lunes, 19 enero, 2026

Adelante Andalucía lucha contra la corrupción en casa del “presunto Amat”

Santiago Aparicio
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Adelante Andalucía lucha contra la corrupción en casa del “presunto Amat”

No hay nada mejor en esta vida que poder juntar la teoría y la práctica en un lugar que pueda ser ejemplo de lo que se quiere llevar a cabo. Por ello no cupé mejor lugar para presentar las propuestas de Adelante Andalucía contra la corrupción que en la Almería del “presunto” Gabriel Amat. El presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar investigado por un entramado de cerca de cien empresas familiares que habrían saqueado durante décadas las arcas públicas. El caso Amat que está en proceso judicial y a la espera de la imputación del susodicho, una imputación que ya se produjo pero que el ministro Rafael Catalá tuvo a bien quitar mediante presiones al ser compañeros de partido… el Partido Popular de Javier Arenas por si les cabía alguna duda. Una red de intereses que invaden hasta la judicatura.

 

El presunto corrupto Amat, Moreno Bonilla y Suárez Illana

La caravana de Adelante Andalucía con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, más los candidatos locales Diego Crespo y María Jesús Amate, junto a los concejales locales (Juan Pablo Yakubiuk a quien asedia Amat y sus conmilitones, entre ellos), pasearon en la mañana por la devastada Roquetas de Mar. Devastada por la inacción de Amat claro. Era casi un compromiso ético pasar por la ciudad costera por ser el epicentro de uno de los casos más sangrantes de corrupción en Andalucía, al nivel marbellí, y de depredación urbanística capitalista. Debían pasar porque hablar contra la corrupción en ciertos lugares tiene mayor significación y simbolismo que hacerlo en otros (hacerlo en la calle San Vicente de Sevilla también tendría su aquel). Y con 25 piezas separadas en el caso Amat como que hay simbolismo suficiente.

Así Rodríguez y Maíllo han contado que de ganar y llegar al gobierno piensan crear una Oficina o Autoridad independiente contra la corrupción, así ningún partido podrá tapar vergüenzas, como sucede con PSOE-A y PP-A. Volverán a solicitar la Reforma de la Cámara de Cuentas andaluza, algo que no quisieron aceptar en la finalizada legislatura desde San Telmo, para que los dineros de todas y todos no se pierdan ni se gasten en lo que no se debe. Una forma directa de acabar con todas esas subvenciones encubiertas que se vienen produciendo. Por ello nada mejor que una Ley de Cuentas Claras y Abiertas. Y para evitar los típicos “mamoneos” de la clase política, introducir una reforma en el reglamento del Parlamento de Andalucía. Han recordado cómo la corrupción supone un obstáculo para el desarrollo de Andalucía, asegurando que un gobierno de Adelante Andalucía “no mirará para otro lado”.

Por la tarde llegó la explosión y la sorpresa al llenar hasta los topes la sala que habían solicitado para el mitin de Almería y que se ha quedado pequeña. Tanto que, como pueden comprobar en el tuit adjunto, Rodríguez y Maíllo han tenido que salir a la calle a hablar a aquellas personas que se han quedado fuera. Aquí la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, tras recordarles al PP que la provincia de Almería no es de su propiedad como creían, ha explicado los puntos programáticos fundamentales de la confluencia de izquierdas. No quieren que se piense que para salir del gobierno susanista haya que apostar por la derecha, bien al contrario hay una opción de izquierdas, andalucista y preocupada por las personas que es alternativa a todo eso. Un mensaje que debe quedar claro, ha remarcado Rodríguez, porque “nos jugamos mucho” en estas elecciones. “¡Nos negamos a tener que elegir entre esclavitud o desempleo!” ha resumido el proyecto la candidata. Un proyecto para esta y para las siguientes generaciones.

La oposición acusa al Gobierno regional de no haber previsto los efectos de las nuevas inundaciones en el Mar Menor

José Luis Domínguez
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La oposición acusa al Gobierno regional de no haber previsto los efectos de las nuevas inundaciones en el Mar Menor

El grupo socialista ha sido el primero en exigir al Gobierno regional y a los alcaldes populares ribereños del Mar Menor “que no hagan política de baja altura con los destrozos ocasionados por las lluvias y que, en lugar de reivindicar ahora al Gobierno de España lo que no hicieron con gobiernos del PP, actúen hombro con hombro con la Confederación Hidrográfica, apoyando sus medidas para poner solución a este problema”, afirmó el portavoz socialista Joaquín López Pagán tras la reunión mantenida con los portavoces de los ayuntamientos de Los Alcázares, Mario Cervera; San Javier, José Ángel Noguera; y San Pedro del Pinatar, José Lorenzo.

López Pagán adelantó que, ante la pasividad del Gobierno de López Miras, será el Gobierno de España, el delegado del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) los que acaben tomando medidas y trabajen en un proyecto que evite estos episodios de inundaciones. “Se pretende que donde se hayan modificado los cauces naturales se vuelvan a establecer, así como dotar esta zona con las infraestructuras necesarias”, ha añadido López Pagán quien subrayó que “en esto no hay color político y es necesaria la implicación de todas las administraciones para atajar el problema y que no vuelva a ocurrir”.

Ciudadanos, por su parte, ha denunciado la “nefasta gestión” de los responsables de la CHS durante las inundaciones que se han producido en los últimos días y que han causado cuantiosos daños materiales en la comarca del Mar Menor.

El diputado regional de la formación, Luis Fernández, ha señalado que “en innumerables ocasiones le hemos pedido a los responsables de la CHS que limpiaran las ramblas y que las adecuaran a un posible episodio de gota fría, que como sabemos es un fenómeno que se da con una cierta asiduidad durante los meses de otoño, pero han hecho caso omiso a las advertencias y las consecuencias las han pagado los ciudadanos”. El diputado de Cs ha recalcado que ha habido municipios en los que sus alcaldes también deberían afrontar su responsabilidad, en tanto que no han tomado medidas para evitar que se construyan urbanizaciones en zonas con riesgo de inundación.

Por último, Podemos ha criticado duramente que estos episodios de lluvias intensas ya se habían advertido en iniciativas aprobadas recientemente en la Asamblea Regional y en los consistorios afectados. Sin embargo, la diputada regional de la formación morada, María Giménez, considera que los ayuntamientos de Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar “han hecho oídos sordos” a un problema con alta probabilidad de que sucediera “por lo mal hecho que están los planes”.

“Es de vital importancia -ha señalado- que sean conscientes de que hay que adaptar los planes urbanos para que no se produzcan situaciones tan desastrosas como las que hemos visto. Esperemos que no tengamos que volver a presenciar escenas como la de estos días porque tienen solución”.

La diputada de Podemos ha contado que Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar deben adaptar adapten sus planeamientos urbanísticos a las leyes autonómicas vigentes en un “plazo inmediato y razonable, con el apercibimiento expreso de que los municipios que no hubieran adaptado sus planes a la Ley del Suelo vigente, no podrán tramitar modificaciones sustanciales de su planeamiento actual tendentes a recalificar o reclasificar suelo”.

Artículo publicado en Diario de la Manga

Mónica Oltra anuncia el aumento de ayudas a las víctimas de la violencia machista que pasan de 6.000 a 75.000 euros

Amparo Panadero
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Mónica Oltra anuncia el aumento de ayudas a las víctimas de la violencia machista que pasan de 6.000 a 75.000 euros

 

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado la equiparación de las ayudas a las víctimas de la violencia machista con las que reciben las víctimas por terrorismo. Esta medida, que se tramita en las Cortes Valencianas, ha permitido que las cuantías pasen de 6.000 a 75.000 euros. Las nuevas ayudas para familiares de las víctimas mortales se repartirán al 50% entre los hijos y la pareja actual de la mujer.

 

Según ha destacado Mónica Oltra, esta es una de las medidas previstas en el Pacto valenciano contra la Violencia de Género 2017-2022, que en su primer aniversario ha logrado que el 76% de las medidas previstas ya estén en marcha. Cuando la consecuencia de la agresión machista es una incapacidad laboral permanente absoluta (54.000 euros) o una gran invalidez (150.000 euros) y se les concederán también a aquellos que resulten asesinados o incapacitados por ayudar a una mujer que esté siendo agredida

 

La vicepresidenta ha querido destacar, igualmente, que en 2019 se mejoran las ayudas de emergencia para las mujeres víctimas de violencia machista, que pasan de 200 a 2.205 euros en el caso de las que se otorgan para cubrir necesidades básicas; de 2.000 a 2.940 para alojamiento; de 500 a 735 euros para transporte o desplazamiento y de 2.000 a 2.205 para seguridad y protección.

Estas medidas han tenido que ser modificadas tras el rechazo de decenas de organizaciones feministas ya que en un principio las normas priorizaban la recepción de las ayudas en la pareja de la víctima sobre las hijas e hijos. A través de un comunicado, las organizaciones mostraron su “radical oposición a que se priorice en su percepción a la pareja actual de la víctima y de forma excluyente frente a los descendientes. Esta propuesta es contraria a la Ley estatal de ayudas a víctimas de delitos violentos, y también al Convenio de Estambul y medidas contenidas en el Pacto de Estado de 2017”.

Las organizaciones feministas solicitaron que se procediera a la inmediata rectificación del proyecto en este punto, “priorizando a laos hijos y las hijas de las victimas mortales de la violencia de género como beneficiarios de estas ayudas, de acuerdo con la legislación vigente”. Los colectivos feministas, no obstante, saludan “favorablemente con carácter general esta iniciativa por cuanto reconoce expresamente ayudas económicas a las víctimas de la violencia de género y por lo tanto inician un camino de reparación del daño en los casos más graves que coincide con las demandas que desde el movimiento feminista se llevan haciendo hace años.”

Servicio ambulatorio para víctimas de la violencia machista en las zonas rurales

Otra de las acciones que ha anunciado Mónica Oltra es la puesta en marcha de un servicio ambulatorio para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en los municipios del interior de la Comunitat Valenciana, que tendrá en cuenta las «particularidades de las zonas rurales». La puesta en marcha de este servicio parte de los resultados del estudio que la Conselleria puso en marcha en 2017 para hacer un diagnóstico de la situación de las mujeres en el mundo rural y su percepción frente a las agresiones machistas, «que pone en evidencia que el rechazo frente a este tipo de violencia es similar al que existe en el ámbito urbano, pero también constata la existencia de ciertas diferencias».

Las mujeres, en el ámbito rural, están sujetas a un mayor control de la comunidad, ya que «las opiniones y creencias comunitarias tienen más peso frente a las individuales» y tienen una menor percepción de las formas discriminatorias, existen menos oportunidades laborales, lo que las aboca a mayores desigualdades socioeconómicas y carecen de servicios especializados en materia de violencia de género.

«Ante esta realidad, hemos considerado necesario articular un recurso con una doble función, por un lado que de una atención especializada que permita una intervención in situ con las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas, y por otro que ofrezca ayudas para la transición hacia una vida independiente y lucha contra la feminización de la pobreza», ha indicado.

 

PSOE apuesta por consagrar el derecho universal a la educación de 0 a 3 años

Diario16
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PSOE apuesta por consagrar el derecho universal a la educación de 0 a 3 años

El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa, ha anunciado hoy que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Asamblea Regional una proposición de ley que consagra el derecho universal para la educación de 0 a 3 años en la Región de Murcia.

Diego Conesa ha señalado que los socialistas han presentado esta ley porque la Región está a la cabeza en fracaso escolar y es urgente solucionarlo; porque precisa de un sistema educativo inclusivo que debe atender la diversidad de la población; porque como sociedad, debemos apostar por la protección de la infancia. “Esa es una de las principales responsabilidades de nuestro proyecto educativo”.

“También presentamos esta ley porque la Región de Murcia es una de las 20 regiones de la Unión Europea con mayor tasa de desigualdad y de riesgo de pobreza y exclusión social”, ha indicado.

“Conseguiremos con esta ley que la educación de 0 a 3 años sea un derecho para siempre. No queremos una medida provisional y coyuntural, como es incluirlo en un presupuesto. Nuestro compromiso va mucho más allá, queremos que sea un derecho y protegerlo jurídicamente”.

Ha añadido que esta es una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades que asegura que ninguna familia, por escasos que sean sus recursos, se quede sin ese derecho para sus hijos.

Según Diego Conesa, con esta ley se conseguirá una igualdad efectiva entre hombres y mujeres porque apuesta por la corresponsabilidad en la crianza y la conciliación de la vida laboral y familiar.

“Comenzamos a trazar las bases del cambio de un modelo productivo en la Región de Murcia. Con esta ley, la Comunidad Autónoma deberá asumir el impulso y la inversión que, hasta ahora, han llevado en solitario los ayuntamientos y las familias. Esta es una inversión necesaria y asumible”, ha dicho en candidato a la presidencia de la Comunidad.

Además, ha explicado que la ley que universaliza el derecho a la educación de 0 a 3 años en la Región de Murcia tendrá una implantación progresiva de seis años, y que la financiación será plurianual y perfectamente asumible.

“A partir de mañana abriremos una ronda de encuentros con todos los colectivos y organizaciones del sector a nivel regional y municipio a municipio. Tendemos la mano a todos los grupos políticos para que se sumen a esta propuesta. Esta ley, sin duda, aumentará los derechos sociales de la ciudadanía de la Región de Murcia”, ha concluido.

El Partido Popular: negacionista del acoso y los abusos sexuales

Manuel Domínguez Moreno
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El Partido Popular: negacionista del acoso y los abusos sexuales

El PP ha pretendido ilegalizar a la mitad de los partidos políticos

Santiago Aparicio
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El PP ha pretendido ilegalizar a la mitad de los partidos políticos

La mayoría de medios de comunicación se han quedado en lo superficial. Han explicado que PP y los cuatro de Ciudadanos se han abstenido en la votación de condena del franquismo. Y lo han hecho para su escarnio y humillación personales sin duda. Pero hay algo más, algo mucho más siniestro, más elaborado por una mente que se mueve bien en las triquiñuelas y en el lodo de la oscuridad como es el portavoz senatorial Ignacio Cosidó. Sí, el mismo del mensaje sobre el control de la Justicia por detrás. Mediante una enmienda, una sutil enmienda, querían el PP y su socio de derecha extrema Ciudadanos acabar con la gran mayoría de los partidos políticos que hay en España. Una ilegalización en toda regla para hacer del Estado y las instituciones representativas su coto privado. Algo muy propio del estilo de Pablo Casado.

“El Senado insta a prohibir cualquier Fundación o Asociación que glorifique el Nazismo, el Fascismo, el Comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomentan el enfrentamiento entre ciudadanos” han escrito en el punto dos del articulado de la enmienda como pueden observar en la imagen adjunta.  Dirán ustedes que no dice partidos políticos, y es cierto, pero un partido no deja de ser una asociación política y ahí es donde se encuentra la clave del asunto. La prohibición de asociaciones y partidos fascistas y el resto de los que no les gustan. Porque no hay nada tan sencillo como calificar de populista a quien sea necesario para ilegalizarle. O decir que como hay marxistas en tal o cual partido, son peligrosos rojos que piensan llevar a España a la pérdida de los valores universales y la destrucción de la raza, y por ello ilegalizar.

Enmienda para prohibir del PP

¿Qué partidos entrarían en esa prohibición? Izquierda Unida claramente por tener al PCE dentro de sus filas. Y como son comunistas a ilegalizados. Da igual que sean hijos del eurocomunismo y por tanto críticos del estalinismo, del maoísmo y demás regímenes atroces que no respetaban los derechos humanos. Para alguien del PP los rojos son los rojos y se ilegalizan. Tiene suerte el PSOE de no tener ya más que un puñado de marxistas porque le pondrían en esa lista también. La incultura de los conservadores, producto del franquismo heredado, asimila marxismo a comunismo y mil males más. Podemos estarían en un segundo lugar por ser populistas y enfrentar a unos ciudadanos con otros. Da igual que el enfrentamiento sea entre el pueblo (la mayoría) y la casta o establishment (la minoría), es suficiente para el PP para ilegalizarles. Y claro también estarían los catalanes ERC y PDeCAT pues son populistas, enfrentan a las personas y, además, tienen ideas nacionalistas. Así que ilegalizados también. Y no digamos EH Bildu que es el peor de los peores males que existen en el parlamento. El PNV, empero, tendría la soga al cuello según se moviese. Así se habrían liquidado a casi toda la izquierda y a los que les molestan.

No es de suponer que se atreviesen con Ciudadanos pues están protegidos por el poder económico pero cabrían también en esa (in)definición de populistas. Albert Rivera es único para hacer populismo, del sistema sí pero populismo, y enfrentar a personas. Lleva haciéndolo desde que entró en política hace muchos años. Enfrentar a catalanes, a partidos entre sí, a españoles con españolas y todo lo que se le ponga por delante pues concibe la política en términos simplistas y binarios: amigo-enemigo. Con esto el PP tendría casi lo que quiere el bipartidismo perfecto por ilegalización de los enemigos. Con todo y aunque parezca chusco, lo que revela este tipo de enmiendas y proposiciones es el autoritarismo propio de los partidos del sistema, de la clase dominante, ante el peligro de que la escisión entre ciudadanía y clase política lleve a un abandono y deslegitimación mayor de lo político, generando nuevos mecanismos de participación democrática y, quién sabe, si rebeliones contra el propio sistema.

Marín utiliza la victimización contra Torra porque no tiene proyecto andaluz

Santiago Aparicio
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Marín utiliza la victimización contra Torra porque no tiene proyecto andaluz

Vuelven en Ciudadanos a utilizar el falso victimismo como mecanismo político que tape sus incapacidades y sus posverdades. Juan Marín recibió un fuerte varapalo el lunes pasado con motivo del debate a cuatro de las candidaturas a la presidencia andaluza en Canal Sur. Fue el peor con diferencia, como reflejan los analistas andaluces, y Moreno Bonilla incluso pareció mejor que él. Sin más programa que tres o cuatro eslóganes y oscurecido por sus jefes de filas Albert Rivera e Inés Arrimadas, tanto que en algunos lugares piensan que es la jerezana la que se presenta, ha buscado el camino corto para parecer algo más que un muñeco dirigido desde Madrid. Por tanto, se ha lanzado a publicar un vídeo contra el president de la Generalitat, Quim Torra.

Se ha puesto farruco y se ha envalentonado Marín haciéndose pasar por víctima de no se sabe bien qué amenaza del president catalán. Así como Rivera se inventó que le tiraron piedras y botellas, así como en todo momento buscan desde Ciudadanos alguna forma de victimización, sea o no sangrienta, el candidato andaluz se ha inventado una conspiración contra él. Es cierto que en RAC1 han sacado una noticia donde se estaba estudiando demandarle por llamar a Torra racista, pero nada más. Una noticia que no se ha confirmado al final pero que le sirve al jefe del clan de la manzanilla para hacerse el perseguido por unos catalanes malvados. Como ven todo relacionado con las manías de Ciudadanos y no con Andalucía (“¿Andalucía pa’ cuando?” como le dijo Teresa Rodríguez). Al no tener proyecto andaluz pues deben jugar a otras cosas y buscar a enemigos donde más les gusta, Cataluña.

“Usted dice que va a denunciarme por defender a los andaluces” comienza Marín mintiendo porque Torra le denunciaría por insultarle a él. Pero así el dramatismo es mayor para un partido que el andalucismo no sabe ni lo que es. Lo mejor viene luego cuando se envalentona y le pide que lo haga hoy “no lo deje para mañana”. Eso sí, además, ha querido añadir más insultos para que la querella, que nadie ha confirmado que se vaya a poner, “es usted un racista, un golpista, un cobarde”. Lo que nunca se le había visto a Marín le ha salido por los poros, o por la presión de la calle Alcalá. Eso sí, la misma vehemencia que muestra contra Torra por sus insultos a los andaluces que hizo hace años, la podría tener contra Pablo Casado y demás dirigentes del PP que han insultado a Andalucía hace unos días. Pero claro, eso no le conviene porque el PP es amigo de la derecha y el Ibex-35. Por lo que es mentira eso que dice en el vídeo de que él “no se calla”. ¡Vaya que no! Casi cuatro años callado junto a Díaz y ahora junto al PP.

Han debido ver en Ciudadanos que se encuentran atascados en las encuestas y por eso buscan crear en Juan Marín a su nueva falsa víctima del mal. Como en Andalucía no le hace caso nadie, le ignoran día a día el resto de candidatos, han debido buscar una victimización en Cataluña. Así podrá presentarse mañana como el “perseguido de los golpistas y los populistas”. Cuando ni le van a denunciar ni nada por muchos insultos que siga acumulando. Eso sería dar carnaza a la Caverna mediática que les aguanta. En Andalucía no le harán caso porque esas cosas de catalanes como que no calan, están más preocupadas por llegar a fin de mes y otras cuestiones del comer. Justo esas cosas de las que Ciudadanos y su candidato no hablan porque no quieren a Andalucía. Para Ciudadanos Andalucía es una especie de colonia que resulta útil para surtir las fábricas y los despachos de los grupos empresariales, el lugar donde veranear y la alacena del resto de entes regionales productivos. El resto es gasto.

Andalucía triplica la potencia eléctrica renovable instalada en la última década

Diario16
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Andalucía triplica la potencia eléctrica renovable instalada en la última década

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha destacado que «en la última década hemos conseguido multiplicar por tres la potencia eléctrica renovable instalada en Andalucía y contamos con 1.800 empresas especializadas en este sector, que generan más de 40.000 empleos». Carnero ha subrayado así el liderazgo de la comunidad andaluza en la generación de energías limpias durante su intervención en el desayuno-coloquio ‘El sol, principal actor de la transición ecológica en Almería’, organizado por La Voz de Almería y Endesa.

Gracias a los abundantes recursos naturales de Andalucía, «e innegablemente al impulso público y privado», el consejero ha señalado que la región mantiene su posición destacada en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes como la solar y eólica, además de un amplio conocimiento en la generación y aprovechamiento de biomasa».

«El futuro es, sin duda, renovable», ha afirmado Carnero, para quien el sol es el gran tesoro de Andalucía. Con una superficie de 87.597 km², es la región española con más alto potencial solar. La insolación supera las 3.000 horas/año, lo que ha permitido la instalación de 997 MW de energía termosolar de alta temperatura, 890 MW de potencia fotovoltaica y más de un millón de metros cuadrados de paneles térmicos de baja temperatura.

La provincia almeriense, en concreto, cuenta con grandes ventajas para hacer del sol una fuente energética prioritaria, ha indicado Carnero, por su características climáticas y de insolación. Tanto es así que desde 1981 alberga la Plataforma Solar de Almería, centro de investigación de tecnologías solares situado en el desierto de Tabernas y que está reconocido por la CE como una gran instalación científica europea y el mayor centro de I+D en el mundo dedicado a los sistemas de concentración solar térmica.

El consejero ha explicado que Andalucía es referente en impulsar un marco energético que prima la sostenibilidad, la diversificación, la descarbonización y un elevado grado de autoabastecimiento, «marcándonos incluso en nuestras planificaciones objetivos por encima de lo sugerido en las directrices europeas».

Eje Caparacena-Baza-La Ribina

Las energías renovables supusieron a finales de 2016 el 38,8% de la potencia eléctrica total de Andalucía, dato al que Almería contribuye con 607,51 MW, casi el 10%. Esta cifra esperar elevar a través de la inclusión por parte del Gobierno central en la planificación de la red de transporte de electricidad del eje de alta tensión Caparacena-Baza-La Ribina, actuación revindicada durante años por la Junta, con la conexión de 1.000 nuevos MW de generación eléctrica renovable en el norte de Granada y Almería, una de las zonas de mayor potencial de la comunidad.

Javier Carnero se ha referido, por otro lado, al marco jurídico «desfavorable» y «cambiante» que han sufrido las energías renovables en los últimos años por el anterior Gobierno central, «y que ha originado mucha desconfianza en las empresas del sector y en los posibles inversores». No obstante, se ha mostrado esperanzado por los cambios y avances que pueda introducir el recientemente aprobado Real Decreto-ley 15/2018 de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la Protección de los Consumidores, especialmente en el ámbito del autoconsumo al liberarlo de cargos por la energía autoconsumida, simplificando la tramitación y abriendo la puerta al autoconsumo compartido y al balance neto, entre otros aspectos.

Autoconsumo

A pesar de la incertidumbre jurídica generada por el anterior Gobierno nacional sobre el autoconsumo, el consejero ha resaltado que el sector energético andaluz, especialmente el fotovoltaico, ha seguido apostando y desarrollando en la región instalaciones para autoconsumo. Actualmente, hay 238 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con más de 3,7 MW de funcionamiento en la comunidad, 37 de ellas en la provincia de Almería con 667 kW.

Apoyo de la Junta

El titular de Empleo, Empresa y Comercio ha hecho hincapié igualmente en el impulso y apoyo que desde la Junta se dispensa al fomento de las energías renovables, tanto desde el punto de vista regulatorio como de los incentivos económicos activados.

Destacan las ayudas otorgadas a través del Programa para el Desarrollo Energético Sostenible, gestionado desde la Agencia Andaluza de la Energía, y que en Almería ha supuesto el respaldo de más de 500 actuaciones de mejora energética, con un incentivo asociado de 8,8 millones de euros y que movilizarán en la provincia una inversión de 17,2 millones de euros.

Oportunidad para el sector agroalimentario

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado que la transición hacia la bioeconomía constituye una oportunidad de futuro para el sector agroalimentario. Durante su intervención, en la que ha recordado que el lunes pasado se presentó el Clúster de Bioeconomía Circular en el marco de la Estrategia Andaluza, ha asegurado que «desde la agricultura podemos aportar precisamente la principal fuente que tenemos en este campo, como son los restos vegetales. En Andalucía tenemos ocho millones de toneladas de residuos de la agricultura cada año y tenemos que ponerlo en valor y producir energía. Por tanto, podemos contribuir de una manera importante a esa transición ecológica».

En este sentido, Sánchez Haro ha añadido que la agricultura andaluza y almeriense es capaz de impulsar aún más esta transición ya que, al fin y al cabo, «la horticultura almeriense es un sistema productivo eficiente en el uso de la energía». «La competitividad de los invernaderos de Almería es mayor que en aquellos países con mayor nivel tecnológico como Holanda o Francia y esta diferencia se basa en los mayores rendimientos por unidad de energía consumida, no en grandes rendimientos por metro cuadrado de invernadero».

En definitiva, ha agregado, «se ha renunciado a grandes producciones, contando fundamentalmente con la energía incorporada con el sol, para hacer que nuestra agricultura sea más competitiva». El consejero ha defendido, además, que la introducción de tecnología a un coste asumible es una manera de avanzar también en la lucha contra el cambio climático utilizando las energías renovables en toda la cadena de producción y comercialización en origen, no sólo en explotaciones, sino también en industria auxiliar, agroindustria y regadío.

Por último, ha incidido en la necesidad de contar con una amplia red de conocimiento para obtener buenos resultados tanto en bioeconomía como en la introducción de energía renovable. Andalucía es la comunidad con más centros de investigación en el ámbito agroalimentario (91), contando con más de 1.600 investigadores.

Las relaciones cómplices de Saracho y el PP en el Caso Santander-Popular

Esteban P. Cano
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Las relaciones cómplices de Saracho y el PP en el Caso Santander-Popular

En estas páginas ya hemos expuesto en distintas ocasiones en la connivencia entre el Gobierno del Partido Popular y los participantes en la operación que terminó con la intervención de la entidad y la ruina de más de 305.000 familias.

Sin embargo, Diario16 ha tenido acceso a una serie de correos electrónicos cruzados entre Emilio Saracho y distintos políticos del Partido Popular que demuestran las buenas relaciones entre el presidente de la entidad que la llevó a ser resuelta por la Junta Única de Resolución y miembros del partido conservador español… como no podía ser de otro modo.

En este caso, se puede comprobar cómo el diputado Teófilo de Luis Rodríguez, vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, entre otros cargos, menciona a Saracho un artículo de El País del día 2 de junio de 2.017, en concreto esta:

Saracho, por su parte, no le da importancia, pero sí que anticipa que la buena noticia «está por llegar, así que resérvate», a lo que el diputado contesta que «mientras no te hagan daño a mí me la pela». Además de lenguaje tabernario que, precisamente, demuestra que hay una relación de amistad entre Saracho y el diputado, podemos comprobar cómo el entonces presidente del Popular le anticipa un acontecimiento próximo muy positivo. ¿Se estaría refiriendo a la resolución del banco? Desde luego, la devaluación del bolívar no es una noticia para adelantar más acontecimientos puesto que, tal y como afirmaba El País, esta medida no tendría mucho impacto en España.

Hay que fijarse en la cronología para entender que sería muy probable que Saracho estuviera adelantando la resolución del Popular. A la hora en que contesta al diputado, ya se había tomado la decisión de intervenir el Popular tras la reunión convocada por la JUR la noche anterior. Ese mismo día se encargó a Arcano y Jefferis la remisión de la documentación a las 5 entidades españolas donde se indicaba que el Popular iba a entrar en resolución el día 6 y que el plazo para presentar ofertas terminaba el día 7 de junio a la una de la madrugada.

Este es uno de los correos cruzados que muestran connivencia entre Saracho y el Partido Popular, tal y como demostraremos con la publicación de los mismos.

Bruselas exige que todos los jueces declaren sus bienes pero España elude esa norma

José Antequera
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Bruselas exige que todos los jueces declaren sus bienes pero España elude esa norma

España sigue mostrándose tibia a la hora de aplicar con contundencia las directivas de la Unión Europea que instan a los Estados miembros a dictar normas concretas y efectivas para que jueces y magistrados tengan la obligación de realizar una declaración anual de bienes, tal como ya hacen los integrantes de los otros dos poderes del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo. En la actualidad, solo el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, los vocales de este órgano judicial y su secretario publican su patrimonio personal en el Portal de Transparencia, pero esta medida no afecta al resto de los profesionales de la Justicia.

Si bien es verdad que en el terreno político España ha logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción, en el ámbito judicial poco parece haber cambiado, ya que sigue prevaleciendo la falta de transparencia y el corporativismo y los miembros de la judicatura gozan de inmunidad a la hora de hacer público su patrimonio. Pocos saben lo que gana un juez del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Constitucional –su sueldo como servidor público–, y también se desconocen los honorarios que percibe por las clases o cursos que imparte y otras actividades relacionadas con el Derecho. La opacidad suele envolver todo lo que tiene que ver con los ‘togados’ y ningún gobierno se ha atrevido de momento a regular el estatuto de juez para dotarlo de mayor transparencia de cara al ciudadano. Es el Poder Judicial, con competencia absoluta en la materia, quien dicta las normas profesionales, disciplinarias y de buen comportamiento de sus magistrados, otro privilegio más para que “todo quede en casa”. Así no extraña que cuando el Supremo dicta una sentencia polémica como la de las hipotecas la ciudadanía sospeche que algo turbio se cuece “por detrás”, como diría el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

Que todos los integrantes de la carrera judicial cumplimenten una declaración de bienes y patrimonio cada cierto tiempo, como ordena la Unión Europea, sería una garantía más de que viven exclusivamente de sus salarios, como funcionarios del Estado que son, y de que no reciben prebendas ni complementos u honorarios por ejercer otras funciones al margen de su actividad como jueces y magistrados.

El Consejo de Europa ha instado en reiteradas ocasiones a los países miembros a que ajusten sus respectivas legislaciones a las normas comunitarias, especialmente las relativas a la criminalización de la corrupción, la inmunidad de los jueces, la organización de los órganos disciplinarios, conflictos de interés y declaración de bienes, así como aspectos relativos a la carrera judicial (contratación, promoción y despido de jueces). España, de momento, no ha adaptado a su ordenamiento jurídico, y con carácter general, estas reformas exigidas por Bruselas, algo que figura en su déficit como país democrático. El régimen de incompatibilidades de los jueces, el que permite que los magistrados puedan compaginar su trabajo en los juzgados con actividades paralelas, depende exclusivamente de los reglamentos internos, cuando debería estar regulado por ley orgánica.

Entre las directivas que Europa ha dictado en los últimos años contra la corrupción judicial destacan las que tratan de fortalecer las legislaciones nacionales para que sancionen “la corrupción y proporcionen todos los medios necesarios y el apoyo a su correcta aplicación mediante la investigación efectiva y el procesamiento de casos de corrupción en el poder judicial”. Bruselas exige a España, como Estado miembro, que adapte su legislación y lleve a cabo una adecuada evaluación de “las prácticas de corrupción en el poder judicial que son particularmente difíciles de descifrar, como las relacionadas con el intercambio de favores, la presión jerárquica o interferencia externa”.

 

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