Nueva documentación a la que ha tenido acceso Diario16, muestra cómo, en uno de los peores días que pasó el Popular en referencia a su liquidez, el ex gobernador del Banco certificaba a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo que la entidad que acababa de solicitar una línea de emergencia de liquidez era, aún así, solvente y líquida. Ese día, apenas 24 horas antes de que Emilio Saracho comunicara la inviabilidad siguiendo las instrucciones de Uría y Menéndez, instituciones, organismos y empresas públicas retiraron miles de millones de euros en depósitos. Sin embargo, a pesar de esto, el Banco Central Europeo remitió al Banco de España una valoración positiva de la situación de liquidez y de solvencia del Popular y que, por tanto, se había procedido a conceder la ELA.
En concreto, Linde comunica a Draghi lo siguiente: «Hemos solicitado y recibido una declaración positiva de la autoridad de supervisión del BCE, responsable de la supervisión microprudencial del banco, de su solvencia para el propósito de recibir ELA y su posición de liquidez. No se esperan consecuencias transfronterizas significativas de la situación del banco. Sin embargo, el banco se considera de importancia sistémica para el sistema bancario español». Por tanto, según estas palabras, ni siquiera el Banco de España esperaba que al día siguiente Emilio Saracho declarara la inviabilidad.
Por otro lado, el mismo Linde afirma que tanto el MUR, la JUR, el FROB y la Comisión Europea estaban informados de la situación solvente y líquida del Popular. Por tanto, queda clara la responsabilidad directa de quienes asistieron a la reunión del día 3 de junio en la que se determinó el cronograma de la resolución de la sexta entidad financiera de España y en la que se decidió arruinar a más de 305.000 familias para rescatar al Santander.
La defensa de Jordi Cuixart ha pedido al Tribunal Supremo que aparte a todos los magistrados del Procés para garantizar el principio de imparcialidad, argumento que apoya en la reciente sentencia de Estrasburgo que condena a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegui.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 6 noviembre que dio la razón a Otegi y condenó a España por el conocido como caso Bateragune, en el que considera que «hubo una violación del derecho a un juicio justo». El fallo de Estrasburgo, que viene a coincidir con la doctrina que en España ya era conocida como contaminación tangencial, sostiene que «los demandantes tenían temores objetivamente justificados sobre el hecho de que estos jueces carecieran de imparcialidad en su caso», apuntando con esta frase a la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que en otra causa anterior había preguntado a Otegui si condenaba el terrorismo. Tras su silencio, la jueza Murillo afirmó: «Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta», recuerda la sentencia. La defensa de Cuixart subraya este fallo y, en concreto, la parte del mismo que dice que «la falta de imparcialidad objetiva» de Murillo pudo influir en el resto de magistrados que conformaban el tribunal: «Debido al secreto de las deliberaciones, no es posible saber cuál fue la influencia real de la presidenta del tribunal en esta ocasión. En consecuencia, la imparcialidad de esa formación de la sección podía ser susceptible de una duda razonable».
Basándose en este caso, la abogada de Cuixart considera que cuestionar la imparcialidad de Marchena por los “wasapps de Cosidó” afecta también al resto del tribunal del Procés, por lo que solicita la recusación de todos los magistrados que lo componen.
La cuestión es importante porque a la información a la que ha tenido acceso Diario 16, acerca de que a Pablo Llarena se le olvidó acordar el Auto de incoación de sumario en la causa del Procés, se le une ahora el no menos sorprendente descubrimiento de que el Auto de confirmación del sumario tenía que haberlo acordado la Sala de recursos al tratarse de un acto propio de la instrucción, y no la Sala de admisión liderada por Manuel Marchena que sin embargo es la que tiene que juzgar.
El Auto que confirmó el Auto de conclusión del sumario del juez Llarena fue dictado por la Sala de admisión de la querella del Procés, que a su vez fue la misma Sala que dictó la resolución que daba inicio a la instrucción de las actuaciones porque al juez instructor se le olvidó dictar el Auto de incoación.
De lo que resulta que la Sala de admisión del Tribunal Supremo estaba confirmando la instrucción que había sido ordenada por ella misma, lo que a todas luces resulta contrario a las prevenciones que sobre la imparcialidad de la jurisdicción ha establecido con reiteración el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en una doctrina que ha culminado en la reciente sentencia de Estrasburgo que condena a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegui.
Las luchas políticas internas entre magistrados del Tribunal Supremo han terminado por contaminar la jurisprudencia final sobre quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Los 15 magistrados (llamados conservadores) que finalmente impusieron la tesis de que debe ser el cliente del banco quien haga frente a los gastos ganaron la batalla a los 13 restantes (progresistas), que apostaban porque fuesen las entidades financieras las que corrieran en su totalidad con el impuesto de AJD. En realidad, más que un debate jurídico ha sido una batalla política que han terminado ganando los jueces tradicionalistas. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha permitido esta división en dos bandos, de forma que el Supremo ha devenido en una especie de “congresillo de los diputados” en miniatura. Así las cosas, el desprestigio del Alto Tribunal está servido y costará mucho tiempo recuperar su imagen de independencia e imparcialidad.
Las trifulcas ideológicas entre sus señorías que tuvieron lugar durante el Pleno de urgencia convocado los pasados días 5 y 6 de noviembre han quedado patentes hoy martes, tras conocerse el contenido de la sentencia final. Así, el bando ganador ha dejado constancia de que las tres sentencias dictadas en octubre ‒que daban la razón a los clientes, originando la controversia‒, suponían “un drástico viraje jurisprudencial”, modificando de forma “radical” el criterio imperante en los últimos 20 años: que es el consumidor quien debe correr con los gastos del impuesto en los préstamos hipotecarios.
Finalmente, hasta 12 magistrados han emitido votos particulares contra la sentencia final, plasmando en negro sobre banco su disconformidad, lo que demuestra el grado de división, y hasta de enfrentamiento personal en algunos casos, al que han llegado los magistrados de una y otra facción. Hoy, tras el feroz combate de las hipotecas, puede decirse que el Tribunal Supremo está absolutamente dividido y que han quedado muchas cuentas pendientes de cara a las sentencias futuras que deben dirimir los derechos de los consumidores frente a los bancos.
Los magistrados que han impuesto su criterio aseguran que los “progresistas”, por así llamarlos, pretendían imponer una jurisprudencia que “carece de justificación” y que podría llevar al “arbitrismo judicial”. Además, recuerdan que el Pleno de la Sala Tercera tiene competencias para rectificar la sentencia de la sección segunda, que fue la que cambió el criterio a favor de los consumidores. De esta manera, los “conservadores” envían un claro mensaje al bloque antagonista: todo aquella sentencia que se aparte de la jurisprudencia habitual podrá ser revisada y en su caso convenientemente rectificada.
Pero el tirón de orejas hacia los magistrados progresistas que se han atrevido a dictar un resolución demasiado alegre e innovadora no queda en lo profesional, sino que entra en el terreno personal al asegurar que los magistrados que fallaron a favor de los ciudadanos en las sentencias de octubre interpretaron la jurisprudencia vigente de forma “fragmentaria y parcial”, obviando todas las resoluciones que no les interesaban. Ha sido como calificar a los 13 derrotados como magistrados poco rigurosos y eso ha dolido al bando perdedor.
Que hay una guerra sin cuartel en el seno del Supremo ya no es solo una hipótesis de trabajo, sino una evidencia palpable que ha trascendido a los medios de comunicación y a la ciudadanía. ¿Y a partir de ahora qué? Puesharían bien los partidos políticos en tomarse en serio una reforma en profundidad del sistema de elección de los jueces y magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Europa ya le ha dicho a España, por activa y por pasiva, que si el nombramiento de los 20 vocales del máximo órgano de Gobierno de los jueces, y de su presidente, se sigue dejando al arbitrio de los partidos políticos (a través del Congreso y del Senado) la independencia judicial seguirá estando seriamente amenazada. Los jueces y magistrados deberían ser elegidos íntegramente por jueces y magistrados de carrera, de tal forma que se despejara cualquier sombra de politización de la Justicia. Lamentablemente, esta propuesta volverá a caer en saco roto. Y así hasta el próximo escándalo.
¡Increíble! ¡Absolutamente increíble la capacidad de negación de la verdad de los políticos de la extrema derecha! Durante el debate televisivo del pasado lunes Juan Marín y Juan Manuel Moreno Bonilla sacaron sendos carteles acusando a Susana Díaz de ser la dirigente máxima de un PSOE-A cubierto de corrupción, lo que no deja de ser cierto, pero negaron tener ellos casos de corrupción a sus espaldas. ¡Y vaya sí los tienen! No hace falta irse a la Gurtel para sacar algún caso que otro al PP. Ni hace falta buscar mucho para sacarle unos casos a Ciudadanos en la región. Y no son peleas con el interventor municipal o el secretario, no, son casos de corrupción de los de toda la vida, de los de colocar familiares, de meter la mano en la caja, de aprovecharse del cargo político para beneficio propio.
Hizo bien la candidata de Adelante Andalucía en señalar a Susana Díaz con un caso actual y sangrante como el del presidente de la Diputación de Huelva y secretario general de la provincia. Claro pero Díaz no se digna ni a hablarle como sucedió en el primer mitin de campaña con Pedro Sánchez, quien sí le abrazó y charlo con él, y no lo cuenta como propio en su cabeza. Además se da la circunstancia de que Ignacio Caraballo es el cuñado de uno de sus hombres de confianza y ejecución, Mario Jiménez, pero ella mira hacia otro lado, no dice ni el nombre y así piensa que no se le puede asignar el caso. Negando la realidad piensa que no hay caso, pero la verdad es tozuda y la señala como secretaria general del PSOE-A. Y sin haber tomado medidas como la expulsión inmediata del partido cuando está citado a sentarse en el banquillo de los acusados. Teresa Rodríguez le hizo daño y mucho al decírselo pues es suyo, suyo.
Espartinas y Almería señalan las corruptelas y mala gestión de Ciudadanos.
Cuando a alguien le señalan como el jefe del clan de la manzanilla, como le pasa a Juan Marín, debería tener la prudencia de no intentar vender motos a tres euros y mentir como le sucede en los debates televisivos. Es casi mejor que se dedique a hablar de Cataluña y demás enfermedades mentales de Ciudadanos antes que hablar de corrupción porque igual te sacan los colores. Hace ya un tiempo sucedió que acabaron expulsando a un concejal (Indalecio Modesto) por no dar la presidencia del Consorcio de Residuos de Almanzora-Levante-Los Vélez (Almería) al candidato del PSOE-A. Se había pactado un reparto de cargos entre unos y otros utilizando la dedocracia, algo que no gustó al concejal y cambió su voto. Una historia con un olor pútrido que se olvidó. Pero que señalaba claramente al reparto de cargos en la administración paralela por el pacto de gobierno PSOE-A/Cs y que tenía a Marta Bosquet y Elena Sumariva como pensantes del cambalache. No hay corrupción ilegal en sí, pero desde luego hay un intento de aprovecharse de las instituciones, algo que niegan constantemente en la formación naranja.
En Espartinas, empero, sí hubo sospechas de corrupción. Su anterior alcalde, aunque se fuese del partido, era “su” alcalde y sigue de concejal apoyando todas las decisiones de su ex-partido, fue imputado por las anomalías detectadas en los contratos del programa autonómico de ayudas a personas en exclusión social. Posteriormente quedó absuelto y sus dos sustitutos, porque ha habido alcalde y alcaldesa posteriormente (ambos también expulsados) que han terminado en los tribunales por acoso laboral. De esta forma, por las peleas entre concejales, la ciudadanía ha dejado de recibir subvenciones y ayudas tan necesarias para el desarrollo de la población. Por esas peleas y por posibles corruptelas, que luego no se han podido probar, Juan Marín y Fran Hervías dejaron de verles y hasta de hablarles para no quedar manchados. No es corrupción pero sí un gesto de mala gestión. Como sucedió en Valdemoro donde fueron capaces de quebrar lo quebrado.
Enchufismo sí que han demostrado en Onda Cádiz, que quedó en manos de Ciudadanos con el apoyo del PSOE-A como pago por el pacto de gobierno y colocar amigos en la administración local y paralela. Una gestión opaca, como denuncia Kichi, sin trasparencia, donde se han colocado a todos los amigos que han podido y que lastra al Ayuntamiento de Cádiz por sus impagos. No han llegado en los puestos de trabajo a acosar a un trabajador discapacitado como sí han hecho en Alcorcón, pero desde luego gestionar bien poco y con mala calidad. Y lo que no pueden ocultar, aunque no sea en Andalucía, es que están implicados en la corrupción de la Trama Enredadera en su Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Pero el caso que aún está en investigación y sí les señala, otra vez en Almería curiosamente, es el de la UTE Acciona-La Generala. Según la Fiscalía de Almería, tras denuncia de AMAyT, tanto el alcalde como concejales y diputados provinciales de PP y Ciudadanos habría logrado que se colocase a familiares suyos en la empresa que obtuvo el contrato de 110 millones de euros para la limpieza urbana. Para ello hubo que despedir a cerca de 70 personas que nada tenían que ver con los dos partidos políticos. El cuñado del portavoz de Ciudadanos en la localidad, Miguel Cazorla, y el yerno del diputado Roberto Baca, son los que habían sido descubiertos en un caso que sigue con sus investigaciones. Por tanto, debido a que no tienen mucha representación, sí que hay casos que afectan a Ciudadanos y otros que no siendo ilegales, digamos que son alegales, huelen muy mal. Así que Albert Rivera debería taparse un poco cuando declara que no tienen ningún caso de corrupción, porque haberlos haylos.
🎥 El cambio en Andalucía debe producirse desde el centro y debe liderarlo quien crece y no tiene casos de corrupción. A partir del lunes hablaremos con los partidos constitucionalistas para hacerlo realidad. @elprogramadear#RiveraARpic.twitter.com/6jCti08PAs
Extraño que nadie durante el debate dijese nada respecto al verdadero padrino del PP andaluz. Hasta M. Rajoy acudía a rendirle pleitesía una vez al año. Tanto Arenas como Moreno Bonilla como mucho podrían ser consigliere, pero lo que ha querido Gabriel Amat se ha hecho en el PP andaluz hasta ayer mismo. De hecho, son tres las ocasiones en que Moreno Bonilla y Pablo Casado han ido a verle a Almería. Por eso que se esconda el caso Amat que tiene, hasta el momento, 25 piezas separadas por haber metido la mano en la aja y haber nutrido a más de 100 empresas familiares con fondos públicos, es casi tan escandaloso como los ERE. Curioso que Rodríguez no lo haya mencionado porque su grupo lo ha llevado hace pocas semanas al Congreso de los Diputados dado el nivel de interferencia política en la vida judicial. Sólo con haber citado el nombre de Amat habrían visto palidecer al candidato del PP, que a buen seguro hubiese escondido las dos cajas que llevaba.
La investigación, tal y como venimos contando, concierne a todo un entramado societario compuesto por, al menos, 100 sociedades y que podría extenderse hasta 300 mercantiles que, según informes de la UDyCO, están vinculadas, de un modo u otro, con Amat, familiares directos y/o socios y que se habrían beneficiado de las decisiones adoptadas por el alcalde de Roquetas en materia de urbanismo y contratación durante los más de veinte años en los que lleva ejerciendo el cargo de munícipe roquetero. Una investigación que, según parece, podría tener ramificaciones socialdemócratas, por lo que Díaz habría estado callada al respecto. Una investigación judicial que tiene su derivada con Hacienda y que, como sucedió con otros como Al Capone, podría acabar por sentenciar a Amat por unos euros defraudados.
Moreno Bonilla, Pablo Casado y Gabriel Amat
También podrían haberle recordado, en este caso Susana Díaz tenía libertad para hacerlo, que el alcalde de Almería del PP ha colocado a su tía para que desarrolle el Urbanismo de la capital. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal puso al frente de la gerencia de Almería 20/30 a su tía política María del Mar Plaza Yélamos (casada con el tío Joaquín Monterreal). Pero igual con los niveles de enchufismo que se vienen desarrollando en Andalucía les puede parecer una minucia. Pero podían haber dejado a ambos partidos de la derecha desnudos ante la ciudadanía recordando que ellos tampoco están tan limpios como dicen en Andalucía.
Cuando el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde, compareció ante la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera del Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no se esperaba que los diputados le preguntaran sobre la polémica venta de la Torre Foster-Cepsa por 397,9 millones de euros, una gran operación urbanística con dinero público bajo sospecha de blanqueo de capitales. Los peritos de Linde elaboraron un informe que tardó más de un año en llegar a los inspectores del Sepblac (la unidad de inteligencia financiera de España que controla el blanqueo de capitales), de ahí que los diputados de Podemos y Ciudadanos aprovecharan el paso del gobernador por la Comisión parlamentaria para aplicarle el tercer grado a cuenta de este caso.
Durante su comparecencia, el exgobernador hizo algunas declaraciones que extrañaron a los diputados de Podemos y Ciudadanos, que lo sometieron a un duro interrogatorio en el que llegaron a insinuar que el informe para el Sepblac fue metido en un cajón con toda la intención para ralentizar la investigación. Linde se vio un tanto acorralado por las preguntas de sus señorías y llegó a reconocer que el famoso informe de los peritos del Banco de España fue facilitado a Bankia –la empresa que estaba siendo investigada por vender la Torre Foster a Khadem Al Qubaisi, ex presidente de Cepsa–, antes de ser remitido al Sepblac. “Aquí puedo decir sencillamente que ese expediente ni ha estado guardado ni ha estado encerrado. Eso son invenciones”, aseguró Linde, que acto seguido admitió que el Banco de España hizo llegar el dosier a Bankia a pesar de que la entidad financiera era parte investigada por blanqueo de capitales. “Existía ese expediente y hubo un momento en que Bankia solicitó al Banco de España quién tenía acceso a esos datos. Nuestros servicios jurídicos deciden que, sin la menor duda, en aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo, hay que darle lo que contiene ese informe”, confesó el exgobernador.
Por tanto, en palabras del propio Linde ante los diputados de la Comisión por los desmanes de la crisis, “Bankia tuvo acceso a ese informe y como consecuencia de ese acceso Bankia aportó nuevos datos e informaciones. Entonces hubo que ampliar la inspección y eso llevó su tiempo, es un tema complejo que ha llevado tiempo…” La versión del ex gobernador del Banco de España resulta altamente cuestionable, ya que se antoja un tanto extraño que un organismo fiscalizador facilite información por adelantado a una entidad que está sometida a una investigación por delitos muy graves como el blanqueo de capitales. No obstante, así lo admitió el máximo responsable del Banco de España, según consta en el Diario de Sesiones del Congreso. Linde explicó además que una vez que se terminó con la ampliación de las pesquisas, tras remitir el dosier a Bankia, este fue enviado a Copblac (la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales). “Ahora es asunto de Copblac, no es asunto del Banco de España. El Banco de España en eso ya no tiene ninguna responsabilidad. Lo ha enviado a la Copblac y la Copblac tomará las decisiones que estime oportunas al respecto. Es todo lo que puedo decir”, concluyó el exgobernador.
Las explicaciones de Linde no resultaron suficientes para los portavoces de los dos grupos parlamentarios que le habían pedido aclaraciones sobre la venta de la Torre Foster-Cepsa, por lo que en el turno de réplica volvieron a plantear diversas cuestiones. Así, Francisco de la Torre, de Ciudadanos, mostró su sorpresa porque el Banco de España hubiera remitido el informe “a la entidad sobre la que se tienen sospechas de blanqueo”, mientras que Alberto Montero, de Podemos, criticó que el dosier con la información sensible del caso tardara un año y dos meses en ser remitido a los inspectores del Sepblac.
La historia del edificio Foster-Cepsa se remonta a septiembre del año 2016, cuando Bankia vendió la torre a Khadem Al Qubaisi, ex presidente de Cepsa. La venta costó 397,9 millones de euros, e inmediatamente después el empresario de Abu Dabi la transfirió al industrial Amancio Ortega, propietario de Inditex, por unos 90 millones más, según informaciones del diario digital Vozpopuli. Finalmente el escándalo terminó en una denuncia en los tribunales por prevaricación contra la anterior cúpula del Banco de España, pero hace solo unos días el fiscal decidió archivarla por falta de pruebas.
No fue la mejor intervención de su vida, como han escrito diversos analistas para nada sanchistas. No estuvo fina y sí muy pesada, a la defensiva y recurriendo a la demagogia barata a la que suele contentar a sus huestes pero que podría no valerle para no seguir con el hundimiento del PSOE en Andalucía. Susana Díaz acabará vendiendo lo que sea el día 3 de diciembre, pero el lunes la marca Andalucía le fue birlada por una joven gaditana, Teresa Rodríguez. Ya no podrá envolverse de la verde, blanca y verde como hacía hasta ayer mismo la trianera. No, Andalucía y ella ya no son lo mismo por mucho que ella lo piense. Andalucía y el andalucismo ya no es patrimonio ni de Susana, ni del PSOE-A porque, entre otras cosas, no lo ha sabido defender.
Quería Díaz una campaña plenamente andaluza y personalista, una especie de referéndum sobre su propia persona tras haber salido escaldada de las primarias del PSOE. Necesita personalmente recuperarse, que su imagen no sea la de perdedora entre los suyos, hacerse perdonar el haber quebrado al PSOE para darle el gobierno a la derecha del PP, en general, que se identifique a Andalucía con ella como último recurso político que le queda. Por eso quitó el anagrama del PSOE de su cartelería personal de campaña. Por eso no ha querido compartir atril con casi ningún miembro de la dirección del PSOE a nivel estatal. Por eso ha preferido hacerlo todo ella sola. Porque sabiendo que podía ganar, quería ponerse esa medalla ella como demostró su discurso del debate donde sólo se preocupaba por defenderse ella sola. La defensa ante los ataques al PSOE fue más bien débil, suave o inexistente. Ha roto con el partido a nivel estatal y sólo ella cuenta.
Y como estaba emperrada en defenderse ella y que todo girase en torno a ella y que ella fuese el centro de atención y que ella y ella y ella… se olvidó defender eso que siempre se le caía de la boca Andalucía. No hace tanto ella era muy mucho andaluza y muy mucho española. El otro día dejo de ser lo primero porque Teresa Rodríguez, que sí siente Andalucía como suya aunque no haya una simbiosis entre ambas entidades en el plano metafísico, demostró que a Andalucía se la defiende siempre y más contra una derecha nacional-católica y otra de derecha extrema que quieren seguir teniendo a Andalucía como esa región que ofrece trabajadores baratos a los que explotar aún más, como esa región que debe seguir bajo la bota del capitalismo y el señorito, como esa región que no crecerá porque no quieren ni interesa que crezca.
Todo el discurso de Rodríguez, durante el debate y toda la campaña, está centrado en los problemas reales de la ciudadanía andaluza. “Las cosas del comer” como suele decir la candidata. Andalucía como problema pero como solución y un futuro de dignidad. Porque esa dignidad que venía hasta la fecha defendiendo de la presidenta de la Junta se ha quedado en demagogia andalucista. Como nadie reclamaba con fuerza la dignidad de Andalucía había aprovechado para quedarse con la simbología, pero ahora hay quien le disputa Andalucía y que quiere luchar por su dignidad desde las personas. Un ejemplo pequeño, pero muy significativo, es la verdad sobre la muerte de García Caparrós. Díaz le ponía como mártir pero no ha querido ir más allá, mientras que en Adelante Andalucía quieren que se sepa quién le asesinó por defender Andalucía. Y así propuesta tras propuesta centrada en la realidad andaluza Rodríguez le ha ido quitando la exclusividad andaluza a la señora de San Telmo.
Y Antonio Maíllo, sin que Díaz haya dicho ni mu, le ha quitado hasta el socialismo. Cuando expresó que el socialismo estaba en Adelante Andalucía nadie le disputo en el PSOE-A esa afirmación. Al menos nadie con contundencia. Y todo porque Díaz y su equipo están en el susanismo no en la defensa del socialismo. No quieren etiquetas sino caciquismo y personalismos. Y si no lo quieren al menos es lo que se aprecia desde fuera. Así en apenas quince días el PSOE-A ya no es el partido de Andalucía, ni del andalucismo; ni es el partido del socialismo en exclusiva. Susana Díaz se ha dejado birlar ambos significantes, y no vacíos precisamente sino muy llenos, en una campaña más propia de repúblicas bananeras y de liderazgos mesiánicos (que no son el caso de Andalucía). El día que birlaron Andalucía a Susana la región ganó a una defensora de su dignidad frente a la derecha y frente al capital.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una generación de créditos de 12 millones de euros para liquidar el contrato de las obras de la ampliación del Hospital Costa del Sol de Marbella, una vez concluido el procedimiento iniciado a raíz del auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga dictado en junio de 2017. La decisión permitirá desbloquear los trabajos, paralizados por la sociedad concesionaria en 2010; recuperar la gestión de las instalaciones y del aparcamiento del centro, y licitar un nuevo proyecto teniendo en cuenta las nuevas necesidades sanitarias de la zona.
El crédito dotará a la Agencia Sanitaria Costa del Sol de los recursos necesarios para poder hacer frente al valor patrimonial de la inversión de la concesionaria, conforme a lo establecido en los pliegos de contratación. El nuevo proyecto incluirá las obras de nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias, así como la explotación parcial de las infraestructuras.
El Hospital Costa del Sol da cobertura a más de 387.000 habitantes de nueve municipios de la costa malagueña. Sus profesionales atendieron el pasado año más de 118.000 urgencias, y unas 246.000 consultas, además de realizar alrededor de 15.000 intervenciones y asistir a más de 2.500 partos.
Aprobada la propuesta para la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional.
También se ha producido en el Consejo de Gobierno la aprobación de la propuesta definitiva de declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional, acordada con la Administración central. El texto servirá de base a la ley que aprobará el Congreso de los Diputados, para convertir a este espacio natural malagueño en el tercero de Andalucía con la máxima figura de protección, junto a Doñana y Sierra Nevada.
La propuesta parte de la ratificada el pasado mes de febrero por los gobiernos español y andaluz, que también contó con el consenso de los ayuntamientos de la zona, la comunidad científica y los sectores sociales y económicos. Este documento inicial fue modificado de acuerdo con las aportaciones del trámite de información pública y los informes de las distintas administraciones implicadas.
Además del amplio respaldo institucional y social logrado, la legislación estatal exige para la declaración la concurrencia de especiales valores ecológicos, en este caso determinados por la presencia del pinsapo y de un número de especies exclusivas de la flora (endemismos botánicos) comparable al de las cumbres de Sierra Nevada, actualmente el único parque nacional andaluz de montaña.
El texto aprobado delimita una superficie de unas 23.000 hectáreas, un territorio que incluye gran parte del actual parque natural e incorpora la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Sierra Blanquilla y parte de la de Sierras Bermeja y Real, en los términos municipales de Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. A ello se añade una zona periférica de protección de 75.000 hectáreas que engloba la totalidad de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco y otra franja de terrenos de la ZEC Sierras Bermeja y Real. Esta superficie se reparte entre los municipios de Alozaina, Benahavís, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Igualeja, Istán, Monda, Ojén, Parauta, Ronda, Serrato, Tolox y Yunquera.
Junto con esta delimitación, también se establece un régimen de protección preventiva que se aplicará hasta que entre en vigor la ley de declaración. De este modo, no podrá otorgarse ninguna licencia, autorización o concesión adicional que habilite para la modificación de la realidad física o biológica de la zona. En particular, el territorio incluido no podrá clasificarse como suelo urbano o susceptible de ser urbanizado.
Situada en la Serranía de Ronda, en el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas, la Sierra de las Nieves alberga la más extensa población de pinsapos de Andalucía, además de valiosas formaciones de quejigales, encinares y bosque mediterráneo. Sus ecosistemas sirven de hábitat a 150 especies de aves y a una rica fauna terrestre en la que se incluyen la cabra montés, el corzo y la nutria. Entre los valores geológicos, destaca la presencia de numerosas grutas, cavernas y simas, entre ellas la denominada Gesm, con una profundidad de 1.100 metros. Además, alberga uno de los escasos afloramientos de peridotitas (rocas de origen plutónico) del planeta.
A esta riqueza ecológica, la Sierra de las Nieves añade la conjunción del urbanismo y la arquitectura popular con un atractivo entorno en el que abundan tajos, barrancos y desfiladeros. En cuanto a las actividades económicas, las más relevantes son las ganaderas, forestales y cinegéticas, así como las ligadas al turismo y a la industria artesanal (talleres textiles, marroquinería y forjado de rejas).
El secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez, ha animado a los colectivos feministas a trabajar para que la equiparación de las indemnizaciones de las víctimas de la violencia de género con las del terrorismo se extienda al resto de autonomías. Una medida que, según ha precisado, solo se aplica en la Comunitat Valenciana y que supone que la indemnización por asesinato haya pasado de 6.000 a 75.000 euros.
Al respecto, ha hecho hincapié en que el importe de 6.000 euros previsto anteriormente en las indemnizaciones por causa de muerte por violencia de género, era «considerablemente inferior a las indemnizaciones por muerte previstas en otras situaciones equiparables, como por terrorismo».
Ibáñez, tras la reunión con varias representantes del colectivo feminista, ha afirmado que se trata de un «avance sin precedentes» que pone el foco de la violencia machista «como una cuestión que afecta a toda la sociedad porque como sociedad indemnizamos un daño irreparable», y ha agregado que «una sociedad que mata a sus mujeres es una sociedad enferma».
En este sentido, ha recordado que la equiparación con las víctimas del terrorismo fue una de las propuestas que la Conselleria de Igualdad aportó al Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Génere y que fue aceptado, por unanimidad, por todos los colectivos, entidades, formaciones políticas e instituciones que firmaron este acuerdo.
El secretario autonómico ha explicado que, otro de los objetivos de la Conselleria en las cuentas de la Generalitat para el ejercicio 2019, es ampliar el presupuesto del Pacto de 12,9 a 19,1 millones, así como que las ayudas por indemnización se puedan otorgar con carácter retroactivo y, además, ampliar los supuestos a indemnizar. Así, a partir del próximo año también se percibirán en el caso de que las personas asesinadas sean hijos, hijas o familiares directos de las mujeres víctimas de violencia machista.
Gran invalidez
Del mismo modo, ha señalado que, en 2019, se amplía la equiparación con las víctimas de terrorismo, cuando la consecuencia de la agresión machista es una incapacidad laboral permanente absoluta (54.000 euros) o una gran invalidez (150.000 euros) y se les concederán también a aquellos que resulten asesinados o incapacitados por ayudar a una mujer que esté siendo agredida.
Igualmente, en 2019 se mejoran las ayudas de emergencia para las mujeres víctimas de violencia machista, que pasan de 200 a 2.205 euros en el caso de las que se otorgan para cubrir necesidades básicas; de 2.000 a 2.940 para alojamiento; de 500 a 735 euros para transporte o desplazamiento y de 2.000 a 2.205 para seguridad y protección.
Diálogo
El secretario autonómico, por otro lado, ha comentado que, en el encuentro con varias representantes de colectivos feministas, se está trabajando «desde el diálogo» en otra propuesta sobre la relación en el reparto de las indemnizaciones para «tener en cuenta todas las sensibilidades» y «atender todas las casuísticas que se puedan dar».
En este sentido, Ibáñez ha recordado que el Ministerio del Interior establece para los casos de indemnizaciones para víctimas del terrorismo que las ayudas se destinarán al cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieran legalmente separados, a la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia y los hijos de la persona fallecida.
La operación del Banco Popular se hizo con premeditación, siguiendo un planning que fue aplicado por Emilio Saracho con la precisión de un neurocirujano. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer en un momento determinado, concretamente cuando comenzaron a llegar ofertas de ampliación de capital y de compra de activos no estratégicos. Dichas propuestas se podían ocultar tanto al Consejo de Administración como a los mercados durante un tiempo determinado, pero no siempre. Esta es la razón por la que el día 2 de junio se aceleró todo, se urdió al procedimiento de resolución junto a la JUR, se enviaron las cartas a los cinco bancos españoles —dejando fuera a otras entidades extranjeras que, seguramente, hubiesen llegado a una mejor solución para los pequeños accionistas que la del Santander—, se aprobó un cronograma que fue seguido al pie de la letra y se generó una alarma que provocó la salida de depósitos de las instituciones y organismos públicos. Sin embargo, el Popular era una entidad solvente y dispuso de una línea de liquidez de 9.500 millones porque el día 5 de junio era un banco líquido y solvente y una entidad financiera jamás puede caer en 24 horas…, salvo que se la lleve al precipicio.
Todas las irregularidades han llevado a muchos de los afectados a demandar al Santander por enriquecimiento ilícito. Estas acusaciones han debido generar inquietud porque fueron presentados inmediatamente por parte de Uría y Menéndez los recursos en los que se pretendía que se archivasen las causas porque, según la versión del Santander, los tribunales españoles no son competentes. Este retorcimiento de la ley fue rechazado de manera fulminante y las causas siguen su curso legal.
La situación real del Santander es la que demuestra la necesidad que tenían de adquirir el Popular, por las razones ya expuestas en Diario16 y hay datos más que suficientes como para plantear querellas no sólo por el enriquecimiento ilícito sino por, también, una presunta falsedad de cuentas detectada por analistas financieros independientes que han analizado las correspondientes al ejercicio 2.017.
En la página 24 de dicho informe se dice que el Resultado del Ejercicio fue de 8.027 millones y en el renglón siguiente indica que «otro Resultado Global» fue de –7.320 millones. En esa misma página se afirma que el Resultado Global Total de 2.017 fue de 887 millones, muy lejos de los 8.027 millones publicados.
Por tanto, la ampliación de capital del Santander no sirvió para hacer frente a la integración del Popular sino para cubrir su propio desfase patrimonial generado por las divisas en los mercados en los que opera, un hecho corroborado por la memoria del Santander de 2.017, auditada por PwC y publicada tanto en su web como en la CNMV, lo cual, indica que hubo también una presunta falsedad en cuentas.
En el segundo trimestre hubo críticas a la solvencia del Santander por parte de diferentes analistas internacionales. De no haber conseguido hacerse con el Popular, hubiera sufrido un ataque de los mercados que habrían impedido el reparto de dividendos, algo que para Emilio Botín era clave porque, tal y como decía a sus íntimos, siempre había que repartir dividendos aunque para lograrlo hubiese que ampliar capital.
El juez Fernando Presencia lleva meses sosteniendo desde estas páginas que Manuel Marchena no podía ser presidente del Consejo General del Poder Judicial desde el momento en que se hizo público el escándalo del nombramiento ilegal de su hija como funcionaria del ministerio fiscal. Sofía Marchena perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, por lo que la Comisión de Selección, de la que formaba parte la esposa de Pablo Llarena, tomó la decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anterior, según afirma el juez Presencia: en base a las Normas de Reparto, Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles para instruir las causas contra aforados debido a su inexperiencia. Sin embargo, Manuel Marchena permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés.
Pero es que, además, las sospechas de soborno que rodean a Marchena ponen en cuestión la imparcialidad de toda la Sala que ha de juzgar la causa del Procés cuyos componentes, no hay que olvidar, son nombrados por el propio presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.
El problema con el que se ha encontrado el juez Fernando Presencia es que la Sala del Tribunal Supremo que tenía que revisar la condena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha –a cuyo presidente, Vicente Rouco, el magistrado le había denunciado también por actos de corrupción– era prácticamente la misma Sala que tiene que conocer ahora de la causa del Procés.
Por tanto, en la sentencia que ha condenado al juez Fernando Presencia, lo que ha hecho la Sala del Procés es responder a las sospechas de corrupción llamando «zafio» a quien públicamente les viene denunciado por encubrir un delito de soborno.
