domingo, 25 enero, 2026

La JUR ordenó la resolución del Popular el día 2 de junio

Hace meses Diario16 publicó un correo electrónico de Elke König dirigido a Jaime Ponce, presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ese email contenía un mensaje cifrado:

Minutos después y, una vez leído la carta encriptada, Ponce remitió otro email urgente a Emilio Saracho en el que le convocaba a una call (reunión telefónica) «con el objetivo de coordinar ágilmente los siguientes pasos. Os ruego que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para poner a nuestra disposición la información que se señala en la citada carta».

¿Qué había en dicha comunicación cifrada? ¿Qué pedía König con tanta urgencia? Hay que recordar que, al día siguiente, 3 de junio, se ponía en marcha el Proyecto Hipócrates por el cual se certificaba la resolución de Banco Popular y se enviaban comunicaciones a las cinco principales entidades financieras españolas para que enviaran sus ofertas si estaban interesados en hacerse con el entonces sexto banco de España. Por tanto, en esa carta cifrada enviada a Elke König sólo podía contener la orden de intervenir al Popular.

A medida que este medio ha tenido acceso a diferente documentación e informaciones, las piezas van encajando. El día 2 de mayo de 2017 el BCE ya decidió que el Popular debía ser intervenido.

El 22 de mayo de 2017 el Consejo de Administración del Santander aprobó la compra del Popular siempre y cuando se encontrara en un escenario de resolución. Al día siguiente la JUR realiza de modo urgente la valoración 1 del Popular tras disponer de una normativa sobre la que apoyar dicha valoración y que fue, casualmente, aprobada ese mismo 23 de mayo, fecha que coincide con las declaraciones de Elke König en la cadena Bloomberg que provocaron el pánico en los mercados y en los depositantes, hecho por el que la presidenta de la JUR incumplió el secreto profesional establecido en la Directiva 2014/57/UE. Paralelamente a la Valoración 1, la JUR encargó a Deloitte para que realizara su informe independiente que la propia auditora calificó de provisional por la gran cantidad de irregularidades (carencia de datos y poco tiempo para realizar dicho trabajo).

La maquinaria no paró en esa semana y el día 2 de junio König remitió ese correo electrónico a Jaime Ponce. El lunes 4 de junio comenzaron las salidas masivas de depósitos de empresas y administraciones públicas. El FROB envió a BBVA y Santander una carta que modificaba las condiciones de compra ya que solicitaba ofertas por el 100% de las acciones del Popular, es decir, que el organismo español cambió las condiciones que él mismo incluyó el día 4 cuando, a través de Arcano y Jeffries, remitió las misivas a Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander. ¿Desde cuándo en un proceso de resolución se cambian las normas mientras las entidades están estudiando las condiciones por las que presentar sus ofertas? ¿Había miedo a que el BBVA presentara una oferta mejor que la del Santander?

Por su parte, el Santander ya estaba negociando con los fondos BlackStone y Lone Star (en aquellas fechas el hijo de Ana Patricia Botín trabajaba para este fondo) las condiciones de venta del patrimonio inmobiliario del Popular antes de que se produjera la resolución, según consta en la documentación del Proyecto Neptuno. Todo estaba preparado para que el Popular pasara a formar parte del Grupo Santander.

Ante todas estas evidencias, ¿dónde está la Justicia española?

 

Javier Tebas y el lobby del Procés

El choque de trenes entre Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) va más allá de lo meramente futbolístico o de la defensa de los intereses de sus respectivas organizaciones. Más bien es la lucha de Tebas por la defensa de sus propios intereses que, casualmente, van en contra de los de los clubes a los que representa, no a los que dirige. Este es un matiz importante, dado que el presidente de la LFP es, en realidad, un empleado de los equipos de Primera y Segunda División, aunque él pretenda actuar como si fuera el dueño del rancho.

La gestión que Javier Tebas está haciendo se resume en un grito que se escucha cada domingo en los campos de fútbol españoles: «Tebas vete ya, Tebas vete ya», ya que en ningún momento está teniendo en cuenta los valores y los principios del fútbol que están representados por los equipos, pero, sobre todo, por la afición. Este fin de semana hemos sido testigos de cómo, con la política errática de horarios, más de 20 personas tuvieron que ser atendidas por golpes de calor y lipotimias en el Estadio de la Cerámica de Villarreal y en el Ciutat de València. Dos jugadores, al menos, sufrieron mareos y vómitos. Ante esta situación y las críticas del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, Tebas respondió que la gente iba a los campos a fingir lipotimias.

En relación con la celebración del partido Girona – Barça en Miami, la RFEF ya ha decidido, con toda lógica, que no va a dar la autorización correspondiente. Sin embargo, Tebas continúa insistiendo en que se va a disputar. Le da igual la oposición de los propios clubes —Florentino Pérez ya afirmó en la Junta de Compromisarios que no entendía qué intereses podían existir para pretender celebrar partidos fuera de España y que el Real Madrid está totalmente en contra—, de los aficionados, incluso de los propios equipos implicados, de la RFEF, del Gobierno o de la FIFA. ¿Qué pretende Tebas?

La celebración de este partido, además, tendría consecuencias políticas para España. Casualmente Tebas ha elegido a Barça y Girona, los dos equipos más significados con el Procés. ¿Por qué no decidió que fueran otros? ¿Por qué no un Valladolid – Levante o un Sevilla – Valencia? Si se trata de vender LaLiga, ¿por qué no llevar un partido en el que se enfrenten dos de los principales reclamos internacionales de nuestro fútbol? Sólo se puede entender esta decisión por la unión de los intereses económicos de Tebas con el lobby del Procés, porque, ¿qué mejor proyección internacional se le puede dar al movimiento soberanista catalán que un partido de fútbol en Estados Unidos con dos equipos portando lazos amarillos? Partiendo de la base de que la reclamación de la libertad de los presos políticos catalanes es totalmente justa, sin embargo, se demuestra que un hombre tan relacionado con la extrema derecha como Javier Tebas es capaz de traicionar sus propios valores si con ello logra un beneficio económico.

Mientras tanto, en la presidencia de la RFEF se buscan soluciones a los desmanes de la LFP que beneficien a todo nuestro fútbol, empezando por la redistribución de los horarios, por la apuesta por el fútbol femenino o por las categorías inferiores que, gracias a Tebas, están quedándose desamparadas.

El fútbol es de todos y no sólo de una élite. Tebas sólo entiende de números y de dinero olvidándose de lo que realmente hace grande a este deporte: el sentimiento, la pasión y la entrega de la afición por unos colores. Pretender transformar eso es antinatural y va en contra de los intereses de los propios clubes porque el mejor ejemplo lo tenemos con la Premier League inglesa, la competición más vista y con mejores contratos televisivos del mundo, que respeta tanto las tradiciones pero, sobre todo, a los aficionados. Ese es el camino que quiere seguir Luis Rubiales porque conoce lo que es pisar el césped, algo que Tebas ignora y no hay peor cosa que un ignorante interesado.

Una recusación impide a Llarena intervenir en la querella contra Rajoy

El magistrado Pablo Llarena no será el ponente de la querella contra el Tribunal Constitucional y el gobierno de Rajoy que la Asociación Atenas interpuso por haber impedido la investidura de Carles Puigdemont, ni tan siquiera podrá formar parte de la Sala de Admisión ya que, al haber sido previamente instructor de la causa del Procés, concurre en él la causa de abstención y recusación del artículo 219.11ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): “Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”.

La querella la presentó el pasado agosto el colectivo de abogados Atenas contra el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todos los miembros de su ejecutivo y el Tribunal Constitucional por haber impedido la investidura a distancia de Carles Puigdemont. A todos ellos les acusa de un delito de prevaricación y de otro contra el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Constitución española.

Según los querellantes, el gobierno español y el TC impidieron la investidura de Carles Puigdemont «con decisiones y resoluciones injustas» que rompieron «una de las garantías constitucionales que estructuran el estado de derecho», que es el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública «directamente o por medio de representantes libremente escogidos en elecciones periódicas».

Se da la circunstancia, sin embargo, de que Pablo Llarena, que por aplicación de las Normas de Reparto de la Sala 2ª del Tribunal Supremo debía ser el Ponente de la Sala de admisión que debe de conocer de la querella, fue también el instructor de la causa del Procés, y en esa condición fue el encargado de ejecutar y dar cumplimiento en el sumario a las decisiones tomadas por el propio Tribunal Constitucional cuyos miembros han sido denunciados ahora en el escrito de querella.

Como señala el Tribunal Constitucional, la idea de imparcialidad es consustancial a la de justicia, hasta el punto de que se ha convertido en la nota que ha caracterizado de modo constante la posición institucional del juez en la cultura jurídica occidental, como un tercero ajeno a los intereses de las partes en conflicto, obligado a resolver conforme al derecho vigente, “desapasionado, sereno y con la distancia necesaria, objetiva y subjetiva, para generar confianza en los contendientes y en la sociedad”.

Desde esta perspectiva dice nuestro tribunal de garantías que se genera una obligación para el juez de apartarse o abstenerse de conocer en el caso de que concurran circunstancias que puedan hacer pensar a las partes y a la sociedad que está siendo parcial.

El juez «no puede asumir procesalmente funciones de parte y no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en su contra» (STC 140/2004, Fj 4).

Por esa razón Pablo Llarena no será el ponente de la querella contra el Tribunal Constitucional y el gobierno de Rajoy , y ni tan siquiera podrá formar parte de la Sala de Admisión ya que, al haber sido previamente instructor de la causa del Procés, concurre en él la causa de abstención y recusación del artículo 219.11ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): “Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”.

Todo lo que se haga por Pablo Llarena en relación a esa querella, que no sea abandonar la Sala de Admisión, deberá reputarse absolutamente nulo sin perjuicio además de las responsabilidades disciplinarias e incluso penales en las que pueda incurrir.

¿Hay una conspiración contra Pedro Sánchez?

“[La conspiración] se llevaría a cabo por etapas. Primero se desestabilizaría al Gobierno atacando sin tregua a Felipe González en sus horas más bajas. […] Paralelamente se haría una fuerte campaña en favor de Aznar, “un hombre que durará lo que queramos que dure”, según palabras de los conjurados. Con cuidada sincronía se irían filtrando pequeñas y breves noticias en detrimento de la figura del Rey, para acabar publicando un dossier que comprometiera gravemente al monarca en algún escándalo irreparable”, así explicaba José Luis de Vilallonga (La Vanguardia, 22 de agosto de 1994) cómo se gestó la conspiración contra el ex-presidente Felipe González en aquellos años. Hoy desde el mismo partido, el PSOE, se habla de una conspiración contra Pedro Sánchez por parte de la derecha similar a aquella. Ya dijo Marx que la historia se repite dos veces la primera como tragedia la segunda como farsa, en esta ocasión parafraseándolo podemos decir que las conspiraciones se producen dos veces, una como realidad, la segunda como pura imaginación.

No. No existe conspiración contra Pedro Sánchez. Ni hay fuerzas malignas que se lanzan sobre el cuello del presidente del Gobierno para succionarle la sangre política. Empero sí existe una acción del bloque en el poder para que no gane las siguientes elecciones. De momento saca 10 puntos a su siguiente rival y eso quiere ser rebajado todo lo posible mediante una acción crítica normal. Cualquiera que sea de izquierdas sabe que el establishment va a intentar hacer ver que un gobierno de izquierdas es malo malísimo, pero de ahí a insinuar que existe una conspiración hay un gran trecho. Porque, además, lo que le hicieron a González no tiene ni punto de comparación. En aquellos años Pedro J. Ramírez, José Luis Gutiérrez, Federico Jiménez Losantos, Luis María Anson, Antonio Herrero se juntaban con jueces como Baltasar Garzón o Javier Gómez de Liaño, con empresarios de todo tipo, con personajes siniestros detrás como Mario Conde, para hacer ver que el felipismo era una dictadura silenciosa (Jiménez Losantos); que González era un paranoico con desdoblamiento de personalidad (el psiquiatra Francisco González Duro en artículos en El Mundo y un libro); que había desprecio a los mecanismos de la democracia como evitar y atacar a la canallesca (José Luis Gutiérrez dixti); que todo el socialismo era pura corrupción, inventando más de 20 casos inexistentes como los que afectaban al hermano y al cuñado del ex-presidente; y que utilizaba las redes de clientelismo pervirtiendo el sistema electoral para ganar elección tras elección.

Esto pasaba día tras día en lo que se llamó la crispación. Imaginen el programa de Susanna Griso amplificado por tres y se harán cuenta de lo que supuso aquello. Tanto como para que hasta en el PSOE  respirasen aliviados cuando se perdieron por la “dulce derrota”. Como diría Anson, aquello se montó porque “desde una labor crítica normal no se conseguía desalojar a González del poder”. Aplicaron al PSOE y a su líder todas las categorías de juicios kantianos habidas y por haber. Especialmente los juicios analíticos, ya que los sintéticos hubiesen requerido conocer la verdad. Por tanto hablar de conspiración en los términos en los que se hace es muy exagerado. Ni hay una alianza como aquella, ni Sánchez tiene la auctoritas y capacidad de González. Esto no empece para que haya una crítica dura al gobierno con algunas peculiaridades que sí merecen la pena ser analizadas.

Lo primero a destacar de la crítica llevada a cabo por los medios de la derecha, es decir, casi todos salvo tres, es que el listón ético no es igual para unos y otros. Si la comida de Dolores Delgado con el comisario Villarejo la hubiese tenido Juan Ignacio Zoido o Rafael Catalá no se hubiese dicho que era imperdonable, sino algo normal y relativo al propio trabajo de esas personas. En los medios de la izquierda, sin embargo, se diría que se demuestra hasta dónde llegan los tentáculos de las cloacas del Estado montadas por Aznar o Rajoy. ¿Se pediría la dimisión? Sí. Pero en el PP, como ya es habitual, no dimitirían. Otra cuestión es que en una conversación privada la ministra se exprese como lo hace. Pero eso no es suficiente para dimitir porque cada cual se expresa entre amigos como… (pongan la expresión que ustedes utilicen habitualmente). Pero esto es conocido y se sabe desde hace décadas. La prensa de derechas en España tiene muchas tragaderas con los suyos.

Con datos como los del CIS de ayer mismo, 30,5% de apoyos al PSOE y el PP a 10 puntos, es normal que desde la derecha mediática se quiera machacar los puntos débiles del Gobierno. Ya se contó en estas mismas páginas que la gente de Moncloa, gabinete presidente y prensa, están demostrando que no saben, que no sirven porque se muestran incapaces de apagar algún fuego. Sólo se les ocurre lanzar lo de los aforamientos reducidos para tapar lo que sucede con la intertextualidad (es decir, plagio) de la tesis y el libro de Sánchez. Esto genera que se saquen del cajón una de tantas grabaciones o cuestiones que se tiene en los medios esperando su momento. Lo que hace, pues, la prensa “enemiga” es amplificar los errores del gobierno. Si bien contra la medida de sacar al Franco del Valle se tuvieron que medio tragar los sapos y culebras, con los plagios y reuniones cuando menos feas han salido con todo. Pero no dejan de ser errores propios. No hay nada inventado como sucedió con González (no con el GAL, ni con FILESA).

No quieren en la derecha a Sánchez, ni a la izquierda en el Gobierno. Ya montaron Ciudadanos para tener un populismo de derechas que contrarrestase a Podemos. Esperaban que su niño bonito, Albert Rivera, más su niña bonita, Soraya Sáenz de Santamaría, fuesen quienes gobernasen en el futuro post-Rajoy. Pero les salió mal la jugada. Pablo Casado ganó en el PP y se encontraron con dos tipos parecidos y con un discurso similar. Pedro Sánchez ganó una moción de censura que no esperaban aún. Están, por tanto, preocupados pero saben que presionando al socialdemócrata pueden lograr que no aplique las fórmulas impositivas de Podemos. De hecho, ya han conseguido que no haya impuesto a la banca. Pero no se fían. Quieren a Sánchez como lo que siempre han esperado de él, que sea el comodín del establishment. Y como él campa libre pues atacan duramente. De forma conspirativa no, sino simplemente bajo la orden de que haya elecciones cuanto antes. ¿Quieren otra época de crispación? No, porque saben que el sistema hoy en día no lo soportaría. Otrora Anguita servía para sostener el sistema y hacer la pinza, hoy no pueden contar con Podemos o IU en esa cuestión. De ahí que quieren elecciones pero sin hacer peligrar el sistema como pasó en los años 1990s. Pero caer, le van a caer de todos los colores a Sánchez amplificando los errores y buscándole las cosquillas. Y todo ello le pilla con un gobierno bonito pero sin cintura política.

Juicio al Banco de Valencia, “el paradigma de la especulación” durante los años del ladrillo

Durante los años del ladrillo dirigir una caja de ahorros o un banco en España era el gran sueño de todo ejecutivo con aspiraciones y deseos de amasar su pequeña fortuna. La construcción necesitaba dinero fresco para sus pelotazos y ahí estaban los políticos y sus peones bien colocados en entidades financieras locales para dárselo contante y sonante. El Banco de Valencia (BdV) fue una de esas entidades que terminaron en la ruina por la mala gestión (y por la mala cabeza, por qué no decirlo) de sus cúpulas directivas. Estos días los responsables se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional para dar cuenta del primero de una serie de juicios que prometen destapar todos los desmanes que se cometieron en aquellos años de maletines, champán y dinero fácil. El ex consejero delegado del BdV, Domingo Parra, es uno de los que ahora parecen desentenderse de aquellos negocios con el sector de la construcción que terminaron de forma calamitosa. Ayer, durante la primera sesión de la vista oral, Parra negó haber propuesto las tres macrooperaciones inmobiliarias que causaron un supuesto agujero de 160,5 millones de euros a la entidad valenciana y aseguró que esos proyectos contaban con garantías, fueron un “éxito” hasta que estalló la crisis e hicieron que el banco “ganara dinero”.

“No soy quien plantea las operaciones, ni decide cuándo se ejecutan, ni los papeles que se piden”, aseguró ante la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lo juzga por presunta administración desleal o apropiación indebida y blanqueo. No muy lejos de él, en el mismo banquillo, estaban los demás acusados: el también exdirectivo Alfonso Monferrer; los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler –ex presidente del Valencia CF–, y Fernando Polanco; la mujer de este, Teresa Villalba; y el notario Carlos Pascual.

El fiscal Conrado Sáiz quería saber el nivel de conocimiento de tales operaciones inmobiliarias que tenía Parra, que se enfrenta a cuatro años de prisión, pero el exdirectivo eludió responsabilizarse porque según él “no las dirigía”. Y ahí es donde radica el grave problema que hemos padecido: en los años del boom todos se subían al carro, alegremente, de las grandes promociones urbanísticas, aunque se supiera perfectamente que aquello era una burbuja a punto de estallar. Hoy todos se lavan las manos. En concreto, las tres grandes operaciones del BdV que terminaron en fiasco fueron: Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos, que dejaron un agujero de 83, 47 y 29 millones respectivamente, según los informes del FROB. El fondo de rescate ya ha dicho en su querella que se trató de “operaciones de financiación verdaderamente ruinosas para la entidad, con la intención de obtener un lucro para los diversos ‘socios’ del banco y generando un perjuicio evidente para Banco de Valencia”.

Sin embargo, y pese a que Parra presidía el consejo de administración de la entidad levantina, ahora se defiende alegando que no fue el ponente de las citadas operaciones ni conocía sus pormenores con detalle. Ni siquiera hablaba con la tasadora. Aquí radica otro de los problemas de los ejecutivos de banca y cajas de ahorro que en los últimos años nos han conducido hacia el abismo y la mayor crisis financiera de la historia de España. Ellos estaban pero no conocían los pormenores de los negocios inmobiliarios que se firmaban; ellos figuraban en los staff (a menudo cobrando sueldos astronómicos) pero no sabían lo que se cocinaba en otros departamentos que estaban puerta con puerta con su despacho; ellos solo iban por allí y firmaban lo que se les pedía.

Las próximas sesiones prometen ser apasionantes para todo aquel que quiera saber cómo se hacían las cosas en el sistema financiero español durante los años de la burbuja inmobiliaria. Habrá que ver si la coartada de Parra (y la de los demás acusados que en los días sucesivos comparecerán en el juicio) ha convencido al fiscal, que proseguirá con los interrogatorios sobre el caso. El juicio contra el BdV, que según fuentes judiciales era el “paradigma de la especulación”, es el primero de una serie que marcará la secuencia de la ruina de una entidad que tuvo que ser rescatada con 4.500 millones de dinero público. Por cierto, nada se sabe aún de ese dinero que nos pertenecía a todos los españoles y que probablemente se haya perdido para siempre. O como dijo Rodrigo Rato en su día: “Es el mercado amigo”.

Susana Díaz defiende el título VIII de la Constitución, garante de igualdad

0

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido la vigencia del título VIII de la Constitución, porque «ha permitido garantizar la igualdad de los ciudadanos dentro de Andalucía y en nuestro país». «Ha sido la garantía de que no hubiese comunidades de primera y de segunda», ha asegurado Díaz, que ha definido la Constitución española como «joven y adulta al mismo tiempo».

Susana Díaz ha hecho esta reflexión en el discurso inaugural del Congreso sobre ‘El sistema de fuentes del Derecho’ que se celebra desde hoy martes 25 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

La presidenta de la Junta ha señalado que, en este Congreso, destacados juristas tendrán la oportunidad de debatir también sobre la organización territorial del Estado, el desarrollo autonómico, el uso de la vía reglamentaria por parte de los gobiernos o la regulación de la relación entre la normativa española y la europea.

Susana Díaz ha animado asimismo a afrontar el debate de «democratizar la digitalización y robotización» que está en marcha en la sociedad y la economía y que va a ser una realidad en los próximos años, para que «las personas sigan garantizando su igualdad».

Díaz, que ha señalado la importancia de regular las plataformas digitales y que se ha mostrado partidaria de que las empresas digitales tributen por el uso de los datos personales, que se han convertido «en el petróleo» de este siglo, ha apostado por que «en un mundo cambiante, hay que democratizar esa digitalización y robotización para que las personas sigan garantizando su igualdad».

La presidenta ha destacado además que el Congreso que ha inaugurado coincide con el 500 aniversario de la Facultad de Derecho, de la que ella misma fue antigua alumna y por cuyas aulas han pasado, además de todos los ex-presidentes de la Junta o el ex-presidente del Gobierno Felipe González, personalidades como Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda.

Piden al Juzgado de lo Mercantil que declare “culpables” a los directivos responsables de la quiebra del Banco de Valencia

0

Un administrador concursal tiene previsto interponer en las próximas horas en un juzgado mercantil de Valencia una demanda para que se declare la “culpabilidad o en su caso la causa fortuita” en la actuación de los gestores que llevaron a la quiebra al Banco de Valencia, cuya cúpula está siendo juzgada por la vía penal estos días en la Audiencia Nacional. La acción tiene como objetivo principal reclamar a CaixaBank −que absorbió a la entidad valenciana mediante su compra por un euro−, indemnizaciones por importe de 4.500 millones de euros del fondo de rescate. El escrito se basa en el artículo 174 de la Ley Concursal, que establece que “en los casos de adopción de medidas administrativas que comporten la disolución y liquidación de una entidad y excluyan la posibilidad de declarar el concurso, la autoridad supervisora que las hubiera acordado comunicará inmediatamente la resolución al juez que fuera competente para la declaración de concurso de esa entidad”.

El administrador concursal que interpone la demanda considera que una vez que CaixaBank se hizo con el Banco de Valencia este perdió su personalidad jurídica, de modo que no cabe la solicitud de concurso de acreedores contra la entidad valenciana, pero sí “la calificación de un juez de que la actuación de los gestores de la entidad fue culpable”, de modo que se abre la vía para reclamar las indemnizaciones oportunas contra el actual responsable, en este caso CaixaBank.

Una vez que el Juzgado de Valencia reciba el escrito por reparto, “el juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal o de la autoridad administrativa, dictará auto acordando la formación de una sección autónoma de calificación, sin previa declaración de concurso”, según establece el apartado segundo del 174. En fuentes judiciales se da por hecho que la calificación del juez no puede ser otra que de “culpabilidad” de los antiguos gestores del Banco de Valencia, que desde ayer se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por haber llevado a la ruina al Banco de Valencia durante los años de la burbuja inmobiliaria. Los gestores que desfilan estos días por el tribunal se enfrentan a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por administración desleal, entre ellos el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, el expresidente del Valencia CF, Juan Bautista Soler, y el notario jubilado Carlos Pascual de Miguel, entre otros. Lo que se juzga son tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad y que, según el FROB, le causaron un perjuicio de 160,5 millones de euros a la entidad financiera, que se convirtió en “el paradigma de la especulación” de esos años. Se trata de una de las piezas separadas abiertas para investigar a la antigua cúpula de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectarse un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En la querella presentada por el FROB en 2013, el organismo alegaba que la gestión de Parra le había supuesto un agujero de 160.534.544 euros, por la cual se acusa al exconsejero delegado de tres causas de administración desleal. El fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron, «más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder» del ex consejero delegado del banco, «con el fin de obtener un lucro ilícito» a favor de sus «socios» a costa de la entidad. Lamentaba, además, que las operaciones «supusieron una importante salida de fondos de la entidad que no han retornado ni retornarán», deteriorando así su patrimonio y solvencia.

En el caso del Banco de Valencia no hubo acreedores insatisfechos, como en la operación de compra por un euro del Banco Popular por parte del Banco Santander, pero la pieza de responsabilidad que se abre ahora en los Juzgado de lo Mercantil de Valencia permitirá ir contra los directivos encausados penalmente para que respondan con su patrimonio o en su caso lo haga la entidad financiera que absorbió al BdV, en este caso CaixaBank, que tendría que hacerse cargo del agujero en las cuentas de la entidad valenciana.

Unidos Podemos recibe en el Congreso a los afectados por las clínicas iDental

0

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra y los diputados Segundo González, Ana Marcello, Rita Bosaho, Txema Guijarro, Amparo Botejara y Mae de la Concha junto a la senadora Kontxi Palencia se han reunido esta mañana en el Congreso con los representantes de las asociaciones y plataformas de afectados y afectadas por las clínicas iDental.

La reunión ha sido una puesta en común del trabajo que el Grupo Confederal ha venido realizando en el Parlamento desde el momento en que tuviera un primer encuentro con los colectivos en el mes de abril. Desde entonces asociaciones y plataformas de afectados han estado en contacto con el Grupo Confederal. Este trabajo conjunto se ha materializado en la redacción de una Proposición No de Ley que se debatirá mañana, miércoles 26 de septiembre, en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Los afectados y afectadas se están organizando en distintas Comunidades Autónomas reclamando y denunciando lo que a todas luces parece un problema de salud pública. iDental ha venido a sumarme a otros casos bajo sospecha de compañías que ofrecen servicios odontológicos con agresivos reclamos de marketing que pueden inducir al engaño del consumidor, en lo referido a los precios de los tratamientos, financiación y calidad de los mismos.

El PSOE logra que la Administración regional no pueda contratar publicidad con medios que denigren la imagen de la mujer

El Grupo Parlamentario Socialista ha conseguido sacar adelante la práctica totalidad de las 50 enmiendas presentadas a la Proposición de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos.
El diputado Emilio Ivars mostró su satisfacción al término de la Comisión de Asuntos Generales y manifestó que “con las enmiendas socialistas aprobadas, el PSOE va a conseguir una ley impecable, para que nadie tenga que recurrir ningún aspecto ante el Tribunal Constitucional”.
Ivars destacó de entre las enmiendas aprobadas, la referida a la que protege y evita que se pueda despreciar la imagen de la mujer, así como la prohibición expresa de que no se puedan contratar espacios publicitarios ni conceder subvenciones a aquellos medios de comunicación que denigren su imagen con anuncios de prostitución, contactos, comercio sexual o que reproduzcan contenidos vejatorios.
“Nos parece muy importante este aspecto, a la vez que nos sitúa a la vanguardia de Comunidades autónomas como Navarra o la Comunidad valenciana en la defensa de la mujer”.
Asimismo, se han aprobado otras enmiendas que contienen restricciones para que nadie en la Administración pública pueda contratar publicidad partidista y para que no se pueda hacer uso de una imagen corporativa, como ha ocurrido en algunas ocasiones.
Además, también se ha aprobado que nadie pueda utilizar los contratos públicos de publicidad o de comunicación en beneficio de una persona que en un momento concreto desempeñe tareas de gobierno y estén al servicio de la ciudadana.
“Estamos muy satisfechos, porque en unos días tendremos una muy buena Ley de Comunicación y Publicidad Institucional en la Región de Murcia”.

Condenan al Ayuntamiento de Lorca por negar información del proyecto de obras de «Juan Carlos I» al Grupo Municipal Socialista

El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha mostrado su satisfacción después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Murcia haya reconocido «el derecho a obtener una copia» del expediente de las obras de la «Avenida Juan Carlos I» pero lamenta que haya que tenido que acudir a los juzgados para ello.

Mateos ha señalado que se pidió la copia por primera vez en 2017 y que ante la negativa del Alcalde, Fulgencio Gil Jódar, le obligaron a acudir a la Justicia, lo que le hace preguntarse “qué tienen que ocultar para negar una copia del proyecto a un concejal”.

La Justicia «da la razón» al Grupo Municipal Socialista y literalmente expone que el objeto de la demanda del PSOE no era la obstrucción del procedimiento como alegaba el Ayuntamiento, sino la entrega del expediente en formato digital y que si el Consistorio hubiera tenido “verdadero interés en cumplir con lo solicitado, no tendría que haber habido especial dificultad en hacerlo, ya que la estructura burocrática de un gran Ayuntamiento como el de Lorca debe estar suficientemente capacitada para hacerlo”.

Así mismo el juez ha censurado que «La negativa general a la entrega de la copia solicitada no sólo supone una vulneración de la legislación ordinaria sino de la constitucional »  añade el juzgador también que «el Ayuntamiento no podía apoyarse en el carácter confidencial de ciertos documentos para negar todo el expediente» y que «No cabe duda que privar a un parlamentario (Local en este caso) de la información necesaria mediante copia que pueda ser valorada técnicamente para el ejercicio del control político constituye sin duda alguna una violación del indicado derecho fundamental»

Por lo tanto, la Justicia ha dejado en evidencia a Gil Jódar, “un Alcalde que intenta obstaculizar la legítima labor de oposición y control vulnerando la ley y la Constitución e ignorando los principios de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que  brillan por su ausencia gracias a la labor obstruccionista del Alcalde y su equipo de Gobierno”.

El Portavoz del PSOE ha exigido «el cumplimiento inmediato» de la sentencia y por tanto que se le haga entrega de copia completa del expediente y el proyecto de obras «para que se pueda comprobar los defectos, chapuzas, errores y omisiones que se han ejercido» durante las obras de la «Avenida Juan Carlos I» y que han supuesto «un calvario para vecinos y comerciantes».

El pasado mes de mayo, cuando fue admitida a trámite esta demanda, el Concejal de Obras anunció que “en unos días” haría entrega la copia en CD de este proyecto. Sin embargo, meses después han continuado negando esta información. Ahora, están obligados, por condena, a hacer público este proyecto.

El PP insiste en que la Justicia le da la razón al Ayuntamiento

Por su parte, la Portavoz adjunta del Ayuntamiento de Lorca, Fátima Mínguez, ha expresado que el Consistorio Municipal se congratula de que el “absurdo empeño” del PSOE en acudir a la justicia ordinaria haya servido para que los tribunales confirmen que la documentación protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) tiene que ser respetada. «De hecho esta sentencia nos da la razón, ya que ratifica que no se puede aportar la información protegida por la LOPD, algo que ya dijimos el pasado 16 de mayo. Sin embargo el Sr Mateos se ha obsesionado de forma absurda en ir a un contencioso, cuando ya sabía perfectamente que se le iba a entregar la documentación. Por ello solo se le ha estimado en parte lo que pedía, que es lo mismo que ya le dijimos que le íbamos a entregar».

«Hemos de recordar que el PSOE ha tenido acceso al expediente completo todas las veces que ha querido. Ojalá nosotros hubiéramos dispuesto de esta facilidad y colaboración cuando su partido ejercía el poder en Lorca. Este Sr, en cualquier caso, tiene que aclarar a quién pretende pasar “de tapadillo” la documentación a la que va a tener acceso en su condición de concejal, ya que él mismo afirmó que la entregaría a “personas capacitadas”, expresión que evidencia su intención de pasarla a terceras personas, ajenas al propio Ayuntamiento, vulnerando la Ley. Si están tan comprometidos como dicen con la transparencia, que aclaren a quién están ocultando y por qué».