sábado, 24 enero, 2026

Alfonso Martínez Ferra, CC: “En 2018 hemos efectuado cerca de 30 inspecciones y no se ha hallado ninguna infracción. La flota pesquera cumple estrictamente la legislación vigente”

El Capitán de Corbeta (EOF) Alfonso Martínez Ferra nació en Lorca (Murcia) el 26 de agosto de 1978. Casado y padre de cuatro hijos, ingresó en las Fuerzas Armadas en el año 1998, recibiendo el despacho de Alférez de Navío en 2003.

Los destinos más importantes a lo largo de su carrera militar han sido los siguientes: Buque Logístico “Marqués de la Ensenada”, Buque-Escuela “Juan Sebastián de Elcano”, Patrullero “Infanta Elena”, Buque Hidrográfico “Antares”, del que fue Comandante del mismo, Jefe de Órdenes  de la Flotilla Hidrográfica y por último, el Patrullero “Arnomendi”, del que es su Comandante actual.

El marino lorquino posee la especialidad complementaria de Hidrografia, y es Especialista en Derecho Internacional Humanitario. Hasta la fecha ha recibido  como condecoraciones dos Cruces al Mérito Naval con distintivo blanco y la Medalla OTAN Artículo 5.

 

¿Qué importancia tiene la actual misión en aguas del Cantábrico?

Sin duda, al margen de la doble vertiente de la seguridad y apoyo a la flota pesquera y otras misiones que desarrollamos, se trata de un gran apoyo a todo lo relacionado con la pesca, una industria que genera mucha riqueza y recursos en España y que por tanto es importante cuidarla y prestarle toda la atención necesaria y que todo el mundo cumpla la normativa vigente para que todo funcione mejor.

¿Se cumplen las normas establecidas para el ejercicio de esta industria?

El buque “Arnomendi”, que tiene asignada como zona de actuación todo el litoral cantábrico, ha llevado a cabo durante el presente año cerca de 80 inspecciones con un resultado excelente al no haber encontrado ninguna infracción. Este resultado lo extrapolo también a la reciente Campaña Nafo desarrollada en Canadá, en la que tras 30 inspecciones tampoco hallamos ninguna infracción, lo que viene a representar una satisfacción puesto que la flota pesquera cumple estrictamente la legislación vigente en esta zona del territorio de España.

¿Qué distingue al Arnomendi frente a otros buques de la Armada?

Este barco tiene la peculiaridad de que embarcan a bordo Inspectores de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con los que trabajamos constantemente , independientemente de cualquier otra operación que podamos realizar dentro de nuestras labores de vigilancia como puede ser  el apoyo a la lucha contra la inmigración irregular, el contrabando de drogas, etc. Es decir, está abierto a toda clase de misiones que puedan encomendarnos. Nosotros estamos en contacto permanente con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM) de Cartagena, estando en condiciones de recibir una alerta de cualquier tipo en cualquier momento para hacernos a la mar y cumplir lo ordenado por el mando.

Este año se cumplen 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armada. En su barco hay destinadas tres mujeres. ¿Cómo es la relación?

No existe ningún problema. A lo largo de los 20 años que llevo de carrera en la Armada, nunca he observado ningún problema ni trato discriminatorio alguno. En mi unidad el trato es igual y se cumple estrictamente todo lo contemplado en este sentido.

¿Qué otras actuaciones tiene previstas su buque hasta final del año en curso?

Si no hay ninguna otra orden futura, esta misión que cumplimos en estos momentos es la última contemplada en el Plan General de Vigilancia de Pesca para el año 2018. Está previsto que el “Arnomendi” entre en obras a finales de este mes de Octubre, prolongándose las mismas hasta Diciembre, con la idea de dejar el barco alistado y perfectamente preparado para acometer el próximo Plan de Vigilancia del año 2019 que ya estamos preparando.

Arnomendi: Sin novedad en la Inspección pesquera

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Con la puntualidad acostumbrada y a través del altavoz de Órdenes Generales, cuando son las 9.15 horas de la mañana del lunes día 8 de Octubre, el Patrullero “Arnomendi” (P-63)  con base en el Arsenal Militar de Ferrol, comienza la  secuencia de Babor y Estribor de Guardia conducente a preparar el buque mandado por el Capitán de Corbeta (EOF) Alfonso Martínez Ferra para su inmediata salida a la mar, donde volverá a cumplir su misión de Vigilancia, Inspección y Control de Pesca en el Caladero Nacional situado en aguas del Mar Cantábrico.

La llegada al Puente de Gobierno del Práctico de Puerto y la maniobra de desatraque del muelle ferrolano da paso a la orden de “larga todo”. Minutos después concluye Babor y Estribor de Guardia para dar inicio a la entrada del buque en una canal dragada, que es acompañada por un buen tiempo.

A una velocidad reducida y a casi cerca de cuatro millas de la costa, el Comandante supervisa escrupulosamente todo el protocolo establecido para estos casos, poniendo rumbo a la cercana Ría de Vigo, donde reina una meteorología benigna para efectuar una navegación más tranquila.

Así, en esta situación, y pasadas las 15 horas, el “Arnomendi” avista a un barco pesquero de arrastre, de nombre “Himajo Primero”, avisándole por frecuencia radiofónica que se va a proceder a su inspección. Recibida la comunicación, el pesquero se sitúa a unas 1.300 yardas de distancia del “Arnomendi”, que a su vez arría una embarcación neumática donde embarcan  la Inspectora de la Secretaría General de Pesca, acompañada del Segundo Comandante del “Arnomendi”, Teniente de Navío Pablo Cartujo Olmo.

Tras una larga espera derivada de la falta de inercia avante del pesquero que estaba recuperando las capturas, en torno a las 15,30, la comitiva de inspección sube al pesquero a través de una escala de gato ubicada en la banda de estribor. A bordo comprueban tanto la documentación como la idoneidad de las artes de pesca para las que están despachados y que su capturas no infringen ni cuotas ni tallas minimas. Tras casi dos horas de minuciosas comprobaciones a  bordo se da por finalizada la operación/inspección.

El equipo de inspección regresa al “Arnomendi” con la tarea cumplimentada, eso sí, un poco más “mojados”.

Caso Banco Popular: el informe de Deloitte no tiene validez

Cuando una institución está obligada por ley a recabar informes de un experto independiente a la hora de adoptar una decisión se contrata a esa empresa a través de un proceso de licitación en el que deben presentarse los conflictos de interés que pudiera tener dicho experto. En el proceso de resolución del Banco Popular, la Junta Única de Resolución (JUR) licitó la contratación en el mes de mayo de 2.017 y se le concedió el contrato a Deloitte, tal y como se puede comprobar en la documentación contractual a la que Diario16 ha tenido acceso.

El día 18 de mayo de 2017 Deloitte envió a la JUR una declaración en la que afirmaba que no tenía ningún conflicto de interés respecto al Banco Popular.

Sin embargo, en la auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) de las cuentas del Banco Popular de 2.017, se hacen públicos distintos trabajos de auditoría realizados por Deloitte para la entidad intervenida:

Por otro lado, el presidente de Deloitte España reconoció en la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera que la auditora estaba realizando trabajos para el Banco Santander.

La JUR tenía la obligación de investigar si la declaración de Deloitte se correspondía a la realidad porque, al ser un organismo dependiente del Banco Central Europeo, tiene acceso a la información de quiénes son las empresas auditoras que trabajan con las entidades que están bajo la supervisión de la máxima autoridad financiera de la Eurozona. Por tanto, la JUR obvió la existencia de conflicto de interés a la hora de contratar a Deloitte para que realizara el informe de valoración sobre el que se asentó la decisión de intervenir al Banco Popular y de entregárselo al Santander por un euro utilizando el modelo de resolución más lesivo para los accionistas, sobre todo para los más pequeños.

Esta es otra irregularidad que es causa de nulidad de todo el proceso porque hay que tener en cuenta que el informe de Deloitte se entregó durante los primeros días del mes de junio y entonces ya existían esos conflictos de interés que inhabilitaban la validez del contrato firmado entre la auditora y la JUR. Por lo tanto, el informe de Deloitte es nulo y, por ende, toda la operación posterior que se basó en sus conclusiones —aunque la propia auditora se intenta lavar las manos indicando que no tuvo suficiente información o que no le dieron el tiempo necesario para realizar el trabajo— debe ser anulada.

Ya son demasiados los movimientos irregulares de la JUR como para que un tribunal, español o europeo, dictaminen la suspensión de la operación y la devolución del dinero a las más de 305.000 familias arruinadas, lo que deja al Santander en una situación en la que no le queda otra solución que llegar a un acuerdo extrajudicial con los afectados si no se quiere encontrar con una factura que, irremediablemente, será mucho más abultada si pretende agotar todas las vías judiciales.

 

Albert Rivera y el silencio cómplice con el mensaje ultra de VOX

Albert Rivera no ha hecho ninguna valoración ni ha condenado los mensajes xenófobos, machistas, ultraderechistas y populistas del mitin celebrado en el Palacio de Vistalegre por el partido de extrema derecha VOX. En política los silencios se convierten en complicidades ante un discurso tan sumamente contrario a los elementos sobre los que se sustenta cualquier sistema democrático.

Esa complicidad de Albert Rivera con los mensajes de VOX, que tanto han alabado desde las radios patrióticas, viene porque dentro de sus propios discursos se encierran muchas de las cosas que ayer enardecieron a las 10.000 personas que llenaron el recinto del barrio de Carabanchel. Por un lado, el discurso en contra de los partidos nacionalistas. Santiago Abascal insistió en la idea de la ilegalización de los mismos, algo que desde Ciudadanos se ha pedido, no de un modo tan directo como lo exigió Pablo Casado, pero planteando una reforma electoral que hiciera imposible que ningún partido nacionalista, sea o no independentista, pudiera tener representación en el Congreso de los Diputados. El frentismo en el tema catalán es lo que alimenta los apoyos del partido naranja y, por esta razón, deben impedir que se llegue a una solución democrática.

En referencia al modelo territorial, Albert Rivera también es partidario de una recentralización de sistema autonómico, haciendo mucho más rígidas las relaciones entre el Estado y las Autonomías a las que dejaría prácticamente sin competencias. Por otro lado, uno de los proyectos estrella de Ciudadanos es la eliminación de las Diputaciones Provinciales sin plantear una alternativa realista que justifique los argumentos para la supresión de unas instituciones que son fundamentales para el desarrollo del mundo rural, un lugar donde Ciudadanos no tiene mucho calado ni penetración electoral.

Con respecto al feminismo, VOX dejó muy claro que no cree en la igualdad ni en los derechos de la mujer. Por eso pidió la derogación de la Ley de Violencia de Género, la persecución de las denuncias falsas (que suponen un 0.01% de las que las mujeres interponen en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil y Juzgados) y la eliminación de todas las leyes de género. Rivera y su partido no se han caracterizado por una defensa real de los valores del feminismo. Lo pudimos comprobar cuando se posicionó en contra de las movilizaciones de las mujeres del día 8 de marzo o cuando quisieron equiparar la violencia machista con la feminista para terminar con la asimetría penal por sexo, un asunto que es reivindicado por quienes pretenden hacer permanente el patriarcado.

Demasiadas coincidencias como para hacer una valoración negativa de lo ocurrido en el mitin de VOX.

Sin embargo, Rivera no es el único ya que Pablo Casado también ha tanteado a los votantes del partido de ultraderecha liderado por un ex diputado del Partido Popular y no ha ocultado su satisfacción de lograr unir a los ciudadanos que votan a PP, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN y VOX.

La derecha española está rozando unos terrenos muy peligrosos, al igual que ya le ocurrió durante la II República cuando, con el crecimiento de los partidos de la izquierda, decidieron radicalizar su discurso y, llegado el momento, unirse a los generales golpistas el 18 de julio de 1.936. Hay que recordar que los jóvenes de la CEDA fueron extremando sus discursos hasta hacerse muy cercanos a los de Mussolini y, una vez iniciada la Guerra Civil, corrieron a afiliarse en masa a Falange Española.

Un líder democrático debería haber condenado de inmediato lo ocurrido ayer en Vistalegre, sobre todo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el resto de Europa con gente como Matteo Salvini, Viktor Orban o en el mundo con el ascenso de un fascista como Jair Bolsonaro. En el PP ha reaccionado Javier Maroto ante el silencio de Pablo Casado (¿más complicidades?).

Lo que tiene que hacer Sánchez si quiere que Podemos apoye sus presupuestos

Podemos dirá no a los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez si el Gobierno no se compromete a mantener unos mínimos en política económica, social y laboral que la formación morada considera innegociables. “Las primeras respuestas al documento que enviamos no están a la altura de lo que espera la ciudadanía en puntos importantes. Estamos en el no”, ha asegurado Echenique, que confía en que la negociación con los socialistas se reconduzca en las próximas horas. De esta manera, Podemos enseña los dientes a un Sánchez que tiene hasta el día 15 para presentar su borrador en Bruselas.

¿Y cuáles son los puntos a los que el partido de Pablo Iglesias no está dispuesto a renunciar? Podemos considera que ya es hora de acabar con la austeridad, que ha sido la herramienta ideológica del PP y de Bruselas para anteponer los intereses de la banca y los fondos buitre financieros a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De entrada, propone un pack de recuperación de derechos que pasa por aumentar el salario mínimo a 1.000 euros en 2019, derogar las reformas laborales (la del PSOE y la del PP), acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres y recuperar el subsidio de desempleo a los 52 años.

Revalorizar las pensiones con arreglo al IPC en 2018 y 2019 y eliminar el copago farmacéutico son dos importantes medidas que el Gobierno de Sánchez debería incluir en su borrador de presupuestos si quiere que Podemos vote sí. Pero no solo eso. Junto a los derechos de los jubilados la política de vivienda ocupa un lugar preeminente en la agenda de Podemos. Pinchar la burbuja de los alquileres y las hipotecas en España es algo que urge para la formación morada y ahí es donde entra obligar a los grandes propietarios a sacar sus pisos al mercado a un precio accesible, acabar con los privilegios fiscales de los grandes especuladores inmobiliarios y ampliar el parque público de vivienda de protección oficial.

La pobreza energética es otro punto importante a la hora de dar el sí a los presupuestos del Gobierno, ya que Podemos aboga por mejorar el bono social para los hogares más vulnerables (el partido considera insuficiente el último decreto del Gobierno en ese sentido) reducir los privilegios de las compañías eléctricas (que tendrían que contribuir con dinero de sus beneficios a erradicar esta lacra)  y poner en marcha otras medidas como la racionalización del término fijo en la factura de la luz. En esa línea, Podemos insta al Gobierno a pagar de inmediato las ayudas reconocidas por la ley de dependencia que no se han abonado todavía y a recuperar la cotización para las cuidadoras familiares.

En política fiscal, la formación morada quiere acabar con los privilegios de las clases altas y las grandes empresas. Para ello propone implantar un impuesto de transacciones financieras, eliminar la exención del IBI de la que goza la Iglesia católica, diseñar un plan para luchar contra el fraude fiscal y establecer un impuesto a la banca que permitiría recaudar al menos 1.000 millones de euros.

Los derechos sociales, como el de la libertad de expresión, están amenazados en España, según Podemos, de manera que sería preciso derogar la ley mordaza y eliminar los delitos “medievales de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona” para evitar casos como el de Willy Toledo y los artistas procesados por delitos de odio. La Universidad debe ser potenciada ‒abaratándose las tasas de matriculación y aumentando las becas para que nadie deje de estudiar por motivos económicos‒, además de lanzarse un plan de choque para revertir los recortes en investigación, desarrollo e innovación. Podemos exige además que se ayude a las familias mediante permisos de maternidad y paternidad “igualitarios, intransferibles y completamente remunerados”; incrementar las ayudas a los comedores escolares para combatir la pobreza infantil; y avanzar hacia una red de escuelas gratuitas de 0 a 3 años. Además, insta al Gobierno a rescatar y proteger la cultura garantizando a la industria del cine una cuota de pantalla en las lenguas del Estado y recuperando la programación musical en los medios públicos para relanzar el sector en crisis tras la irrupción de las plataformas digitales. Por supuesto, Sánchez debería acometer una reforma del Código Penal e incluir el principio de “solo sí es sí” en el artículo que tipifica el delito de violación, además de dotar de financiación completa el Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

Endurecer el régimen de incompatibilidades de los cargos políticos para eliminar las puertas giratorias, dar oxígeno a los autónomos (bajando las cuotas a aquellos con menos ingresos, reduciendo la burocracia y atacando el fraude de los falsos autónomos) y frenar el abandono del mundo rural serían otras medidas reclamadas por los representantes de Podemos en el Congreso de los Diputados.

Por último, Iglesias le ha dicho a Sánchez que es preciso reformar la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo. Quizá ese punto pueda ser aplazado si ambas partes han llegado ya a un acuerdo sobre el largo listado que Podemos le ha puesto encima de la mesa al presidente del Gobierno. El final de esta película de suspense se sabrá antes de una semana. Y de él depende que vayamos de nuevo a unas elecciones.

A Casado y Rivera les gusta el programa de Vox

Uno intentando despejar balones y el otro directamente, los máximos dirigentes de Ciudadanos y PP no ponen peros a pactar con Vox si fuese necesario. Ambos presidentes entienden que las diferencias programáticas son mínimas y que todo no es más que una pelea de familia. Albert Rivera, a quien le afecta más la posible irrupción de Vox por aquello del neofalangismo escondido que tiene en su estructura ideológica, no se ha expresado con la contundencia de Pablo Casado, es más ha evitado citar el nombre de quienes fueron sus amigos. No se engañen, a ambos les molesta el partido de ultraderecha, pero no tendrían problemas en coaligarse en el parlamento.

Rivera, después de los fracasos de Sevilla y Barcelona donde no acudió nadie a sus actos y frente al poderío de Vox, ha querido desmarcarse de la ultraderecha que viene representando estos años. Incluso le puede venir bien que Vox tenga un hueco para presentarse como el Macron español, eso que tanto le excita y quiere vender a todas horas (ya se olvidó de Adolfo Suárez o Barack Obama). Él es ultraderechista y por eso se presenta sin ideología y hablando de identidades baladíes como Europa o liberalismo, porque ante todo siempre vende España como nación al estilo imperial de los Borbones. Su pensamiento nada tiene que ver en lo político con el liberalismo que dice representar y en el plano económico responde a las órdenes del Ibex-35, a esa fracción dominante del capitalismo financiarizado que le apoya. Como apoya a Vox curiosamente. Les diferencian algunas cuestiones sociales, porque en Vox tienen claro que no se puede mercantilizar el cuerpo humano, y en Ciudadanos apoyan claramente los vientres de alquiler y la compra de bebés, así como el mercadeo alrededor de diversos colectivos LGTBi.

Sin embargo, Rivera siempre ha confraternizado con Vox y su dirigente Santiago Abascal. Como pueden ver en el vídeo adjunto, bien que no le importaba charlar con él a Rivera y tampoco aceptar que los programas electorales son similares con matices morales como ya expusimos en el párrafo anterior. Tampoco le importaba tantear hace tiempo a Vox para acudir en confluencia a elecciones diversas. Hoy, imitando a M. Rajoy, Vox se ha convertido en “ese partido que usted me dice”, pero con el que pactaría si fuese necesario para alcanzar el gobierno. Muchos de sus militantes han pasado por los gérmenes de Vox y no ven mal el acuerdo, pues al fin y al cabo piensan igual. No se expresan igual en público, pero eso no empece para tener las mismas pretensiones políticas. Cuando Abascal le decía que se sentía identificado con su mensaje de unidad, Rivera entraba en un orgasmo político. Ahora, intenta ocultar sus afinidades porque Ciudadanos se está hundiendo en las encuestas y debe evitar cualquier tipo de asimilación. Aunque llega tarde porque ya se sabe que Vox y Ciudadanos se diferencian en la violencia expresada y poco más, por eso le gusta el programa de los ultraderechistas. Hay pelea de familia, pero en la ultraderecha, como en la mafia, la familia es la familia.

Casado encantado de pactar con Vox y Ciudadanos.

Bastante menos se ha escondido el dirigente del PP, al fin y al cabo, como se puede ver en la imagen, Abascal y él iban juntos de la mano de José María Aznar. Como ha expresado: “Tengo una excelente relación con el fundador de VOX y sólo puedo decir que aquellos militantes que acudieron al acto de ayer tienen mi respeto y que compartimos muchas ideas y muchos principios. Otros no”. No se muestran tan violentos verbalmente, pero son hijos del mismo padre. Pero Casado tiene un plan bien distinto y no le duelen prendas en acoger en el seno del PP, de donde salieron muchos y muchas, a Vox y a Ciudadanos para volver a hegemonizar la derecha española. A volver a ser el partido-de-toda-la-derecha que construyó Aznar. Desde la ultraderecha hasta la derecha del capitalismo radical.

Aznar junto a Casado y Abascal

Y en ese plan hegemónico está integrar a Vox y a la formación naranja, algo mucho más complicado, pero que podría desgajar el voto y dejar en la inmundicia política al PP. Casado sabe que una derecha a tres es perjudicial para sus propios intereses. Pero no quiere que se disuelvan las otras formaciones sino que se una su electorado y cuadros. Prefiere ver que Vox y Ciudadanos se disuelven políticamente como un azucarillo pero haber conseguido a votantes y dirigentes para su partido. Limpiar un poco la casa con aire de fuera. Aunque en su fuero interno, sabe que Vox hace mucho más daño a Ciudadanos que a él mismo por el perfil de las personas que lo apoyan. Así que tampoco va a hacer causa belli contra Vox. Prefiere que Abascal destroce a Rivera y así, junto a su amigo, llevar adelante una regeneración de la derecha española. No sólo ponerla al servicio de la clase dominante, sino usar a Vox como atrapa moscas de todos esos iletrados y desechos intelectuales que tienen la xenofobia y el racismo en la sangre. Casado se presentaría como la derecha moderada, católica y capitalista que pacta con la ultraderecha para dulcificarla. Tal y como han hecho otras derechas con la ultraderecha en Europa. Se evitaría Casado a seres repugnantes en su propio partido, pero pactaría con ellos sin dudarlo.

Tienen el susto en el cuerpo los dirigentes azul y naranja, saben que lo de Vox es pan para hoy y hambre para mañana, pero no se fían. Las encuestas les dan muy poco apoyo, pero nunca se sabe si llegarán a rascar diputados. El caso es que les quitan voto, más a Ciudadanos que es más falangista disfrazado, y podrían hacer que la izquierda ganase con holgura las elecciones. Pero al fin y al cabo muchos de sus militantes se ven reflejados en las palabras de Abascal y eso no gusta ni en la calle Génova, ni en Alcalá. Además, saben que la izquierda está preparada para dar la batalla al fascismo y podrían atraer a personas de derechas que ven con espanto ciertos posicionamientos. Un dilema peliagudo tienen ambos, pero saben que no dudarán en pactar con Vox en ayuntamientos, comunidades autónomas, o a nivel estatal si hace falta. Porque a Rivera y Casado les gusta el programa de Vox. O ¿les han escuchado decir que no?

Se acaba el petróleo

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, en declaraciones al Financial Times, ha advertido de que las reservas de petróleo mundiales se agotarán en dos años si no se produce un incremento de la inversión, además de que el sector petrolero debería apostar por la búsqueda de una rentabilidad a corto plazo.

Según Brufau, el mundo sufrirá un grave problema en el suministro del petróleo si se siguen manteniendo las ratios bajas de inversión. El precio del barril está subiendo a precios superiores a los 80 dólares y este hecho no se ha trasladado a una reducción de costes por parte de las grandes multinacionales gasistas y petroleras.

La bajada del precio del crudo en 2.014 hizo que las compañías rebajaran los niveles de inversión para paliar el impacto en sus cuentas o en los resultados de los mercados. Este hecho, según Brufau, aún no se ha notado en estos años, aunque tendrá una repercusión importante si no hay un incremento inversor que, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda de petróleo, podrá provocar problemas de suministro a principios de la próxima década, lo que generaría un caos mundial.

Eva García Sempere pide que Dolores Delgado explique en si el Gobierno legislará sobre la impunidad de los robos de bebés

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La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en el Congreso, Eva García Sempere, ha registrado hoy la petición de comparecencia de la ministra Dolores Delgado tras conocer el alcance real de la primera sentencia sobre bebés robados en nuestro país. García Sempere quiere que la titular de Justicia detalle en sede parlamentaria si el Gobierno de Pedro Sánchez “comparte la prescriptibilidad de los delitos de robo de bebés en España” como ha sentenciado  la Audiencia Provincial de Madrid al absolver al doctor Eduardo Vela de los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental en relación a un caso de 1969.

La iniciativa de la parlamentaria de IU, trabajada previamente con el grupo de Memoria Democrática de esta formación, que coordina Esther López Barceló, recuerda el amplio consenso que existe entre las asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y de la Memoria para considerar este tipo de delitos “como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles”.

Eva García Sempere completa su iniciativa planteando que la ministra Delgado explique en la Cámara Baja si el Ejecutivo al que pertenece “tiene intención de legislar al respecto para impedir la impunidad” de los delitos de bebé robados que se investigan o están pendientes de ir a juicio.

El fallo de la alta instancia judicial madrileña conocido esta mañana considera que el doctor Eduardo Vela es responsable de los delitos por los que estaba procesado, pero las magistradas le absuelven al entender que están prescritos. Consideran como fecha de prescripción el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

Vela fue director de la Clínica San Ramón, considerada el epicentro del entramado del presunto tráfico de niños y niñas durante años. El tribunal estima que ha quedado probado ‘de forma incontestable’ en el juicio que el doctor Vela, que en el momento de los hechos ejercía como ginecólogo y director médico de la clínica, entregó a un matrimonio una niña que no era suya.

Lo hizo ‘fuera de los cauces legales, simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz, y todo ello sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido, siendo el acusado, la persona que hizo la certificación falaz acerca del supuesto parto’.

Pese a quedar meridianamente probado que el doctor Eduardo Vela certificó con su puño y letra que la falsa madre dio a luz a una niña en su presencia el 4 de junio de 1969, que esa niña fue entregada sin consentimiento al matrimonio formado por Inés Pérez Pérez y Pablo Madrigal Revilla y que gracias a estas maniobras la recién nacida pudo ser inscrita en el Registro Civil como su hija biológica, queda absuelto al considerar prescritos los delitos.

El tribunal entiende que los tres delitos de los que Vela es autor constituyen un conjunto punitivo, en íntima relación de conexión, por lo que la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad de los tres, la detención ilegal. ‘Así pues, y de conformidad con tal criterio el plazo de prescripción será el de 10 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del Código Penal’, expone el fallo.

La burbuja de los alquileres dispara el número de desahucios en España

Pagar el alquiler se ha convertido en una carga inasumible para miles de españoles. La burbuja de los alquileres, un problema endémico que el país ha heredado de las políticas inmobiliarias especulativas de Mariano Rajoy, está asfixiando a buena parte de la población que sin trabajo y sin ingresos ve cómo no puede afrontar el pago de la cuota mensual, que se ha disparado en las grandes ciudades. Así, el número de desahucios practicados en España ha aumentado un 1,7 por ciento en el segundo trimestre de 2018, en buena medida por los impagos de los alquileres, según datos que el Consejo General del Poder Judicial recoge en su informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.

Según el Poder Judicial, el aumento de los lanzamientos totales por desahucio es consecuencia directa del incremento del 6,1% que han experimentado los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por impagos de alquiler. Durante el periodo analizado, se produjeron 10.491 lanzamientos por este motivo, que en términos porcentuales supone un 61,2% del total de desahucios del trimestre. Por contra, los lanzamientos derivados de ejecuciones por impago de hipotecas fueron 5.672 (33,1% del total), cifra que supone una disminución del 8,5%. Los 989 lanzamientos restantes (que representan el 5,7% del total) derivan de otras causas.

En el primer lugar en el ranking de lanzamientos por impago de alquileres aparece Cataluña, con 2.589 (24,7% del total nacional); seguida por Madrid, con 1.467; Andalucía, con 1.419; y la Comunidad Valenciana, con 1.212. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Cataluña, con 1.181; seguida por Andalucía, con 1.132; Comunidad Valenciana, con 959; y Murcia, con  528.

La situación de los alquileres en España se ha convertido en angustiosa para muchas familias, precisamente en un país donde sus ciudadanos destinan el tercio de sus ingresos –un 8 por ciento más que el pasado año– a pagar la mensualidad del contrato de arrendamiento o la hipoteca por la vivienda que habitan. El precio del alquiler se ha disparado hasta un 47 por ciento en algunas ciudades y encontrar un piso barato asequible (menos de mil euros al mes) resulta cada vez más difícil en ciudades como Madrid. En los últimos cinco años, los precios han aumentado hasta un 18,6 por ciento de media mientras los salarios crecen un raquítico 0,1%. Ya hasta compartir una habitación, como suelen hacer los estudiantes, se ha vuelto tarea imposible, puesto que alquilar una viene a costar entre 400 y 500 euros al mes.

Este desequilibrio entre la subida disparatada del alquiler y el estancamiento de los salarios ha llevado a España a ocupar el vergonzoso ranking de los países europeos donde la vivienda se come más ahorros de sus ciudadanos. La burbuja es tal que en Madrid y Barcelona un propietario puede pedir hasta 1.200 euros de alquiler cuando hace solo tres años exigía 850 (la subida oscila entre 300 y 400 euros más desde el año 2013).

Las causas de este enloquecimiento del mercado de los alquileres está en la entrada de la banca en el sector para especular (mediante la adquisición de pisos vacíos y su venta a fondos buitre), el alza de los precios en los pisos de temporada o llamados turísticos, la falta de ayudas oficiales y una legislación neoliberal, alejada del intervencionismo estatal, que no regula los precios y los deja al azar de la oferta y la demanda.

El número total de desahucios en España ha sido de 17.152, una cifra que, tras cuatro trimestres de reducciones interanuales, refleja un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo de 2017. Por el contrario, las ejecuciones hipotecarias, es decir, los procedimientos iniciados por los bancos contra inquilinos que dejan de pagar sus cuotas mensuales disminuyeron un 6,2%.

Cataluña (con 4.170, el 24,3 por ciento del total nacional) ha sido, con diferencia, la comunidad autónoma en la que se practicaron más desahucios en el segundo trimestre de 2018, seguida por Andalucía (con 2.718), Comunidad Valenciana (con 2.245) y Madrid, con 1.878. Se han observado  importantes incrementos en Murcia, en Extremadura y Canarias. Al igual que el trimestre pasado, Galicia ha mostrado una reducción interanual superior al 50%, con seguridad debida a la huelga de funcionarios.

La Federación Salud Mental Madrid reivindicará el 10 de octubre los derechos de las personas con problemas de salud mental

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Mañana 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, fecha que eligió la Federación Mundial de la Salud Mental en 1992 para llamar la atención sobre la importancia de la salud mental. Desde la Federación Salud Mental Madrid (UMASAM), este año se convoca una manifestación para el miércoles 10 de octubre a las 18:00h, que partirá desde Atocha hasta llegar a Puerta del Sol. Allí se procederá a la lectura de un manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Este acto también contará con la participación del actor Aníbal Soto, quien proclamará el Día Mundial de la Salud Mental 2018, así con la intervención de la presidenta de la federación madrileña, Olga Real Najarro.

El lema del movimiento asociativo agrupado en la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA para este año es “Educación inclusiva, salud mental positiva“, y está alineado con la temática propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental que este año se centra en la salud mental de los jóvenes. Este lema está reflejado de forma simbólica en la identidad visual de la campaña, en la que se han empleado elementos relacionados con la educación y la escuela, así como elementos que representan el proceso de evolución y aprendizaje, la creatividad y la colaboración.

El objetivo de este año es reivindicar una educación que apueste por los valores, que trabaje la diversidad y la inclusión, y que tenga en cuenta los retos de una sociedad que cambia a una velocidad de vértigo, para que se consiga una salud mental más positiva de las generaciones futuras.

Es fundamental tener claro que todas las personas pueden sufrir a lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental, pero también que se pueden recuperar o mejorar y que las personas con problemas de salud mental estudian, trabajan, tienen familia, hijos, amigos y ejercen sus derechos y obligaciones como el resto de la ciudadanía.

Según el Barómetro Vida y Salud, en España, 2 millones de jóvenes de 15 a 29 años (30%) han sufrido síntomas de trastorno mental en el último año. De quienes notaron síntomas, solo la mitad solicitó asistencia. Según los síntomas que describieron, el 21,6% de la juventud española presentaría cuadro de sintomatología depresiva moderada (15,3%) y moderadamente grave/grave (6,3%). Solo el 11,4% ha sido diagnosticado y casi el 30% de jóvenes sostiene que ha tenido o cree  tener algún tipo de problema de salud mental durante el último año.

En este contexto de cifras tan elevadas, el sector educativo debe estar involucrado en la prevención y atención temprana, enfrentándose a una de las principales dificultades de los problemas de salud mental: su carácter invisible que hace que, al contrario de lo que ocurre con las enfermedades físicas, permanezcan ocultos y conlleven un gran estigma. La escuela debe crear un ambiente en el que los jóvenes sientan que pueden pedir ayuda.

La Federación Salud Mental Madrid (UMASAM) hace un llamamiento a todas las personas, tengan o no un problema de salud mental, a participar en la marcha por la salud mental el próximo miércoles 10 de octubre a las 18:00h., para reivindicar los derechos de quienes tienen un trastorno mental y sus familias. El recorrido de la manifestación será: Atocha – Paseo del Prado – Carrera de San Jerónimo – Calle Alcalá – Puerta del Sol.