domingo, 25 enero, 2026

Los partidos monárquicos vetan preguntas sobre Corinna en el Congreso

Diario16
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La Mesa del Congreso de los Diputados, una vez más con el acuerdo de PSOE, PP y Ciudadanos, ha rechazado tramitar tres preguntas concretas por escrito que el diputado y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, registró en el Congreso el pasado 6 de septiembre con el objetivo de aclarar los motivos por los que en 2007 el entonces embajador de España en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó a la comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión celebrada en Riad, en la que la amiga de Juan Carlos de Borbón se presentó ante el príncipe y multimillonario Al-Waleed bin Talal como “representante” del entonces jefe del Estado.

La Mesa argumenta este rechazo a las cuestiones planteadas por Garzón “por suponer valoración de actuaciones de un Gobierno anterior, lo que versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno”. Cuando ocurrieron los hechos por los que se pregunta gobernaba el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Se da la circunstancia de que la iniciativa parlamentaria de Garzón consta de cuatro cuestiones muy concretas y la Mesa sí permite tramitar la última de ellas, precisamente la que nada tiene que ver directamente con la figura de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, aunque sí con la del ahora ex embajador Manuel Alabart. Esta cuestión plantea “¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar que representantes diplomáticos españoles acaben trabajando para empresas privadas cuyos intereses han sido defendidos bajo su misión diplomática?”

Con posterioridad a la polémica reunión mencionada, Alabart dejó la carrera diplomática y saltó al sector privado. En la actualidad trabaja como alto directivo de la empresa Técnicas Reunidas. Casualmente esta es una de las 14 compañías que integraban el denominado Fondo de Inversión Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía -junto a otras como OHL, ACS, Endesa, Sacyr, Acciona, Iberdrola y La Caixa- cuya situación fue tratada en la reunión en la que el ahora directivo estuvo presente, junto a Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el príncipe saudí Al-Waleed bin Talal, según las informaciones aparecidas.

La presencia de Manuel Alabart en la citada reunión consta también en una nota del diario oficialista Al Riyad del 6 de junio de 2007. En ella se informaba también de que la amiga íntima de Juan Carlos de Borbón y el príncipe Al-Waleed analizaron en ese encuentro ‘oportunidades de cooperación e inversión en España y las formas de fortalecer las relaciones bilaterales’ entre ambos países.

Las tres cuestiones que PSOE, PP y Ciudadanos han impedido tramitar desde la Mesa del Congreso son exactamente:

“¿Cuáles fueron los motivos por los que el embajador de España acompañó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein a una reunión con un representante oficial de otro Estado?”.

“¿Por qué se permitió que un particular como Sayn-Wittgenstein se presentase como representante del jefe del Estado y abordase cuestiones bilaterales entre ambos países?”.

“¿En qué otras ocasiones un embajador o representante oficial del Estado español ha acompañado a reuniones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein?”.

Una empresa participada por el Santander deja en la calle a 92 personas con discapacidad

Esteban P. Cano
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Una empresa participada por el Santander deja en la calle a 92 personas con discapacidad

El Banco Santander tiene un riesgo reputacional evidente que viene lastrado por la conducta de sus dirigentes, directivos y de la familia Botín que gobierna el banco como si fuera su cortijo, con sucesión dinástica incluida, desde hace generaciones, al protagonizar constantes escándalos de presunto fraude fiscal (cesiones de crédito, 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, etc.) y operaciones dudosas (Popular, Banesto, etc.) durante muchos años.

Por mucho que se empeñe su departamento de comunicación dirigido por Juan Manuel Cendoya, ni su presidenta es feminista ni el Santander es benefactor de las personas con discapacidad. Su labor social queda en entredicho con la aplicación de ERE salvajes y coactivos que han dejado en la calle a trabajadores y mujeres embarazadas, tal como ya hemos publicado en Diario16 en relación con el Popular.

Toca hoy hablar de la sociedad Konecta BTO que es una empresa participada en el 40% por el Santander y que, recientemente, se ha adjudicado la concesión del servicio de cita previa de la Agencia Tributaria, tras una rocambolesca y rauda resolución de un recurso contra la adjudicación a Grupo SIFU.

El Santander, a través de su empresa Konecta —sancionada anteriormente por ERE encubierto— ha dejado en la calle a los 92 empleados discapacitados de Grupo SIFU que hasta la fecha se encargaban del servicio telefónico de cita previa de la Agencia Tributaria. En vez de subrogar a los empleados, como es la costumbre habitual en casos de cambios en las subcontratas, Konecta se ha negado a hacerse cargo de los 92 empleados discapacitados que facilitaban el servicio de cita previa.

En múltiples ocasiones Santander y Konecta han presumido y alardeado de su supuesta ayuda a las personas con discapacidad con programas de ayuda a proyectos inclusivos en los que dicen “promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad dentro del territorio nacional” e “impulsar proyectos dirigidos a la mejora de la empleabilidad, la autonomía y el empoderamiento de las personas con discapacidad”.

Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad y tienen la oportunidad de demostrar esa labor social de ayuda a las personas con discapacidad han mostrado su verdadera cara dejando sin empleo a 92 discapacitados, mostrando el rostro más cruel del nuevo capitalismo y que es falso todo lo que muestran a través de las campañas de marketing de su departamento de comunicación apoyadas por sus medios afines.

Estos trabajadores con discapacidad que no fueron subrogados en Konecta han sido despedidos de su trabajo y ni siquiera fueron recibidos por ningún representante de Konecta, a pesar de haber estado esperando largas horas en sus oficinas.

La actuación de Konecta va en contra de lo que dicen que son sus principales objetivos «el apoyo, la formación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social como son las personas con discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de larga duración y mujeres con cargas familiares. Además, apoya iniciativas de I+D que mejoren la accesibilidad física y tecnológica en los centros de trabajo, asesora a empresas para el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y desarrolla proyectos enfocados al empleo y formación de personas con discapacidad».

Señora Ana Patricia Botín, ¿qué será de estas 92 personas con discapacidad que se han quedado en la calle? ¿Dará instrucciones a Konecta para que estos trabajadores sean, finalmente, subrogados en sus puestos en el servicio que llevan desempeñando años para la Agencia Tributaria?

Prohíben a Puigdemont recurrir el amparo de Pablo Llarena

Fernando Presencia / Josep Jover
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Prohíben a Puigdemont recurrir el amparo de Pablo Llarena

La Permanente del CGPJ acordó comunicar el acuerdo de amparo adoptado el 16 de agosto de 2018 solo al denunciante, a Pablo Llarena Conde, y no a los denunciados, Maria Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comin Oliveres, Carles Puigdemont Casamajó, Clara Ponsatí Obiols y Lluis Puig Gordi, para que no pudieran interponer ningún tipo de recurso frente al mismo.

Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a su notificación, el acuerdo disponía lo siguiente: “Particípese este acuerdo al denunciante con indicación de que contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notificación de la misma. Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución. En este último caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo, hasta que se haya resuelto el recurso de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo”.

Como es de ver las disposiciones relativas a su notificación contempladas en el acuerdo de la Permanente que aprobó el amparo de Pablo Llarena, se referían a la notificación personal del acuerdo solo al “denunciante” (al solicitante del amparo) y en ningún caso se contenía previsión alguna de notificación del acuerdo a los denunciados.

Y no se trata de ninguna omisión errónea o de un error de transcripción, por cuanto en su redacción no solo se omite la mención a los “denunciados” sino que además se utiliza la persona del singular en el empleo de la forma verbal “podrá”, y no el plural “podrán”. Por lo que queda claro que la intención de la Permanente era notificar el acuerdo solamente a quien desde luego no tenía interés alguno en recurrir la decisión, esto es solo a Pablo Llarena, informándole de recursos que no tenía ninguna intención de utilizar.

Esta forma de proceder de la Permanente viola frontalmente lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Constitución Española cuando establece que todas las personas tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

No en balde en el acuerdo de amparo se referían a Pablo Llarena como el “denunciante”, y en consecuencia se supone que Maria Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comin Oliveres, Carles Puigdemont Casamajó, Clara Ponsatí Obiols y LLuis Puig Gordi deberían de tener la condición de “denunciados”, con el derecho irrenunciable a ser informados de la denuncia previa formulada contra ellos, a defenderse y hacer alegaciones, y a que se les notificara la decisión que resolviera la denuncia informándoles de los recursos que procedían.

De hecho, el artículo 322 del Reglamento de la carrera judicial establece que, admitida a trámite la solicitud de amparo, la Comisión Permanente conferirá traslado a la persona, entidad o asociación de quien deriven los actos que motivaron la petición de amparo, para que efectúen cuantas alegaciones estimen convenientes.

Sin embargo, nada de esto se ha observado en la tramitación del amparo a Pablo Llarena, donde la Permanente no dio traslado a ninguno de los denunciados para hacer alegaciones.

Ni siquiera se acordó que los denunciados fueran al menos requeridos para que cesaran o se abstuvieran en el futuro de cualquier acto que pudiera perturbar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de Pablo Llarena.

No existe ninguna comunicación oficial a los denunciados Maria Meritxell, Serret Aleu, Antoni Comin Oliveres, Carles Puigdemont Casamajó, Clara Ponsatí Obiols y LLuis Puig Gordi de la existencia del procedimiento de amparo a Pablo Llarena o de sus resoluciones.

¿Por qué?

Maíllo acusa a Díaz de liquidar la S y la O del PSOE

Santiago Aparicio
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Maíllo acusa a Díaz de liquidar la S y la O del PSOE

Se nota que estamos en la precampaña electoral. Desde el PSOE defendiendo un presupuesto para 2019 que ya saben que no saldrá aprobado, salvo que aceptase todas las enmiendas de IU y Podemos (ni PP, ni Cs le darán ese apoyo). Por ello, tanto la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como Mario Jiménez se han dedicado a atacar a la oposición con futuribles sobre esos presupuestos que no se implantarán hasta después de las elecciones regionales. Precampaña electoral que la propia presidenta está llevando a cabo tanto en las redes del partido (donde la marca PSOE está empequeñecida), como en su actividad diaria en la Junta.

Ataques a Juan Marín para marcarle en territorio, que se avenga a lo pactado y que tenga valentía de enfrentarse a Albert Rivera por el bien de los andaluces. Así, y aprovechando que hacen un favor a Pedro Sánchez por los ataques recibidos, Jiménez ha querido hacer broma con Rivera al recordarle que no sabe ni qué significa el 28 de febrero para Andalucía. En su tono pastoral y eclesiástico, el portavoz socialista ha sido hasta generoso al pensar que sabría el santoral del día por haber estudiado toda su vida en centros católicos. Con Juan Manuel Moreno Bonilla la cosa ha sido sencilla porque lleva casi cuatro años de vacaciones y por mucho que diga ahora pues ya va con retraso.

La coyunda la ha tenido con la izquierda andaluza. Tanto con Teresa Rodríguez como con Antonio Maíllo. Y aunque la mala uva y la acidez suele sacarla con la dirigente morada, en esta ocasión el comunista ha estado brillante y disparando a los puntos flacos de Díaz. Decimos esto por la respuesta sin fuerza de la presidenta. Como siempre se ha acogido Díaz a la demagogia y a lo que hacen otras IUs y Podemos fuera de la región. La culpa de todo lo malo que pasará en Andalucía será su culpa por no haber aprobado el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Y será su culpa porque no se verán en los presupuestos. Sí, esos mismos que no van a salir aprobados y que por lo tanto como si suben el techo de gasto hasta un 900%.

Como sea que Juan Cornejo el otro día se lanzó a pedir a la militancia y votantes de IU Andalucía que votasen a Susana Díaz y se fuesen al PSOE, Maíllo le ha mostrado la realidad a la presidenta. No esa ficción que vende desde hace años (como se pudo comprobar en la enorme derrota en las primarias de los socialdemócratas). Así le ha recordado que lleva de “campaña electoral sin pudor alguno que, por cierto, es algo normal en usted”. Mas no se ha quedado sólo en eso y ha querido recordarle que no les ha llamado para negociar el presupuesto de 2019, que sería lo mínimo antes de señalarles con el dedo. Y no sólo no les ha llamado para negociar sino que se ha atrevido a pedir a los votantes de IU de Andalucía que se pasasen al PSOE. “Que hay que tener el morro duro, pero duro. Es verdad que no me sorprende, usted tiene una capacidad sin límite de sorpresa, también sin límite de hacer el ridículo” le ha espetado Maíllo.

Si no fuera poco que la izquierda andaluza apoye presupuestos algunos sin llamarles para negociar, le ha explicado, para que no se olvide, que no sólo tiene morro sino que no puede pedir árnica a la izquierda ahora tras haber gobernado durante tres años con la extrema derecha de Ciudadanos (“aunque su aparato de propaganda quiera que lo olvidemos” ha recalcado). Le ha pedido, toda vez que se ha venido arriba como ha reconocido él mismo, que explique cómo se puede gobernar con un partido que tiene una pelea por quitar impuestos a los más ricos con el PP. Sólo quiere introducir ruido en el sistema porque “se ha quedado sin pescado que vender” y por tanto recurre a la demagogia y la frivolidad de jugar con las personas que más sufren, con la clase trabajadora, con los débiles que viven consternados en una “Andalucía que no existe, que se la inventan ustedes y sus asesores”.

Por ello ha querido recordar a quien perdió las primarias del PSOE, dejando dos años abandonada Andalucía por sus peleas, que ha sido la culpable de “liquidar las palabras socialista, obrero y Andalucía de su partido”. Con ello quería visualizar Maíllo el constante abandono de la clase trabajadora por parte de la Junta de Andalucía. Quería visualizar la carencia total de ideología, cuando menos socialdemócrata de la presidenta de la Junta. Quería visualizar que por mucho “muy mucho andaluza” que se califique, al final su mirada está más arriba de Despeñaperros (donde se ha comprobado que no la quieren), que su andalucismo es de usar y tirar justo después del 28 de febrero. Maíllo ha querido explicar, con pocas palabras pero muy visuales, que el andalucismo es el de todos los días.

Los clanes de la droga entran también en el negocio del tráfico de migrantes en El Estrecho

José Antequera
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Los clanes de la droga entran también en el negocio del tráfico de migrantes en El Estrecho

Los clanes que controlan el narcotráfico en la zona del Campo de Gibraltar han visto un buen negocio en la inmigración clandestina. Según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 10 de septiembre se detectó un vídeo en el que supuestos contrabandistas de droga trasladaban a varias personas que habían recogido en Marruecos para hacerlas saltar al agua cerca de la playa de los Lances, en Tarifa. Durante esta operación fueron interceptados seis inmigrantes, mientras que los traficantes lograron huir.

El narcotráfico ha sobrepasado ya el ámbito de la delincuencia común para convertirse en un problema de mucha más envergadura, y expertos policiales consultados por Diario16 hablan ya de auténticos cárteles de la droga asentados en las costas andaluzas y formados por grandes bandas dotadas de medios e infraestructuras, “cada vez más inabordables para los policías y guardias civiles”.

Las fuentes policiales consideran que nos encontramos ante una peligrosa coincidencia de actividades delictivas: la del tráfico de estupefacientes y la de las mafias que se lucran con la desesperación de las personas que tratan de acceder irregularmente a territorio español. Esta conjunción incrementa “exponencialmente” el riesgo que afrontan los agentes de fronteras en su trabajo y dificulta enormemente su eficacia.

“Desde AUGC venimos reclamando desde hace tiempo la puesta en marcha de un plan integral contra estas bandas, que conjugue el trabajo policial con el institucional y que pase, en primer lugar, por el refuerzo de medios y personal en la zona”, asegura la asociación que defiende los intereses de los agentes de la Benemérita.

Según AUGC nos encontramos ante delincuentes que, además de contar con grandes medios y apoyos en la zona, recurren a la violencia cada vez con mayor frecuencia, de ahí el riesgo de que el Campo de Gibraltar termine convirtiéndose en territorio narco donde las bandas campan a sus anchas, tal como informó Diario16 en un reciente reportaje. La entrada de estos clanes mafiosos en el negocio de la inmigración irregular (uno de los más lucrativos junto al contrabando de drogas y la prostitución) no hace sino demostrar la “envergadura y el potencial de estas bandas, así como la cada vez más perentoria necesidad de hacerles frente con todos los medios al alcance de nuestro Estado de Derecho y nuestras fuerzas de seguridad”, insisten las fuentes de AUGC, que viene alertando de la grave situación que se vive en las costas andaluzas sin que ningún gobierno tome la decisión de destinar presupuestos a un gran plan integral de seguridad para la frontera sur española.

Desde hace años, AUGC reclama un aumento de 300 agentes uniformados en Algeciras y unos 100 para los equipos de investigación

El mayor problema en el Estrecho es el incesante y diario trasiego de hachís entre la costa marroquí y la española. Ahora los clanes de la droga han caído en la cuenta de que embarcando a varios inmigrantes en las narcolanchas, junto a los fardos de droga, los beneficios se incrementan de forma considerable. Cada lancha puede llegar a transportar hasta 2.500 kilos de hachís. Unos cinco millones de euros por viaje. De 5.000 a 7.000 millones al año, que es lo que se supone mueve el tráfico de estupefacientes a gran escala en la zona. Si a esa cifra se suma que cada inmigrante puede llegar a pagar a las mafias entre 1.000 y 2.000 euros por pasar al otro lado, esto da una idea del volumen del negocio y la magnitud del problema. En ocasiones los traficantes cobran al migrante el doble del precio estipulado, bajo el argumento de que el viaje es más rápido y seguro en una narcolancha que en una patera destartalada.

Desde hace años, AUGC reclama el aumento de unos 300 agentes uniformados para esta Comandancia y unos 100 para los equipos de investigación con el fin de poder combatir el narcotráfico de una forma “eficaz y efectiva”, sin que el servicio de Seguridad Ciudadana se vea mermado, como está ocurriendo en la actualidad, “ya que con las avalanchas de migrantes se han tenido que dedicar la mayoría de los recursos policiales a atender estas incidencias”, explican las fuentes de la asociación.

IU pide al gobierno voluntad política para la reforma fiscal

Amalia Yebra
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IU pide al gobierno voluntad política para la reforma fiscal

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, ha encabezado la delegación de esta formación que se ha reunido hoy con representantes de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Ésta agrupa en estos momentos al mayor número de organizaciones sindicales, profesionales y ONGs que exigen conjuntamente al Gobierno un giro en la política fiscal. Sánchez Mato ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez “voluntad política para acometer la reforma fiscal que es absolutamente imprescindible para que haya justicia fiscal en este país” y ha reconocido que desde La Moncloa “se va demasiado lento para adoptarla” dentro de las conversaciones iniciadas hace ya varias semanas.

El responsable económico de IU ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación en dependencias parlamentarias donde ha tenido lugar este encuentro que “entendemos que hay vías más que suficientes para obtener ingresos fiscales que financien las políticas de gasto que estamos acordando con el Gobierno de Sánchez. Lo que tiene que existir es voluntad política para acometer esa reforma que es absolutamente imprescindible para que haya justicia fiscal en este país”.

Sánchez Mato ha reconocido la máxima coincidencia de Izquierda Unida con las demandas que plantea la Plataforma por la Justicia Fiscal. Detalló que “en nuestra formación hemos bebido siempre de los planteamientos, enseñanzas y propuestas que la sociedad civil organizada ha planteado en materia fiscal y, especialmente la Plataforma por la Justicia Fiscal, compuesta por organizaciones de indudable prestigio en nuestra sociedad”. De ahí que invitara a sus interlocutores del Gobierno socialista a que les otorgue el “papel fundamental a la hora de ser escuchados” que merecen “de cara a los planteamientos que estamos negociando”.

Carlos Sánchez Mato respondió a las preguntas de los periodistas sobre la marcha de las negociaciones con el Ejecutivo del PSOE indicando que “la prisa la tiene la gente, que necesita que determinadas políticas en materia de gasto se implementen ya y que se avance en otras medidas en materia de justicia fiscal”.

“Entendemos que las causas de que haya estas vías de agua en el sistema fiscal son evitables y se puede perfectamente abordar su eliminación. Lo que tiene que existir es voluntad política y el Gobierno está yendo demasiado lento para adoptarlas, aunque las estuviera defendiendo no hace mucho tiempo en la oposición” ha dicho.

Carlos Cruzado, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) y que hoy ha hecho también las veces de portavoz de la Plataforma por la Justicia Fiscal destacó que entre los temas que más les interesa que se modifiquen está “el actual marco tributario, que tiene más de 40 años y ha sufrido tantos parcheos que está en peligro la progresividad del sistema”, además de que también peligra “el principio de suficiencia para garantizar los ingresos que necesita el Estado del bienestar y tenemos un grave problema de economía sumergida y de fraude fiscal”.

Reconoció que para abordar esta reforma integral del sistema “se necesita un acuerdo de todas las fuerzas”, lo que no impide que hasta entonces la Plataforma comparta estrategias con IU para abordar “la baja recaudación del Impuesto de Sociedades, cuyos ingresos no se han recuperado frente a los de antes de la crisis, cuando sí lo han hecho los demás” o “dotar de más progresividad al Impuesto de la Renta y ejecutar también el impuesto a las transacciones financieras, cuya implementación en nuestro país se demora”.

López Pagán: Es indignante que PP y su comparsa Ciudadanos quebranten la Constitución al actuar al dictado de intereses privados

Martha Golfín
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López Pagán: Es indignante que PP y su comparsa Ciudadanos quebranten la Constitución al actuar al dictado de intereses privados
El portavoz del grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán afirma que “es indignante que la Asamblea Regional tenga que revisar y cuestionar una ley que no hacen los grupos parlamentarios, sino una organización empresarial que vela por intereses económicos privados -legítimos y respetables- pero que nada tienen que ver con el interés general de la ciudadanía”.
López Pagán criticó la chapuza que representan leyes que únicamente responden a intereses económicos y, como en este caso, que pueden atentar contra principios básicos constitucionales y medioambientales, tal y como recoge el informe de la Asamblea Regional.
“Cuando un presidente como López Miras no sabe lo que hace ni lo que dice y cuando se pone en manos de terceros para hacer leyes ocurren situaciones como lo sucedido con la Ley de aceleración empresarial. Por eso, exigimos a sus artífices que retiren inmediatamente ese texto de la Asamblea, para buscar otras soluciones dentro del marco legal ”.
El portavoz socialista, que anunció que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a la totalidad, califica de “vergüenza que el PP y la comparsa de Ciudadanos hagan el ridículo haciendo suyos intereses económicos que no contribuyen al bienestar general y  desprecian el medio ambiente. Estas son las consecuencias de tener un presidente por accidente y un gobierno paralizado e incompetente”, concluyó.

La Junta muestra su confianza en el gobierno de Sánchez

Diario16
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La Junta muestra su confianza en el gobierno de Sánchez

El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la Junta celebra las «noticias esperanzadoras» sobre el contrato de Navantia y confía en las gestiones del Gobierno central. En su intervención ante el pleno del Parlamento, Jiménez Barrios ha apuntado que el Ejecutivo andaluz viene trabajando «de la mano del Gobierno central» para garantizar la carga de trabajo de Navantia. Para cualquier «Gobierno responsable de lo que se trata es de ayudar a resolver este conflicto», ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico siempre «ha sido consciente de que estábamos ante una situación muy compleja de resolver» por lo que en todo momento la Junta «ha llamado a la prudencia, a la negociación y a la calma». En el mismo sentido, ha celebrado las «noticias esperanzadoras» que se van conociendo, pero ha advertido de que «hay que ser prudentes para no alimentar una alarma» en una situación «que afortunadamente está encauzada».

La intervención del vicepresidente ha coincidido con una asamblea de trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz), que ha desconvocado las movilizaciones, y tras la confirmación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, de que el Gobierno enviará a Arabia Saudí las 400 bombas láser del Ejército vendidas en virtud de un contrato en 2015 cuya posible revocación podría condicionar el contrato para la construcción de las citadas corbetas.

Por este motivo, ha apelado a la responsabilidad para no crear alarma en un asunto en el que está en juego el futuro de 6.000 trabajadores. Según ha indicado, «nosotros vamos a estar cerca de los trabajadores porque los comprendemos y también ayudamos al Gobierno de España en la búsqueda de soluciones» porque lo que «los miembros del comité de empresa y los trabajadores esperan de los políticos es la solución definitiva y que haya carga de trabajo en la Bahía de Cádiz».

En este punto, ha pedido «confiar en las gestiones del Gobierno» y ha valorado que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pilotado «muy adecuada y acertadamente las cuestiones diplomáticas encaminadas a solucionar la situación planteada». La presidenta Susana Díaz y el presidente Pedro Sánchez y varios ministerios han estado y están desde el primer día trabajando para encontrar un resultado satisfactorio a esta situación.

Jiménez Barrios ha recordado el «dilatado proceso» de negociación para conseguir el contrato de las corbetas con Arabia Saudí, que se iniciaron en 2015 «con muchas horas de discusiones y que estuvo en vilo infinidad de veces», por lo que ha pedido responsabilidad «para no añadir más elementos de incertidumbre».

Los afectados de la devolución de las ayudas por los terremotos amenazan con un “otoño caliente”

J.A.G.
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Los afectados de la devolución de las ayudas por los terremotos amenazan con un “otoño caliente”

Los concejales de IU-Verdes, Pedro Sosa y Gloria Martín, han mostrado su satisfacción porque ayer, a instancias de Izquierda Unida, representantes de los dos grandes partidos, PP y PSOE, se sentasen a dialogar y a dar explicaciones a los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011.

El Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP), en un gesto que los ediles de IU han calificado de “valiente y responsable”, asistió a la sexta asamblea de damnificados, que se celebró en el Centro Cultural de la Ciudad y que reunió a casi 300 vecinos. Gil aseguró que la próxima semana estarán listos los formularios que los afectados tendrán que cumplimentar para acogerse a la justificación por cuenta simplificada en virtud de la Ley 8/2018 de ayudas de Lorca, aprobada en la Asamblea regional por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado mes de julio. A esta vía podrán acogerse aquellos que, siete años después de la tragedia, ya no disponen de las facturas necesarias para justificar el empleo de las ayudas en la reparación de sus viviendas. Estos vecinos también deben contar con un informe técnico municipal que acredite que las obras se han realizado, por lo que desde IU les han animado a solicitar las inspecciones. Según informó la concejala de Recuperación tras los Terremotos, Saturnina Martínez, también presente en la asamblea de afectados, esta semana se realizarán medio centenar de inspecciones de las 190 que aún están pendientes. También se comprometió a agilizar los trabajos para terminar lo antes posible con la lista de espera.

Respecto al dictamen que clarifique el cómputo de las prescripciones, la Abogacía del Estado se ha declarado incompetente para realizarlo. Por su parte, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha resuelto que el Ayuntamiento tampoco es competente para solicitarlo. Por ello, Gil se comprometió a estudiar con los servicios jurídicos de la Consejería de Fomento qué organismo se va a encargar de volver a pedirlo.

Gloria Martín se mostró contundente al respecto y aseguró que apelarán “a las instancias que sean necesarias” para que prevalezca la Ley, que establece un plazo de prescripción de cuatro años a partir del momento en que finalizó el plazo de los afectados para justificar el empleo de las subvenciones.

Reunión con el Ministro de Fomento

Sosa y Martín también agradecieron al Secretario General del PSOE en Lorca, Diego José Mateos, las gestiones realizadas para que el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibiera ayer a miembros de la Plataforma y pudieran entregarle por escrito las peticiones de este colectivo. La fundamental es que el Estado condone su parte de los intereses de demora para que aquellos que ya devolvieron las ayudas no estén recibiendo ahora notificaciones por la vía de apremio que incluyen un recargo del 20%.

Uno de los portavoces de la plataforma, Manuel Navarro, informó de las principales conclusiones de dicho encuentro. Explicó que desde el Ministerio se alega “falta de conocimiento” de esta problemática, lo que Navarro calificó de “excusa poco creíble” porque los afectados se reunieron en julio con el Delegado del Gobierno y un mes antes, se informó al Secretario de Estado, Pedro Saura, entonces diputado del PSOE en el Congreso, a través de una carta. Por ello, Navarro pidió a los responsables de una y otra administración que se sienten en la misma mesa en una reunión extraordinaria de la Comisión Mixta en la que también tiene representación el Ayuntamiento.

Al respecto, Navarro exigió al presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), que propicie ese encuentro “de manera urgente” y que todos aparten las “guerras de egos” y los “dimes y diretes” para que den soluciones en vez de poner “palos en las ruedas”.

No obstante, el portavoz de la Plataforma se congratuló de la buena disposición tanto del Ministro y su equipo, como del Delegado del Gobierno, quienes se han comprometido a colaborar para poner fin a un “sin vivir” que mantiene en vilo a un millar de familias en Lorca.

Por su parte, Pedro Sosa pidió que se deje de cuestionar la validez de la Ley 8/2018, que fue aprobada por unanimidad y pasó el filtro de los servicios jurídicos de la Asamblea. “Los afectados no necesitan más enredos ni que les asuste diciendo ahora que la ley es recurrible”, aseguró. “Exigimos su aplicación inmediata porque es el instrumento, pactado por todos, para acabar de una buena vez con el sufrimiento de nuestros vecinos y vecinas”, recordó. “Que a nadie se le vaya ocurrir jugar con esto porque nos tendrá en frente y a los afectados también”, añadió.

Por último, Gloria Martín aseguró que tanto desde la Plataforma como desde IU “vamos a estar muy pendientes de los movimientos de todos” y a ser “inquebrantables” en la exigencia de soluciones. “Tienen un voto de confianza que expira en quince días, si no vemos avances importantes, tendremos un otoño caliente y nos concentraremos en todas las inauguraciones y actos donde haya presencia de las autoridades autonómicas y estatales que tienen en su mano resolver esto antes de comernos del pavo de Navidad”, advirtió. “Si los concejales de IU estamos demostrando que, por encima de protagonismos y cálculos electorales, no nos importa sentarnos con quien sea en beneficio de nuestros vecinos, los de arriba tienen que ser capaces de acabar con la confrontación y las peleas de gallos y propiciar encuentros como ya hemos hecho todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Lorca”, concluyó.

El Gobierno subvenciona el agua de riego en Canarias «y olvida» la rebaja del agua desalada en Almería

Diario16
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El Gobierno subvenciona el agua de riego en Canarias «y olvida» la rebaja del agua desalada en Almería

Los agricultores canarios contarán en breve con una subvención del Estado para abaratar los precios del agua de riego. El pasado lunes, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó el “establecimiento reglamentario de un sistema de compensación consignado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado que garantice la moderación de los precios de las aguas desaladas, reutilizadas y procedentes de pozos y galerías hasta alcanzar un precio equivalente al del resto del territorio nacional”. Así lo recoge el nuevo artículo incorporado al proyecto de Ley para modificar la Ley 19/1994 que regula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que contempla además el pago de esta subvención con carácter retroactivo desde el uno de enero de 2018.

Las autoridades canarias ya han manifestado públicamente su satisfacción por el acuerdo parlamentario sobre las subvenciones al agua de riego, con el que se culmina ahora un largo trámite iniciado durante la etapa de Mariano Rajoy. En las islas esperan que sea inminente la aprobación definitiva del proyecto de Ley, que incluye un completo paquete de incentivos fiscales y económicos. Hay que tener en cuenta que dicho proyecto de Ley contempla otras ayudas excepcionales al sector agroalimentario canario, como la bonificación del 100% de los costes del transporte de mercancías entre las islas y la Península. A esto hay que añadir los seis millones de euros que el Gobierno de Rajoy concedió a los regantes canarios en diciembre pasado para la mejora energética del riego agrícola, a través del RD 1033/2017.

Sin rebaja del agua desalada 

Mientras tanto, los regantes de Almería siguen esperando la prometida rebaja del precio del agua desalada a 0,30 euros/m3, al amparo de la Ley 1/2018 de Medidas Urgentes contra la Sequía, que entró en vigor el pasado mes de marzo. Dicha Ley recoge la creación de un Fondo Extraordinario contra la Sequía dotado con una primera anualidad de 1.000 millones de euros, la puesta en marcha del plan ‘Mediterráneo sin sed’ para ejecutar las obras pendientes que permitan optimizar la desalación, y la habilitación de los mecanismos de subvención necesarios para que el precio del agua desalada no exceda de 0,30 euros/m3.

“Se ha creado un importante agravio comparativo con los productores canarios en claro perjuicio de los regantes de Almería. Cada año tenemos que abandonar producciones por la pérdida de competitividad frente a otros países, como ha sucedido con el tomate suelto, y está claro que el precio del agua lastra cada vez más nuestros costes de producción”, explica el portavoz de la Mesa del Agua, José Antonio Fernández.

“Nos gustaría ver que los parlamentarios socialistas por Almería reclaman ahora con el mismo ahínco que cuando estaban en la oposición las ayudas e infraestructuras imprescindibles para garantizar el abastecimiento de agua en el campo almeriense”, añade José Antonio Fernández. Cabe recordar que la Comisión de Hacienda del Congreso está presidida por el diputado socialista sevillano Antonio Pradas y de ella forma parte el diputado almeriense del Grupo Popular Juan José Matarí. “Nos sorprende que políticos andaluces que son conocedores de nuestra realidad puedan convertirse en cómplices de una situación que supone un importante agravio económico para la actividad que más empleo genera en la provincia de Almería”, según Fernández.

La Mesa del Agua solicitará una reunión con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para reclamar la rebaja del agua desalada y darle a conocer las infraestructuras necesarias para resolver el déficit hídrico de la provincia con el objetivo de eliminar la incertidumbre con la que actualmente el sector agrícola inicia cada campaña.

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