domingo, 25 enero, 2026

El BCE no explica las medidas prudenciales aplicadas al Banco Popular que exige la Ley

Esteban P. Cano
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El BCE no explica las medidas prudenciales aplicadas al Banco Popular que exige la Ley

El pasado 19 de julio la Comisión Europea anunció que llevaba a España ante el TJUE por no aplicar las normas prudenciales de la UE para bancos y empresas de inversión que deberían haber sido implementadas en el año 2.013. Los Estados de la UE debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2013. En enero de 2015, la Comisión Europea solicitó formalmente a España que transpusiera la Directiva. En enero de 2018, se emitió un dictamen motivado contra España y, desde entonces, el Reino de España no ha comunicado aún las medidas que faltaban relacionadas con la Directiva en cuestión. En concreto, y según el comunicado de prensa hecho público por la Comisión, se lleva a nuestro país ante los Tribunales porque, a día de hoy, «España no ha aplicado plenamente estas normas de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Se refieren principalmente a los siguientes aspectos: determinadas competencias y facultades de las autoridades nacionales competentes en relación con las empresas de inversión; y la imposición de sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales. Entre las disposiciones que faltan figuran mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento de los requisitos de capital, normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección y la obligación de las autoridades competentes españolas de ponerse en contacto con el supervisor consolidado con el fin de obtener la información, lo que hace más difícil la cooperación en materia de supervisión. Por último, las normas de gobernanza empresarial más son débiles en España, dado que no se ha transpuesto la obligación de contar con órganos de dirección diversos y cualificados de las entidades».

Además, esta directiva establece los requisitos prudenciales para las entidades de crédito de la UE «mediante la determinación de normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas de los riesgos a los que están expuestas. La Directiva también establece normas sobre la autorización y la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital».

Ante esta situación, los afectados del Caso Banco Popular (tanto individualmente como a través de los servicios legales de asociaciones o plataformas) solicitaron inmediatamente al BCE qué tipo de medidas prudenciales establecidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 se aplicaron sobre el Banco Popular, qué normas aplicadas de supervisión sobre la entidad o qué normas implementadas en cooperación en materia de supervisión con el BCE, ambas normas recogidas en el mismo Reglamento, se aplicaron al Popular.

Para el BCE esta respuesta debería ser sencilla porque su actividad está basada, en parte, en el cumplimiento de los procedimientos incluidos tanto en las directivas como en los reglamentos de la Unión Europea. Sin embargo, en las comunicaciones remitidas a los afectados a las que ha tenido acceso Diario16, el Banco Central Europeo no explica nada más allá del argumentario oficial: «el Banco Central Europeo (BCE) no puede atender su solicitud. Debido a las obligaciones de secreto profesional y normas de confidencialidad vigentes, el BCE no puede divulgar información prudencial o de supervisión de entidades de crédito específicas».

Más adelante, el BCE afirma lo siguiente: «Asimismo, le recordamos que Banco Popular Español S.A. fue objeto de la supervisión en base consolidada del BCE. El 6 de junio de 2017, el BCE concluyó que Banco Popular era inviable, o previsiblemente inviable, debido al deterioro significativo de su situación de liquidez. […] la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó un dispositivo de resolución consistente en la venta de la entidad a Banco Santander S.A. Este dispositivo de resolución fue implementado por la Resolución de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 7 de junio de 2017, en la que se exponen los antecedentes de hecho, su valoración, así como las decisiones y el procedimiento de recurso». El texto finaliza con la remisión del afectado a la JUR para cualquier asunto relacionado con el Banco Popular.

Por tanto, el BCE, que es la institución que debe velar por el cumplimiento de las directivas y reglamentos europeos por parte de los Estados miembros de la UE y de las entidades de crédito, no da ninguna explicación sobre las medidas prudenciales aplicadas al Banco Popular según la normativa europea que, por cierto, España no aplica según la denuncia de la Comisión ante el TJUE. Tampoco explica los procedimientos de supervisión aplicados al sexto banco español de los que es el BCE el máximo responsable.

En definitiva, una nueva muestra de cómo las instituciones económicas europeas se están intentando cubrir las espaldas de cara a la resolución final por parte del TGUE de los recursos de los afectados por los que la JUR (institución que forma parte del BCE) será juzgada por, al menos, 6 delitos, según adelantó Diario16 en el mes de junio.

Tanta opacidad y tanto «dar largas» a los afectados no es más que un ejemplo más de querer ocultar la presunta complicidad de Europa en la operación que terminó con la venta del Popular al Santander y con la ruina de más de 1,5 millones de personas.

Comisiones Obreras también denuncia el fraude de miles de falsos autónomos en el sector de las aseguradoras

José Antequera
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Comisiones Obreras también denuncia el fraude de miles de falsos autónomos en el sector de las aseguradoras

No solo la Inspección de Trabajo ha puesto la diana en las grandes compañías aseguradoras ante la situación de explotación laboral que viven miles de trabajadores contratados como falsos autónomos  ‒tal como ha denunciado en exclusiva Diario16‒, sino que los sindicatos también tienen constancia de la magnitud del fraude. Así lo ha confirmado Fernando Escudero, responsable del sector Seguros de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, para quien todas las grandes empresas de pólizas de seguros nacionales e internacionales incurren en estas prácticas ilegales. “Hay mucho contrato mercantil, en algunos casos lo hemos demostrado en los tribunales. Poco a poco vamos logrando pequeñas victorias, pero la iniciativa de denunciar debe partir de los propios trabajadores”, alega.

Escudero admite que desconocía la existencia de la Asociación Liberados de Mapfre  ‒la organización fundada por un grupo de exdelegados de oficina de esta compañía multinacional que se han agrupado para defenderse de los abusos del sector‒, hasta que Diario16 publicó un reportaje sobre su reciente creación. “Los delegados de Mapfre no se han dirigido a nosotros porque ellos no estaban regulados por un contrato laboral. No obstante, vamos teniendo conocimiento del desmadre en el sector a través de nuestros enlaces sindicales en las compañías aseguradoras”, explica Escudero.

En general, CC.OO está al corriente del gigantesco fraude de los falsos autónomos en el sector de los seguros, que se produce cuando una empresa ficha a un agente o vendedor mediante un contrato mercantil ‒en lugar de uno laboral por cuenta ajena‒, para ahorrarse el pago de los impuestos a la Seguridad Social. Desde que se instauró la reforma del mercado laboral de Rajoy en 2012, los inspectores de Trabajo que visitan las numerosas delegaciones y oficinas de estas grandes compañías en todo el país vienen detectando anormalidades flagrantes, como que el ordenador del supuesto trabajador autónomo pertenece en realidad a la empresa, que existe un horario laboral establecido y que unos directivos supervisan las tareas del agente, de forma que en esos casos “decae la autonomía” y existe una relación laboral por cuenta ajena que está siendo encubierta. Finalmente, lo que suele ocurrir en esos supuestos es que el inspector obliga a la empresa a que dé de alta al corredor de seguros como un trabajador más, bajo apercibimiento de sanción.

Detectar a un falso autónomo

En las compañías aseguradoras existen dos realidades laborales bien distintas: la que viven los delegados de las oficinas, que funcionan como autónomos y que son quienes fichan a los vendedores; y la de los propios agentes comerciales, que son contratados por estas subcontratas o bien directamente por la empresa madre. Sin embargo, en todos ellos se advierte un factor común: el contrato casi siempre es mercantil, lo cual esconde un inmenso fraude, ya que miles de empleados trabajan en estas condiciones cuando deberían tener un contrato laboral.

Detectar a un falso autónomo no resulta fácil y los inspectores de Trabajo, cuyas plantillas están muy mermadas por los recortes, tienen que investigar detenidamente caso por caso. “Al principio, las grandes compañías ayudaron a los delegados a montar sus oficinas y ganaron mucho dinero, pero tras la crisis la situación ha cambiado y ahora se les exige unos objetivos mínimos en ventas que muchos no pueden alcanzar. Por eso ya no cuentan con ellos y están siendo despedidos. Es duro”, asegura Escudero.

Así, a base de amenazas de despido e imponiendo las técnicas anglosajonas del marketing más agresivo, se ha ido instalando la precariedad en las empresas aseguradoras: horarios interminables, bajos salarios, pérdida de derechos adquiridos… “No nos gusta esta situación, primero porque favorece la explotación laboral; y en segundo lugar porque se devalúa la calidad del trabajo. Cualquiera que venda seguros debería tener unos conocimientos mínimos de lo que lleva entre manos para evitar casos como el de las preferentes”, afirma el portavoz de Comisiones Obreras. Precisamente con la intención de mejorar la calidad de los profesionales, la UE prepara la Directiva sobre Distribución de Seguros, que exigirá una mínima formación al vendedor y tratará de combatir la precariedad en el sector.

Comisiones Obreras reconoce que la situación de los delegados queda al margen de su control, ya que sus enlaces sindicales en cada empresa velan por los intereses del personal laboral, no por aquellos que trabajan con contrato mercantil. Tal situación de desbarajuste y abuso ha sido detectada ya por los inspectores de Trabajo, que manejan información suficiente para trasladarla al Gobierno de Pedro Sánchez.  En una entrevista concedida a Diario16, Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), ha solicitado la colaboración de todos los trabajadores del sector para destapar una situación de precariedad laboral que puede afectar a miles de agentes de seguros en toda España. Yébenes sospecha que solo se llega a descubrir una mínima parte del fraude laboral porque “existe miedo” a denunciar y a perder el empleo o simplemente porque muchos trabajadores “desconocen” las funciones reales de la Inspección de Trabajo.

“Los necesitamos, necesitamos que los trabajadores presenten denuncias ante la Inspección, datos concretos para que nosotros podamos actuar”, asegura el portavoz de UPIT, que además entona el “mea culpa” en nombre del organismo que representa por no haber estado más presente en los medios de comunicación en los últimos años y por no haber llevado a cabo más campañas de publicidad institucional para darse a conocer e informar a la sociedad sobre los derechos laborales y los cauces legales para defenderlos.

Ataque frontal de las dictaduras privadas a la democracia y a la igualdad real

Manuel Domínguez Moreno
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Ataque frontal de las dictaduras privadas a la democracia y a la igualdad real

Detrás de la dimisión de Carmen Montón hay algo más que una investigación periodística o las presuntas irregularidades de un máster, algo mucho más serio que atenta contra la propia esencia de la democracia. Un verdadero ataque contra nuestro sistema de derechos y libertades, contra la igualdad real y contra el pueblo español.

Carmen Montón dijo en su declaración que «no todos somos iguales». Tenía razón porque en este país cuando un político trabaja para el pueblo se convierte en un peligro para las élites financieras, empresariales, políticas o económicas. La ex ministra de Sanidad dijo que recuperaría la universalidad de la sanidad y cumplió. Fue en ese momento en que en las altas esferas del poder decidieron ir a por ella. ¿Cuál fue el «delito» de Carmen Montón? No fue el máster, desde luego, sino que no podían consentir que un gobernante les arrebatara un nicho de negocio tan rentable como es la sanidad.

Todo aquel que se convierta en una amenaza las cuentas de resultados, los intereses o los planes de esas élites activa los protocolos de destrucción social buscando cualquier excusa, cualquier hecho, por nimio que sea, para generar una alarma social injustificada que provoque presión suficiente como para que la persona en concreto se vea obligada a renunciar a su cargo. Lo hicieron con Cristina Cifuentes, primero con su máster y, como la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no dimitía, buscaron una grabación que debía estar destruida —porque la ley así lo indica— para atacar la propia dignidad de la persona. Lo hicieron con Pablo Casado y su currículum académico. En ambos casos se trataba de dos figuras políticas que eran un verdadero peligro para los planes de las élites sobre quién debía sustituir a Mariano Rajoy en la presidencia del Partido Popular. Sin embargo, la apuesta les salió mal y, a pesar de la polémica de su máster y su carrera de derecho, Casado se hizo con la presidencia del PP.

Con Carmen Montón ha sucedido lo mismo. Sin embargo, el problema es extensivo a todo el gobierno de Pedro Sánchez por la implementación de políticas sociales que buscan la recuperación de la dignidad de nuestra democracia, políticas que son un peligro para las dictaduras privadas, pero que están teniendo un impacto muy positivo en la percepción que el pueblo tenía de los socialistas. Todo lo que el gobierno puede perder por sus vaivenes en ciertos asuntos como, por ejemplo, la venta de armamento a Arabia Saudí, lo recupera multiplicado por tres con su agenda social. Así lo indican los sondeos.

Por esta razón el gobierno de Sánchez se ha convertido en una grave amenaza para las élites y no han dudado en infiltrarse, a través de presuntas prebendas, en la propia organización socialista para provocar el mismo fuego amigo que se dio en el PP y aprovechando el descontento que pudieran tener personas desilusionadas porque sus expectativas no se cumplieron, personas que, además, mantienen buenas relaciones con el mundo mediático. Por ello, las élites pretenden atacar las políticas sociales del equipo de Pedro Sánchez y Carmen Calvo a través del desprestigio.

¿Quiénes son esas élites que no tienen pudor en atacar las políticas sociales que benefician al pueblo? Las mismas que no tienen escrúpulos en financiar a partidos catalogados como de extrema derecha por los más prestigiosos analistas políticos del mundo porque siempre la ultraderecha ha sido más condescendiente con los comportamientos poco éticos.

Esa es la palabra, ética. Eso es lo que se le debe exigir a un representante público y Carmen Montón ha demostrado, con su gestión de la salud pública en Valencia y en los tres meses que ocupó el Ministerio de Sanidad, que se han antepuesto los intereses del pueblo a los de quienes están ganando mucho dinero con la gestión de los hospitales públicos.

Si las dictaduras privadas no tienen ningún escrúpulo en atacar las políticas sociales, ¿qué les impide activar una marabunta contra las políticas de género? Nada. A estas élites les dan igual los actos de terrorismo machista y el hecho de que la mujer avance y que se alcance una igualdad real de género es algo que podría verse como un peligro, por más que haya mujeres que son iconos de esas élites.

En consecuencia, Carmen Montón es la última víctima de este ataque frontal contra la democracia de las dictaduras privadas. Por desgracia no será la última porque, con toda seguridad, ya tendrán en su punto de mira a quienes se salgan de los límites que las élites han establecido como la línea roja que no están dispuestos a permitir que se supere sin ningún tipo de ética ni de dignidad.

Rivera utiliza la tesis de Sánchez para tapar su Curriculum sospechoso

Santiago Aparicio
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Rivera utiliza la tesis de Sánchez para tapar su Curriculum sospechoso

Normalmente los políticos que están en franca decadencia (psíquica, moral o política) suelen tomar el camino del abismo o del suicidio (real o social). Sin más camino que recorrer por la senda que habían llevado, deciden lanzarse a ese abismo esperando que el paracaídas (si lo llevan), o alguna colchoneta les libre de estamparse contra el suelo. Este es el camino tomado por Albert Rivera en las últimas semanas, que sirve para tapar las propias mentiras de su CV. Desesperación al ver que sus mentiras, su táctica del odio y su pretenciosidad ya no son apreciadas por la mayoría. Pablo Casado le está mandando al estercolero de la historia política y eso que tiene plagios y un máster más falso que una moneda de tres euros. Como el derecha parece que robar y falsificar está bien visto, Rivera que va de santo político no termina de encajar. Y si pretendiese virar a la izquierda (esa estupidez teórica que repite constantemente de clase media trabajadora no sirve) tiene a Sánchez en el gobierno.

Contra Casado puede atacar tanto como le dejen quienes son sus verdaderos jefes, que no son sus votantes o afiliados (estos sólo sirven de relleno y para aclamar al jefe de la secta) sino los señores del dinero. Se lo advirtieron en Bilderberg y se lo han dejado claro no hace mucho, atacar sí pero sin terminar por dar el poder de decisión a Unidos Podemos. Al no lanzarse a la yugular de su adversario en la derecha, salvo para hablar del viejo bipartidismo, la ciudadanía ha abandonado a Ciudadanos. Los sondeos de los medios amigos no le dejan caer con estrépito, pero no sería de extrañar que tengan encuestas en las que Ciudadanos se hunde poco a poco. Por este motivo ha tenido que lanzar sospechas sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tan desesperado está que no ha calibrado el golpe a darse.

En las últimas semanas está mostrando numerosas patologías Rivera y la última ha sido atacar a Sánchez por una tesis doctoral que podrá ser mejor o peor, pero que es legal y sin plagios. Plagiar una tesis de 324 páginas con 10 de ellas, como poco, de bibliografía sería muy estúpido. Más que nada porque alguno de los cinco miembros del tribunal seguro que ha pasado el texto, si es que le han surgido dudas, por alguna de las muchas herramientas que existen para descubrir los plagios. Que sea una buena o mala tesis no lo podrá valorar ni Rivera, ni el intelectual orgánico de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Ni son doctores (por mucho que Rivera se pusiese ese título no hace mucho, como veremos), ni han estudiado el tema del que trata. No basta con que les digan en su partido que son muy listos, objetivamente no lo son para estos menesteres.

Es más poner en duda el doctorado de Sánchez supone poner en duda los propios títulos de Rivera. Si lo hace porque, como se sospecha desde hace tiempo, en las Universidades privadas se dan títulos con suma facilidad, sin mucho esfuerzo y “ajustándose” a la legalidad, cosa que en las públicas, salvo cuatro “corruptos”, no suele suceder, su título de la universidad privada Ramón Llull (ESADE mediante convenio de colaboración) sería sospechoso. Y el resto de títulos que dice tener también, porque como le pasa al presidente del Gobierno, no han pisado una Universidad pública para estudiar en ellas. Y como se decía hace años “el que vale, vale; y el que no a la privada”. Aunque es cierto que algunas privadas han mejorado mucho y otras hacen esfuerzos debido a las acreditaciones.

El caso es que Rivera metió la pata porque la tesis de Sánchez sí aparece en TESEO y se puede consultar en la biblioteca de la propia Universidad Camilo José Cela. ¿Por qué no está en internet y de libre descarga? Por cuestiones de derechos de autor. Si no le garantizan (mediante alguno de los mecanismos electrónicos) que no va a sufrir merma de sus derechos, es normal que no la publicite. Más cuando todo lo que tenía que decir lo expuso en un libro, que se puede olvidar sin duda. Porque Rivera lo que pretende, con la ley de obligación de publicar todas las tesis, es privar a los autores de su trabajo. Y esto no se dice claramente. Ensoberbecido en sus miseria política, le da igual atropellar el trabajo de otras personas. Pero ¿debería callarse un poco Rivera tras haber mentido en su CV y ponerse títulos que no tiene?

Los títulos que desaparecen (o no existen) en el CV de Rivera.

Es patético y miserable que políticos se peleen por títulos universitarios. Da lástima ver como se apuntan a cursos, másteres y doctorados sólo por el hecho de aparentar. Titulitis de personas que en su acción política demuestran que pasaron por la universidad pero la universidad no pasó por ellos y ellas. Una lástima porque entre todos hacen daño a quienes se lo trabajan desde abajo, sin becas y currando de camareros y camareras, para sacar con esfuerzo un título que la clase política pisotea. Ni son académicos en sí, ni las dotes intelectuales les alumbran, pero dañan a quienes sí quieren serlo. Y, como no podía ser menos, Rivera también se ha puesto títulos a tutiplén. Unos títulos que van menguando día a día.

En 2015, en el Círculo de Economía, vinculado a la Universidad Ramón Llull, Rivera ofreció su CV para unas charlas que ofreció. En esa época, justo antes de las elecciones, decía el dirigente naranja (como puede verse en la imagen de arriba, o consultar en la web) que era Licenciado en Derecho, Máster en Derecho, Máster en Marketing Político en la George Washington University y Doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona. Pues parece que ya no tiene esos títulos. En la web del Congreso de los Diputados (ver imagen 1 inferior) tan sólo consta como licenciado en derecho. Pero en la web de Ciudadanos (imagen 2), vuelven a aparecer los títulos de máster en derecho y marketing político. Y el doctorado se convierte en doctorando en la Universidad Autónoma de Barcelona.

¿Observan algo sospechoso? El primer doctorado lo hacía en la Universidad de Barcelona que no es la misma que la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que demuestra que doctorando (estudiante de doctorado) igual no es. De hecho, según la legislación vigente no se podría considerar doctorando por haber superado el tiempo máximo para entregar la tesis doctoral (3 años). Igual es que como va de una universidad a otra se ha perdido por el camino. Por tanto mintió y sigue mintiendo en su CV y todo por culpa de su egotismo.

Otra cuestión que sorprende es el énfasis en el Master/Curso en Marketing Político de “Estados Unidos”. Según hemos revisado, la George Washington University no ofrece ningún programa de Political Marketing. Hay uno de Political Management, pero en la escuela de Gobierno de lo otro no existe. Ni utilizando el buscador de la propia Universidad aparece curso por el estilo, ni presencial, ni on-line. Por tanto ¿qué ha estudiado Rivera si es que estudió algo? No se sabe a ciencia cierta. Porque, además, si fue un master debió cursarlo en EEUU durante dos años (uno de clases y otro de investigación) allí, y no desde el Parlament catalán que es donde estuvo de 2006 a 2015. Ni en las redes queda huella digital de esa titulación en 2009. Debería Pedro Sánchez pedirle que muestre su tesina de master o el título del curso.

El caso es que Rivera se hunde cada día más y camina hacia el abismo, pero pretende desprestigiar la política y acabar con los demás adversarios y Cataluña antes de hacerlo. Por prudencia política y social, igual en Ciudadanos y en el establishment deberían comenzar a pensar en sacarle de primera línea política. Se ha vuelto peligroso hasta para Girauta que se sienta a su lado.

PSOE: Es muy triste que el PP desprecie la modernización de las infraestructuras ferroviarias en la Región por venir de un Gobierno socialista

Martha Golfín
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PSOE: Es muy triste que el PP desprecie la modernización de las infraestructuras ferroviarias en la Región por venir de un Gobierno socialista
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Joaquín López Pagán ha lamentado que el Gobierno del presidente accidental López Miras desprecie la modernización definitiva de las infraestructuras ferroviarias de la Región por el hecho de venir de un Gobierno socialista.
“Con su actitud, el Ejecutivo de López Miras demuestra que, además de desnortado y sin liderazgo, es inmaduro y sectario”.
López Pagán subrayó que el ministro José Luis Ábalos viene con lealtad institucional a reunirse con el presidente de la Región y a traer buenas noticias en materia de infraestructuras, “para hacer realidad las justas reivindicaciones sociales y  económicas de la ciudadanía, en lugar de dividir pueblos y generar conflicto social como hacía el PP”.
El portavoz socialista valoró, asimismo, el trabajo de Diego Conesa al frente de la Delegación del Gobierno y como secretario general del PSRM-PSOE, “ya que está dando sus frutos en beneficio del progreso de esta Región”, concluyó.

500 nuevas plazas para la atención a menores extranjeros no acompañados

Diario16
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500 nuevas plazas para la atención a menores extranjeros no acompañados

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado esta tarde en el pleno del Parlamento que la Junta de Andalucía creará 500 nuevas plazas de emergencia en los próximos días, que se unirán a las 1.151 ya creadas desde primero de año, hasta alcanzar las 1.651, para atender la llegada de menores extranjeros no acompañados a las costas andaluzas.

Sánchez Rubio ha señalado que, con la creación de estas nuevas plazas, Andalucía destina más de 48,4 millones de euros en la atención a menores extranjeros no acompañados, «un esfuerzo que estamos realizando en solitario y por lo que fuimos al consejo territorial del pasado día 5 de septiembre con una batería de propuestas y en todas hemos obtenido respuesta», a lo que ha añadido que «hoy puedo decirles que el actual Gobierno ha hecho más en unos meses que el anterior en cinco años en algo tan necesario como lo que viene reclamando Andalucía: una respuesta solidaria entre comunidades autónomas y las medidas necesarias garantizar la calidad asistencial de estos niños y niñas una vez que llegan a nuestro país».

En el Pleno del Parlamento de Andalucía, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha informado sobre la propuesta de colaboración solidaria entre comunidades para atender a los menores cuando el número supere la capacidad de protección que tenga la comunidad andaluza, bajo la coordinación del Ejecutivo central. «Esta era una de las principales reivindicaciones de Andalucía y hemos obtenido el compromiso», ha declarado Sánchez Rubio, quien ha añadido la demanda también incluye mejoras en la financiación de los recursos para atender a este fenómeno «y poder garantizar las mejores condiciones para los menores extranjeros no acompañados».

En este sentido, ha resaltado que el Gobierno central ha garantizado que va a destinar 40 millones de euros para que las comunidades autónomas atiendan a estos menores. «Se trata de una medida excepcional que se ha aprobado por las circunstancias concretas de llegadas de menores en estos últimos meses. Tendrá una vigencia de seis meses, y en principio puede estar en funcionamiento en unas seis semanas a través de un Real-Decreto», ha dicho.

En cuanto al acogimiento de menores en otras regiones cuando el número supere la capacidad de protección que tenga Andalucía, Sánchez Rubio ha detallado que «tienen un plazo de 15 días para pronunciarse, y esa solidaridad será en función de la capacidad de los sistemas de protección de menores de las comunidades».

Otra propuesta que Andalucía llevaba a esta Mesa de Coordinación y que también ha salido adelante es la modificación del protocolo Menas en el sentido de hacer prevalecer lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley de Extranjería para que no se determine el ingreso en centro de menores de ninguna persona de la que se dude de su edad, hasta que no se haya determinado con el decreto correspondiente de fiscalía.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha reiterado que «lo más importante para el Gobierno andaluz es garantizar una atención con dignidad a todos los menores llegados a España a través de las costas andaluzas, siempre priorizando el interés de los menores, preservando sus derechos, y planteando y demandando todo lo necesario para conseguirlo», ha finalizado la consejera.

Andalucía viene cumpliendo con su cometido de atender a los menores extranjeros no acompañados a través de un sistema por el que han pasado desde el 1 de enero de este año un total de 4.650 menores extranjeros no acompañados (Menas), ha señalado la consejera de Igualdad y Política Sociales, María José Sánchez Rubio, en comparecencia parlamentaria.

El PSOE propone al Ayuntamiento de Lorca la realización de una campaña de concienciación contra la venta y el consumo de alcohol a menores

J.A.G.
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El PSOE propone al Ayuntamiento de Lorca la realización de una campaña de concienciación contra la venta y el consumo de alcohol a menores

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, María Antonia García Jiménez ha propuesto que de cara a la próxima feria, la Concejalía de la Juventud, y Festejos, junto a la de Seguridad Ciudadana se plantee el diseño de una campaña de sensibilización sobre los riesgos del consumo de alcohol entre los jóvenes mayores de edad, y la prohibición expresa en los menores.

En este sentido, el PSOE ha planteado una batería de propuestas encaminadas hacia la concienciación y prevención  del consumo de alcohol, entre las que se encuentran aumentar la vigilancia de cara al  cumplimiento de la legislación vigente sobre la prohibición expresa de venta de alcohol a menores de edad en establecimientos, como aquellos abiertos 24 horas, así como las  grandes superficies del ramo de destilados y bebidas alcohólicas.

De la misma forma, proponen la realización de una campaña informativa en los centros educativos, dirigida a los adolescentes sobre la incidencia del alcohol en la salud, y las consecuencias de su ingesta, y como no, sobre la prohibición de la venta de la misma.

Según la edil socialista, el Ayuntamiento de Lorca debería realizar, de forma institucional, una campaña atractiva, a través de las redes sociales, y con un soporte audiovisual con frases, consejos o eslóganes para concienciar del uso moderado en el consumo de bebidas alcohólicas. La edil asegura que son muchos los consistorios, tanto de la Región como del país, que optan por estas fórmulas con objeto de concienciar y prevenir sobre los efectos perjudiciales en el consumo del alcohol.

Incluso, proponen que el Ayuntamiento de Lorca habilite puntos en  el  Recinto ferial así como otros en la Feria de Día, o en aquellos barrios y pedanías que se encuentren en fiestas, donde jóvenes y mayores puedan encontrar información, o incluso, puntos en los que aquellos que lo deseen puedan realizar mediciones del nivel de alcohol en sangre, encontrando información de los resultados así como de sus efectos en la conducción.

Asímismo, para potenciar las pautas de autocontrol en el consumo de alcohol, la edil considera que el Ayuntamiento podría ubicar carteles informativos con publicidad atractiva tanto estática como audiovisual a través de las diferentes pantallas digitales sitas en las calles y avenidas de esta ciudad.

Con esta campaña se persigue aumentar la concienciación social sobre los efectos perjudiciales del alcohol, así como de la prohibición expresa de la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Según aparece en prensa, en el diario regional La Verdad, Lorca fue uno de los municipios en los que durante el verano se registraron mayor número de sanciones a establecimiento en este sentido.

Piden auditar la compra de dos coches de Bomberos en Málaga

Diario16
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Piden auditar la compra de dos coches de Bomberos en Málaga

Iván González, candidato a la alcaldía de Málaga por Libres, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que explique cómo se ha producido la compra de los dos últimos vehículos autobombas de bomberos, que han costado 549.000 euros y aún no se han podido utilizar porque su carrocería no cumple con varias de las normativas básicas para su uso, vigentes desde 2014.

“Los sillones de la cabina no permiten sentarse a los bomberos con su equipamiento tal y como exige la norma 1846/2 de 2014. Las barras antiempotramientos no sobresalen más allá de las salidas de las bocas de agua, de tal modo que si algún vehículo les golpea por detrás esas bocas podrían quedar inutilizadas porque no tienen la adecuada protección, como se indica en la norma 1846/3”, ha denunciado González.

Pero más grave incluso que el Real Cuerpo de Bomberos lleve años esperando este equipamiento y ahora no pueda utilizarlo, es que quien ha autorizado esta adquisición ha sido el jefe de compras, Carlos Utrera, que debería conocer al dedillo la normativa y que sabía que estos mismos vehículos ya habían sido rechazados por el Consorcio del Poniente Almeriense, tampoco los quiso el Consorcio de Bomberos de Málaga y en Granada los devolvieron. “¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Málaga se los haya quedado entonces?”, se ha preguntado el candidato de LIBRES.

Iván González ha explicado que “el procedimiento normal es, primero, comprar los vehículos y luego carrozarlos en función de un determinado servicio. Algo que suele durar algo más de un año. Pero eso sería perjudicial para el actual equipo de gobierno del PP porque no llegaría a tiempo de hacerse la foto antes de las próximas elecciones municipales. De ahí que sospechamos que hayan adquirido estos dos camiones porque ya estaban carrozados… y ahora no les sirve, por lo que tendrán que gastar más dinero de los malagueños en adaptarlo para que pueda circular y ser útil en la extinción de incendios”.

Para añadir más dudas al porqué de la compra, basta señalar, según el candidato de Libres por Málaga, “que son unos vehículos muy voluminosos que, sin embargo, apenas tienen capacidad para mil litros de agua, y que no pueden pasar por calles estrechas”. Por todas estas graves irregularidades, Libres pide “auditar la compra de estos dos vehículos de bomberos adquiridos por el Ayuntamiento de Málaga” para conocer, realmente, por qué se ha gastado tanto dinero público en algo que no se puede utilizar.

Carmen Montón y la sanidad pública como derecho universal

José Antonio Gómez
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Carmen Montón y la sanidad pública como derecho universal

Desde Ernest Lluch, España no ha tenido al frente del Ministerio de Sanidad a una persona tan comprometida con la universalidad de un derecho reconocido tanto por las Naciones Unidas como por nuestra Constitución como Carmen Montón. A diferencia de muchos de los y las que la antecedieron, la ministra ya traía un bagaje de gestión que había tenido resultados muy positivos en la Comunidad Valenciana y que iba a ser implantado en todo el territorio español.

Por un lado, Carmen Montón recuperó el modelo de sanidad universal en Valencia —hecho que fue recurrido por el Partido Popular ante los tribunales— y en el Estado. Las políticas de recortes salvajes implementadas por Mariano Rajoy hicieron que se retirara este derecho a las personas más desamparadas. Este error, tanto social como económico, fue reparado por Carmen Montón. Desde un punto de vista social, era una aberración que las personas sin papeles no tuvieran derecho a tener una atención médica que está reconocida por la ONU y la Constitución. Desde lo económico, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció que la eliminación de la sanidad universal supone un mayor gasto para las arcas públicas. Por tanto, además de la humanidad de la recuperación de un derecho que tienen todas las personas, independientemente de que tengan su situación legal regularizada, estamos ante un ejemplo de gestión política orientada al servicio al pueblo.

Carmen Montón, además, tenía como próximos objetivos la eliminación de los copagos farmacéuticos para los pensionistas y para las personas con rentas bajas. Esta medida adoptada por el Partido Popular cuando Ana Mato ocupaba la cartera de Sanidad ha provocado que muchos ciudadanos hayan tenido que finalizar tratamientos o de no medicarse por no tener capacidad económica para hacer frente al gasto en medicinas. Los seres humanos tenemos reconocidos el derecho a la salud y ahí se incluye una medicación adecuada para tratar las enfermedades. Carmen Montón en Valencia implementó medidas para eliminar los copagos farmacéuticos, algo que, evidentemente, afecta a las compañías y laboratorios farmacéuticos porque el precio de cualquier medicina obtenida a través del Servicio Nacional de Salud es siempre inferior que comprado en el mercado libre. Hablamos de cientos de millones de euros. Por tanto, la gestión de Carmen Montón atentaba contra las cuentas de explotación de las farmacéuticas, con el poder que ostenta este sector en el mundo occidental.

Otra de las medidas que tenía intención de implementar la ex ministra era la reversión de los modelos de privatización de la sanidad pública. Ya lo hizo en Valencia al revertir el modelo Alzira porque, según Montón, se ponía fin a la «mercantilización del derecho a la atención sanitaria, que dio entrada a criterios como el beneficio económico y sobredimensionó el ahorro de costes frente a criterios clínicos o asistenciales». Ha habido mucha gente que ha ganado mucho dinero con este modelo que se pretendía vender como colaboración público-privada cuando, en realidad, se trataba de una privatización de la sanidad pública.

El Partido Popular implementó este modelo de gestión sanitaria en diferentes Comunidades Autónomas pero, sobre todo, en Madrid y Valencia, donde nació el Modelo Alzira a través de Ribera Salud, un grupo en el que están presentes bancos, constructoras y distintas aseguradoras, dependiendo del hospital a gestionar, además de contar en su alta dirección con personas muy cercanas al Partido Popular, como ocurre con Alberto de Rosa, hermano del que fue consejero de Justicia con Francisco Camps, vicepresidente y presidente en funciones del CGPJ a propuesta del PP y actualmente presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de Rosa. Carmen Montón terminó con este modelo que, además de privatizar de manera encubierta la sanidad a través de concesiones similares a las de las autopistas de peaje, da un servicio a la ciudadanía de peor calidad que los hospitales gestionados por el Servicio Nacional de Salud. Ribera Salud recurrió la decisión de la ex ministra en los tribunales y ya ha perdido en siete ocasiones.

En la Comunidad de Madrid una de las principales beneficiadas por el modelo fue Capio, empresa que contaba entre sus accionistas a José María Aznar, Francisco Camps, Alberto Núñez Feijoo, la familia de Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Ignacio López del Hierro o a Teresa Echániz. Capio se fusionó con el grupo Quirón. La sociedad resultante fue adquirida por 5.700 millones de euros por el grupo alemán Fresenius Helios. Estos hospitales madrileños fueron construidos por empresas que están presentes en el caso Gürtel como, por ejemplo, la constructora Hispánica o Begar, propiedad del imputado José Luis Ulibarri. Otras grandes constructoras como Dragados o Sacyr también se han beneficiado del modelo. Sin embargo, es sorprendente la presencia de fondos de capital riesgo como CVC.

María Dolores de Cospedal también pretendió, junto a su consejero de Sanidad José Ignacio Echániz —hermano de Teresa Echániz, accionista de Capio—, llevar ese modelo a Castilla La Mancha en el hospital de Villarrobledo.

Como se puede comprobar, hay demasiados intereses en juego como para permitir que Carmen Montón se mantuviera en Sanidad y para obligarla a dimitir se ha tenido que buscar un asunto privado que en nada influía en la gestión que iba a realizar en el Ministerio. El marketing en política se encuentra en los hechos y Carmen Montón tenía el bagaje suficiente como para hacer de la salud uno de los puntos clave del programa del gobierno de Pedro Sánchez. Tal es así que las propias asociaciones de usuarios de la sanidad pública afirmaron que el nombramiento de Montón daba esperanzas de que se recuperara lo que el PP había quitado al pueblo porque en Valencia ya lo había hecho. Sin embargo, en el mundo actual, dominado por las dictaduras privadas, prima siempre más el balance final de la cuenta de resultados o el margen de beneficios que el cumplimiento de la propia Constitución.

Una encuesta indica que un 68% de los españoles han tenido un compañero de avión que olía mal

Diario16
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Una encuesta indica que un 68% de los españoles han tenido un compañero de avión que olía mal

Ya estamos casi al final del verano pero el calor sigue apretando cada día, lo normal en esta época del año es sudar, razón de más para tener una buena higiene corporal, sobretodo si se van a compartir unas horas de viaje en un espacio reducido con gente desconocida. Según una encuesta realizada por el buscador de vuelos y hoteles JetCost  dos de cada tres pasajeros españoles han tenido un compañero de viaje que olía mal. Niños que lloran, pasajeros que han bebido demasiado o van de fiesta, excesiva sudoración, ronquidos o incluso exhibiciones públicas de afecto son otras conductas que nos molestan de los pasajeros que se sientan al lado de nosotros.

El equipo de Jetcost ha realizado la encuesta como parte de un estudio acerca de los compañeros de avión en los viajes de los europeos. El estudio fue realizado a 3.000 pasajeros (500 de cada nacionalidad: británicos, españoles, italianos, alemanes, portugueses y franceses) mayores de 18 años, y que al menos hubieran volado en el extranjero al menos una vez en los últimos doce meses.

A todos los encuestados lo primero que se les preguntó es que dijera que es lo que más les había molestado de los pasajeros sentados a su lado. Las principales respuestas fueron las siguientes:

1. Mal olor corporal (68%).
2. Demasiado consumo de alcohol (65%).
3. Estaban de fiesta (57%).
4. Hablaban muy alto (50%).
5. Ocupaba gran parte de mi espacio (48%).
6. Excesiva sudoración (40%).
7. Sus hijos no paraban de llorar (38%).
8. No paraban de moverse (37%)
9. Discutían todo el rato con la tripulación de cabina (35%).
10. Muestras públicas de afecto (26%).

A todos los encuestados se les preguntó si alguna vez habían tratado de cambiar sus asientos en el avión debido a las molestias que les ocasionaban sus compañeros de viaje, sorprendentemente, solo uno de cada cinco (20%) había tratado de hacerlo, y de éstos, menos de un tercio lo habían conseguido (31%). También se les preguntó si suponía una preocupación antes de volar como sería el pasajero que se sentara a su lado, un 70% contestó que sí.

Según un portavoz de JetCost ”Cuando uno va a estar confinado durante horas en un pequeño espacio con otras personas a las que no conoce, se necesita tener consideración, respeto y educación con los que te rodean. Cuando se descuida la higiene personal, se bebe demasiado, se habla muy alto o se discute es bastante desagradable para todas las personas que se encuentran alrededor. Desde Jetcost, recomendamos que si uno se encuentra sentado al lado de una persona sin modales, lo único que se puede hacer es notificárselo a la tripulación de cabina y pedir que le cambien el asiento y que nunca merece la pena entrar en discusiones”.

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