domingo, 25 enero, 2026

IU exige que se acabe con el hacinamiento de pacientes en el hospital Rafael Méndez

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha alertado del «hacinamiento» que están sufriendo los pacientes que se encuentran en el área de Observación del hospital comarcal Rafael Méndez de Lorca, mientras dicho centro mantiene «camas cerradas». Una situación que se ha agudizado en los últimos días ante el incremento de la demanda asistencial, que se ha convertido en “insostenible” y que evidencia también la «gran presión» a la que se ven sometidos los profesionales de este servicio.

Martín mostró imágenes extraídas de un video grabado por el familiar de un paciente que lleva más de 24 horas en la sala de cuidados medios de Urgencias mientras espera a ser trasladado a planta. Hasta ocho personas comparten un habitáculo de no más de 20m2, en el que el personal sanitario ni siquiera tiene acceso a las camas porque están “apiñadas”.

“La sala está completamente desbordada y no hay espacio para que los pacientes, algunos de los cuales se ven obligados a pasar horas y horas en butacones, puedan estar acompañados de sus familias”, denunció Martín.

“No hay ventilación, ni intimidad, ni las más elementales condiciones para que los pacientes puedan asearse”, explicó Martín quien aseguró que “hay pisos patera donde se vive más dignamente”.

La edil de IU-Verdes lamentó que se haya convertido en “habitual” que los pacientes del hospital Rafael Méndez que debían haber ingresado en un área de hospitalización estén hacinados junto a aquellos que se encuentran en observación o la espera de resultados.

A juicio de Martín, esto demuestra la “falta de planificación” de la Gerencia del Área III de Salud que “se empeña en abrir nuevos quirófanos que luego no pueden usarse porque no hay camas en las que ingresar a los pacientes”. Por ello, desde IU-Verdes han vuelto a exigir la ampliación del centro para que pueda contar con más plantas de hospitalización y evitar situaciones como la denunciada hoy, “que socava la dignidad de las personas”.

Las farmacias andaluzas dispensan medicación a 62.000 personas de otras comunidades

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Un total de 61.849 personas residentes fuera de Andalucía han podido retirar su medicación en farmacias andaluzas este verano, gracias a la puesta en marcha de la receta interoperable del Sistema Nacional de Salud. Esta medida tiene como objetivo que todos los pacientes puedan moverse por el territorio nacional y obtener sus medicamentos prescritos en cualquier farmacia del país, independientemente de en qué comunidad hayan sido recetadas y sin tener que acudir a su médico para que les realice anticipos de la misma.

Residentes en las comunidades de Cataluña y Extremadura son los que más han hecho uso de este servicio durante su estancia en la comunidad andaluza. En concreto, 23.053 residentes en Cataluña y 9.182 de Extremadura, seguidos de la Comunidad Valenciana (8.336), País Vasco (5.321), Castilla La Mancha (3.205), Baleares (2.553), Murcia (2.177), Castilla y León (2.120), Canarias (1.901), Aragón (1.398), Asturias (870), Navarra (732), Cantabria (483), La Rioja (326) y Galicia (192).

Los andaluces han podido igualmente obtener su medicación en oficinas de farmacia de cualquier comunidad autónoma. Con todo ello, se evitan tareas administrativas para el personal médico y para la población y se mejora la calidad y accesibilidad de los servicios sanitarios públicos.

Las oficinas de farmacia andaluzas en las que se ha hecho un mayor uso de este nuevo servicio son las de Granada (11.962 dispensaciones), seguidas de Málaga (9.072), Almería (8.677), Cádiz (7.994), Jaén (7.870), Huelva (7.319), Córdoba (4.661) y Sevilla (4.294).

La extensión de la receta electrónica y la interoperabilidad en el Sistema Nacional de Salud se ha venido impulsando desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Economía y Empresa. Para hacer posible la extensión de este proyecto en Andalucía se ha trabajado durante los últimos meses en colaboración con el Ministerio, el resto de comunidades autónomas y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. De esta forma, se ha realizado un pilotaje en 50 oficinas de farmacia andaluzas en el que se han podido validar las distintas fases del proceso.

Andalucía fue la primera comunidad en desarrollar la receta electrónica. Concretamente, la sanidad pública andaluza cuenta con la receta electrónica desde 2003 y, en la actualidad, el 98% de las recetas que se emiten en la comunidad se realizan con formato electrónico. Gracias a la receta electrónica, los andaluces pueden obtener su tratamiento farmacológico en cualquier punto de la comunidad y, desde hoy, podrán también hacerlo en cualquier punto del país.

Entre otras ventajas de la receta electrónica se encuentra que el médico puede programar, en una única consulta, la prescripción de medicamentos para un tiempo prolongado, lo que resulta de especial importancia en tratamientos crónicos, pues evita la carga burocrática y la repetición de consultas, ahorrando molestias al paciente. También limita el almacenamiento de medicación en el domicilio y mejora el conocimiento de la adherencia del paciente al tratamiento. En Andalucía, este modelo de prescripción y dispensación farmacéutica evita casi el 25% de las consultas que antes se hacían sólo para renovar medicamentos prescritos en pacientes crónicos, especialmente. En el último año, se han realizado más de 163 millones de dispensaciones a través de receta electrónica.

Además, la prescripción electrónica favorece la seguridad del paciente mediante la incorporación de sistemas on line de ayuda a la prescripción, que ayudan a la detección de interacciones medicamentosas, duplicidades terapéuticas, etc. La eliminación del papel en las recetas supone, por último, mayor comodidad para los usuarios y es un elemento de respeto al medio ambiente.

Lehman Brothers y la refundación del sistema financiero internacional

Hoy se cumplen diez años de la caída de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos por activos: 680.000 millones de dólares.

El ex secretario de Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, Timothy Geithner, apunta en su resumen de la Gran Recesión acontecida que la incertidumbre «es el corazón de las crisis financieras. […] las crisis no acaban sin los gobiernos asumiendo los riesgos que los inversores privados no quieren, sacando la catástrofe de encima de la mesa». Las crisis financieras son crisis de confianza cuando un país no puede pagar su deuda o un banco no puede devolver los depósitos en ventanilla, «cuando el miedo se convierte en pánico, se acabó. […] La única solución, en esos casos, es que el sector público (reguladores y supervisores) asuman riesgos».

Ese es el planteamiento que hicieron los Gobiernos en el G20 y los bancos centrales, especialmente en Estados Unidos durante la crisis financiera del 2.008.

A pesar de los replanteamientos y refundaciones del sistema financiero por parte de reguladores y supervisores, todo quedó en agua de borrajas: «El actual sistema financiero es tan peligroso y frágil como el que llevo a la crisis», asegura Martin Hellwig, del Mark Plank Institute.

Según decía Alan Greenspan, conocido como «el Abuelo» en los círculos financieros, por su edad y su experiencia: «Todo el edificio [del libre mercado, las expectativas racionales y los mercados perfectos] se hundió».

Los rescates eran la estrategia correcta a corto plazo y la estrategia equivocada a largo plazo. Estados Unidos y Europa han intentado reforzar los colchones de liquidez y capital, siendo el país norteamericano quien está, con el mandato de Donald Trump, desregularizando el sector financiero al generar más liquidez en las entidades financieras pero eliminado todos los procedimientos avanzados para los periodos de crisis. Esto deja a todo un sistema financiero sin red de emergencia o una red mínima, ante cualquier caída o crisis en la economía global. Por tanto, sin acompañamiento de políticas de regulación y supervisión del sistema financiero global, todo lo que hagan los demás países o bloques económicos será en balde, puesto que desde hace mucho tiempo la globalización económica hace que el capital pueda desplazarse sin ningún tipo de control. No solamente el capital físico, sino el capital generado por las mismas instituciones financieras que en estos momentos casi sextuplica el capital físico de los mercados a través de las políticas financieras de las instituciones de apalancamiento.

Este funambulismo de las instituciones financieras, tanto por su apalancamiento como por la mínima red ante las adversidades de los mercados, es lo que puede provocar, ante una próxima crisis, una caída sin posibilidad de recuperación.

En la crisis del 2.008, cuando los activos de Lehman Brothers ascendían a 680.000 millones de dólares, los mayores Bancos Centrales pusieron una liquidez de casi 10 billones de dólares. ¿Cuánta liquidez se necesitaría para paliar la próxima crisis?  Solo podemos confirmar que esta última crisis solo ha sido una gota en un océano.

Los Estados tratan que la banca pague por sus desmanes, pero el resultado final es limitado, desesperanzador. «El contribuyente sigue siendo el accionista de último recurso de los bancos», denuncia John Kay en su libro El dinero de los demás.

Ante una próxima crisis financiera, Estados Unidos está eliminando las redes de protección. Además, Europa, China, Japón y los países emergentes disponen de una regulación insuficiente y una supervisión con demasiadas lagunas y defectos para resolver los problemas de sus sistemas financieros y, mucho menos, para no contagiarse de los daños provenientes de la desregularización del sistema financiero americano.

La situación actual añade un componente adicional negativo, pues los tipos oficiales en USA, Reino Unido y Eurozona, además de haber sido reducidos muy rápidamente a niveles muy bajos, incluso próximos a cero, están fijos desde entonces. Si la inflación disminuye, los tipos de interés reales aumentarán provocando caídas adicionales del gasto que, a su vez, reduciría la inflación actual y esperada y, de nuevo, se generaría una caída de los tipos de interés reales, y así, de manera continuada, la economía podría desembocar en una espiral deflacionista (Wicksell, 1898).

Para extender la seguridad y la protección de la red del sistema financiero europeo deben darse unas condiciones mínimas:

  1. Se está generando mucha incertidumbre entre los actores del mercado financiero, y estos van a ser los que van a tener que pagar los costes de una liquidación o resolución de cualquier entidad financiera en Europa. Fruto de esa incertidumbre cada día hay más desconfianza, tanto en las instituciones financieras como en los organismos de supervisión y regulación de dichas entidades. Una desconfianza que, como estamos observando estos últimos días en las bolsas europeas, hacen que los inversores estén vendiendo acciones del sector bancario, especialmente en Europa, provocando que sus cotizaciones tengan una caída más brusca que el resto de sectores de las bolsas.
  2. Esa crisis de confianza, como dice la presidenta de la JUR Elke König, o crisis de liquidez como exponen tanto la JUR como el BCE para explicar la resolución del Banco Popular, o la falta de rentabilidad que dijo el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez. Es, en resumen, lo que remarca la presidenta de la JUR ante la Comisión de Economía del Parlamento Europeo proponiendo que no haya limitación en la liquidez o liquidez ilimitada para poder afrontar las posibles resoluciones en su aspecto ex como el post resolución y que son insuficientes para atender la resolución de grandes entidades, puesto que estas disponen de balances por encima de 1 billón de euros. Atender dicha liquidez ilimitada que necesitarían las grandes entidades bancarias europeas y con fondos otorgados por los gobiernos, haría inviable a los mismos gobiernos, tal como señala el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Yves Mersch: «La posición del BCE sobre el tema es contundente: la provisión de liquidez del banco central, ya sea a través de operaciones de crédito de política monetaria o asistencia de liquidez de emergencia, no debe asumirse automáticamente en la planificación de la resolución. Las medidas de resolución deberían financiarse con contribuciones de los accionistas y acreedores del banco, o del Estado o de la Unión Europea, pero no de los bancos centrales». Habría que recordar que las políticas monetarias las tienen los bancos centrales y todo lo relacionado con ellas son los mismos bancos centrales quienes tienen la capacidad de realizar operaciones de expansión de sus propios balances y de medidas no convencionales de política económica, como la EMC (políticas de expansión monetaria cuantitativa) o también denominado QE (políticas de relajación cuantitativa). En la crisis de deuda del euro, el presidente del BCE, dijo una frase que hizo que empezaran a descender las primas de riesgo públicas y privadas: «Haremos todo lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme será suficiente». Con dichas palabras de junio del 2.012, y con cuatro años de crisis financiera internacional, aunque tarde, el BCE comenzó a actuar de manera contundentemente. El mercado y sus actores confiaron en que el supervisor europeo y sus medidas cuantitativas aportara la liquidez suficiente y necesaria para no verse atrapados ante el impago de deuda de ciertos países (especialmente los del sur de Europa) y, al mismo tiempo, generar confianza en que continuaría proporcionándose la liquidez necesaria para sacar de los balances de los actores del mercado de su papel deuda y poder convertirlos en liquidez. Eso es lo que ha provocado que el balance del BCE haya aumentado en más de un billón de euros.
  3. Lo que realizo el BCE en su EMC, comprando deuda pública y privada y, con ello, proporcionando liquidez al mercado para generar confianza a los actores del mercado, es lo que la presidenta de la JUR está insistiendo al BCE, a pesar de la negativa del mismo, a que sea prestamista de último recurso, proporcionando la suficiente confianza en los mercados.
  4. Como conclusión, el BCE como prestamista de último recurso, debe proporcionar la liquidez necesaria para que los mercados ante una incertidumbre o falta de confianza en los Estados no retiren los recursos que disponen en deuda pública o solicitando primas de riesgo sumamente elevadas que harían imposible poder realizar el pago de los intereses de la deuda soberana. Por tanto, una actuación contundente del BCE tanto en los mercados primarios y secundarios de deuda que diera confianza al mercado.

La política monetaria que se le exige al BCE tiene que estar acompañada por una integración en políticas fiscales en todos los países que integran la Unión Europea. El Tratado de Maastricht ha quedado arrinconado siendo incumplido por la mayoría de los países, por tanto, se necesita un nuevo tratado en donde se determinen y exijan los niveles de deuda pública, de déficit y de inflación que debe tener de máximo cada Estado de la UE. En lo referente a la fiscalidad se debe armonizar una política fiscal común entre los países de la UE, en donde se coordinen los impuestos directos e indirectos en cada uno de los Estados, así como sus tipos impositivos.

Por tanto, frente a la descoordinación se pide coordinación, frente a la desintegración y unilateralismo de los países, integración y frente a la Europa de los mercados se exige una Europa de las personas. Si no ocurre así, no habremos aprendido nada de la caída de Lehman Brothers y de las consecuencias nefastas que tuvo para la ciudadanía.

Denunciado por plagio uno de los vocales judiciales que amparó a Pablo Llarena

Juan Martínez Moya, uno de los vocales de la polémica Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 16 de agosto pasado que concedió el controvertido amparo a Pablo Llarena, es también ahora objeto de polémica al haber sido denunciado por usurpar los derechos de propiedad intelectual sobre una idea que varios magistrados presentaron en un concurso organizado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces.

Se trataba de la obra La creación de la Oficina de Atención al Acreedor Concursal (OAC) que los juzgados de lo Mercantil de Valencia llevaron a la práctica en octubre del año 2008 y que luego presentaron a los organizadores del concurso “Premio a la Calidad de la Justicia” que el CGPJ debía conceder en el año 2010.

Por aquel entonces el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces era el no menos polémico Fernando de Rosa Torner, alguno de cuyos hermanos sería investigado después por su participación en la “operación mordida” sobre el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte de la sociedad B2B, que era la central de compras dependiente de Ribera Salud —empresa responsable de cuatro departamentos sanitarios de gestión privada en la Comunidad Valenciana—, a firmas proveedoras de productos sanitarios.

Mientras tanto, toda la información que se recibió en el CGPJ relativa al OAC fue incorporada al Plan de Modernización de la Administración de Justicia aprobado por el Pleno del CGPJ en su sesión del día 26 de noviembre de 2008.

A partir del día 2 de diciembre de ese año 2008, Carlos Dívar, el malogrado presidente del CGPJ que fue apartado del cargo por el asunto de “los viajes a Marbella”, convocó a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para mantener con ellos una reunión de trabajo, en las que se trataría entre otras cuestiones la creación del OAC en las comunidades autónomas que contaran con los medios suficientes.

Fue entonces cuando Martínez Moya, que por aquél entonces era presidente del TSJ de Murcia, usurparía los derechos de propiedad intelectual sobre el OAC incluyendo en la Memoria del año 2009 una reivindicación a su favor de la Oficina de Atención al Acreedor, presentando también la creación del OAC como idea suya en el “Premio a la Calidad de la Justicia” del año 2010, donde sorprendentemente obtuvo un accésit, arrebatando el premio a sus verdaderos autores.

Pero es que además el sucesor de Martínez Moya en el TSJ de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme Herrero, también incluyó ilegalmente la creación del OAC esta vez como mérito suyo en la documentación que aportó en el proceso de selección ante la Comisión de Calificación, e incluso lo publicitó ante los medios de comunicación.

Se da la circunstancia de que Pascual del Riquelme incluyó también como mérito ante el CGPJ haber participado en los “cursos de Ausbanc” de Luis Pineda, cursos que luego se supo que se habían costeado con dinero procedente de la extorsión.

Cuando Santiago Pedraz, titular del juzgado central penal nº 1 de la Audiencia Nacional, empezó a recibir la documentación que estaba recabando la UDEF sobre las actividades de Ausbanc, le llamó la atención unos dípticos que anunciaban jornadas y foros judiciales. Y se quedó boquiabierto cuando, al examinar la relación de participantes, vio los nombres de jueces que no trabajaban precisamente en pequeñas localidades. Todo lo contrario: jugaban en primera división y algunos en la Champions. De magistrados de Audiencia Provincial hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

En sus manos tenía un bombazo que si estallaba haría mucho daño al Estado. Ya no estaba sólo el caso de la Infanta Cristina. Ahora se ponía en juego toda una estructura básica de funcionamiento del aparato judicial.

Fue el momento en que Santiago Pedraz decidió llamar a capítulo a los jefes policiales y al fiscal. Se decidió el secreto de todas las investigaciones llevadas a cabo. Nadie debería revelar lo que se estaba haciendo. Incluso había que advertir a los testigos, denunciantes y perjudicados que estaban declarando en las dependencias de la UDEF de las consecuencias de una indiscreción.

Al final, tal indiscreción se produjo. Pineda se enteró y, paralelamente, algunos medios de comunicación. Pedraz, resignado, no tuvo más remedio que detener a los principales investigados y el sumario empezó a conocerse hasta su levantamiento del secreto.

Y entonces fue cuando se supo que Pineda tenía “comprados” a jueces, supuestamente, claro está, que aunque se está perdiendo el respeto a la Justicia todavía hay clases.

Cuando esto ocurrió Juan Martínez Moya ya era vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Sorprendentemente los verdaderos creadores de la Oficina de Atención al Acreedor, los jueces de lo Mercantil de Valencia, no solamente no fueron reconocidos por la creación del OAC sino que además fueron expedientados por el CGPJ, alguno de ellos hasta veinte veces.

 

La tesis de Sánchez y el mal periodismo al servicio del PP y Ciudadanos

La tesis de Pedro Sánchez supera los controles informáticos antiplagio, un dato fundamental que está desmontando la serie de publicaciones que desde ayer lanzan como fuego incendiario varios periódicos asociados a la llamada “caverna mediática”. Poco a poco la prodigiosa exclusiva de ABC va perdiendo fuelle, y si ayer la noticia del plagio era un escándalo internacional, hoy la cosa se reduce a que el trabajo no posee ningún valor científico y a que el tribunal que evaluó el trabajo universitario del presidente no pasaba de ser una “pandilla de amiguetes”. Seguramente mañana el seguimiento del pelotazo informativo quedará en que la susodicha tesis no respeta el interlineado, ni el tipo de letra Times New Roman, ni las comillas españolas. Y así, con el paso de los días, probablemente se irá olvidando, hasta disolverse en el maremágnum informativo del día a día. De modo que quizá estemos asistiendo a uno de esos montajes a que nos tiene acostumbrado el periodismo de trinchera al servicio de la derecha trabucaire.

A medida que pasan las horas, y tras la rápida reacción de Moncloa, que hará público el trabajo para que cualquier ciudadano pueda analizarlo y sacar sus propias conclusiones por sí mismo, el notición del siglo va perdiendo fuerza, y eso es lo peor que le puede ocurrir a una exclusiva periodística. Poco a poco va calando la idea de que el reportaje estaba cogido por los pelos, no suficientemente trabajado, y que sus autores dejaron demasiados cabos sueltos. Todo apunta a que la investigación de los periodistas se limitó a localizar a toda prisa un par de párrafos sueltos coincidentes con libros de otros autores, y que no se preocuparon por comprobar si esos textos cumplían con los requisitos para que pudieran ser considerados como plagio, entre ellos que al menos un tercio del trabajo haya sido copiado íntegramente por el supuesto plagiador. No parece ser el caso, ya que en la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo solo se ha detectado, como mucho, un 13% de coincidencia textual, «un porcentaje normal», según los expertos consultados. Pero es que además los redactores tampoco se detuvieron en consultar los programas informáticos que suelen aplicarse en estos casos y que cazan al segundo si un texto es una apropiación indebida de otro autor. En ese sentido, Moncloa asegura haber sometido el trabajo de Sánchez a dos reconocidos softwares de detección: el programa Turnitin y el PlagScan, dos poderosas herramientas informáticas que pillan al vuelo hasta el párrafo copiado más escondido y oculto. Por si fuera poco, a estas horas una legión de periodistas convertidos en improvisados exégetas de todos los medios de comunicación sigue revisando con lupa cada página del trabajo publicado por Sánchez y aún no ha encontrado nada bueno. De haber salido información sensible, ABC no habría tardado en publicarla de inmediato.

Finalmente, a favor del presidente juega que los párrafos supuestamente copiados son referenciados y atribuidos a sus legítimos autores al final de la tesis (como fuentes de investigación utilizadas por Sánchez en su trabajo de doctorado, lo cual elimina cualquier posibilidad de apropiación ilegítima), y que la mayoría de los profesores y catedráticos consultados tras estallar la polémica aseguran que nunca, a lo largo de su carrera profesional, han visto una tesis con plagio, ya que es tremendamente complicado hacer trampas ante un tribunal universitario.

Todos esos pequeños detalles que los reporteros parecen haber pasado por alto han llevado a que finalmente se termine arrojando más sombras de sospecha sobre el rigor de la investigación periodística que sobre la propia tesis del presidente. Es decir, la exclusiva de ABC, que ayer parecía fulminar la carrera de Pedro Sánchez, hoy está más cerca del gatillazo, y resulta aún más evidente que tiene poco que ver con el impecable y riguroso trabajo periodístico que han llevado a cabo otros medios de comunicación en asuntos tan espinosos como las irregularidades en los másteres de Cristina Cifuentes y Pablo Casado. En otras palabras, la noticia huele a montaje urdido deprisa y corriendo, quizá desde esa inquietante “caverna mediática” que por lo visto tiene la consigna de poner en marcha el ventilador después de que se haya sabido que el Tribunal Supremo decidirá en poco tiempo si el presidente del PP, Pablo Casado, será imputado por las supuestas irregularidades detectadas en su máster. Conviene decir aquí que la jueza Carmen Rodríguez Medel, que instruye el caso contra el líder popular, ha visto indicios de responsabilidad penal en delitos como prevaricación administrativa y cohecho impropio. Todo ello sin contar con que Casado ha pedido al juzgado que no se le investigue y que sigue sin mostrar sus trabajos académicos, una actitud poco transparente y radicalmente opuesta a la adoptada por Sánchez, que desde el primer momento ha decidido optar por luz y taquígrafos al poner su tesis a disposición de todos. Tampoco hay que perder de vista que el supuesto escándalo de la tesis estalló horas después de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, apuntara directamente contra Sánchez en una sesión de control al Gobierno. Tras poner la diana en el presidente y sugerir que su preparación académica era más bien escasa se puso en marcha la máquina del fango. Acción-reacción; causa-efecto.

No parece, por tanto, que la exclusiva de ABC pueda llegar tan lejos como para sentar a Sánchez en el banquillo de los acusados por su tesis Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012), un título plúmbeo que ciertamente no invita a su lectura (como suele suceder con el noventa por ciento de las tesis doctorales que se publican en nuestro país), pero que no es delito. Las próximas horas serán fundamentales para determinar si hay o no caso, aunque ya ha quedado meridianamente acreditado que quienes en los primeros momentos se sumaron alegremente al pim pam pum –véase ABC, La Razón y El Mundo– contra el presidente del Gobierno, a estas horas han levantado claramente el pie del acelerador. Mucho más tras advertir muy seriamente la Fiscalía de que el plagio es un delito y que el periodista debe ser “extremadamente cuidadoso”, teniéndolo todo bien atado, a la hora de acusar a alguien de esa conducta.

A estas horas lo único cierto es que los “cazadores de brujas” no tienen mucha más madera que la que ya ha ardido en las primeras horas de exclusiva, y salvo que el asunto dé un vuelco inesperado y aparezcan nuevos datos determinantes no dará para mucho más que para un par de titulares languidecientes. No será este el caso que cave la tumba del presidente del Gobierno, por mucho que le pese a Eduardo Inda y Francisco Marhuenda. Aunque sí, una vez más y lamentablemente, se haya echado otra palada de tierra sobre el buen periodismo.

El PP veta la presencia del Nuncio Apostólico en el Senado acogiéndose al laicismo

Paradojas de la vida, el PP que tanto ha defendido la incrustación de elementos religiosos-católicos en la vida política de España, se acoge al laicismo y la separación Estado-iglesia católica en estos momentos. Los senadores de Unidos Podemos, Joan Comorera y Josetxo Arrieta, había solicitado la presencia del Nuncio Apostólico del Vaticano, el arzobispo Renzo Fratini, en comisión en el Senado. ¿Para qué se preguntarán? Para una cuestión sencilla, nada de ataques anticlericales ni cosas por el estilo. Se quería la presencia de Fratini para que explicase en el Senado la posición de la iglesia católica en relación a la abadía de la santa cruz del Valle de los Caídos.

Como cumplimiento de la ley de Memoria Histórica querían los senadores catalán y vasco que el Nuncio expresase el posicionamiento de Roma al respecto. No era una petición trampa, ni nada por el estilo. No querían preguntar por los casos de curas pederastas sin castigo, ni nada por el estilo. Sólo que explicase como se ve la situación desde la sede romana. Un diálogo abierto con la iglesia católica al más alto nivel y fuera de ciertas mañas del clero local. Comorera lo ha explicado así: “Sabemos que al no tratarse de un cargo público, el Nuncio Apostólico del Vaticano no está obligado a acudir a la comisión. Simplemente era una invitación para conocer de primera mano la posición de la iglesia en relación al Valle de los Caídos y en general sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.

Sin embargo, la petición ha sido rechaza por la mayoría del PP en el Senado. No quieren que acuda el Nuncio porque, y aquí viene lo bueno, hay que proteger la separación Estado-iglesia. Asombrados han quedado los senadores morados. Para Comorera el Partido Popular ha vuelto a abusar de su mayoría senatorial “y se niega siquiera remitir la invitación por si quisiera comparecer”. Y todo ello por la separación Estado-iglesia, “lo que resulta curioso como justificación cuando el gobierno de Rajoy incumplió en reiteradas ocasiones dicha separación y la aconfesionalidad del Estado que establece nuestra Constitución”.

Ciertamente el PP de Fátima Báñez que daba gracias a la virgen por el empleo; de Juan Ignacio Zoido adorador de la Macarena y del Cristo de la legión; de los vivas a cualquier santo; de los crucifijos y la biblia en las tomas de posesión… Ese mismo PP es el que ahora dice que hay que respetar la separación Estado-iglesia. Justo cuando se trata del franquismo y su dictador. Justo en el Senado donde se encuentra lo mejor de la casa y lo más antiguo del PP nacional-católico. Ni siquiera dejan la oportunidad de que la santa sede decida si acude o no al no tener obligación. Y así todos los días…

PSOE: El Gobierno de España está demostrando con hechos su preocupación por la Región de Murcia

El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, está demostrando con hechos su preocupación por la Región y por el bienestar de los murcianos y murcianas.
“El ministro de Fomento vino a hacer un anuncio muy importante para la ciudadanía de la Región de Murcia, en lugar de venir a hacer falsas promesas y vender humo con titulares que nunca se cumplen, como han estado haciendo el Gobierno de Rajoy y el PP durante siete años”.
Lucas ha destacado la gran inversión que ha hecho el Ejecutivo socialista, representado por Diego Conesa en la Región, para acabar con los conflictos sociales que el PP y el Gobierno regional habían generado al querer dividir la ciudad de Murcia y aislar a 50.000 vecinos y vecinas.
 “El delegado del Gobierno ha escuchado a la ciudadanía, ha apostado por el bienestar de los murcianos y murcianas desde el primer día y ha puesto a la Región en las prioridades del Ejecutivo de España”, ha concluido.

Albert Rivera está tardando en dimitir por mentir en su CV

Hacer de la política un acto constante de linchamiento ético puede provocar que se vuelva contra uno mismo. Decía Immanuel Kant, en su imperativo categórico, que se debe actuar como “si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza”. Así ha estado comportándose Albert Rivera. Haciendo de la ética, a veces de forma chulesca, una vía de estricto cumplimiento para con los demás partidos políticos. Unos por ser del bipartidismo y otros por populistas tenían que ajustarse a sus posturas éticas, las cuales se presentaban (presentan) como las únicas válidas, como máximas universales. Algo que se sabe no es, en sí, cierto.

El recordado profesor Rafael del Águila, hablando de la razón de Estado y de la ética inherente a la política, estableció la diferenciación entre el ciudadano impecable y el ciudadano implacable. El ciudadano impecable es aquel que cree completamente en los valores, en la ética y en la solución del conflicto social/político. Bajo esos valores éticos, en nuestro caso, la sociedad o el sistema político encauzan las discusiones, pero siempre y cuando se respeten esos posicionamientos éticos. El ciudadano implacable sería aquel que cree “que es posible definir objetivamente el bien y lo justo, y que las transgresiones morales se justifican por su contribución al establecimiento o el mantenimiento del orden perfecto”, como nos recuerda Elena García Guitián.

El problema para Rivera, al que no le ha importado alentar el discurso del odio al otro por no estar de acuerdo con su posicionamiento moral, ni le ha importado mentir cuantas veces han hecho falta, es que su ética desaparece en el mismo momento en que no cumple con el imperativo categórico marcado y pasa de ser un ciudadano impecable a uno implacable. O peor aún, un ciudadano impecablemente implacable, un Torquemada de la política, pero que se cree a salvo de la propia aplicación de sus registros morales para con los demás. Y no. Por mucho que él quiera, incluso él está bajo el filtro ético. Y por ello es comprensible que el mañana a más tardar presentase su renuncia a la presidencia de Ciudadanos y abandonase su escaño en el Congreso de los diputados y diputadas. No le salva ni que Ciudadanos sea una secta que se cree libre de cualquier perjuicio porque el establishment la protege.

Dimisión porque Albert Rivera ha mentido en su Curriculum. No es que haya menguado, sino que ha mentido hasta ayer mismo (ver imagen del artículo). Como ofrecimos en exclusiva hace dos días (antes que otros medios), Rivera no es doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona (ni en la Universidad de Barcelona como decía en otro CV). Ni se encuentra el famoso curso de Political Marketing de la Universidad George Washington. Ambas mentiras contravienen las normas de Ciudadanos y por tanto, haciendo compromiso de hacer lo que pide a los demás, debería abandonar su despacho de la calle Alcalá. Como debería haber hecho hace mucho tiempo César Zafra que también mintió.

Esa titulitis que releva un sentimiento de inferioridad no es óbice para subvertir sus propias reglas. Es tan digno tener un título como no tenerlo para ejercer la política. Porque esta última no es un reducto de expertos, de técnicos, de listillos (que se ve que mienten más que hablan), de élites, sino de ciudadanos y ciudadanas de distinta condición preocupados por el bien común. Al menos esa debería ser la máxima y no ese fetichismo por el título sin más. Sorprende que personas como Marcelino Camacho o Nicolás Redondo, sin tanto título, tuviesen más capacidad política y social que estos “titulados” que no han trabajado en su vida más que en lo político o en la empresa de papá.

Está tardando en irse Rivera por mentiroso, por engañar, por no tener coherencia ética… El que vino a regenerar la política es al que habría que regenerar o, mejor dicho, generar ya que vino así de fábrica. Como buen estudiante de Universidad católica, debería hacer una introspección y fustigarse o pedir una penitencia. Las españolas y los españoles seguro que le la pondrían en las elecciones, pero sería mejor no poner en tal tesitura a la ciudadanía y si le queda algo de dignidad (se duda) irse cuanto antes.

PSOE denuncia esperas de más de 24 horas para obtener cama en el hospital Rafael Méndez

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha vuelto a exigir al Alcalde que “espabile” y “reaccione” ante la “extrema situación” que está viviendo prácticamente a diario debido a la nefasta política sanitaria del Partido Popular y por culpa de los recortes que siguen aplicando en el Rafael Méndez. “Si no toman medidas de inmediato, tendremos un otoño caliente, de hacinamiento de pacientes en el hospital lorquino”, pronostica.

Sánchez Jódar se hacía eco de las quejas que se han hecho “virales” en varias publicaciones en redes sociales por parte de familiares de pacientes, quienes relatan con “angustia” las consecuencias del hacinamiento que están teniendo que soportar estos pacientes, algunos de ellos octogenarios, y a los que el Partido Popular obliga a tener que “recibir sus tratamientos, a comer y a cenar hacinados en una sala de apenas 20 metros cuadrados”, con esperas de “entre 24 y 48 horas para poder recibir cama en planta”.

Se trata de una situación que el PSOE ha venido denunciando durante los últimos meses, a raíz de las quejas tanto de los propios trabajadores como de los usuarios del hospital lorquino. “No se puede cometer la imprudencia de cerrar plantas en un hospital donde la falta de camas y de recursos es flagrante”. Es por ello por lo que Sánchez Jódar ha vuelto a exigir la apertura “inmediata” de la sala de maternidad cerrada desde mediados de verano.

Sánchez Jódar adelanta que, previsiblemente, la situación registrará un “leve respiro” con la próxima apertura de la sala de maternidad, la cual permanece cerrada desde el pasado mes de julio.

Sin embargo, Sánchez Jódar asegura que la principal causa que está generando el hacinamiento de pacientes en las salas de observación y de cuidados medios es debido al incremento de la actividad quirúrgica, a raíz de la apertura de los nuevos quirófanos. “Son los propios sanitarios los que nos están advirtiendo que, por lógica y por sentido común, si amplias quirófanos, y por tanto, amplias actividad quirúrgica, necesitas sí o sí más camas, de lo contrario, abres la puerta a que se registre el colapso y el tapón que se está registrando en las salas de observación y cuidados medios”.

Ya lo advirtió el PSOE el pasado mes de marzo, y ninguna de las plantas estaba cerrada, por lo que es evidente que el hospital lorquino necesita aumentar el número de camas para evitar este tipo de situaciones “inhumanas”.

“Si aumenta el número de quirófanos y pasamos de seis a nueve, aumenta el número de operaciones y, por tanto, el número de personas que necesitan cama”. “¿Qué esperaba el Partido Popular que ocurriría con la ampliación de los quirófanos? ¿Que los pacientes operados no necesitan cama después de ser intervenidos, o pensaba meter literas en las habitaciones?”.

15 años del Museo Picasso de Málaga

El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha afirmado que, «gracias al Museo Picasso Málaga, la ciudad ocupa «un lugar privilegiado entre las capitales internacionales del arte y la cultura» y se ha convertido en «destino ineludible del Turismo Cultural». Durante la presentación de la programación especial diseñada con motivo del 15º aniversario de la inauguración de este centro, que se celebra el próximo 27 de octubre, Vázquez ha asegurado que «hay mucho que celebrar, porque si Picasso cambió la historia del arte, el Museo Picasso cambió el destino de su ciudad natal».

«Se cumplen 15 años desde que la familia Picasso y la Junta de Andalucía hicieron realidad el sueño del genio malagueño; el Museo Picasso cumple tres lustros convertido en el motor cultural de Málaga, generador de actividad económica y el principal elemento transformador del modelo de ciudad», ha indicado el consejero, que ha avanzado algunos de los puntos más importantes de la programación preparada para celebrar la efeméride: la exposición ‘El sur de Picasso. Referencias andaluzas’, que se inaugura el 9 de octubre, y el IV Congreso Internacional Picasso, que se celebrará entre el 9 y el 11 de octubre y que traerá a Málaga a expertos de todo el mundo «para explorar las nuevas interpretaciones de la obra de Pablo Picasso a partir de la investigación del contexto histórico».

Además, se ha diseñado un programa de actividades denominado ‘Quince años en Málaga’, que incluye propuestas poéticas, jazz, visitas, cursos talleres y una jornada de puertas abierta el próximo 27 de octubre. Las actividades se prolongarán hasta el mes de febrero y el consejero de Cultura ha invitado a participar a la ciudadanía malagueña «para celebrar el reencuentro del genio con su ciudad natal».

El titular de Cultura ha recordado que, desde que el Museo Picasso Málaga abrió sus puertas el 27 de octubre de 2003, ha sido visitado por 6,2 millones de personas. «Hace dos décadas nadie podía imaginar que Málaga tuviera, como tiene hoy, un museo con 233 obras de Picasso más otras 166 cedidas en comodato por la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), con 11 salas con óleos, esculturas, dibujos, cerámicas y grabados del genio malagueño», ha señalado.

Vázquez también ha destacado que en esos años Málaga ha acogido más de 50 exposiciones temporales protagonizadas por más de 1.100 obras de Picasso y que el museo ha trabajado con más de 160 instituciones museísticas y galerías de arte de todo el mundo. Todo ello promoviendo «una programación cultural de excelencia», con recitales poéticos, conciertos, cursos, cine, danza y conferencias, y desarrollando «una intensa labor educativa». Así, 625.000 personas han participado en programas educativos y culturales y más de 232.000 escolares han participado en visitas guiadas y talleres.

«El Museo ha transformado la percepción y el conocimiento que se tenía de Picasso en su ciudad y en Andalucía», ha asegurado el consejero, que ha dado las gracias a las instituciones, empresas, entidades y profesionales que han colaborado «para que este proyecto de la Junta de Andalucía y de Christine y Bernard Ruiz-Picasso haya cumplido 15 años de liderazgo cultural», en especial a la Fundación Unicaja, «que se está volcando con la programación del 15º aniversario».