Con una larga experiencia en la milicia a sus espaldas, el general Ruiz Barrera es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en la Reserva (Acore). Hombre de ideas claras y principios firmes, siempre ha tenido serias dudas acerca del procedimiento y la forma en que se negoció el proceso de paz en Colombia. En esta entrevista, realizada recientemente en Bogotá, analiza los últimos acontecimientos vividos en el país y las expectativas con respecto a las negociaciones con otros grupos terroristas, como el ELN. También examina el incremento de los cultivos ilícitos de coca.
¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras los últimos cambios legislativos que se efectuaron?
Desde el punto de vista institucional, la JEP ha sido motivo de preocupación permanente, por razón de la seguridad jurídica, para los miembros de la Fuerza Pública que se vieron implicados en hechos que sucedieron durante el conflicto armado en Colombia. En este momento, la JEP, que está basada en lo que fue la justicia transicional, es un instrumento que aceptamos y entendimos dentro del sistema penal y lo único que exigimos en su momento es que nos dieran un tratamiento especial y diferenciado para no caer en el mismo saco que los terroristas y ser puestos al mismo nivel que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo terrorista como todo el mundo sabe. En estas condiciones, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, entendimos que era una fórmula aplicable y nuestra gran frustración vino cuando nos sentimos engañados por el Gobierno, en el sentido de que el Jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos, nos había garantizado la seguridad jurídica y lo que ocurrió no fue así porque los magistrados que se eligieron para la JEP y que estaban destinados a juzgar a la Fuerza Pública eran poco fiables. El cincuenta por ciento de los designados procedían claramente de la extrema izquierda y el problema no eran sus ideas, sino que eran activistas radicales que profesaban esa ideología públicamente y con antecedentes claros de detractores de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquí su participación en procesos como miembros de las fuerzas militares. Se generaron así una serie de conflictos que nosotros denunciamos en su momento y formulamos los reparos oportunamente, no siendo atendidos por el Gobierno de entonces. Ese fue el gran engaño al que fuimos sometidos. Otro asunto que se nos trató de incluir fue el famoso artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo no aceptado en muchas partes del mundo y que atentaba directamente contra nuestra carta política, la Constitución de la República. Sin embargo, lo descubrimos a tiempo ese asunto y conseguimos que se hicieran algunas modificaciones. Ese fue el gran engaño que sufrimos y el gran rechazo que manifestamos hacia algunos aspectos relativos a la JEP.
¿Cree usted que en Colombia se pueden dar situaciones parecidas a las de Argentina y otros países donde los militares han sido procesados, condenados y pagan con cárcel?
El instrumento como tal para la justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quiénes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de la institución armada tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma; esa es nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidos y aceptados por varios grupos políticos. Eso se aprobó en el Congreso y en estos momentos este asunto está inmerso en una revisión constitucional. Si estas sugerencias presentadas por nosotros son aceptadas por la Corte Constitucional, entonces se aplicarían de inmediato y significaría que el cincuenta por ciento de los magistrados de la JEP tendrían que dejar sus cargos. En esas condiciones, claro está, los miembros de la Fuerza Pública tendrían unas mejores condiciones y recuperarían la confianza en esa institución.
Expectativas ante el nuevo Gobierno
¿Qué expectativas tiene sobre el manejo de los asuntos militares con respecto al presidente Iván Duque? ¿Cree que cometerá errores parecidos a los de Uribe cuando quitó el Fuero Militar?
Efectivamente, fue así, como usted dice, y nosotros lo discutimos abiertamente con el presidente Uribe y él reconoció su error, pidiendo en su momento a su ministro de Defensa, Camilo Ospina, que viniera a Acore y diera sus explicaciones, porque Uribe también se sentía engañado. Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente. Ahora, sin embargo, el presidente Duque ha hablado de recuperar la justicia penal militar y recuperar ese Fuero Militar; asimismo considera que, al igual que muchos países democráticos del mundo, en Colombia debe ocurrir algo similar, en el sentido de recuperar ese trato especial a los miembros de la Fuerza Pública. Así lo ha prometido y esperemos que cumpla con esas promesas durante su mandato presidencial.
¿Qué balance hace del presidente Santos aparte del proceso de paz?
Sobre este tema tenemos suficiente información de lo que ha acontecido y tenemos distintas fuentes para analizar el asunto en profundidad que nos han confirmado el gran engaño de que, finalmente, lo que se anunció no es lo que realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el Gobierno gastó ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo Gobierno del presidente Duque. Fuentes muy serias y competentes con las que nos hemos reunido últimamente, como las Naciones Unidas, coinciden con nosotros, en el sentido de que una buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados. Las Naciones Unidas, incluso, nos han constatado que muchos de los que abandonaron las armas se han unido a lo que ahora se llaman como «disidencias de las FARC», abandonando las zonas de concentración previstas en los Acuerdos de Paz de La Habana, y están en la misma actividad criminal. Los acuerdos, en definitiva, no se han cumplido y no han funcionado como estaba previsto.
Aumento de la inseguridad en las calles
¿No le parece que los acuerdos de paz tampoco han tenido traducción inmediata en una mejora de la seguridad pública?
Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta. El Gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaron en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo que se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general, porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país.
¿Cree que en Colombia se debería separar la Policía Nacional de la estructura general de las Fuerzas Armadas?
La experiencia nuestra, tras tantos años de conflictos, nos permite dar una respuesta clara y contundente: no. No se debe hacer esa separación por la que pregunta usted. Es más, muchos países y expertos internacionales que han venido hasta Colombia han asegurado que la interacción entre nuestros militares y la Policía Nacional ha sido positiva para el país, ha sido la mejor de las soluciones ante los problemas que teníamos y que ha funcionado bien. Actuamos coordinadamente en equipo y en conjunto dando buenos resultados. La Policía Nacional nuestra requiere capacidad para entrar en combate porque hace frente a bandas y grupos criminales muy potentes y bien organizados. Tenga en cuenta que la Policía Nacional, en el sentido tradicional que la entendemos como fuerza para actuar en áreas urbanas, no tendría esa capacidad necesaria para hacer frente a esos grupos ilegales y entrar en combate cuando la situación así lo requiera. Necesitamos fuerzas con alto nivel de operatividad y con medios efectivos para hacer frente a los desafíos que tenemos. Por fortuna, esa coordinación y unidad de mando se ha mantenido y ojalá siga así por mucho tiempo, pese a que las FARC, en las negociaciones de La Habana, intentaron buscar esa separación, aunque finalmente no lo lograron por suerte para todos los colombianos.
El aumento de los cultivos de coca
¿A qué se ha debido ese aumento en las hectáreas de cultivo de cocaína en todo el país?
La gran demanda, obviamente, genera que los precios de este producto se disparen y cuando se disparan, el negocio mejora y aumenta. Luego las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas. Este problema del narcotráfico, además, está muy ligado al aumento de la criminalidad y la inseguridad en muchas partes del país. Muchos líderes sociales han sido asesinados por tener intereses encontrados con los que mueven el negocio de la droga. Mientras no se controle el narcotráfico en el país, mientras no se erradique este flagelo, la criminalidad y la inseguridad pública seguirán siendo la tónica dominante en el país. Ese fenómeno creciente de los cultivos de coca es preocupante y vincula a miles de personas, algo que tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno si de veras quiere atajar la criminalidad.
¿Qué noticias tiene de las disidencias de las FARC?
En una reunión con las Naciones Unidas hace un año se hablaba de entre 1.200 a 1.500, pero lo cierto es que esas «disidencias» de las FARC han ido creciendo y por ahora han ido conformando hasta unos 19 grupos y actúan por ahora desarticuladamente pero seguramente con la intención final de crear un mando unificado. Creo que si no se les ataca de frente y duramente, este problema irá a más y acabará convirtiéndose en una amenaza real a la seguridad del Estado.
¿Qué perspectivas tiene con respecto al proceso de paz tan cuestionado por muchos?
Este asunto lo hemos discutido mucho y abiertamente en la reserva activa y tenemos mucha información pero también preocupación. Hemos seguido las negociaciones entre el Gobierno saliente y las FARC, llegando a la conclusión de que ha sido un total fracaso el tal proceso de paz. Las razones por las que ha fracasado son debidas, en primer lugar, porque las FARC han venido actuando sin unidad de mando ni teniendo el control sobre sus fuerzas. Los que actuaron como negociadores son unos representantes que no tienen la autoridad para tomar decisiones sobre lo que se acuerde o, finalmente, se llegue a pactar. Cada cuadrilla o los frentes, como ellos se llaman, tienen sus propios intereses, cada uno dedicado a acciones ilegales específicas y diferenciadas con respecto a los otros, bien sea en el narcotráfico, en la actividad delictiva urbana o en la minería ilegal, dependiendo del «negocio» en el que estén metidos. Son grupos que actúan dispersamente y muchas veces fuera del control del mando.
¿Qué pasará con el proceso en ciernes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?
Con respecto al ELN, el presidente entrante Duque ya ha dicho que escuchará a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas, que ya escucharon y estuvieron en contacto con esta organización terrorista, para saber en qué punto está el asunto y qué es lo que quiere este grupo. Ambas instituciones llevan mucho tiempo en contacto con el ELN. Pero Duque ya advirtió que hay que ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con el alias de «Pablito», que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, asegura que no acepta precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al presidente Duque con que está en la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente creo que no puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo.
