jueves, 29 enero, 2026

La criminalización de las huelgas en los medios de comunicación

Han coincidido en el tiempo diversas huelgas (Ryanair, Taxi, Amazon, reparto de prensa…), a las que habría que sumar las manifestaciones de las gentes de Coca-Cola en lucha, que han sido publicitadas por los medios de comunicación bajo una presunta asepsia informativa. Sí, presunta porque lo que muestran al final de la información es una especie de criminalización de aquellas personas, la clase trabajadora, que hacen uso de un derecho fundamental. Un derecho completamente objetivo que, como muestran los medios de comunicación, choca con derechos subjetivos de toda ralea y condición. Se produce de esta forma una deslegitimación de las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras. En algunos casos este proceso se genera por la búsqueda de morbo y amarillismo, en otras es consecuencia directa del poder de la clase dominante que posee en propiedad esos medios, y en los medios públicos se produce la confusión para esconder la lucha política. Veamos lo acontecido en los últimos tiempos.

Comenzando por la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Amazon, en los medios de comunicación se informó de la propia huelga, aunque bastante menos de los actos represivos de la policía con los congregados a las puertas de los almacenes. Se causaron heridas de distinta consideración a los huelguistas. Desde los medios de la derecha, como suelen hacer, se potenció la violencia de los trabajadores y trabajadoras, mientras que en los que se autocalifican como progresistas se notició escondido si acaso. Eso sí, todos informaron ampliamente de las repercusiones de la huelga para la llegada de las compras realizadas. Poco o nada de las lamentables condiciones laborales que sufren, con numerosas bajas por enfermedad laboral, o de las consecuencias para el pequeño comercio. Algún periódico de la falsa progresía incluso se permitió hacer una comparativa de hacer compras en otras empresas de venta on-line. Al final del camino, tal y como reflejaban los medios, la huelga de Amazon impidió la llegada de compras y tampoco deben quejarse tanto los trabajadores y trabajadoras porque hay empleos peor pagados y con la cantidad de paro que existe son hasta privilegiados. Pero las camisetas con sangre de los porrazos de la policía poco o nada. La represión  consentida por culpa de la violencia que se destaca, no la del sistema, sino de las masas furibundas de sindicalistas. Así lo dejan ver en los medios.

Vayamos con Ryanair, una compañía de vuelos de bajo precio que tiene a sus trabajadores en condiciones pésimas, sin descanso y con salarios de saldo. Desde la administración pública lo primero que hicieron, siendo un gobierno que se dice socialista, fue advertir de las formas de reclamación por la cancelación de vuelos. No hubo una intervención para analizar las condiciones de trabajo que incumplen el mínimo exigido, no hubo una investigación sobre contratos laborales, nada. Sólo advertir de la legislación vigente para cancelaciones y demás directivas europeas. Ni amenazas de retirada de la licencia ni nada por el estilo, y eso que la susodicha compañía tiene numerosas huelgas tras de sí y quejas continuas de la ciudadanía.

En los medios, como suelen hacer, comentar que había huelga con los motivos un tanto escondidos. Salvo que Iberia u otras compañías tenga publicidad en sus medios y entonces se comparan condiciones, nada de nada. Eso sí, no han faltado la ristra de perjudicados y perjudicadas por la cancelación de los vuelos que suelen repetir los manidos eslóganes sobre derechos subjetivos e individuales: “No sé por qué tienen que hacer huelga en vacaciones”; “Perjudican a los que menos tienen”; “Siempre pagamos los de siempre”; etcétera. El caso es visualizar al otro y no las reivindicaciones de la clase trabajadora. Nunca cuestionan al simpar entrevistado por la suerte que tiene de viajar mientras que un 40% de la población española no puede, o algo por el estilo. Se produce una deslegitimación por comparación constante. Sobre todo con el típico tópico de que se producen en vacaciones. ¿Cuándo quieren que las hagan? ¿Cuándo no puedan ejercer presión sobre los poderosos?

La clase trabajadora impide el derecho a la información.

Aunque lo más vergonzoso que se ha visto en los medios ha sido respecto a la huelga del reparto de prensa. Aquí se han dicho auténticas barbaridades criminalizando a los transportistas, muchos de ellos “falsos autónomos”, y que ganan lo justo para sobrevivir por el oligopolio del reparto. Una huelga con toda la legitimidad del mundo se transforma para los propios medios de comunicación en una “vulneración del derecho a la información”. Ahí es nada. La clase trabajadora impide el derecho a la información por hacer huelga. ABC titula Piquetes violentos de transportistas bloquean el reparto de prensa en Madrid y se suma la entradilla donde afirman que “los repartidores autónomos quieren imponer unos contratos fuera de mercado, con sueldos de 4.500 euros por quince días de trabajo”. Para rematar el diario monárquico conservador comienza el artículo afirmando que “la libertad de prensa en Madrid se está viendo amenazada”. El Mundo titula Seis días de boicot a la prensa y al derecho a la información. En la trama del artículo advierten “no se trata de una huelga, porque estos transportistas, autónomos, responden a un contrato mercantil de prestación de servicios”. Por el hecho de ser autónomos, digamos que “falsos autónomos”, no tienen derecho a la reivindicación o la huelga. También informan que es la empresa Boyacá la que interpreta que sus condiciones están fuera de mercado y las quejas de las organizaciones empresariales por la violencia ejercida por estas personas.

Sin entrar a valorar en profundidad si las reclamaciones están fuera de mercado o no, en los medios ningunean los costes que tienen esos autónomos, o las condiciones en las que están otros contratados por la propia empresa o que tienen otro tipo de contratos con la empresa de distribución, se hace evidente que se criminaliza al que protesta. En este caso incluso quitándole la categoría de trabajador, de formar parte de la clase trabajadora por el hecho de ser autónomo. Se le niegan derechos, aunque la violencia pueda ser excesiva sin duda, y se pretende quebrar la solidaridad de clase al expulsarlos intencionadamente de esa catalogación. Lo horroroso es la interpretación que hacen sobre la falta de derechos de los trabajadores autónomos. Y tampoco pueden ejercer como “supuestas empresas” una competición capitalista, según parece. Lo que ocultan los medios son las detenciones de esos trabajadores realizadas por la policía durante el fin de semana, o la alta mortalidad por accidentes de tráfico que sufren esos “autónomos”. Eso lo ocultan para que las personas, no vaya a ser que, se solidaricen con sus protestas.

Lo más aberrante es que se establezca el derecho a la información como antagonismo a la huelga. Informar como bien supremo, cuando se sabe que los medios acaban ocultando lo que los poderosos no quieren que se sepa, frente a una huelga. Informar como necesidad máxima del sistema de reproducción capitalista frente a la violencia ejercida por los trabajadores deslegitimados. Pues no, es mentira que se vulnere el derecho a la información. Lo que se impide es la distribución de prensa escrita, lo cual significa un perjuicio económico para esos medios de comunicación y para el oligopolio de la distribución. Cualquier editor mediano o pequeño sufre y sabe que el coste mayor es la distribución y cómo se las gastan esos mismos que hoy se quejan de pagar demasiado. Al final lo que hacen los medios de comunicación, que pueden ser seguidos vía digital (por tanto la información llega), es defender los intereses propios y de sus distribuidores. Es defender los intereses del capital frente a los intereses de la clase trabajadora.

En este caso, como sucede con Ryanair o Amazon se señala que los que protestan son privilegiados. Frente a la ignominia de la explotación más salvaje que se recuerda en los últimos años a la clase trabajadora, y que esconden esos mismos medios que hoy protestan, se señala a quienes aún mantienen una medio dignidad en su explotación. Esto es como si a algunos esclavos se les azotase y a otros no, y si éstos reivindicasen más comida les dijesen que tienen suerte de no ser azotados. Lo mismo hacen los medios de comunicación con las huelgas. Señalan los privilegios para esconder la realidad de un sistema en descomposición y que, fortalecido por la falta de contrincante, quiere hacer del abuso, la extracción masiva, la explotación y la miseria lo normal.

Podemos: «La Consejera no puede faltar al respeto ante los despropósitos de estas oposiciones»

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia ha señalado que Adela Martínez-Cachá “no se puede lavar las manos. Exigimos exámenes no eliminatorios, más transparencia, más tiempo para corregir, menos opositores por tribunal y criterios de calificación claros”.

Óscar Urralburu ha afirmado que “nadie entiende” como Martínez-Cachá está al frente de la educación pública regional puesto que no pasaría “ni la más mínima criba. Sus palabras no sólo han sido desafortunadas, sino que desvelan un profundo desconocimiento e ineptitud. Esto no es problema de faltas de ortografía, eso es algo puntual”.

De ahí que el portavoz parlamentario haya incidido en que la tasa de suspensos ha sido alta en toda España y esto tiene que ver con “el acceso al sistema habilitado por la LOMCE. No sirve porque no tiene objetivos claros ni transparentes. El sistema no debe ser eliminatorio, debe valorar todas las competencias y las capacidades de manera integral, fases compensadas y que los tribunales tengan tiempo y recursos suficientes para un proceso en el que la gente sufre tanto”. No es normal, ha dicho Urralburu, que en matemáticas y literatura haya sólo un 8 o 9 % de aprobados.

Podemos Región de Murcia ha presentado una iniciativa para exigir al gobierno regional del PP que pida al gobierno de España que abra un proceso de negociación para la creación de un modelo extraordinario de acceso a la función pública docente. Que se establezca una simplificación de la fase de Oposición, para que las pruebas del proceso no sean eliminatorias. Que se articulen los mecanismos necesarios para que cualquier opositor/a que lo desee pueda tener acceso a su examen en el plazo de un mes a contar desde la fecha de realización del mismo. Y, por último, que establezca mejoras en las condiciones materiales del examen como pueden ser el conocimiento y publicidad de los criterios de evaluación que cada tribunal contemple como prioritarios (y no solo los contenidos), para garantizar la mayor objetividad posible.

El PSOE lamenta que el PP tenga que «mentir y recurrir a sus cuentos del pasado para intentar sacar pecho de su gestión»

El Partido Popular de Lorca, a través de su concejal de Hacienda, Juan Francisco Martínez, ha informado de que el Consistorio Municipal ha logrado encadenar una nueva mejora de la cifra de deuda municipal, de tal forma que con los datos que concluye el mes de junio (último periodo cerrado), se ha conseguido un recorte que ronda los 200.000 euros. Se trata de un avance que se traduce de contar con 41,42 millones de deuda a finales de mayo a los 41,2 actuales. Un recorte de deuda paupérrimo que se ha querido vender como un éxito.

Ante estas cifras, el PSOE no ha tardado en reaccionar. El Viceportavoz segundo del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán «lamenta» las declaraciones del Concejal de Hacienda con las que ha quedado en evidencia, «demostrando una vez más que su falta de preparación a la hora de hablar sobre los asuntos de la economía y la hacienda municipal».

El PSOE lamenta que el concejal de Hacienda «se preste a hacer el ridículo de semejante manera presumiendo de una bajada de la deuda municipal de una rebaja de 4,2 millones de euros” cuando la realidad es que el informe de Intervención Municipal que sustenta sus palabras indica que desde mayo, la deuda ha bajado apenas 250.000 euros”. Una rebaja que, por cierto, proviene de la simple amortización de los préstamos y por no poder endeudarse más.

Queda claro que, para intentar sacar pecho de su gestión económica, el edil ha vuelto a tener que recurrir a la mentira y al maquillaje de cifras, aunque con ello no le importe hacer el ridículo.

La prueba, asegura, es que sigan cogiendo de punto de partida los datos de una supuesta “auditoría independiente” con la que se empeñan en asegurar que la deuda municipal en 2007 era de 105 millones, cuando eso es “simple y llanamente mentira”.

El Concejal de Hacienda miente, o se dedica a leer las mentiras que le escriben, cuando se empeña en decir también que la deuda en 2007 era de 105 millones. Ese dato es falso, por lo que mienten cuando aseguran que la deuda haya bajado en 64 millones desde entonces.

Abellán reta a que el Concejal de Hacienda se atreva a enseñar públicamente esa supuesta auditoría, de la que tanto habla, si es que alguna vez la ha visto. Y va más allá, Abellán reta al señor Martínez Carrasco a que diga dónde está esa auditoría y si existe, quién la pagó.

De igual modo, Abellán reitera que también es falso que aseguren que “ahora a este Ayuntamiento le puedan conceder créditos”. Las últimas Cuentas Generales del Ayuntamiento de Lorca ha demostrado, una y otra vez, que el PP ha llevado a este Ayuntamiento a un nivel de endeudamiento bancario tan extremo que ni los bancos permiten ya a los concejales del PP acercarse a solicitar ni un préstamo más.

Abellán asegura que los errores del pasado no pueden seguir justificando las continuas mentiras de un equipo de gobierno “completamente agotado” que no le queda más que recurrir a sus “viejas cantinelas” para sacar pecho de una “supuesta buena gestión” cuando “todo el mundo sabe, lo bien que le ha venido la lluvia de millones que recibió este Ayuntamiento por la desgracia del terremoto”.

“Si tan halagüeña y fuerte es la situación en este consistorio como presumen, están tardando en hacer que esa bonanza repercuta en el bolsillo de los lorquinos y en el bienestar de los ciudadanos”.

La dictadura del Santander: así controla el banco Ana Patricia Botín

No es la intención de este artículo hacer un estudio ni exposición doctrinal sobre el principio de igualdad de trato de los accionistas de las sociedades cotizadas, sino poner en evidencia la utilización espuria de los empleados y medios del Banco Santander en beneficio de su presidenta y órgano de administración para la aprobación de los acuerdos que someten en las juntas de accionistas. Para ello, nos vemos en la necesidad de hacer una breve exposición jurídica introductoria necesaria para evidenciar cómo se maneja el Banco Santander como una dictadura bajo una falsa apariencia de transparencia y buen gobierno corporativo que no es lo que realmente ocurre en el Santander.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Civiles y Políticos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros pactos internacionales declaran que todos los seres humanos nacen iguales sin distinción de ningún tipo, lo que les hace iguales ante la ley. Esas declaraciones internacionales garantizan la igualdad de derechos y ante la ley de todos los seres humanos, estableciendo la obligación de los estados de garantizar a todas las personas el goce de los derechos y la protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por cualquier motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Este principio de igualdad se consagra en el artículo 14 de nuestra Constitución, y se traslada al principio general de igualdad de trato de todos los accionistas en las sociedades mercantiles y muy especialmente en las sociedades cotizadas en el artículo 4 de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento europeo con reflejo en el artículo 514 de nuestra Ley de Sociedades de Capital (LSC) que establece la obligación de las sociedades anónimas cotizadas de garantizar la igualdad de trato de todos los accionistas. El artículo 522 LSC prohíbe que los estatutos sociales limiten el derecho de los accionistas a hacerse representar.

La indicada directiva europea y el principio de igualdad de trato tienen el propósito de proteger a los inversores y consolidar los derechos de los accionistas en especial sobre el ejercicio ágil y efectivo de los derechos de voto mediante representación para un control efectivo del buen gobierno de la empresa, suprimiéndose los obstáculos que disuaden a los accionistas de votar.

Dicha directiva expone que el buen gobierno de las empresas exige garantías suficientes frente a posibles abusos relacionados con los votos por representación y entre ellos lo relativo a la regulación de la actividad de la captación de votos por delegación para garantizar un nivel adecuado de transparencia. En definitiva, la directiva trata de facilitar al accionista la fiscalización de la gestión social mediante el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, y a eso es precisamente a lo que nos referiremos seguidamente: a la dictadura ejercida en el Santander mediante la espuria captación de delegaciones de voto por los empleados del banco y al desigual tratamiento de la votación de las propuestas dependiendo si provienen del consejo de administración o de accionistas minoritarios que formular sus propuestas en la propia junta general.

A este respecto ni los estatutos y reglamento de la junta general del Banco Santander respetan ni garantizan el principio de igualdad de trato del accionista en cuanto a la posibilidad de captación de delegaciones de voto, en lo que se refiere a la inclusión de propuestas en el orden del día y un inexplicable sistema de votación dual. De esta manera se impone una dictadura, contraria al principio universal de igualdad, que impide que el Santander, sociedad cotizada en diversos mercados bursátiles en Europa y América, se gobierne de forma democrática y acorde a los principios de igualdad, transparencia y buen gobierno corporativo.

En primer lugar, en cuanto a la captación de las delegaciones de voto, se produce un evidente, paradigmático y exacerbado abuso por los órganos del Banco Santander de los recursos del banco. La presidenta y los órganos de administración utilizan, en su beneficio exclusivo, a los empleados del banco y la red de oficinas para la captación de delegaciones de voto entre todos los clientes de las respectivas sucursales que son también accionistas.

De esa manera se hace acopio del mayor número de delegaciones para la presidenta impidiéndose al resto de accionistas que puedan, en régimen de igualdad, concurrir y obtener delegaciones de voto en la red de sucursales. La utilización de todos los servicios del banco constituye un uso ilegítimo de los recursos del Santander que tan sólo beneficia a la presidenta, a los vocales de su consejo de administración y a la alta dirección del banco, todos ellos expresamente designados a dedo por doña Ana Patricia Botín para mantenerse en la administración de la entidad, y muchos de ellos bajo sospecha por sus implicaciones en procesos judiciales penales y otros bajo plausibles indicios de nepotismo.

La solicitud de la delegación del voto a los accionistas de la entidad por los empleados implica además una presión psicológica coactiva latente que impide que el accionista ejercite el derecho de voto de forma libre y no condicionada, ya que la labor de captación de la delegación por los empleados del banco lleva consigo dirigismo y proselitismo del voto a favor de las propuestas de la presidenta y su consejo de administración.

Los empleados del banco deberían ceñir su labor con los accionistas exclusivamente a informarles del método más sencillo para ejercitar el derecho de voto mediante el envío del mismo por correo, y no a captar la delegación ni influir en el voto a favor de la presidenta del banco. Téngase en cuenta, además, que la participación en la junta de forma personal se dificulta deliberadamente al celebrarse en la ciudad de Santander lo que impide que asista un gran número de accionistas disidentes con la gestión social.

Para respetar el derecho de igualdad de trato y no limitar el derecho de hacerse representar por cualquier persona libremente en la junta de accionistas (art. 522 LSC), debería habilitarse, en todas las sucursales y en la web del banco, un listado de personas que ofrezcan sus servicios para representar a los accionistas con sus propuestas de voto a los puntos del orden del día.

Además, la captación de esas delegaciones para la presidenta y el ejercicio por la misma del derecho de voto para conseguir la aprobación de los acuerdos, se incurre en un evidente conflicto de interés, por cuanto el primer punto del orden del día de toda junta general de accionistas es la aprobación de la gestión social llevada a cabo por la presidenta. Si la delegación del voto se confiere a la presidenta que es miembro del órgano de administración del banco, es evidente que tiene un interés manifiesto en que su gestión sea aprobada por los accionistas, lo que patentiza el conflicto de interés que se produce.

De esta manera, la utilización abusiva, fraudulenta y coactiva de los empleados del Santander en beneficio exclusivo de la presidenta y el órgano de administración impide una verdadera crítica y control de la gestión social por los muchos accionistas descontentos a los que se les desincentiva su participación crítica en la fiscalización de los administradores y su labor.

Respecto a la votación de las propuestas de acuerdo, el reglamento de la junta general de accionistas del Santander establece un impropio sistema dual contrario a los más elementales principios y criterios de la igualdad y la racionalidad. Resulta inexplicable que, en pleno siglo XXI, época de la participación democrática, la igualdad, la transparencia y las buenas prácticas de gobierno corporativo, se establezcan, en una de las entidades supuestamente más modernas y avanzadas y que presuntamente preconiza la participación del accionista, dos sistemas diferentes de votación dependiendo quien formule la propuesta.

De manera que, si la propuesta es formulada por el consejo de administración se entiende que todos los votos son favorables salvo que expresamente se manifieste el voto contrario por el accionista al Notario actuante en la junta (sistema de deducción negativa). Pero, por el contrario, si la propuesta es formulada por un accionista en la junta, se considera que el voto es negativo salvo que de forma expresa se manifieste el voto a favor de la propuesta al Notario (sistema de deducción positiva).

De esta manera, mediante un sistema dual de voto, se trata de favorecer que todas las propuestas del consejo de administración sean siempre aprobadas; e impedir a toda costa que se apruebe cualquier propuesta que no sea formulada por el consejo de administración. Así se trata de boicotear todas las propuestas de los accionistas que no forman parte de los órganos de administración de la entidad, lo que implica una forma de gobierno dictatorial encubierto por un aparente y trucado sistema participativo.

Los más elementales criterios democráticos y de la lógica imponen el establecimiento de un único, unívoco e inequívoco sistema de votación mediante la manifestación del sentido del voto de forma afirmativa o negativa sin lugar a ningún tipo de interpretación. El establecimiento de un sistema dual de votación, como el del reglamento de la junta de accionistas del Santander, denota un marcado criterio antidemocrático y claramente obstaculizador de las propuestas de los terceros accionistas ajenos a la administración de la entidad y manifiestamente contrario al principio de igualdad de trato de los accionistas, que deriva, nuevamente, en una gestión dictatorial del Santander por su presidenta y los vocales del consejo de administración y miembros de la alta dirección de la entidad.

En cuanto al derecho a incluir puntos en el orden del día de la junta de accionistas, los estatutos del Santander establecen la exigencia del 5% del capital social que constituye una exigencia abusiva y enervante que equivale a una imposibilidad práctica de incluir ninguna propuesta en el orden del día. Y así es, por cuanto el capital social de una entidad cotizada como el Santander está representado por más de 16.136 millones de acciones y el 5% equivale a 806 millones de acciones que tendrían un coste de más de 3.700 millones de euros. Dicha exigencia de capital y su coste para poder incluir propuestas en el orden del día resulta de todo punto imposible al no estar al alcance de casi ningún accionista. De hecho, la sindicación de acciones de la familia y la fundación Botín no alcanza el 1% del capital social del banco, y de los grandes fondos que participan en el capital social sólo BlackRock Inc., uno de los fondos más grandes del mundo, supera el 5% del capital social.

Se demuestra de esta forma que en el Santander la igualdad de trato de los accionistas y la formulación democrática de propuestas resulta de todo punto imposible, convirtiéndose en la práctica en una verdadera dictadura dinástica bajo un falso manto de transparencia y buen gobierno corporativo que se aleja mucho de la realidad nepotista y despótica imperante en la entidad de la mano de su presidenta doña Ana Patricia Botín que fue designada presidenta de la noche a la mañana y de la forma por todos conocida. Designación criticada por el Financial Times en sus ediciones de 10 y 24-9-2014 en las que manifestaba que su nombramiento era preocupante y que la sucesión dinástica en los bancos era cosa de la historia pero no del futuro de la banca, máxime cuando la participación de la familia Botín en el Santander no es significativa. El periódico londinense también proponía que los gestores de las grandes entidades cotizadas se designasen, no por su apellido, sino tras un proceso de selección transparente basado en la profesionalidad, y criticaba que no existiese la deseable separación de las funciones ejecutivas de las supervisoras teniendo en cuenta que la presidenta del Santander ejerce ambas en una especie de anacrónico absolutismo.

JUR y FROB eligieron el procedimiento de resolución que regalaba el Banco Popular y el patrimonio de sus accionistas al Santander

Cuando se interviene a un banco dentro del espacio de la Unión Bancaria la propia Ley permite varias opciones de cómo resolver dicha entidad. En el caso del Banco Popular se eligió la que más favorecía a los intereses del Santander, entre otras cosas, porque accedía a la totalidad del capital por 1 euro, a un sector como el de las pymes que no confiaba en la entidad cántabra y el incremento del posicionamiento en zonas de España y Portugal donde su presencia era menor a las de sus competidoras. Estos beneficios de una operación que costó un euro fueron reconocidos por el propio vicepresidente del Santander, Rodrigo Echenique Gordillo, en el Congreso de los Diputados.

Las más de 305.000 familias arruinadas del Banco Popular coinciden en su perplejidad ante el hecho de haber perdido todo su dinero de la noche a la mañana y se preguntan si no hubo otra alternativa menos cruel y dolorosa. Los documentos y las informaciones publicadas por Diario16 hacen coincidir a los afectados en que hubo muchas alternativas antes de llegar a la resolución y venta por un euro. Esta es la principal razón de los miles de demandas, querellas y denuncias interpuesta. Si hubo alternativas, ¿por qué no se aplicaron? Evidentemente, porque el objetivo no era otro que sacar al Santander del agujero en el que presuntamente se encuentra y que puede interpretarse de sus propias cuentas anuales de 2.017.

Entre las posibles alternativas a la resolución que contempla la ley —cese fulminante de un consejo de administración que había provocado una crisis de liquidez inédita en España por su gravedad, nombramiento de un órgano de dirección provisional, aportación de mayor liquidez por parte de los organismos públicos, solución privada a través de ampliación de capital o de venta— sólo se llegó a la solución de la resolución, venta en subasta (que se hizo fuera de plazo) por un euro y la pérdida del patrimonio de los accionistas y bonistas. ¿La situación era tan urgente? ¿O la urgencia era de otros y, de ahí, el escenario apocalíptico presentado por Saracho en el Consejo del día 6 de junio para poder tener la aprobación de la declaración de inviabilidad? Por ello ocultó todas las ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos que tenía sobre la mesa, para generar miedo en los consejeros al no ver alternativas que sí había.

El propio banco HSBC cuestionó el modelo de resolución del Banco Popular e hizo el primer análisis sobre el destino real de los 7.000 millones de euros de la ampliación de capital del Santander. El propio Antonio del Valle acusa al Estado español de vender el Popular a dedo en su demanda de arbitraje en los tribunales norteamericanos.

Por tanto, hubo multitud de alternativas antes de resolver el Banco Popular, opciones que Saracho ocultó al Consejo para dar paso a una intervención que se cerró con la subasta y la amortización del valor de las acciones, del patrimonio de más de 305.000 familias, porque esa era el modelo que más favorecía al Santander. No en vano, fue Uría y Menéndez, el bufete de cabecera de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, quien impuso su criterio a la hora de decidir el modelo de resolución y, tanto la JUR como el FROB, lo aceptaron.

Pablo Casado, el máster y la conciencia histórica

Apenas han pasado tres días desde la derrota de Soraya SS en el Congreso del Partido Popular cuando, casualmente, se ha incrementado la información en contra de Pablo Casado y su currículum académico. Las casualidades jamás son casuales. En política mucho menos, sobre todo porque quien probablemente tenga en su poder cientos de miles de informes con los trapos sucios de miles de rivales o de personas influyentes de todos los sectores, no iba a dejar de hacer uso de los mismos para lograr el resultado que la democracia orgánica del PP no le concedió.

Resulta «casual» que el currículum académico del presidente electo del Partido Popular fuera filtrado cuando apenas faltaban unos días para que saliera la sentencia de la Gürtel que provocó la moción de censura de Pedro Sánchez y justo cuando el caso de Cristina Cifuentes metía presión para que abandonara su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid —como no dimitió hubo que echar mano de toda la artillería con un vídeo que por ley debía estar destruido—. Precisamente, Pablo Casado y Cifuentes, los dos rivales a los que más se temía desde el entorno de Soraya Sáenz de Santamaría.

También resulta «casual» cómo la Justicia ha acelerado sus procesos para llamar a declarar o a imputar a personas que presuntamente tienen alguna relación con Pablo Casado, mientras que en casos en los que hay más de un millón y medio de damnificados por la presunta estafa más grande de la historia de España va a ritmo de tortuga y siquiera se ha llamado a declarar a ninguna de las personas relacionadas, ya sean imputados, ya sean testigos.

Quien recibía los elogios en su despacho de Moncloa, a la que personas que ya han sido fichadas por el Santander —queda a la espera saber si antes del mes de septiembre Soraya SS tendrá ya su despacho preparado en Boadilla del Monte— llamaban «presidenta» en la intimidad, algo similar a lo que ocurría en el Palacio del Pardo cuando se dio orden de referirse a Carmencita Franco y a Alfonso de Borbón como «altezas», no ha digerido bien su derrota. Tanto ella como su entorno esperaban que el poder de su información determinara el sentido del voto de los compromisarios. Sin embargo, como ya escribimos en este medio, la ideología pudo a los dosieres y las personas que saben perfectamente que un partido político no se gobierna desde el acoso sino transmitiendo a los ciudadanos unos valores ideológicos.

No obstante, hay que fijarse bien en las fotos para comprobar que, tras conocerse la victoria de Pablo Casado, la expresión de Soraya SS estaba enmarcada en una sonrisa nada forzada, al contrario, parecía absolutamente natural. ¿Qué podían tener preparado para estar tan tranquila? Lo estamos viendo en la campaña de estos días.

Las relaciones de Soraya SS con el Santander también pueden estar influyendo en la creación de un problema de Estado por el currículum de Pablo Casado. Lo mismo que al resto del IBEX35 que hubiesen estado más tranquilos con una presidenta del Partido Popular absolutamente afín a sus intereses. No hay más que ver que, por ejemplo, una de sus más adictas seguidoras fue Fátima Báñez, la mujer que desde su ministerio ha legislado para lograr que los beneficios empresariales se disparen mientras que los salarios y las condiciones laborales de la clase trabajadora se depauperaba a niveles más propios de un país que inicia su desarrollo que de la cuarta economía de la Eurozona.

Por otro lado, esas élites económicas y empresariales saben que el proyecto de su patrocinado Albert Rivera está muerto con Casado al frente del principal partido conservador porque mucho del voto de derecha de este país que se marchó del PP por la corrupción y por la gestión del gobierno de Rajoy, retornará por encarnar el palentino los valores principales del conservadurismo español, se esté o no de acuerdo con dichos planteamientos que, por otro lado, son muy importantes para la salud de una democracia madura.

Los poderes económicos y financieros de este país tenían mucho interés en que la candidatura de Soraya SS y de su equipo fuera la que se hiciera con la presidencia del partido representativo de la derecha española porque desde el IBEX35 y otros benefactores internacionales de Albert Rivera ya se podría estar preparando un proyecto político pensado para las próximas elecciones generales con la unificación de los dos partidos conservadores, tal y como se lleva solicitando desde algunos sectores de la política nacional. Por esta razón, es más que probable que esa estrategia política llevara también a una especie de simbiosis diabólica entre algunos de los más cercanos a Soraya —o, tal vez, ella misma— a la hora de compartir información para destruir a rivales presentes y futuros. Hay que recordar el hecho de que Pablo Casado era la persona invitada por el Club Bilderberg y, a última hora, fue cambiado por Soraya Sáenz de Santamaría. Ana Botín, Albert Rivera, Juan Luis Cebrián y la propia ex vicepresidenta estuvieron juntos y los resultados de esa reunión tras la victoria del palentino ya los estamos viendo. Las élites ya tenían candidatos, pero la democracia pudo nuevamente con los intereses de los poderosos. Ahora sólo queda saber si no sacarán una apisonadora destructiva para, una vez más, hacerse con lo que el pueblo les negó.

Es muy peligroso dejar el futuro de la democracia en manos de quien cree que un dosier puede transformar una decisión libre del pueblo. En este caso podríamos, incluso, pensar que esos informes pudieran llegar a repercutir en la acción de la Justicia si existieran dosieres de algún miembro de la judicatura o la fiscalía e influyeran, inevitablemente, en una decisión que favoreciera a las dictaduras privadas que suelen apoyar a quienes, a falta de recursos políticos, recurren a este tipo de prácticas.

La política es la ciencia que se mide por los hechos y cuando una formación se traiciona a sí misma, como ya ha ocurrido en algún partido progresista, el resultado es que el pueblo huye de él. En Pablo Casado confluyen todas las corrientes ideológicas que abraza el ideario del Partido Popular y, por esta razón, ganó el Congreso. De momento Pablo Casado no tiene hechos que demuestren su capacidad de gestión, pero, lo que queda muy claro es que un tema privado, un tema de currículum académico, no es causa para desarrollar una brillante labor al frente del PP. Un máster, una licenciatura o un doctorado no son más que papeles cuando hablamos de gestión política porque, ahí, lo prioritario son los hechos. ¿Para qué le sirve una licenciatura, un máster, un curso de posgrado o un doctorado a un político? Para nada. Grandes líderes de la historia que cambiaron la realidad política y social no han tenido un título universitario como, por ejemplo, George Washington, Lula Da Silva, Marcelino Camacho o Lech Wałęsa. Otros que sí lo tuvieron o lo tienen fueron un desastre en su gestión como, por ejemplo, George W. Bush, Robert Mugabe, Neville Chamberlain o Matteo Salvini tuvieron o tienen, al menos, un título universitario. Al político le avalan su gestión y sus hechos y, de momento, de eso no disponemos de más datos respecto a Pablo Casado porque aún no le ha dado tiempo.

Las personas autoritarias, sus posibles aliados y sus entornos, tanto en la política como en la empresa o en la gran banca no aceptan las derrotas porque piensan que desde su autoritarismo disponen de la verdad absoluta. Ese hecho hace que intenten revolverse ante su capitulación utilizando todos los medios posibles para recuperar lo que ya creían que era suyo por derecho.

¿Por qué temen a Casado Cs y PSOE y le gusta a Podemos?

Sorprende la ola de acusaciones y de temor que se ha desatado tras la victoria de Pablo Casado en el 19° Congreso del PP. Pareciera que el Armagedón estuviese a punto de llegar o que el núcleo terrestre fuese a explotar en breve. Ha sido hacer aparición un neo-conservador en escena para que lo político se agite como hacía tiempo (tal vez la aparición de Podemos). Internamente tendrá Casado que librar sus propias batallas, algo normal en este tipo de procesos partidistas, hacer reajustes, consolidar la jefatura, restañar heridas y purgar a algunos. Vamos lo habitual. Sin embargo, externamente parece haber logrado la victoria sin ni siquiera haber participado en contienda electoral alguna. De ahí que sea normal preguntarse ¿por qué ese miedo a Pablo Casado? Especialmente desde Ciudadanos y PSOE. Analicemos las posibles respuestas según oponentes y contextos.

Ciudadanos compite en el mismo espectro de la derecha.

Albert Rivera, en su visita semanal a Espejo Público, ha insistido en la crisis interna que, a su parecer, sigue instalada en el PP. Una crisis que no puede tapar lo que han hecho a lo largo de los últimos siete años de gobierno, lo bueno y lo malo como ha recalcado él mismo a la par que balbuceaba. Ese balbuceo que denota no sólo los celos políticos que siente, sino el temor a que le dejen como un partido minoritario. Miedo a que les pase como el CDS de Adolfo Suárez que acabó desapareciendo.

El rearme ideológico que propone Casado manda al ostracismo a formaciones de ultraderecha como Vox (al que algunas encuestas daban dos escaños) y fuerza a Ciudadanos a plantear la contienda en el espectro de la derecha bajo parámetros ideológicos más fuertes. El cuñadismo ideológico o el populismo de centro-sistémico sostenido en un ultranacionalismo fascistoide, que es la base de Ciudadanos, quiebra ante un neoconservadurismo con mucha mayor firmeza ideológica. El liberalismo progresista, que tanto reclama Rivera, pero que no deja de ser sino una máscara para ocultar intereses ajenos, los intereses del establishment, confronta con un neoconservadurismo que tiene mayor posicionamiento ciudadano en el espectro de la derecha española. Tanto unos como otros (azules y naranjas) apuestan por el capitalismo y la acumulación de los más ricos en materia económica, pero en la parte social Casado defiende valores más enraizados, mientras que Rivera no sabe ni lo que defiende.

A esto se suma que Pedro Sánchez, al estar en el gobierno, capta (puede captar) toda esa derecha más social, o social-liberal, de mejor forma que el propio Rivera. Ha pasado en menos de dos meses Ciudadanos de captar el voto conservador y el social-liberal, a verse en un sándwich que les puede dejar sin espacio. Mientras que con Sánchez siempre podía recurrir al ultranacionalismo y ganar por la derecha más espacio, con Casado ese espacio mengua. El liberalismo progresista (¿qué liberalismo no lo ha sido habría que preguntarle si supiese responder?) lo encarna Sánchez de mejor forma y tiene el poder, y el liberalismo conservador Casado. Normal que estén aterrados, que hayan entrado en pánico y más con elecciones a la vuelta de la esquina.

El pacto de Bilderberg con Sáenz de Santamaría, apoyado por la fracción financiera de la coalición dominante, ya no existe. Ahora el PP de Pablo Casado quiere todo el espacio de la derecha para ellos y ellas. A ello habría que sumar que ya no pueden virar hacia posiciones de izquierda light o centristas (si es que existe el centro) porque allí ya está el gobierno.

Podemos y su propio rearme ideológico.

Mal, lo que es mal, no le ha venido la llegada de Casado a Podemos. En Vistalegre II los de mayor argumentación ideológica de izquierdas fueron los Anticapitalistas. Querían una organización con una ideología de izquierdas más marcada. Algo que ni desagradaba, ni desagrada a Pablo Iglesias pero que en aquel momento no pudo poner en práctica por contemporizar entre todos los sentires que confrontaron. De resultas Podemos, que tiene un potencial ideológico enorme, ha venido coqueteando con varios posicionamientos sin decantarse por uno concreto hasta hace bien poco. Todo el tema del populismo laclauniano de significantes vacíos, de competencia virtuosa, transversalidad y demás se va olvidando en favor de un bloque de cambio con señas de identidad más marcadas en la “izquierda clásica”. Transversalidad sí, pero como parte de un movimiento conformador de un bloque de cambio situado claramente en una izquierda fuerte ideológicamente.

Por tanto pánico o miedo no hay en Podemos, ni en su socio Izquierda Unida, sino más bien utilización del neoconservadurismo de Casado para poder mostrar una posición ideológica firme y fuerte. Tanto el “pablismo” como los anticapitalistas han salido en tromba a mostrar las garras de la ideología de izquierdas. Han salido a la defensa del pueblo, de la clase trabajadora que sufre frente a una derecha explotadora y al servicio de los poderosos. En cierto modo la elección de Casado fortalece la propia posición. Un PP más ideologizado refuerza la capacidad de análisis y la lucha política de Podemos e IU. Eso sí, no hay que descuidar a la derecha naranja que podría servir de punta de lanza del PP en algunos temas.

Le conviene a Podemos (y a IU) que la confrontación política se sitúe en términos ideológicos porque es donde más cómodos se encuentran. Más ahora que, por el apoyo al gobierno de Sánchez, podrían difuminarse sus perfiles de más lucha y combate de clase. Se añade a lo anterior que, en la fase de confrontación, el apoyo a un gobierno que no se va a mover ni un milímetro de los mandatos de la UE, se puede justificar mejor con un neoconservadurismo fuerte. Hasta que ya no se pueda justificar tanto por estrategia interna como por la actuación política del propio gobierno. El cual, por cierto, tiene en su mano una oportunidad con la comisión de investigación de Juan Carlos de Borbón, pero esto es desviarse del tema central.

PSOE, un gobierno que teme a la oposición.

Junto a Ciudadanos, el PSOE es el partido que más preocupación ha mostrado con la victoria de Casado. Paradójicamente deberían ser los más felices, como se ha comentado, para hacerse con buena parte del electorado que atrajo Ciudadanos. Sin embargo, les parece mal a los socialdemócratas y social-liberales que el PP se rearme ideológicamente. Fundamentalmente porque los cargos ministeriales y el propio presidente sólo entienden de política espectáculo, marketing y números. No tienen fuertes fundamentos ideológicos, salvo raras excepciones, y se encuentran más cómodos en el debate líquido que tenían con M. Rajoy. Por eso hablan todos los días del tema del cadáver del dictador fascistas, porque es lo único ideológico que les queda.

El PSOE debería ser el partido de la transformación gradual del sistema y, por ende, el mayor difusor ideológico de los partidos españoles. La confrontación en términos políticos activos (los pasivos serían las políticas de números) no debería suponer un problema. Empero parece, como manifiestan sus cargos, que es mala la lucha política ideológica. Es obvio que el social-liberalismo del presidente del gobierno y algunos ministros y ministras, o la socialdemocracia laxa de otros y otras, tienen poco soporte teórico. El viento de la Historia se ha llevado los soportes de esas corrientes políticas dejándolas la Justicia como única fuente. Por eso en cuestiones de no justicia social balbucean los dirigentes del PSOE. Se comprenden entonces que no quieran un PP fuerte ideologizado. Frente a eso no vale con “Somos la izquierda” sin más. El Gobierno Bonito está hecho para una disputa técnica, no ideológica.

Normal que no les guste Casado. Aunque ese rearme ideológico suponga una oportunidad para reforzar la estructura ideológica del PSOE y poder plantear la batalla política en otros parámetros. Quitarse a los populistas del sistema y a la izquierda radical de encima. Pero parece que no hay capacidad ni ganas de avanzar por ese camino. Como una reactualización del Programa 2000 de Alfonso Guerra les vale por toda ideología. Pero no deja de ser una oportunidad perdida.

Distintos contextos políticos.

Se han expuesto diversos supuestos por los que los diferentes partidos políticos parecen alarmados por la irrupción de Pablo Casado como jefe del PP. E momento de analizar el encaje de esas reacciones en distintos contextos políticos para ver si el sentido de los mismos aparece con mayor claridad. Cada partido hace sus cálculos y plantea su estrategia en base a distintos contextos o escenarios que vislumbran. Optaremos por dos escenarios posibles: uno, que el PSOE decida agotar la legislatura; y dos que haya adelanto electoral.

Escenario 1 (Agotar la legislatura). En este escenario, frente al rearme ideológico del PP, el partido que más perjuicio obtendría sería Ciudadanos. El cuñadismo o populismo sistémico se resentiría a ese medio plazo pues el PP tendría más tiempo de competir y generar comparaciones. Todo ello, claro, si el neoconservadurismo de Casado calase en la población, algo que a priori es factible.

Para Podemos la situación no cambiaría mucho respecto a lo expuesto anteriormente, pero a mayor tiempo de confrontación, mayor capacidad de asentamiento de la propia posición y la posibilidad de la doble comparación con el gobierno del PSOE (compitiendo en el mismo campo) y la derecha. Un contexto político con elecciones a medio plazo beneficia más a la formación morada en términos ideológico-políticos y le permite asentar el bloque de cambio que está construyendo con IU y demás organizaciones.

Al PSOE este escenario le perjudicaría si no da el paso de su propio rearme ideológico (y no obtiene cambios en otros ejes políticos), porque podría producirse un desgaste por la derecha y por la izquierda. Si hiciese un rearme ideológico y abandonase la política espectáculo y de marketing, terminar la legislatura le beneficiaría porque a) la terminaría como gobierno fuerte; b) jugaría en un terreno que permite más adhesiones fuertes; y c) podría volver una reconfiguración del sistema de partidos hacia el bipartidismo imperfecto.

Escenario 2 (Adelanto electoral). En el caso de que las elecciones se anticipasen y no se finalizase la legislatura, algo que desde el propio gobierno no se descarta como bien ha expresado la ministra Celaá y han dado a entender desde dentro del PSOE al hablar de cuatro elecciones en mayo (municipales, autonómicas, europeas y generales), la irrupción de Casado tendría un efecto distinto. No es descartable, según fuertes rumores, que las elecciones andaluzas fuesen en noviembre/diciembre (a petición de Moncloa) para valorar el propio escenario político y adelantarlas si hubiesen resultados buenos a mayo.

En este escenario, que piden pero no parecen contemplar en la calle Alcalá, Ciudadanos podría salvar mínimamente los muebles. No sería el partido fuerte de la derecha española pero podría mirar de tú a tú al PP. Es posible que no hubiese hegemonía del partido conservador pero tampoco victoria naranja. El repunte por el efecto Casado no llegaría a arrasar a Rivera y su cuñadismo ideológico. Más debido a la imposibilidad de reorganización/renovación del PP que por los aspectos ideológicos. Unas elecciones andaluzas cercanas y un gobierno en campaña electoral modifican sustancialmente el terreno de juego.

El Podemos la convocatoria de elecciones anticipadas no les serviría para disputar y afirmarse frente al PP en sí, sino frente al fracaso del Gobierno y cómo manejarlo. Que el PP sea neoconservador ayudaría tanto como hacer ver que por mucho que apoyaron a Sánchez éste se vendió al Ibex-35 o lo que sea. Y les pillaría sin tener asentado el bloque de cambio que están construyendo en estos momentos. Por tanto, sin perjudicarles enormemente, tampoco les beneficiaría.

En el PSOE unas elecciones anticipadas frente a un PP fuerte ideológicamente y con Podemos criticando duramente igual no son buena decisión. Hacerlas coincidir con las andaluzas podría servirles por no ser una única disputa, pero igual acaban perjudicando a Susana Díaz. Coincidir con municipales y autonómicas podrían resultar una lotería en cierto modo. Por un lado, con un gobierno débil podrían apoyarse en candidatos con tirón regional o local para no caer. Pero, por otro lado, podría perjudicar a esos mismos candidatos y candidatas y perder aún más poder en estructuras intermedias. En cualquier caso todos los partidos dirían del PSOE que es el partido del fracaso como gobierno y el efecto Casado podría tener más incidencia.

No son más que especulaciones y posibilidades que pueden saltar por los aires, por ejemplo, con la intervención de otros ejes políticos (territorial o republicano). Pero lo curioso es que lo que han hecho los partidos es señalar a Pablo Casado y al PP como el enemigo a batir. Le ponen, sin haberlo pensado, como el futuro ganador de las elecciones. Un error estratégico imperdonable en el caso del PSOE pues son ellos los que gobiernan. Azuzando el miedo al presidente del PP, el PSOE potencia al propio PP y a Podemos más que a ellos mismos. La de asesores que hay en Moncloa y ninguno capaz de ver esto. En vez de verlo normal y favorable, lo han convertido en extraordinario y desfavorable.

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para asegurar el incremento presupuestario que garantice la construcción de los S-80 en Navantia Cartagena

La ministra de Defensa, Margarita Robles, es el segundo miembro del gobierno de Pedro Sánchez que visita Cartagena en una semana, primero lo hizo el titular de Cultura, y lo ha hecho, según sus palabras, “porque Cartagena es una ciudad muy vinculada a la Armada Española y era imprescindible venir aquí”.

La primera parada de esta visita ha sido el Arsenal de Cartagena, donde ha podido conocer de primera mano el submarino Tramontana y ha realizado un recorrido por las distintas zonas que componen la base de submarinos.

Robles ha declarado que está previsto que el viernes de esta misma semana, o de la próxima como fecha límite, se pueda seguir con la construcción de la serie de submarinos S- 80, ya que “la construcción de estos cuatro submarinos es esencial para que España y sus Fuerzas Armadas continúen con las misiones para la consecución de la Paz y de la libertad en el mundo”. Además, ha indicado que los submarinos empezarán a entregarse en el año 2022 de forma progresiva hasta 2027.

Actualmente, España cuenta con tres submarinos S-70, de los cuales sólo uno se encuentra operativo, por lo que, según ha afirmado la ministra de Defensa, “es absolutamente imprescindible para esas operaciones de inteligencia para la paz y libertad en el mundo que se puede tener una serie de submarinos modernos que contribuyan al papel que realizan las Fuerzas Armadas españolas”.

España en este momento está inmersa en 15 operativos para el mantenimiento de la paz y los submarinos están realizando un importante papel en las misiones que tienen como objetivo la lucha contra el terrorismo, entre otras.

Por otra parte, con respecto a las obras que habría que realizar en los muelles del Puerto de Cartagena para poder albergar los nuevos navíos, la ministra ha declarado que estas reformas ya estaban previstas en el proyecto global del S- 80, que se realizó en el año 2011, momento en el que surgieron algunos fallos en la ejecución del proyecto inicial, “los cuales ya están superados y cuentan con todos los certificados de garantías y de calidad”, ha explicado Robles.

Aquel fallo de previsión ha sido el desencadenante de que los submarinos, que se debían haber entregado en el año 2011 y 2015, se vayan a empezar a entregar progresivamente a partir del 2022 y hasta el año 2027.

Tras recorrer las instalaciones de Navantia, acompañada por el delegado del Gobierno, Diego Conesa, la titular de Defensa ha visitado, acto seguido, a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en el Palacio Consistorial, donde ha firmado en el Libro de Oro de la ciudad, y han podido tratar brevemente otros temas, como la posible construcción de la Ciudad de la Justicia en inmuebles pertenecientes al Ministerio.

En este sentido, Castejón señalaba que “la ministra me ha pedido tiempo para estudiar esta petición que está en su mesa de trabajo, demostrando una vez más que Cartagena está en la agenda del gobierno de la nación”.

AMCODES se reúne con Isaura Leal para hablar del reto demográfico

El presidente de la Asociación de Municipios en Defensa del Desarrollo Sostenible y Contra la Despoblación (AMCODES) y alcalde de Almócita, Francisco García, mantuvo ayer un encuentro con la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal, en el que se abordó la situación demográfica de los municipios de interior de la provincia. García expuso a Leal que, pese a ser Almería una de las provincias españolas de mayor crecimiento demográfica, el interior sufre una clara situación de despoblación. Las cifras hablan por sí mismas: 51 de los 103 municipios de la provincia, casi el 50%, tienen menos de 1.000 habitantes y, de estos, casi la mitad tienen menos de 500 habitantes.

Asimismo Francisco García, trasladó a la comisionada los objetivos que persigue la asociación almeriense, así como a los retos a los que se enfrenta. En este contexto, informó de las iniciativas y actividades que están llevando a cabo los ayuntamientos de los municipios afectados por la situación de despoblación y se detuvo en valorar la importancia “de la implicación de todas las administraciones para tratar de cambiar esta tendencia, dada la importancia que tiene la conservación de nuestros pueblos para no perder recursos y para frenar el avance de la desertificación”, ha explicado. La puesta en valor de tierras de cultivo, muchas de ellas abandonadas “son importantes para garantizar la soberanía alimentaria como el derecho de un pueblo a garantizarse su propio sistema alimentario y productivo”, ha argumentado Francisco García.

Entre las iniciativas que se barajaron en el encuentro mantenido ayer en Madrid, destaca la “importancia que tiene para el asentamiento de la población la creación de iniciativas que fomenten el empleo, potenciar el trabajo de las mujeres rurales como motor de nuestros pueblos, la llegada de la telefonía y la implantación de la banda ancha en todos los territorios del Estado, lo que posibilitaría el acceso a nuevos puestos de trabajo derivados de las nuevas tecnologías”, ha defendido el presidente de AMCODES.

Finalmente, el presidente de la asociación almeriense ha invitado a Isaura Leal a visitar la provincia para “conocer de manera directa nuestros pueblos” y la comisionada ha asegurado que lo hará en septiembre. Francisco García manifestó la disposición y  el compromiso de los miembros que componen este colectivo a colaborar con la comisionada para la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Despoblación, que se encuentra en fase de elaboración.

Diego Conesa propone soluciones. López Miras se dedica a hacer oposición

El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, ha asegurado que mientras “el Ejecutivo regional del PP se dedica a hacer oposición, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, se deja la piel trabajando para proponer soluciones a los problemas de la ciudadanía”.
Arce ha remarcado que en tan solo 30 días, Diego Conesa y el Gobierno de España han puesto encima de la mesa los asuntos que de verdad interesan a la ciudadanía para atenderlos y resolverlos.
“Invitamos al Gobierno regional del Partido Popular a que se sume a trabajar por la ciudadanía de la Región de Murcia, y deje de engañar y manipular”, ha señalado.
El secretario de Organización de los socialistas ha insistido en que en 30 días los murcianos y murcianas han podido comprobar quién trabaja y se preocupa por la ciudadanía, frente a un PP incapaz de salir de su parálisis.
El Gobierno de Sánchez demuestra su sensibilidad con los temas que afectan a la Región
Por su parte, Francisco Lucas, portavoz y vicesecretario general del PSRM-PSOE, ha asegurado que, con la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Gobierno del PSOE vuelve a demostrar su sensibilidad con los temas que afectan a la Región de Murcia.

Lucas ha recordado que en un mes de Gobierno socialista, dos ministros han venido a la Región, concretamente a Cartagena, “lo que prueba que nuestra tierra está en la lista de prioridades para el Ejecutivo de España y del delegado del Gobierno”.
“La Región de Murcia ha vuelto a tener peso en Madrid y los socialistas estamos demostrando desde el primer día nuestra preocupación por los problemas de los murcianos y murcianas”, ha señalado.
Según Lucas, que Diego Conesa esté al frente de la Delegación del Gobierno es lo mejor que le podía pasar a la Región para poner el foco en los problemas reales de la gente y trabajar sin descanso en encontrar soluciones.