lunes, 26 enero, 2026

Rosa Aguilar defiende la necesidad de un Pacto de Estado en inmigración

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La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha defendido hoy la necesidad de alcanzar un gran Acuerdo de Estado en materia de inmigración en el que participen Estado, comunidades, ayuntamientos y ONGs, y en el que se deje al margen la confrontación política, con el fin de «dar respuestas y aportar soluciones» al drama migratorio desde la «responsabilidad, la coordinación y la cooperación».

Rosa Aguilar, que ha comparecido en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, ha recordado que Andalucía y otras comunidades autónomas ya plantearon este Acuerdo de Estado en la última Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada el 6 de agosto. En este sentido, ha reivindicado un «esfuerzo común» para abordar el hecho migratorio, recordando que las comunidades autónomas también «somos Estado».

La consejera ha advertido que la inmigración está ligada a la historia de la humanidad, por lo que «no estamos ante un hecho coyuntural, sino ante un fenómeno estructural». Miles de personas están buscando llegar a Europa «movidas por la pobreza, la guerra y el hambre» y arriesgando su vida en el empeño. Asimismo, considera «imprescindible» una política migratoria común, «definida y clara» de la Unión Europea para que todos los países comunitarios asuman de «manera obligatoria» su responsabilidad en este ámbito y compartan el esfuerzo que requiere el «drama humanitario», haciéndose «corresponsables» con los países puerta de entrada como España.

Aguilar ha precisado que dicha política comunitaria debe contemplar la inversión en los países de origen y de tránsito de la población migrante para impulsar su desarrollo, medidas de coordinación para «combatir las mafias y el tráfico de seres humanos que se enriquecen a costa de la vida y el futuro de miles de personas» así como acuerdos con los países fronterizos.

Por otro lado, respecto al papel del Gobierno español en este tema, Rosa Aguilar ha recordado que en una reunión mantenida el pasado 12 de marzo, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comunicó a las comunidades autónomas la previsión de un incremento «muy importante» en la llegada de pateras a las costas españolas por Andalucía, sin que el Ejecutivo central llevara a cabo entonces «ningún tipo de previsión ni planificación» al respecto para afrontar el problema.

En cuanto a las medidas tomadas por la Junta en el marco de sus competencias, Rosa Aguilar ha destacado el esfuerzo que lleva a cabo la Junta, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para atender el «incremento sustancial» en la llegada de menores inmigrantes no acompañados, creando 1.151 nuevas plazas en los centros de protección de la infancia donde son acogidos. «Tenemos muy claro que antes de ser inmigrantes son menores», ha asegurado. La consejera ha recalcado que Andalucía «soporta el mayor número de acogida» de estos menores de toda España, con un 40% del total, de forma que han llegado a la comunidad hasta la fecha 4.098, un 70% de ellos varones de entre 16 y 18 años.

Aguilar ha insistido en la necesidad de que exista «una responsabilidad compartida» de todas las comunidades autónomas para acoger a los menores que llegan, «y todo con los recursos adecuados. Tanto la Junta como otras comunidades autónomas pidieron esta cooperación en la última Conferencia Sectorial de Inmigración, reactivada por el nuevo Gobierno después de tres años de inactividad.  En este sentido, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo garantizará la coordinación, cuestión que se tratará el próximo 5 de septiembre en el marco de una nueva reunión.

Además, la Consejería de Justicia e Interior ha reforzado este verano, de acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el Turno Especializado de Extranjería con un incremento de más de un millar de guardias, que hará que se superen las 3.000 en este año. «Los han recibido una formación especializada para atender a estas personas y para, mediante las entrevistas que realizan, detectar los casos en los que se pueda solicitar las medidas de asilo o protección internacional o alertas de posibles delitos de trata de personas», ha explicado Rosa Aguilar. Otra medida adoptada para hacer frente a esta situación ha sido la de reforzar el personal de los juzgados de guardia en los principales municipios costeros de la comunidad autónoma, en concreto en 15 partidos judiciales.

La Junta de Andalucía tiene fundamentalmente competencias en integración y participación de la población migrante, para lo que se está elaborando ya el cuarto plan de inmigración, ha señalado la consejera. Igualmente, Justicia e Interior ha incrementado este año las cuantías de las subvenciones destinadas a entidades sociales y ayuntamientos hasta superar los 2,19 millones de euros para financiar programas e infraestructuras que faciliten el arraigo, la inserción social de la población migrante.

Rosa Aguilar también ha recordado la actuación «de urgencia» del nuevo Gobierno de España, recordando que en el plazo de apenas unos meses ha creado infraestructuras para la recepción de inmigrantes en Granada y Cádiz, un Plan de Emergencia dotado con casi 30 millones de euros.

La consejera concluyó su intervención insistiendo en la necesidad de un acuerdo entre todas las administraciones y dejar al margen la confrontación «por el bien de una sociedad como la nuestra: plural, diversa y en la que no caben las actitudes xenófobas».

Por último, reconoció «la labor de los profesionales de los servicios de Salvamento Marítimo, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las mujeres y hombres y todos y cada uno de los voluntarios de las ONGs y entidades sociales que cada día participan en las labores de rescate, asistencia y acogida de las personas que llegan a las costas españolas en Andalucía».

Venta de empresas: Las ayudas las pagan los contribuyentes, los beneficios de la venta los accionistas

Cuando una importante empresa europea vende parte de su capital, o su totalidad, a un inversor extranjero ¿vende solo su patrimonio o también patrimonio de su país, de sus ciudadanos? En Europa existen ayudas a la investigación y reconversión tecnológica, al crecimiento empresarial, a la expansión exterior, a la contratación laboral, beneficios fiscales y tantos otros, asuntos estos que provocan la alteración del actual presidente de los Estados Unidos, además de otros muchos.

Cuando se vende capital de una compañía los beneficiados son los accionistas, pero no hay retorno para los ciudadanos que fueron con sus impuestos quienes contribuyeron a situar a una corporación en una posición atractiva para posibles compradores. Estos casos se complican cuando el adquiriente es extracomunitario. Veamos algunos casos.

Primero fueron algunos árabes los que con los casi inagotables recursos que les llegaban gratis et amore de la venta del crudose lanzaron a comprar parte del capital de grandes empresas europeas, como en el caso de Daimler Group (Mercedes, Smart y Maybach) cuando en 2009 Abu Dhabi, a través de su fondo Aabar, adquirió el 9,1% del capital de DG. El país emiratí se convertía en ese momento en el primer accionista del fabricante alemán y, unido al capital que del mismo grupo tenía Kuwait, pasaban a ser los principales accionistas.

Eso sucedía cuando el capital árabe invertía mayoritariamente en el exterior no como ahora que destina muchos de sus recursos a su  propio país, como ocurre de manera distinguida en el caso de  Emiratos.

Pero ahora la cosa ha cambiado y son los chinos los que van poco a poco y casi sin llamar la atención, como les gusta, los que van ingiriendo trozos relevantes de grandes corporaciones industriales Europeas.

Este año 2018 un potentado chino, Li Shufu, que en su país fabrica los automóviles de la marca Geely, se hizo con el 9,7% de las acciones de, precisamente, Daimler Group, lo que le hace ser el accionista mayoritario por delante de los kuwaitíes que conservan un 6,7$. Shufu es el propietario de otra marca legendaria europea, Volvo.

Recientemente, y también en Alemania, se han producido operaciones de compra por parte de inversores chinos que han producido una gran inquietud. Se trata uno de los principales fabricantes mundiales de robótica, Kuka, de la división de plásticos de un histórico de la industria alemana KraussMaffei y de EEW que produce equipamientos para quema de basuras. Hasta el año 2000 KM fabricaba maquinaria diversa y los famosos carros de combate Leopard, de servicio en el Ejército español. A partir de ese año la división de defensa pasa a Krauss-Maffei Wegmann quedando en la matriz la fabricación de plásticos que es lo que han adquirido los chinos.

Ernst & Young ha señalado que un total de “58 empresas alemanas pasaron entre enero y octubre de 2016 a manos de inversores de China y de Hongkong, 19 más que en 2015”.

Y no es solo capital lo que se transfiere con la venta, también tecnología y knowhow que es lo que interesa a los chinos porque capacidad de fabricación tienen y mucha. Así que, con estas operaciones, un país pierde patrimonio tecnológico que ha sido generado en buena parte por las ayudas de su Gobierno, es decir por los ciudadanos, la mayoría de los cuales no tienen ni una sola acción de la compañía vendida. Y en algunos casos se trata de tecnologías de alto valor estratégico o crítico, defensa, seguridad, telecomunicaciones…

Tal es la extraña situación que el Gobierno Federal alemán ha prohibido la venta de la empresa Leifeld Metal Spinning, especializada en la fabricación de maquinaria y elementos destinados a la industria nuclear o aeroespacial. Berlín ha entendido que su venta podría afectar a la seguridad nacional y de ahí su oposición a la operación.

Accionistas sin derechos

No se trata de oponerse a la libre compra venta de compañías o una parte de ellas, que es un derecho, pero bien estaría que los que han financiado una parte de su desarrollo, la ciudadanía, percibieran algo de los frutos e la venta.

De no ser así, al contribuyente no le queda otro rol en el reparto de papeles que el de tonto útil.

Todo se defiende, o se intenta, a la hora de justificar las ayudas y subvenciones a las empresas, que tanto ayudan, pero también sería interesante que los beneficios de la venta se repartieran también entre los “accionistas sin derechos”, los contribuyentes.

España vende empresas de Defensa

Para no hablar solo de Alemania, que se ha hecho exclusivamente a título de ejemplo, porque otros países europeos se hacen cosas parecidas, -salvo Francia-, vamos a ver un caso recientemente registrado en nuestro país, España.

En la referencia del Consejo de Ministros del pasado viernes 24 de agosto, y en capítulo dedicado a Defensa se podían leer las dos siguientes notas:

  • “ACUERDO por el que se autoriza que la inversión extranjera de la sociedad francesa “Alten Europe SARL.”, a través de la española “Alten Soluciones, Productos, Auditorias e Ingeniería S.A.U.” en la sociedad española “Atexis Spain S.L.U.” por el 100% del capital social, se pueda destinar a actividades relacionadas con la defensa nacional”.
  • “ACUERDO por el que se autoriza que la inversión extranjera indirecta del grupo canadiense “Heroux-Devtek INC.”, a través de su filial española “Heroux-Devtek Spain, S.L.U.”, por el 100% del capital social de la “Compañía española de sistemas aeronáuticos, S.A.”, se pueda destinar a actividades relacionadas con la defensa nacional.

Se trata de compañías que diseñan y fabrican productos para la defensa nacional a través de sistemas militares.

El Estado francés, se apuntaba antes, conserva participaciones en las principales empresas de aquel país, automoción, energía, transporte aéreo y finanzas. Y no deja que nadie se lo discuta, Unión Europea mediante.

En España, Aznar liquidó las joyas de las empresas públicas españolas y se quedó tan a gusto. “porque yo lo valgo”, aunque no valga para el país.

Carta abierta a Pedro Sánchez

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Compañero Pedro:

Una de las promesas que más ilusionó a la militancia, a la cuál tú debes haber sido elegido nuevamente como representante máximo de nuestro Partido, es que necesitábamos ubicar al Partido en la izquierda, que confirma lo que el sector crítico habíamos mantenido, que el partido había sido desviado hacia posiciones cada vez más alejadas del genuino socialismo.

Ese compromiso sigue vigente y la militancia estaremos luchando para que se lleve a cabo, no solo sobre el papel, que lo soporta todo, sino en la realidad concreta con una política socialista audaz en cuanto seamos capaces de derrotar a las derechas en las próximas elecciones generales y se configure un fuerte gobierno de los trabajadores, que debe ser el objetivo inmediato.

Los estrategas de la burguesía han entendido y la clase trabajadora ha asumido para la lucha,  que está existiendo un peligroso proceso de desigualdad creciente, con radicalización social, que puede producir una ruptura abrupta de la paz social y un  retraso del Estado Español  en la salida de la crisis, lastrado por los dos problemas fundamentales, como son el conflicto territorial de Cataluña y las cuestiones sociales, que las derechas del PP y su socio Cs fueron incapaces de resolver y podrían perder el apoyo social que juntos pensaban que obtendrían.

El derrumbe de los salarios durante años por el pacto social de los sindicatos mayoritarios y su debilidad, está llegando a su fin y el movimiento obrero podría utilizar su desesperación para producir fuertes  convulsiones sociales que complicarían  la situación social que empieza a ser muy delicada, porque sectores diversos están entrando furiosamente en la lucha dada la gravedad de la situación, como son los pensionistas, el feminismo, la cuestión agraria de campesinos empobrecidos por la imposición de precios a la baja de las multinacionales, los jornaleros, los parados, los sectores industriales como el turismo por las condiciones infames de trabajo mal pagado, pese al auge del sector, la construcción que está repuntando débilmente pero de forma especulativa empujada por los fondos buitres en los alquileres e hipotecas,  el sector del automóvil saturado, etc, por lo que la salida de la crisis tendría que ser aplicando y llevando a cabo planes concretos en beneficio de los trabajadores y los pequeños empresarios que están extenuados y atrapados por la banca y las multinacionales, o la recesión podría sufrir una recaída y recrudecerse.

Los bancos y cajas españoles han recibido entre ayudas, facilidades, fondos anti-crisis o cambio de normativa,  decenas de miles de millones de euros: La deuda pública en España en 2008 era de 439.771 millones de euros. En 2017 la Deuda Pública había crecido hasta más de 1.144.000 millones de €, habiendo aumentado en 704.229 millones € que podríamos decir que es la Herencia Global que nos deja el Gobierno Rajoy. Esa deuda pública brutal, producto de las estafas, quiebras, fuga de capitales, mordidas y demás fechorías causada por la corrupción galopante, representa que cada uno de los asalariados afiliados a la Seguridad Social al 31 de diciembre de 2017, que ascendían a 18.460.201 personas, representa una deuda per cápita de 57.200 euros por afiliado, imposible de pagar por los asalariados.

En cuanto a los costos de los rescates, ayudas financieras o como quieran  llamarle con el eufemismo más moderno que utilicen, la realidad es que: “De los 76.410 millones de euros destinados al saneamiento financiero, sólo se han recuperado 4.139 millones (un 5,41% del total), de los que 3.466 corresponden al FROB y 673 al FGDEC, según el Banco de España”(…). (Público.es 18-6-17). Esos recursos salen del bolsillo de los honrados contribuyentes, principalmente trabajadores y empresarios decentes, mientras los banqueros se siguen forrando y según cálculos basados en una noticia: “ Los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell) registraron un beneficio neto conjunto de 13.128,50% euros durante el ejercicio 2017”. (Eleconomista.es  2-2-18),  una cifra bastante elevada si se tiene en cuenta que los beneficios anuales son solo de las 5 primeras entidades financieras,  pero las ganancias del resto de la banca, española y extranjera, junto a las multinacionales y la economía sumergida componen una sangría que el pueblo ya no puede soportar.

Para cortar esa hemorragia necesitamos cuanto antes un gobierno de los trabajadores que tendría que hacer frente a la crisis económica con un giro a la izquierda presentando un plan de choque de profundas inversiones para luchar contra el paro, obteniendo los recursos financieros de la nacionalización de la Banca y de los grandes monopolios que junto con los latifundios, deben ser nacionalizados igualmente y colocados a plena producción bajo el control y la gestión democráticos de la clase trabajadora, con indemnización solamente en casos de necesidad comprobada, realizando una profunda reforma fiscal para recuperar el dinero robado por las tramas de corrupción, las estafas y las mordidas, atacando tanto a los corruptores como a los corruptos.

Para llevar esto a cabo necesitamos la Unidad de las Izquierdas para derrotar a las derechas y dotarnos de un Gobierno Obrero, que  tiene que basarse en un Proyecto social que sea asumido por toda la izquierda. Romper con las Derechas y pedir el apoyo activo del movimiento obrero, llamando a todos los sindicatos de clase, encabezados por CCOO y UGT para llegar a un acuerdo global que implique a los comités de empresa, las secciones sindicales, los trabajadores de base, las asociaciones de vecinos, los ecologistas y demás partidos y fuerzas cívico-sociales restableciendo el control democrático de abajo hacia arriba, con elección y revocabilidad de todos los cargos de las empresas y del Estado, ayudando a los trabajadores a que avancen hacia la autogestión y pongan en funcionamiento todas las empresas cerradas o que estén amenazadas de cierre, prestándoles ayuda financiera y técnica por parte del Estado.

Esa es la mejor manera de romper el poder económico de las cien familias de multimillonarios burgueses,  de super-capitalistas y archimillonarios, que son los responsables de la crisis y así poder poner las bases para llevar a cabo la planificación científica de los recursos productivos haciendo que el PIB crezca entre el 5 % y el 7% en los próximos años y nos encamine hacia una sociedad mejor, más solidaria y en libertad que avance resueltamente hacia la igualdad.

Si no se hace eso, cualquier gobierno que salga seguirá a merced de los banqueros y capitalistas que les marcarán la pauta y lo utilizarán para seguir obteniendo beneficios para la ínfima minoría de las 100 familias archimillonarias, y si ganamos las izquierdas, nos veremos sometidos a los ataques furibundos de las derechas y sus secuaces del PP y C’s, que tienen preparada y comprometida la  aplicación de una nueva contra-reforma laboral que representará una nueva ofensiva contra la clase obrera.

Eso representaría un nuevo fracaso al igual que lo han sido las políticas de los gobiernos socialdemócratas que han cedido a las presiones del capital en todos los países donde se han hundido por su incapacidad de hacer reformas sociales profundas que beneficien a la clase trabajadora y a los pobres.

La política defendida anteriormente por el ala socio-liberal dominante en el Partido, en los gobierno del PSOE, que vino arrastrando  al sector socialdemócrata en su deriva hacia el centro-derecha, es una receta acabada para prolongar la crisis y retrasar la recuperación económica al abandonar los principios fundamentales del socialismo, que debe basarse en el sector público como palanca de la economía, para resolver con eficacia las necesidades sociales de los sectores menos favorecidos que son la clase trabajadora y las capas medias.

Vemos necesario y posible que el próximo Gobierno podría ser de izquierdas, encabezado por el PSOE, pero quizás tendrá que contar con las demás fuerzas políticas, sociales y con la participación activa de los sindicatos, porque un gobierno favorable a los trabajadores, continuará sometido al cerco mediático y a las presiones de los poderosos. Un Gobierno que muestre debilidad, ceda a presiones y se acobarde, podría costarle  quedarse en medio del camino entre una política de derechas, como les exige el capital y una verdadera política de izquierdas como les exige la clase trabajadora, lo cual sería seguir el camino de Francia, cuando François Hollande se sometió al capitalismo y fracasó porque el pueblo indignado con su política pusilánime y la división, no le refrendó su confianza, ganando Macron que venía del ala derecha del  PSF y ahora se ha vendido  ya claramente al capitalismo.

El error de las direcciones socialdemócratas de seguir confiando en que la “libre empresa”, (que es como decir el capitalismo degenerado, mafioso y corrupto, que ha colapsado sumiendo al planeta en esta profunda recesión que dura ya  más de 10 años), sea capaz de actuar como motor del cambio social y por sí mismo modifique el modelo productivo como se está queriendo hacer creer, nos podría llevar a la catástrofe, dado que es el mismo modelo de capitalismo que está empezando a cebar la bomba de la próxima burbuja, que podría estallar con más virulencia que la anterior para el año 2020 o 2021 según algunas escuelas económicas.

Si la clase trabajadora con unas direcciones de izquierdas fuertes y unidas no nos enfrentamos con audacia contra los intereses del capital, contra su aparente poderío, sus privilegios, corrupciones y especulación, la política que se aplique estará condenada al fracaso y será estéril para la clase trabajadora, si se sigue anteponiendo el interés del capitalista a los del pueblo trabajador.

Los capitalistas y financieros siempre preparan un plan para boicotear y hundir a cualquier Gobierno de los trabajadores y van a apoyar a las derechas con todas sus fuerzas. Ante la situación dramática e insostenible  de desigualdad que padecen las masas y ante el año electoral que se avecina, sería un error mantener una política confusa para los votantes, si no se detalla el programa con claridad y las posibles coaliciones con las izquierdas si es cierto que queremos cumplir las promesas de la campaña “Somos la Izquierda”, donde se explicaba en los folletos de la anterior campaña,  “Vota Sí, un SI por el Cambio”.  Aquellos compromisos para el Cambio que motivó, movilizó e hizo que la militancia de base confiara en ti y derrotásemos juntos a la burocracia de las baronías que te quería fuera del partido.

Desde entonces, la militancia en el seno del Partido y en la actualidad, la ilusión que has creado como Presidente de Gobierno interino, existe una mayoría de la población, que sigue y continuará reclamando el cumplimiento de esos compromisos que eran entre otros:

Un SI a un empleo de calidad y con derechos. (Sí a aprobar un plan de choque para dar empleo urgente a los parados de larga duración mayores de 45 años, mujeres y jóvenes, subida inmediata del salario mínimo un 4 %, Sí a derogar la reforma laboral y un nuevo Estatuto de los Trabajadores, etc.).

Un SI a erradicar la pobreza y SI al rescate ciudadano. (Sí a aprobar un Ingreso Mínimo Vital para los hogares sin ingresos. Acabar con la pobreza infantil, si a una garantía de acceso a luz y agua para acabar con la pobreza energética, Sí a un subsidio de desempleo para mayores de 45 años con cargas familiares y a los mayores de 52 años hasta su jubilación.

Un Sí a una reforma fiscal justa y progresiva y Sí a los autónomos. (Sí a la lucha contra el fraude fiscal… Sí a un mayor esfuerzo a las grandes empresas y a las rentas más altas. Sí a bajar el IVA cultural. Sí a acercar las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos a sus ingresos reales y Sí a poner fin a la figura de los falsos autónomos garantizando sus derechos laborales y sociales.

Sí a modernizar la economía: (Sí a duplicar la inversión en I+D+i hasta el 2,5 % de los presupuestos. Si a cambiar el modelo productivo… Sí a que el ICO actúe como Banca Pública para impulsar la modernización de la economía. Sí a la apuesta por una economía verde y circular. Sí al impulso de la transición ecológica.

Sí a la igualdad y Sí a la lucha contra la violencia de género.(Sí al permiso de paternidad de 4 semanas, obligatorias e intransferibles. Sí a la Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres. Sí a establecer un plan de racionalización de horarios de trabajo. Sí a reconocer a las madres dos años de cotización adicional a la Seguridad Social por cada hijo. Sí a un pacto de Estado contra la violencia de género en el que se recupere el presupuesto destinando a prevención y la atención de las víctimas.

Sí a la Educación y el Conocimiento. (Pacto de Estado que garantice la igualdad de oportunidades desde la educación pública, universal y gratuita. Sí a ampliar el derecho a Educación Pùblica desde 0 a 18 años. Sí a becas con derechos no recortables y congelar tasas universitarias.

Sí a garantizar pensiones públicas y su poder adquisitivo. (Sí a garantizar la financiación del sistema de pensiones destinando impuestos para ello. Sí a una política responsable en exenciones y bonificaciones sociales que afectan a la sostenibilidad de las pensiones. Sí a la subida de pensiones conforme lo haga el IPC. Sí a recuperar el Pacto de Toledo y Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Sí a empleos y salarios dignos para aumentar ingresos de Seguridad Social.

Sí a un Estado de Bienestar que proteja a todas y todos por igual.  (Sí a garantizar la universalidad y calidad de Sanidad Pública y reducir listas de espera. Sí a recuperar la cobertura sanitaria para inmigrantes y españoles que se ausenten e meses de España. Sí a derogar el copago farmacéutico para los pensionistas. Sí al cumplimiento de la Ley de Dependencia, dotando recursos para los 300.000 dependientes sin prestaciones.

Sí a regenerar la democracia y Sí a la reforma de la Constitución. (Sí a reconocer la diversidad de España en un modelo FEDERAL… Sí a la modificación del artículo 135 de la Constitución… Sí a la limitación de mandatos de los Presidentes del Gobierno… Sí a un sistema no partidista de designación de los órganos del Estado. Sí a leyes que obliguen a los partidos a la transparencia y a las Primarias. Sí a las listas abiertas.

Sí a una Unión Europea Social y de Valores.  (Sí a una nueva senda de cumplimiento de los objetivos de déficit para evitar los nuevos recortes. Sí a cambiar la política de refugiados de la U.E. y que España sea un país de acogida. Sí a liderar la lucha contra el terrorismo y la inseguridad internacional.

Entre todos esos SÍES,  compañero Pedro, muy positivos  que requerirán también una profunda reforma fiscal para recaudar fondos si quieres que se cumplan tus promesas, que quizás requiera un estudio y explicación más profundos, vemos unos cuantos NOES que también es conveniente recordar, como por ejemplo:

NO a las amnistías fiscales.

NO a los referéndum para la independencia que dividen y separan.

NO a los recortes estándares sociales, medioambientales y de salud    pública, en los TTIP.

No es NO a las derechas.

Sobre todo, este último NO que tanto ilusionó a la militancia y fue una de las causas de tu triunfo en las primarias, que se está diluyendo si no se cumplen las promesas. Además de todos esos compromisos adquiridos, compañero Pedro,  solo se podrían llevar a cabo con un gobierno mayoritario y sobre todo con recursos financieros suficientes que es necesario explicar con claridad de dónde van a salir. Tendrán que salir del bolsillo de la burguesía o de los trabajadores. Existen otros compromisos más recientes después de haber recibido el apoyo del Parlamento para hacer triunfar la Moción de Censura que derrotó a Rajoy y que te elevó a la Presidencia del Gobierno que no se han podido llevar a cabo todavía, por lo que se hace imprescindible continuar el giro a la izquierda prometido para ganar las próximas elecciones y consolidar una mayoría de izquierdas.

Para conquistar y llevar a cabo todas esas propuestas progresistas que has venido planteando en las campañas anteriores y hora, es muy necesario unirnos todas las izquierdas en una movilización general contra el modelo “liberal corrupto” comprometiendo a los sindicatos, a los campesinos pobres, a los jornaleros, a los ecologistas, a los sectores de la economía social, a las cooperativas, a las Pymes y a la clase obrera que tiene que ser la vanguardia, para luchar conjuntamente por un mundo mejor.

Si no actuamos seriamente, el paro se continuará disparando y el malestar social aumentará espoleado por la verborrea hipócrita del PP que te ha advertido desde la primera reunión, que será “tremendamente exigente con el PSOE y muy vigilante” y en un tono agresivo, el nuevo Presidente Casado de esa derecha extrema que mira hacia la reacción,  declaró: “No cabe ni el apaciguamiento ni la confianza frente a los que quieren romper la unidad de España” y afirmó que el PP tendrá una posición “firme y sin complejos”. Y si el PSOE no está “a la altura nos tendrá enfrente”, sentenció. Esas palabras hacen ver a cualquiera que el PP continuará utilizando la demagogia, incluso haciendo alardes de que defenderán a los trabajadores y a los empresarios mejor que un Gobierno de Izquierdas, como descaradamente se atrevió a declarar. Está claro que la burguesía los financiará sin tapujos y no les importará poner los huevos en los dos cestos, o se decantará y aportarán por sus nuevos cachorros que están representados por C´S, utilizando todas sus artimañas propagandísticas para fomentar la división entre las organizaciones de los trabajadores, atacando con su enorme aparato de propaganda.

Un gobierno de los trabajadores que no esté decidido a girar hacia la izquierda y aplicar un plan de choque contra el paro que incentive la producción,  poniendo a todo el mundo a trabajar y repartiendo con justicia el fruto del trabajo, se vería obligado a actuar en beneficio de la burguesía y no al servicio de la clase obrera a la que se debe.

Es posible un nuevo Gobierno de los trabajadores, que podría estar encabezado por el PSOE. En la subida de las encuestas del CIS  ha sobrepasado al  PP que pasa a la tercera posición tras su adversario C’s. Eso  augura unos buenos resultados, si se sigue manteniendo la lucha social.  Mediante una alianza o con el apoyo puntual de Unidos Podemos, si la tendencia de voto continúa, sería posible un Gobierno favorable a la clase trabajadora. Pero debemos recordar permanentemente al abuelo Pablo Iglesias, cuando explicaba aquello de: “En momentos clave hay que optar: O con los unos o con los otros. O con la clase trabajadora o con la burguesía. No se pueden servir a dos amos a la vez”.  Es decir o claudicar ante las presiones de los capitalistas, banqueros, el clero y el PP y sus aliados C´s, abandonando cualquier idea de socialismo que es igual que dejarle el paso libre sin luchar a los reaccionarios, que vienen dispuestos a atacar el nivel de vida de las masas para restaurar la tasa de ganancias del capital a costa de cargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, o basarse en el enorme potencial de fuerza que tiene la clase trabajadora, convenciéndola para defender un plan socialista entre todas las organizaciones sociales, con el concurso de los sindicatos y partidos de izquierdas, para romper con la derecha y su sistema corrupto y degenerado que solo está siendo eficaz para un puñado de parásitos de archimillonarios y que son un estorbo para llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad, a la que aspira la clase trabajadora y por la que seguimos luchando.

Muchos trabajadores, afiliados o no, saludan el cambio con esperanza y no les podemos defraudar. Han confiado en ti, compañero Pedro, como representante de la militancia y como defensor de los Derechos Sociales y espero que tengas un espacio de tiempo para leer algunas de las misivas que desde las bases te remitimos y no pierdas el contacto con la ciudadanía, pues algunos aunque con un apoyo crítico, como nuestra corriente, seguimos apostando y defendiendo el socialismo genuino  con las raíces obreras que nos legaron los fundadores del PSOE, UGT y JJSS.

Sin más por el momento, recibe nuestros fraternales saludos a la vez que te deseamos aciertos en tus decisiones y asimismo  hagas extensivos a la C.E. al Comité Federal y al resto de la militancia.

Quedamos tuyo y de la causa socialista.

Coordinadora Provincial.

Izquierda Socialista de Málaga-PSOE-A

Los afectados del Banco Popular hablan del juez Andreu

El más de millón y medio de personas afectadas por el Caso Banco Popular están perplejas ante la lentitud de la instrucción del juez Fernando Andreu en la que aún ni siquiera ha llamado a declarar a ninguna de las personas imputadas o a testigos que pudieran dar luz a lo que en realidad ocurrió para que más de 305.000 familias fueran arruinadas con nocturnidad y alevosía. Muchos son los afectados que nos llaman o nos escriben a través de todos los canales de comunicación que Diario16 tiene abiertos preguntándonos por qué en el caso de los políticos catalanes se tardó tan poco en que la Justicia actuara y con el Caso Banco Popular ya se lleva más de un año sin que el juez Andreu haya realizado ningún movimiento que dé luz al más de millón y medio de personas que lo perdieron todo en la madrugada del 7 de junio de 2.017.

En referencia a la posible recusación del juez Andreu por sus relaciones con personas o estamentos cercanos al Banco de Santander los afectados fueron claros al afirmar que: «el juez Andreu tenía que haber sido recusado hace meses. Este juez dejó a los Botín libres en el caso Falciani con una simple multa y ahora no hace nada. No entiendo cómo los bufetes de abogados no lo han recusado ya. Están bajo sospecha también. Se le tenía que haber echado desde el principio de la causa. Han puesto al juez de los Botín. Después del tiempo pasado que no se haya comprobado si la firma de Saracho que llevó el banco a la resolución es falsa es un despropósito. Si el juez Andreu mandara un registro de oficinas del banco, los culpables han tenido más de un año para retirar todas las pruebas que les inculpan. Todo este proceso es un desastre llevado al mando de un juez que no le interesa llegar a ningun sitio. En Europa ya saben que lo del Banco Popular fue una estafa, pero les da lo mismo y en lugar de eliminar la JUR siguen manteniéndola. Europa tiene un sistema que en cualquier momento podría acabar con un banco solvente en cualquier momento como ocurrió con el Popular».

La falta de acción de Andreu y su participación en actos pro-Santander como, por ejemplo, la presentación del libro de Manuel Medina (asesor del banco cántabro), además del ya mencionado archivo de la causa por los 2.000 millones ocultos en Suiza por la familia Botín, han hecho plantearse dudas respecto a la independencia de la Justicia española a los afectados del Banco Popular: «Esta es la Justicia española. Jueces “de barrio” dejándose los cuernos para sacar adelante sus procedimientos de la forma más honrada y ecuánime posible y otros como Andreu en las verbenas que organiza el Santander (quien verdaderamente gobierna este país, esté quien esté en el poder), para arrimar el ascua a su sardina. El Consejo General del Poder Judicial debería abrirle un expediente de oficio», además de hacer ver que el caso de Andreu no es inhabitual en el tercer poder del Estado: «Desgraciadamente no es el “extraño” caso de Andreu. Hay muchos como él, muchos jueces están completamente comprados con caramelitos, ascensos y caricias en el lomo por parte del Santander y Uría y Menéndez. Ojalá fuera un caso extraño y fácilmente extirpable, pero hay unos cuantos, como el amiguete Garzón, que no fue apartado por ser comprado por Santander sino por otros motivos. Lo del Santander no era el problema. La pena es que, mientras muchos jueces de provincias y comunidades autónomas están haciendo su trabajo con rigor y buena fe, hay personajes que ensucian el nombre de la Justicia».

Los afectados también critican, incluso, el modelo de instrucción de Fernando Andreu en el que, a pesar de declarar la causa compleja y, por tanto, alargar el periodo de instrucción, se puede ver lo siguiente: «En el caso de la estafa del Banco Popular, hasta en la forma de expresarse se le ve el plumero a Andreu. En el auto en el que alarga los plazos dice que los afectados tendrán la “oportunidad de defenderse”. ¡Qué magnánimo juez que va dar oportunidad de defenderse ante el robo del Santander! Más que defenderse, dejará hablar y poco, que la decisión puede que ya la tenga tomada hace tiempo. Como decía Quevedo de los jueces “untándoles las manos los ablanda el corazón”. Algo parecido a su amigo Garzón, el que, tras la carta de “Querido Emilio”, se pagó su viaje a EEUU y luego archivó alguna cosilla que el difunto Emilio Botín tenía pendiente por ahí. Por otra parte, ¿cómo que para “defenderse”? Ni que fueran los afectados los que tienen que defenderse de algo, si a ellos ya les han robado todo. ¿De qué se van a defender? En estos sumarios los afectados son la parte acusadora, y se les está ocultando información. Con el tiempo y el ocultismo se está ayudando a “defenderse” a los culpables, no a los robados. La manera de proceder y expresarse del juez hace pensar que no defiende la Justicia ciega; le está quitando el pañuelo de los ojos a la Justicia y trata de decirle a quien tiene que librar de sus delitos y de qué manera ha de dejar de hacer su función, mirando a otros lados y demorando el asunto a ver si lo entierran bien por otros lados».

Toda la instrucción, sus actos pasados, han provocado que sean muchos de los afectados los que han cambiado su opinión respecto al juez Andreu: «Este hombre en tiempos remotos tenía fama de honesto, pero cuando su amigo Garzón le enseñó el dulzor de ser amigo judicial del Santander “se come los dedos” y olvidó el pasado austero para obtener grandes prebendas de su apoyo al Santander. El hombre ha vendido su alma al diablo y, entre tanto, está haciendo mucho daño (eso es lo que cobra el diablo porque se alimenta del sufrimiento de inocentes aunque el diablo es como la mantis religiosa al que le sirve al final lo sacrifica y se lo come)».

Hablaron los afectados, no hace falta decir nada más.

La presunta protección judicial a Amat ralentiza el crecimiento y el desarrollo de Almería

Continuando con el paraguas judicial que parece amparar a Gabriel Amat, nos encontramos con el Magistrado Jesús Rivera Fernández, ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que falló en contra del cierra del Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar —recordemos a Tomás Olivo— cuando era juez del Contencioso Administrativo nº 2 de Roquetas de Mar a pesar de existir una sentencia contraria en el TSJA. A los pocos meses de dictar la resolución del no derribo y cierre de este centro comercial, se compró un coche en el concesionario Surponiente, propiedad de Gabriel Amat, haciendo, presuntamente, entrega de 16.000 euros para la adquisición de un vehículo valorado en 49.000 euros. ¿No había más concesionarios en Almería que el de Amat? Casualidades… Además, el hijo del magistrado Rivera, Jesús Rivera Sánchez, es concejal de Personal en el Ayuntamiento de Adra, donde fue alcaldesa la ex Delegada de Gobierno en Andalucía, María del Carmen Crespo.

Extracto del informe de la Agencia Tributaria presentado a la Justicia en referencia a la Trama Amat

La jefa del área de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, (al parecer, en comisión de servicios en el Ayuntamiento de Almería o en la Diputación Provincial que preside Amat), que dependen directamente de la Concejal, esposa del Alcalde de la Mojonera, José Cara González, socio de los Morales (Hispano Almería), es la hija del Magistrado Ruiz-Rico, quien se marchó de Almería cuando se hizo pública la vinculación de su hija con el consistorio roqueteño, pidiendo el traslado al TSJA donde actualmente se encuentra.

Esta historia interminable la remata el hijo de la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería que ha estado trabajando, hasta hace más o menos 2 años, en el despacho del afamado abogado almeriense Juan Marfil, defensor de Gabriel Amat. Algo parecido a lo sucedido con el Magistrado Ruiz Rico. El hijo de la Presidenta de la Audiencia Provincial, pasó a trabajar con otro grupo de asesores jurídicos ubicados en la provincia de Granada, grupo jurídico que tiene entre sus clientes conocidos la empresa Hermanos Lirola, imputados en la Operación Poniente.

María Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial, recaló en Almería en diciembre de 2.009 con unos objetivos muy definidos. Apostaba por la especialización de los órdenes jurisdiccionales para un mejor funcionamiento del sistema y organización de la Audiencia, así como el refuerzo de magistrados para dar a la Justicia una nueva imagen que se acercara a los justiciables y a los ciudadanos que reclaman su servicio. En este orden, y para conseguir sus objetivos, Molina se dedicó, entre otras cuestiones profesionales, a montar saraos en pubs y discotecas conocidas de Almería, donde se daban citan, aparte de sus amigos/as, de la que ha sido conocida como “la pandi chuly”, numerosos abogados/as, procuradores/as, jueces, fiscales y algún que otro político, además de empresarios conocidos de la provincia almeriense.

Foto: El Diario de Almería

A la vista de todas estas «casualidades» es normal encontrarnos con procedimientos, como es el caso de la Trama Amat, donde han pasado, por el momento, hasta 7 jueces en 6 años de instrucción. Pero todas estas rémoras judiciales no escandalizan a nuestros gobernantes y, ni mucho menos, a los distintos operadores judiciales convirtiéndose, a su vez y a la vista de todos los ciudadanos, en una práctica habitual, normal y a todas luces legal.

Hace muchísimos años que los intereses de una minoría convirtieron a la provincia de Almería en un laboratorio en el que se ha venido poniendo en funcionamiento distintas prácticas socio-políticas y corruptelas que luego han servido para extrapolar a otras provincias y Comunidades Autónomas. Por desgracia, Almería reúne los requisitos necesarios para estas prácticas de ensayo y por las que ha de pagar un gran peaje, como, por ejemplo, la falta de infraestructuras e inversiones que, de una vez por todas, la termine de catapultar a los índices económicos y de sostenibilidad que se merece.

El Gobierno no puede defender a Pablo Llarena en Bélgica por culpa de la Ley de Tasas del PP

La Ley de Tasas promocionada entonces por el ex Ministro del Partido Popular Alberto Ruiz- Gallardón, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, modificó la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) y suprimió la posibilidad de los funcionarios públicos de comparecer por sí mismos en la defensa de sus derechos estatutarios, que a partir de entonces tenían la obligación de pagar también la tasa correspondiente.

Esta obligación de pagar la tasa correspondiente por parte de los funcionarios públicos, y entre ellos de los jueces y magistrados, supuso en la práctica la pérdida de vigencia del Convenio del 2010 suscrito entre el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y el Consejo General del Poder Judicial.

Y aunque la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), volvió a recoger la posibilidad de los funcionarios públicos de comparecer por sí mismos en la defensa de sus derechos estatutarios, sería necesario la celebración de un nuevo Convenio para restituir a los jueces y magistrados el derecho a ser defendidos por la Abogacía del Estado.

El Convenio con el que desde algunos sectores se pretende costear la defensa de Pablo Llarena en Bélgica fue firmado el 13 de mayo del año 2010, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14, letra f), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del entonces vigente Estatuto Básico del Empleado Público, que reconocía a los empleados públicos incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación el derecho a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se siguieran ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

En virtud de aquel derecho contemplado en la Ley de 2007, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y el también entonces ministro de justicia, Francisco Caamaño, coincidieron en la conveniencia de articular el mecanismo para hacer efectivo aquel beneficio de asistencia letrada en juicio a los Jueces y  Magistrados integrantes de la Carrera Judicial, en los términos legales y reglamentarios que regulaban esa asistencia, sin perjuicio de su derecho a designar Abogado y Procurador particular o a solicitar que se les designara uno de oficio.

Según se hizo constar en el preámbulo de aquel Convenio, el régimen de responsabilidad civil y penal al que están sujetos los miembros de la Judicatura, regulado en los artículos 405 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aconsejaba facilitar a ese relevante colectivo el derecho a ser asistidos jurídicamente por los Abogados de la Administración Pública a la cual servían.

En consonancia con ese derecho, el artículo 23.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) sigue estableciendo que podrán comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

Sin embargo, fue la Ley de Tasas del Partido Popular – que ha sido declarada inconstitucional casi en su práctica totalidad- la que modificó la LJCA y suprimió la posibilidad de los funcionarios públicos – y entre ellos de los jueces y magistrados- de comparecer por sí mismos en la defensa de sus derechos estatutarios, que debían pagar también la tasa correspondiente.

Esta nueva obligación de pagar la tasa correspondiente de los funcionarios públicos era incompatible con el derecho de los jueces a la defensa de sus intereses por parte de la Abogacía del Estado, lo que supuso en la práctica la pérdida de vigencia del Convenio del 2010 suscrito entre el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y el Consejo General del Poder Judicial.

Y aunque el mismo Partido Popular suprimió años después la necesidad de que los jueces y magistrados pagaran tasas en sus pleitos y causas profesionales sin embargo el Convenio del año 2010 no se reactivó formalmente, y ahora sería necesario la celebración de un nuevo Convenio para restituir a los jueces y magistrados el derecho a ser defendidos por la Abogacía del Estado.

Mientras no se celebre ese nuevo Convenio entre el ministerio de justicia y el CGPJ, el Gobierno de España no podrá defender en Bélgica a Pablo Llarena por culpa de la Ley de Tasas del Partido Popular.

El Convenio con el que se pretende costear la defensa de Pablo Llarena en Bélgica no está en vigor

Ciudadanos demuestra que no sabe gestionar… otra vez

Curiosa la investigación que han realizado los compañeros de Diario Bahía de Cádiz con los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y que dejan en tan mal lugar a Ciudadanos. Si ya rizaron el rizo de quebrar el quebrado ayuntamiento de Valdemoro, que hay que tener arte para hundir lo hundido, en esta ocasión el partido naranja demuestra que es falso que sepan gestionar. Alardea Albert Rivera, entre otras cuestiones, de tener equipos de personas con un perfil profesional, de ser personas que vienen de la sociedad civil y de la empresa para aportar su granito de arena a la política. Viendo lo que sucede donde gobiernan, donde tienen alguna responsabilidad de gestión, o la sociedad civil española está podrida, o es mentira todo lo que presume el dirigente de la derecha.

Resulta que los peligrosos bolivarianos, en el caso de Cádiz habría que decir los peligrosos anticapitalistas, son mejores gestores de lo público que los que venían a dar lecciones de gestión. Según los datos aportados por la información, el Ayuntamiento de Cádiz dirigido por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común, excluyendo los entes locales de gestión, realiza el pago a proveedores (un dato que demuestra la capacidad financiera de la gestión municipal) a 50 días. Que es algo más de lo recomendado por el Ministerio (31 días), pero que comparado con otros entes públicos es excelente. Junto al lastre de los entes locales de gestión municipal, el Ayuntamiento gaditano paga en tres meses a los proveedores, lo cual supone pagar dos meses antes incluso que los pagos que realizaba la “idealizada” derecha del PP y Teófila Martínez. ¿Por qué esa desajuste? Por culpa de dos entes que gestionan Ciudadanos debido al acuerdo tomado entre PSOE, PP y Cs.

Onda Cádiz, dirigida por el concejal naranja Juan Manuel Pérez Dora, tarda en pagar a los proveedores casi un año, 321 días. Curiosamente lo gestionado por los pupilos de Rivera, que tiene una forma más empresarial que otros entes, es la que peor se maneja en cuestiones financieras perjudicando el buen rendimiento del resto del Ayuntamiento. No es de extraña que José María González “Kichi”, alcalde gaditano, haya salido a dejar bien claras las cosas: “Ni aportar más transparencia, ni dotar de más pluralidad, ni ofrecer un servicio más cercano a la gente. Lo primero que hizo Ciudadanos al llegar a Onda Cádiz fue colocar a su gente a dedo y subirles el sueldo”. Una estrategia de gobierno muy típica del clan de la Manzanilla que dirige Juan Marín.

Ahí no termina la gestión de los que venía  a gestionar todo bien y todo lo que tocan lo hunden. En la Fundación Municipal de la Mujer, donde está la concejala de Ciudadanos María Fernández Trujillo, también tienen problemas con el pago a proveedores. No es tan exagerado como en Onda Cádiz pero tardan en pagar a los proveedores hasta 120 días. Laura Mingorance ha denunciado que “la derecha gaditana (PP, PSOE, Cs) sólo ha necesitado arrebatar dos empresas municipales al equipo de gobierno para demostrar que sólo miran por su interés a costa de perjudicar al resto de la ciudad”.

Vuelve Ciudadanos, como ha pasado en Valdemoro, Arroyomolinos o Espartinas, ha dejar muestra una vez más de su incapacidad para gestionar lo público. Las mentiras de Rivera son cada vez más patentes, por mucho que le tapen las vergüenzas los medios del establishment, y ni son lo que dicen ser, ni tienen las capacidades que decían tener. No saben gestionar, meten la mano en la caja (Caso Enredadera), pero claro vendiendo los puestos en las listas electorales qué se podía esperar. El clan de la Manzanilla cuya única esperanza es vivir bien de la política, dando el gobierno a PP o PSOE, demuestra que lo de la gestión es para otros. Ellos y ellas se conforman con cobrar a fin de mes una buena cantidad, salir a hacer cuñadismo de vez en cuando y colocar, como denuncia Kichi, a sus conmilitones.

Toma cuerpo la conspiración para derrocar al papa Francisco

Como en los peores tiempos de la Edad Media, el ruido de sables y el olor a veneno han vuelto al Vaticano. Algunos obispos de la curia de Roma han visto en los recientes casos de pederastia descubiertos en diócesis de todo el mundo una oportunidad única para derrocar a Francisco, ese papa al que muchos prelados odian por haber tratado de abolir el boato de la herencia imperial y devolver el cristianismo a sus orígenes. La conjura de los purpurados se destapó en el último viaje de Francisco a Irlanda, epicentro del escándalo de pedofilia que ha sacudido los cimientos de la iglesia de Pedro, cuando el arzobispo y ex nuncio de Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, acusó a Francisco de estar al corriente, e incluso de encubrir, los abusos a menores del cardenal norteamericano Theodore McCarrick. El papa, lejos de entrar al trapo de la carta de 11 páginas firmada por Viganò, ha contestado a través de la prensa de una forma críptica, indirecta, cuanto menos poco clara: “Lea detenidamente el documento y juzgue por sí mismo. No diré una palabra sobre eso, creo que la declaración habla por sí misma”. La respuesta del sumo pontífice ha dejado serias dudas en el aire sobre el grado de conocimiento que tenía acerca de los crímenes sexuales supuestamente cometidos por McCarrick.

Pero en cualquier caso, y más allá del asunto puntual de la misiva incendiaria de Viganò, lo que parece confirmarse es que había una guerra soterrada en la jerarquía vaticana desde el mismo momento en que hubo “fumata” blanca y Bergoglio salió al balcón de la Plaza de San Pedro investido con el anillo del Pescador. Algunos no le perdonan a Francisco la cruzada particular que desde el primer momento de su mandato inició contra la “mundanidad” del clero y la ostentación de riquezas en la que había caído la Iglesia católica. Desde su llegada, Bergoglio no solo ha apostado sin concesiones por la creación de una comisión especial para la protección de los menores víctimas de abusos sexuales y para la lucha contra los curas pedófilos, sino que también ha propuesto la creación de tres comisiones de investigación sobre los turbios asuntos económicos de la Santa Sede, no solo los que tienen que ver con la banca y las finanzas vaticanas sino los que afectan al sistema administrativo de la Iglesia (que había caído en el despilfarro y la corrupción). Francisco es ese papa al que algunos no perdonan que haya querido imponer unos presupuestos económicos austeros alejados de toda ostentación y que haya puesto en orden las finanzas vaticanas, además de mejorar el uso de los recursos e impulsar importantes programas sociales destinados a trabajar con los pobres y marginados. Hay quien asegura que en su plan de gobierno está iniciar los trámites para terminar de una vez por todas con el celibato de los curas (de manera que en el futuro podrían contraer matrimonio) e impulsar el papel femenino en la organización eclesial, permitiendo la ordenación de mujeres sacerdotes. ¿Se lo permitirán las fuerzas misteriosas y oscuras que ahora parecen conjurarse contra él?

En el último turbulento viaje a Irlanda, el papa ha pedido perdón por los “abusos de poder, de conciencia y sexuales” cometidos por “miembros cualificados” de la Iglesia de ese país desde hace décadas. Esta petición de disculpas, que ha debido sentar como un tiro en según qué círculos vaticanos, no ha sido suficiente para Viganò, que pide la renuncia de Francisco a su alto ministerio.

Pero Viganò no parece actuar en solitario. Desde su llegada al trono de Roma Francisco ha ido dejando un rosario de cadáveres políticos que ahora se revuelven contra él. Su supuesta permisividad contra la pederastia de los últimos años no parece avalada por los datos y se antoja un mero pretexto de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, una excusa fácil, una cicuta que bien suministrada en el cáliz de su santidad puede causar el efecto deseado, que no es otro que obtener la definitiva dimisión de un papa que llegó para levantar las alfombras podridas de los palacios vaticanos y que tras la misiva de Viganò queda en una posición de franca debilidad.

¿Cuál será el siguiente movimiento de los enemigos de Francisco? Todavía no se conoce el alcance exacto de la carta de Viganò, ni siquiera hasta dónde llega la conspiración contra Bergoglio, pero el episodio parece bien tramado y orquestado  desde las altas esferas de la curia. Quizá Viganò, un arzobispo de difícil carácter que ya estuvo en el centro del escándalo ‘Vatileaks’, no sea más que la mano que mece la cuna. De hecho, de él se cuenta que tras haber pasado por el Governatorato de la Ciudad del Vaticano y la Secretaría de Estado acumula dosieres e información sensible suficiente como para arruinar la vida de muchos prelados de la jerarquía católica. De ser así, las cloacas vaticanas estarían funcionando ya a pleno rendimiento.

Viganò, por sí solo, parece tener bastante material para derribar al sumo pontífice pero no se puede descartar que no sea más que el pirómano elegido por un movimiento neoconservador mucho más organizado al que las ventanas abiertas y el aire fresco, el control del derroche y la fastuosidad de muchos obispos, la vuelta a la iglesia de los pobres y las reformas en profundidad –como ese nuevo Concilio Vaticano II que parece estar preparándose a corto plazo– producen una urticaria insoportable. De cualquier forma el olor a azufre que se extiende por los pasillos de San Pedro últimamente solo puede tener una explicación lógica: el maligno ha salido de su escondite y se mueve ya muy cerca de Su Santidad.

La Junta blinda las viviendas protegidas para evitar que caigan en manos de fondos buitre

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El Gobierno Andaluz ha aprobado un decreto que modifica el Reglamento de la Vivienda Protegida en Andalucía, vigente desde 2006, con el fin de reforzar el carácter social del parque residencial de titularidad pública y blindarlo ante el capital privado.

La norma, denominada Decreto de Defensa de la Vivienda del Parque Público Residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se adapta a la situación actual del sector inmobiliario y aumenta las garantías para evitar que estos inmuebles puedan acabar en manos de los denominados «fondos buitre», con el consiguiente perjuicio para las familias con escasos recursos. El texto prohíbe expresamente la venta de una vivienda propiedad de cualquier administración pública a personas jurídicas, dando así carta de naturaleza legal a una medida que la Junta de Andalucía ya aplica en la práctica, pues nunca ha realizado este tipo de operaciones con entidades privadas con ánimo lucrativo.

El decreto aprobado por el Consejo, que ha contado con una amplia participación de los agentes sociales a través del Observatorio Andaluz de la Vivienda, incorpora también medidas que garantizan el cumplimiento de la función social. Entre ellas, se define con más detalle quiénes pueden ser titulares de viviendas protegidas y en qué situaciones puede acceder a la misma, fijando nuevos mecanismos para asegurar que sean siempre domicilio habitual y permanente de las familias adjudicatarias. De este modo, la norma establece que solo serán beneficiarias las personas físicas, nunca las jurídicas, si bien exceptúa a las entidades sin ánimo de lucro, que podrán ser arrendatarias siempre que los usuarios finales pertenezcan a colectivos con especiales dificultades para el acceso a una vivienda.

Por otra parte, el texto generaliza la posibilidad de las administraciones de ejercer el derecho de tanteo y retracto a cualquier vivienda protegida, tanto en régimen de propiedad como de alquiler, con independencia del plan en cuyo marco se haya calificado. Además, ante el incremento de las rentas como consecuencia del fenómeno del alquiler turístico, se refuerza la obligación de que el inmueble sea para las familias autorizadas y no para terceras personas.

Como novedad, se permite realizar en la vivienda alguna actividad económica, siempre que sea la residencia habitual y permanente de quien la ejerza. Asimismo, se establece que no se considerarán adjudicaciones las permutas y traslados entre viviendas protegidas de titularidad de un mismo promotor. En consecuencia, esos procesos no estarán sometidos a los registros municipales de demandantes.

Finalmente, el decreto también modifica el reglamento de estos registros, en vigor desde 2012, para dar prioridad en los procesos de adjudicación a personas inscritas promotoras de cooperativas de viviendas y no, como venía ocurriendo hasta ahora, a demandantes que manifiestan su interés en formar parte de las mismas.

IU-Lorca pide que se agilice la aplicación de la Ley que permite justificar las ayudas de los terremotos mediante cuenta simplificada

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha valorado positivamente la iniciativa del Partido Popular de pedir en el Congreso de los Diputados, mediante una Proposición No de Ley, la condonación de la parte estatal de los intereses de demora correspondientes a los expedientes de reintegro de los afectados por el terremoto de Lorca de 2011, si bien la ha calificado de “insuficiente”.

Martín ha asegurado que el cobro de estos intereses no resulta “ético” ya que está relacionado con el “injustificable” retraso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para tramitar los procedimientos administrativos, como sorprendentemente reconoce el propio PP. La Consejería de Fomento está tardando hasta un año en responder a las alegaciones planteadas por los afectados a los expedientes de inicio de reintegro. Unos expedientes que se están incoando hasta siete años después de concedidas las ayudas.  “Esto ha provocado que los afectados, por causas ajenas a su voluntad y sólo achacables a un procedimiento administrativo extemporáneo y caótico, hayan ido acumulando intereses de demora durante años”, explicó Martín.  Para la edil, esto demuestra un afán recaudatorio por parte de las Administraciones, “que se han olvidado del espíritu solidario de las ayudas para convertirlas en préstamos bancarios con recargos e intereses inasumibles para los vecinos”.

Martín ha recordado también que, tras su toma de posesión como Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, su formación política pidió a Diego Conesa que el Gobierno de Pedro Sánchez eximiera a los damnificados del pago de dichos intereses. Conesa también se comprometió a que la Abogacía del Estado emitiría un informe sobre la prescripción del derecho de las Administraciones estatal y autonómica a exigir el reintegro de las ayudas “que aún no se ha materializado”. Lo mismo sucede con el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que tampoco ha sido emitido. “Si los vecinos no han tenido vacaciones para seguir recibiendo disgustos, el verano no puede ser excusa para tener paralizada la aplicación de soluciones”, ha dicho.

Para IU y para los afectados, lo importante es que se reconozca que una gran parte de los 2.000 expedientes han prescrito.  Por ello, la edil ha mostrado su preocupación porque el PP insista en que si no se condonan los intereses a los damnificados por el terremoto tendrían que añadir a los reintegros superiores a 13 millones de euros, un sobrecoste de 456.000 euros. “Lo que nosotros queremos es que no haya intereses que pagar porque no haya ayudas que devolver”, aseguró.

Martín también ha exigido “celeridad” para que se ponga en marcha el procedimiento de justificación aprobado por la Ley 8/2018, de 23 de julio, de ayudas de Lorca. Cabe recordar, que mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, los afectados podrán salvar los obstáculos que están encontrando por el extravío de facturas y que se puedan cerrar así sus expedientes. Aunque la ley entró en vigor el 27 de julio “aún no hemos recibido los formularios que deben cumplimentar los vecinos que deseen acogerse a esta vía”, señaló.

Por otra parte, la concejala de IU-Verdes, ha lamentado los problemas de salud que mantienen alejada de la actividad política a la concejala de Gestión de Recuperación tras los terremotos, Saturnina Martínez, a la que ha deseado una pronta recuperación. Hasta su reincorporación, Martín ha pedido al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que traspase esta competencia a algún miembro de su equipo de Gobierno, “para que en IU tengamos un interlocutor válido con quien tratar de resolver eficazmente los problemas que van surgiendo”. No obstante, Martín ha agradecido al primer edil su “buena disposición” cuando la edil ha requerido su intermediación en las últimas semanas.

El PSOE pide lealtad y cooperación

Por su parte, la portavoz de la Agrupación Socialista de Lorca y diputada regional, Isabel María Casalduero Jódar ha manifestado su pesar por las declaraciones de la concejal de IU en Lorca, Gloria Martín, en las que exige al PSOE que se materialice “ya” el compromiso adquirido por el delegado de Gobierno Diego Conesa, sobre la emisión del informe de la Abogacía del Estado.

Casalduero celebra el “entendimiento y las buenas relaciones que mantienen últimamente IU y Partido Popular” e invita a los ediles de IU a hacer memoria, ya que en la visita del Delegado de Gobierno a Lorca con los afectados por los terremotos estaba presente la concejal de IU, la cual “presenció y aplaudió” el compromiso que adquirió el Delegado de Gobierno, y que fue –añade- “tener elaborado el informe en el mes de Septiembre”.

En este sentido, la diputada subraya que “a pesar de conocer este compromiso de primera mano”, cuando aún ni siquiera ha finalizado agosto, IU aproveche la angustia, dolor y preocupación de los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos para poner piedras en el camino, todo ello -señala- “en su único afán por atacar al PSOE, aún a costa de perjudicar a los afectados por las ayudas de los terremotos”, lamenta.

Casalduero asegura que desde el PSOE de Lorca nos mantendremos “firmes y reivindicativos como lo hemos estado desde el principio, gobierne quien gobierne”, y manda un mensaje de tranquilidad a los afectados: “le pese a quien le pese, vamos a seguir trabajando para dar solución al problema que llevan sufriendo años”.