lunes, 19 enero, 2026

Carlos Lesmes exige ahora “ejemplaridad” a los jueces

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha exigido “ejemplaridad” a los jueces, en su último acto al frente del órgano, donde ha afirmado: «Si los jueces hemos de ser algo, hemos de ser ejemplares, no baste el cumplimiento del deber formal, tenemos que transmitir valores a la sociedad».

Sin embargo, o quizás por eso, el escenario elegido fue Albacete, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que se encuentra actualmente bajo sospecha de corrupción judicial, aireada por las grabaciones de Villarejo a María Dolores de Cospedal y a su marido.

De hecho la Fiscal General del Estado, María José Segarra, ya ha destituido al fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, precisamente como consecuencia de esas sospechosas relaciones con la corrupción.

De esta forma se pretende desmantelar definitivamente desde la Fiscalía General del Estado el entramado de relaciones peligrosas que había mantenido María Dolores de Cospedal con la corrupción judicial en Castilla La Mancha y que recogía una famosa fotografía, aquella en la que la entonces presidenta castellano manchega presenciaba el 13 de septiembre de 2013 la toma de posesión del entonces nuevo fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, que sustituiría a José Javier Polo tras ser nombrado fiscal jefe de Madrid, acompañada claro está del sempiterno presidente del TSJ, Vicente Rouco Rodríguez, y de su mejor amigo en la judicatura, el presidente de la Audiencia Provincial de Toledo Manuel Gutiérrez Sánchez Caro. Los dos magistrados serían denunciados poco después también por su participación en actos de corrupción.

El Parlamento avanza en la despenalización de los piquetes durante la huelgas

El artículo 315.3 del Código Penal está causando auténticos estragos entre los representantes y afiliados sindicales que han participado en piquetes informativos durante las jornadas de huelga de los últimos años. La aplicación de este artículo ha llevado al banquillo de los acusados a al menos 300 sindicalistas, algunos de los cuales se han enfrentado a penas de hasta 8 años de cárcel, según informan fuentes de UGT.

El 315.3, incluido en el apartado de delitos contra los derechos de los trabajadores, establece que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”. Unidos Podemos, mediante una proposición de ley, exigió la eliminación del polémico artículo, así como el archivo de las causas y la anulación de las condenas contra todos aquellos sindicalistas que han sido llevados ante la Justicia por participar en piquetes informativos.

El Grupo Parlamentario Popular introdujo una enmienda a la totalidad contra la supresión de este artículo que numerosos juristas consideran “un ataque contra el derecho de huelga en sí mismo y en consecuencia contra la Constitución española”. Sin embargo, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada la enmienda de los populares y ha decidido continuar con la tramitación de la propuesta de ley que en su día impulsó Podemos. La decisión de la Cámara Baja ha sido aplaudida por sindicatos como UGT, que ha manifestado su “satisfacción” por el rechazo a la iniciativa del Partido Popular.

“Esta persecución del derecho de huelga forma parte de una campaña del Gobierno del PP, en la anterior legislatura, a través de la Fiscalía General del Estado y mediante medidas legislativas contra las libertades ciudadanas, así como un ataque continuo y sistemático a todo el movimiento sindical. El Gobierno del PP, utilizando su mayoría absoluta, aprobó una serie de reformas para acallar la protesta social (como la conocida Ley Mordaza) e intentar criminalizar y castigar el derecho de huelga, al amparo de un artículo en desuso, como es el 315.3 del Código Penal”, aseguran las fuentes de Unión General de Trabajadores.

De salir adelante la derogación del artículo, la Justicia se vería obligada a anular las condenas ya impuestas y se borrarían los antecedentes penales de las personas afectadas, que tendrían derecho a ser indemnizadas conforme al tiempo que hayan permanecido en prisión. Además, el dinero que hayan abonado en concepto de multa les sería reintegrado de inmediato. UGT recuerda que “desde hace años ha realizado llamamientos y movilizaciones a la derogación de un artículo en el que se expresa claramente un espíritu político y una forma de gobernar caracterizada por la restricción de derechos y libertades básicas de la ciudadanía, con el que se ha intentado silenciar la libre expresión de rechazo a las políticas implementadas durante la crisis económica, así como el hartazgo frente a la pérdida de calidad democrática”.

El PP, en su deriva autoritaria, decidió aplicar este artículo en medio de la crisis económica ante la gran conflictividad social y las mareas ciudadanas que protestaban contra los recortes de Rajoy. Hoy el 315.3, como otras normas restrictivas de derechos fundamentales promulgadas durante el gobierno popular, está a un paso de ser derogado.

Diputado machista de Cs cree que las mujeres no pueden ser marxistas

Machista y con toques de enorme incultura política, así es Saúl Ramírez el diputado de Las Palmas de Gran Canaria por Ciudadanos. Machista por despreciar a las mujeres como poseedoras de capacidad analítica, como poseedoras de conocimientos intelectuales y que al ser inferiores, o algo así ha dejado entrever, no pueden presentar propuestas con claros tintes marxistas. La diputada que ha tenido que aguantar esta burrada ha sido Eva García Sempere de Unidos Podemos/IU, quien ha sido la encargada de defender la Proposición no de Ley relativa a potenciar la industria y el cambio de modelo productivo. Igual lo ha pensado el diputado naranja, aunque no lo haya dicho, y le puede haber sorprendido que una mujer hable de Economía e Industria.

Como pueden ver en el vídeo adjunto, el diputado machista Ramírez ha dicho que “pensaba que iba a salir el señor Garzón porque todas las proposiciones que salían en el petitum básicamente son de corte marxista, son comunistas, entonces realmente esperaba que saliera él”. Como son cosas de comunistas que sea un macho el que defienda las posturas marxistas ha venido a decir. Y le han aplaudido sus compañeros, bueno los que quedaban con Toni Cantó a la cabeza como comisario político, todos hombres con risas en la cara. Dice el tal Ramírez que es Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la UOC y Diplomado en Gestión y Administración Pública por la UCM. Lo primero le puede venir bien para dar discursitos, pero lo segundo genera más extrañeza ya que en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología debió conocer no una, sino unas cuantas decenas de mujeres marxistas. O es que no pasaba por allí salvo para los exámenes.

Por tanto lo afirmado creemos que no es producto de incultura sobre el marxismo, sino una muestra más del machismo que hay en muchos representantes políticos. Y esto no es de micromachismo, esto es de machismo de libro. El suponer que una mujer por el hecho de serlo es menos capaz de ser marxista que un hombre, y quien dice marxista dice otra posición epistemológica, es tener metido en la cabeza que las mujeres son seres inferiores al hombre. Que ellas no son capaces de desarrollar un intelecto suficiente para ser marxistas (y si le añade leninistas igual le explota la cabeza al señor Ramírez) es menospreciar a la mujer. Claro que es casi normal en un partido que hace del cuñadismo su ideología, o no-ideología más bien, porque salvo defender los intereses de la clase dominante les vale el liberalismo, el conservadurismo, el nacionalismo, el populismo, lo que sea. Igual por eso les vale cualquiera para ser diputado.

Como era de esperar la frasecita no ha sentado nada bien a García-Sempere. Quien ha denunciado esa mentalidad machista del señor Saúl Ramírez. De hecho ha decidido, visto que era de Ciudadanos y ya se sabe qué tipo de partido son, tomárselo con cierto humor. “A Ciudadanos le sorprende que sea una mujer quien hace una propuesta marxista, y no Alberto Garzón. Pero ¡oye! ¡Seamos positivos! Ha sido capaz de reconocer algo como marxista. No desesperes, sigue estudiando, que en la siguiente fase igual reconoces un comentario machista”. Buena recomendación de la parlamentaria de Izquierda Unida, pero que caerá el balde roto porque en Ciudadanos, como contamos en estas páginas con asiduidad, son poco de estudiar. Así que no sería de extrañar que acaben sorprendiendo con alguna otra frase machista o una nueva boutade. Como inicio con que empezase por Rosa Luxemburgo, Margaret Benston, Selma James, por citar unas cuantas clásicas.

Ciudadanos reconoce que representan al Ibex-35

Los políticos y las políticas suelen utilizar palabras ambivalentes, eso que se llama significantes vacíos, para esconder sus verdaderas intenciones. Hablan de libertad pero jamás explican qué es para ellos y ellas esa libertad de la que hablan. Pero como en todo elemento que se intenta reprimir acaba saliendo. Esto es lo que les ha pasado a Juan Marín y a Albert Rivera. Tanto tiempo reprimiendo y escondiendo sus verdaderas intenciones, estar al servicio del Ibex-35, de la clase dominante, del establishment, que al final acaba saliendo de forma inconsciente. Vamos que no se dan cuenta de que están diciendo lo que no quieren decir. Como les pasa con esa España arcaica y fascistilla que suelen proclamar; como les pasa con ese centralismo jacobino que apoyan al no querer una Estado federal o federizante; o como les ha pasado en esta ocasión al declararse representantes del Ibex-35.

La clave del asunto está en la palabra “sociedad civil” que no es lo mismo que sociedad aunque jueguen a esa equivalencia. Ya se le escapó en el último mitin de España Ciudadana, esa plataforma de extensión del odio que han montado en Ciudadanos para que no le acusen a su propio partido, a Albert Rivera. Aquel día expuso que ellos (porque siempre son ellos) eran los “representantes de la sociedad civil” que habían llegado a la política para acabar con la corrupción y el bipartidismo, defender el constitucionalismo y el libre mercado. Y en efecto son representantes de la sociedad civil, no de la sociedad. No son ciudadanos libres asociados mediante la forma de partido político en busca del bien común, no. Son representantes salidos de la sociedad civil.

Uno puede pensar que como es Albert Rivera quien dice eso es un problema que él tiene con su inconsciente. Lo que refrenda esa represión que llevan dentro, porque como secta política que son hacen reuniones de reafirmación de su pensamiento, es lo que dijo ayer en Sevilla su candidato a la Junta de Andalucía, Juan Marín. El jefe del clan de la manzanilla afirmó que su “compromiso es con la sociedad civil, la Andalucía real”. En efecto, él está en política para favorecer a los empresarios andaluces a los que cataloga como lo real, lo que merece la pena de Andalucía. No extraña que muchos de sus cargos públicos provengan de lobbies, despachos de abogados con intereses financieros, de la banca o de grandes empresas. Son realmente la representación de la sociedad civil, del establishment, de la clase dominante.

Si ha llegado hasta aquí puede que como lector tenga aún ciertas dudas. Intentaremos aclararlas. Desde, al menos, Hegel la sociedad civil, tanto en el pensamiento liberal como en el socialista (no hay más que leer a Gramsci), es el contrapeso del Estado y donde se juntan no los individuos, no las personas, sino las organizaciones empresariales, las iglesias, los sindicatos, los lobbies, las ONGs, es decir, los grupos de intereses que establecen relaciones sociales con el poder político en base a su posición y la correlación de fuerzas existente en ese momento. Por tanto, en esa sociedad civil quien hoy manda y tiene la fuerza a su favor, salvo casos puntuales, es el Ibex-35 (como símbolo). Por tanto, son representantes no de personas, sino de intereses económicos principalmente. Reconocen así que ellos y ellas están en política no por el bien común de la ciudadanía sino de ciertos grupos económicos. Paradójicamente se llaman Ciudadanos en un intento de ocultar su verdadero rostro. El nombre como máscara de lobbies (como el armamentístico, el judío/israelí, el energético, el financiero…), de la fracción dominante que es la financiera al fin y al cabo.

Por tanto, en ese intento de ser más que el PP en la representación de los intereses de la clase dominante, descubren por descuido que representan a los poderes económicos y globales. No es de extrañar su pasión españolista pese a que muchas de sus propuestas están encaminadas a entregar todo lo que puedan al capital globalizado, es otra máscara. Y es esto o que son unos completos ignorantes, incapaces de saber qué dicen, sin la más mínima cultura (en personas que deberían ser letrados por sus currículums), personas de sonrisa de dentífrico puestos a dedo por su imagen mucho más que por sus cualidades personales. Porque hay que ser muy ignorante para confundir sociedad civil con sociedad, algo que es clave para cualquier tipo de análisis medianamente objetivo. Claro que, al ser hijos del Estado mínimo neoliberal, podrían estar mostrando el totalitarismo de la sociedad civil que sería la nueva forma de opresión de la ciudadanía y/o la sociedad. Aunque esto es demasiado refinado para estas mentes.

Adelante Andalucía apoya al sector del taxi y los autónomos

En Adelante Andalucía quieren visualizar y apoyar las demandas de los taxistas y las taxistas de Andalucía y Almería, porque hay que evitar la uberización de la economía andaluza “no podemos permitir que la falsa economía colaborativa se instalen nuestras ciudades, y que transnacionales como Uber o Cabify, que tributan fuera del país y con sedes en paraísos fiscales marquen las políticas de servicio público. Lo que hay que hacer es respetar el ratio entre taxi y Uber”. En este sentido Adelante Andalucía pide más inspecciones y controles para el estricto cumplimiento de 1:30, y es la Junta de Andalucía y el gobierno de Susana Díaz quien lo está dejando pasar.

En Adelante Andalucía están seguros que la uberización de la economía ataca directamente a sectores como el del taxi, y a sus familias, pero que también afecta a los trabajadores y trabajadoras y genera un modelo de negocio que implica precariedad. El taxi es un servicio público que debe generar empleos de mayor calidad y estabilidad, un sector que cumple con la fiscalidad y con su compromiso social.

Taxista orgulloso de lucir el cartel de Adelante Andalucía

Juan Miguel es un autónomo del taxi con su vehículo híbrido que de manera voluntaria se ofrece para llevar nuestro cartel de campaña. En Adelante Andalucía se sienten agradecidos y orgullosos, porque gracias a personas como él, de este sector y de otros que cada día colaboran en la campaña podrán construir una Andalucía más solidaria e igualitaria, y una Almería mejor representada en el Parlamento Andaluz.

Nuevos motivos de ilegalidad de la resolución del Popular

La última pregunta del formulario de la JUR solicita que se incluyan razonamientos por los cuales no se esté de acuerdo con la decisión adoptada en relación con Banco Popular. En este punto, se podrían incluir lo siguiente:

La comunicación de la JUR culmina un proceso de resolución a todas luces «ilegal y alegal» por los siguientes motivos:

1)   El comunicado de la Elke König de mediados de mayo a la agencia Reuters contradiciendo la confidencialidad, puso sobre aviso a las grandes firmas e inversores financieros expertos dejando a los minoritarios en una clara indefensión.

2) Las declaraciones del Ministro de Economía, Luis de Guindos, y otras autoridades con una presunta intención de engaño afirmaban, un mes antes de la resolución, que Banco Popular era solvente y su futuro lo decidirían sus accionistas.

3) La elección de Deloitte, ya que carecía de la independencia exigida para este proceso, a sabiendas de que una de las cinco firmas a las que se les ofrecería adquirir el banco era el Santander, y dicha firma había sido sancionada por una infracción muy grave por trabajos de auditaría realizados para dicha entidad.

4) La elección de venta a un tercero como mecanismo de resolución, contraviniendo los planes de resolución de Banco Popular para el cual esta opción no era la más aconsejable, y más sabiendo que las dos opciones que se habían barajado para el banco por parte de su presidente eran tanto la venta a un tercero, como una ampliación de capital, además de que el proceso de resolución debe maximizar el valor para los accionistas aparte de asegurar la viabilidad de la entidad, la recapitalización interna claramente hubiera sido mucho más beneficiosa para los accionistas, consiguiendo el mismo objetivo.

5) La permisividad de BCE, Banco de España y CNMV que, a sabiendas del proceso de resolución iniciado el día 23 de mayo mediante la elección de la firma Deloitte para valorar el banco, permitieron que la acción siguiera cotizando hasta el mismo día de la resolución.

6) La permisividad de BCE, Banco de España y CNMV, por permitir que Banco Popular no indicara su situación de liquidez en un hecho relevante a partir de mediados del mes de mayo, aspecto que era obligatorio dados los continuos comentarios en prensa sobre la negativa situación financiera del banco y su mala posición de liquidez, incumpliendo las ratios obligatorias.

7) Permitir que los últimos días la acción siguiera cotizando ante la ingenua posición de los minoritarios que seguían comprando confiando en el valor, ya que no había ningún hecho objetivo que hiciera suponer una resolución como esta mientras que, como se ha demostrado posteriormente, determinados agentes operaban en el mercado con información privilegiada deshaciendo posiciones en el banco, como, por ejemplo, las administraciones públicas que retiraron fuertes sumas de capital, lo que, en definitiva, sería el causante real del proceso de resolución.

8) La falta de transparencia a la hora de realizar la resolución, incumpliendo el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, puesto que se incumplió el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente. No pueden excusarse diciendo que el proceso de resolución aún no había finalizado, ya que la medida individual que afectó desfavorablemente a los afectados se tomó esa madrugada del 07/06/17 quitándoles sus acciones y amortizándolas sin previo aviso.

9) El proceso de venta no fue un proceso competitivo, ya que solo se invitó a cinco firmas nacionales. La oferta de Banco de Santander se realizó el día 07/06 cuando ya el supuesto proceso competitivo había acabado y solo estaban ellos como firma en la puja.

10) La JUR, en la decisión de resolución, no ha acreditado la posición de insolvencia de la entidad ni tampoco el posible incumplimiento de las futuras obligaciones de pago de Banco Popular con datos, por lo que no se ha motivado la resolución.

11) La JUR no tuvo en cuenta la ampliación de capital planteada y las ofertas de entidades para suscribir la misma.

12) La JUR no ha publicado el segundo informe de valoración definitivo.

En resumen, la resolución la provocaron la JUR, el BCE, el Banco de España, la CNMV, con la connivencia del gobierno del PP y de su ministro Luis de Guindos, porque en todas sus actuaciones previas no se vislumbra ni una decisión encaminada a resolver un posible problema de liquidez o de solvencia, sino, más bien, a provocarlo para llevar a Banco Popular a la resolución y venderlo al menor precio posible al Santander.

Florentino devasta una región indígena en Guatemala

Preocupado como estaba por la búsqueda de un entrenador «con flor», o algo parecido, para su Real Madrid, seguramente Florentino Pérez no habrá tenido tiempo de leer la entrevista que le han realizado a Bernardo Caal, un simple maestro de escuela rural-selvática, que ha sido condenado a siete años de prisión por protestar contra las operaciones de las empresas del presidente de ACS. ¿Qué puede llevar a un simple maestro a enfrentarse a una gran multinacional?: La devastación que sufre su pueblo por culpa del secado del río Cahabón en la región de Alta Verapaz en Guatemala. Un proyecto hidroeléctrico ha dejado sin recursos hídricos vitales a una ingente población de indígenas, de seres humanos, en la zona.

El presidente del gobierno guatemalteco Jimmy Morales, cómico de profesión, pero del mismo perfil ideológico que Jair Bolsonaro, ha permitido el encarcelamiento de Bernardo Caal porque el “progreso técnico” y los intereses de las clases adineradas pesan más que las irregularidades procesales. Primero el capitalismo, luego los derechos humanos. No nos damos cuenta, pero, poco a poco, en Guatemala o en Brasil, se desforesta, se esquilman recursos naturales vitales no sólo para las poblaciones indígenas allí asentadas, sino para todo el orbe. Por eso rara vez se comenta que han sido ya asesinados 21 jefes indígenas por las protestas contra la canalización del río realizada por Cobra, entre otras empresas, filial del grupo ACS de Florentino Pérez.

Al canalizar el río Cahabón para la construcción de una serie de represas y generar electricidad, ahora sólo circula agua a un 5%. Esto impide que los quekchí y los mayas que viven allí puedan dotarse del líquido elemento para lo más básico, beber y asearse. Son comunidades que viven en un entorno selvático, sin las comodidades de la casa de Florentino Pérez y a las que se está esquilmando de sus recursos en beneficio del capitalismo y las multinacionales.

Estas poblaciones, como viene sucediendo en el Petén, han sido expulsadas de sus lugares de origen debido a la tremenda guerra civil que asoló el país hasta 1996. Luego los distintos gobiernos no han sido mucho menos violentos, ni más respetuosos con los Derechos Humanos. De hecho, este mismo gobierno permite y acosa a indígenas de distintos lugares de Guatemala por motivos económicos. Son comunidades donde las personas viven con menos de dos euros al día y son completamente agrícolas. Por eso, la privación del agua mínima para su subsistencia ha generado las protestas.

No puede Florentino Pérez hacerse el no enterado de lo que sucede con los indígenas de la zona porque en 2.017 la ONG Alianza por la Solidaridad (ApS) le entregó en la sede de ACS 25.000 firmas para que dejase los proyectos Renace IV y V. Tal y como denuncian en la asociación, no se realizaron los mínimos estudios de impactos sociales, medioambientales y económicos, algo que fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, puesto que la empresa tiene residencia fiscal en la UE. Para mayor sonrojo del presidente Pérez, su empresa tiene firmado el Pacto Mundial que le compromete a respetar los Derechos Humanos y el medioambiente. También está acogido al Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE español establecido en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para favorecer la eficacia de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales en relación a la conducta empresarial responsable.

Desde ApS exponen que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en relación a la explotación de los recursos naturales en su territorio es una exigencia que establece Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, en vigor en Guatemala desde el año 1996. Si bien la primera autorización definitiva para utilizar los bienes de dominio público para este proyecto tuvo lugar en año 2004, hasta el momento no se ha consultado a los pueblos indígenas. Estos hechos suponen una vulneración de la legislación internacional y nacional y un quebrantamiento de todos los acuerdos firmados, además de situar la ética empresarial que dice defender Pérez en lo amoral.

Treinta kilómetros de río han desaparecido, con todo el impacto ambiental y humano que supone. En temas humanos no hay que ir muy lejos para ver cómo el presidente de ACS se mostraba partidario de construir el muro de la vergüenza entre México y EEUU. Pérez tiene claro que allí donde pueda sacar un euro el resto no importa, así se acabe con la selva o con el planeta.

Política de la ignorancia (De la acción devastadora de #susanacierraescuelas)

Uno de los dolores más punzantes que he sentido por mi pueblo, tuvo su origen en la oscura decisión del cierre de una de sus Escuelas Públicas. Nunca, hasta entonces, había visto juego más sucio y deplorable, de una mojiganga que le bailaba el agua a la Sabia Señora de la taifa, como fiel mascarada a la ignorancia.

Hubo un tiempo en que creímos que Albox habría de ser Centro de Educación y de Cultura de nuestra comarca malherida. Y a esa causa nos entregamos, con la persistencia del agua en la roca sedienta, media tribu albojense. Era la fuerza de la poesía del espíritu, en la que no hemos dejado de creer. El resplandor radiante persistió, mientras vivieron  quienes poseían el secreto de la lumbre avivada.

El cierre de la Escuela Pública “Francisco Fenoy” fue el comienzo de la sequedad y destrucción de todo aquello. Era un ataque en los mismos pilares de lo que habíamos construido. La muerte se había asentado con su ruindad, en los adentros de mi pueblo. Una partida de adoquines y cenutrios, tajados por encima de las cejas, sin atreverse a hablar –echados en su cobardía- bailaron la grotesca contradanza: Estos son. Miradlos bien. Tienen rostros y nombres. Los señalo ahí, retratados para la turbia historia, con su gesto de infamia para siempre.

Un pueblo (o un barrio) comienza -con su lenta agonía- cuando se apaga para siempre la luz de una Escuela, cuando desprende coágulos oscuros, y entra en una noche sin retorno. Por ahí empezaron su derrumbe tantos lugares, en los páramos desérticos y olvidados del país: sitios abandonados, tristes, fantasmales, vacíos de voces niñas, entre muros y techos desplomados.

Esta primera muerte, perversa, de mi pueblo, tendrá sus consecuencias. Ahí un hueco gigante que se traga el anhelo de conocimiento y de saber. La mano embrutecida que levanta su piedra amenazante y echa tierra sobre las páginas de un libro. Destruir aulas, deshacer lo creado, asustar las miradas infantiles.

Acabar con una Escuela Pública es signo de sinrazón y desvarío. Se desemboca aquí tras de un sombrío vasallaje al poder, que desprecia la claridad del pensamiento, y escoge su sometimiento al dinero, que siempre ignora la cálida respiración de las aulas. Ellos eligieron  la tosca política de la ignorancia, para propagar la Andalucía cerrada y ágrafa de Susana Díaz,  esa que se ha extendido como una mancha pavorosa.

Así, fueron llenándose del viento de embustes, traiciones y de promesas flácidas e inconsecuentes.

El fraude y la deslealtad al propio pueblo, la velada mano cainita que golpea el venerable cuerpo de la Educación, produce un daño irreparable de desamor, cuyas consecuencias destructivas sellan el mañana inmediato de mi pueblo.

El avance abierto de los pueblos ha de responder a una idea transparente de más Educación, mayor Cultura, más encendida intensidad y pujanza creadora. Lo contrario es arrancarle un ala, de manera bestial, al deseo de elevación de sus criaturas. Y esto estaba pasando, como un juego tristísimo, en Albox, sin que alcanzáramos a entender cómo se había gestado el  furibundo ensañamiento.

Me hiela el ánimo constatar que se han jugado la Educación como cambistas, tahúres y fulleros, en el centro más hermoso, más noble y que más respeto exige de una comunidad. Y que esta manera de convertir el arte y la virtud en vicio, llega desde la Lumbrera Máxima, con su cohorte de sometidos y lacayos. Cada uno de ellos ha cumplido, con nauseabunda fidelidad, su papel en la farsa.

La bufonada cruel es una exaltación de la ignorancia, en un lugar que era un clamor de cientos de personas por la dignidad de la enseñanza, la rehabilitación del edificio y su mejora sustancial. Pero ya estaba decretado su derrumbe. Y era necesaria la cadena de destructores de lo público, que avanzaba sin ver, sin escuchar y ajena a la luz de la razón. El fundamentalismo, la rigidez mental, había poseído al socialismo, pervirtiéndolo hasta mostrarlo con rasgos irreconocibles.

Venía la tiniebla desde la orilla del Guadalquivir, como sentencia, ocupaba despachos, pasaba entre naranjos, enajenaba a la Virreina del Almanzora y, en fin, entraba con su ferocidad, llevada a cuestas por los Sometidos.

Como contestación, dijimos que, había que planificar hacia el mañana, amando y defendiendo la enseñanza pública, sabiendo que los pueblos no pueden dejar que desaparezca un servicio esencial, campo de irradiación del saber y el crecimiento, como una Escuela. Y que lo porvenir descubriría sus desastres.

Que toda normativa que, minaba los Colegios por dentro e iba instalando su dinamita, no era inmutable, ni dogma de fe reverencial, y que había que cambiarla a toda prisa; antes de que hiciera saltar Centros Educativos por los aires, con ferocidad brutal, en toda Andalucía, cercados por la sinrazón del dinero. O lo que es lo mismo, la irracional miseria.

La dictadura del dinero no entiende de sutilezas, matices, ni de sensibilidades afinadas por la Educación; ni de pueblos clamando por la Escuela. ¿Con cuánta inocencia, y dignidad, miles de personas, demandaban cuanto era suyo y de sus hijos?

Lo importante, para ellos, no puede dejar paso a la banalidad de la enseñanza. A tales lumbreras, tal política.

Mientras las cabecitas pensantes de Sevilla, y su tenebrosa cofradía, nos cerraban el Colegio en Albox; en Olula del Río, se levantaban museos, estatuas, y la Ciudad de la Cultura, sin que Doña Ilustrada, ni el Pájaro Falsario (provincial), que siempre desafina,  se dieran por enterados, o dejaran de guerrear sordamente –sin entender, en su ignorancia- el sueño deslumbrante de Ibáñez para este valle huérfano.

Juan José Ceba es maestro, aljobense y candidato 11 en la lista de Adelante Andalucía por Almería

La “cultura” de la humillación avasalla a la ética.

El pueblo está sufriendo la “cultura” de la humillación, con cintas grabadas por los servicios secretos que se divulgan ahora, tras años de ocultamiento por los Poderes Estatales, que enseñan la podredumbre acumulada durante esta “semidemocracia” empantanada e infestada por las cloacas del Estado que vienen manejadas por algunos delincuentes convictos y confesos y otros miles que siguen en la impunidad.

En las redes y grandes medios de comunicación, esas noticias alcanzan a millones de personas que se asquean de lo que se les muestra como política, perjudicando y ensuciando a tantas personas que honradamente luchan  en sus pueblos, ejerciendo la política del bien común para mejora de la ciudadanía, sean como Concejales, Alcaldes o simples afiliados a Partidos u organizaciones democráticas.

El nuevo eufemismo de las “fake news”, por mucho que lo disimulen,  quiere decir “mentiras podridas” y corren como un reguero de pólvora para desvelar u ocultar esa poza de excrementos en las que viene chapoteando un sector de la casta política. Igualmente se utiliza para desprestigiar, calumniar y destrozar al adversario, sin reparar si es inocente o culpable, utilizando el método terrible de “primero disparar y luego preguntar”.

Documentos grabados alcanzan enorme precio para que sean activados o desactivados en el mercado negro de la corrupción capitalista, que pueden destruir en pocas horas la reputación de personas tanto si son criminales, corruptos, como sin son personas honestas, cuestión agravada porque la justicia es lenta,  llega tarde y a veces es injusta.

Correos privados ven la luz porque tienen un máximo valor político pues desvelan a ladrones, estafadores y evasores, que deberían sentir vergüenza de sus actos, pero listas de evasores que acumulan miles de millones en Paraísos Fiscales siguen teniendo una clara impunidad, bajo la cobertura del “secreto bancario” y “secreto de Estado”, que deberían ser eliminados de inmediato, porque necesitamos claridad y ética o los Poderes del Estado seguirán apareciendo como cómplices y colaboradores necesarios de tanta inmundicia.

En el capitalismo todo tiene un precio y se ha instalado esa nueva “cultura” de la humillación donde el periodismo combativo busca la verdad, mientras el sumiso,  fabrica y  expande las mentiras, lo que demuestra que este modelo originado en el modelo del 78, está agotado pudiendo entrar en agonía, no solo por eso, sino por la crisis económica que viene. El modelo ha arrasado cualquier tipo de moral o ética, violando permanentemente los DDHH,  y si no se limpian bien las heridas causadas, mediante un combate firme que erradique la corrupción, nos podrían llevar a la catástrofe.

Esa humillación pública tiene enorme precio para personas decentes, que luchan desde abajo y que son críticas contra este estado de cosas, siendo señalados como “políticamente incorrectos” cuando denunciamos los abusos del capitalismo como la causa de todos los males e incluso son atacados injustamente y a veces se demuestra judicialmente que son inocentes. Vemos el encarcelamiento de raperos, titiriteros, humoristas o por maldecir a los dioses, porque “dañan la sensibilidad” de los creyentes” y sufren las consecuencias, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluso con más cárcel que aquellos que roban millones y cometen crímenes horrendos.

Ese enorme coste es tal, que algunos jóvenes se quitan la vida por  amenazas online, o por bullying,  o  chicas que son violadas y se condena a sus violadores como “acoso sexual” llevando de por vida esa carga que no pueden soportar, o la persecución de sectores sensibles de LGTBI, de etnias diversas, migrantes  y otros colectivos que son perseguidos porque  no les agradan a las derechas y algunos inocentes pagan con su vida esas acciones violentas y criminales.

A veces hemos visto que la condena de un violador, por ejemplo, es más leve que la de uno que roba millones, surgiendo entre el pueblo la pregunta: ¿A qué clase favorece la Justicia, al rico o al pobre? Porque vemos que el precio que se paga,  tiene a veces más que ver con el nivel económico del  acusado que con el delito cometido, lo cual desprestigia al Poder Judicial pero también al Poder Legislativo, al Ejecutivo e incluso al Cuarto Poder,  que llevan 40 años de esta “semidemocracia con reminiscencias franquistas” y  han sido incapaces entre todos de actualizar las leyes, sacar a los fusilados de las cunetas y poner la “momia” donde le corresponda. No han ilegalizando el “terrorismo golpista” de la apología del franquismo. Precisamos con urgencia adecentar esta “Democracia” homologándola a otros países de Europa.

Todo ello ha venido siendo tolerado e incluso desde ciertos sectores próximos a la Iglesia Católica con Emisoras, TVs  y Gobiernos afines, consentido y alentado. La prensa amarilla y rosa a veces se aprovechan de noticias, sin contrastarlas eficazmente, sin importarle su veracidad, las empaquetan en esa especie de oligopolio y las venden al mejor postor, o chantajean previamente a los afectados,  que si se someten y  pagan,  las ocultan bastante tiempo, con lo cual consiguen  que cuando se destapan  ya están los delitos prescritos.

Se ha roto el equilibrio interno entre camarillas y partidos dominantes corruptos, surgiendo esel mercadeo navajero creciente de la calumnia, el chantaje y la humillación pública que se ha convertido, desde el punto de vista de la rentabilidad capitalista en un gran “oligopolio de potentes medios de comunicación”. Fortalecen ese nuevo nicho como subproducto de la “perversión lingüística”, que a algunos les está resultando muy rentable,  pues se aprovechan de esa nueva mercadería que tiene el valor real de un excremento, pero que se cotiza a precio de oro. No menciono nombre de ninguno de ellos pero cada cual tiene en su mente al que se le venga a su memoria por ser permanentes tertulianos de la Sexta.

El capitalismo lo rentabiliza todo y esta es la nueva “industria” de la difamación, el encanallamiento y la vergüenza pública, cuyas basuras almacenadas por algún que otro “comisario manipulado por los servicios de inteligencia”, ha colaborado y favorecido al PPartido que nos ha venido Gobernando ilegalmente, dopado con dinero de la Caja B, que utilizaban esos procedimientos mafiosos, que al final ha resultado muy rentable para algunos.

Estos si son “políticos presos” como ese que sabe tanto de “contabilidad extracontable” en A y B que tiene “presuntamente  más de 48 millones en Paraísos Fiscales y pronto saldrá de la cárcel sin devolverlos para disfrutar en “Paraísos Caribeños”, juntos a sus compinches, los   recursos detraídos de las arcas del Estado y acumulados en la Deuda Pública que sobrepasa ya más del Billón de Euros.

Ese capitalismo mafioso ha entrado desde hace tiempo en un ciclo muy peligroso, Cualquier noticia inventada o real, manejada por grandes inversores de bolsa,  por ejemplo, que controlan grandes fondos buitres procedentes de esas extorsiones, pudiesen presentarles una opa hostil a un Banco o incluso al Estado, haciéndoles quebrar o pueden provocar una catástrofe financiera que adelante la próxima crisis cíclica del capitalismo.

Mientras que exista la economía de mercado de este capitalismo salvaje, negándose la posibilidad de la planificación científica, las crisis serán inevitables, pues las diversas teorías sobre sus causas, sus repeticiones y su duración son contempladas dentro del pensamiento económico marxista, y cada vez más economistas las asumen desde posiciones liberales aunque procedan de distintas escuelas, marxistas y no marxistas, estudiadas como crisis  “de onda larga”, descritas por Parvus, Trotsky y otros, en sus ciclos de cuarenta a cincuenta años, también desarrolladas por Kondratieff y Kitchin, fases ligadas a la evolución tecnológica según Schumpeter y demás economistas, como crisis menores de 9 a 11 años.

La actual cultura financiera burguesa saturada de podredumbre, encanallamiento y virulencia, está siendo aceptada impunemente por los grandes Poderes Internacionales, como el FMI, la Banca Mundial, o el Banco Central Europeo, que conocen todos estas maniobras pero no hacen nada para evitarlas porque en realidad son instrumentos creados por el propio Capitalismo/Imperialismo, al cual estos “eminentes burócratas” se someten,  para continuar robando a los pueblos, con la explotación, la opresión y los abusos.

También crece el ciberacoso, el bulling, las violaciones, los abusos sexuales, la xenofobia, el tráfico de drogas, la trata de blanca, la ingeniería financiera, el racismo y demás violaciones de los DDHH por particulares y por los Estados, con el nuevo giro hacia el “nacionalismo económico” que alimenta la deriva “neonazifascista” que están experimentando las derechas extremas, que han abierto descarada y canallescamente la recluta de grupos mercenarios violentos de los Partidos afines.

Si el pueblo no se organiza pronto para frenarles, los violentos no tardarán en utilizarlos contra los sindicatos, partidos y organizaciones de izquierdas, para desactivar sus luchas, cuando las masas fortalezcan sus reivindicaciones reclamando todo lo que les han venido robando durante años, poniéndose frente a frente la clase trabajadora contra la clase capitalista, retándose mutuamente para ver quién prevalecerá.

A la vez que las derechas se radicalizan, también el proceso molecular de toma de conciencia de las masas, con sus organizaciones de izquierdas,  se empiezan a mover hacia la lucha social, pasando por las tres fases principales: polarización, radicalización y la politización, donde cada día más gentes están asumiendo los postulados del Cambio por la República, creciendo a su vez el objetivo del socialismo científico y la exigencia de una democracia plena, que se está manifestando entre amplios sectores de la juventud, el feminismo, los pensionistas y la clase trabajadora en general.

Entramos en una larga fase electoral iniciada con los votos que ejercerá el pueblo de Andalucía,  llamado a las urnas para el 2 de Diciembre, pero que continuará durante todo el próximo año por lo que tenemos que continuar la lucha democrática por la defensa de los Derechos Civiles y avanzar hacia un nuevo tipo de Estado, que no sea ni capitalismo ni estalinismo, ambos modelos probados como inservibles para el pueblo llano. El modelo a construir debe ser profundamente democrático, lo que es tarea de la ciudadanía y,  a su vez,  que represente los intereses de los pobres, los necesitados, juventud, clase trabajadora y amplios sectores de capas medias empobrecidas por la crisis.

Debemos escoger lo mejor del socialismo científico, como son sus análisis y perspectivas, el programa, el método democrático, la táctica y la estrategia global, para unir las fuerzas necesarias que permita poder planificar la economía, pero aplicada de forma completamente democrática, evitando cualquier desvío al populismo, que pudiese derivar en bonapartismo, para evitar el peligro de la “Dictadura del Capital o el modelo periclitado de la “Dictadura contra el Proletariado” que tanta violencia y muertes han producido durante la historia.

Esos objetivos requerirán,  para avanzar en su conquista,  una batalla permanente y a fondo por la democracia a todos los niveles, en lo político, económico, social, cultural y científico, para avanzar hacia la superación de los tres problemas principales que amenazan a la humanidad, como son las cuestiones sociales, la cuestión territorial  nacional y fronteriza y la Ecología para defensa del Medio Ambiente.

Bajo el capitalismo,  tanto el planeta Tierra como la clase trabajadora y los pueblos, están sometidos al peligro inminente del Cambio Climático y con ello a largo plazo también la propia especie humana. No hay tiempo que perder y la lucha por un mundo mejor es más urgente que nunca, pero nos debemos exigir comportamientos éticos unos a otros y como decía el Abuelo Pablo Iglesias: “Elegid a los mejores, pero luego, vigiladlos como si fuesen canallas”.

Caso Popular-Santander: récord histórico de demandas en Europa

El punto 6 del cuestionario de la Junta Única de Resolución se centra en el establecimiento de la jerarquía de acreedores y las contingencias jurídicas en caso de procedimiento de insolvencia ordinario tanto en el informe de valoración 3 de Deloitte como en la Comunicación de la JUR. Este aspecto podría ser respondido del siguiente modo:

En cuanto a las contingencias jurídicas apartado 4.9 del informe de valoración y la solicitud por parte de la JUR para que los accionistas afectados hagamos uso del derecho de audiencia concedido para comentar sobre ellas, se podría interpretar como un error o una burla, teniendo en cuenta que gran parte de la información contenida en este apartado y, básicamente, la más relevante se encuentra oculta bajo un supuesto derecho de información confidencial. No se realizará ninguna valoración al respecto ya que la información oculta en este punto no permite discernir si se ajustan a derecho o no. Aun con todo ello, es curioso que una de las contingencias legales vaya asociada a la propia resolución y venta de la entidad. Si Banco Santander tuviera claro que se hicieron las cosas bien tanto por la JUR como por ellos en ningún caso hubiera incluido estas contingencias legales en su previsión.

Sobre el considerando 26 de la comunicación de la JUR es curioso que se mencione que no se tuvieron en cuenta reclamaciones adicionales en el procedimiento de valoración realizado el 06/06/17. Teniendo en cuenta que los criterios utilizados en ambas valoraciones son de lo más dispares entre ellos, y que los importes incluidos son irrelevantes para el resultado final de la valoración 3, no se entiende el porqué de esta mención y es de suponer es un nuevo error de la JUR en su afán de dar apariencia de legalidad ante el futuro procedimiento judicial que se le viene encima en el TJUE con más de 90 demandas interpuesta por el procedimiento de resolución.

Lo que es conveniente que sepan tanto la JUR como Banco Santander al respecto de las contingencias jurídicas de la resolución son varias cosas:

  • Que es el conflicto con más demandas interpuestas ante el TJUE desde la creación de este tribunal.
  • Que en España hay interpuestas multitud de demandas penales y denuncias ante la fiscalía por este procedimiento de resolución y venta ante la Audiencia Nacional que se están sustanciando bajo un único procedimiento.
  • Que en España hay interpuestas multitud de demandas civiles por el procedimiento de resolución contra Banco de Santander algunas de las cuales han llegado ya a instancias de Audiencias Provinciales, siendo la mayoría favorables a los afectados.
  • Que en España hay multitud de afectados por la resolución de Banco Popular pendientes de la decisión final que tome la JUR en cuanto a una posible compensación por la expropiación de las acciones, y pendientes de recibir toda la información necesaria, para si, llegado el caso, fuera necesario interponer las demandas civiles y penales que se considere para que se haga justicia en esta expropiación realizada por una autoridad europea sin compensación alguna y sin precedentes que ha atentado contra el principio más elemental del derecho a la propiedad privada y a otros derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

Pretender hacer creer que un banco como Banco Popular no era solvente o que vale más o menos por tener un propietario u otro es de lo más cínico que se ha visto. Pretender hacer creer que Banco Santander se quedó con Banco Popular sin valer éste nada es otra acción irresponsable. El banco cántabro, como toda entidad bancaria, tiene como objetivo maximizar beneficios y si decidió quedarse con Banco Popular es porque le daba algún valor, otra cosa es que, puestos a pagar, si te ofrecen el banco diciendo que no hay más ofertas que la tuya, uno intente minimizar el precio de adquisición maximizando así beneficio y por ello ajustó la oferta al valor detallado por Deloitte en su informe de valoración 1, dato que, a buen seguro, pudo haberle sido aportado a Banco Santander en el proceso de adquisición reafirmándose de nuevo con ello la tesis de la connivencia entre todos los agentes implicados en la resolución, Banco Santander, la JUR, Deloitte, BCE, CNMV, Ministerio de Economía, etc.