jueves, 29 enero, 2026

1.000 afiliados piden que no haya “dedazo” en el PP de Madrid

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Más de 1.000 personas han firmado una petición en la popular plataforma de recogida de firmas change.org, en la que un afiliado solicita que se celebre un congreso en el Partido Popular de Madrid para que los afiliados puedan votar y elegir nuevo líder, tras la dimisión de Cristina Cifuentes y la imposición de una “gestora” desde la anterior dirección nacional del partido.

Un grupo de afiliados al partido popular de Madrid han presentado hoy, en la sede de la calle Génova, un escrito dirigido a Pío García Escudero solicitando la convocatoria de Congreso y adjuntado esas más de mil firmas. También han remitido esas firmas y una solicitud de amparo al nuevo presidente nacional, Pablo Casado.

Esta iniciativa, que reivindica “Hagamos un Partido Popular en el que volver a creer” fue iniciada en el mes de Mayo, antes de la dimisión de Rajoy, por Rubén Olmeda, un afiliado que lleva 20 años militando en el Partido Popular de Madrid y que aboga por que el presidente del partido no tenga por qué ser el líder al Ayuntamiento o a la Comunidad, separando así la función de liderar el partido y la de gobernar la Comunidad de Madrid, una tradición que impuso Esperanza Aguirre y que ha fomentado la acumulación de poder entre el partido y las instituciones.

La petición, que ya acumula más de mil firmas recoge, según las palabras de Rubén Olmeda “el sentir de muchísimos afiliados que no comprenden que no se pueda votar al líder en Madrid”. Recordemos que tras las dimisión de Cristina Cifuentes por los hechos ocurridos en relación a su Master y a un vídeo en el que supuestamente había sustraído dos botes de crema, la dirección nacional del partido popular, decidió nombrar a Pío García Escudero y a Juan Carlos Vera como presidente y secretario general del partido en Madrid. Este nombramiento “a dedo” como popularmente se conoce, no sentó nada bien en las bases que llevaban varios meses aguantando escándalos en sus líderes.

El pasado 7 de junio, Rubén Olmeda registró en la sede de Génova dos escritos y las 500 firmas que iban recogidas en esa fecha, dirigidos a Pío García Escudero y a Maria Dolores de Cospedal. Según reconoce “no tuve ninguna respuesta oficial por parte de Pío o de Cospedal, pero si un acercamiento informal desde alguien de la gestora”.

El creador de esta petición no entiende “¿por qué tras la dimisión de Rajoy se pudo hacer un Congreso en un mes, y en Madrid llevemos casi tres meses sin poder elegir?”. Y es que al nuevo presidente del partido, Pablo Casado, le va a resultar difícil explicar cómo él ha podido ser elegido por el poder que les han otorgado a los afiliados, pero en Madrid no van a tener esa oportunidad.

Bruselas investiga el arbitraje obligatorio español

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La Comisión Europea acaba de admitir a trámite la queja presentada el pasado 13 de marzo por Navas & Cusí contra el sistema español de arbitraje obligatorio. La Comisión reconoce en el despacho especializado en derecho financiero y europeo legitimidad activa para personarse en el proceso. En concreto la queja lamenta que España no traspusiera el art. 4.2 de la directiva 93/13/CEE de Derechos del Consumidor ni el art. 17.2 de la directiva 2008/48 ni el art. 131 de 2014/17/CE. “De esta manera el consumidor queda desprotegido frente a cláusulas abusivas no negociadas, en concreto, la sumisión obligatoria a las cortes de arbitraje”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

El letrado considera que se trata de un tema “capital” porque considera que mediante esta sujeción obligatoria al arbitraje, muchos empresarios han visto violado su derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 24 de nuestra Constitución.

Además -señala la queja- El art. 7.2 de nuestro Código Civil obliga a negociar de buena fe y el art. 8 señala que el abuso de derecho no está amparado en la ley. Por otra parte, el art. 1.255 afirma que los pactos no pueden ir contra las leyes, la moral o el orden público y el 1.258 señala a la administración y a la Justicia como los capacitados para declarar condiciones abusivas.

Por si fuera poco, el art. 82 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios considera abusiva aquella cláusula no negociada que -contraria a las exigencias de la buena fe- causen perjuicio al consumidor y desequilibrio entre las obligaciones y derechos. El art. 86 de la misma ley califica de nulas las modificaciones en perjuicio de los consumidores en contra de las normas legales. Y el art. 90 señala que la sumisión a los arbitrajes deberá de considerarse nula salvo que se trate de órganos arbitrales institucionales creados por normas legales para sector y supuestos específicos.

“A nuestro entender, el laudo arbitral no institucionalizado nacido de una cláusula de sumisión es contrario a la buena fe y a los principios de igualdad, audiencia y contradicción porque en la mayoría de los casos el laudo se emite sin ni siquiera escuchar al adherente por entidades privadas cercanas a los intereses del empresario”, denuncia la queja.

El documento señala que aunque la Ley de Defensa del Consumidor no incluye a consumidores profesionales, la Ley de Condiciones Generales de Contratación define como cláusula de adhesión en su art. 1 las predispuestas, sometidas a una pluralidad de contratos entre un profesional (proponente) y cualquier persona física o jurídica (adherente). “Por tanto, entendemos que una cláusula de adhesión puede declararse abusiva y por tanto nula también si afecta a un pequeño empresario”, concluye Navas.

La queja argumenta que el derecho del consumidor considera abusivas aquellas cláusulas que tengan por objeto suprimir u obstaculizar las acciones judiciales “como la obligación de acudir a la jurisdicción de arbitraje”.

Sin embargo, las Ley Arbitral española -denuncian- es muy restrictiva y no permite el control jurisdiccional de los laudos, “ni siquiera el control de equidad”, explica el socio-director de navascusi.com. Tan sólo permite el control de las garantías en el procedimiento seguido. Así lo estableció el Constitucional en sentencia 174/1995 de 23 de noviembre y el Supremo en sentencia de 22 de mayo de 2002.

Por ejemplo, en caso de “flagrante violación del principio de imparcialidad”, como señaló la sentencia de la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de febrero de 2004 en la que se declara la nulidad del laudo arbitral tras comprobarse que los árbitros asesoraban a la empresa facilitando documentación y analizando la solvencia del cliente.

La queja también pone en cuestión la existencia de la autonomía de la voluntad puesto que se trata de “cláusulas compromisarias en la existencia de una posición de dominio de una de las partes, obligando a un procedimiento arbitral no querido”

En este sentido es especialmente relevante el auto 75/2007 de 23 de octubre de la Audiencia Provincial de Jaén (sección 3ª) por el que se anula un laudo por vulneración de la normativa interna y de la tutela judicial efectiva del art. 24 de nuestra Constitución. Por eso la queja considera que la sumisión obligatoria al árbitro no sólo va contra el derecho europeo sino que resulta “inconstitucional”.

No sólo se incumple la normativa nacional sobre defensa del consumidor y la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución, sino que tampoco se aplica el derecho europeo, lamenta el socio-director de navascusi.com. La queja acusa a España de no haber traspuesto 4.2 de la directiva 93/13/CEE de Derechos del Consumidor ni el art. 17.2 de la directiva 2008/48 ni el art. 131 de 2014/17/CE.

Recuerda además, la primacía del derecho europeo sobre el nacional. “Los ciudadanos españoles no pueden ser responsables de que sus representantes no hayan traspuesto adecuadamente las directivas”, explica Navas. La primacía del derecho comunitario es reconocido por el mismo Tribunal Constitucional en sentencia 1/2004 de 13 de diciembre en la que se apela al derecho “prevalente o preferente” de la Unión Europea. Es decir, tiene “efecto vinculante” para “asegurar su efectividad”.

Por eso desde Navas & Cusí se tiene la esperanza de que Bruselas fuerce a España a adoptar adecuadamente las directivas europeas impidiendo en concreto el arbitraje obligatorio por producir una “discriminación negativa del consumidor español” respecto al resto de consumidores europeos. “Bruselas no puede ser ajena a que en una parte del espacio europeo se viole el principio de tutela judicial efectiva”, denuncia. “Estamos esperanzados porque la admisión a trámite es el primer paso para que las autoridades comunitarias fuercen a España a solucionar el problema”, concluye el socio-director de navascusi.com.

Esclavitud bajo plásticos

Andalucía tiene unas 36.000 Hectáreas de invernaderos, de las 3.996.217 Ha de tierras de cultivo de las que dispone, donde la situación de los peones agrícolas es particularmente muy penosa, sobre todo en estos meses de temperaturas tórridas veraniegas. Las condiciones de vida en los pueblos de Andalucía y Extremadura, como también en otras zonas agrícolas del Estado, son mucho más desastrosas que en las ciudades.

Los jornaleros esclavizados bajo el plástico, (migrantes, refugiados y nativos),  están condenados a trabajar durísimas jornadas y para estas personas no hay un horario reglado, o al menos no se cumple. En muchos casos no existen derechos laborales porque son negados  por los patronos.

El 86 % de esos invernaderos se concentran en la provincia de Almería, según un informe reciente de 2017, elaborado por la Junta de Andalucía.  La industria agrícola de los invernaderos explota entre 110.000 y 150.000 personas según diversas fuentes. Una Encuesta de Población Activa dice: “el número de población ocupada en actividades de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en Andalucía durante 2016 se cifra en unas 246.043 personas.”

En muchos pueblos, ni se paga siquiera el mísero salario base ni los acuerdos de algunos convenios por la reaccionaria contra-reforma de Rajoy. El salario medio de un peón agrícola es de 4,27 € por hora, lo que sale a 34,16 € la jornada de 8 horas. No hay vacaciones y los descansos son a discreción del patrón por “necesidades de la cosecha”.  El 70,2 % son varones y el 30,8% son mujeres, que sufren la discriminación de cobrar menos por el mismo trabajo.

Si buscamos las causas que producen estas situaciones de injusticias, las encontramos en el modelo capitalista;  principalmente el desigual reparto de la propiedad de la tierra. En Andalucía seguimos viendo al lado de enormes latifundios que siguen insuficientemente aprovechados, una enorme masa de jornaleros, migrantes y nativos, empobrecidos y desposeídos de cualquier medio de producción,  mano de obra mal pagada, que malviven hacinados en chozas y barracas de madera y plástico, sin condiciones sanitarias dignas.

También existen miles de pequeñas explotaciones de parcelas de pequeños campesinos que no les producen ni para vivir dignamente. Están angustiados y desmoralizados por la constante caída de los precios de sus productos. Hemos visto manifestaciones de pequeños agricultores avisando de la “muerte del campo andaluz”, por los precios inviables que imponen las grandes comercializadoras.

De esa forma queda demostrada la incapacidad del capitalismo y sus grandes propietarios terratenientes, de garantizar un trabajo digno, por lo que sigue siendo urgente organizarse para continuar la batalla por un programa de Profunda Reforma Agraria, siempre prometida y nunca realizada.

Sigue existiendo en Andalucía una concentración enorme de la propiedad de la tierra, similar a la de los años 30, porque tan solo en torno a un 2 % de los propietarios son dueños del 50 % de la tierra cultivable y esa concentración no para de aumentar. Muchos pequeños propietarios se ven obligados a vender sus parcelas porque se han hecho improductivas por la mecanización y son incapaces de competir con las grandes fincas que las siguen acaparando y concentrando.

En este sector de los jornaleros, los peones agrícolas en general son los más castigados por esa dramática situación, ya que no tienen ninguna propiedad que vender más que su propia fuerza de trabajo, cada vez más devaluada por la competencia impuesta por la liberalización del “mercado de trabajo”, fruto de la ofensiva antisocial de Rajoy y sus leyes recortables.

Mientras tanto,  vemos cómo miles de hectáreas de esos grandes terratenientes permanecen ociosas y no son cultivadas, pero SI reciben subvenciones que a veces las utilizan para arrancar árboles o destruir producción excedente desde el punto de vista capitalista, según aplican la Política Agraria Común (PAC).

Tomando datos de Estadística de Huelgas y Cierres Patronales que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (año 2017), “se produjeron 729 paros con 225.687 participantes y 594.253 jornadas no trabajadas durante el año, con un aumento en este último de un 52,7% respecto a 2016”.  Consultados los datos del primer trimestre de 2018, “las huelgas convocadas provocaron la pérdida de 8.066.392 horas de trabajo, lo que supone un 51 % más que el mismo período de 2017”.

En abril del año pasado cuando el dirigente del S.A.T. Andrés Bódalo cumplía un año de prisión por reclamar tierra y trabajo, un  grupo de unos 200 militantes del S.A.T. ocuparon una finca propiedad del BBVA en Jaén, para reivindicar el cumplimiento de la función social de la tierra, como proclama el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Bódalo declaró en su primer permiso carcelario: “no me puedo arrepentir porque no hice daño a nadie”. También continúa ese sindicato la lucha permanente por la liberación de los militantes encarcelados, como Molero y otros sindicalistas  por defender la reforma agraria y el derecho a un puesto de trabajo y han sido sancionados por la aplicación de la injusta Ley Mordaza del PP.

Este año 2018 vemos resurgir las luchas obreras y la admirable movilización de los pensionistas, sobre todo en Bilbao, que ha contagiado a todo el territorio. El 8-M saltó la impresionante movilización Feminista con las jóvenes del colectivo Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes a la cabeza del resto de organizaciones feministas, sociales y sindicales.

El 28-F las Marchas por la Dignidad contra los recortes, movilizaron también a miles y miles a través de SAT, CGT, USTEA, PCA, IU, MDM, CUT, PODEMOS, IZAR, CLIAS y RED ROJA. Los trabajadores de las contratas de los Astilleros de Cádiz hicieron un paro de 24 horas, por la muerte de 2 compañeros en accidente laboral, protestando por las malas condiciones en el tajo.  El 13 de Junio hubo una huelga general histórica del Sector del Metal en Cádiz con un éxito rotundo, recibiendo solidaridad de otras zonas del Estado.

Ya en 5 de Julio se convocó por la CGT una Huelga en Airbus Puerto Real. Amazon: Los trabajadores de la primera multinacional del mundo han ido a la Huelga, el 16, 17 y 18/7 en el almacén logístico de San Fernando de Henares (Madrid), siendo brutalmente reprimidos, por luchar por sus derechos. Nueva Manifestación de protesta en el sector Textil el 19/7.  La Aerolínea Ryanair cancela 400 vuelos por la convocatoria de Huelga de su personal convocada para el 25 y 26 Julio, etc.

Todos esos ejemplos demuestran un creciente ambiente de luchas sociales en todos los sectores. En el campo, la mejor salida como explican los sindicatos agropecuarios para buscar solución al problema del paro, es la expropiación de las fincas ociosas de los terratenientes y su planificación para la producción en base a las nuevas tecnologías.

Todas las fincas mayores de 200 hectáreas en secano y 50 en regadío deberían ser expropiadas y puestas a disposición de los sindicatos para gestionarlas en plan de cooperativas o colectivos de economía social.  La clase dominante y sus potentes aparatos de propaganda afines han venido criticando el experimento del Pueblo de Marinaleda, pero últimamente están bastante callados.

Ese pueblo de Sevilla donde hay trabajo y el paro es solo  de un 5,89 % contra el 24,4 % en Andalucía (año 2017) según la EPA, además de haber aumentado los puestos de trabajo en base al movimiento de lucha de toma de tierras y el movimiento cooperativo, los jornaleros llevan adelante la producción con el modelo de Autogestión dirigido por Gordillo, Cañamero y demás luchadores por la Reforma Agraria Integral.

Cientos de años nos demuestran que no hay solución a los problemas de miles de familias en el campo sobre la base de la propiedad privada cada vez más concentrada de la tierra de labor que defiende el liberalismo capitalista.  Como hemos venido reivindicando en Asambleas y Congresos anteriores,  en concreto en la III Conferencias de I.S. de Andalucía, celebrada en Sevilla en marzo del año pasado, en la tesis 7.11 aprobada por los colectivos asistentes, reivindicamos:

“Para acometer una Reforma Agraria moderna con el objetivo prioritario de poner fin al paro, la miseria y la escasez del trabajo en los pueblos, que permita ofrecer soluciones dando faena a las familias trabajadoras, jornaleras y campesinas, paliando a su vez las necesidades alimentarias de la población, el Estado acometerá la Legislación necesaria para expropiar los grandes latifundios agrícolas y ganaderos de más de 200 Ha comenzando por aquellos que están insuficientemente cultivados o se mantengan improductivos, para ponerlos en explotación con el concurso de los Sindicatos Agropecuarios en régimen de Cooperativas”.

En la tesis 7.13 se aprobó: “Para garantizar los recursos necesarios que hagan efectivo dicho Plan y el resto de medidas antes enunciadas (Texto de 148 tesis), se planificará la nacionalización del sector bancario unificándolo en un solo Banco Estatal Público, con indemnización en casos de necesidad comprobada de ahorradores e impositores con garantía del Estado, y bajo control democrático de los trabajadores. Esta medida, no solamente garantizará controlar los recursos económicos del país en beneficio de la mayoría, sino que permitirá conceder créditos baratos a las familias trabajadoras de los autónomos, pequeños productores, pequeñas empresas, fomentando el cooperativismo y la economía social autogestionaria, de amplios sectores del consumo y la producción. Se garantizará por el Estado los depósitos de los pequeños ahorristas individuales, empresas familiares, Pymes y todos los sectores de economía social de carácter cooperativo, así como se prestará apoyo a todos los emprendedores que garanticen los puestos de trabajo de sus empresas”.

Esas medidas y otros objetivos que se desarrollan en la Memoria de la Conferencia mencionada, podrían servir para acabar con el ocio embrutecedor de la juventud, imbuidos por el sistema capitalista hacia la droga y el alcohol, como la principal distracción en la actualidad, situación que representa un sometimiento a las condiciones durísimas de las jornadas de trabajo, lo que perpetúa la esclavitud e impide tener un mejor futuro.  Es necesario desarrollar locales sanos adecuados para que la gente se divierta, donde se puedan reunir y fomentar la cultura y la educación cívica, polideportivos donde pueda practicarse un deporte saludable y una asistencia sanitaria adecuada, porque en la actualidad, las condiciones de asistencia sanitaria son muy deficientes para ese sector muy marginado.

Los jornaleros, los peones del sector agropecuario, los campesinos pobres, de tantos y tantos pueblos, tienen que asumir también la tarea de organizase y luchar por una alternativa:  buscar la unidad en la lucha con el resto de la clase trabajadora de las ciudades en una batalla conjunta contra este modelo capitalista que ampara  y mantiene en la impunidad a esa casta de banqueros, terratenientes, evasores y corruptos que se han venido enriqueciendo a costa del empobrecimiento mediante la explotación y la opresión de la mayoría de la población trabajadora.

La lucha por la tierra y por la reforma agraria, es la misma lucha por el socialismo que debe ser conjunta de la clase trabajadora de todos los sectores, Agropecuario-Forestal, Industrial, Comercial y Servicios, bajo un enfoque ecologista,   para poder controlar democráticamente los medios de producción y financieros que siguen estando en manos de esa minoría de grandes banqueros y capitalistas, como única forma de que se reparta con justicia equitativa la enorme riqueza que se genera y mucha más que se  podría generar, para poder conseguir una vida digna a la que tenemos derecho como seres humanos.

El Santander, para salvar sus intereses, se preocupó por la salida de depósitos masiva del Popular

El día 4 de junio de 2.017 a las 18.32 Miguel Escrig enviaba un correo electrónico a Emilio Saracho, Joaquín Hervada e Ignacio Sánchez Asiain en el que se establecía una estrategia para «afrontar de forma agresiva la situación. El nuevo procedimiento se basaba en la publicación de un Hecho Relevante en la CNMV donde se hicieran públicos una serie de datos que tranquilizaran tanto a clientes como a los mercados, datos aparentemente maquillados según se colige de los hechos que se conocieron posteriormente a través de la documentación publicada por Diario16 y que ha sido presentada ante la Audiencia Nacional.

El texto que proponía Escrig para publicar como Hecho Relevante era el siguiente:

Como se puede comprobar, hay una serie de datos que ellos mismos sabían que no eran del todo ciertos como, por ejemplo, la presentación de 40.000 millones de euros como colaterales cuando, en realidad, se presentaron 15.000 para conseguir el ELA; que se estaba preparando una nueva ampliación de capital para el mes de julio (cuando se publiquen las cuentas semestrales) o que se están preparando operaciones de venta de activos inmobiliarios.

Este Hecho Relevante no se publicó. Sin embargo, dentro de esta estrategia se puede deducir que el Santander debía estar preocupado por la salida de depósitos que se iba a producir al día siguiente y que se estaba yendo por encima de los cálculos que habían realizado. Era necesario dar tranquilidad para que la crisis de liquidez.

Saracho respondió lo siguiente:

La referencia al Banco de España es importante porque denota temor a que se filtre esa información ya que, de conocerse que el Popular habría presentado 40.000 millones en colaterales y no se les concedía más liquidez de emergencia pasarían por los culpables de la resolución que ya estaba en marcha desde el día 3 de junio. Por eso Saracho sale al paso afirmando que si existiera esa filtración, serían ellos mismos los que saldrían a responder para exonerar de toda culpa al regulador. Saracho también afirma que el propio Banco de España podría estar dispuesto a dar 7.000 millones y que no tendrían acceso a los créditos fiscales hasta después de junio.

Sin embargo, entra el Santander en juego porque entra Joaquín Hervada en la conversación y dice que van a ver enseguida el Hecho Relevante con Uría. Quedaba claro que para publicar el texto necesitaban la autorización del despacho de abogados de cabecera del Santander, lo que demuestra esa preocupación por parte de la entidad cántabra de cómo se iba a desarrollar el día siguiente con la salida masiva de depósitos de las instituciones, empresas públicas y grandes corporaciones.

Este correo demuestra, una vez más, los preparativos para la resolución. Ese día 4 de junio el FROB, a través de Arcano y Jeffries, ya había enviado las cartas a las 5 entidades principales de España informándoles de que el Popular iba a ser intervenido el día 7 de junio; Uría y Menéndez ya había remitido sus indicaciones al Popular para la declaración del estado FOLTF (fail or likely to fail) junto a las instrucciones para el «día R». Todo estaba listo pero el Santander no quería que a Saracho, un hombre que desconocía absolutamente los procedimientos y la gestión de un banco comercial, se le fuera de las manos la salida de liquidez como ya se le había ido la bajada del precio de la acción, porque todo lo que saliera en esos días del Popular ellos lo iban a tener que asumir.

Investigaciones policiales en peligro por la externalización del servicio de traducción

Tras vencer en noviembre de 2017 el último contrato de servicios de la Dirección General de la Policía (DGP) con dos empresas, Ofilingua y Seprotec, para la interpretación y traducción en lenguas distintas al castellano en el ámbito de las actuaciones policiales, y publicarse una nueva licitación, el nuevo contrato ha quedado desierto por no cumplir los requisitos ninguna de las empresas licitadoras (las dos mismas que en años anteriores) al “no acreditar suficientemente la adscripción de medios personales” establecidos en el pliego de cláusulas correspondiente.

El servicio de traducción e interpretación en la DGP (Ministerio del Interior) se encuentra parcialmente externalizado desde 2008, cuando se licitó por primera vez el servicio a pesar de contar el Ministerio del Interior con una plantilla de profesionales, empleadas y empleados públicos, que se han visto relegados en sus tareas por la contratación de empresas privadas. En opinión de CCOO, una línea política de gestión del empleo público que se ha venido practicando en los últimos años, teniendo como consecuencia un claro detrimento de la calidad del servicio, “cuando no sonados escándalos cercanos a pactadas corruptelas para la obtención de grandes réditos económicos”.

La representación de CCOO en el Ministerio del Interior lleva años denunciando esta situación, en la que “desde el primer momento quedaba claro el afán de estas empresas por lucrarse a través de un servicio público, incluso a costa de poner en riesgo cuestiones de seguridad nacional. Ya avisamos de las consecuencias cuando uno de los primeros intérpretes de la empresa contratada (Seprotec en ese momento) quedó detenido en las dependencias policiales a las que se le envió como intérprete de portugués. A partir de ahí, los disparates se han sucedido a lo largo de los años, tanto en lo económico, dada la cuantía que reciben las empresas por estos contratos bianuales (12.140.00 euros en la última adjudicación), como por la deficiencia del servicio que ofrecen y las precarias condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, falta de cotizaciones a la Seguridad Social, etc”. Esta denuncia de la organización sindical ha llevado hasta la presentación de dos proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados, la última de ellas de Unidos-Podemos en marzo de 2017.

Ahora, tras quedar desierto el contrato, ¿qué ocurre con los servicios que se dejan de prestar en dependencias policiales, lo que puede suponer, entre otras cosas, dejar a medias investigaciones de los temas más variados? ¿Y con los trabajadores y trabajadoras contratados, en ocasiones como falsos autónomos por estas empresas, y a los que no se aclara su situación ni su futuro? CCOO se ha puesto en contacto con algunos de ellos y manifiestan que se les sigue mandando a trabajar a las dependencias policiales habituales a pesar de que llevan un mes sin cobrar.

Para el sindicato esta situación es más que preocupante. “Nunca debía haberse producido si los gestores de la DGP, y del Ministerio del Interior, no hubieran puesto en manos privadas un servicio de tanta trascendencia como el de traducción e interpretación, con tareas que van desde velar por los derechos de personas migrantes y/o refugiadas que no conocen el idioma español, como de investigaciones policiales relacionadas con terrorismo internacional y la seguridad, trata de personas, etc., y hubiera, por el contrario, mantenido e incrementado la plantilla fija de traductores-intérpretes de la casa”.

Ángel Garrido, triple derrota en el Congreso del PP

Se habla y no se para en estos últimos días de los perdedores del 19° Congreso del PP. En estas mismas páginas se han contado los desajustes que se producen en Andalucía, pero poco o nada se está comentando de la triple derrota del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. Algo que no se conocía desde los tiempos de Herrero de Miñón en el partido conservador. Una triple derrota que puede acabar con su carrera como dirigente máximo de la comunidad madrileña. Una ventana que se abrió con la primera derrota, pero que ha quedado cerrada con la segunda y, por ello, genera la tercera derrota.

El presidente de la Comunidad de Madrid se subió al carro de María Dolores Cospedal en la primera vuelta de las primarias del PP. Algo lógico pues son muchas las cuestiones orgánicas, políticas e ideológicas que les unen. En ese sentido, el apoyo que le prestó a la ex-secretaria general sirvió para dejar a la otra pretendiente Soraya Sáenz de Santamaría en la cola en Madrid, con un resultado paupérrimo en su propia región. ¡Ah no! Que ella es rural.

Primera derrota de Garrido que, en un giro inesperado, o más bien en un giro donde le habrán prometido seguir al frente de la Comunidad, cambió con parte de sus tropas de bando y se unió a las huestes de “la chiquitilla”. Les vendió, de buena forma, que ella ganaría, que tenía todo controlado, que es la señora de los dosieres (que esa es la imagen que queda de ella), que si tal, que si cual, para acabar con un portazo de los compromisarios en las narices. Álvaro Ballarín, incluso estaba en la ejecutiva de Soraya SS. Pero cuando podían haber seguido con Cospedal y ganar el Congreso, se fueron con la ex-de-tantas-cosas y palmaron sonoramente. No entendió cómo soplaba el viento en el partido, algo que le ha pasado a alguno que otro también, y se ha quedado compuesto y sin presidencia.

Y de ahí viene la tercera derrota. De poder haber salvado la nominación como presidente de la Comunidad de Madrid, algo que no hubiese estado muy mal visto por muchas personas de las que cuentan, ni por las bases en general, se ve en la tesitura de volver a ser diputado raso. En el PP siempre tienen consideración con estas cosas y no hacen demasiada sangre. A veces. Aún tiene tiempo de moverse, aunque la elección de Antonio González Terol, Carlos Izquierdo o de Pablo Hispán para el Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Nacional ya indican algo. Al contrario de lo que pasa en Andalucía con la inmediatez de las elecciones, lo que puede salvar a Juanma Moreno Bonilla de momento, en Madrid serán en mayo de 2019 y hay tiempo de elegir un nuevo candidato, vía dedo, o vía elección, pero todo parece indicar que Garrido no estará entre los preferidos.

Igual se utiliza la presidencia de la Comunidad de Madrid para pagar a algún derrotado (algo que no está en la cabeza de Pablo Casado según nos cuentan, porque entiende que Madrid es importante), aunque esa posibilidad suena más al ayuntamiento capitalino (no descarten a García-Margallo aún), y lanzar a alguien con fuerza en la Comunidad. Con fuerza y cercano al nuevo presidente del PP. Garrido jugó y se quemó dos veces, lo que ha provocado su achicharramiento político una tercera vez. No supo jugar bien sus bazas, o no se dejó asesorar bien. Y cuidado que tiene amigos para haber preguntado.

Los objetivos de estabilidad del Gobierno de España permitirán más recursos para sanidad, educación, servicios sociales y pensiones

La vicesecretaria general y secretaria de Economía, Igualdad de Género y Políticas Públicas del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, ha asegurado que los nuevos objetivos de estabilidad presentados por el Gobierno de España permitirán que haya más recursos para sanidad, educación, servicios sociales y pensiones. “Estar en contra de estos objetivos perjudica al Estado del bienestar”.
Alarcón ha recordado que, con los nuevos objetivos, las comunidades autónomas tendrán 2.500 millones de euros más de margen fiscal en 2019, gracias a las dos décimas de relajación del déficit, que pasa del -0,1 por ciento al -0,3 por ciento.
“Además, también se relaja una décima el objetivo para 2020. Es decir, son dos años consecutivos con más margen para fortalecer el Estado de bienestar. Sería de necios dejar pasar esta oportunidad”, ha señalado.
“El PP deberá explicar cómo es posible que pida más ajustes de los que exige Bruselas, y Ciudadanos tendrá que argumentar qué le lleva a defender que las comunidades autónomas y la Seguridad Social dispongan de menos recursos”, ha añadido.
Ha recordado que si el Senado tumba los objetivos, saldrán perjudicadas, sobre todo, las comunidades autónomas, que tendrán que hacer un mayor esfuerzo para cumplir el déficit, al perder esas dos décimas de margen.
“Pero esto no pone en riesgo los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que seguirán siendo expansivos para asegurar una recuperación justa”, ha explicado.
Finalmente, Alarcón ha remarcado que tener un mayor margen fiscal también beneficiará a los ayuntamientos porque el Gobierno podrá ser más ambicioso a la hora de reformar la regla de gasto o de permitir que un mayor porcentaje de su superávit se destine a políticas sociales.

Susana le saca 500 millones a Sánchez

500 millones le ha sacado Susana Díaz a Pedro Sánchez durante su encuentro en La Moncloa. A eso llegó a Madrid la presidenta de la Junta de Andalucía, y eso se ha llevado de Madrid, dinero fresco para las maltrechas arcas de la comunidad autónoma. 500 millones que la Junta se los pule en un santiamén la verdad, pero que le pueden servir para poner en marcha dos o tres proyectillos antes de las elecciones autonómicas que se barruntan para el invierno. Igual podía haber rascado más, pero esos 500 millones bien valen haber tenido que soportar ver a su antagonista en el trono que ella quería.

De esta cantidad, 350 millones procederán del reparto de las dos décimas del objetivo de déficit y los restantes 150 de las liquidaciones que se prevén de las entregas a cuenta a la comunidad. Pan para hoy y hambre para mañana si, como ha dejado claro la presidenta, no hay un nuevo modelo de financiación autonómica y unas nuevas reglas del juego. Algo que reclaman dirigentes regionales de derechas a izquierdas y que el Gobierno no va a emprender de momento. Aunque para Díaz la reunión puede calificarse como “buena, cordial y muy productiva”.

Ha sido clara la presidenta al exponer, en la rueda de prensa posterior a la reunión, que “estos elementos financieros nos darán oxígeno”, aunque le ha dejado claro al presidente socialdemócrata “la necesidad urgente de elaborar un modelo de financiación que responda con justicia a las necesidades que tiene Andalucía», porque, ha añadido, «la mejor manera de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos es garantizar la suficiencia financiera de esos servicios que tienen que recibir, vivan donde vivan». Así, ha vuelto a indicar que Andalucía recibe 800 euros menos por persona.

Pero no sólo le ha sacado dinero sino la posibilidad de obtener financiación propia. Como ha explicado la presidenta otros compromisos conseguidos son «la salida a los mercados» de Andalucía, «lo que nos permitirá financiarnos a un tipo más ventajoso y mejor» o la flexibilización de la regla de gasto, «incluyendo a los ayuntamientos, para que puedan gastar el superávit «tanto en infraestructuras como en medidas de empleo local». Ante unas elecciones prontas, el gobierno de la Moncloa se ha avenido a insuflar dineros para el monstruo administrativo de la Junta.

Otras conquistas de Susana en Madrid.

Susana Díaz ha destacado, por otro lado, el compromiso del Gobierno central para que los Presupuestos estatales de 2019 respeten el Estatuto de Autonomía y la Disposición Adicional Tercera (DAT) y recojan un Plan de Empleo para Andalucía. En este sentido, ha avanzado, que en los próximos días mantendrán un encuentro la titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y el consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, para cuantificar este documento.

«No era comprensible que siendo una comunidad estable, por debajo en el límite de deuda, cumpliendo con el objetivo de déficit y con una tasa de paro elevada, no tuviésemos un plan de empleo», ha lamentado la presidenta, a la par que considera de «reivindicación justa, necesaria y oportuna». Para la presidenta, todos los acuerdos alcanzados van a incidir de manera directa en la vida de los andaluces, «asuntos que llevábamos tiempo reivindicando» y «que son de justicia».

En cuanto a inversiones en Andalucía, Díaz ha valorado la «firma con carácter inmediato» de un convenio entre las administraciones central, autonómica y el Ayuntamiento de Sevilla para continuar con el metro de la capital; el apoyo al desarrollo del Corredor Ferroviario que dé salida al tráfico procedente del Puerto de Algeciras, «con un gran efecto tractor sobre la comarca»; el AVE a Granada, «para que el proyecto vea la luz» lo antes posible, o el impulso de plazos para la línea de alta tensión Caparacena-Baza, que mejorará el suministro a la parte oriental andaluza.

Como buena miembro del PSOE, la presidenta andaluza ha valorado la presidencia de Sánchez al afirmar que  “en dos meses el actual presidente ha hecho más cosas por Andalucía que el anterior Gobierno del Partido Popular. Los acuerdos confirman que estamos en un nuevo tiempo y tiene que ser una época de lealtad y compromiso que se traduzca en beneficio de los andaluces, manteniendo nuestras reivindicaciones”. También ha recordado la lucha, que parece que no están dando en el gobierno, por la aceituna negra y ha pedido garantías para que «haya ayudas al sector» de la aceituna de mesa «que sirvan para aliviar la situación en caso de que se materialicen los aranceles injustos» estadounidenses, así como «el compromiso para que Andalucía no vuelva a salir perdiendo con la nueva PAC (Política Agraria Común)».

El PSOE exige actuaciones urgentes para proteger a las familias de Ojós, cuyas viviendas están amenazadas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, y el viceportavoz Alfonso Martínez Baños, han mantenido un encuentro con el portavoz del PSOE de Ojós, Francisco Javier Avilés, y vecinos y vecinas de la localidad de la calle Ramón y Cajal, cuyas viviendas se encuentran amenazadas por desprendimientos de rocas de los montes colindantes y humedales provocados por la desaparición de cursos naturales de agua, debido a la urbanización descontrolada de la zona.
Un informe técnico del Ayuntamiento reconoce que la fuerte pendiente del terreno rocoso y la existencia de piedras sueltas supone un peligro para la integridad del vecindario. De hecho, cada vez que se produce una lluvia torrencial las familias de la zona tienen que desalojar sus viviendas ante el temor de que piedras de gran tamaño acaben empotrándose en muros o destrozando techumbres, como así sucedió en diciembre de 2016 y tan sólo hace unos días.
A ello se suma, la ausencia de canalización y desagüe de las aguas pluviales que, procedentes de la escorrentía de la montaña, se embalsan junto a los muros de las viviendas, provocando la creación de humedales y quedando completamente cubiertas de moho y en estado de descomposición.
Joaquín López ha recordado que la Asamblea Regional aprobó una partida en los presupuestos de 2016 por importe de 557.000 euros, destinados a financiar la colocación mallas de sujeción de la zona montañosa, así como de canalización de agua en conexión con los desagües de la población. Sin embargo, después de tres años la Consejería sigue sin acometer dichas actuaciones, por lo que recientemente el Grupo Socialista ha presentado una pregunta para conocer las razones de dicha demora y las previsiones de actuación, si las hubiera.
Para el portavoz socialista, “es intolerable que las familias tengan que vivir atemorizadas ante posibles nuevos desprendimientos de rocas, al tiempo que ven como sus viviendas se deterioran por la humedad sin que ni el Gobierno regional ni el Ayuntamiento de Ojós hagan nada por evitarlo”.
López Pagán y Martínez Baños han anunciado que van a pedir la comparecencia del consejero en la Asamblea, para que explique qué medidas piensa adoptar para solucionar el problema de estos vecinos. El Grupo Parlamentario Socialista exige “una actuación inmediata, porque la seguridad de las personas no tiene espera”.

Trebujena tiene nuevo Centro de Salud

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Los más de 7.000 habitantes del municipio gaditano de Trebujena se benefician de la puesta en funcionamiento del nuevo centro de salud, que sustituye al anterior. El consultorio, que multiplica por diez las dimensiones del anterior, ha sido construido en virtud del convenio de colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud, con una inversión total de 2,6 millones de euros, entre proyectos, edificación y equipamiento.

El nuevo centro cuenta con una superficie total de 2.476 metros cuadrados construidos, distribuidos en 3 plantas (sótano, baja y primera). En la planta sótano están localizadas parte de las instalaciones, como grupos de presión, depósitos contra incendios y grupo electrógeno, así como el almacén general. En la planta baja se ubican el servicio de urgencias, la unidad de atención al ciudadano, el punto de extracciones, las consultas de pediatría y la sala de educación sanitaria. En la planta primera, por su parte, se encuentran el resto de consultas, la sala de cirugía y dependencias para profesionales (aula de formación, dirección y vestuarios).

El centro de salud de Trebujena atiende a una población de 7.063 pacientes, con un horario de apertura habitual de 8 a 20 horas los días laborables, y servicio de urgencias de atención primaria a partir de las 20 horas y fines de semana y festivos.

La plantilla está formada por 4 médicos de familia, un pediatra, 4 profesionales de enfermería, 2 auxiliares administrativos y 4 celadores. A ellos hay que sumar trabajador social, matrona y enfermera gestora de casos, así como un médico y enfermera del dispositivo de apoyo.

Con la puesta en marcha de este nuevo centro de salud, son ya más de 50.000 los ciudadanos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz que han estrenado instalaciones de Atención Primaria en los últimos dos años. Y es que, a los habitantes de Trebujena, hay que sumar la población que se ha beneficiado de la apertura de Jerez Sur, La Milagrosa en Jerez, Guadalcacín y Bornos.