martes, 20 enero, 2026

Los bancos aún no han devuelto más de la mitad del dinero que deben a los clientes por las cláusulas suelo

José Antequera
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Los bancos aún no han devuelto más de la mitad del dinero que deben a los clientes por las cláusulas suelo

Los bancos aún no han abonado más de la mitad de las reclamaciones interpuestas por aquellos clientes que pretenden recuperar lo que las entidades financieras les adeudan por las cláusulas suelo. Este tipo de cláusulas benefician a la banca y perjudican a los clientes al fijarse un límite mínimo por debajo del cual nunca puede bajar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios, aunque los mercados abaraten el precio del dinero. En mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró nulas por abusivas tales cláusulas, algo que confirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de diciembre de 2016, abriendo el camino para que los clientes que tenían suscrito un préstamo hipotecario bajo estas condiciones comenzaran a reclamar su dinero. Sin embargo, cinco años después la sentencia parece haber quedado en papel mojado para miles de clientes, que aseguran que todavía no han recuperado lo que los bancos les cobraron indebidamente.

Denuncias de particulares que han llegado a la redacción de Diario16 aseguran que las entidades financieras no están cumpliendo el dictamen judicial. De este modo, CaixaBank, uno de los bancos que según los denunciantes va con retraso en el abono de las cantidades adeudadas, aseguró ayer a este diario que a principios de este año se habían atendido favorablemente el 52% de las reclamaciones. Según CaixaBank, esta entidad es la que mayor porcentaje de respuesta positiva ha dado al cliente (un 52% frente al 40% de media del sector). “En el caso de CaixaBank, a principios de este año el tema ya estaba muy avanzado. Se revisaron una a una todas las reclamaciones y se aceptó compensar a más de 52.000 clientes por valor de 241 millones de euros”, aseguran fuentes oficiales de la entidad. No obstante, no se atendieron aquellas reclamaciones de hipotecas que el banco considera que no se han realizado “conforme a los criterios de transparencia fijados por el Tribunal Supremo”, añade CaixaBank.

El mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno en 2017 para resolver el conflicto de las cláusulas suelo había recibido un total de 1,13 millones de reclamaciones hasta el cierre de marzo de 2018. De esa cantidad, la banca solo estimó el 40,75 por ciento de las demandas, 502.564 reclamaciones, aunque solo se alcanzó un acuerdo entre el cliente y el banco en 463.236 casos, ya fuese mediante la devolución en efectivo del dinero (406.940 demandas) o con otras medidas compensatorias (40.940). De esta manera, casi un 60 por ciento de las reclamaciones no se han resuelto positivamente para el cliente.

Se calcula que el fraude global por las cláusulas suelo puede elevarse a más de 4.000 millones de euros, según datos del Banco de España, y podría haber afectado a más de 3,3 millones de españoles que suscribieron una hipoteca. La Justicia europea sentenció que la banca española debe devolver todo lo cobrado de forma indebida, después de que la asociación de consumidores ADICAE iniciara una batalla judicial hace casi diez años. “Los bancos no van a ponerlo fácil e intentarán que pelees en solitario en los tribunales. Por ello ADICAE, que ya ha vencido a toda la banca junto a 15.000 consumidores en una macrodemanda histórica, está agrupando a todos los afectados por cláusulas suelo para conseguir una devolución extrajudicial (sin ir a juicio) universal (para todos los ciudadanos) y de la forma más económica posible (evitándote gastos innecesarios en abogados privados que querrán hacer negocio con tus derechos)”, asegura una nota de prensa de la asociación.

ADICAE recuerda que la lucha colectiva y organizada de los consumidores es la “única manera de forzar” a los bancos a que cumplan lo reconocido por la Justicia. “Únete a ADICAE para defender juntos tus derechos y los de todos los ciudadanos. Ven a las asambleas informativas en toda España y apúntate a esta Plataforma para recibir toda la información”, informa la asociación.

En España la mayoría de las entidades bancarias suscribieron contratos de préstamos hipotecarios lastrados con cláusulas suelo durante los años de la burbuja inmobiliaria. Así BBVA debe 1.200 millones de euros; CaixaBank 750; Sabadell 352; Liberbank 129; y Bankia 101 millones, entre otros. El Banco Santander apenas comercializó hipotecas con cláusulas suelo, pero sí lo hizo Banco Popular (al menos 334 millones ingresados por este concepto). Tras la polémica compra del Popular por un euro, el grupo que preside Ana Patricia Botín ha devuelto una parte a los clientes afectados: cerca de 200 millones de euros.

No es el primer revés que sufren los bancos españoles por sus prácticas supuestamente abusivas y que queda diluido por una Justicia tibia a la hora de aplicar unas resoluciones que chocan directamente con el poder de las élites financieras. El Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, ha establecido en las últimas semanas que el impuesto de actos jurídicos documentados por la suscripción de un préstamo hipotecario debe correr por cuenta de la entidad y no del cliente. Sin embargo, horas después, los magistrados suspendían el fallo de forma incomprensible e inédita en la historia reciente. La resolución ha provocado una auténtica crisis en el seno de la Justicia, hasta el punto de que los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirán el próximo lunes para fijar la doctrina definitiva que certificará quién paga el impuesto, revocando o confirmando la sentencia. Todo hace pensar que serán los consumidores, una vez más, los que se sentirán estafados.

Dos escándalos –el de las cláusulas suelo y el de los gastos burocráticos que generan las hipotecas–, que demuestran que la banca sigue gozando de privilegios intolerables en nuestro país. Una Justicia auténticamente fuerte e independiente nunca hubiese permitido que cinco años después de la sentencia que define las cláusulas suelo como “abusivas” todavía haya bancos que no han satisfecho su deuda con los clientes. Ahora está por ver si el Supremo se bajará nuevamente los pantalones ante los mercados, dando la razón a la banca e imponiendo el impuesto de actos jurídicos documentados a los ciudadanos. Está en juego algo tan importante como que los derechos fundamentales de los consumidores no sean pisoteados por el Leviatán bancario.

 

Lydia Cacho: «El machismo es una trampa que legaliza lo inaceptable»

José Antonio Gómez
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Lydia Cacho: «El machismo es una trampa que legaliza lo inaceptable»

Ya es oficial, ya es una realidad, el Foro16 Feminismo, Igualdad Real ha entrado en la sociedad española. Se trata de una iniciativa del Grupo Multimedia Ediciones Globales, empresa editora de  empresa editora de cabeceras como Diario16, Feminismo16, diario16.com,la edición Mediterráneo o el económico digital Sabemos, entre otras, han aportado su visión para que hoy iniciemos este camino con el que poder presentar ante Sevilla, Andalucía, España, Latinoamérica y el mundo la necesidad y la fuerza de la revolución de la mujer como elemento integrador del siglo XXI.

El presidente de Foro16, Manuel Domínguez Moreno, ha dejado muy claro que este nuevo espacio «desea ser el ágora del debate permanente hacia la igualdad real porque hay que tener muy claro que la humanidad no va a ir hacia atrás y el que quiera contribuir al bien de todas y todos sus componentes debe ayudar a que la sociedad se adapte a la evolución».

La inauguración de Foro16 ha contado con la presencia de la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, la Delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Myriam Díaz, la directora del Foro16, Cristina del Valle y la periodista, activista, referencia del feminismo y escritora, Lydia Cacho, a quien Manuel Domínguez Moreno ha definido, entre otras cosas, como «periodista de raza, de las de verdad, que la llevó a infiltrarse en redes salvajes de trata de blancas para denunciar lo que ocurría en México y a personas muy poderosas que se beneficiaban de la explotación de las chicas, mujer valiente, activista por los derechos de la mujer».

Domínguez Moreno ha finalizado su intervención con un recuerdo a las mujeres que han sido asesinadas, a las que sufren el maltrato o los abusos sexuales.

Por su parte, la directora de Foro16, ha hecho hincapié en el compromiso de todas las publicaciones del Grupo MEG con el feminismo y la lucha de la igualdad, además de recordar cómo Soledad Murillo, junto al ministro Moratinos, viajó a México para mediar en favor del secuestro de Lydia Cacho por parte de un narcotraficante al que la periodista mexicana había denunciado, un rapto de más de 30 horas en las que fue torturada. Además, ha puesto sobre el papel los nuevos modelos de machismo que la sociedad está queriendo imponer.

Myriam Díaz, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, ha hecho mucho hincapié en la importancia de los consistorios porque son quienes trabajan desde las zonas más cercanas a la ciudadanía.

María José Sánchez Rubio, Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, ha indicado que es histórico el nacimiento de Foro16 porque abre un espacio de debate de un tema que es fundamental en la nueva sociedad del siglo XXI: la lucha por la igualdad. «El Foro16 va a ser importante porque está pensando en la igualdad y en las mujeres». La consejera ha ponderado la importancia de la persona de Soledad Murillo y cómo en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició un camino que en la actualidad está continuando el Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta de Carmen Calvo. Ha recordado a los defensores de los derechos humanos en ciertos países que son asesinados. «En la lucha contra la violencia de género no hay fronteras», ha afirmado, haciendo mención a la presencia de Lydia Cacho.

Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, ha hecho mucho hincapié en la personalidad tanto de Manuel Domínguez, como luchador contra la corrupción financiera, y de Lydia Cacho como luchadora contra la corrupción de la violencia. Murillo ha hecho referencia, evidentemente, a la importancia del hecho de ser mujer y de no tener que pedir permiso a nadie para salir a la calle.

Lydia Cacho ha iniciado su conversación poniendo en valor el hecho de que las mujeres hayan cambiado todo en el mundo. «Las mujeres hemos creado un poder horizontal y nos cuesta trabajo reconocerlo». Todos los días, las feministas del mundo, estamos demostrando que el cambio es posible y por eso el mundo está cambiando. Cacho se ha referido a los avances en España en materia de igualdad y ha recordado que existe una oleada machista que hace décadas se intuía por el poder que va ganando la mujer.

Este poder de la mujer se puede comprobar en cómo están influyendo en el propio periodismo, incluso, cambiando el modelo de lenguaje. Sin embargo, los peligros siguen ahí. Hay países en los que la pedofilia se toma como un asunto de vida privada, tanto de los criminales como de los propios jueces.

Cacho ha hecho referencia al caso de La Manada y al juez que dio su voto particular porque puso en duda que la víctima pudo provocar. Sobre todo, porque ese juez hablaba en nombre del Estado español, y una muestra de cómo el aparato oficial aún continúa alojando elementos y comportamientos machistas.

Las feministas han logrado lo que parecía imposible. Hace 30 años, cuando su editor le mandó a cubrir el impacto del turismo masivo en la zona de la Riviera Maya. Sin embargo, las mujeres dijeron que lo que querían que se conociera fuera el machismo, cómo las maltrataban, cómo los hombres abusaban de los niños y las niñas, incluso con violaciones de padres a hijas. Hace 30 años y el editor tomó un asunto tan grave como una intromisión en la vida privada. «Ahí fue cuando decidí meterme en la vida privada cuando hay un delito y se hace año a los demás».

«La democracia real no existe en los hogares porque no hay igualdad real entre hombres y mujeres. Sin embargo, se están haciendo grandes logros como la posibilidad de tener poder, como las mujeres que están en la mesa. Ahora les toca a los hombres trabajar entre ellos para transformar el mundo, como hemos hecho las feministas» ha afirmado Lydia Cacho.

Los hombres les tienen mucho miedo a los hombres. Eso lo sabemos bien las feministas. ¿Cómo es que algunos políticos toman el discurso feminista porque les conviene? Sin embargo, en su vida cotidiana son extremadamente machistas, siguen reproduciendo todas las actitudes del machismo, porque mantiene sus privilegios. Los partidos políticos son los líderes del machismo. «El machismo es como una prisión bajo tierra», ha señalado Cacho esta cita de Antonio Ortuño. El machismo es una trampa que legaliza lo inaceptable.

Casado no condena el neofascismo por no condenarse él mismo

Santiago Aparicio
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Casado no condena el neofascismo por no condenarse él mismo

La propuesta de Izquierda Unida para leer una declaración institucional de condena del auge del neofascismo no se ha podido llevar a cabo en el Pleno del Congreso de los Diputados por negar el PP con excusas, cuando menos, peregrinas. Nuevamente Pablo Casado se niega a hablar de una ideología cercanísima a su posicionamiento político como sucedió al no querer calificar a Vox en una entrevista televisiva. Es bien conocido que su jefe de verdad, José María Aznar, ha tenido relaciones con Viktor Orban y que Santiago Abascal se ha criado a los pechos de las mismas personas que el nuevo presidente del PP.

El PP se ha justificado, de forma torticera y recurriendo a la mentira y la ignorancia. Para el “inteligente” diputado del PP, José Ignacio Echániz, no se puede aprobar la declaración institucional, que era un calco de la aprobada en el Parlamento Europeo la semana pasada, porque se deja fuera “la otra mitad de la Historia”. ¿Cuál es esa otra mitad de la que hablan? “Todos los fascismos comunistas que a lo largo de muchos siglos han existido en nuestro planeta” ha dicho sin ruborizarse. No se puede poner en menos espacio mayor cantidad de ignorancia junta. Comunismos y muchos siglos, como Fascismo y muchos siglos es una falsedad histórica. Que se conozca en la Edad Media no había fascismo, ni comunismo por ejemplo. De hecho son producto de ciertas reacciones al capitalismo de laissez faire de primero del siglo XX. Muy inculto el señor Echániz, tanto como para soltar una boutade de ese tamaño.

La primera parte de su frase también es una muestra de incultura, de ignorancia, de estupidez política que parece que es típica del Partido Popular. El comunismo es un totalitarismo si se quiere, nunca un fascismo. Es más ambos conceptos son antinómicos. O si se prefiere las dos caras de la moneda del totalitarismo, pero nunca fascismo se puede asemejar a comunismo, salvo que el señor Echániz haya escrito un gran ensayo sobre la materia con datos apabullantes en ese sentido, la casi unanimidad en la Academia es que no son lo mismo. De hecho algún autor que otro ha mantenido que el fascismo-nazismo es una respuesta del capitalismo contra la revolución comunista de 1917. En su estructuración como sistema dictatorial pueden tener algunas cosas en común, pero de ahí a hablar de los “fascismos comunistas” hay un trecho.

Al final lo que no quieren es condenar su fuente política. El PP de Pablo Casado es neofascista en algunos aspectos y mucha parte de su militancia es heredera del otro fascismo, el que impuso una dictadura sangrienta en España. Y claro definirse contra lo que se lleva en la sangre es complicado siempre. Por eso acaban hablando del peligro de los comunistas, de los marxistas o del peligro rojo, porque siguen teniendo insertas en sus venas la lucha contra la conspiración judeo-masónica marxista que decía el fascista patrio. Ese al que veneran en cuanto no les mira la gente. Desde el PP, por tanto, niegan la entrada que dice así: “el Estado español se fundamenta constitucionalmente sobre los valores del respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”. Debe ser que Casado, que no ha leído la Ilíada y habla de caballos de Troya, no quiere respetar los derechos humanos, ni la libertad, quiere como buen neofascista someter a todas las personas mediante procedimientos iliberales.

También quiere pegar Casado a las personas que no son como él, no de ignorantes, sino blancas, muy mucho españolas y de derechas de toda la vida, porque no se comprende que tampoco hayan aceptado que se dijese: “Condenamos por tanto enérgicamente la violencia perpetrada por grupos neofascistas contra minorías concretas, como europeos negros y personas de ascendencia africana, judíos, musulmanes, población romaní, nacionales de terceros países, personas en situación de pobreza severa y sin hogar, personas LGTBQI y personas con discapacidad. También condenamos las amenazas y ataques violentos crecientes por parte de la extrema derecha contra miembros de partidos políticos en España”.

Y todo porque no se habla de Pol-Pot. Ni de Pinochet, Somoza, Trujillo, la familia Saud y demás dictadores que eran/son de derechas. Porque el texto era, como ocurrió en el Parlamento Europeo, contra el avance del neofascismo. Algo que preocupa y mucho en Europa porque aquellas derechas sufrieron en sus propias carnes el fascismo. Aquí, empero, la derecha del PP es producto del fascismo y contento con ello. Del fascismo y de la corrupción claro, pero esto es otro tema a tocar en otro momento. Casado no se moja con el neofascismo porque sabe que debe atraerlo para llenar la buchaca de los votos y a él tampoco le importa que hagan alguna batida según parece. Debe ser que como en el PP se encuentran a salvo por ser pares ideológicos les da igual. Más les vale recordar que Hitler a los primero que pasó a cuchillo fue a los suyos, a las SA. Como hizo Stalin también. Así que más les valdría tener un poco de respeto, por mucho que se sientan neofascistas del Ibex-35, que es como son los neofascistas actuales.

Una unidad especial de inspectores investigará las denuncias por falsos autónomos en Mapfre

José Antequera
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Una unidad especial de inspectores investigará las denuncias por falsos autónomos en Mapfre

Una unidad especial de la Inspección de Trabajo con sede en Madrid se hará cargo de la investigación tras la serie de denuncias que ha interpuesto Liberados de Mapfre (LM), la asociación recién constituida que asegura que la compañía multinacional española del Íbex 35 tiene contratados a miles de trabajadores como falsos autónomos. El organismo que centralizará las diligencias será la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, una unidad de inspectores que acostumbran a desplazarse a las provincias cuando el caso adquiere una magnitud, un volumen de denuncias y una complejidad considerables y cuya forma de trabajar está considerada como “brillante” entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Tal como viene publicando en exclusiva Diario16, Liberados de Mapfre ha destapado un inmenso caso de supuestos falsos autónomos en esta compañía de seguros y lo ha llevado a la Inspección de Trabajo de Almería, provincia donde empezaron a detectarse las presuntas prácticas irregulares. Este organismo territorial, al constatar que el asunto podría afectar a miles de trabajadores –no solo en Andalucía sino en todo el país–, ha remitido el expediente a la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social en Madrid.

Cabe recordar que Mapfre es una empresa multinacional de capital español con presencia en 49 países. Según datos de 2014, tiene oficialmente registradas 5.524 oficinas en todo el mundo. El grupo dispone de una red de 79.000 agentes y mediadores de seguros, 5.600 de los cuales trabajan en Estados Unidos y más de 24.700 en Brasil. El resto –unos 49.000–, trabaja en territorio español. Según Liberados de Mapfre, miles de esos empleados prestan servicios como falsos autónomos.

Fuentes de la Inspección de Trabajo consultadas por este diario aseguran que el de Mapfre es un caso “complejo” que llevará tiempo investigar, no solo por la enorme cantidad de trabajadores que maneja la compañía y que podrían estar afectados como “falsos autónomos” sino por la “propia estructura de los contratos” que la empresa suele firmar con los agentes y delegados de las casi tres mil sucursales repartidas por todo el país.

Una vez que las denuncias interpuestas por Liberados de Mapfre lleguen a Madrid, el procedimiento de investigación será el habitual. El Jefe de la Inspección analizará tales acusaciones contra la multinacional española y verificará si resultan creíbles a la vista de los documentos de prueba que aporta la asociación denunciante. Tras determinar que el caso es materia de su competencia, se dará orden de servicio a los inspectores, que se desplazarán por todas las oficinas Mapfre de España (casi tres mil) para recabar más información. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que dispone actualmente de los medios humanos y materiales para llevar a cabo esta ardua investigación. Ya en las oficinas provinciales de la empresa, los inspectores interrogarán a sus responsables y agentes, recabarán más pruebas y revisarán toda la documentación necesaria para determinar si Mapfre está contratando realmente a trabajadores como falsos autónomos, tal como denuncia LM.

El caso de Mapfre estalla apenas dos meses después de que el Gobierno aprobara un decreto con el que pretende aflorar más de 40.000 falsos autónomos en todo el país. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asegurado en más de una ocasión que pretende acabar con estas prácticas irregulares del mercado laboral que ocasionan miles de millones de euros en pérdidas al régimen general de la Seguridad Social, ya que los impuestos no recaen sobre las empresas (como sucede en un contrato laboral por cuenta ajena) sino sobre los trabajadores, a los que tras obligarlos a firmar un contrato mercantil se terminan convirtiendo en algo así como pequeños empresarios. Además, todo el marco legal suscrito entre trabajadores y empresarios salta por los aires, en concreto el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos sectoriales, abocando al mercado laboral a un agujero negro donde se instala la inseguridad jurídica, los abusos, la precariedad y la explotación laboral. En definitiva, los contratos de falsos autónomos son un cáncer que amenaza con destruir el tejido social y económico de todo un país. De ahí que el decreto del Gobierno pretenda endurecer las medidas de control para perseguir lo que no deja de ser más que un inmenso fraude laboral que se ha instalado en muchas empresas españolas tras la aprobación de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

Semillero de falsos autónomos

En su denuncia, la Asociación Liberados de Mapfre insta al Ministerio de Trabajo a que investigue los contratos y prácticas laborales que se realizan en casi 3.000 sucursales de la compañía multinacional española en todo el país. Según la denuncia de la asociación, en Mapfre hay dos clases de sucursales, las que están dirigidas por un agente y aquellas cuyo responsable último es un director. En el primer grupo (formado por unas 2.624 oficinas, el 90 por ciento del total) el jefe es un agente de seguros que en realidad es un “falso autónomo”, pues depende “jerárquicamente de las sucursales con un responsable director”.

Además de las delegaciones dirigidas por agentes, en Mapfre funciona un segundo tipo de sucursales cuyo responsable último es un director empleado de la empresa y donde trabajan “gran número de falsos autónomos” denominados APM (agentes profesionales Mapfre). Estas representan aproximadamente un 10 por ciento del total de las sucursales, es decir, 291. “En estas sucursales de Mapfre desarrollan su actividad miles de trabajadores (denominados APM) dentro del ámbito de organización y dirección de Mapfre a través de su director”, asegura la denuncia. Estos empleados también estarían sometidos a un horario determinado, retribución salarial, medios de producción, etc, dependientes de la empresa. “En definitiva, trabajan como asalariados pero están contratados como si fueran autónomos”, agrega el escrito. “A todos los responsables de estas sucursales les presionan para contratar personal (como empresarios) y/o convertirse en personas jurídicas para enmascarar la relación laboral. Todos ellos son falsos autónomos y los que trabajan con ellos también lo son”, afirma el escrito de denuncia interpuesto por la asociación.

Adelante Andalucía propone la gestión pública del 100% de la Sanidad

Diario16
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Adelante Andalucía propone la gestión pública del 100% de la Sanidad

Diego Crespo, candidato de Adelante Andalucía, ha presentado las propuestas de gobierno de la confluencia en materias de sanidad. El lugar elegido ha sido el hospital de Poniente de El Ejido, uno de los tantos públicos, cuya gestión depende de una agencia andaluza, lo que de facto implica una gestión privada. En palabras de Diego Crespo “las consecuencias de los recortes que se han llevado en Sanidad a lo largo del gobierno de Susana Díaz son, entre otras, la precariedad de los empleos de los trabajadores, lo que repercute directamente en la atención sanitaria de los andaluces y andaluzas”.

El 50% de los hospitales andaluces, aun siendo públicos tienen una gestión privada, entre estos se encuentra el Hospital de El Ejido. Cuando Crespo esté en el parlamento andaluz, se vigilará las licitaciones de este y el resto de hospitales, “es fundamental estar vigilantes con estos pliegos, que sean transparente, y que los trabajadores/as tengan mejor acceso a las bolsas de trabajo”.

Andalucía es la comunidad autónoma que menos gasto destina por habitante a la atención sanitaria, un 20% menos que la media nacional. Adelante Andalucía destinará el 7% del PIB de la comunidad a los gastos de sanidad, lo que puede suponer hasta 100.000 empleos más de profesionales, el ratio que se marca la confluencia es de 1 médico 1 enfermero. La estimación es que en este momento hacen falta en Andalucía 35.000 enfermeros y enfermeras (fuentes del SATSE).

PSOE: los ayuntamientos socialistas han reducido la deuda en 78,3 millones de euros, frente al despilfarro del PP

Martha Golfín
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PSOE: los ayuntamientos socialistas han reducido la deuda en 78,3 millones de euros, frente al despilfarro del PP
El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha asegurado que los ayuntamientos socialistas de la Región de Murcia han reducido la deuda financiera en 78,3 millones de euros, frente al despilfarro del PP.
“El Gobierno de López Miras, en este ciclo agotado, ha tomado como rehenes a los ayuntamientos de la Región, con el absoluto abandono de las inversiones necesarias y el incumplimiento de las competencias autonómicas, que están asumiendo los consistorios”, ha señalado.
Según López, mientras la Comunidad Autónoma sigue lastrando de manera irremediable, con la mala gestión del PP, las esperanzas de futuro de la ciudadanía de la Región de Murcia aumentando la deuda, los ayuntamientos socialistas han hecho una excelente gestión con un esfuerzo muy importante, sin resentir los servicios públicos y sin alterar la vida de las vecinas y vecinos.
El dirigente socialista ha indicado que la Comunidad Autónoma, en el periodo 2015-2017, ha aumentado la deuda financiera en 1.957 millones de euros, lo que supone un incremento del 28,62 por ciento.
“Mientras, en ese mismo periodo de tiempo, los ayuntamientos del PSOE han reducido la deuda financiera en 78,3 millones de euros, y los consistorios gobernados por el PP la han aumentado en más de 100 millones de euros”, ha remarcado.
López ha afirmado que estos datos hablan de una gestión eficiente y honesta del dinero público por parte de las alcaldesas y alcaldes socialistas de la Región de Murcia. “Los datos reflejan maneras distintas de ver la política y de afrontar el futuro en 2019”.
“Esta Región se puede gobernar de otra manera, lo acreditamos con la gestión de alcaldes y alcaldesas socialistas y lo acreditaremos con Diego Conesa como presidente del Gobierno regional”.
Por su parte, el alcalde de Lorquí y presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Joaquín Hernández, ha destacado el esfuerzo que están haciendo todos los ayuntamientos socialistas en cuanto a prestación de servicios e inversiones. “Y esto solo lo estamos haciendo con recursos propios”.
En este sentido, ha reivindicado una ley de financiación local. “Los ayuntamientos necesitamos esta ley por dos motivos: porque no vamos a negarnos a seguir prestando todos los servicios que, por derecho y por ley, se merecen los vecinos y vecinas, y porque en la Región de Murcia estamos en una situación de desventaja con respecto a las demás comunidades autónomas”.
“Somos la única Región en España que no tiene ni fondo de inversión, ni ley de financiación, y por lo tanto, estamos en un agravio comparativo con el resto de comunidades”, ha concluido.

Libres destapa la estrategia de Francisco de la Torre con los parques caninos

Diario16
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Libres destapa la estrategia de Francisco de la Torre con los parques caninos

El partido Libres, a través de Iván González, su candidato a la alcaldía de Málaga, ha denunciado la estrategia del actual equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital en relación a los parques caninos. “¿De qué sirve llenarse la boca señalando que apuestan por lugares para los perros cuando luego se olvidan de dotarlos de las mínimas infraestructuras, de su mantenimiento y del bienestar y la salud de las mascotas? La apuesta de Francisco de la Torre es un sí pero no, es decir, un callo la boca a la gente un tiempo hasta que vuelvan a molestarme”.

Basta con pasarse por algunas de las instalaciones para comprobar la realidad de los hechos. Y así lo ha hecho Iván González en el Parque del Norte. “Delimita la zona con vallas, pero luego es un descampado cuando prometió instalar un gimnasio para perros. El mantenimiento no existe, hay una acequia que debería estar abovedada y constituye un peligro para los animales.

La cancela para el acceso a los cachorros y perros de menos de 10 kilos está siempre cerrada porque no es doble y cuando se abría para entrar algunos perros se escapaban a la calle, por lo que tienen que acceder por la misma puerta de perros grandes, y ya nos han comentado algunos vecinos que ha habido peleas entre animales e incluso entre los propios dueños por ello”.

Esta situación, como suelos que dañan las almohadillas de las patas de los canes, falta de fuentes para refrescarse, ausencia de iluminación, puertas rotas por las que no se puede acceder… es habitual en prácticamente todos los parques caninos de Málaga. “La estrategia es clara: cuando los vecinos se quejan, les calla la boca durante un tiempo vallando un solar y luego, si te he visto no me acuerdo. Esto es demagogia y con los ciudadanos malagueños no se puede jugar así. Málaga no se merece un alcalde como Francisco de la Torre”, ha concluido el dirigente de Libres.

El Santander cobró comisiones del regalo de acciones a un empresario granadino

Esteban P. Cano
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El Santander cobró comisiones del regalo de acciones a un empresario granadino

Como ya publicamos en anteriores artículos el Banco de Santander contrató con una sociedad de un importante constructor granadino una opción de venta sobre acciones del propio Santander, acciones que, posiblemente, no pudieron colocar en su ampliación de 2.008 por 7.200 millones de euros. Las dos partes habían concertado una opción de venta de acciones de Santander, opción concedida gratuitamente a favor de dicha empresa. La opción consistía en la posibilidad de vender unas acciones a unos determinados precios y periodo de ejecución temporal. Aquí no había riesgo alguno para el inversor porque, si la acción bajaba, el empresario no ejercería la opción de venta, pero si subía, la podría ejecutar a los precios pactados.

Las comisiones que cobró el Santander por dicha opción eran las siguientes:

  • Si el precio de referencia de la acción era igual o superior al 182,36% del precio de ejercicio, la prima a pagar por el comprador sería de 61,77 millones de euros.
  • Precio de referencia igual o superior al 161,77%, pero inferior al 182,36% del precio de ejercicio: 37,062 millones de euros.
  • Precio de referencia igual o superior al 141,18%, pero inferior al 161,77% del precio de ejercicio: 27,796 millones de euros.
  • Precio de referencia igual o superior al 130,89%, pero inferior al 141,18% del precio de ejercicio: 18,531 millones de euros.
  • Precio de referencia igual o superior al 120,59%, pero inferior al 130,18% del precio de ejercicio: 9,265 millones de euros.
  • Precio de referencia inferior a 120,59%: 0 euros.

Según el documento al que Diario16 ha tenido acceso, había más condiciones como que si en cualquier momento de la cotización de dichas acciones se superara el 182,36% de rentabilidad, «si media acuerdo de las partes en tal sentido, la presente operación se cancelará anticipadamente en dicho día o en el siguiente día de cotización, o bien, en el supuesto de que no se cancele anticipadamente la operación […] el comprador quedará obligado desde ese mismo momento al pago de la prima anteriormente indicada».

Por tanto, si estamos hablando de una prima (o comisión) máxima de casi 62 millones de euros, a partir de ahí se puede intuir la rentabilidad de la operación para el empresario granadino y cómo el Santander logra, con este movimiento, recuperar la financiación concedida para la compra de acciones de Sovereign, todo ello en contra de los intereses de los accionistas del Santander.

Santander compensó a un empresario por sus pérdidas en Sovereign con un regalo de acciones

Nuevo caso de presunta perversión financiera en el Banco Santander

Una asociación denuncia un inmenso semillero de falsos autónomos en tres mil sucursales de Mapfre

José Antequera
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Una asociación denuncia un inmenso semillero de falsos autónomos en tres mil sucursales de Mapfre

La Asociación Liberados de Mapfre (LM) sigue llevando denuncias a la Inspección de Trabajo para que se aclare la situación laboral de miles de supuestos falsos autónomos del sector de los seguros. La última, presentada hoy mismo, insta al Ministerio de Trabajo a que investigue los contratos y prácticas laborales que se llevan a cabo en casi 3.000 sucursales de la compañía multinacional española en todo el país.

Según la denuncia de la asociación, en Mapfre hay dos clases de sucursales, las que están dirigidas por un agente y aquellas cuyo responsable último es un director. En el primer grupo (formado por unas 2.624 oficinas, el 90 por ciento del total) el jefe es un agente de seguros que en realidad es un “falso autónomo”, pues depende “jerárquicamente de las sucursales con un responsable director”. Lo llamativo de la denuncia es que, según Liberados de Mapfre, “podemos afirmar que todos ellos son falsos autónomos”, de manera que de confirmarse la denuncia estaríamos hablando de miles de trabajadores en situación irregular, según la actual normativa de la Seguridad Social. Todas las sucursales denunciadas por LM son propiedad de Mapfre, todas presentan la misma tipología y diseño arquitectónico, la misma publicidad interior y exterior, igual contenido, mobiliario y equipos informáticos. “En estas sucursales desarrollan su actividad trabajadores (denominados responsables igualmente que los directores) dentro del ámbito de organización y dirección de Mapfre, sin haber realizado contratos laborales ni haber cursado su alta en el régimen general de la Seguridad Social”, añade el escrito interpuesto ante la Inspección de Trabajo. Así, tal como denuncia la asociación, cientos de empleados estarían trabajando como asalariados pero en realidad están siendo “contratados” como autónomos, con lo que ello supone: seguir las directrices de Mapfre, para la que trabajan como lo haría un trabajador por cuenta ajena, y por tanto, convirtiéndose en un “falso autónomo”.

Según LM, los agentes de seguros de esta compañía reciben una retribución mensual de Mapfre, acuden diariamente a su lugar de trabajo en estas sucursales propiedad o en alquiler de Mapfre, con horario fijado por Mapfre y recibiendo encargos de esta multinacional. A su vez, están obligados a atender a todos los clientes de la compañía que lo soliciten en cualquier lugar de España y no tienen capacidad para decidir la organización del trabajo (decidiéndolo todo su superior jerárquico, el director de Mapfre de la sucursal de la que dependen), lo que demostraría que están sujetos a una relación laboral, no de carácter mercantil.

Además de las delegaciones dirigidas por agentes, en Mapfre funciona un segundo tipo de sucursales cuyo responsable último es un director empleado de la empresa y donde trabajan “gran número de falsos autónomos” denominados APM (agentes profesionales Mapfre). Estas representan aproximadamente un 10 por ciento del total de las sucursales, es decir, 291. “En estas sucursales de Mapfre desarrollan su actividad miles de trabajadores (denominados APM) dentro del ámbito de organización y dirección de Mapfre a través de su director”, asegura la denuncia. Estos empleados también estarían sometidos a un horario, retribución, medios de producción, etc, dependientes de la empresa. “En definitiva trabajan como asalariados pero están contratados como si fueran autónomos”, agrega el escrito. “A todos los responsables de estas sucursales les presionan para contratar personal (como empresarios) y/o convertirse en personas jurídicas para enmascarar la relación laboral. Todos ellos son falsos autónomos y los que trabajan con ellos también lo son”, afirma la asociación.

Para Liberados de Mapfre sería “impensable”, por ejemplo, que todas las sucursales de las entidades bancarias tuvieran como responsable un autónomo, “como ocurre en las sucursales de Mapfre”. Y “más impensable” aún que el resto de trabajadores de la sucursal dependieran “del autónomo y no de la entidad bancaria”.

Mapfre es una empresa multinacional de capital español con presencia en 49 países. Según datos de 2014, tiene oficialmente registradas 5.524 oficinas en todo el mundo. El grupo dispone de una red de 79.000 agentes y mediadores de seguros, 5.600 de los cuales trabajan en Estados Unidos y más de 24.700 en Brasil. El resto –unos 49.000–, trabaja en territorio español. Según Liberados de Mapfre, miles de esos empleados prestan servicios como falsos autónomos.

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Suspendido el juicio contra los supuestos agresores del juez que denuncia la corrupción en la Justicia

José Antonio Gómez
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Suspendido el juicio contra los supuestos agresores del juez que denuncia la corrupción en la Justicia

El juicio inmediato que había sido señalado para el día de ayer como consecuencia de la denuncia formulada por el juez Fernando Presencia contra sus agresores, ha sido suspendido por la jueza titular del juzgado mixto nº 4 de Talavera de la Reina con el objeto de estudiar y resolver las alegaciones previas de la defensa del denunciante.

El abogado de Presencia, Sebastián Gómez Marfil, se hizo popular hace algo más de un año al haber conseguido por primera vez en España que un fiscal, Emilio Varelio, fuera expulsado de la carrera como consecuencia de las denuncias de un particular.

El que fuera fiscal de medio ambiente de Madrid gestionaba personalmente un entramado de 16 empresas dedicadas a la producción y exportación de vino, aceite, cerveza y productos ecológicos, así como la propiedad de  un bar en la calle Estafeta, en pleno centro de Pamplona. Según el expediente sancionador, Valerio, “además de encargarse directamente de la administración y gestión de estas empresas, se ocupaba de obtener subvenciones públicas y de abrir mercados en el extranjero. Todo ello mientras permanece en activo en la Fiscalía de Madrid”. En el expediente también se comentaba que “sorprendía la magnitud del entramado mercantil del que se ocupaba Valerio, y de sus resultados económicos”.

En el juicio de ayer se ventilaba la denuncia interpuesta por el juez Presencia ante la Policía Nacional el pasado 25 de octubre, en la que afirmaba que había sido agredido por uno de los abogados de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de Talavera de la Reina. Los hechos revisten gravedad porque, según se afirma en la denuncia, las agresiones sufridas traían causa de anteriores denuncias del juez Presencia interpuestas contra el fiscal decano de Talavera por presuntos delitos relacionados con la corrupción, entre los que se encontraba, por ejemplo, la construcción de su chalet en una zona ilegal y que determinó que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenara su demolición.

Según la denuncia, Presencia se hallaba practicando deporte en las inmediaciones del puente de Castilla la Mancha de Talavera de la Reina cuando se puso a la altura de una persona que se hallaba sentada en un banco y que le hacía fotos. Según la denuncia, Presencia reconoció a esta persona: Francisco Javier González de Rivera, uno de los abogados del Fiscal de Talavera.

Sin embargo, no era el único presente allí ya que «en el otro carril de la calzada y a la misma altura se encontraba un vehículo con placas […] pertenecía y era conducido por Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, encontrándose en los asientos traseros el letrado Victoriano de la Cruz del Valle». Cuando Presencia se dio cuenta de que le estaban haciendo fotos, se detuvo, «momento en el que Francisco Javier se le ha encarado, llamándolo “delincuente”, a lo que [Presencia] le ha contestado que estaba cometiendo un delito contra la Administración de Justicia y que iba a llamar a la Policía», afirmaba la denuncia.

El juez cogió su teléfono móvil y, en ese instante, el abogado le acometió «mediante un puñetazo, cayendo el teléfono al suelo, intentando Francisco Javier pisarlo, iniciando un forcejeo entre ambos con el afán de recuperar el móvil». Cuando Presencia logró quitarse de encima al presunto agresor, éste se fue corriendo al coche anteriormente descrito, dándose a la fuga.

Entre esas cuestiones previas, el abogado de Presencia ha interesado la transformación del juicio por Delito leve en Diligencias Previas, por considerar entre otras cuestiones que los actos de represalia de un querellante contra un querellado pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia (no hay que olvidar que según mantiene el denunciante, la agresión se produjo porque no compareció a una declaración que había sido señalada para ese mismo día, a instancia del que fue su agresor). También se ha solicitado como cuestión previa que fueran emplazados también como denunciados Ángel Demetrio de la Cruz Andrade y su letrado Victoriano de la Cruz del Valle, que según la denuncia prepararon la fuga de Francisco Javier González de Rivera.

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