martes, 20 enero, 2026

Arrimadas sigue sin hablar de Andalucía en su gira por el sur

Inés Arrimadas sigue sin ofrecer nada que tenga que ver con Andalucía en la gira que está realizando en el sur peninsular. Sigue, como dijimos días atrás, hablando de cuestiones que tienen que ver con Cataluña y no con Andalucía. Lo que es paradójico porque ella es andaluza en origen. Claro que como tampoco es que salga mucho de Huelva pues igual ha pensado que Andalucía es sólo la tierra onubense y con dos frases está todo hecho. Ayer, sin más, dedicó la mañana a decir: “No podemos permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia tengan, además, la llamada de gracia del gobierno de España para intentar que la abogacía del estado rebaje su acusación”. Algo que, como todas las personas saben, afecta profundísimamente a los abusos sexuales perpetrados contra las temporeras de la fresa, o el estado de la minería en la provincia. Cataluña es fundamental para el desarrollo andaluz según está establecido en la cabeza de Arrimadas.

Está también preocupada, sin ser diputada por cierto, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se esconda para no decir si aplicaría el indulto o no a los políticos presos catalanes. De hecho, ha querido recordar que Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley “para que se prohíban los indultos a aquellos que dieron un golpe contra la democracia en Cataluña el año pasado”. A los corruptos no ha dicho nada Arrimadas de prohibir, pero a unas personas que aún no han sido juzgadas y por lo tanto no se las puede indultar, a esas sí por si las moscas. Saben en Ciudadanos que los políticos catalanes van a ser condenados sí o sí. Una de dos, o bien porque tienen contactos en el poder Judicial y ya les han contado que están sentenciados, o bien porque ella ya ha dictado sentencia y sólo puede ser esa. Lo que bien pensado, dada la mentalidad de secta que tiene el partido naranja, es lo más lógico. Son Rivera y cía. quienes deciden las sentencias debido a que ellas y ellos son seres superiores que traen la única verdad posible a los demás que son simples mortales.

En el momento en que Arrimadas ha dejado el tema catalán, que tan pesado se hace para la gran mayoría de andaluces y andaluzas, para hablar de Andalucía ha recurrido a tópicos típicos, por no decir la demagogia más aberrante. “Creemos en Andalucía y nunca la hemos dado por perdida” ha dicho. Frase enigmática donde las haya porque, siguiendo con las paranoias de Arrimadas y el resto de congéneres de la secta naranja, debía ser que Andalucía había iniciado algún proceso de emancipación y no nos habíamos dado cuenta. Porque, que se sepa, Andalucía es de los andaluces y andaluzas no de Ciudadanos, para que la hubiesen perdido. Tampoco es que ganasen las últimas elecciones, ni lo harán las siguientes según los sondeos. Por tanto es una frase que sólo puede ser producto de otra de sus represiones psicológicas, esto es, pensar que España entera es suya y les debe ser devuelta mediante las elecciones. Algo que les llevaría, sin duda, al neofalangismo.

Y ya. Nada más sobre Andalucía. Salvo pasearse al lado de Juan Marín por las calles de Jerez de la Frontera, poco más. Así piensan ayudar a su partido en territorio andaluz. Hablando de Cataluña, de Pedro Sánchez y de ETA (sí, porque quieren recuperar el peligro etarra, no se lo pierdan). Demuestra Arrimadas que no tiene discurso alguno, que es puro marketing, que no se puede salir del discurso del odio hacia los catalanes y catalanas que no piensan como ella, que todo es pobreza intelectual y pereza para estudiarse dos o tres cosas del programa de Ciudadanos. Aunque en este último aspecto les da igual en la formación naranja. El programa lo tienen porque no tenerlo sería más perjudicial, pero su único programa es lo que beneficie al Ibex-35. Y en Andalucía a los empresarios y terratenientes. Entonces, pensará Arrimadas ¿para qué preparar algo? Simpleza total, que sumada a la de Marín, presenta un encefalograma político plano.

Saracho indujo a la resolución para rescatar al Santander

Domingo 4 de junio de 2.017. Emilio Saracho, entonces presidente del Banco Popular, remitió una carta a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), en la que, de manera indirecta, intentó frenar la subasta porque la entrada de otros candidatos podría ser negativa para el banco presido por Ana Patricia Botín.

Entre otras cosas, Saracho vio cómo la operación en favor del Santander se ponía en peligro ya que, el plan de subasta de la JUR, podría permitir que otras entidades pudieran presentar una mejor oferta que las de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Ese era el verdadero miedo que existía y que propició el envío de la carta. No se podía permitir que el Popular cayera en manos de alguien que no fuera el Santander.

Por esta razón, en la carta hay un párrafo en el que Saracho incide en que hay que poner el banco en situación de resolución, «que finalmente se hizo», afirmaba la carta.

Si ponemos esta comunicación entre Saracho y König en el contexto de aquellos días y de los hechos que se sucedieron desde el viernes anterior, día 2 de junio, hasta el día de la resolución, nos daremos cuenta de cómo toda la operación tembló con la decisión de la JUR de abrir un proceso público de subasta porque, por más que Saracho afirmara que podía llegar a una solución privada en esos días, él sabía por el feedback recibido por JP Morgan que no iba a ser posible, ya que el banco americano de inversión, tras tener conocimiento de que el FROB acababa de dar por iniciado el proceso de resolución y subasta pública a través de las comunicaciones a las cinco entidades españolas, estuvo llamando a los principales responsables bancarios de este país para intentar convencerles de que el Popular debía ser vendido y no intervenido. El día 3 de junio, Saracho ya sabía que nadie iba a aceptar la solución privada que en la carta informaba que podría alcanzar. Por tanto, se inició el miedo a que los nombres que habían sonado como candidatos (Bankia, BBVA, CaixaBank), además del Santander, pudiesen presentar una oferta mayor que la del banco presidido por Ana Patricia Botín, lo cual hubiera supuesto el incumplimiento de sus objetivos.

El día 2 de junio, Saracho recibió las instrucciones de Uría y Menéndez a la hora de comunicar la inviabilidad del Popular, además del plan de acción para el «Día R». La noche de ese mismo día, la JUR convoca una reunión a través del correo encriptado de Elke König, encuentro en el que se decide poner en situación de resolución al Popular. El día 3 de junio el FROB, a través de Arcano y Jeffereis, se remite a las cinco principales entidades españolas la convocatoria a la subasta pública y el calendario por el que el día 6 de junio se resolvería al Popular y que a la 1.00 debería adjudicado al banco que entregara la mayor oferta. El día 4 de junio Saracho envía la carta a Elke König en la que le dice que «además de los riesgos significativos que implicaría el sondeo, no esperaría ningún rendimiento significativo en cuanto a la identificación de candidatos verdaderamente interesados capaces de competir». Por tanto, Saracho intentó frenar la subasta porque podría resultar que toda la operación que se inició en 2.015 para que el Santander se hiciera con el Popular finalizara con la entonces sexta entidad española en manos de un banco de la competencia del presidido por Ana Patricia Botín.

España avanza imparable hacia la III República

Aún no hay fecha, aún la Monarquía permanece en su trono de oro y en su función irrelevante dentro de nuestra democracia. Sin embargo, lo que se está demostrando es que el pueblo español está cada vez más concienciado de que se les está hurtando una parte de la soberanía que ostenta, según dice la Constitución, al no poder elegir a través de los cauces democráticos del sufragio a la persona que ostente la Jefatura del Estado.

El referéndum organizado por los alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid ha dejado de ser una anécdota para transformarse en un movimiento que podría convertirse en histórico. Otros centros universitarios españoles van a seguir el ejemplo del madrileño y van a convocar en breve nuevas consultas, universidades tan importantes en España como la de Zaragoza, la Rey Juan Carlos, la Carlos III, la Universidad de Barcelona o la Pompeu Fabra.

Las muestras de rechazo a la Monarquía por parte del pueblo son cada vez más importantes. A medida que pasa el tiempo son más las ciudades y localidades de España que se han unido a la Red de Municipios por la Tercera República. Ya no se trata de un movimiento de pequeños pueblos, sino que ciudades como Gijón, Éibar, Puerto Real, Xàtiva, Santa Coloma de Gramenet o Parla, forman parte de la Red.

Los partidos de la izquierda también han incrementado la presión para que los españoles tengan la posibilidad de elegir el modelo de Estado que quieren para nuestra democracia.

La realidad es que el movimiento republicano en España está aumentando de un modo en el que los poderes fácticos del país se van a ver obligados a ceder y propiciar que sean los ciudadanos los que decidan con su voto. Sin embargo, hay demasiadas presiones que lo están impidiendo ya que el modelo actual permite que toda la responsabilidad de lo que le ocurre al pueblo resida en un poder Ejecutivo que tiene la total libertad de implementar medidas o leyes que van en contra de los intereses de la ciudadanía.

La Monarquía ha demostrado que es una institución incompatible con la democracia. Mientras el pueblo sufría las consecuencias de la crisis, el anterior Jefe del Estado viajaba a Botsuana para una cacería junto con su amante o, a través de ésta, cobraba comisiones de grandes proyectos en los que había servido de intermediario con regímenes dictatoriales como Arabia Saudí. El New York Times calculó la fortuna del ciudadano Juan Carlos de Borbón en una cifra cercana a los 2.000 millones de euros, un dinero que no está obligado a desvelar, a diferencia del resto de representantes públicos españoles. Según la información del diario estadounidense «ha trabajado duro para generar su propia fortuna personal», más allá del presupuesto que tiene asignada la Casa Real. A todo esto hay que unir las sospechas sobre el patrimonio personal de la ciudadana Sofía de Grecia porque tampoco se explica el origen de la fortuna que, según distintas fuentes consultadas por Diario16, podría haber amasado con negocios iniciados junto con su hermano Constantino. ¿Por qué Sofía de Grecia renunció a la parte que le correspondía tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que el Estado griego debía indemnizar a la familia real helena con 12 millones de euros? A esto hay que sumar los salarios desorbitados que cobran Elena y Cristina de Borbón en sus trabajos, empleos que, de no ser hijas de quienes son, no habrían alcanzado. Además, no podemos olvidar los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta la familia Borbón, el más reciente el Caso Noos, en el que el yerno del ciudadano Juan Carlos está en prisión, Cristina estuvo imputada y fue procesada, aunque, como era de esperar, exonerada de las acusaciones que la llevaron al banquillo.

Todo lo anterior, unido a la ausencia tanto del ciudadano Juan Carlos de Borbón como de su hijo Felipe y el resto de la familia ante los problemas de los españoles generados por la crudeza de la crisis económica han provocado que el sentimiento republicano se esté extendiendo. Jamás se ha visto a la Casa Real apoyar a las víctimas de los desahucios, a las personas que tienen que acudir a los comedores sociales o al Banco de Alimentos para poder comer, a las víctimas de la violencia machista, a los trabajadores precarios o a los que sufren los abusos de los empresarios que han sido los triunfadores de la crisis económica o a las víctimas de los abusos de las élites. Sólo unos segundos en el mensaje de Navidad, eso es lo que dedica el ciudadano Felipe a los problemas de los españoles.

Esta es la razón por la que desde antes de la abdicación el Centro de Investigaciones Sociológicas no ha vuelto a preguntar a los españoles sobre la percepción de la Monarquía. Se quiere ocultar a los ciudadanos que el rechazo a la Casa Real ya está por encima del 50%, hecho que en un referéndum provocaría que el pueblo recuperara la plenitud de la soberanía que tiene reconocida en la Constitución que el actual Jefe de Estado ha jurado cumplir y hacer cumplir.

El movimiento republicano ya es imparable, ya no es una anécdota, es una realidad palpable que se ve en las iniciativas que los propios ciudadanos ponen en marcha y que se extienden a todas las partes del territorio nacional. Sólo hay que hacer lo que un monárquico convencido dijo una vez: llevar lo que a pie de calle es normal a la normalidad política.

Satse denuncia el uso sexista de la imagen de las enfermeras durante la fiesta de Halloween

Pasó la fiesta de Halloween con sus disfraces de zombis, vampiros y brujas y queda la misma polémica de siempre: el supuesto uso sexista de la imagen de la mujer por parte de algunas empresas. Esta vez ha sido el Sindicato de Enfermería Satse el que se ha visto en la obligación de exigir a los establecimientos comerciales que retiraran de la venta todos aquellos disfraces que atentaran “contra la dignidad e imagen pública de las profesionales” del sector sanitario.

Satse asegura que determinadas tiendas continúan “perpetuando una imagen sexista de las enfermeras (vestido ajustado, falda corta, escote pronunciado, tacones altos…) a pesar del rechazo generalizado que suscita entre las profesionales de Enfermería al ver seriamente dañada su imagen y reconocimiento social”.

Amazon, por ejemplo, ha comercializado este tipo de disfraz, tal como puede comprobarse entrando en su página de venta al público de productos para Halloween. “Killer Caregiver Adult Zombie. Disfraz de enfermera sangrienta, incluye: vestido, casco, máscara, media. Las salpicaduras de sangre acentúan el vestido. Cierre de cremallera. El vestido y el puño tienen bordes deshilachados. Los bordes deshilachados de la falda y las salpicaduras de sangre en todo el vestido son realmente amenazantes. Transfórmate en un horrible miembro de la horda de zombis este Halloween con este impresionante disfraz de Zombie Nurse”, asegura la promoción publicitaria.

Según Satse, un ejemplo concreto de gran superficie comercial que ofrece esta imagen hípersexualizada de la mujer sería El Corte Inglés, que ha vendido este año, a través de su página web, un disfraz de “enfermera sangrienta” con vestido ajustado, cofia en la cabeza, falda corta, medias para liguero y tacones con plataforma, tal como denuncian desde el sindicato.

La utilización de la imagen de “enfermera sexy” con fines comerciales podría ser especialmente dañina en fechas señaladas como Halloween, una fiesta masivamente seguida por miles de niños en toda España que deberían ser educados en valores de igualdad contrarios al machismo, según han denunciado diversas organizaciones feministas. La polémica de los disfraces ha tenido su recorrido este año, ya que el presidente del Sindicato de Enfermería, Manuel Cascos, se ha dirigido por escrito al presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, para trasladarle el “rechazo y malestar profundo del colectivo de enfermeras y enfermeros ante este tipo de prácticas comerciales, y pedirle que retiren este disfraz de la venta y no lo vuelvan a incluir en catálogos de próximos años”.

Satse resalta que el caso de El Corte Inglés no es el único, ya que “hay más establecimientos y empresas especializadas en disfraces que ofertan este tipo de atuendos, así como empresas multinacionales de comercio electrónico, como Amazon o eBay”. A ellas también se ha dirigido por carta el presidente de la organización sindical “en similares términos”.

Satse vuelve a reclamar a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que impulse la creación de un Observatorio de la Imagen de las Mujeres

Todos estos casos dan la razón al Sindicato de Enfermería en su planteamiento de que, lejos de desaparecer, “los casos de difusión de imágenes y mensajes que atentan contra la dignidad de las profesionales sanitarias, fundamentalmente enfermeras, siguen produciéndose”. Y añade: “Ante esta lamentable realidad, el Sindicato de Enfermería vuelve a reclamar a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que impulse la creación de un Observatorio de la Imagen de las Mujeres que trabaje para acabar con la utilización de estereotipos sexistas y denigrantes que deterioran gravemente la imagen y reconocimiento social de las enfermeras y el resto de mujeres de nuestro país”, añade el comunicado del sindicato.

El presidente del sindicato pretende abordar esta cuestión con la titular del Ministerio de Sanidad en una próxima reunión que está pendiente de celebración. “Se trata de un asunto de gran interés para Satse que hace escasas fechas lanzó la campaña de información y sensibilización social Rompe con los estereotipos para acabar con la imagen sexista de las mujeres enfermeras”.

El cuñadismo de Rivera: ahora giro al centro

Algo le han debido decir desde el Ibex-35, o sus encuestas internas se lo indican, pero Albert Rivera y su gente vuelven a virar el rumbo ideológico. No pasa nada pues el cuñadismo ideológico, o populismo del sistema, acepta cualquier componenda. Una vez más la formación naranja busca el centro. Ese espacio político inexistente que adoran todos los moderados (de izquierdas o derechas), pero que no deja de ser un falso ídolo de la tribu. Un no-lugar que simplemente sirve para justificar las renuncias ideológicas de cada élite de partido en ese hipotético eje derecha-izquierda. Rivera es un no-lugar en sí mismo pues el cuñadismo ideológico es capaz de absorber desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia (aunque hoy queda poco de eso en Ciudadanos como dijera hace poco Carolina Punset).

Después de unas semanas peleando con Pablo Casado y Santiago Abascal para ver quien tenía más grande la derecha, parece que en Ciudadanos han recibido un aviso. No sólo por parte del Ibex-35, quienes saben que una derecha muy extrema deja todo el campo a la socialdemocracia y la izquierda radical, sino porque la moderación de buena parte del electorado de derechas tiene sus frutos. El presidente del PP se ha lanzado al monte sin propuestas y con un mensaje neofascista o iliberal, más cercano a Steve Bannon que a Angela Merkel, y Ciudadanos ya no quiere competir a ser más cafre que nadie. Incluso esta semana, en su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logró enmudecerlo con algo muy normal, si va o no a apoyar indultos a los presos catalanes del procès. El discurso clásico de Rivera, quien necesita un ambiente caldeado, pero sin poner en perjuicio el propio sistema. Tanto como para que hoy en día la institución monárquica esté más cuestionada que nunca y los empresarios sean vistos como verdaderos explotadores, egoístas y aprovechados. Lo que son, sin duda, pero que no gusta que se vea.

¡Cuánto se estará arrepintiendo Rivera del acto en Alsasua! Él que quería responder al apoyo que la Guardia Civil le está prestando en redes sociales y para decir sus cosas contra los fueros y el españolismo, y resulta que tanto PP como Vox se le unen al acto para añadir más leña al fuego. Rivera quería sus propios heridos, su prueba de sangre etarra, y ahora resulta que se lo van a quitar los competidores de extrema derecha. Incluso algún periódico, que sólo sigue las pautas del establishment como El Independiente, habla de proetarras y respuesta violenta cuando la provocación surgió de Rivera y su alegre muchachada naranja. Ya no puede desconvocar pero le han chafado el acto. Si está muy lleno, dirán los demás que son los que han logrado llenar, y si no va nadie la culpa será de Rivera que no tiene capacidad de atracción de las masas en la lucha por el españolismo.

Todas estas cuestiones, más las elecciones andaluzas donde esperan dar el sorpasso al PP, como ya están dando en algunas encuestas, han provocado un nuevo giro hacia el centro. Un giro como se observa en los elogios, no sentidos ciertamente, de Inés Arrimadas al PSOE de Andalucía. O como permitir que el Techo de Gasto pueda ser debatido en el parlamento. Nada de lo que ha hecho esta semana Ciudadanos ha sido estrambótico, fascistilla o demasiado cuñadista. Es un giro a la moderación para ganarse al electorado moderado de la derecha e ir a por Sánchez. Porque saben que al dirigente socialdemócrata pueden robarle una cantidad de votos por su derecha. El apoyo a los autónomos por la subida de las cotizaciones para el año que viene, por mucho que prometan el maná para 2020, además un grupo al que siempre han querido representar, o el retorno al discurso contra la corrupción, la connivencia de los distintos poderes, o la alianza sanchista-populista son temas que sí calan en el electorado que pretenden captar.

Incluso la noticia sobre el intento del PP en Andalucía de quitarle a su candidato por Málaga, Javier Imbroda, es un filón de votos. Dejan al PP con una imagen de inutilidad, de falta de personas (de proyecto ya se sabe desde hace años) y supone una patada en la cara de Elías Bendodo, presidente del PP malagueño, quien no tiene arrestos para ponerse él según parece. Esto, que es anecdótico y local, marca claramente que la senda no sólo de los mediático, sino de ese giro al centro. Permite que aumente el techo de gasto porque saben que tendrán que gobernar en algunas comunidades y necesitan de ese dinero para actuar, pero a la par queda bien ante un electorado moderado que no entiende que no le puedan atender bien en un Hospital porque a un señor de Madrid le apetezca.

Un giro al centro que huele a pactos futuros entre Ciudadanos y PSOE. Ni la extrema derecha de Casado, ni la radicalidad de Iglesias parecen haber gustado al establishment. A Susana Díaz le ha ido de maravilla, como a los empresarios andaluces, con esa unión Cs-PSOE, por lo que no es descartable que, bajo la unión europeísta, lo que se esté fraguando es un pacto a futuros entre ambas formaciones políticas. Sánchez es un moderado y Rivera lo puede llegar a ser si se lo mandan. Estas disputas ideológicas, estos extremismos que han despertado en las derechas y que está alimentando a las izquierdas paradójicamente, no gustan en la plutocracia que manda en la oscuridad. El giro al centro sirve para dejar todo el extremo fascista a Casado, por un lado, y jugar la baza moderada de gobierno entre Rivera y Sánchez, por otro. El cuñadismo ideológico puede servir para gobernar con apoyos socialdemócratas o neoconservadores/fascistas (según el estado de ánimo del PP), pero en el bloque en el poder prefieren lo naranja-rosado. Lo moderado para la ciudadanía y el beneficio para los de siempre. De hecho si se fijan en las encuestas, la unión de ambos partidos está a pocos escaños de la cuadratura del círculo. El Ibex-35 ha ordenado moderación y Rivera se ha puesto a ello.

El proceso de venta de armas a Arabia Saudí sigue estando rodeado del más absoluto secreto

Las bombas inteligentes que España vende a Arabia Saudí, esas que supuestamente “no se equivocan matando yemeníes”, como sugirió la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, han contribuido a que Yemen se haya convertido ya en “un infierno en la Tierra”, según denuncia la oenegé Amnistía Internacional (AI). Y ello ocurre mientras el proceso de venta de armamento sigue estando rodeado de un oscurantismo impropio en una democracia europea como es nuestro país. “Las actas de reuniones del órgano interministerial que decide la venta de armas desde España son secretas. A día de hoy, no hay manera de saber si nuestro Gobierno ha optado por suspender futuras transferencias de armas a Arabia Saudí o si, lamentablemente, España sigue siendo cómplice de las atrocidades en Yemen”, añaden fuentes de AI. Efectivamente, las resoluciones que avalaron la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí en el año 2015 están declaradas como “materia clasificada” y, por tanto, son secretas en virtud de la Ley sobre Secretos Oficiales, según informó la agencia Europa Press.

Este proceso de exportación pasó en más de una ocasión por la mesa de la Junta Interministerial Reguladora de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU). Sin embargo, sus actas son secretas, al igual que todas las de este órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. Por su parte, la Dirección General de Política Comercial y Competitividad considera que “no procede acceder” a las actas del órgano interministerial que avalaron la venta de las bombas “en virtud del acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987”. Aquella reunión del gabinete de Gobierno clasificó como “secretas” las actas de la JIMMDU y, que como tales, constituyen “materia clasificada”. De ahí que Amnistía haya exigido al Gobierno español que ponga fin al envío y “no autorice nuevas transferencias de material de defensa a Arabia Saudí que se puedan utilizar contra la población yemení”.

Yemen es en la actualidad un estado asolado por una guerra que se ensaña con la población civil. Arabia Saudí, una de las partes en el conflicto, utiliza bombas de precisión en sus ataques contra hospitales, colegios, mercados, bodas, funerales… El conflicto ha provocado ya más de 6.000 civiles muertos y 50.000 personas heridas o gravemente mutiladas. El número de desplazados por todo el país se eleva a más de 22 millones de personas, gente que necesita ayuda humanitaria urgente mientras la comunidad internacional sigue debatiendo sobre si seguir atiborrando de armas aquella zona devastada del planeta o aplicar una resolución de Naciones Unidas que contemple sanciones para el régimen del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

España, por medio de su presidente Pedro Sánchez, ya ha anunciado que seguirá vendiendo bombas a Arabia Saudí para garantizar los contratos firmados con Riad y los puestos de trabajo de sus fábricas de producción de armamento. Lo cual contribuirá a que centenares de personas sigan perdido la vida en brutales ataques aéreos. Amnistía Internacional está poniendo rostro y nombre a la guerra de Yemen, una tragedia que pese al revuelo ocasionado en España por el escándalo de las bombas inteligentes se ha convertido en uno más de los muchos conflictos invisibles que arrasan el mundo. Buthaina, de cinco años, que perdió a sus padres y a cinco hermanos y hermanas de entre dos y diez años en un ataque saudí, es una de las últimas víctimas documentadas por AI. Un ataque en el que se usaron bombas guiadas por láser, según la oenegé.  “Proyectiles muy similares a las 400 bombas de precisión que España vendió a Arabia Saudí en 2015 y que, sin muchos escrúpulos, nuestro Gobierno acaba de decidir enviarles. Entre 2015 y 2017, España exportó material de defensa a este país por valor de 932 millones de euros”, recuerda AI.

Desde que comenzó la campaña de ataques aéreos contra el grupo armado huzí el 25 de marzo de 2015, Amnistía Internacional ha documentado cómo todas las partes en conflicto han violado una y otra vez el derecho internacional. “Tres años después, la guerra de Yemen no muestra ningún signo real de remitir y todas las partes siguen infligiendo un terrible sufrimiento a la población civil. Escuelas y hospitales han quedado reducidos a ruinas, miles de personas han perdido la vida y millones están desplazadas y en necesidad urgente de ayuda humanitaria”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

“Hay numerosos indicios de que el flujo irresponsable de armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí ha causado enormes daños a la población civil yemení. Pero esto no ha disuadido a Estados Unidos, Reino Unido y otros estados como Francia, España e Italia de continuar transfiriendo estas armas por valor de miles de millones de dólares. Además de destruir vidas civiles, es una burla del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas”, lamenta AI.

Adelante Andalucía tiene soluciones para el problema de vivienda en Níjar

Diego Crespo y María Jesús Amate candidatos Adelante Andalucía, han compartido junto a la compañera Tamara Ferrer, con los vecinos y vecinas de Campohermoso distintos puntos del programa sobre la política de vivienda de la confluencia, porque este es uno de los problemas importantes de la comarca de Níjar. En una mesa informativa, candidata y candidato han informado cómo el gobierno de Adelante Andalucía proporcionará un acceso real y efectivo a la vivienda digna, que nuestro Estatuto y la propia Constitución garantiza.

Diego Crespo ha compartido con los vecinos “la propuestas del proyecto de emergencia habitacional para la erradicación del chabolismo a nivel andaluz, en el que se contempla Níjar como zona prioritaria en la supresión de estas chabolas, que habitan vecinos y vecinas de Níjar, mayoritariamente el colectivo migrante.” Se han expuesto las medidas concretas que permitirán el acceso al alquiler social a las clases más populares, ya que “en el municipio se han detectado casos de familias que viven en infraviviendas, locales que son habitados como si fueran hogares, sin suministros básicos como la luz y el agua” como señala Tamara Ferrer vecina y candidata por la lista de Adelante Andalucía.

Al igual que en otras zonas de Andalucía, en Almería hay desalojos por parte del gobierno de Susana Díaz de viviendas de protección oficial, por una dejadez de la propia administración que, además, no plantea soluciones a las familias afectadas. En la zona ninguno de los planes propuestos desde las administraciones, los informes de los diferentes defensores del pueblo andaluz o las asociaciones y colectivos han servido para mucho, no se ha actuado ante una situación que viene siendo insostenible desde hace años.

La dejadez de la Junta de Andalucía con estas vecinas y vecinos de Níjar que sobreviven en condiciones de insalubridad sería la vergüenza de cualquier gobierno, sin embargo a Susana Díaz no parece importarle mucho, “esperemos que alargar la situación de estas personas no tenga que ver con el derecho al voto, diría muy poco de un gobierno que se dice de izquierdas», finalizó Crespo.

La Mesa del Agua considera «partidista y tendencioso» el dictamen del Congreso para reducir el regadío en España

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La Mesa del Agua de Almería hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos políticos que dieron su apoyo la semana pasada al dictamen de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados para promover la eliminación de los trasvases y la reducción de la agricultura de regadío en España, con el pretexto de adaptar la gestión del agua de riego al cambio climático. Con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto -con Compromís y PdeCAT-, el pleno del Congreso debatirá en breve ese informe que se ha elaborado tomando como referencia numerosas comparecencias de representantes de organizaciones ecologistas y solo de las cuencas hidrográficas que ceden agua para trasvases.

Por tanto, el dictamen aprobado por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados es a todas luces un informe partidista y tendencioso, muy alejado del análisis integral y objetivo que requiere buscar soluciones sostenibles para el futuro del agua de riego en España, ante una situación real e ineludible de cambio climático. El dictamen del Congreso, cuya tramitación se inició a finales de 2017 durante la etapa de Rajoy, no ha dado voz ni a los regantes del sureste español ni tampoco a representantes de las cuencas hidrográficas del Segura ni del Guadalquivir, que son las competentes sobre los dos trasvases que en este momento recibe la provincia de Almería: el Tajo-Segura y el Negratín-Almanzora. Entre los comparecientes invitados por la comisión de Transición Ecológica tampoco se ha incluido ningún representante en activo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ni de la Agencia Andaluza del Agua.

Oportunismo electoral

A juicio de la Mesa del Agua de Almería, «es muy grave» que el debate político sobre la gestión del agua de riego se base en criterios meramente partidistas y de oportunidad electoral, olvidando los beneficios económicos y el empleo que genera el regadío en España. En particular, el regadío asociado a cultivos protegidos solo ocupa el 0,2% de la superficie cultivada en el país pero genera el 10% del valor de la Producción Final Agraria (PFA) de España. En este sentido, la Mesa del Agua espera que el Grupo Socialista en el Congreso reoriente cuanto antes sus argumentos en materia de agua, hasta ahora basados en las tesis de Unidos Podemos y en el Acuerdo Social por el Agua para, a toda costa, reducir el regadío en España y paralizar la construcción de nuevas infraestructuras hídricas en todo el país.

La Mesa del Agua de Almería, consciente del cambio climático y de la degradación de los acuíferos a consecuencia de la demanda para riego y abastecimiento, quiere recordar a todos los grupos políticos en el Congreso que los regantes almerienses se han anticipado a las administraciones competentes para arbitrar y financiar con fondos propios las soluciones oportunas para proteger las aguas subterráneas y poner en marcha un nuevo modelo de riego que compatibilice la producción agrícola con el respeto al medio ambiente, sin tener que renunciar por ello a los trasvases. Del mismo modo, la Mesa del Agua de Almería critica que la toma de posición del Congreso en materia de agua ignore la interlocución mantenida durante más de un año por el Gobierno con todos los agentes sectoriales durante la tramitación del Pacto Nacional del Agua.

No contentos con promulgar el desmantelamiento de la economía agraria en el sureste y el Levante español, «el cinismo de los diputados llegó mucho más lejos». Así, en la misma convocatoria de la Comisión de Transición Ecológica donde se aprobó el mencionado informe se autorizó un trasvase de 19,9 hectómetros cúbicos anuales desde el Tinto-Odiel al Guadalquivir, dentro de la provincia de Huelva. Cabe recordar que el presidente de la Comisión de Transición Ecológica es el socialista onubense José Juan Díaz Trillo, ex consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

“Los regantes almerienses estamos atónitos ante la desfachatez de algunos políticos y no podemos consentir que jueguen con nuestro futuro quienes anteponen intereses partidistas a las soluciones fruto del consenso con todas las partes implicadas, evitando incluso la comparecencia de los regantes de las cuencas receptoras y, por tanto, no respetando las reglas más básicas de la participación democrática”, según José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua de Almería.

El informe aprobado por la Comisión de Transición Ecológica establece una serie de recomendaciones para adaptar la gestión de los recursos hídricos al contexto de cambio climático. Entre las conclusiones más destacadas, el informe dice que es necesario priorizar la gestión de la demanda y la conservación de los ecosistemas, paralizar la construcción de nuevas presas y eliminar los conceptos de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias que a día de hoy dan sentido a los trasvases. PP y Ciudadanos mantienen su voto particular en contra del dictamen, que se ha elevado al Pleno del Congreso para su debate y votación final. Será entonces cuando se conozcan las repercusiones que tendrá en la futura ley de Cambio Climático.

Susana Díaz peleará los nuevos ingresos de la PAC

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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado con motivo del acto de apertura de la Jornada «Otra PAC + social y con perspectiva de género», que se celebra en Córdoba, que el gobierno de Andalucía estará «en la primera línea de batalla» de la nueva PAC, ya que «nos jugamos el futuro de una década».

Díaz ha afirmado que «una de las cosas buenas que ha hecho Europa» ha sido la PAC, por lo que ha considerado como una «fortaleza» y «una potencia en la negociación» que todas las organizaciones agrarias, junto al gobierno de Andalucía y el de España, estén «a una» de cara a la nueva PAC que se está preparando en Bruselas para el sexenio 2021-2027.

«Tenemos la experiencia del otro marco financiero en el que perdimos 1.000 millones», ha advertido la presidenta, que ha pedido «más inversión» y un reparto «equitativo y justo» de la Política Agraria Común (PAC).

Susana Díaz ha recordado que Andalucía es una región eminentemente agraria donde «el 85% de los perceptores de la PAC residen a menos de 20 kilómetros de su explotación», por lo que ha subrayado la importancia que tienen estos fondos europeos para la comunidad. «La burocracia en Europa en relación con la PAC la hace prácticamente insufrible», ha dicho Díaz tras denunciar que «no tiene sentido que en la era digital, en la que puedes vender una casa por internet, se pidan todos los años mismos papeles».

Díaz ha destacado la importancia de incorporar a jóvenes y mujeres en el tejido agroalimentario y ha pedido combatir el desequilibrio en la cadena de distribución. «Voy a pedir a las cadenas de producción y al Gobierno de España que se trabaje, como lo están haciendo en otros países europeos, para hacer más justo el reparto. No es posible que lo que se está pagando en los terminales de venta sea tan superior a lo que reciben nuestros productores», ha señalado la presidenta. En relación con ello ha defendido que si «pagamos precios dignos en origen habrá sueldos dignos».

La presidenta también ha hecho referencia a la importancia de «ser ambiciosos con la política hídrica» y ha afirmado que se está haciendo una «apuesta importante por mejorar y modernizar los regadíos». «Necesitamos que el coste energético y el del agua sea justo y apropiado», ha dicho Díaz, que ha invitado a aprovechar la «riqueza natural» de Andalucía, «una tierra rica en horas de sol».

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido al Gobierno de la nación rebajar las 35 peonadas para facilitar el cobro del subsidiario agrario «por justicia» ante las consecuencias de la gota fría en cosechas que se «verán afectadas de forma irreversible».

Díaz ha recordado que el gobierno andaluz ha aprobado la primera línea de ayuda, con 37 millones, para los municipios afectados por el temporal y ha señalado que el gobierno de España el próximo viernes hará la declaración de zona de emergencia social.

Caso Banco Popular: el círculo se cierra sobre De Guindos y el PP

Los elementos que tuvieron una influencia directa en la caída del Banco Popular intentan quitarse responsabilidad unos a otros para que, una vez que avance el proceso judicial, que la culpa no caiga sobre ellos. Ya lo intentó el Banco Santander buscando la prejudicialidad en las causas penales interpuestas por presunto enriquecimiento ilícito a través del argumento de que la Justicia española no era competente sino sólo la europea. Por otro lado, los bufetes con conflicto de interés con la entidad presidida por Ana Patricia Botín, junto con otros de menor categoría que vieron en el caso Popular una oportunidad de ganar dinero rápido, pretendieron culpar de la caída del sexto banco de España a la ampliación de capital o al estado de las cuentas haciendo un paralelismo con la salida a bolsa de Bankia, relación que no existe en ningún caso.

Ahora son las instituciones dependientes del Ministerio de Economía las que se están intentando salvar culpando al resto. Lo hizo la CNMV con un informe que no tenía otra intencionalidad que el de presentarse ante la Justicia como una víctima cuando, en realidad, los datos demuestran cómo el regulador del mercado en España permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

El cambio de gobierno y de las personas que se encuentran al frente de las instituciones económicas está provocando temor en las que les precedieron. Margarita Delgado, nueva subgobernadora del Banco de España (BdE), ya dejó claro a sus inspectores que «se acabó defender a la banca». Sin embargo, todos los actores implicados quieren ahora responsabilizar, precisamente, a este colectivo de la caída del Banco Popular, sobre todo porque se está conociendo información muy delicada tanto para el Santander como para el propio BdE gracias a que son los propios peritos —según acusan las partes imputadas— los que están filtrando información que tanto la entidad cántabra como el regulador consideran que no debe hacerse pública, incluso después de que el juez Andreu desclasificara esos documentos.

Diario16 lleva más de un año y medio publicando documentación en la que se demuestra claramente cómo las instituciones, junto a Emilio Saracho, fueron fundamentales para que el Popular cayera por la crisis de liquidez generada en el segundo trimestre de 2.017, es decir, nada que ver con las cuentas de años anteriores. Hemos visto, por ejemplo, cómo el propio Ministerio de Economía de Luis de Guindos no autorizó al Popular la implementación de la totalidad de su plan de negocio.

La propia documentación desclasificada por Andreu está demostrando que la resolución del Banco Popular no tenía más base que la de acelerar un proceso que beneficiaba al Santander. No se podía esperar más a pesar de que el banco tuviera liquidez para, al menos 24 horas más, tiempo suficiente para que Saracho hubiese resuelto el problema de forma a la hora de acceder a 4.500 millones de euros de ELA o para que hubiese comunicado al mercado las ofertas de ampliación de capital o las de venta de activos no estratégicos.

La obligación de los supervisores, precisamente, es la de tener controladas a las entidades bancarias. No lo hicieron, por más que se controlara la liquidez cada dos horas. Había otras muchas cosas que podían haber monitorizado. No lo hicieron y el Popular se fue desangrando hasta llegar a la situación que el Santander esperaba y que había sido diseñada varios meses antes, tal y como demuestra la información del FROB en la que se indica que cuatro días antes de la resolución ya estaba determinada la fecha y la hora en la que, no sólo se ejecutaría la resolución sino también del proceso de venta.

Por tanto, además de la responsabilidad y la connivencia de Emilio Saracho, el cerco se está estrechando hacia los supervisores y los reguladores dependientes del Ministerio de Economía, es decir, hacia Luis de Guindos y el gobierno del Partido Popular.