lunes, 19 enero, 2026

10 propuestas de Adelante Andalucía para Almería

La confluencia de izquierdas Adelante Andalucía presenta estas diez medidas concretas para la provincia de Almería.

1.- Nuevo modelo turístico para la provincia de Almería vinculando el reconocimiento del prestigio de las instalaciones hosteleras, a las condiciones laborales de sus trabajadoras, creación de empleo estable. Medidas que fomenten el turismo no estacional y promuevan la actividad turística desde una perspectiva ambiental, mediante prácticas sostenibles. Garantía de preservación de los recursos naturales y patrimoniales, en especial en la franja del litoral y sus espacios naturales protegidos

2.- Mejora de las infraestructuras provinciales que comuniquen la provincia entre sí y con el exterior. Fin del aislamiento:

  • Finalización la autovía del Almanzora.
  • Red de trenes de cercanías en el Bajo Andarax y Poniente.
  • Plan de acondicionamiento y remodelación de las carreteras autonómicas.

3.- Parar la sobreexplotación de los acuíferos almerienses como el Río Aguas, revisar los permisos de agua. Protección de los acuíferos como garantía de sostenibilidad en el tiempo de nuestro modelo agrícola.

4.- Refuerzo de la atención primaria en todos los centros de salud de la provincia con especial atención al refuerzo de las especialidades en los mismos.

5.- Realizar un estudio de las plazas de trabajadores sociales necesarias para la cobertura en toda Almería tanto de atención primaria -garantizando que exista al menos un trabajador social por centro de salud- como hospitalaria para poder evaluar el número de plazas reales que faltan; sustituyendo de forma inmediata las bajas laborales y jubilaciones no cubiertas.

6.- Implementar centros de acogida y de información a mujeres víctimas de violencias machistas en zonas rurales. Impulsaremos asociaciones de mujeres y feministas en el ámbito rural que realicen acciones de apoyo a las víctimas, con las que coordinar, también, campañas de sensibilización.

7.- Protección del modelo familiar de explotación agrícola almeriense frente a grandes empresas y fondos buitre, un modelo mucho más respetuoso con los recursos naturales del territorio, potenciando el ecológico y velando por el cumplimiento del convenio colectivo.

Vincular las ayudas de la PAC a la creación de empleo no a las hectáreas cultivadas.

8.- Políticas transversales contra la despoblación de la Comarca del Almanzora, Filabres-Alhamilla y la Alpujarra Almeriense. Apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos en estas zonas como son:

  • Los centros salud con una atención primaria completa y de calidad.
  • Los colegios e institutos públicos, incluyendo Grados Formativos de Grado Medio y superior.
  • Llegada de fibra óptica
  • Mayor inversión en infraestructuras públicas y transporte interurbano.

9.- Políticas integrales para combatir la pobreza y precariedad en nuestra provincia, en especial de las mujeres y familias monomarentales:

  • Facilitar el acceso a viviendas adecuadas mediante rehabilitación de viviendas o construcción de viviendas públicas, bien en régimen de alquiler, alquiler con derecho a compra o compra.
  • Asegurar la luz y el agua como servicio básicos y universales. Política de cortes cero para las familias almerienses.
  • Impulsar un plan especial de erradicación del chabolismo y eliminación de infraviviendas. Destinar parte de Fondos Social Europeo y los FEDER a la eliminación de las infraviviendas y la erradicación del chabolismo en nuestra provincia.

10.- Realizar una intervención planificada para declarar, recuperar y conservar, aquellos Bienes de Interés Cultural abandonados en nuestra provincia.

‘Adelante Andalucía’ denuncia ante la Junta Electoral al Presidente del Parlamento

La Coalición de izquierdas ‘Adelante Andalucía’ formalizó esta semana una denuncia ante la Junta Electoral de Andalucía contra el dirigente socialista cordobés Juan Pablo Durán, por la comisión de presuntas ilegalidades en calidad de Presidente del Parlamento de Andalucía, la segunda autoridad institucional de la comunidad.

Según el texto de la denuncia, a la que ha tenido acceso Confidencial Andaluz y que reproducimos, el Secretario General del PSOE de Córdoba habría utilizado el cargo y los medios institucionales a su disposición como Presidente del Parlamento para celebrar cerca de una veintena de actos claramente electorales entre el 15 de octubre y el 11 de noviembre – ya convocado el proceso electoral– todos dentro de la circunscripción de la que es candidato como cabeza de lista de su partido del que es, además, Secretario General.

La celebración de dichos actos, según Adelante Andalucía, incumplirían el artículo 50.1 y 50.2 de la LOREG, por ser esta la legislación aplicable en defecto de regulación expresa en la LEA. “Los actos realizados por el Sr. Durán vulneran de forma clara la doctrina establecida por la Junta Electoral Central en su Instrucción 2/2011 de 24 de marzo de 2011 que establece cuáles son las campañas y actos permitidos en períodos electorales”.

 

AGENDA DE JUAN PABLO DURÁN EN CÓRDOBA

ENTRE EL 15 DE OCTUBRE Y EL 11 DE NOVIEMBRE 

Lunes 15 octubre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, asiste al acto de inauguración del Encuentro de Negocios Speednetworking del Festival Eutopía.

Hora: 10:00 Lugar: Salón de Actos del IAJ Córdoba (c/Adarve,2

Jueves 18 octubre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, asiste junto al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, a la presentación de la Agenda Urbana de Andalucía

Hora: 10:00 Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de Córdoba (c/Torrijos, 10)

Viernes 19 octubre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, realiza una visita institucional a Villa del Río (Córdoba). En primer lugar, será recibido en el Ayuntamiento por el alcalde, Emilio Monterroso, y, tras saludar a la Corporación, firmará en el Libro de Honor. Posteriormente, mantendrá una reunión con empresarios de la localidad en el CEMER (Polígono Industrial de la Vega) y visitará las instalaciones de la empresa del sector de la madera Pérez e Hijos Fábrica de Sillas

Hora: 10:00 Lugar: Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba)

Viernes 26 octubre El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, asiste al acto organizado por la Federación Andaluza Jugadores Azar Rehabilitados (FAJER).

Hora: 10:00 Lugar: Salón de Usos Múltiples. Parlamento de Andalucía

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán Sánchez, realiza una visita institucional a Palma del Río (Córdoba).

Hora: 17:00

A las 17.00 horas, el presidente llega al Ayuntamiento de Palma del Río (Plaza Mayor de Andalucía, 1), donde será recibido por el alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, después saludará a la Corporación municipal y firmará el Libro de Honor.

Sobre las 17.15 horas, atenderá a los medios de comunicación.

A las 18.00 horas, el presidente del Parlamento de Andalucía, junto a otras autoridades, se desplaza al Monasterio de San Francisco (avda. Pío XII, 35), para asistir a la inauguración de ‘Disoñamos 2018’.

Lunes 29 octubre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, asiste a la presentación del libro “El español que exploró California: Juan Rodríguez Cabrillo (C. 1497-1953) De Palma del Río a Guatemala”, de la Doctora Wendy Kramer.

Hora: 11:00 Lugar: Salón de Actos de la Casa Cilla. (Archivo General de Indias. c/Santo Tomás, 5) Sevilla

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, imparte una Conferencia sobre “Los valores de la actividad física y el deporte desde la perspectiva política”, que inaugura el Ciclo organizado por el Círculo de la Amistad de Córdoba.

Hora: 20:00 Lugar: Salón de Actos. Delegación de Cultura, Turismo y Deporte (c/Capitulares, 2) Córdoba

Lunes 5 noviembre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, realiza una visita institucional a Montoro (Córdoba). Primero acudirá al Ayuntamiento, y a continuación mantendrá una reunión con empresarios de la localidad

Hora: 19:45 Lugar: Ayuntamiento de Montoro (Córdoba) Martes 6 noviembre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, realiza una visita institucional a Valsequillo.

Hora: 10:00 Lugar: Ayuntamiento de Valsequillo (Córdoba)

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, realiza una visita institucional a El Viso. Tras saludar a la Corporación, recorrerá las instalaciones de la empresa Mezclas El Valle y después mantendrá una reunión con trabajadores de ayuda a domicilio.

Hora: 11:00 Lugar: Ayuntamiento de El Viso (Córdoba)

Viernes 9 noviembre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, realiza una visita institucional al Centro de Innovación Andaluz de la Construcción (CIAC)

Hora: 10:00 Lugar: Sede CIAC (c/Astrónomo Kepler, 4)

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, acompañado del delegado de Conocimiento y Empleo, Manuel Carmona, realiza una visita institucional a la Escuela de Joyería de Córdoba. En primer lugar, harán un recorrido por el aula de diseño y después la de elaboración y reparación de joyería. Después visitarán el Museo de Joyería del Parque Joyero y la colección ‘La Ciudad Brillante’.

Hora: 12:00 Lugar: Escuela Joyería del Servicio Andaluz de Empleo (Ctra. Palma del Río, km. 3,5)

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, realiza una visita institucional a Baena. En primer lugar, saludará a la Corporación municipal en el Ayuntamiento y atenderá a los medios de comunicación. Después, se traslada a cine Coliseo para asistir a la I edición de los premios D. Salvador de Prado Santaella de la Fundación Caja Rural.

Hora: 19:00 Lugar: Ayuntamiento de Baena (Córdoba)

Sábado 10 noviembre

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, asiste al II Foro Andaluz de Empresarias y Profesionales, organizado por Fepc

Hora: 09:30 Lugar: Salón de Actos. Facultad de Filosofía y Letras. Plza. Cardenal Salazar. Córdoba Domingo 11 noviembre El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, visita la Feria de los Municipios 2018 de la Diputación Provincial de Córdoba.

Hora: 12:00 Lugar: Palacio de la Merced. Córdoba

Artículo publicado en Confidencial Andaluz

Diario16 descifra el difuso cuestionario que la JUR ofrece a los afectados del Popular (IV)

Como venimos informando en estos últimos días, la Junta Única de Resolución ha puesto a disposición de los afectados un formulario farragoso que ha generado muchas dudas. En la cuarta cuestión la JUR indica lo siguiente: «El considerando 23 de la Comunicación de la JUR y las consideraciones contenidas, en particular, en la Sección 2.2.2 del Informe de Valoración 3, contemplan la consideración de tres períodos de liquidación alternativos (18 meses, 3 años y 7 años). ¿Desea aportar algún comentario / opinión al respecto?». A esto se podrían exponer los siguientes argumentos:

Está muy bien «considerar una serie de escenarios alternativos y de posibles estrategias que el liquidador podría haber aplicado con el fin de maximizar las realizaciones para los acreedores en un plazo razonable» como indica Deloitte en este punto, si se tiene vocación de pitonisa. Suponer que el proceso de liquidación hubiera durado más de un año, por lo que no se hubiera podido cambiar el liquidador, así como analizar tres escenarios para la realización de activos de 18 meses, tres años y 7 años tiene un escaso valor científico a la hora de valorar el banco de una forma objetiva ni siquiera bajo el prisma de una liquidación de la entidad. ¿Y por qué no se partió de la premisa de que algún banco extranjero hubiera comprado popular por 1300 millones al día siguiente de iniciar la supuesta liquidación? Lo que realiza Deloitte en este punto es realmente grave desde el rigor científico a la hora de valorar, sobre todo cuando los escenarios futuros pueden ser infinitos e inciertos y, lo más grave de todo, da a entender que la metodología empleada va dirigida a conseguir el resultado deseado, que no es otro que confirmar el informe de valoración provisional 1, realizado también por Deloitte en 14 días y sin datos fiables para su realización.

Deloitte por el método empleado, por el timing tanto en la valoración provisional como en la valoración 3, da a entender que, como finalidad de su trabajo, no tiene como objetivo realizar una valoración razonable, prudente y realista de su activo y pasivo, como exige el Reglamento 806/2014 sino que su finalidad es confirmar que la resolución se ha tomado de manera correcta y que el precio pagado por Banco Santander se ajusta al valor de la entidad.

Llegado a este punto, a Deloitte le delatan sus miedos, ya que en ambas valoraciones intenta cubrirse de un conjunto de excusas y suposiciones para no hacerse responsable del trabajo realizado, llegando a afirmar lo siguiente: «Ni Deloitte, ni ninguna de sus empresas asociadas, empleados o socios, asume ninguna obligación o responsabilidad, y en ninguna circunstancia serán obligados o responsables ante la JUR o cualquier tercero por las decisiones o medidas que la JUR o cualquier tercero pueda adoptar en relación con el informe o con cualquier otro consejo, información u opinión facilitada por Deloitte a la JUR». Esta última afirmación confirma que Deloitte no confía en ninguno de sus dos informes, en el primero porque se realizó en 14 días y sin información fiable; en la valoración 3 por el escaso rigor científico dado que el futuro no se puede predecir y puede cualquier conclusión diferir de la realidad futura de una forma relevante como también dicen ellos en este informe.

Lo que Deloitte sí que sabía cuando firmó el contrato con la JUR es que su valoración 1 serviría de justificación para realizar la resolución y que su valoración 3 serviría de excusa para no pagar nada a los legítimos accionistas de Banco Popular.

Cómo manipuló el Estado al pueblo para imponer la Monarquía

El pueblo español empieza a despertar respecto a su percepción de la Monarquía y su difícil encaje en una democracia. El último ejemplo de ello lo encontramos en la carta remitida por el Grupo Confederal Unidos Podemos a Juan Carlos de Borbón en la que le solicitan que comparezca a petición propia para dar explicaciones al pueblo español sobre las actitudes presuntamente irregulares que pudiera haber cometido durante los años en los que ocupó la Jefatura del Estado que tuvieron como consecuencia principal un supuesto enriquecimiento ilícito, según confirman informaciones de diferentes medios extranjeros, además de las grabaciones realizadas por el ex comisario Villarejo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que ésta reconocía que fue utilizada como testaferro para ocultar propiedades y patrimonio en el extranjero.

Hay un hecho muy importante que demuestra cómo la Monarquía ha sido mantenida donde está: los españoles no son monárquicos, más bien eran juancarlistas. Lo que los españoles no han sabido hasta hace poco tiempo es cómo fueron utilizados por quienes pretendían mantener la voluntad de Franco respecto a quien debía sucederle en la Jefatura de Estado. En primer lugar, Adolfo Suárez reconoció en una entrevista cómo había manipulado las cosas en el referéndum para la reforma política de diciembre de 1.976. En concreto, el ex presidente dijo que «cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así. En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1.978 sobre la Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete de la Carta Magna también a la Monarquía.

Estas dos consultas son las que utilizan como argumento quienes defienden a los Borbones y su permanencia en la Jefatura de Estado. Un argumento que es falso porque en ningún momento el pueblo español ha tenido la oportunidad de decidir libremente sobre la permanencia del modelo monárquico y la instauración de la República.

Sin embargo, esto está cambiando y la ciudadanía está despertando. En España se suceden las iniciativas, las consultas populares y los movimientos en favor de un referéndum en el que, de una vez por todas, el pueblo sea quien decida. Darle la palabra a los y las ciudadanas no va en contra de la ley ni del orden democrático, sino todo lo contrario, lo refuerza. En Italia, por ejemplo, el día nacional no es la conmemoración de ningún hecho bélico o patriótico, sino que se celebra, precisamente, el día en que el pueblo italiano votó entre Monarquía o República en el año 1.946.

El crecimiento de las iniciativas populares en contra de la Monarquía y en favor de la República, además de los movimientos de los partidos de izquierda congruentes con su ideología, demuestran que, al fin, la ciudadanía despierta y reclama lo que les fue arrebatado en 1.978. La caída de la imagen de Juan Carlos de Borbón, las sospechas de comportamientos corruptos y de enriquecerse presuntamente a costa de la imagen de España, la inacción de la Casa Real frente a los desmanes del neoliberalismo y del austericidio de Europa, el posicionamiento con posturas más propias de la extrema derecha que de un representante democrático o el mantenerse al margen de las necesidades del pueblo mientras se celebran fastos más propios de la Edad Media que del siglo XXI, son algunos de los aspectos que han hecho que la ciudadanía reclame lo que se les hurtó en la Transición porque, como decíamos, los y las españolas no eran monárquicas sino juancarlistas y, una vez que cayó la imagen campechana del anterior Jefe del Estado, se hundió la aceptación de la Monarquía.

Margarita Robles huyó de la judicatura por el escándalo de los cursos para jueces

Cuando Santiago Pedraz, titular del juzgado central penal nº 1 de la Audiencia Nacional, empezó a recibir la documentación que estaba recabando la UDEF sobre las actividades de Ausbanc, le llamaron la atención unos dípticos que anunciaban jornadas y foros judiciales organizados con dinero que luego se supo que procedían de la extorsión. Y se quedó boquiabierto cuando, al examinar la relación de participantes, vio los nombres de jueces que no trabajaban precisamente en pequeñas localidades. Todo lo contrario: jugaban en primera división y algunos en la Champions. De magistrados de Audiencia Provincial hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

Ese mismo día, Cristina Onega, periodista que había empezado haciendo información en la Audiencia Nacional para los telediarios, palideció cuando vio la cara de su jefe, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Como directora de comunicación, la había llamado a su despacho. Había que difundir un comunicado muy importante. A la prensa había que transmitir que “la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible”, según dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo empezaban a circular actas de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, como una del 16 de marzo firmada entre otros por Carlos Dívar, Margarita Robles y Manuel Almenar, cuyo acuerdo 60 decía textualmente: “conceder, con efectos retroactivos, a doña María José Rivas Velasco, magistrada con destino actual en el juzgado nº 4 de Primera Instancia de Granada, licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial a disfrutar los días 11 y 12 de marzo de 2010 para asistir al Foro de la Justicia organizado por Ausbanc Consumo en Marbella”.

Fue entonces cuando Margarita Robles decidió huir de la judicatura por el escándalo que se avecinaba, presentándose con el PSOE a las elecciones generales, lo que fue aprovechado por Lesmes para expulsarla de la carrera judicial sin tan siquiera publicar su cese en el «Boletín Oficial del Estado».

Los jueces instan al Parlamento a controlar los cursos para magistrados del Supremo pagados por la banca

El Congreso de los Diputados debería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular y en su caso controlar las actividades docentes que los jueces llevan a cabo fuera de su horario de trabajo, como los cursos de Derecho bancario y tributario que algunos magistrados del Alto Tribunal imparten en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). Así lo creen al menos expertos juristas como Joaquim Bosch, ex portavoz de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). “Estéticamente no es positivo que den esos cursos, pero éticamente tampoco; yo creo que se tendría que regular, por el principio de imparcialidad, que los magistrados no puedan llevar a cabo actividades que formalmente puedan provocar sospechas”, asegura Bosch. “Es evidente que un presidente de sala del Tribunal Supremo no tiene ninguna necesidad, ni económica ni profesional, de dar estas clases, y por ello puede quedar contaminado al percibirse así por alguna de las partes del proceso. Por ello creo que debería llegarse a otro tipo de regulación sobre cuáles son las actividades que pueden realizar los jueces”, insiste el responsable de JJpD.

Bosch considera que debería ser el Parlamento, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien regulara las actividades docentes de los magistrados del Supremo en el capítulo de las causas de incompatibilidad. “En el marco deontológico sí que existe una regulación que dice que los jueces, en sus actividades al margen de los tribunales, deben comportarse de manera que no se ponga en peligro su independencia y su imparcialidad. Pero no es suficiente con una regulación deontológica, sino que se hace preciso regular el régimen de incompatibilidad”, añade.

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la responsabilidad de que los magistrados del Tribunal Supremo impartan clases remuneradas en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, un centro patrocinado por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal de los banqueros. Tras ser requerido por Diario16, el departamento que dirige Dolores Delgado ha trasladado al Poder Judicial cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del hecho de que magistrados del Supremo tomen parte en cursos privados pagados por entidades financieras. “Hay que preguntar al CGPJ, de quien depende tanto la formación de jueces y magistrados como la acción disciplinaria que pudiera derivarse de su actuación”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia.

De esta manera el ministerio, y en consecuencia el Gobierno, se lava las manos en el asunto de los cursos para jueces organizados y pagados por la banca, una práctica que expertos en Derecho consultados por este periódico consideran “poco estética y poco ética”. Cabe recordar que varios magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, precisamente la que ha cambiado la doctrina del Alto Tribunal en la sentencia de las hipotecas para que sean los clientes y no los bancos quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, han dado clases de Derecho a los alumnos de Cunef.

Por su parte, el Colegio Universitario de Estudios Financieros ha rechazado facilitar cualquier tipo de información a Diario16 sobre sus cursos de Derecho impartidos por magistrados del Tribunal Supremo. Este periódico se ha puesto en contacto con Cunef, cuyas fuentes oficiales aseguran que “no vamos a dar información alguna sobre ese tema”.

Al menos cuatro magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han impartido clases en Cunef, según la agencia de noticias Colpisa. Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala, es uno de ellos. Fernando Román es otro de los juristas que ha tomado parte en los cursos de la banca. A la nómina se añaden otros dos juristas: Rafael Fernández Valverde, vocal del CGPJ también a propuesta del PP, y José Antonio Montero, que en abril del 2016 fue autorizado a participar como ponente en unas jornadas sobre reformas tributarias.

Albert Rivera miente sobre los pactos en Andalucía

El titular podía haber sido “Albert Rivera miente… da igual cuando lea esto”, pero en esta ocasión sí que refleja el titular la mentira sobre algo que ha manifestado el dirigente naranja en una entrevista en Radio Nacional de España. Durante la misma ha afirmado Albert Rivera que no piensan apoyar al PSOE, ni a Susana Díaz para que siga gobernando Andalucía: “El objetivo de estas elecciones es separar al PSOE de Andalucía y a Andalucía del PSOE”. Por aquello de que el PSOE ha patrimonializado Andalucía. Así el dirigente naranja, que ha sostenido durante tres años al PSOE en Andalucía y ha compartido parte de esa red clientelar andaluza, se separa como si no conociera siquiera a Susana Díaz.

Se ha ido calentando Rivera y, haciendo gala de cuñadismo prospectivo, ha declarado que si el cambio, esto es echar al PSOE, suma un solo escaño más, Ciudadanos apoyará ese cambio. “Si hay un escaño más de cambio que de continuidad en Andalucía, habrá cambio” ha dicho concretamente. Y claro nadie se ha extrañado porque piensan directamente en la unión de las derechas (Cs, PP y Vox), aunque a este último partido no le ha augurado la entrada en el parlamento andaluz. Si las derechas suman lo suficiente Díaz irá fuera. Algo que nadie ha dudado nunca y en lo que no miente.

Y ¿si no hay votos suficientes del cambio de las derechas? ¿Se negaría a apoyar al PSOE-A si sacase una amplia mayoría minoritaria de 47 escaños como pronosticó el CIS? Lo lógico es que Ciudadanos se lanzase a un discurso tipo Cataluña para convocar elecciones y elecciones hasta que saquen mayoría en el partido naranja… nunca más bien. Si el PP tampoco, porque lo ha firmado ante notario Moreno Bonilla, apoya, están poniendo a los populistas en brazos de Díaz. ¿Permitiría Rivera que los populistas gobernasen Andalucía frente a las presiones del Ibex-35 y el establishment andaluz? Evidentemente no. A los diez minutos de la llamada de alguna poderosa mujer de un banco muy grande, Rivera se desdeciría y se lanzaría a apoyar a la trianera. Por eso miente.

Otro caso sería que Ciudadanos quedase segundo y con la suma de los demás partidos (menos el PSOE-A) pudiese gobernar ¿gobernaría con los bolivarianos, populistas y amigos de ETA? Capaz sería, pero Adelante Andalucía tiene claro que no apoyaría a la derecha extrema. Ahora bien, si Adelante Andalucía casi empatase con PSOE-A, lo apoyaría para quitar a Díaz. Supongamos que sumasen solos la confluencia de izquierda y la formación naranja ¿apoyaría el cambio ese que suma un solo voto más? Claro que no lo haría y por eso miente. Si el cambio suma un voto más no lo apoyaría realmente. Con los populistas no quiere ni rozarse, así que no le quedará más remedio que apoyar a Díaz si las derechas no suman o saber que su partido desaparecerá de Andalucía. Salvo que Adelante Andalucía apoyase a PSOE-A, que no está tan claro.

Moreno Bonilla reconoce ante notario que quedará último

Al final lo echaremos de menos cuando Casado le corte la cabeza el día 3 de diciembre. Pero estas meteduras de pata, estas cosas chuscas sólo se le ocurren a Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato oficioso a la Junta de Andalucía. No se le ha ocurrido otra cosa que, imitando a Artur Mas (lo que debería hacerle ver que algo estaba haciendo mal), ir a un notario para firmar y comprometerse a no apoyar a Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. En cuanto se ha separado de su jefe de filas la ha liado. Y dirán ustedes ¿por qué? Porque una cosa así sólo la firma quien sabe que no va a ganar.

Lo primero que uno piensa cuando alguien dice que no va a apoyar a otro partido es reconocer que el otro partido, en este caso el PSOE-A, va a ganar las elecciones y el tuyo no. Por tanto Moreno Bonilla va reconociendo que no va a ganar las elecciones con esa firma. Por mucho que diga que él es “garantía de cambio”, implícitamente reconoce que no. Ni de cambio, ni de apoyo, ni de nada. Es un cero a la izquierda y sin coma que le de algún valor. Alguien le podía haber advertido que estaba metiendo la pata, como en tantas otras ocasiones (la foto en la hamburguesería, por ejemplo), y que con esa firma ante notario reconocía que es Díaz la que ganará. Está bien esa humildad ante los datos de los sondeos, pero no es propio de un partido político que quiere gobernar España ir mostrando las miserias antes de comenzar.

Y como la firma se ha producido antes de pasearse por unas famosas bodegas no se puede decir que fuese borracho y le haya dado un calentón de “sujétame el cubata”. Y la cosa no se queda en que ya de por perdidas las elecciones antes de casi comenzar la campaña, sino que admite que no va a quedar ni segundo. Vamos que será último, salvo que su hijo bastardo (Vox) consiga algún diputado. ¿Por qué? Porque si el PP quedase segundo, nadie le pediría pactar con el PSOE-A, lo lógico es que asumiese la primacía de la oposición. Lo de los pactos queda para los terceros o cuartos partidos. Por tanto al firmar que no pactará con Díaz no sólo reconoce la derrota, sino que va a quedar entre los partidos menores que sirven para apuntalar a las mayorías minoritarias. Así pues, reconoce Moreno Bonilla que hasta el desconocido candidato de Ciudadanos le va a mojar la oreja.

Lo único que podría salvarle de quedar medianamente bien y sin hacer mucho el ridículo es que sumasen los partidos de derechas y desalojar al PSOE-A, porque de forma contraria no sólo el PP, sino también Ciudadanos van a tener que comerse algunas palabras y hacer una jugada alambicada para que no les corten los respectivos cuellos, que por algo le han puesto a Marín a Imbroda al lado. El caso es que Moreno Bonilla se ve como un perdedor en estas elecciones. Claro que también es hasta normal verse así cuando tu propio partido te quita de los carteles electorales de la presentación de candidaturas para colocar a Pablo Casado. Para que luego digan que les importan Andalucía.

El juez De la Mata acepta las peticiones de IU y llama a declarar como investigado a Marjaliza

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El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la supuesta ‘contabilidad B’ del Partido Popular en la denominada causa de los ‘Papeles de Bárcenas’, ha citado a declarar en calidad de investigado al empresario madrileño David Marjaliza. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atiende de esta forma en sus términos la petición que formalizó Izquierda Unida en septiembre en su calidad de acusación popular para que el considerado cerebro de la ‘Púnica’ explique la ‘realización de actos de soborno’ y ‘presuntos pagos en metálico’ a los ex tesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Marjaliza debe acudir a la Audiencia el martes 27 de noviembre a las 10,00h.

De la misma forma, en un auto dictado ayer y comunicado hoy a las partes, De la Mata también acepta llamar a declarar, en este caso como testigo y de nuevo a propuesta de IU, a Álvaro Pérez Alonso, más conocido como ‘el bigotes’. Esta misma acusación popular justificó esta petición, entre otras razones, por su “amplio conocimiento de lo que ocurría en la sede nacional del PP, en Génova 13, donde se movía con total libertad”. Pérez Alonso estará en la Audiencia Nacional el viernes 30 de noviembre.

Izquierda Unida considera imprescindible, y así se lo trasladó al juez instructor, la práctica de la diligencia relativa a Marjaliza después de que reconociera y detallara el pasado mes de julio ante otro juzgado de la Audiencia Nacional -en este caso el nº6 donde, entre otras, se investigan las tramas ‘Púnica’ y ‘Lezo’- “un pago de 60.000 de euros que realizó en la sede del PP en la calle Génova de Madrid, pago que se habría realizo a los ex tesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta”.

El equipo jurídico de IU detalló en su escrito de septiembre atendido ahora por José de la Mata cómo Marjaliza contó en sede judicial que en 2007 el ahora ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados le transmitió que debían “tener un gesto” haciendo una “donación en Génova”. Para ello acudió a la sede ‘popular’ gracias al ex concejal del Ayuntamiento de Madrid José Fernández Bonet (Pepe Bonet). Allí, según afirmó, estuvo con Lapuerta y Bárcenas y donó el dinero “en efectivo”.

De la Mata recoge en su auto que Marjaliza declare como investigado ‘en relación con la realización de actos de soborno sobre diferentes responsables políticos, principalmente vinculados al PP y en particular, con presuntos pagos realizados en metálico a la tesorería nacional de esta fuerza política’.

De igual forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 cita a declarar, también como testigos, al propio Fernández Bonet y a la ex gerente del PP valenciano Cristina Ibáñez, de nuevo en ambos casos atendiendo a la petición previa de Izquierda Unida. Esta acusación había recordado al instructor el testimonio que prestó el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa sobre los pagos de José Mayor Oreja o las instrucciones que recibía la ex gerente Ibáñez de Bárcenas, todo ello en el marco de la financiación irregular de los ‘populares’ en Valencia.

De la Mata cita a Fernández Bonet e Ibáñez el próximo 29 de noviembre a partir de las 10.00 horas. El magistrado también llama al ex alcalde del PP de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como ‘el albondiguilla’, el día 28 a las 13.00 horas, después de que la declaración que debía prestar el pasado 25 de julio fuera cancelada.

Diario16 descifra el difuso cuestionario que la JUR ofrece a los afectados del Popular (III)

La tercera pregunta que hace la JUR en el cuestionario es la siguiente: «El considerando 20 de la Comunicación de la JUR y las consideraciones contenidas, en particular, en la Sección 2.1 del Informe de Valoración 3, proporcionan el razonamiento de por qué el inicio de un procedimiento de insolvencia ordinario hubiera resultado en la liquidación de la Entidad. ¿Desea aportar algún comentario / opinión al respecto?», pregunta que podría ser contestada del siguiente modo:

Respecto al considerando 20 de la comunicación de la JUR, en ningún punto del informe de valoración 3 se puede extraer la conclusión de que Banco Popular no pudiera hacer frente a sus deudas a su vencimiento. No existe ningún análisis de la situación de liquidez, ni de los activos disponibles para ser utilizados como colateral en una supuesta solicitud de ELA ante el BdE. Por tanto, en el supuesto de que Banco Popular hubiera entrado dentro de un procedimiento de liquidación, se enmarca dentro de un supuesto caso de dejadez de funciones del Consejo de Administración de Banco Popular y de su presidente, Emilio Saracho.

No hubiera sido aplicable la Legislación de liquidación de entidades 22/2003. Aun con todo lo anterior, ciertas afirmaciones de la sección 2.1 del informe de valoración 3 de Deloitte son totalmente subjetivas, ya que lo que hubiera podido suceder dentro de un proceso de liquidación con una entidad como Banco Popular, solvente a todas luces por contar con un Patrimonio Neto de 9.398 millones de euros, es del todo incierto por ser una posibilidad no realizada. Al contrario de Banco de Madrid, Banco Popular no se encontraba inmersa dentro de ningún proceso sancionador por ninguna autoridad bancaria y la solvencia de la entidad estaba más que garantizada por su balance auditado del ejercicio 2016.

Entre las afirmaciones arbitrarias, subjetivas, sin ningún fundamento o dato que las sustente están las siguientes:

  • «no creemos que un acuerdo con los acreedores hubiera sido posible», más si cabe sabiendo que había diversas entidades que estaban interesadas en el banco a pesar de no haber concluido los procesos de venta, y que, ante una posible pérdida del 100% del valor, los accionistas de referencia hubieran optado por realizar una ampliación de capital;
  • «el banco había intentado infructuosamente una venta privada durante varios meses antes del proceso de resolución». Dichos procesos no habían concluido ya que la entidad se encontraba aun en el proceso iniciado de valoración de todos sus activos. Por lo tanto, el emplear la palabra infructuosamente por parte de Deloitte es claramente pernicioso y una muestra de intentar adecuar la realidad a las conclusiones emitidas en el informe;
  • «se precisa una licencia bancaria para aceptar depósitos de clientes […] las bases para revocar la licencia incluyen: incapacidad de pagar fondos a los depositantes o de ser capaz de ofrecer garantías de cumplir sus obligaciones con los acreedores o una resolución judicial». De todos los datos del informe de valoración 3 en ningún momento se desprende que Banco Popular no fuera capaz de pagar fondos a los depositantes ni de no ser capaz de dar garantías de cumplir con sus obligaciones de pago, de hecho, en ningún momento antes de la resolución dejó de cumplir con sus obligaciones, ni dejó de pagar sus fondos a los depositantes.

Banco Popular únicamente dispuso de 3800 millones de liquidez extraordinaria (ELA) por parte del BdE de los que 1334 millones los disponía en efectivo para abrir el día 07 de junio, según balance del informe de valoración de Deloitte. De los más de 140.000 millones de activos de los que disponía, aportó más de 40.000 millones como garantía ante el BdE como colateral, por lo que es de suponer que con una gestión diligente por parte de las autoridades financieras y Emilio Saracho, se hubieran cumplido sus obligaciones de pago.

Con todo ello, afirmar por parte de Deloitte que «ambas condiciones se cumplirían en el escenario de contraste previsto» y que «esto sería consistente con el caso de Banco de Madrid» son dos afirmaciones subjetivas ante un supuesto incierto que parten de una premisa completamente diferente. De hecho, Banco Popular, tras la resolución y la venta a Banco Santander, ha seguido operando con normalidad.