domingo, 18 enero, 2026

¿Arrugas o fisuras?

Natalio Blanco
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¿Arrugas o fisuras?

El famoso cuento de Francis Scott Fitzgerald, escrito en la década de los años veinte del pasado siglo y llevado al cine hace unos años, puede servir de ejemplo de lo que no experimentará nunca la Carta Magna española, que este 6 de diciembre cumple 40 años de vigencia ininterrumpida sin más sobresalto que el 23-F y algún que otro retoque con nocturnidad. Nunca la Constitución Española podrá experimentar un proceso de rejuvenecimiento natural aunque se lo propongan a destajo los poderes públicos, que entonces establecieron sus principios fundacionales bajo el sistema de la monarquía parlamentaria, que rige desde entonces el destino de todos y cada uno de los españoles.

Cuarenta años de vida se notan, y aunque la experiencia es un grado y hay que ser educado y agradecer los servicios prestados, también hay que tener un punto de valentía para saber reconocer que este documento no necesita sólo un arduo trabajo de chapa y pintura para que reluzca como sus primeros días y años de existencia. Ni por asomo.

Cuarenta años otorgan madurez, pero también traen consigo incontables achaques aquí y allá, y tapar con meros parches todos estos escapes no sirven ni de lejos para retrasar el colapso del paciente, al que más pronto que tarde le suele dar la cara de forma inmisericorde. Qué mejor idea que poner manos a la obra para evitar lo inevitable, ¿no creen?

Los leves y puntuales cambios acometidos a la Carta Magna en diferentes momentos de la historia reciente de este país –que por cierto también se abordaron prácticamente con nocturnidad y alevosía– no pueden ocultar que ha llegado el momento, más pronto que tarde, de asumir con dignidad y arrojo la irreversibilidad de una reforma contundente y en profundidad. Ya no valen las medias tintas, porque el futuro de la democracia española así lo exige, y porque la coyuntura no es la más idónea para mantener el statu quo complaciente que hasta ahora se ha venido aplicando cuando el espinoso asunto de la reforma constitucional salta a la palestra cada cierto tiempo.

El Estado español vive una época de zozobra institucional que no puede solucionar con paños calientes sobre una norma que, abierta en canal, ya muestra fisuras considerables en su ensamblaje y consistencia estructural. De ahí que una reforma en profundidad a tiempo siempre sea mucho mejor solución y menos irreversible que una voladura incontrolada cuando ya no haya capacidad de reacción ante los envites, que no son pocos ni aislados. Es por España y los españoles, por algo de eso trata sobre todo la Carta Magna en su articulado.

40 años de Constitución: todo por hacer

José Antonio Gómez
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40 años de Constitución: todo por hacer

El 6 de diciembre de 1.978 el pueblo español fue llamado a refrendar el texto constitucional surgido de las negociaciones entre los grupos políticos con representación parlamentaria. Fue un texto que recogió en buena medida el espíritu de las constituciones democráticas de los países de nuestro entorno. Era la Carta Magna que necesitaba la España de la Transición para asentar las bases sobre las que construir una democracia plena a lo largo de los años siguientes, es decir, un buen punto de partida que hubiera necesitado de constantes reformas para adaptarse a las necesidades de la ciudadanía.

Sin embargo, los años fueron pasando, la alternancia en el gobierno se convirtió en un hecho, el modelo político de libertades y derechos se asentó y la Constitución se presentó como un texto definitivo que no requería ningún tipo de reforma por más que los tiempos cambiaran, por más que la mentalidad de los españoles fuese absolutamente diferente de la de 1.978.

La reforma política de la Transición fue impuesta a los españoles por el poder dejando al pueblo un papel residual en la confección del régimen democrático. Tal vez fuese el único modo de realizarlo pero intentar que lo emanado del consenso político permaneciese inmóvil fue un grave error. La mejor demostración de esto es el número de diputados necesarios para poder reformar la Constitución: dos tercios. En el bipartidismo era complicado porque las mayorías, aunque absolutas, no alcanzaban la cifra de 234 diputados. En referencia a esto es significativo que sólo se han realizado dos reformas de la Constitución en estos 40 años y han sido, precisamente, impuestas por organismos externos: OTAN y Unión Europea, modificaciones que, además, han hecho perder soberanía a los poderes elegidos democráticamente por el pueblo.

La función principal de una Constitución democrática es garantizar los derechos y las libertades del pueblo frente a los abusos del poder, sea cual sea y venga de donde venga. Durante los años inmediatamente posteriores a la Transición la Carta Magna tuvo una función muy importante de asentamiento del sistema democrático. Sin embargo, a partir de la década de los 90, con varias crisis económicas y un incremento de la inestabilidad política (por más que los defensores del bipartidismo afirmen lo contrario), se vio que la Constitución iba perdiendo su vigencia en relación con esa labor fundamental en cualquier Estado democrático.

El inmovilismo no genera solidez. Más bien al contrario, provoca rigidez, frustración, debilidad y desigualdad. Esto es algo que quienes defienden que «la Constitución no se toca» no entienden a pesar de las claras evidencias de que la Carta Magna se ha convertido en un texto vacío de contenido precisamente por la falta de reformas. Evidentemente, continúa siendo la garantía de los derechos y las libertades democráticas. Sin embargo, las consecuencias de la crisis económica, las diferentes revoluciones que está viviendo la sociedad, como la tecnológica o la del feminismo, por citar algunas, están dejando claro que España necesita una reforma integral de la Constitución para que, en primer lugar, adaptar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía a los tiempos actuales, y, en segundo término, fortalezca a la democracia frente al crecimiento de la ultraderecha fascista que, precisamente, lo que defiende es el inmovilismo.

La ineficacia constitucional se ha visto en cómo desde los poderes económicos y desde el poder legislativo se han conculcado derechos recogidos en la Carta Magna sin ningún problema: el derecho al trabajo ha sido prácticamente derogado con la reforma laboral de Rajoy; los derechos a la libertad de expresión, de reunión y manifestación con la ley Mordaza; el derecho a la vivienda con las leyes hipotecarias y la permisividad de los desahucios indiscriminados de la banca; el derecho a la sanidad y la educación con los recortes impuestos por las políticas austericidas impuestas por la Unión Europea. Por no hablar de la imposibilidad de decisión sobre el modelo de Estado que se blindó a través de manipulaciones durante la Transición.

Por tanto, la Constitución necesita reformas muy serias orientadas a blindar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos que se trasladan directamente a sus vidas, a la realidad del día a día porque, de otro modo, la Carta Magna está de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Una Constitución no puede dejar indefenso al pueblo ante los abusos de poder y esto es la consecuencia de la falta de reformas en estos 40 años. Por esta razón, se demuestra que todo está por hacer y que hoy no hay mucho que celebrar.

Cuarenta años de Constitución, cuarenta años de democracia

José Antequera
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Cuarenta años de Constitución, cuarenta años de democracia

La Constitución Española de 1978 fue fruto del consenso, esa palabra que hoy, cuarenta años después, ha caído en desuso como consecuencia de la radicalización de los discursos políticos. Ese fue el gran logro de la Carta Magna: diálogo, negociación, acuerdo, pacto firmado. Un Estado no tiene otra manera de avanzar si no es mediante el contrato social como mecanismo para resolver los conflictos políticos. La confrontación y el odio solo conducen al desastre colectivo. Cuando los ‘siete padres de la Constitución’ se sentaron a redactar el texto, la sombra de Franco estaba todavía muy presente, había ruido de sables en los cuarteles, ETA golpeaba duro y la crisis económica causaba estragos. Sacar adelante un borrador constitucional no era tarea fácil. Más bien era una labor heroica condenada al fracaso de antemano. Pero lo hicieron.

Gabriel Cisneros (UCD); Manuel Fraga (Alianza Popular); Miguel Herrero (UCD); Gregorio Peces-Barba (PSOE); José Pedro Pérez Llorca (UCD); Miquel Roca i Junyent (Convergencia Democrática de Cataluña); y Jordi Solé Tura (Partit Socialista Unificat de Catalunya, federado con el Partido Comunista de España) se sentaron alrededor de una mesa (a veces en una cafetería), dejaron a un lado los muertos de la Guerra Civil, cuyo recuerdo pesaba en sus familias, y se pusieron a debatir con valentía y honestidad. Los comunistas dieron una lección al renunciar a ciertos principios para lograr la concordia. También Fraga estuvo a la altura del momento histórico, pese a que había sido hombre fuerte de la dictadura.

La Constitución fue aprobada el 31 de octubre de 1978 en el Congreso de los Diputados por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Poco después pasó el trámite del Senado con la misma aplastante mayoría (226 votos a favor, solo 5 en contra y 8 abstenciones) y fue definitivamente aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. El 87 por ciento de los españoles votaron a favor. Es cierto que el texto llevaba intrínseca la trampa de la forma de Gobierno, el trágala de la monarquía parlamentaria como sucesora del franquismo, y que muchos españoles republicanos tuvieron que votar la Constitución a disgusto con ese epígrafe. Lo lógico hubiese sido convocar un referéndum sobre la Jefatura del Estado, pero las fuerzas franquistas y el miedo a un nuevo golpe militar lo impidieron. Sin embargo, el ‘juancarlismo’ funcionó como símbolo del nuevo régimen democrático, aunque fuese en forma de parche, y el edificio aguantó durante largo tiempo, hasta que han empezado las goteras.

Lo que resulta innegable es que nunca antes en la historia de España una Constitución había tenido un periodo de vigencia tan largo, lo cual demuestra que la experiencia no ha debido ser tan mala. Tampoco antes el pueblo español había vivido un período tan largo de paz y prosperidad. Conviene no perder de vista que veníamos de una serie de guerras carlistas que desangraron el país en el siglo XIX, y que en 1936 estalló la Guerra Civil, la mayor tragedia de nuestra historia con más de un millón de muertos. La Constitución Española puso fin al enfrentamiento fratricida, enterrando de una vez por todas la leyenda negra de las dos Españas. Fue un cicatrizante balsámico que, sin saber muy bien por qué, ha funcionado y ha cumplido perfectamente su misión: que no siguiéramos matándonos. Solo por eso ha merecido la pena.

Pero es que además la Constitución ha tenido muchos más efectos positivos, no solo en lo político, sino también en lo social y en lo económico. En los últimos cuarenta años España ha pasado de ser un país atrasado donde no había más que caminos de cabras y aldeas repletas de analfabetos a convertirse en un Estado moderno con buenas infraestructuras que ha superado por fin el estadio del subdesarrollo en el que estuvo inmerso durante siglos. Desde 1978 la renta per cápita se ha multiplicado por 13. Se ha garantizado la libertad ideológica, la libertad religiosa y la libertad de expresión (hoy amputada por la ley mordaza del PP, a todas luces inconstitucional). Gracias a la Constitución tenemos educación pública laica y a la Universidad pueden ir a estudiar los hijos de los obreros, algo impensable durante el franquismo, cuando los estudios superiores estaban reservados solo para las elites y las familias pudientes.

Tras la Carta Magna los españoles pueden disfrutar de un sistema de Seguridad Social gratuito y universal que pese a los recortes de los últimos años sigue funcionando relativamente bien. Ya quisieran millones de norteamericanos disponer de una sanidad pública y de calidad como la española. En el país de Trump hay miles de personas cojas y tullidas que vagan por las calles porque no tienen dinero para pagarse una operación o una simple prótesis. Además, la investigación médica y científica en España ha avanzado exponencialmente y aunque muchos de nuestros mejores cerebros siguen teniendo que irse a trabajar al extranjero aquel “que inventen ellos” de Unamuno ya es historia.

Las reformas sociales han sido prodigiosas. Antes de que la Constitución consagrara el principio de igualdad y no discriminación por razones de sexo, las mujeres tenían que dedicarse abnegadamente al hogar y a la crianza de los hijos y necesitaban de una autorización del marido para acceder a un empleo. Hoy pueden ir a la universidad, trabajar, divorciarse si les va mal en el matrimonio, abortar voluntariamente y pedir amparo a los tribunales, gracias a la Ley de Violencia de Género, cuando son maltratadas por sus parejas. Queda mucho por hacer, es cierto, sobre todo en la equiparación de salarios y en la persecución del terrorismo machista, pero es la propia Constitución la que permite que se siga avanzando en la recuperación de los derechos de las mujeres.

El modelo territorial quizá haya sido el mayor fracaso de la Constitución del 78. Los padres de la Carta Magna idearon el Estado de las autonomías como forma de salir del paso en un momento en que los poderes franquistas, todavía vivos y activos, imponían la unidad de España. El invento ha dado resultado durante más de tres décadas, al integrar a las nacionalidades históricas, y ha supuesto un elevado grado de descentralización política. Si embargo, es más que evidente, y así lo demuestra el dramático procés en Cataluña, que el modelo está agotado y precisa una reforma urgente.

La Constitución fue el salvoconducto democrático, el pasaporte que nos permitió ingresar en la Unión Europa, y aunque hoy parece algo denostado hablar bien de las bondades del club de Bruselas, nos permitió acabar con la autarquía y con 40 años de aislamiento internacional que impuso el franquismo.

No nos olvidemos del respeto a los derechos humanos, que la Constitución recoge y garantiza en sus artículos principales, y del sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la ley.

Ha habido otras muchas luces, probablemente más que sombras. Por eso no nos quedemos solo con lo malo. ¿Reformar la Constitución para adaptarla a los nuevos tiempos? Por supuesto. ¿Liquidarla como pretenden algunos iluminados en función de sus ideas delirantes? Jamás.

40 años del falso mito del consenso constitucional

Santiago Aparicio
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¿Se imaginan un país donde el Estado no garantizase la educación obligatoria, donde se pudiese imponer un estado de excepción con sólo la voluntad del gobierno, donde no hubiese descentralización, donde lo religioso tuviese una fuerte presencia en la vida del Estado? Pues por los pelos no están viviendo en un país así. España iba camino de convertirse en un país democrático pero virado completamente hacia las posiciones conservadoras. Y tuvieron que ser los partidos de izquierdas quienes pegasen con el puño en la mesa ante la mentira democrática que querían implementar los señores del franquismo. El consenso como tal no fue más que una estrategia para calmar las aguas. Un mitologema que se creó para que unos y otros tragasen con la Constitución y la democracia, pero haberlo, no lo hubo en los términos que se nos ha contado.

Hace un tiempo ya contamos que la Constitución se había cerrado en el restaurante José Luis, dejando en muy mal lugar a los llamados padres de la Constitución, que no llegaron ni a ponentes, tan sólo fueron unos mandatados de los partidos para hacer un borrador que luego sería ampliamente modificado. Otro falso símbolo que necesitaba esa joven democracia que quería nacer. Pero consenso, que es lo que tratamos en este texto, no hubo tal y como nos han contado. No por esto se debe destrozar la Constitución de 1978 y decir que funda un régimen en tono negativo. Se hizo lo que se pudo con lo que se tenía, recordando que unos tenían tanques y otros sólo lucha en las calles. Todos querían democracia y salió como salió: dejando muchos muertos (sí muertos en protestas sindicales, estudiantiles y por el terrorismo etarra y fascista) por el camino; tragando sapos la izquierda; cediendo algo, sólo algo, de poder la derecha; pero aquellas personas que allí se congregaron hicieron lo que mejor entendieron. Que hoy no se sostienen algunas partes de la Constitución no óbice para negar todo el proyecto como intentan hacer desde un adanismo que no se sostiene.

De todo aquello persiste el mito del consenso en nuestros días cuando no es cierto que lo hubiese. No se consensuó todo, se negoció duramente y algunas cosas quedaron por el camino. En la ponencia constitucional las derechas UCD y Alianza Popular (actual PP) se compincharon para ir aprobando artículo tras artículo (les daba la suma) donde no se recogían ninguna de las aspiraciones de la izquierda o los partidos nacionalista. Artículo tras artículo pactado en la derecha cercenando derechos que en cualquier constitución europea eran lo normal. Como dijo Alfonso Guerra, estaban creando la Constitución más retrógrada de Europa. Por eso se salieron de la comisión constitucional y amenazaron con no apoyar el texto en las urnas y presentar en cuanto pudiesen un nuevo proyecto constitucional. ¿Ven mucho consenso aquí? No, parece que no.

Adolfo Suárez empalideció, tuvo llamadita de Zarzuela, no fuese a ser que se le fastidiase el negocio al Borbón, y mandó a Fernando Abril Martorell, vicepresidente, al mando de las negociaciones. Por un lado se negociaba con Guerra en José Luis, por otro lado se “consensuaba” con Santiago Carrillo o con Xavier Arzalluz (por mucho que luego negase esos acuerdos). En ningún momento se sentaron todos a discutir y ver qué era lo mejor para España. Se negoció como se negocia la compra de ganado, cada uno intentando sacar tajada a sus posiciones. Todo en sitios oscuros, ocultos a las miradas de la ciudadanía, a la que se trataba como súbdita, entre unas élites políticas y económicas que no consensuaron sino que negociaron y pactaron según sus expectativas y deseos. Incluso la izquierda hubo de blindar al monarca, por eso dejaron a Luis Gómez Llorente que hiciese un bello discurso en defensa de la República, no fuese a ser que se la reclamasen a González & Guerra en el futuro.

Así hubo en España autonomías, derechos humanos, derechos laborales, libertades y demás cuestiones que refleja la Constitución. Se hizo a la sombra porque no había forma de consensuar nada. Todo fue a golpe de protestas, negociaciones duras, idas y venidas, intentos de imponer las posturas propias como generales, luchas en las calles y mucho marketing para vender a la población que había consenso. Como mucho pacto y peleado línea a línea. El único momento que hubo cierto consenso fue con los Pactos de La Moncloa en materia económica. Tal y como había dejado a España el régimen franquista se impusieron los deseos de los países vigilantes de la transición para modernizar una economía atrasada en muchos aspectos. Invertirían en España pero a cambio de una economía liberal reconocible ya adaptada a su entorno. Eso sí, con una represión salvaje contra la clase trabajadora en lucha por sus derechos y su dignidad. Y se consensuó callar sobre ello en muchas ocasiones.

Ni la propia Constitución era producto del consenso. Suárez no quería iniciar un proceso constituyente, y con la presión militar menos. El alto mando militar deseaba, como deseaba Suárez, seguir con el andamiaje legal franquista y si acaso alguna modificación parcial. Ir de forma gradual hacia un planteamiento democrático. Fue la izquierda, nuevamente, y la presión social en las calles los que arrancaron a UCD y AP la creación de una Constitución. La llamada ruptura-pactada también se hubo de pelear y no surgió porque todos estuviesen de acuerdo en todo desde un principio. Ni hubo procesos de deliberación en posición de igualdad, ni hubo un proceso libre sin vigilancias externas (militares y EEUU y países democráticos europeos). Lo único claro es que se quería una democracia como fuese casi y así surgió la Constitución de 1978. Fue en lo único que hubo realmente consenso, pero sin un mínimo de justicia con los represaliados del franquismo.

Hoy podemos opinar sobre lo vieja o no que ha quedado una constitución que no fue consensuada sino negociada por las élites políticas, económicas y militares. Ni toda la razón está en los negacionistas del proceso transitivo (como si se hubiese impuesto todo y la calle no hubiese puesto su granito de arena, pese a todo lo que no se pudo), ni con los supremacistas constitucionales (algunos como Guerra que saben bien lo que pasó allí deberían ser un poco más prudentes). Aquello no fue producto del consenso, ni lo que habrá de venir lo será aún menos. Por eso el desencanto que se produjo tras las elecciones municipales de 1979. Ahí las personas se dieron cuenta de lo que dejaron de ganar. Pero el sistema se inventó un golpe de Estado que desactivó ese desencanto mientras el PSOE abandonaba el socialismo transformador (el marxismo realmente lo eliminó completamente en 1981) y se convertía en un partido regeneracionista; el PCE caminaba hacia el choque intergeneracional; UCD se iba disolviendo como un azucarillo; AP después de abstenerse en la aprobación de la Constitución quería recoger a todo el conservadurismo; y así hasta nuestros días donde cumple 40 años pero parecieran 200. Tenemos una joven democracia con una constitución anticuada. Esperemos que la próxima vez sí sea por consenso.

Implicaciones machistas en el encarcelamiento de Antonia Magdaleno

Juez Fernando Presencia
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Implicaciones machistas en el encarcelamiento de Antonia Magdaleno

La abogada y profesora universitaria Antonia Magdaleno, experta en Derecho Mercantil y precursora de la dación en pago, ha sido condenada “inexplicablemente” a cuatro años de cárcel por un “inexistente” delito de estafa en una cuestión puramente civil, al negarse a repartir con sus socios los honorarios que ella sola había percibido como administradora concursal.

En una reciente sentencia, que además podría tener implicaciones machistas ——al tratarse de una mujer la número 1 de los administradores concursales en toda España— el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación de  Antonia Magdaleno contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, además de condenarla a cuatro años de prisión por un “inexistente” delito de estafa, le impuso una multa de 54.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el pago de la cantidad supuestamente defraudada (4,67 millones) más los intereses.

Antonia Magdaleno era socia de un despacho de abogados y una de las precursoras del instituto de la dación en pago cuando era administradora concursal de la mercantil valenciana “Llarena” en los albores de la crisis económica, en el año 2007, antes incluso de la caída de “Lehman Brothers”, multinacional con la que, precisamente, se firmó uno de los muchos acuerdos de dación en pago que se realizaron en ese concurso. La fórmula tuvo tanto éxito que Magdaleno, poco después, fue fichada en los juzgados de lo mercantil de toda España como administradora de los concursos más importantes de aquella época entre los que figuraban, precisamente, los procedimientos a los que se refiere la sentencia que finalmente ha acabado por condenarla: los concursos de Martinsa-Fadesa y Urazca.

La Sentencia del Tribunal Supremo, según confirman a este diario fuentes jurídicas, demuestra una cierta falta de coherencia en el discurso de los hechos y en la lógica de los argumentos, teniendo en cuenta la edad avanzada del magistrado ponente, Luciano Varela, que en mayo de 2019 deberá jubilarse al cumplir los 72 años de edad. No en vano, según señalan las mismas fuentes, el negarse a repartir con terceros el dinero que se ha conseguido lícitamente nunca puede constituir un delito de estafa, aunque medie el engaño.

Lo más interesante de todo, sin embargo, son las “casualidades” que rodean este asunto: la ponente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, María Begoña Solaz Roldan, es amiga íntima y compañera de promoción del actual presidente de esa misma Audiencia Provincial, Fernando de Rosa Torner quien, en la fecha de los hechos que narra la sentencia, era vicepresidente del CGPJ cuando dicho organismo decidió emprender una cruzada personal contra la dación en pago, abriendo diligencias informativas a casi todos los jueces de lo mercantil de España. Pero es que además, Fernando de Rosa es patrono de honor de la Fundación de los denunciantes.

Según ha confirmado a Diario16 Antonia Magdaleno, su intención es solicitar el indulto al Gobierno ante la evidente injusticia que supondría su ingreso en prisión.

Rivera muestra la patita joseantoniana

Santiago Aparicio
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Rivera muestra la patita joseantoniana

Aburridos tiene a los españoles hablando una y otra vez de que su partido es liberal, progresista, constitucionalista y europeísta. Días y días con la cantinela. Pero en cuanto ha llegado la oportunidad Albert Rivera ha mostrado la patita joseantoniana, la patita parda, su verdadero ser político y no le importa echarse en los brazos de los neofascistas para rascar un sillón, un carguito bueno o gobernar. Es un populista del sistema al que le cuesta renegar de sus filiaciones más profundas. Así no tiene ningún problema en blanquear al peligro antidemocrático. Para él sólo hay extrema izquierda (que la hay), esa que es bolivariana y que se junta con comunistas peligrosos, lo que pasa en su derecha son chicos desviados un poco del liberalismo. Familiares, ovejas negras, a los que hay que guiar por el buen camino. Justo lo mismo que decía el PNV de los etarras. Blanqueando el peligro porque es de la familia.

El señor del currículum  menguante no hace caso ni de las advertencias de sus colegas liberales europeos que han puesto el grito en el cielo por la irrupción de los neofascistas en el parlamento andaluz. Tampoco hace caso a su apuesta para la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls que ha advertido de la necesidad de aislarles y ni acercarse a ellos: “No puede haber ningún compromiso con la extrema derecha”. Ninguno es ninguno. Es más hay que buscar la unidad de los constitucionalistas para salir del embrollo. Y esa es la apuesta, falsa apuesta, de Ciudadanos en Andalucía. Sabe bien Rivera que el apoyo del PP y del PSOE para hacer presidente a Marín es imposible porque ambas formaciones preferirían repetir elecciones. Es más en el PSOE-A lo desearían para ver si recuperan esa abstención y ese voto perdido. De hecho, la utilización de Juan Marín como mecanismo de negociación con el PP, unas cuantas consejerías y algún que otro momio más, es reconocido por los propio dirigentes de la formación naranja.

“Ahora mismo sería irresponsable descartar cualquier solución” ha afirmado Rivera dejando ver que no le importa juntarse con los neofascistas. Ninguna solución es ninguna y ya ha comenzado a negociar con el PP para lograr su principal meta: echar al PSOE-A de las instituciones. Y si para ello se junta con los neofascistas, pues se pacta porque al fin y al cabo son de la familia. Lo que Valls y sus colegas europeos no pueden entender es que alguien que se llame liberal puede pactar con neofascistas. Algo que en Europa es casi prohibido, casi. Y esto se debe a que en España el fascismo sí ganó una guerra y gobernó. La mayoría de los políticos que hoy se califican como liberales nacen de ese fascismo vencedor y por ello no ven peligro en los neofascistas. Eso le pasa a Rivera que, obsesionado con sus batallas particulares (acabar con los secesionistas y todo lo que huela a izquierda no sometida al establishment), prefiere pactar con Vox antes que con otras fuerzas.

En España Rivera, el joseantoniano naranja, blanquea al neofascismo porque dicen lo que a él le gustaría decir y no puede. Como saben que no van a acabar con el capitalismo, ni le van a limitar realmente, es más, van a expoliar lo poco que queda en España hasta que no quede nada, pues le conviene aliado mucho más que el PSOE de Pedro Sánchez. Los mismos que buscaron gresca en Barcelona o Alsasua, los mismos que alimentan el odio, los mismos que están en política para acatar las órdenes de la clase dominante no se encuentran incómodos con Vox. Y por ello no tienen ningún perjuicio en alimentar al monstruo cuanto haga falta. Al fin y al cabo son de la familia. Es más hasta comparten guardia de corps o camisas pardas pues ambos controlan Jusapol. ¿Cómo se van a negar a colaborar para acabar con el socialismo y el comunismo? Son las dos caras de la misma moneda, la amable y la agresiva pero en el fondo tienen el mismo objetivo que es entregar España totalmente al Capital.

1.349 nuevas empresas creadas en el mes de octubre en Andalucía

Diario16
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1.349 nuevas empresas creadas en el mes de octubre en Andalucía

En el mes de octubre se constituyeron en Andalucía un total de 1.349 sociedades mercantiles, lo que supone un aumento del 7,2% respecto a las inscritas durante el mismo mes de 2017, según la Estadística sobre Sociedades Mercantiles en Andalucía elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El capital suscrito para su constitución superó los 138,2 millones de euros, cantidad que triplica (+297,9%) la del año anterior.

Con este dato, el número de nuevas empresas inscritas en los registros mercantiles andaluces en lo que va de año asciende a 13.554, con un capital desembolsado que supera los 717 millones de euros y un crecimiento respecto al mismo periodo de 2017 del 4,7% y del 40,9%, respectivamente.

Atendiendo a la actividad, el 20,6% de las nuevas empresas se sitúan en el sector de comercio y reparación y el 19,1% a servicios a empresas y otras actividades de servicios. Respecto a la distribución provincial, Málaga y Sevilla copan el mayor número de sociedades constituidas, con el 34,4% y el 25,5%, lo que representa en su conjunto más de la mitad del total (59,9%).

La forma jurídica adoptada ha sido predominantemente la sociedad limitada (99,9%). El 79,1% de las nuevas empresas han sido creadas por un solo socio fundador y el 14,3% por dos socios. Asimismo, el 69,6% fueron constituidas solo por hombres y el 19,9% solo por mujeres. El 24,8% del total de socios son mujeres, con una mayor presencia relativa en Servicios a empresas y otras actividades de servicios.

Durante el mes de octubre, también ampliaron capital un total de 337 sociedades mercantiles, un 22,1% más que en el mismo mes de 2017, con un capital suscrito que superó los 210,7 millones de euros, un 63,3% más. Desde que comenzó el presente año, han ampliado su capital 3.363 empresas, lo que representa un 3,8% más que el año anterior.

Entra en vigor la Ley LGTBI más moderna y avanzada

Amparo Panadero
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Entra en vigor la Ley LGTBI más moderna y avanzada

Desde esta semana el país valenciano cuenta con la Ley más moderna y avanzada de España para la Igualdad de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) que garantiza la igualdad real y efectiva de todas las personas con independencia de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar. La Ley ya está en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Se trata de una ley integral, que además de ampliar y garantizar derechos, protege a las personas, educa en igualdad, fomenta una sociedad mejor. Además constituye un instrumento para prevenir agresiones y corregir y erradicar cualquier discriminación por cuestiones de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar.

La ley valenciana para la igualdad LGTBI es la primera norma española que dedica un capítulo entero a la situación especial y diversa de las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual, y que contempla la puesta en marcha de medidas específicas de apoyo a la visibilidad y la sensibilización social sobre la existencia de cuerpos no binarios.

El texto regula aspectos necesarios para hacerla efectiva en los diferentes ámbitos de la sociedad tales como el social, familiar, educativo, cultural, sanitario o laboral y de las diversas etapas de la vida, como la infancia, la juventud o las personas mayores.

Además, la ley realiza un reconocimiento al colectivo LGTBI y establece una serie de medidas de aplicación y seguimiento de la ley a través de mecanismos de participación.

Atención a las víctimas

Entre diversos aspectos la ley presta una atención integral a las personas víctimas de violencia por LGTBIfóbia, para lo que establece la elaboración de un protocolo específico y además, creará un servicio público de asesoramiento y apoyo para estas personas, que será extensivo también a sus familiares y allegados.

También determina que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con grupos especializados en la prevención de los delitos de odio, dentro de los cuerpos de la policía local.

Asimismo, la ley prohíbe el uso de métodos, programas o terapias de aversión destinados a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas y para ello establece que pueden llegar a considerarse como una infracción muy grave, lo que puede llevar aparejado sanciones de hasta 120.000 euros.

Atención sanitaria

En cuanto al sistema sanitario público, la norma recoge la promoción de programas y protocolos específicos para este colectivo, que den respuesta a las necesidades propias y en particular a la salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI.

Del mismo modo, contempla la garantía del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o a sus parejas en condiciones de igualdad.

Igualmente, garantiza a las personas con variaciones intersexuales o con diferencias del desarrollo sexual, una atención psicosocial integral y adecuada a las necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y culturales de estas personas. Por ello, existirán unidades de referencia específica, y se elaborará un itinerario individual de atención sanitaria integral.

Apoyo institucional

La norma también prevé la creación del Consejo Valenciano LGTBI para velar por el desarrollo de la ley, su seguimiento y evolución. Se trata de un espacio de participación ciudadana de carácter consultivo, y en el que estarán presentes tanto las administraciones competentes como asociaciones, organizaciones sindicales y personas expertas.

También incluye la creación del Espai de la Memòria LGTBI, que albergará archivos, registros y documentos de la historia de represión que ha vivido este colectivo, y donde se recuerde a las personas LGTBI que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas.

Acciones en el ámbito educativo

Respecto a las acciones previstas en la ley en el ámbito educativo, se incorpora el tratamiento de la diversidad sexual, familiar, de género y del desarrollo sexual en la normativa reguladora del sistema educativo.

Así, entre otros aspectos, contiene en los currículos reglados contenidos referentes a estas cuestiones y los protocolos de prevención, acompañamiento e intervención ante casos de acoso o violencia, cuando sean por causa de LGTBIfóbia, incluirá materiales específicos.

Las familias LGTBI

En cuanto a las familias LGTBI, la ley también protege a los hijos e hijas así como a las niñas y niños en acogimiento por personas del colectivo LGTBI, para evitar las situaciones de discriminación que puedan sufrir por este hecho.

Por otra parte, se establecen medidas de apoyo específicas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes LGTBI y se considera violencia familiar aquella que sufran por el hecho de pertenecer a este colectivo en dicho ámbito.

Una norma que es uno de los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura del Consell y garantiza la libertad y la igualdad de unas personas históricamente discriminadas, repara injusticias, amplía derechos y consolida los avances de la sociedad.

El PSOE espera que las nuevas condiciones hacia los afectados del terremoto no sea un teatrillo

Diario16
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El PSOE espera que las nuevas condiciones hacia los afectados del terremoto no sea un teatrillo

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha valorado con “cautela y mucha prudencia” las nuevas condiciones que el Gobierno Regional de la CARM ha transmitido a los afectados por la devolución de las ayudas por los terremotos de Lorca. “Lo que tiene que hacer el Gobierno Regional es cumplir la Ley regional 8/2018 que aprobamos todos los partidos, y que siguen sin cumplir, así como hacer efectiva la interpretación muy favorable del informe de la Abogacía del Estado sobre la prescripción de los expedientes”.

Mateos espera que los lorquinos no estemos ante “otro teatrillo político más” como el que hace dos meses vinieron a hacer tanto el Presidente López Miras como el Consejero delante de los afectados que estaban encerrados en el Ayuntamiento de Lorca. “Es evidente que aquello que se firmó era papel mojado y que sólo ha servido para alargar esta agonía varios meses más sin que se haya solucionado nada”, asegura Mateos.

El portavoz del PSOE desea que esta vez sí sea la definitiva, y sea el Ayuntamiento de Lorca quien, en este caso, habilite ahora los medios humanos y materiales suficientes y necesarios para agilizar la tramitación de los expedientes y solucionar de una vez por todas, la preocupación de estas familias. “Queda claro que el Gobierno Regional quiere quitarse de encima esta problemática y ahora quiere lavarse las manos”. “Si no eran capaces de solucionar esta situación, lo que tenían que haber hecho es haberlo reconocido antes y así hubieran ahorrado meses sufrimiento a estas familias”, asegura.

Continúan las negociaciones con las diferentes administraciones para condonar los intereses de la parte estatal

Por su parte, Mateos ha podido avanzar que la Delegación del Gobierno continúa trabajando de manera directa y constante con los responsables del Ministerio y del resto de administraciones “para solucionar lo que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y el PP no hizo, y nos referimos la condonación de los intereses correspondientes a la parte estatal de las ayudas”. “Mantenemos una gestión directa, constante, para paralizar la tramitación de la devolución de los interés, exigiendo al Gobierno de España y a todas las administraciones soluciones para condonar estos intereses”.

Turismo: un sector que no levanta cabeza en la Región de Murcia

José Luis Domínguez
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Turismo: un sector que no levanta cabeza en la Región de Murcia

La viceportavoz del grupo socialista, Isabel Casalduero, no ha dudado en criticar los presupuestos regionales para 2019 en materia de Turismo y Cultura “son el fiel reflejo de la decadencia de un gobierno regional falto de ideas y de recursos y carente de proyecto de futuro para la Región”.

Casalduero manifestó que este presupuesto varía de forma ínfima con relación a 2018 y recordó que han sido tres los consejeros y consejeras de Turismo y de Cultura en cuatro años, “lo que da idea de la importancia que el Gobierno regional del PP confiere a esta cuestión, para la que ha llevado políticas erradas e inconexas, sin estrategia ni continuidad”.

En su opinión, los distintos gobiernos del PP en la Región han desaprovechado e incluso han permitido que se pierda buena parte de nuestro patrimonio cultural y han planteado unas políticas turísticas cortoplacistas, que nos han puesto en situación de inferioridad en relación a otras provincias limítrofes “a las que nada tiene que envidiar la Región de Murcia en cuanto a su potencialidad”.

“En materia de Turismo no hay apuesta, es insuficiente y sin ambición, lo que contrasta con el compromiso del presidente en el debate del Estado de la Región, donde aseguró que el turismo iba a doblar su aportación al PIB regional en los próximos 15 años”.

Casalduero señaló que los datos nos sitúan prácticamente igual que en 2017, que no fue un buen año, y a años luz de otras zonas con similitud a la Región. Hay una escasa apuesta por los destinos turísticos inteligentes, además llega tarde y precisa de ayudas; y un presupuesto irrisorio para innovación “que no es el futuro sino el presente del turismo”.

Respecto al turismo gastronómico no hay reflejo para una de las principales medidas prometidas, la del Club de producto, y no existe apuesta decidida del Gobierno regional para consolidar los vuelos internacionales del aeropuerto con los que ya tenía enlace San Javier, “ni promoción suficiente para abrir nuevos vuelos para un aeropuerto que nos ha costado 250 millones de euros”.

La viceportavoz socialista concluyó que este “es un presupuesto que sigue hipotecando uno de los sectores económicos más importantes para la Región, condenándonos a ser un turismo residual en el contexto nacional y ello a pesar de tener un gran potencial”.

Cs: “Pobres resultados en Turismo”

El portavoz de la formación Ciudadanos y socio del equipo de gobierno, Juan José Molina, ha afirmado que “los resultados son muy pobres porque esta es una consejería de fotos con maquetas, cuyos proyectos quedan reducidos a un simple acto de presentación para lograr titulares en los medios”

“El turismo tiene que ser uno de los motores de la economía regional y en este sentido creemos que el presupuesto es muy bajo, sobre todo si lo comparamos con destinos muy similares al nuestro como Valencia o Andalucía. Tenemos una Región con un clima privilegiado y con un gran potencial, pero no sabemos vender nuestras bonanzas como se demostró en Fitur, donde el Gobierno regional arrinconó el stand del Mar Menor”, ha añadido también el diputado de la formación naranja, Miguel López-Morell.

López-Morell ha mostrado profundas discrepancias con la intervención de Guardiola en referencia a la situación del turismo en la Región de Murcia “ya que no solo no hemos ganado potencial turístico, sino que los hemos perdido porque según Hostecar, los datos de ocupación de la campaña estival han descendido con respecto a 2017, lo que no demuestra que no se está sabiendo explotar el gran potencial turístico que tenemos”

Podemos: “Un sector con deficiencias estructurales”

Podemos prefiere centrar la crítica en las “graves deficiencias estructurales que sufre el turismo regional”.

Así lo ha declarado su diputado Miguel García Quesada quien considera que, con los presupuestos presentados ayer por Guardiola, “es imposible afrontar las graves deficiencias estructurales del turismo regional. No sirven para dar soluciones a la estacionalidad y concentración en la costa. No sirven para incrementar la oferta hotelera. Seguimos con un número ridículo de plazas hoteleras, solo veinte mil para la Región y no sirven para salir del trabajo precario y la economía sumergida”.

Durante el boom, según el diputado de Podemos, el Partido Popular se dedicó “a enladrillar la costa murciana. No ha habido una política turística regional seria y eficaz. Ahí están los resultados. El turismo regional está en una situación de estancamiento a la baja. Nosotros insistimos, tenemos que tener una estrategia regional de lucha contra la estacionalidad turística y que incorpore dinámicas de diferenciación del producto”.

Artículo publicado en Diario de la Manga

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