a los autores intelectuales de los atraques y torturas contra la periodista y las víctimas de una red criminal de pornografía infantil. De los 17 implicados, solo tres han sido detenidos, son un policía judicial de Puebla sentenciado a seis años de prisión, otro prófugo y ahora Rocha Laureano, que ha pasado a disposición del Juez Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo.
En este sentido, Lydia Cacho ha destacado, asimismo, que es inaceptable “el perdón político a crímenes y delitos del pasado. Los casos en que servidores públicos y criminales están vinculados tardan 7 y 15 años en resolverse”. Cacho ha afirmado que no va a detener su reivindicación de que la Justicia mexicana sea efectiva. La periodista sigue adelante en la defensa de los derechos humanos para la población mexicana víctima de abusos judiciales, policiales y políticos. “Para que la justicia sea pronta y expedita para todas y todos yo uso mi poder público y mi voz. No me detendré y seguiremos a pesar del costo. Es una tarea colectiva”.
Lydia Cacho describía en una red social estos trece años ignominiosos de su vida. “ Llevo trece años defendiéndome de mis torturadores y los autores intelectuales; todos cómplices de la red de pornografía infantil y trata de niños y niñas. Desde hace 5 días tengo otra vez escoltas armados y chaleco antibalas. Hoy cayó el tercero de 17”.
Sólo han caído tres de los 17. La periodista ha mostrado todo su coraje indicando que no abandonará esta lucha hasta que todos los implicados estén en prisión. “Saldré a protegerme siempre que sea necesario, seguiré hasta que todos estén en prisión, debemos sentar precedentes jurídicos en el marco de la legalidad, construir un estado de derecho. Esa es la verdadera transformación contra la impunidad; la más urgente. A mantenernos con vida mientras tanto”.
Ante tal situación, la organización de defensa de los derechos humanos, ARTICLE 19, ha exigido al nuevo gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación y demás instancias competentes “que se garantice la seguridad de Lydia Cacho mediante un esquema robusto, pertinente, idóneo y adecuado al nivel de riesgo que deriva de la reactivación de su caso ante los tribunales federales.”
Esta semana la organización ARTICLE 19 recordaba la resolución, del pasado mes de julio, del Comité de Derechos Humanos de la ONU por la que se acusaba al Estado mexicano de haber fallado “por 13 años en garantizar acceso a la justicia para la periodista cuya detención y tortura fue fraguada desde las altas esferas del poder del Estado de Puebla, en connivencia con empresarios implicados en una red de pederastia infantil revelada a través de su libro “Los Demonios del Edén”. También cabe recordar que desde 2004 se encontraba bajo proceso Jean Succar Kuri, acusado de pederastia y pornografía infantil, siendo parte del entramado de alto nivel que fraguó las agresiones contra Lydia”.
El 31 de julio el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una resolución contra el Estado mexicano, derivado de la petición de revisión del caso que en octubre de 2014 presentó ARTICLE 19 en representación de la periodista Lydia Cacho, por las violaciones a sus derechos humanos. “Tal como se ha referido, esta es la primera resolución favorable de este Comité en un caso contra el Estado mexicano y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre la violencia y tortura cometida por las autoridades contra una mujer periodista”.
En la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos (2767/2016), se exige al cumplimiento en un plazo de 180 días. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto no fue capaz de avanzaren cada uno de los puntos resolutivos. “Su actuación hasta el último minuto nos hizo reconocer la falta de voluntad para otorgar justicia, verdad y reparación a Lydia”, señala ARTICLE 19 que ha hecho público un comunicado.
Según el texto emitido, “el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto terminó su mandato confirmándose como uno de los presidentes con más crímenes en contra de periodistas registrados en la historia de México: 47 de ellos son asesinatos, lo que es equivalente al 40% de los perpetrados desde el año 2000”.
En este sentido, ARTICLE 19 “hace un llamamiento a todas las autoridades del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que representan a las instituciones involucradas a cumplir con la decisión del comité de la ONU”, con celeridad, profesionalidad, objetividad y con la plena garantía de la defensa de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho”.
ARTICLE 19 recuerda que durante trece años de lucha por la justicia, Lydia Cacho ha sufrido amenazas que hasta la fecha no se han esclarecido ni mitigado. “Es por ello que cuenta desde 2009 con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con la detención y eventual enjuiciamiento de Alejandro Rocha, “se debe garantizar la seguridad de la periodista por los riesgos que entraña que poderosos empresarios como Kamel Nacif y políticos implicados como Mario Marín, se mantengan impunes”.
