sábado, 24 enero, 2026

El Poder Judicial no abrirá ninguna investigación sobre los supuestos contactos de jueces con menores en Colombia

La Asociación Preeminencia del Derecho ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación “por posible incumplimiento de deberes judiciales” para esclarecer si es cierto que entre los integrantes de la expedición de magistrados y fiscales españoles que participaron en los cursos del Programa Aula Iberoamericana ‒ organizados por el Consejo General del Poder Judicial en Cartagena de Indias (Colombia)‒ hubo algunos que cerraron las conferencias diurnas con noches de copas  en bares de la ciudad en las que alternaron con jóvenes menores de edad. La petición se produce días después de que hayan salido a la luz pública unas polémicas grabaciones de audio en las que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, revela en el transcurso de una comida con el juez Baltasar Garzón y el comisario José Manuel Villarejo que vio con sus propios ojos cómo en aquellas jornadas ‒celebradas entre el periodo 2001 y 2009‒, “una serie de jueces y fiscales españoles” se relacionaron con menores en locales de fiesta.

La Asociación Preeminencia del Derecho, dirigida por el abogado José Luis Mazón, solicita una investigación “seria e imparcial” sobre los hechos sucedidos, que son “públicos y notorios”. Sin embargo, no parece que el Consejo General del Poder Judicial vaya a abrir de momento ningún tipo de expediente de investigación para esclarecer el asunto, ya que fuentes de este organismo oficial han asegurado hace solo unas horas que “no le consta” que Delgado asistiera a ninguno de los cursos en Colombia a los que se refirió en su comida con Villarejo y Garzón. En esa charla distendida, la ministra de Justicia confiesa además que otra magistrada de la Audiencia Nacional que la acompañaba a los cursos iberoamericanos presenció cómo los jueces salieron avergonzados de un bar tras ser sorprendidos en compañía de las jóvenes.

Las fuentes del Consejo General del Poder Judicial mantienen que no puede descartarse que Delgado visitara Cartagena de Indias para otro asunto, o acompañando al propio Garzón en alguno de los viajes que éste realizó a dicho destino. De las escasas explicaciones que hasta el momento ha ofrecido el CGPJ se deduce que de momento no se va a abrir ninguna investigación interna para esclarecer el turbio episodio, de manera que organizaciones judiciales como Preeminencia del Derecho se han movilizado presentando un escrito de denuncia para detener el “proceso de desintegración en el que se halla incurso el Poder Judicial del Estado, cada vez más endiosado y más odioso”. Para Preeminencia del Derecho los supuestos contactos de los magistrados con menores de edad en Colombia suponen una “conducta que aunque sea privada es incompatible con los deberes de juez (conducta digna) y que debe ser esclarecida y una vez esclarecida tomar la resolución pertinente”.

Según la asociación que dirige Mazón, aunque los hechos hayan prescrito, lo cual afectaría solo a una posible sanción, “ello no es óbice para que se abra una investigación”. “Es una vergüenza supina que estas cosas salgan a la luz pública y que no sean investigadas, como aquel otro caso promovido ante esta misma instancia, que se negó a investigar sobre aceptación de invitaciones a gastos pagados de magistrados de la Audiencia Nacional a viajes de vacaciones con pareja incluida a los Estados Unidos sufragados por el departamento de Estado de dicho país, magistrados que luego del agasajo examinan los pleitos –extradiciones y otros– afectantes al Estado benefactor. Y claro, cómo no, siempre gana, pues el que obsequia es favorecido”, asegura la denuncia de Preeminencia del Derecho a la que ha tenido acceso Diario16.

El Programa Aula Iberoamericana es un foro de formación e intercambio judicial destinado a jueces y magistrados que funciona desde el año 1997 bajo la supervisión del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de Gobierno de los jueces tampoco ha facilitado por el momento las actas de los juristas españoles que asistieron a aquellas jornadas.

1-O, el aniversario

Sería más adecuado señalar los aniversarios, porque en un primero de Octubre han ocurrido varios acontecimientos reseñables en nuestro país, aunque debemos ceñirnos a los más recientes.

En orden cronológico el 1 de Octubre 2017 en un convulso Comité Federal del PSOE, a pesar de no coincidir la fecha, los “Idus de Marzo”  aparecieron en la vida de Pedro Sánchez. Al igual que Julio César fue traicionado, apuñalado, asesinado, en este caso políticamente, en el seno de un plenario que rememoraba el Senado de Roma.

Ese día los Cassius y Brutus de turno le pillaron de manera insólita desprevenido, entró como SG y salió como militante socialista vapuleado. Aunque en este caso los traidores se salvaron y aún circulan a sus anchas por el partido, algunos incluso con cargos de relieve. Así es la vida…..

Aquella fecha convulsionó la vida de nuestro país, produjo un verdadero terremoto político que una parte de la izquierda tardó en poder superar. Aunque al final lo logró y primero lo recuperó para el máximo cargo del socialismo y después como Presidente de Gobierno. La vida como se ve da muchas vueltas.

Haría bien Sánchez en revisar todo lo ocurrido en aquellos instantes para evitar que le vuelva a ocurrir, porque la traición aún anida cerca.

Pero aún más impacto, especialmente desde el punto de vista emocional, produjo el 1 de Octubre un año después en 2017, cuando un independentismo  catalán empecinado en la confrontación , chocó de frente con un gobierno del PP de sus mismas características.

Un choque que afectó de manera, de momento irreparable, a ambas comunidades, la española y la catalana. Una situación que hoy un año después dista mucho de haberse solucionado.

Aquel día se produjeron errores muy graves, los halcones de ambas orillas se impusieron a las palomas que se vieron arrasadas por un sinsentido para enmarcar en nuestra reciente historia. Quizás en el futuro para poder estudiar qué no se debe de hacer en situaciones similares debamos recurrir a aquel día.

Hubo quien, en ambos contendientes, se empeñó en que ese brutal “choque de trenes” se produjera y además se dedicó en lugar de apagar el fuego con agua a echar gasolina para que la combustión fuera aún más violenta.

Cierto es que este año ese aniversario está cargado de menos tensión. Que se han producido cambios de relieve en el Gobierno, con un Pedro Sánchez más proclive a soluciones dialogadas, y en el independentismo en el que la quiebra entre una ERC sensata y pragmática, colisiona con un PDeCat y una CUP igual de beligerantes que hace un año.

Pero aún existen elementos peligrosos que pueden provocar la repetición de aquellos lamentables acontecimientos. Incluso durante este año se ha consolidado una quiebra que parece irreconciliable entre las dos mitades de la ciudadanía catalana. La reciente guerra de los lazos amarillos da fe de la misma.

¿Qué va a ocurrir ese día? Quizás mejor sería señalar qué podemos desear que pase.

Desde luego que no se repitan aquellos hechos, que no se cometan los mismos errores y lo más importante, que alguien desde ambas orillas comience la construcción de puentes por los que comunicarse.

¿Existen posibilidades para ello? La respuesta no puede ser otra que SÍ. Así, alta y clara.

Por supuesto que se puede y se debe iniciar un periodo de distensión. Desde la audacia, imaginación y generosidad, mucha generosidad.

El gobierno creando las condiciones para, evitando el choque entre poderes judicial y ejecutivo, favorecer que los políticos presos salgan a la calle. Se necesita gente como Oriol Junqueras en estos momentos. Por parte del independentismo ERC debe imponer su criterio actual de sensatez y cordura.

Después abrir vías a corto, medio y largo plazo que resuelvan definitivamente las tensiones centro-periferia heredadas de la Transición y agravadas con el lamentable gobierno de Rajoy.

A corto ya se observan signos de distensión con una comunicación más fluida Estado-Generalitat. A medio plazo sería bueno negociar de manera eficaz los temas de financiación de Catalunya y a largo explorar la aplicación de una “vía Quebec”, acorde con nuestra legislación vigente tal y como apuntó Pedro Sánchez en su reciente visita a Canadá.

¿Esto es posible en nuestro país sin un cambio en la Constitución para el que no dan los números? Quizás lo fuera si como han apuntado algunos expertos como el profesor Pérez Royo, se aplicara su artículo 92.1 de manera aperturista y flexible especialmente en lo referente al ámbito Esto al menos en una primera fase y en espera de otra correlación de fuerzas más favorable en Congreso y Senado.

Cierto es que esa consulta sólo podría ser consultiva y no vinculante, pero podría ser un primer paso para satisfacer una demanda mayoritaria de la ciudadanía catalana que en ese aspecto, el deseo de expresarse libremente en las urnas, supera con amplitud el 70 %.

Nos podría dar una radiografía real de lo que opinan los catalanes. Debiera ser con una pregunta absolutamente clara y dejando perfectamente claras las consecuencias de una u otra respuesta.

Para ello resulta imprescindible una pragmatización del independentismo, consciente de que la vía actual sólo le lleva al fracaso y la frustración.

1-O es la fecha, pero sólo debe ser el inicio de algo mejor. Un punto de partida para el diálogo, la negociación y el acuerdo conscientes de que para llegar a él todos deben estar dispuestos a dejar “pelos en la gatera”.

Seamos hoy optimistas, confiemos en que a veces en política el milagro se produce y si no que se lo pregunten a Sánchez.

Veremos………..

Ruido de sables en el PP de Murcia

El actual alcalde de Murcia, José Ballesta «es el único que podría amortiguar la probable derrota electoral del PP regional» de Murcia en las próximas elecciones del año 2.019 y, por tanto, la pérdida del Gobierno, como alternativa a Fernando López Miras. Así lo señalan algunos altos cargos populares a Diario16 al referirse a las expectativas electorales, llegando incluso —pero con posibilidades remotas— a pensar en el defenestrado ex regidor lorquino y ex consejero de Agricultura, Francisco Jódar.

Malos presentimientos, sin duda, se han apoderado de parte de la militancia conservadora murciana que lleva en el poder desde hace 24 años, descontenta por la trayectoria descendente iniciada con la marcha de Ramón Luis Valcárcel y que dio paso a tres presidentes consecutivos: Pedro Antonio Sánchez, imputado por los casos Auditorio, Púnica y Pasarelas. Su sucesor Alberto Garre, descabalgado del poder por «rebeldía» frente a los postulados del ahora eurodiputado Valcárcel, y el actual, Fernando López Miras, a quien las mismas fuentes populares consultadas por Diario16 califican de «poco experimentado y atrevido en sus discursos» de los que últimamente y en materia de infraestructuras se ha visto desmentido de sus afirmaciones por la fuerza de los hechos impuesta por el Gobierno socialista.

Ante este cúmulo de circunstancias adversas, los mismos altos cargos ven como «única posibilidad» de no perder más peso electoral presentar como candidato de última hora a José Ballesta, que goza de gran consideración entre una parte importante del PP por su gestión al frente del Ayuntamiento de Murcia, aunque la realidad parece ser que se va a imponer a los deseos de una porción importante de militantes populares. En esta línea de posibles sucesores también se habla de Francisco Jódar «a quien apoyan bastantes militantes por haber defendido en momentos difíciles al partido, sobre todo en el caso de Pedro Antonio Sánchez».

Sin embargo, Jódar puede que haya perdido toda esperanza de seguir en política a partir del próximo año, debido a su polémica salida de la presidencia del PP en su ciudad, tras verse apartado de la silla en favor de su sobrino Fulgencio Gil Jódar, que será el aspirante a renovar la Alcaldía del PP en la Ciudad del Sol y que también se ha hecho con la silla presidencial de la organización. Esto ha provocado una división tanto personal y como política entre ambos. Es más, como consecuencia de su salida de la presidencia, sobre todo por las formas públicas empleadas en las redes sociales, Francisco Jódar tiene todas las papeletas para no ser futuro Parlamentario Nacional e, incluso, quedarse sin ser Presidente de Honor del partido que ha liderado durante los últimos 19 años.

Así las cosas, solo queda esperar a conocer las listas regionales definitivas para salir de dudas en un momento donde el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se augura que, en caso de celebrarse en estos momentos unos comicios, el PSOE murciano se sitúa a un solo punto de su principal adversario, el Partido Popular, lo que viene a marcar la tendencia del futuro mapa electoral de la Región de Murcia a partir del próximo mes de mayo de 2019.

Ante esta situación de ruido de sables en el PP murciano, ¿qué hará Fernando López Miras? ¿Atrincherarse en el Palacio de San Esteban o dar un paso adelante como ya hizo cuando le quisieron imponer a Francisco Bernabé como el candidato a la Comunidad Autónoma? El actual presidente de la Región de Murcia tiene un futuro oscuro tanto a nivel orgánico como, sobre todo, a nivel político porque la gestión que está haciendo Diego Conesa desde la Delegación de Gobierno en los puntos fundamentales que preocupan en la Región de Murcia (infraestructuras, Mar Menor, recursos hídricos) está mostrando a los ciudadanos que se puede gobernar de otra forma que beneficie a los intereses de los murcianos en vez de cubrir las necesidades de Génova 13.

El soborno que hay detrás del archivo del Caso Pablo Casado

La Sala de Admisión del Caso Máster de Pablo Casado, compuesta por Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Ana Ferrer y Pablo Llarena, archivó las actuaciones en la Sala 2ª del Tribunal Supremo por considerar que no se detectó el necesario concierto de voluntades entre Pablo Casado y la Universidad Rey Juan Carlos.

Así, se prepara ante la posible imputación de la mujer de Pablo Llarena, Gema Espinosa Conde, en el “asunto de la hija de Marchena”, en el que se trata el mismo tipo de soborno que el del “caso Master” de Pablo Casado y, por tanto, ha sido este asunto el que en realidad ha obligado al Tribunal Supremo a archivar el procedimiento contra el presidente del Partido Popular.

El pasado mes de julio la Comisión de Selección tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija del presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Sofía Marchena, que perdió la oportunidad de acceder a la carrera judicial con su promoción al encontrarse enferma, apareciendo ambas mujeres de esta forma como protagonistas de lo que parece claramente que fue un soborno para pagar un favor anterior: Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles – según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia, y sin embargo el presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, permitió su designación como juez instructor en la causa del Procés.

La decisión de la Sala de Admisión compuesta precisamente por Manuel Marchena y Pablo Llarena, que ha decidido ahora archivar las actuaciones del “caso Master” en el Tribunal Supremo, por considerar en definitiva que no se ha detectado el necesario concierto de voluntades entre Pablo Casado y los responsables del máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos, supone un evidente balón de oxígeno para todos los implicados en el asunto de “la hija de Marchena”.

Cuando ambos magistrados han afirmado en su resolución de archivo que “la jurisprudencia sobre el delito de prevaricación exige un concierto de voluntades”, están diciendo algo que es rotundamente falso porque ni una sola sentencia del Tribunal Supremo ha hecho tal afirmación. Es más, Manuel Marchena ha negado en dos sentencias dicho principio, y una de ellas además siendo ponente Pablo Llarena.

La doctrina del acuerdo de voluntades en el delito de prevaricación es una creación jurisprudencial del Tribunal Constitucional -en su Sentencia de 17 de octubre de 2016- que está diseñada exclusivamente para el delito de prevaricación judicial que no sea instrumento de un soborno, ni tenga nada que ver con la corrupción. Por eso no es de aplicación a la prevaricación administrativa que sirve de instrumento al delito de cohecho, como el que se imputa a Pablo Casado.

Podríamos pensar que el Tribunal Supremo ha decidido simplemente cambiar de criterio en el “caso Master” de Pablo Casado, si no fuera por el hecho de que con él se beneficia personalmente a dos de los Magistrados que han dictado la resolución, Manuel Marchena y Pablo Llarena que, sin embargo, no se abstuvieron de formar parte de la Sala de Admisión a pesar de que concurría en ellos causa y motivo de recusación.

El Gobierno del PP ocultó la declaración de bienes de sus altos cargos durante cuatro años

El BOE acaba de publicar la declaración de bienes y patrimonio de más de mil altos cargos de la Administración pública durante los últimos cuatro años. Y lo primero que llama la atención es el nada desdeñable patrimonio del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en el momento de dejar su cargo tras la moción de censura declaró más de un millón y medio de euros. Este dato, llamativo sin duda, contrasta con el dinero declarado por el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuya declaración de la renta arroja unas ganancias mucho más modestas: 342.990 euros.

La diferencia de patrimonio entre uno y otro líder es algo normal (pese a que en principio ambos han cobrado el mismo sueldo hay otros ingresos computables como herencias, valor de bienes inmuebles, acciones y ahorros anteriores a la llegada del cargo) pero conviene no perder de vista un dato: la última vez que se hizo público el listado de bienes de sus señorías fue en 2014, cuando el PP aún seguía gobernando. Es decir, durante los últimos cuatro años los altos cargos, en especial los que integraron el Gobierno de Rajoy, no han hecho públicos sus bienes al abandonar sus puestos, pese a que están obligados a ello por la ley de altos cargos de la Administración General del Estado.

Por tanto, durante ese período sin duda marcado por la falta de transparencia, los ciudadanos no han podido saber que muchos colaboradores de Rajoy declaraban más de un millón de euros. Así, tal como consta en el BOE y recogen hoy la mayoría de los medios de comunicación de tirada nacional, entre ellos El País, Pedro Argüelles, ex secretario de Estado de Defensa, ha declarado una fortuna de casi 50 millones de euros. A su vez, Gonzalo Ortiz, embajador en Corea, acredita más de 25 millones de patrimonio global, y Montserrat Gomendio, ex secretaria de Estado de Educación, un total de 13,6 millones. También llama la atención la declaración de patrimonio de Fidel Sendagorta, director general para América del Norte, Asia y Pacífico (12,3 millones); y la de María Victoria Morera, embajadora en Alemania (7,6), José Rodríguez-Spiteri, presidente de Patrimonio Nacional (10,9), y de María Jesús Figa, embajadora en Vietnam (5,9 millones).

Los altos cargos deben por ley presentar su declaración patrimonial durante los tres meses posteriores a su toma de posesión y a su cese, algo que hacen todos los altos cargos del Estado. Sin embargo, no debería bastar con que sus señorías rellenen el impreso y le den trámite oficial, debería ser absolutamente necesario que el ciudadano, cada año sin excepción, sepa cuáles son las cuentas reales de sus representantes públicos, algo que no ha ocurrido en la última legislatura. ¿Por qué? Una democracia avanzada se mide, entre otras muchas cosas, por el grado de transparencia que ofrecen sus instituciones y representantes públicos, y no parece, por lo que publica hoy el BOE, que el Gobierno de Rajoy, ese que pagaba sobresueldos en negro a sus altos cargos, es decir, dinero sin declarar en el impuesto de la renta de las personas físicas, se haya caracterizado por facilitar toda la información a sus ciudadanos.

Ni que decir tiene que los últimos años de Gobierno de Rajoy han sido los más negros en lo que se refiere a la corrupción de la historia contemporánea de España, por mucho que José María Aznar se empeñe en decir ahora, provocando el sonrojo de quien le escucha, que casos como la trama Gurtel o la Caja B del partido solo fueron simples anécdotas sin importancia.

Pese a tantos desmanes y a que las declaraciones de patrimonio de los diputados y senadores han sido ocultadas durante cuatro años, el PP, hoy liderado por Pablo Casado, ha iniciado una ofensiva política y mediática contra el Gobierno socialista por cuestiones mucho menos importantes, como el máster supuestamente irregular que ha obligado a dimitir a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el furibundo ataque contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por unos comentarios a los postres durante una conversación privada, o la petición de dimisión contra el ministro de Ciencia, Pedro Duque, a quien ahora se acusa de poseer una sociedad patrimonial con la que gestionó dos propiedades inmobiliarias, algo que por otra parte numerosos expertos ya se han apresurado a calificar como perfectamente legal.

Una vez más nos encontramos ante la hipocresía de un partido, el PP, que exige a sus rivales políticos una honradez hasta el grado de la santidad mientras él ha participado en el mayor expolio económico de la historia de España sin que aún haya pedido perdón a los españoles. Y no solo no ha pedido disculpas, sino que pretende convencernos de que la corrupción sistemática que ha practicado durante décadas, que ha sido confirmada por sentencia judicial mediante la acreditación de la caja B del partido, y que millones de españoles han visto con sus propios ojos en culebrones judiciales interminables, solo ha sido una pesadilla. Como en las malas novelas.

Tremendo fracaso de Albert Rivera en Sevilla

La periodista de El País, Elsa García de Blas, acertaba a describir en Twitter lo que ya se sabía por parte de aquellos y aquellas que conocen el patio andaluz, que el acto pre-campaña electoral de Ciudadanos no llenaría, que las masas andaluzas no acudirían a ver el espectáculo de la secta naranja, que sería un fracaso. Y menos con un aparataje que apesta a patriotismo carpetovetónico. Ni una sola bandera de Andalucía y sí muchas banderas españolas, de la Unión Europea y gorritos con la bandera de España. Lo que indica que no saben en qué terreno estaban jugando. Sevilla no es Barcelona ni lo será. Los parámetros que pueden parecer lógicos a los seres pensantes de Ciudadanos para un acto en Madrid o Logroño no funcionan en Andalucía. Y eso lo saben todos los partidos menos los de Albert Rivera.

Numerosas sillas han tenido que ser quitadas y los fotógrafos oficiales de Ciudadanos se las han visto y deseado para hacer tomas en las que no se viese el fracaso tremendo. Rivera no llena en Andalucía porque Andalucía no quiere a Rivera. Que haya personas que les voten, porque se han cansado de la pestilencia del PP, no significa que vayan a acudir a ver las caras de esas personas que quieren enseñar a pescar a los andaluces desde la chulería y la prepotencia. Ciudadanos, encarnado en Juan Marín, ha servido muy bien al PSOE para seguir gobernando, pero con ese candidato que parece un marmolillo sin gracia alguna, no podían pensar que iban a acudir las masas eufóricas a verles. Cuando hablas de Andalucía como algo lejano, como algo atrasado, que es lo que hacen Rivera y su alegre muchachada, ocurre que los andaluces de a pie te abandonan. Además, con Pablo Casado al frente del PP la pestilencia les parece menor y, al fin y al cabo, Juanma es mucho más gracioso, aunque sus últimos insultos igual podrían haber favorecido a la formación naranja.

Y si a eso le sumas que vas a Sevilla, con elecciones inminentes, y te pones a hablar de cosas de catalanes, de vascos y de tus propias fobias, normal que te abandone todo el mundo. Y eso que han movido a los afiliados de la provincia. Pero ni por esas. Un fracaso que deberían poner en el debe de Fran Hervías y Virginia Salmerón, los controladores andaluces y que tienen “acojonado” a Marín. Claro comienza hablando Inés Arrimadas que en España “se ha quebrado la igualdad entre los españoles” y los sevillanos le miran raro. Luis Garicano, el más culto de la secta, ha sido más prudente y ha expresado que “hemos venido a escucharos y a entender vuestras preocupaciones”. Una extrañeza porque después de cuatro años sosteniendo al gobierno de la Junta de Andalucía, debe dar para conocer algo, por mínimo que sea. El problema es que llegan de sobrados a vender su escoba, pero resulta que los andaluces y andaluzas hace mucho tiempo que utilizan aspiradoras.

No entienden en la secta naranja que el populismo barato y sistémico que intentan vender por España no tiene cabida en Andalucía. El 80% de la población andaluza es andalucista, residan o no en Andalucía, una forma de entender su nexo de unión con el resto de los pueblos de España que refuerza su diferencia en la unidad. Son tan andaluces como españoles lo que no empece para que prefieran que les hablen en su “lenguaje” andalucista. En el PP hasta que llegó Javier Arenas, en eso tiene mérito, no lo comprendieron bien. En el PSOE lo saben desde el comienzo de la autonomía, como en IU o Podemos. Andalucía es muy grande, tanto como las demás regiones, y no quieren señoritos venidos de Barcelona que les digan que tienen que aprender a pescar y no-se-qué más cosas de cupos vascos. Lo que ocurre es que Rivera, por aquello de que metió en el partido a cualquiera que le haga adoración y no rechiste, ha dado justo con los andaluces raros. Ese 20% que no es andalucista como son Arrimadas, Hervías, Salmerón o Marín. Rivera sería capaz de decirle al Faraón de Camas, Curro Romero, que no sabe dar una verónica.

Arrimadas, esa andaluza rara, ha metido la pata al decir que “no se puede admitir que por tener el carnet de un partido se tengan más oportunidades”, y no porque no lleve razón, sino porque eso es lo que está haciendo Ciudadanos en la Diputación de Huelva, en la Radio Pública de Cádiz o en diversos entes y mancomunidades. Pero el que ha batido todas las marcar de desconocimiento del terreno que se pisa ha sido el jefe de la secta, Rivera. Ha lanzado un discurso completamente marcado por Cataluña y sus fobias, especialmente el cupo vasco algo que a los andaluces les preocupa poco. “Queremos una financiación autonómica sin privilegios eliminando el cálculo insolidario y el opaco del cupo vasco” ha dicho, cuando desde Andalucía no se ha negado ese cupo, sino que se lleva pidiendo una financiación justa y solidaria que es algo bien distinto. Y todo porque ahora parece que los españoles no somos iguales. Iguales en el sentido que define Rivera, porque es evidente que el dinero y el poder político otorgan privilegios, como permitir al dirigente de Ciudadanos mentir en su currículum, no dimitir y seguir dando lecciones a los demás.

Y también ha querido contar a los andaluces, que a esas horas estarían ya pensando en qué iban a comer, su gran reforma electoral: “Un ciudadano, un voto [con] listas abiertas sin miedo a que los ciudadanos elijan y un 3% del voto nacional para entrar en el Congreso, así los que quieren romper España tendrán que ir a otra cámara”. Vayamos por partes porque de tanto repetirlo igual se cree alguien las mentiras de este señor. Cualquier ciudadano de España cuando acude a votar tiene un solo voto, no dos, ni tres. Uno y nada más. Puede que haya provincias que están sobrerrepresentadas (dos o tres nada más) pero es más una cuestión técnica. Otra estupidez son las listas abiertas en provincias como Sevilla. Imaginen una sábana de papel con todas las listas de todos los partidos y el ciudadano eligiendo 12. Al final elegiría, como pasa mayoritariamente en el Senado, los mismos de una candidatura. Ahora bien, si lo que quiere Ciudadanos es que se pueda elegir dentro de una lista, eso se llama lista desbloqueada. Pero los pobres no tienen ni idea de cuestiones electorales. Y luego la salvajada de prohibir la presencia de partidos que no alcancen el 3% a nivel estatal. Así nunca el Partido Andalucista hubiese tenido diputados en el Congreso.

Y ¿esto les importa a los andaluces? Sinceramente no. Pero es que Rivera sólo quiere a los andaluces para sacarles los votos y tenerlos sometidos a los deseos del Ibex-35, como al resto de los españoles. Es más, por mucho que diga de sus abuelos andaluces, Andalucía sólo puede ser en la mente de Rivera un destino turístico. El lugar de donde salga mano de obra barata para los señores del dinero que no viven, precisamente, en Andalucía. La vuelta al señorito pero en clave financiera. Y todo ello con una simbología españolista que, como le ha dicho Teresa Rodríguez, recuerda al españolismo pre-autonómico. Por eso no es de extrañar que no haya acudido nadie a verles. Son la estulticia hecha política. Además, para española y andaluza ya está Susana Díaz. Y a ella no le ganan en ese terreno.

Diego Conesa contra el despoblamiento y el envejecimiento en la Región de Murcia

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa ha reclamado una estrategia global al Gobierno regional para frenar el envejecimiento y la despoblación en los pequeños municipios de la Región, algo que no ha existido durante estos  23 años de gobiernos del PP.

“Tenemos un gran reto y son necesarias políticas activas para evitar la despoblación de los pequeños municipios de la Región y para mejorar la vida de las personas que viven en ellos. El Gobierno regional no puede seguir ignorando esta realidad y debe tener voluntad política y disponer partidas en los presupuestos regionales, para materializarlo”.

Esta mañana el municipio de Campos del Río ha sido anfitrión del encuentro en el que han participado además de Diego Conesa, el secretario de Política Municipal y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños; el presidente de la Federación de Municipios de la Región y alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández,  y alcaldes y alcaldesas socialistas, así como  portavoces municipales, para abordar las medidas a emprender para evitar la despoblación y envejecimiento. Todos ellos han expuesto sus puntos de vista y han puesto de manifiesto los problemas en sus municipios.

Los municipios más afectados son Campos del Río, Lorquí, Aledo, Ricote, Villanueva, Lorca, Bullas, Moratalla, Ojós, Ulea, Abanilla, Pliego y, en general, la Comarca del Noroeste y Río Mula.

El secretario general de los socialistas murcianos denunció la inacción del Gobierno regional, que a pesar de contar con 300.000 euros para análisis de pequeños municipios, no se han ejecutado; por el contrario, se han dedicado a asfixiar económicamente a los municipios afectados y han apostado más por el litoral, en detrimento del interior de la Región.

“Aunque el Gobierno de López Miras no lo quiera ver, es una realidad que tenemos en la Región de Murcia y que sufren varios municipios, donde el envejecimiento de la población y el abandono de tierras y viviendas es frecuente en la mayoría de pedanías y diputaciones de la zona de la sierra e interior”.

Conesa señaló que las únicas medidas que se han acometido por el momento para evitar los riesgos que tienen estos municipios y hacer posible que se emprendan medidas sociales han sido gracias al impulso del Grupo Parlamentario Socialista, durante esta legislatura.

En concreto, las propuestas socialistas han consistido en condonar las deudas provocadas por inversiones antes de 2012, que no habían sido gestionadas, en su mayoría con gobiernos del PP; y por otro lado, la exoneración en el pago de las cuotas en el Consorcio de Extinción de Incendios.

Diego Conesa propone cuatro medidas fundamentales de carácter social a poner en marcha: en política de vivienda, educación de cero a tres años, mejora de la movilidad, y creación de empleo; “para acabar con la actual desigualdad en las condiciones de vida  de los habitantes de estos municipios y a las que no ha sido sensible el Gobierno regional en estos 23 años”.

En materia de vivienda destacó la necesidad de la mejora y rehabilitación de las viviendas de estos pueblos, para favorecer que las familias se queden. Conesa recordó que el Gobierno de España ha suscrito un convenio con las comunidades autónomas por el que el Estado aporta 62 millones de euros y la Comunidad 17 millones.

En cuanto a Educación, subrayó la importancia de que existan aulas de cero a tres años, para que los jóvenes no se marchen y sus hijos puedan ir a la escuela.

También hizo hincapié en la necesidad de un buen servicio de transporte para garantizar calidad de vida a mayores y jóvenes.

Por último, incidió en la necesidad de crear empleo estable y de calidad en estos municipios para favorecer la permanencia, especialmente, de los jóvenes, así como programas de apoyo a emprendedores e incentivos para la creación de empresas y cooperativas agrarias.

Ayuntamiento

Por su parte, la alcaldesa de Campos del Río, María José Pérez, se refirió al despoblamiento y el envejecimiento de estos municipios como “un problema acuciante y muy grave”.

La regidora socialista aseguró que se sienten muy abandonados por la administración regional y añadió que las medidas y propuestas que el PSOE está debatiendo hoy en Campos del Río van en la dirección de conseguir una atención preferente a estas zonas, “las grandes olvidadas, pese a que hay una gran calidad de vida, muy saludable y atractiva tanto para jóvenes como para mayores. Sin embargo, sin los servicios adecuados no conseguiremos solucionar el problema”, concluyó.

Susana Díaz reclama las inversiones en el Corredor Mediterráneo que necesitan los puertos andaluces

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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado que la «potente red de puertos» andaluces merece las «conexiones adecuadas» y, por eso, se ha comprometido a seguir reclamando que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan inversiones en el Corredor Mediterráneo «a la altura de las necesidades» de los puertos de la comunidad.

«Lo estamos haciendo bien y merecemos el respaldo de la inversión pública», ha asegurado Díaz en la inauguración de las I Jornadas de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola Andaluz en el Mediterráneo que se celebran en el Puerto de Motril (Granada).

La presidenta ha valorado que el Puerto motrileño «ha crecido mucho en muy poco tiempo» y ha señalado que lidera las exportaciones en el ranking nacional «porque es rentable, en sus rutas comerciales y en su logística, por su conexión directa a las vías de alta capacidad que permiten estar en menos tiempo en destino y hacerlo sin tener que transitar por ningún núcleo urbano» y porque está bien gestionado.

Susana Díaz ha animado, por otra parte, a la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes) a «romper el techo de cristal» en la pesca. Tal y como ha explicado, de los 20.000 ocupados en el sector pesquero en Andalucía solo 4.500 son mujeres y, en el caso de la extracción, de 7.000 empleos, solo 140 son femeninos.

Por ello, la AndMuPes, constituida en abril de 2018, abre «una puerta a la esperanza a muchas mujeres que llevan años trabajando en el mar, de forma invisible, y contribuyendo a la riqueza del sector acuícola».

Además, Díaz ha valorado el «empoderamiento» que supone que esta entidad esté representada en el Consejo Asesor de Pesca de Andalucía y ha resaltado la importancia de que «las mujeres estén representadas y que escalen también en puestos de responsabilidad del sector pesquero».

La presidenta de la Junta ha hecho hincapié en la «fortaleza del sector agroalimentario» andaluz, que convierte a la comunidad en la «despensa» de España y de Europa y ha abogado porque esa fuerza se traduzca «en dignidad de los trabajadores, también en el sector de la pesca», con «salarios dignos, precios adecuados y certidumbre».

Las I Jornadas de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola Andaluz en el Mediterráneo han sido organizadas por la AndMuPes, una organización surgida ante la necesidad de articular las demandas del colectivo femenino del sector desde una sola entidad y facilitar de esta manera la interlocución con la Administración. De hecho, ya es una realidad la presencia de dos mujeres ocupando dos vocalías en el Consejo Asesor de la Pesca de Andalucía, la primera comunidad autónoma que en este sentido les ha dado voz.

La asociación cuenta ya con 119 integrantes de distintas entidades de los litorales atlántico y mediterráneo, encontrándose en una fase de continuo crecimiento. La permanente expansión del asociacionismo de mujeres del sector pesquero se pone de manifiesto en otros logros recientes, como su inscripción en la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) o su participación en el I Congreso Internacional de Mujeres de la Pesca, que se celebrará en noviembre en Galicia.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural cuenta con un Plan de Igualdad Horizonte 2020 para la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, que tiene entre otros objetivos respaldar este tipo de asociacionismo y facilitar la presencia de las mujeres en los distintos órganos y foros agrícola y pesquero. Asimismo, se impulsa su incorporación al sector con medidas como, por ejemplo, darles prioridad en las líneas de ayudas públicas que convoca la Junta.

Los afectados por las ayudas del terremoto ya tienen a su disposición el formulario de la cuenta simplificada

 El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presentado el formulario modelo de la cuenta justificativa simplificada con el que los afectados por los terremotos que no habían podido justificar las ayudas puedan cerrar los expedientes abiertos.

 

Fulgencio Gil ha explicado que “tras mucho trabajo conseguimos poner en marcha el mecanismo legal pertinente promovido por el Gobierno Regional y que contó con el apoyo de todos los grupos en la Asamblea Regional. Esa ley va a desplegar sus efectos a partir de este momento; desde esta misma mañana los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos pueden dirigirse a la Concejalía de Gestión y Recuperación tras los Terremotos, donde los técnicos los asesorarán y podrán para rellenar el formulario de la cuenta justificativa simplificada, que es un modelo de declaración responsable. Una vez relleno, se sellará y se remitirá a Murcia de manera urgente para así poner en marcha el trámite llamado a resolver de una vez por todas la problemática. Además, cabe recordar que la Consejería de Fomento aprobó ayer el borrador de la cuenta justificativa simplificada a propuesta del Ayuntamiento”.

 

El Alcalde de Lorca ha destacado que “ahora mismo lo más importante es que los afectados completen los documentos y aporten los justificantes para remitirlos y que sean revisados bajo la óptica de la nueva legislación. Estamos en el momento final de este proceso que ha sido arduo y fatigoso, es cierto, pero que ya tiene su modo de solución y un plazo temporal inmediato. Como siempre hemos defendido desde el Ayuntamiento, la tragedia sufrida por la ciudad de Lorca y sus vecinos requería de soluciones a la altura. Y si ello suponía tener que legislar, pues se legisla y punto, pues para eso están los grupos políticos y los representantes. El camino hasta llegar aquí ha estado repleto de obstáculos pero a día de hoy contamos con la solución y en apenas unos meses quedarán resueltos todos los casos abiertos y podremos de una vez dejar atrás las consecuencias de la tragedia sufrida por Lorca durante el año 2011, que ya está bien, y encarar el presente y el futuro del municipio con optimismo”. 

 

Del mismo modo, el Gil ha anunciado que “la próxima semana está convocada la Comisión Mixta para abordar las distintas problemáticas abiertas. Vamos a darle un impulso que tiene que ser final y definitivo, el remate para cerrar todas las cuestiones pendientes en cuanto a las ayudas. Para ello vamos a reclamar al Gobierno de la Nación la aprobación definitiva de la prórroga del convenio de alquileres y reconstrucción y la ratificación de que renuncian a la parte de los intereses que le corresponde, siguiendo el ejemplo de la Comunidad Autónoma”. 

Ramón Espinar apoya a los vecinos de Tres Cantos afectados por la venta de sus viviendas a un fondo buitre

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El Secretario General de Podemos Comunidad de Madrid ha participado en la asamblea ciudadana que convocaron ayer en Tres Cantos miembros de la plataforma “Asamblea de las mil viviendas”,  un colectivo formado por cerca de 1.000  familias víctimas de las consecuencias más crudas de la especulación inmobiliaria promovida desde el gobierno regional.

Desde hace 7 años los afectados por esta estafa han venido luchando por encontrar solución a un problema que les aboca a una situación de urgencia social. Para ello han puesto en marcha distintas iniciativas que jamás han sido apoyadas ni atendidas por el ejecutivo autonómico ni por el Ayuntamiento de la localidad, en manos del PP.

En un plazo aproximado de dos meses vencerá la calificación como vivienda pública de estas casas. Los residentes temen que se impongan las lógicas del mercado libre para la venta de unos hogares que fueron concebidos inicialmente con parámetros de viviendas bajo protección pública, algo que de producirse las convertiría en inaccesibles para muchas de las vecinas y vecinos afectados.

Sobre la base de opacas gestiones políticas y empresariales, en las que desde el principio han primado los beneficios particulares de algunas constructoras por encima del interés general de la ciudadanía, el ejecutivo de Ignacio González autorizó la venta de los hogares de estas personas a la empresa FIDERE -filial española de Blackstone, una de las firmas de capital riesgo más grandes del mundo- convirtiendo al gobierno regional en culpable y cómplice de la nueva situación creada.

Así, este fondo buitre adquirió en 2013 las viviendas por un precio medio de 60.000 € y ahora pretende vendérselas a los inquilinos que desean ejecutar su opción a compra por un importe de entre 170.000 y 200.000 €.  Igualmente, para las vecinas y vecinos que deseen continuar residiendo en régimen de alquiler, los precios podrían dispararse exponencialmente, dos consecuencias directas de la recalificación de facto que se ha producido en este y otros casos en nuestra región, transmutando viviendas de origen público en casas sujetas al devenir del mercado privado y a los abusos de los fondos buitre .

El pasado mes de mayo los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE presentaron en la Asamblea regional una proposición de Ley destinada a proteger los intereses de los residentes que se encuentran en estas circunstancias en varios municipios de la comunidad autónoma. La medida, que pretendía la regulación de las tipologías de viviendas de protección pública destinadas al alquiler con posterior opción a compra, garantizando un precio justo en todo el proceso, fue tumbada en la mesa del Parlamento regional en dos ocasiones con los votos del PP y de su muleta naranja Ciudadanos.

Ramón Espinar escuchó con atención los argumentos de los afectados, que han solicitado la ayuda de Podemos para conseguir asistencia jurídica y apoyo político que les refuerce en la tarea de defender sus hogares frente a la especulación. El Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid ha reconocido la lucha que ha venido desarrollando este colectivo a lo largo de los últimos años y les ha animado a continuar adelante con su movilización ciudadana, tanto en las calles como en las instituciones. También se ha comprometido a facilitar todo el apoyo que pueda ofrecerles.