lunes, 19 enero, 2026

Hacienda investigará la operación Popular-Santander

Dentro de la planificación de rentabilidad de la operación de compra por un euro del Banco Popular, se encontraba el cobro de los créditos fiscales por valor de 4.000 millones de euros, según confirmó el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en la presentación de resultados de 2.017.

Sin embargo, las dudas que está generando la operación por las publicaciones de este medio y por el contenido de la documentación desclasificada por la Justicia —tanto española como europea—, han provocado que el Ministerio de Hacienda haya decidido investigar las cuentas presentadas por el Santander para solicitar el cobro de esos créditos fiscales. Por tanto, el Gobierno tampoco se cree la operación y, antes de darle al Santander dinero público, se ha iniciado una investigación por parte de peritos de la Agencia Tributaria para verificar que las pérdidas que la entidad cántabra afirma que tenía el Popular son ciertas, según ha publicado La Información.

Según la entidad presidida por Ana Patricia Botín, el Popular acumulaba 12.000 millones en pérdidas. Las auditorías de las cuentas y las dudas generadas por Deloitte al afirmar que su informe se hizo de manera precipitada y sin datos, pueden ser la causa por la que la Agencia Tributaria ha puesto a un equipo de peritos a analizar esas cuentas.

Esta decisión, sin precedentes, demuestra el cambio de política económica respecto al Santander del gobierno. Mientras en la etapa de Luis de Guindos la entidad cántabra contaba con la protección y la connivencia de todos los organismos económicos, incluso planteando una operación para rescatar al banco a costa de la ruina de más de 305.000 familias, el cambio de Ejecutivo ha iniciado una investigación para decidir si tiene derecho o no a cobrar los créditos fiscales que ha solicitado. Sólo hay que recordar que cuando el año pasado el Santander reclamó 400 millones, nadie puso ningún problema para ello.

El Supremo vulnera derechos constitucionales del pueblo catalán

La magnitud del escándalo por la decisión adoptada por el Tribunal Supremo en referencia a la doctrina del pago del impuesto de actos jurídicos documentados ha eclipsado una noticia muy importante desde el punto de vista de la actuación del Alto Tribunal en referencia al Procés catalán: la suspensión de las funciones de los diputados catalanes en base al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Casi un centenar de ciudadanas y ciudadanos catalanes han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque la suspensión de los diputados a los que votaron vulnera su derecho a la participación política en igualdad, recurso que ha sido admitido a trámite, según informó la Cadena SER, ya que se trata de un asunto de trascendencia constitucional.

El argumento para la admisión a trámite ha sido que si los recursos presentados por Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Josep Rull fueron admitidos, el Constitucional no puede ignorar a los ciudadanos que les votaron que están absolutamente legitimados para presentar dicho recurso porque los magistrados estiman que sus derechos constitucionales pueden haber sido vulnerados.

La admisión, además, fue adoptada unánimemente y permitirá la revisión de la decisión el auto del Supremo por el que se suspendió de funciones a los representantes elegidos por el pueblo catalán que están imputados por el Procés.

Gabriel Amat pierde pegada política

Es evidente que, con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular, Gabriel Amat ha perdido peso específico en el PP Regional y Nacional. Nadie puede entender cómo Ramón Herrera de las Heras, el que fuera el mayor baluarte de José Añez, y que quito la Presidencia de la Diputación al propio Amat, ahora figure como número 4 a las listas del Parlamento Andaluz por el mismo partido al que desbancó y traicionó. El hecho ha tenido que producirse con el respaldo del alcalde de Roquetas de Mar puesto que éste es el máximo responsable del Comité Electoral del PP de Andalucía.

La incorporación de Ramón Herrera de las Heras a las listas de las elecciones andaluzas pone en peligro la estabilidad política del PP de Almería. Cabe recordar que el profesor fue el coordinador de campaña del enemigo público número uno de los populares almerienses, José Añez, mano derecha del que fuera alcalde de El Ejido, Juan Enciso, quien pactó con el PSOE —tras su escisión del PP y una vez constituido el Partido de Almería (PdeAL)— la Presidencia de la Diputación Provincial desbancando al «hermano mayor» de Javier Arenas: Gabriel Amat.

Herrera fue muy activo en su labor como coordinador de José Añez. Entre otras de las actividades realizadas en aras de buscar apoyos y adeptos a su candidato se encontraba las numerosísimas llamadas telefónicas que hacía para captar afines a la candidatura de Añez, o cómo acompañaba a esos afiliados hasta la misma mesa de las votaciones para garantizarse el voto, algo que deberían recordar muchos de los actuales cargos provinciales del PP.

El nuevo candidato al Parlamento de Andalucía ocupó distintas direcciones entre 2.003 y 2.005, cargos que dejaría para incorporarse como coordinador de campaña de José Añez. Una prueba más de su incondicional devoción por el enemigo del presidente Provincial: Gabriel Amat.

Pero las relaciones y/o vinculaciones de Herrera con el Pal, Añez y Enciso no se limitan a estos hechos, ya que el profesor es socio fundador del despacho jurídico Universitas Legis, entre los que se encuentra, también como fundador, Miguel Ángel Barrientos, sobrino de Juan Enciso.

Parece ser que el PP de Almería olvida demasiado pronto su memoria histórica y con el nombramiento de Herrera, el fantasma del pasado, se augura la apertura de una nueva brecha en la estructura orgánica del PP provincial que lo aboca a una más que posible reestructuración orgánica que afectará desde la Secretaría Provincial hasta la propia Presidencia del Partido. ¿Estará preparado para ello Javier Aureliano, actual secretario provincial del PP de Almería?

Casado y Rivera quieren robar la Constitución a quienes lucharon por ella

Es extraña la obsesión de las derechas españolas por la defensa de la Constitución cuando no hace tanto la aborrecían. Los herederos del régimen dictatorial (Alianza Popular-Partido Popular), con diputados que votaron en contra de la aprobación de la misma (por mucho que vendan que Fraga es uno de los ponentes de la misma), más lo hijos no reconocidos de Adolfo Suárez (secretario general del Movimiento), esto es Ciudadanos, quieren robar y/o patrimonializar la Constitución Española justo cuando se van a cumplir los 40 años de su refrendo por parte de la ciudadanía del país.  Sin argumentos económicos que presentar, ante esta crisis interminable del sistema capitalista, por ser defensores de los intereses de la clase dominante, deben adherirse a lo jurídico-político que les queda expulsando a los demás.

El miércoles Pablo Casado ha convocado a los partidos que él considera constitucionalistas para reunirse y “diseñar” una estrategia común en defensa de la Constitución frente a no-se-sabe-bien-qué ataque a la misma. Lo curioso es que ha llamado a Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Aragonesista Regional (PAR), Foro Asturias y Coalición Canaria (CC). Esto es, toda la derecha vinculada de una u otra forma al PP más Ciudadanos y los hijos de la UCD de canarias. Hay que recordar que UPN, Foro y PAR van en las listas junto al partido popular en sus respectivas regiones, por tanto, lo mismo son que son lo mismo. Ni PSOE, ni IU, ni Podemos, ni PNV, ni Compromís, por citar a los partidos no catalanes, han sido convocados pues no se consideran constitucionalistas. El constitucionalismo sólo puede ser lo que quieran Casado y su ahora colega Albert Rivera. Ambos ya han dictado que Pedro Sánchez ya no es constitucionalista y la izquierda española (salvo personajes del pleistoceno socialdemócrata) quiere acabar con el sistema. “[Pedro Sánchez] ha quemado todos los puentes con Ciudadanos y el constitucionalismo” afirmó hace pocos días el dirigente naranja.

Las derechas, cada vez más extremas, quieren quedarse con el constitucionalismo a las bravas, por la fuerza y utilizando las mentiras. Porque todo lo que exponen es una mentira tras otra para poder crear un estado de opinión falso. O lo que es lo mismo, generar una posverdad. Les interesa porque, como se dijo, carecen de alternativa a un sistema que languidece, como se ha podido comprobar con la sentencia infame del Tribunal Supremo. No tienen alternativa porque este mismo sistema es el que permite llenar las cuentas de resultados de la clase dominante. Incluso Ciudadanos ya dice con la boca pequeña el cambio de sistema electoral y la reforma del Senado. Que PSOE, Iu o Podemos no defiendan la Constitución es una falsedad, lo que pasa es que sí quieren que se cumplan todos los artículos de la misma. La única diferencia es el posible referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña o País Vasco o, si lo quisiese Andalucía. Y es algo que en 1978 era imposible presentar porque estaban las pistolas de los padres de PP y Cs vigilando ciertos aspectos. Que en aquellos años se hiciese lo que se pudo porque los aparatos represivos del Estado estaban en manos de los herederos de la dictadura, no empece para decir hoy, 40 años después, que se necesitan reformar ciertas cosas como la judicatura o el sistema político. Algo que apoya la mayoría de la población española, por cierto.

Unidad de España y la igualdad de todos (nunca dicen y todas) es lo que dicen defender con esta reunión y acuerdo que pretende usurpar la Constitución a quienes más tuvieron que ver con la llegada de la misma como símbolo de la democracia tras una dictadura fascista. Pero no la igualdad en todos los aspectos de la vida, como podría ser frente a la Justicia (robar un bocadillo 4 años y robar 1.000 millones de las arcas públicas 3), sino ante la ley que ellos decidan. Porque sólo hay que ser iguales ante la ley que dicte el mercado, que dicte la clase dominante, o la iglesia católica en algunos casos. Esa es la igualdad que pretenden porque en lo labora entienden que si alguien está siendo explotado y con un salario que no sirve ni para sobrevivir es producto de su propio deseo o de su incapacidad. Y esto lo apoyan aquellos que capacidad no han demostrado en ningún aspecto. Sí, en uno sí. En ser más trepas que nadie en sus respectivos partidos. Y la unidad de España se defiende porque sí. No hay más razón, salvo algún recuerdo a un pasado imperial y una unidad de destino histórica. Si el 99% de las personas que habitan Cataluña decidiesen que no quieren ser españolas, por ejemplo, para Casado y Rivera no podría haber consulta ni nada. Sin embargo, callan cuando Israel invade más y más partes de Palestina saltándose las resoluciones de la ONU y las fronteras establecidas legalmente.

Les ha dicho, con toda la razón del mundo, Adriana Lastra que PP y Ciudadanos utilizan la Constitución para dividir y se ha quedado corta. La utilizan para generar odio entre españoles y españolas, para envenenar a personas, para inocular el odio. Es más, esa “igualdad” que dicen defender se quiere utilizar para acabar con derechos constitucionales de esa Constitución sacra. Ya ha avisado Rivera que quiere acabar con los fueros de Navarra y País Vasco. Que quiere acabar con las lenguas co-oficiales. Que quiere acabar con todo lo que no sea “lo español” según su visión fascistoide. Realmente no les gusta España tal y como es. Tienen una visión de España arcaica que utilizan para ocultar el saqueo y la generación de una precariedad que sirve a los intereses de los poderosos.

Además, hundidos en sus propias miserias y peleas internas y de familia, están utilizando la Constitución para ver cuál es el verdadero partido de la derecha. Y no les importa llevarse por delante la propia Constitución que dicen que defienden. Ni les importa que los españoles y españolas se enfrenten entre sí, siempre y cuando el beneficio electoral y del Ibex-35 caiga de su lado. Se juntan porque no quieren dejar ni un milímetro al otro. Y si uno extiende el odio a los catalanes, el otro a los andaluces y aquel a los inmigrantes. El caso es odiar para generar una situación crítica y poder presentarse como los salvadores de lo mismo que están destruyendo. Y claro en estas intenciones no puede haber nadie de la izquierda, así sea tan moderada como el PSOE.

Y en este campo de batalla de las derechas, se expulsa a aquellos partidos que lucharon contra la dictadura por traer la democracia a España. Se expulsa, o se quiere expulsar porque la ciudadanía no es tan estúpida como piensan en Génova y Alcalá, a aquellos partidos que cedieron en muchas de sus demandas democráticas en favor de una democracia en un país que llevaba desangrándose desde hacía años, por no decir siglos. Se expulsa a quienes tuvieron que hacer la revolución burguesa que las derechas españolas no quisieron, ni pudieron porque les vino mejor echarse en brazos del fascismo. Se expulsa a los demócratas del espacio político y social porque, como decía Alain Minc el filósofo de la derecha, la democracia no es imprescindible, el mercado sí. Están al servicio del capitalismo y les da igual, como en el pasado, si es con una democracia o una dictadura. Por eso quieren quedarse con la Constitución, porque los demócratas igual hasta les sobran. Sean éstos de derechas como PNV o de izquierdas como PSOE o PCE y aunque pusieran muertos y torturados para tener una democracia.

«Mi vida es un sinvivir desde que firmé IRPH»

Desde que publicamos hace dos días que Europa tumbará el IRPH hemos recibido diferentes testimonios de las víctimas de este índice en la redacción de Diario16. Son tantas las historias, son tantas las vidas rotas por la aplicación de este índice hipotecario que ha llegado el momento de abrirles estas páginas para que nuestros lectores conozcan sus historias, de que tengan un lugar en el espacio mediático del mismo modo que lo tuvieron en su momento los afectados por las preferentes, por las cláusulas suelo, por las subordinadas o por las hipotecas multidivisa.

Una de ellas nos comentaba que su familia hipotecó la vivienda y en su entidad «como única opción nos impusieron IRPH, gran desconocido para nosotros, y sin explicarnos nada. Nuestro conocido director obvió explicarnos que pagaríamos más que con Euribor, que no nos beneficiaríamos de futuras bajadas de interés y que nos costaría pagar muchísimo la hipoteca. Pero claro, ¿quién firmaría algo así sabiéndolo? Ahora que, por desgracia, sé su significado de primera mano, puedo decir que tener una hipoteca con IRPH me obliga a tomar ansiolíticos, ya que no llego a fin de mes y limita, entre otras cosas, los estudios universitarios de mi hija. Destinar el 65% de los ingresos a pagar este engaño podría acabar definitivamente con nuestra salud. En cifras hablamos de 500 euros más al mes».

Otro de los afectados nos cuenta la ignorancia y cómo se enteró del índice de su hipoteca años después de firmarla, lo que indica que no fue suficientemente informado por la entidad con la que firmó el préstamo: «A mí no me vendieron el IRPH, me enteré que lo tenía hace dos años cuando reclamé al banco que me quitara la cláusula suelo. En esa reclamación, pensaba que tenía Euribor más cláusula suelo. Me enteré de que tenía IRPH cuando me contestaron a la reclamación que todo estaba bien. ¿Cómo fue posible? La hipoteca la formalizó la caja de la familia de toda la vida. Vivía en Málaga y la hicieron en Granada por confianza, y además salí encantado porque lo que sí me quedó claro es que no me puso diferencial, creyendo que fue por amistad, sin saber que salí sin diferencial, pero con IRPH. ¡Gracias a ellos mi vida es un sinvivir desde que firmé IRPH! Evitando constantes impagas de la hipoteca, llegas al extremo de firmar nuevos préstamos personales bancarios».

Europa tumbará el IRPH

Magdalena Valerio mete la pata izquierda

Una auténtica metedura de pata es lo que cometió ayer la ministra de Trabajo Magdalena Valerio. Una metedura de pata izquierda además. Preguntada ante la posibilidad de que el gobierno hiciese algún tipo acción en favor de los trabajadores y trabajadoras de Alcoa, incluso pudiendo darse una nacionalización de la misma, Valerio ha respondido: “No estamos en una economía estatalizada, no estamos en un régimen comunista”. Y claro, las personas de izquierdas han salido en tromba a criticar semejante boutade o, por decirlo de otra forma, a cuestionar a la propia ministra y su conocimiento de la Constitución. Porque, aunque Valerio no lo diga, existe la posibilidad de nacionalización de la empresa por razones de necesidad estatal. Nadie ha dicho que la solución para Alcoa, que ha recibido unos cuantos millones de euros en subvenciones, deba ser la nacionalización, pero tampoco parece muy plausible subvencionar otro ERE más desde el Estado.

Tras la reunión mantenida en Madrid entre Reyes Maroto, Teresa Ribera, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández, más los alcaldes de las ciudades donde se encuentran las fábricas, el Gobierno del PSOE habló de satisfacción por la posibilidad de implementar una serie de medidas para bajar el precio de la energía en las industrias electroinvasivas. Pues se debe a este factor por el que la empresa dice que ya no es rentable el mantenimiento de la producción. Una especie de tarifa estable para estas empresas durante cinco años para que, mientras se produce la transición energética que impulsa Ribera, no se vean perjudicadas por el incremento salvaje que está sufriendo la tarifa eléctrica. Justo en ese momento de negociación, la ministra Valerio sale hablando de comunismo y estatalización demostrando una ignorancia histórica que no se le presuponía.

Cierto que España no es una economía estatalizada, como casi no lo son las del entorno europeo… hoy en día. Porque no hace tanto tiempo lo eran en gran medida y gracias a la acción de los partidos socialdemócratas. Sí, esos partidos que son pares del PSOE. Sí, la socialdemocracia como impulsora de la nacionalización de ciertas industrias básicas y que permitió la creación del Estado de bienestar. Es de suponer que todo esto lo conoce la ministra pues es historia básica para alguien que es especialista en temas laborales y además se reconoce a sí misma como socialdemócrata. Por tanto, hablar de régimen comunista no es muy lógico. Más si se tiene en cuenta que el Estado mantiene aún un “montón” de empresas públicas reunidas bajo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Hunosa es del Estado, como lo son Navantia, Airbus (a nivel europeo), Tragsa, Enresa, Enusa, Renfe, Paradores, etcétera. ¿Es España comunista por tener empresas públicas en sectores tan vitales como el turismo, la energía o la industria naval? Evidentemente no. Son parte de un pensamiento muy socialdemócrata que entiende que el Estado al gestionar aspectos claves de la industria o la economía puede intervenir en favor de la redistribución y los precios. Decir que hacer algo así es comunista es no conocer la propia historia de la socialdemocracia. De hecho algunas encuestas en Europa muestran claramente que más del 70% de las personas creen que la energía y el transporte ferroviario, por ejemplo, deberían ser completamente estatales y se deberían nacionalizar en los países donde es privado (como Gran Bretaña, por ejemplo).

Art. 128 CE donde se expresa la posibilidad de nacionalizaciones

Ha debido la ministra Valerio equivocarse seguramente porque la boutade, la metedura de pata izquierda es muy grande. A no ser que en el poco tiempo que lleva en el cargo se haya convertido en una irredenta liberal y desconocedora de la propia Constitución Española. Por eso no extraña que desde Podemos e Izquierda Unida, más algunas personas del PSOE de soslayo, le hayan recordado que nada tiene que ver con el comunismo poder nacionalizar una empresa como medida de urgencia y en favor de la industria española. Lo otro, lo que no ha dicho Valerio pero se desliza de sus palabras, es apoyar la deslocalización de las empresas una vez que han acumulado y esquilmado en el país de origen (especialmente subvenciones). Muy extrañas esas palabras en alguien que siempre ha presumido de estar a la izquierda de, por ejemplo, Emiliano García-Page, de apoyar el “Somos la izquierda”, y acabar renegando de las nacionalizaciones de sectores clave. Algo que la socialdemocracia europea no ve con malos ojos, por cierto.

Pablo Iglesias ha escrito en la red Twitter: “Cabría oír de los trillizos fachas (Casado-Rivera-Abascal) que intervenir un sector estratégico (posibilidad que prevé la Constitución) es comunismo. Pero que lo diga una ministra socialista es preocupante. Espero que Valerio rectifique y no falle a los trabajadores de Alcoa”. La misma extrañeza que puede haber causado en una parte del PSOE, le ha parecido al dirigente de Podemos. Es extraño que lo que fue y, en cierto modo, sigue siendo una estrategia de la socialdemocracia, la intervención de un sector estratégico, sea considerado por Valerio como una forma de economía de un sistema totalitario. Además, le sitúan esas palabras, como recuerda Iglesias a la altura de las derechas españolas. En el mismo nivel de los “trillizos fachas”.

Tampoco se ha callado Alberto Garzón de Izquierda Unida: “Esto podría haberlo dicho una ministra del PP, pero lo ha dicho una del PSOE. Quizás si recordaran algo de qué es la socialdemocracia se darían cuenta de lo absurdo de este tipo de argumento. Hasta la Constitución de 1978 permite proteger el interés general frente al mercado”. En efecto, los socialdemócratas y los socialistas no son protectores del Mercado, del sistema Capitalista, sino todo lo contrario. Porque una cosa es la transformación gradualista del sistema o ser reformista y otra bien distinta es plegarse a los deseos del Mercado. Las palabras de Valerio son más propias de una persona instalada en el Establishment, algo que hasta ahora no había demostrado pero que puede empezarse a dudar visto lo visto. No puede ser que la alfombra roja haya propiciado un caso así de regresión intelectual. Es lo que le ha dicho claramente Garzón, si es socialdemócrata, esto de poder nacionalizar un aspecto estratégico es de primero de PSOE.

Tan contundente como los dos anteriores se ha mostrado Carlos Sánchez Mato de Izquierda Unida recordando a la ministra que parece no conocer ni la Constitución que defiende con tanto ahínco. “No conocen ni la Constitución de la que presumen… ‘Toda la riqueza del país está subordinada al interés general’. Interés general es defender los puestos de trabajo y que no se desmantele la industria. Por eso hay que decir alto y fuerte que #AlcoaNoseCierra” ha dicho el concejal madrileño. Y le incorpora el texto constitucional donde se ve reflejado el artículo 128.2 afirma que “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicio esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Lo mismo que hizo el PSOE con Rumasa en 1983, por ejemplo. Algo que los constituyentes, especialmente desde la izquierda que lo defendió con firmeza, entendían como lógico y normal. Nada parecido a un sistema comunista planeaba por encima de las cabezas de aquellas y aquellos que redactaron, debatieron y presentaron la Constitución de 1978. Esa misma que no puede ser atacada, como dicen en el PSOE respecto a las propuestas republicanas. Un error gordo de la ministra Valerio que esperemos circunstancial y producto del viaje que ha tenido que hacer.

Aprobadas las fechas para el acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años

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La Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad ha publicado en BOJA la resolución mediante la cual se aprueban los plazos y calendarios aprobados por las universidades públicas andaluzas para la participación en la prueba de acceso para personas mayores de 40, 45 y 25 años en el curso académico 2018/19.

Para el colectivo de personas mayores de 40 años con experiencia laboral y profesional que no posean otros requisitos para el acceso a los estudios universitarios de grado, el proceso comenzará el próximo 26 de noviembre con la apertura del plazo para presentar la solicitud, que se cerrará el 14 de diciembre. El 8 de febrero de 2019 se darán a conocer los resultados de los méritos aportados y se publicará el calendario de entrevistas. Las posibles reclamaciones se podrán presentar del 11 al 13 de febrero y las puntuaciones definitivas se conocerán antes del 15 de marzo de 2019.

En el caso de los mayores de 45 años sin experiencia laboral o profesional, el plazo de solicitud se abrirá el 1 de marzo de 2019 y se cerrará el día 20 del mismo mes. La fecha elegida para la celebración de los ejercicios de la fase I será el día 26 de abril del próximo año y las pruebas constarán de dos exámenes: el primero será un comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad (17.00 horas), y el segundo de Lengua Española (18.30 horas). Quienes superen este examen tendrán una entrevista a partir del 9 de mayo y los resultados se conocerán antes del 31 de mayo de 2019.

Acceso a la universidad para mayores de 25 años

De acuerdo con dicha resolución, las pruebas de acceso a estudios universitarios para las personas mayores de 25 años comenzarán el 26 de abril de 2019 para la fase general y el 27 de abril, para la fase específica. En el primer caso, la citación se realizará a las 16.30 horas y el inicio de los exámenes será a las 17.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas. La primera fase se corresponde con el comentario de texto, continuándose con las pruebas de Lengua Española y de traducción de un texto en lengua extranjera.

En el caso de la fase específica, los alumnos deberán presentarse a las 8.30 horas para comenzar los exámenes desde las 9.00 hasta las 12.00 horas. En esta jornada las personas aspirantes a cursar estudios en la universidad se examinarán, según la modalidad elegida, de algunas de las siguientes asignaturas: Biología, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Economía de la Empresa, Física, Geografía, Historia de la Filosofía, Historia General y del Arte, Historia de la Música y Danza, Latín, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Química y Tecnología Industrial.

Si se producen incompatibilidades horarias debido a la elección de más de dos materias de esa fase específica, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía determinará un calendario y horario alternativos para las personas afectadas por esta particularidad que les permitirán realizar las pruebas con las mismas condiciones de duración horaria y descanso que el resto.

Previamente a la fase de evaluación, se abrirá un plazo de presentación de solicitudes entre el 1 y el 20 de marzo de 2019, ambas fechas inclusive, en la universidad andaluza en la que se desee realizar la prueba.

El PP propone a implicados en un caso de soborno para el CGPJ

El Partido Popular ha propuesto al PSOE como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —máximo órgano de la Justicia española— a Manuel Marchena, que es el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tiene que juzgar la causa del Procés. También ha propuesto a Gema Espinosa Conde, esposa del magistrado instructor de la causa catalana, Pablo Llarena, como candidata a una de las vocalías del órgano de representación de los jueces.

Sin embargo, el asunto de «la hija de Marchena» colocaría a Pablo Llarena y al propio Manuel Marchena en una posición jurídica muy comprometida si fuera elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial la esposa del primero, Gema Espinosa Conde.

El pasado mes de julio la Comisión de Selección —cuya directora es la mujer de Pablo Llarena— tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a Sofía Marchena, la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno.

Al tomar la decisión ilegal de crear una plaza de fiscales que no estaba prevista en la convocatoria de las oposiciones, la mujer de Pablo Llanera podría haber cometido además un delito de nombramiento ilegal de funcionario público del artículo 405 del Código Penal.

La tragedia de las víctimas del IRPH

El IRPH se ha convertido en una condena para muchas familias españolas, en concreto, a más de 1.3 millones de personas. Diario16 ha hablado con varias de las víctimas de este índice que la Comisión Europea ha calificado en su informe como de cláusula abusiva y podemos determinar que están viviendo una tragedia que está próxima a su fin.

Loli Herrero es cortadora de textil. Está casada con un albañil que en la actualidad está jubilado por enfermedad. En el año 2006 tuvo que rehipotecar su casa y lo hizo con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), perteneciente al Grupo Santander. Las condiciones que les ofrecieron eran maravillosas ya que la entidad les aseguró que las cuotas de la hipoteca jamás subirían más allá de los 400 euros mensuales. Sin embargo, «hipotecamos nuestro futuro y nuestra salud física y psíquica».

En cifras, la situación de Loli con su hipoteca es la siguiente: firmó en el año 2006 un préstamo hipotecario de 58.000 euros a 20 años. Durante diez años pagó religiosamente su cuota mensual y ha liquidó 25.000 euros en concepto de intereses y aún le quedan por pagar 51.000 euros. Es decir, que en una década sólo ha liquidado un 12% del total de su deuda. Como la misma Loli se preguntaba: «¿cómo se puede amortizar toda la deuda en los diez años que me quedan si en los diez primeros sólo he pagado 7.000 euros?». Ella y su familia tuvieron que decidir entre seguir pagando la hipoteca o invertir ese dinero en pagar los honorarios de un abogado para interponer una demanda en el juzgado contra UCI para reclamar la anulación del IRPH, ajustar su hipoteca con el Euribor y que le devuelvan el dinero cobrado de más.

Esta tragedia la han vivido millones de personas en España y sólo han conseguido justicia a través de la Unión Europea porque el Supremo determinó que no se trataba de una cláusula abusiva.

El juez sospecha que 19 inmuebles de Villarejo provienen del blanqueo de capitales

El Juzgado Central Número 6 de Madrid ha ordenado prorrogar el embargo de al menos 19 fincas que el excomisario José Manuel Villarejo supuestamente posee en Málaga y en otros lugares de España, según fuentes judiciales. La medida se produce en el marco de la investigación por blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y otros delitos que se sigue contra el expolicía actualmente en prisión. Villarejo, a través de las sociedades CPD Real State SL y Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt) había solicitado el levantamiento de los embargos, pero el juez Diego De Egea ha denegado su solicitud.

Según el auto del magistrado −instructor de la Operación Tándem, que investiga la creación por parte del excomisario de un entramado de empresas para canalizar comisiones procedentes de sus actividades como detective privado–, la medida cautelar tenía por objeto “asegurar la efectividad de la sentencia” que se dicte “en relación a las responsabilidades pecuniarias de los investigados”. La resolución recuerda que las propiedades de Villarejo podrían ser ganancias generadas por un delito de blanqueo de capitales, por lo que procede seguir manteniendo el embargo de los inmuebles.

Villarejo alegó que una “eventual ejecución preferente de los bienes por parte de la entidad bancaria acreedora podría frustrar por completo” las expectativas económicas que trata de proteger el juzgado. Sin embargo, el magistrado recuerda que entre la documentación aportada por Villarejo “únicamente consta una carta de la entidad bancaria acreedora de fecha de 9 de mayo de 2018”. En esa misiva, el banco comunica a Villarejo que tras la oportuna valoración de los antecedentes y circunstancias se acepta una “refinanciación de deudas dada la prohibición de disponer sobre las fincas registrales de las mercantiles deudoras”.

Según el juez De Egea, el levantamiento temporal de las medidas cautelares con fines de refinanciación de la deuda exigiría “la aportación del estado actual de cada deuda hipotecaria”, así como un compromiso previo de la entidad bancaria de la aceptación de refinanciación de la deuda.

Se da la circunstancia de que el juez ordenó hace unos días que se mantenga también el embargo de las cuentas bancarias del supuesto entramado empresarial del ex comisario Villarejo, según consta en un auto dictado el pasado 25 de octubre al que ha tenido acceso Diario16. El magistrado acordó el 2 de noviembre de 2017, como medida cautelar, el “bloqueo y congelación” de los saldos de las cuentas tituladas por las personas físicas investigadas en el marco de las diligencias abiertas por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y cohecho, por los que se investiga al ex comisario de Policía.