Joaquín López: Al PP y su comparsa les ha entrado el miedo
El procesamiento de Caraballo podría cambiar los planes electorales de Díaz
La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva ha cerrado la investigación sobre el presunto soborno a concejales de Sí se Puede Aljaraque para frustrar la moción de censura contra la alcaldesa socialista, Yolanda Rubio, y ha ordenado incoar el procedimiento del tribunal del jurado. Entre los investigados está Ignacio Caraballo, secretario general del PSOE de Huelva, presidente de la Diputación y alcalde Chucena. No hace tanto decía que quería acudir a explicarse al juzgado, ahora podrá hacerlo ante un jurado popular que será el encargado de dictaminar si sobornó e hizo tráfico de influencias.
Fue un asesor de Aljarafe sí se puede el que denunció que Pedro Escalante y Francisco Martín (de la formación morada) no cumplieron con la firma de la moción de censura que habían habilitado porque José Luis Rodríguez de CCOO habría ofrecido a Martín un puesto de trabajo para su mujer en la empresa Aguas de Huelva, mientras que su compañero entró en el gobierno del municipio al frente de una concejalía. Al parecer Caraballo fue el que autorizó la gestión del trabajo de la pareja de Martín en Aguas de Huelva.
Un nuevo problema para la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE. Uno de sus fieles, muy vinculado a Mario Jiménez, tendrá que comparecer en un juicio como pasó con los EREs. Susana Díaz, que en esto tiene poco o nada que ver pues las cosas del partido las llevan Jiménez y Juan Cornejo, podría retrasar o aplazar sus intenciones electorales. Y ahora sí vincularlas a las elecciones generales tal y como quería Pedro Sánchez. Un nuevo caso de corrupción que ataca al PSOE en la línea de flotación y con uno de sus esbirros provinciales señalado. Algo que desde la oposición no se va a dejar de mover y que no sólo es investigación sino apertura de juicio, lo que conlleva según el reglamento del PSOE la dimisión inmediata de todos sus cargos. Y quién sabe si la expulsión de Caraballo como se ha hecho en otras ocasiones como el alcalde de Linares.
Dilema electoral que se suma a una mala encuesta que El Español publicó hace unos días y, aunque ganaría el PSOE, lo haría de forma muy precaria y con una derecha andaluza que se acercaría a la mayoría necesaria para desbancar al PSOE por primera vez en su historia del poder. Tampoco son buenos para el PSOE los datos de Adelante Andalucía que sube bastante, empatando en la segunda posición con PP y Cs. Una disputa que podría declinarse en favor de la formación de izquierdas, como ya avisábamos hace algún tiempo. Si no sumasen las derechas, Díaz tiene medio acordado el pacto con Ciudadanos, pero una fuerte subida de la formación de izquierdas, como segunda fuerza política aunque fuese por poco, podría dañar el planteamiento de San Telmo.
Si hace un tiempo ya advirtió a Pedro Sánchez que quería unas elecciones andaluzas con sabor andaluz, sin interferencias de Ferraz/Moncloa, hoy podría querer otra situación para frenar el impulso de Adelante Andalucía. Pero Sánchez igual querría otra fecha distinta a las que ha venido manejando Díaz. Noviembre está muy cerca para que la tesis no sea tema de la campaña electoral contra Sánchez y febrero sería la fecha elegida por Moncloa si no consiguen cerrar los presupuestos de 2019. Febrero sería muy lejos y dejar que pudiesen crecer el resto de oponentes, especialmente PP y Adelante Andalucía, para Susana Díaz. Un dilema que ser resolverá en breve porque en una o dos semanas se tendrían que convocar elecciones, si es que el tema de Caraballo no le importa.
Los acompañantes de personas con discapacidad no pagarán en las atracciones de la Feria de Lorca
El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos ha mostrado su satisfacción tras conseguir que los acompañantes de personas con discapacidad en el municipio de Lorca puedan disfrutar de manera gratuita de las atracciones de feria. “Se trata de una decisión de justicia, que corrige una tremenda desigualdad y que favorece la inclusión real de las personas con discapacidad”.
Mateos ha agradecido también la especial predisposición del colectivo empresarial de feria y feriantes su predisposición y especial sensibilidad de cara a atender esta petición y facilitarla. Además, el Portavoz del PSOE ha pedido al Alcalde un esfuerzo mayor de cara a promocionar y difundir esta medida, para hacer que llegue a la mayor parte de los beneficiarios.
El pasado 30 agosto, el Partido Socialista servía de altavoz a la propuesta de Mari Carmen Mateo, madre de un niño de 14 años con discapacidad, quien lleva más de cuatro años reclamando al Ayuntamiento de Lorca la adopción de medidas en este sentido. “Estamos satisfechos por haber logrado que la voz de Mari Carmen, y con ella, la de miles de familias en Lorca, se hayan visto por fin reconocidas en este sentido después de años de continuas largas, excusas y falsas promesas por parte del equipo de gobierno del Partido Popular”.
“Gracias al tesón, a la constancia y a la lucha de madres como Mari Carmen Mateo hoy podemos celebrar una medida que nos acerca hacia una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad”. Atrás quedan, por tanto, los años en los que el Partido Popular, con su concejal de Festejos a la cabeza, fue dando largas a estos padres, conteniéndolos con “tickets” para la rebaja del precio de las entradas, con falsas promesas que nunca llegaron y con excusas con las que, en definitiva, nunca fueron capaces de dar solución a esta demanda, hasta ahora.
Unidos Podemos insta al Gobierno a impulsar el uso del coche eléctrico con deducciones de hasta el 50% del IRPF
Vicenta Jiménez, senadora de Unidos Podemos por Alicante, defenderá mañana en la Comisión de Transición Ecológica del Senado una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar el uso de los vehículos eléctricos e híbridos. Según los datos oficiales, las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia del uso de vehículos de transporte superan los 35 millones de toneladas de dióxido de carbono, siendo el coche el responsable de más del 75% de esta alarmante cifra. El tráfico rodado es el principal causante de la contaminación del aire en las ciudades europeas, provocando cada año 428.000 muertes prematuras. Según los valores establecidos por la Directiva Europea 2008/50/CE, un 38,2% de la población española respira aire contaminado cada día.
A pesar de las iniciativas que están tomando ciudades como Madrid y Barcelona, que han puesto en marcha planes de actuación urgente cuando los niveles de contaminación sobrepasan los niveles establecidos, Unidos Podemos entiende que es necesario y urgente “impulsar un cambio de modelo de transporte, así como promover el desarrollo tecnológico para lograr una reducción de emisiones eficiente que permita mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos y ciudadanas”.
A pesar del interés social por adquirir vehículos menos contaminantes, España carece de un plan de conversión automovilística como el que se requiere. Tal y como la moción de Unidos Podemos apunta respecto a los planes MOVEA, “en 2016 se agotaron las ayudas en quince días, mientras que en 2017 lo hicieron en apenas 24 horas después de que se abriera el plazo para la inscripción de solicitudes”.
Unidos Podemos propone al Gobierno “formular un Plan MOVALT (Movilidad Alternativa) para 2018 con una adecuada dotación presupuestaria, al menos hasta equipararlo al del Plan PIVE 8”. Este plan estaría limitado a “vehículos híbridos y eléctricos de baja y media cilindrada, así como a motos con motor eléctrico”. El mencionado Plan MOVALT contemplaría también “ayudas a la sustitución de vehículos de combustión interna a eléctricos”.
La moción que mañana se debatirá en la Cámara Alta contempla además la “deducción en cuota del IRPF o Impuesto de Sociedades sobre las ayudas recibidas del Plan MOVALT (en torno al 50%) por la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, así como por la implantación de instalaciones de recarga”. Unidos Podemos propone además “la creación de líneas de crédito ICO para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos” tanto de uso particular como profesional.
La propuesta también contempla la “aprobación de un plan estratégico para el despliegue de una infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico en la Red de Carreteras del Estado”. Igualmente, Unidos Podemos apuesta también por impulsar “un plan para la paulatina sustitución del parque móvil de la Administración General del Estado”. Por último, la moción a debate pretende modificar la legislación para “adaptar los tramos del impuesto de matriculación” de tal manera que se graven mucho menos los motores más eficientes y menos contaminantes.
Vicenta Jiménez, que mañana defenderá la iniciativa durante la Comisión de Transición Ecológica del Senado, subraya que “estamos hablando de medidas que van a contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra ciudadanía”. Para la senadora por Alicante “es urgente y necesario aprobar este plan estratégico, que apuesta por reducir la contaminación, pero que también pretende colocar a nuestro país en una mejor posición para encarar los retos de futuro a los que ya tenemos que hacer frente las sociedades más avanzadas”. La senadora Jiménez entiende además que “parece que ha cambiado la sensibilidad en el Ministerio de Transición Energética y por ello es nuestra obligación traer al debate político propuestas reales que pueden contribuir efectivamente a solucionar un problema que es acuciante en nuestras ciudades”.
García Sempere (IU) exige a Pedro Sánchez que aclare los “límites” de los aforamientos
La diputada y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en el Congreso, Eva García Sempere, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare los “límites” que quiere poner a la propuesta que lanzó ayer de reforma constitucional para limitar los aforamientos en nuestro país. García Sempere afirmó que en esta cuestión “hay que ser riguroso y serio” y exigió que todos los que hablan de aforamientos aclaren primero si las propuestas lanzadas incluyen quitar, entre otras cuestiones, la inviolabilidad del rey y los privilegios de los que gozan otros miembros de la Casa Real, algo “fundamental” y que IU lleva años exigiendo.
En declaraciones a los medios antes de que se iniciara la Junta de Portavoces del Congreso, la parlamentaria de Izquierda Unida valoró que este tema “no se puede llevar simplemente a titulares. Tenemos que saber en qué marco se desenvuelven estos aforamientos, si incluyen quitar el del rey y, en cualquier caso, cuáles son los límites de esos aforamientos. Una vez que tengamos resueltas las dudas dentro de la Cámara expondremos nuestra posición”.
García Sempere insistió a preguntas de los periodistas en que Izquierda Unida lleva años exigiendo “eliminar la inviolabilidad del rey”, ya que “entendemos que no tiene ningún sentido en un país democrático en 2018”.
Sobre las propuestas en este mismo asunto lanzadas tanto por Sánchez como la que contiene una moción de Ciudadanos que se vota esta tarde en el Pleno del Congreso, apostilló que “tenemos que ver a quiénes afectaría su eliminación y en calidad de qué. No es lo mismo estar aforado para que un diputado pueda participar en labores parlamentarias, por ejemplo, en una huelga general y que lo puedan denunciar, que un parlamentario que ha robado, donde no hay aforamiento que valga y nunca lo hemos defendido”.
El Santander dudó de si la JUR intervendría al Popular
La decisión de comprar el Popular por el Santander estaba tomada de antemano. Eso es algo que los lectores de Diario16 conocen. Ya indicamos en este medio cómo el día 23 de mayo se adoptó esa decisión en el Consejo de Administración cuando ya sabían que el Popular iba a ser resuelto porque el día 2 de mayo el BCE ya había iniciado todos los procesos. Esa decisión incorporaba la condición de que sólo se haría con el Popular si éste era intervenido. Esta es, posiblemente, la razón por la que ese mismo día 23 de mayo la JUR realizara con urgencia la primera valoración del banco y que al día siguiente encargara a Deloitte la realización del informe independiente que exige la ley, aunque esa independencia está muy en duda por la posibilidad de que existiera un conflicto de interés con el Santander.
La realidad es que el Santander, además de pretender adquirir al Popular tras la resolución por un precio que oscilaba entre 0 y 200 millones de euros, no las tenía todas consigo de que Europa interviniera a la sexta entidad española y estuvo negociando con altos directivos del Popular, entre los que se encontraba el propio Miguel Ángel Moral, secretario técnico de la entidad. Los representantes del Santander, según confirman fuentes de absoluta solvencia a Diario16, se levantaron de la mesa de negociación el día 3 de junio tras retirar una oferta de más de 3.000 millones que había presentado en la mesa de negociación el día anterior cambiándola por la de 200 millones a 1 euro. Este comportamiento dejó de manifiesto que ya disponían de la información privilegiada de De Guindos, FROB, JUR y BCE. Saracho no movió un dedo para apoyar y defender al Banco Popular ni a su secretario general técnico a quien había utilizado a favor de la estrategia de los que le habían llevado hasta la cúpula del Popular para lo fines ya expuesto en estas páginas en diversas ocasiones. El Santander utilizó estas negociaciones para conseguir más información interna del banco y, una vez que la tuvieron en su poder y supo que al día siguiente se iniciaría el Proyecto Hipócrates, rompió las negociaciones.
Si el Santander ya había decidido un máximo de 200 millones para comprar el Popular, ¿por qué estuvo negociando hasta los días previos por la cantidad arriba indicada? ¿Por qué se levantó de la mesa de negociación? En primer lugar, ese mismo día 3 de junio Elke König convocó a través de un correo electrónico encriptado dirigido a Jaime Ponce Huerta y publicado en Diario16. En esa reunión se puso en marcha el Proyecto Hipócrates por el que se oficializaba la resolución del Popular. Lógicamente, si ya se había decidido que el Popular iba a ser intervenido, el Santander dejó de negociar. En segundo lugar, la propia entidad presidida por Ana Patricia Botín no las tenía todas consigo sobre si la JUR iba a resolver o no teniendo en cuenta que se trataba de un banco solvente y los mecanismos de resolución de entidades bancarias, tal y como reconocieron el propio ex gobernador del Banco de España o el presidente de Deloitte, estaban diseñados para una pérdida de solvencia, no para una crisis de liquidez.
Por otro lado, el propio consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, afirmó que en los casos de resolución se contaban con pocos datos y con poco tiempo. Sin embargo, fue Rodrigo Echenique, vicepresidente de la entidad cántabra y actual presidente del Popular, quien confirmó, en primer lugar, que la operación de compra de la sexta entidad española se llevaba estudiando desde hacía varios años y, en segundo término, que ellos habían tenido acceso a los datos del Popular varios meses antes.
De todos modos, si, según Álvarez, no tuvieron suficiente información y poco tiempo, ¿por qué no actuaron como el BBVA que, por esta misma razón, solicitó más tiempo y que, como no se lo concedieron, se retiró de la puja? Quien haya tenido experiencia en subastas públicas sabrá que siempre se oferta el máximo presupuesto disponible. Entonces, si el Santander, en situación de resolución, disponía de 200 millones, ¿por qué ofertó lo mínimo? ¿Será porque tenían información privilegiada, algo que, de ser así, constituiría la comisión de un presunto delito? Hay ya demasiados antecedentes en este sentido, ya que en las adjudicaciones de otras entidades como el Pastor (las informaciones que recibió el Popular fueron, realmente, una trampa para que se quedara con una entidad que sí que era un zombi) o la CAM (en este caso esos datos paralelos beneficiaron al banco que se hizo con la Caja del Mediterráneo), en las que la información paralela circulaba sin ningún problema. Esto podría ser el juego del Banco de España a la hora de implementar ciertos intereses que finalmente fueron sufragados con dinero público.
En este sentido, la gran mayoría de estos hechos ya fueron publicados por Diario16 a través de la documentación que se entregó a la Audiencia Nacional y que ya obra en poder del juez Andreu.
El PSOE califica de inadmisible que el Gobierno regional siga mirando hacia otro lado respecto de la situación del Mar Menor
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón ha manifestado su más profundo rechazo ante la postura del Gobierno regional en sus alegaciones para el proyecto del Ministerio para salvar el Mar Menor.
“Es inaudito que el Gobierno regional tenga la desfachatez de no asumir las medidas que propuso el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en época del PP y que asumirá el Ministerio de Transición Ecológica del PSOE”, a pesar de ser un trabajo conjunto, redactado por la Dirección General del Agua del Gobierno de España, en coordinación con diversas Consejerías de la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura.
En opinión de Antonio Guillamón, el Partido Popular muestra con esta actitud su pánico a quedarse solo en este tema, a la vez que intenta atraer e implicar con sus argumentos a diversos colectivos, que en ciertos aspectos no comparten plenamente su postura.
“Nos parecen impresentables los argumentos esgrimidos por el Gobierno de López Miras para rechazar algunas de esas 21 medidas, que por primera vez están en la línea de lo que hay que hacer”.
El diputado socialista señaló que el Gobierno regional o no se ha enterado de nada y de manera irresponsable no han aportada su visión a este proyecto; o en Madrid hacen una cosa y en la Región otra distinta, para no enfrentarse a ciertos colectivos o intereses.
“Esta es la razón por la que el Mar Menor ha llegado a las condiciones en que se encuentra: la pasividad, inacción y la falta de preocupación para hacer efectiva su recuperación durante los sucesivos gobiernos del PP en la Región de Murcia”.
Albert Rivera, don Erre que Erre II
Curioso el mundo de las nota de prensa de los partidos. Son útiles cuando no has podido acudir al evento y te salvan un artículo, o cuando has acudido y te faltan imágenes o alguna palabra. Pero cuando las recibes y has estado pendiente sabes cuánto quieren o pretenden manipular. Pasa en todos los partidos y es normal. Lo que roza el absurdo es lo que pasa con Albert Rivera y la obsesión que le ha entrado con la tesis de Sánchez. ¿Envidia? ¿Órdenes del Ibex-35? Tiene pinta que más lo primero porque el doctorado/ser doctorando que aparece en sus CVs denotan que siente envidia porque Sánchez lo tiene y él ni lo tiene, ni lo tendrá a este paso (como dijimos en exclusiva un día antes que medios con más visibilidad).
El caso es que Albert Rivera va a dejar pequeño al personaje de Paco Martínez Soria, “don Erre que Erre”. De hecho este es ya el segundo artículo que titulamos con esa frase y utilizamos la imagen creada para aquel. Si a los trece días de ser nombrado presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Rivera ya llevaba varios días insistiendo en elecciones, porque se olía que el PP volvería a subir en las encuestas, ahora es el tema de la tesis. O bien lo hace para no parece estúpido ya que se ha demostrado que no hay plagio (la tesis es mala y legal, le guste o no), o bien lo hace para que no se hable de sus títulos que parece que no existen. Ya dijimos en el artículo anteriormente citado que ni doctorando, ni curso George Washington, ni ESADE sino Ramón Llull. Ahora que le están dando un baño a su orgullo, insiste e insiste e insiste con la tesis de Sánchez.
Y claro lo hace en las cadenas amigas de sus jefes verdaderos del establishment. Si no está disponible Antena 3, pues a Onda Cero que es de los mismos dueños. Allí Rivera, que parece no haber visto los datos objetivos sino sólo las portadas de ABC y OK Diario, ha dicho que “lo natural en democracia es que el presidente de un gobierno comparezca cuando existen dudas razonables sobre un asunto público que le afecta”. Y tiene razón. Tiene tal batiburrillo en la cabeza que no sabe distinguir público y privado, tal vez porque para él no debería existir nada público y todo debería ser privado. La tesis de cualquier persona es del ámbito privado, no del público pues no ha sido utilizada para ganar unas elecciones o una oposición (en Universidad pública que ni Sánchez, ni Rivera han utilizado jamás para estudiar). Igual lo que quería decir es que el debate público habla de su tesis y por ello debería hablar en el parlamento.
Lo bueno es dejarle hablar porque cuanto más lo hace más se muestra su incultura. Así, insiste Rivera que “las dudas sobre su tesis tienen que ver con su autoría, los vínculos de Sánchez con el Tribunal y los plagios y autoplagios que recoge”. Habrá que explicárselo por punto: 1.) No ha salido nadie que ponga en duda su autoría, ni se ha demostrado por mucho que diga Inda; 2.) vínculos con el tribunal de una tesis se pueden tener, incluso afectivos, pero la legislación de la Universidad Camilo José Cela nada dice en contra; 3.) el “autoplagio” no existe en estas épocas (hace 15 o 16 años te ponían la cara verde si algún autor se citaba a sí mismo). Si lo que quiere decir es que le regalaron la tesis en una universidad privada, se podría decir que de igual forma que a él le regalaron su licenciatura en otra privada. Porque el problema puede estar en las universidades privadas sí, pero eso no lo comenta el dirigente naranja.











