El 28 de septiembre se cumplió un año de la aprobación en el Congreso del Pacto de Estado contra la Violencia de género, un documento que en opinión de Justa Montero, uno de los rostros más reconocidos del activismo feminista en España, presenta «deficiencias» desde su nacimiento y sigue sin aplicar «medidas que son urgentes».
En una entrevista con Diario 16, Montero lamenta que a falta de tres meses para acabar el año todavía no se haya transferido a las Comunidades Autónomas ni a los Ayuntamientos la parte correspondiente (120 millones de euros) de los 200 millones de euros comprometidos para financiar la aplicación en 2018 de las medidas contempladas en el pacto.
«No vale un pacto que se anuncia a bombo y platillo y en términos grandilocuentes. Hacen falta políticas públicas concretas e inmediatas que acaben con esta situación, que prevengan y que proyecten un panorama a medio plazo completamente distinto», asevera tras recordar la crudeza del balance que ha dejado esta semana la violencia machista: dos menores de edad y tres mujeres asesinadas.
En opinión de Montero, que en abril de 2017 compareció en la subcomisión del Congreso para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en representación de la Asamblea Feminista de Madrid y a invitación de Podemos, uno de los principales déficits del documento se encuentra en el aspecto educativo.
«Tendría que haber una modificación urgente en la Ley de Educación que garantizara una educación afectivo-sexual y en valores de igualdad que fuera transversal en todas las etapas educativas», urge la activista.
«Hay consenso en torno a que el abordaje del problema debe realizarse en el ámbito preventivo y, por lo tanto, en el terreno de la educación, pero llevamos años y años en los que no se hace nada a nivel estatal. Como es una competencia transferida no hay un planteamiento estratégico desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, a los políticos se les llena la boca al decir que hay que abordar el problema desde la fase educativa», lamenta.
Un ejemplo reciente que avala el planteamiento de Montero lo encontramos en Andalucía, donde una comisión de expertos revisará los libros de texto de todas las etapas educativas para, entre otros objetivos, fomentar la igualdad y cambiar el paradigma ‘mi papá trabaja, mi mamá cocina’, añejo y rancio a todas luces pero vigente en muchos ejemplos de los materiales escolares, tal como han denunciado diferentes profesionales del sector en diversos medios de comunicación en los últimos días.
«Han pasado casi 15 años desde la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y seguimos exactamente igual», dice Montero acerca de una normativa cuyo capítulo primero aborda la materia que le atañe desde, precisamente, el ámbito educativo, un sistema que debería, según el texto, incluir «entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres», algo que, como atestiguan las recientes declaraciones de algunos docentes andaluces, no se está cumpliendo. «¿Dónde queda esa preocupación por atajar el tema de la violencia de género desde el ámbito educativo? Es pura palabrería», reflexiona la activista.
Preguntada acerca del comunicado de Amnistía Internacional en el que la organización señala que «desde la aprobación del Pacto» su puesta en práctica ha sido «lenta e insuficiente», a Montero se le endurece el rostro al considerar que a estas alturas no puede haber «una jueza que no protege a una mujer y a sus hijos cuando ha denunciado, cuando ha alertado (a las autoridades competentes) y no se ha hecho absolutamente nada». «Ahí es donde se tiene que ver qué es lo que está fallando en la aplicación de las medidas del Pacto de Estado. Hay que revisar los protocolos de evaluación de riesgo, hay que revisar los criterios que están aplicando los jueces y juezas. No estamos hablando de un problema administrativo, estamos hablando de mujeres que se juegan la vida», agrega.
Otra de las deficiencias del Pacto de Estado que señala Montero es su abordaje de la violencia sexual, «que acarrea situaciones de injusticia, vulnerabilidad y falta de protección para las mujeres, como se ha visto en el caso de La Manada», apunta. Esta observación también la defiende en su comunicado Amnistía Internacional, que critica que el documento final del Pacto «no incluyera medidas contra la violencia sexual en el ámbito de la prevención y sensibilización en áreas clave» como el deporte, la sanidad o los entornos laborales.
En ese sentido, Justa Montero ve con buenos ojos la Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertado Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales presentada por Podemos y admitida a trámite por la Mesa del Congreso el pasado julio. «Creo que es un marco muy bueno para que pueda haber un debate parlamentario y para que se pueda aprobar y empezar a tomar medidas en esta materia», asegura.
A pesar de su actitud crítica ante cómo se están implementando las iniciativas pactadas, Montero reconoce que este año “se han aplicado algunas medidas que eran importantes, como el hecho de que la mujer no tuviera que denunciar para poder acceder a los recursos y servicios” de protección, aunque recalca que “sigue siendo insuficiente” y recuerda que tras los tristes sucesos de esta semana no se está hablando “de todas esas violencias que no acaban en asesinatos pero que están sufriendo miles de mujeres” a diario en España.
La situación actual ha llevado al Ejecutivo a admitir que el pacto necesita una revisión, tal como reconoció la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, que en declaraciones a Europa Press dijo que “hay medidas en el Pacto que son difíciles de aplicar en la práctica, o bien porque no tienen una redacción adecuada o porque no identifican o identifican mal al órgano competente para ejecutar la medida”. “Estamos trabajando para afinarlo”, añadió.
En este trasiego de leyes, propuestas, pactos, modificaciones, deficiencias normativas y falta de implementación de medidas efectivas para paliar la lacra de la violencia de género (38 asesinadas este año y 962 en los últimos 15) el tiempo pasa y Justa Montero se ve abocada a preguntarse: “¿Importa la vida de las mujeres?”.
Conscientes del poder de movilización tras el último 8M y de que en una estrategia de lavado de imagen y marketing muchos “tuvieron que subirse al carro” a pesar de que “desarrollan unas políticas que en absoluto favorecen a las mujeres”, Montero subraya que el feminismo tiene más fuerza que nunca y que no cejará en su empeño de combatir a quienes «siguen queriendo unas políticas patriarcales y neoliberales que sitúan a las mujeres en una situación de precariedad vital y de falta de derechos y libertades cada vez mayor».
