miércoles, 6 mayo, 2026

La hora de Camps

Tras el breve paréntesis en la presidencia de la Generalitat de José Luis Olivas, llega la hora de Francisco Camps. Estudiante de Derecho, hombre de huerta, de misa de doce y de discursos grandilocuentes, Francisco Enrique Camps Ortiz ve la oportunidad de hacer carrera política cuando conoce a Esteban González Pons, con quien comparte piso y anhelos de poder. A los 29 años es concejal y más tarde delfín de Rita Barberá. En el 97 ya es conseller de Cultura con Zaplana. Pero es Aznar quien lo aúpa definitivamente y en el año 2000 lo nombra vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. En 2002, ya bendecido, regresa a Valencia convertido en delegado del Gobierno y un año después gana sus primeras elecciones autonómicas.

Entre 2006 y 2008 vive su época dorada, el campsismo, e incluso se permite foguearse con los zaplanistas en una guerra sin cuartel. A las grandes obras se suman los grandes eventos: la visita del Papa en 2006, que le costará a Valencia 30 millones de euros (solo a Canal 9 le supone un gasto adicional de 14 millones, el presupuesto de dos años de la cadena autonómica); la Copa América, que dejará un agujero de 440 millones; la Fórmula 1, que se tragará otros 211 millones, más los fiascos de la hípica, los campeonatos de tenis, la Volvo Ocean Race… En poco más de una década, la deuda de la Comunidad Valenciana se multiplica por ocho, pasando de 5.000 a 40.000 millones de euros. Pero pese al fiasco en la gestión, la gallina sigue dando huevos de oro y reina la omertá en el Partido Popular. Todos callan y cobran religiosamente. El chivato que osa levantar la voz es arrinconado, tratado como un apestado o convenientemente silenciado.

La supuesta brillante gestión económica esconde un tremendo descosido en las cuentas públicas, pero aun así el nombre de Francisco Camps suena con fuerza como posible sucesor de un Mariano Rajoy marginado, cuestionado y ninguneado por la vieja guardia del aznarismo. Sin embargo, llega el Congreso del PP, que se celebra en Valencia en 2008, y cambia el curso de la historia. Camps pone brazo y tropas al servicio del líder gallego, que consigue salvar el cuello in extremis tras haber perdido dos elecciones consecutivas. Un año después, en junio de 2009, un Rajoy fortalecido pronunciará aquella famosa frase, tan profética como hueca, durante un mitin celebrado en la Plaza de Toros de Valencia: “Siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado, me es igual. Gracias Paco”. Llegado el momento, lo dejará en la estacada.

¿Por qué el alcalde de Baena ha ocultado el archivo de Fiscalía sobre la térmica de El Tejar?

El 22 de noviembre de 2016 se recibió una denuncia anónima en la Fiscalía contra María Jesús Serrano Jiménez exalcaldesa de la localidad, posteriormente Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y actualmente diputada nacional del PSOE y número tres de la Ejecutiva Regional de Susana Díaz al frente de la Secretaría de Política Municipal del PSOE-A.También se dirigían las acusaciones anónimas de corrupción contra Jesús Rojano Aguilera, actual alcalde socialista de la localidad de Baena.

En la denuncia se ponía de manifiesto que María Jesús Serrano firmó un convenio sin competencia y sin trámite con el presidente del Grupo El Tejar, en tanto que responsable de la empresa Agroenergética de Baena S.L. por el que se bajó la aportación que esta empresa daba al ayuntamiento por convenio del año 2005 de 500.000  a 100.000 euros anuales durante la vida útil de la central térmica, estimada entre 35 y 40 años, entre otras razones por las molestias y efectos de la contaminación que la térmica genera a través de sus humeantes y vistosas chimeneas, algo que siendo consejera de Medio Ambiente se encargó de clarificar financiando un estudio de la Universidad de Huelva.

Para los embozados denunciantes ante el Ministerio Público esta rebaja suponía “una pérdida importante de dinero para las arcas municipales”. También se exponía que la empresa contrató con posterioridad a la firma del convenio “al hermano de la exalcaldesa, así como al marido de su secretaria personal en el Ayuntamiento”. (Parece que posteriormente hubo más contrataciones de familiares de políticos)

Concluía la denuncia indicando que la Sra. Serrano Jiménez habría podido cometer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias y su sucesor en la alcaldía pudiera tener responsabilidades como encubridor y colaborador necesario como primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda.

Un mes después de recibirse la denuncia anónima se incoaron Diligencias de Investigación, ordenándose la práctica de numerosas indagaciones, basadas fundamentalmente en documentación que debía aportar el ayuntamiento y que, obviamente, fue elaborada por los funcionarios responsables de estos menesteres.

Tres meses después de haberse iniciado las diligencias de la Fiscalía, el fiscal decano de Córdoba Juan Antonio Merlos firmaba el 31/03/17 un decreto de archivo con el material aportado a la rápida investigación.

Pero el decreto de archivo, después de más de un año transcurrido desde su firma en marzo del año pasado, trasladado al Ayuntamiento de Baena, nunca fue enseñado a la oposición cuyos miembros se han enterado de su existencia tras esta primera información publicada por Confidencial Andaluz, obtenida en fuentes del PSOE-A  justificando el, para ellos, ‘escaso interés informativo’ que tenía el asunto en el que nosotros habíamos “picado”.

Efectivamente, fuentes del PSOE-A, argumentaron en su momento a esta redacción que no había nada, que la denuncia había sido archivada por Fiscalía, pero ni la Sra. Serrano ni nadie del PSOE-A enseñó nunca el documento de archivo, ni siquiera a la oposición municipal en Baena. Así lo confirma Francisco Bravo, el concejal del PP que destapó en un pleno el “regalo millonario” que, con nocturnidad y sin capacidad legal de la alcaldesa Serrano, se le había hecho a El Tejar, perjudicando  los intereses del pueblo de Baena con un presupuesto anual entonces de unos 14 millones. Hace seis meses el Sr Bravo se dio de baja en el PP, entre otras razones por el escaso respaldo recibido en su día por José Antonio Nieto como presidente del PP de Córdoba en este y otros asuntos relacionados con la lucha del PP local contra la corrupción municipal de los socialistas en Baena. Córdoba, una provincia donde también parece que funcionó la omertá y el silencio debido como en otras de Andalucia entre PP y PSOE.

En los ambientes políticos de la localidad, incluidos algunos socialistas decepcionados y escandalizados con la gestión de Serrano y su “heredero” en la alcaldía, “nada acorde con los tiempos que soplan en el partido” aseguran que “el archivo de Fiscalía formalmente es correcto, pero lo es en base a la documentación aportada desde el Ayuntamiento en su momento a petición de la Fiscalía, documentación que tiene toda la pinta de haber sido manipulada y no sería la primera vez, ya que en el acuerdo de rebaja con la térmica también se hicieron informes a posteriori”. Así se cuenta al menos en el informe del Secretario Municipal ya publicado por Confidencial Andaluz el pasado 31 de mayo.

Esas mismas fuentes consultadas están convencidas de que a Fiscalía no se le contó en su momento toda la verdad “algo que es muy grave en un Estado de derecho”.

 

Aseguran poder demostrar que “han incorporado pruebas falsas aportadas por el órgano encargado de la tramitación del convenio que firmó la ex alcaldesa en 2013 con El Tejar, el Técnico de la Administración General (TAG), que cinco años después de la firma del citado convenio descubre que el informe no válido del asesor externo lo recibió en su ordenador en 2012 y que lo suscribió, dándole legitimidad, tanto a la validez del informe como a la fecha de recepción en el ayuntamiento y a la firma de la ex alcaldesa, como órgano de gobierno competente para este ruinoso e ilegal convenio”.

Las mismas fuentes consultadas afirman que “la manipulación es burda y fácilmente desmontable, ya que deja al descubierto una trama corrupta cuyos principales actores son la exalcaldesa y el actual alcalde”.

Para quienes ahora se plantean impulsar la reapertura del caso ante la flamante Fiscalía Anticorrupción de Córdoba  – no descartando a los partidos de la oposición– “los argumentos incuestionables y contrastados”, tras conocer esta semana el contenido del auto de archivo de la Fiscalía de Córdoba, se resumen en once puntos y que aportan de la siguiente forma:

  •  El informe del Secretario General deja contundentemente claro que el informe del asesor externo tuvo entrada en el Ayuntamiento en Marzo de 2014, un año y medio después de la firma del convenio irregular. Literalmente afirma que no debió de servir de único soporte jurídico para la firma del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Baena y Agro-energética El Tejar, sin hacer mención alguna a nota de conformidad o disconformidad de ningún Técnico de Administración General dejando absolutamente nítido que la documentación que éste TAG como responsable de la tramitación no le ha aportado ningún aval ni diligencia que valide el informe del asesor externo. El Secretario General reitera en numerosas ocasiones en su informe del 2015 que el informe jurídico externo que llega año y medio después no es válido y no está suscrito por ningún informe de técnico municipal alguno.
  • En marzo de 2014 se asienta el informe del asesor externo en el registro municipal sin que se aporte ninguna prueba ni huella de haber sido suscrito ni avalado por el TAG, encargado de la tramitación del expediente.
  • El mismo TAG, R.N., en el índice de documentos del expediente del convenio que remite entre otros a los grupos políticos municipales, no hace mención a su propia validación del informe jurídico externo.
  • En los expedientes completos sobre la relación de Ayuntamiento con Agro-energética de Baena tampoco alude a la recepción en su ordenador del citado informe externo, y aún menos, a su legitimación del mismo como técnico municipal.
  • El reiterado TAG no avaló el convenio desde el punto de vista jurídico, a pesar de haberlo redactado y ocultado a la Secretaría General del Ayuntamiento en el año 2013 dado que por la importancia de ésta tramitación sería el Secretario General quien hubiera llevado a cabo la misma.
  • La Alcaldía no es el órgano competente para firmar un convenio que cede más de seis millones de euros y cuya duración temporal sobrepasa los cuatro años, de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local, a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que en el artículo 22.2n) reza literalmente que las contrataciones y concesiones cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o los seis millones de euros, así como las concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años son competencia del Pleno, como es el caso que nos ocupa; por tanto, la Alcaldesa firmó un convenio sin competencia para ello con ocultación y sin ningún expediente ni aval jurídico.
  • Sólo cuando la fiscalía solicita información al Ayuntamiento cuatro años después de la firma del reiterado convenio del 2013, el TAG descubre que en su ordenador estaba desde el 2012 el informe externo y que él lo había suscrito.
  • Hay ocultación, pues nada se sabe de éstas irregularidades hasta que a finales del 2014 son denunciadas por el concejal portavoz del PP Francisco Bravo en el Pleno, hasta entonces silencio absoluto incluso en los registros oficiales de la administración municipal.
  • El expediente montado por el TAG a requerimiento de la fiscalía pudiera haber inducido a ésta, lógicamente, a dar crédito a la documentación remitida desde el Ayuntamiento, aunque sorprende el silencio del Secretario General en esta ocasión frente a la contundencia de su informe en el 2015.
  •  La oposición queda en evidencia por su complicidad que pudiera tener que ver con los numerosos casos de relación laboral con el ayuntamiento, directos e indirectos, de ediles municipales, así como del grupo del gobierno casi en su totalidad.
  •  Y por último, no consta en el convenio del 2013 ninguna alusión ni cómputo económico en relación con el suministro de agua, lo que se ha añadido posteriormente como maniobra de distracción, hecho éste que en cualquier caso no deja de ser irrelevante y ajeno al objeto y consecuencias del convenio.

Pueden consultar el Decreto de archivo de Fiscalía firmado el 31 de marzo de 2017 desconocido hasta ahora por la oposición y los ciudadanos de Baena AQUÍ

Nueve países aprenden en Murcia técnicas de control de recursos hídricos

La Región de Murcia ha acogido un taller internacional, con expertos de nueve países, destinado a identificar estrategias viables para controlar el uso del agua reutilizada y limitar usos ineficientes. Este encuentro tenía como objetivo confrontar intereses en el campo de la reutilización de agua y estudiar conjuntamente los instrumentos de financiación europeos.

La Región de Murcia es un referente gracias a sus resultados en la reutilización, entre los que se encuentra un grado de alcance del sistema de depuración a la población del 99,3 por ciento, así como un porcentaje de reutilización del 98 por ciento, el más alto de Europa.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, que inauguró el encuentro, destacó que “nuestro objetivo en estos dos días ha sido proponer mejoras en las políticas de agua, analizar la situación en los distintos países y comparar instrumentos financieros”. Asimismo, insistió en que “es fundamental tratar la reutilización de este bien tan imprescindible como aspecto estratégico a la hora de promover la eficiencia de los recursos en áreas con escasez de agua en Europa”.

Al encuentro acudieron representantes del Consejo de Agua de Oldenburg y Frisia oriental de Alemania, la Agencia de Desarrollo Regional de la Región De Pardubice (Chequia), el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Grecia, la Agencia de Agua y Energía de Malta, la Fundación para el Medio Ambiente de Lombardía (Italia), la Asociación Costa Báltica de Letonia, la Región de Lodzkie en Polonia, el municipio de Trebnje de Eslovenia, y de Murcia a través de la Consejería y la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua.

El instrumento político-financiero en el que la Región ha analizado su alcance es el Programa Operativo Feder, cuyo objeto es preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, incidiendo en sistemas innovadores de gestión del agua que garanticen la mejora del tratamiento de aguas residuales y su calidad en las zonas litorales de Murcia.

Entrevista Ernesto Sanguino

Ernesto Sanguino Abogados presentaron ante la audiencia nacional una denuncia colectiva en nombre de la asociación de afectados por la venta del Banco Popular. La denuncia fue presentada por ERNESTO Sanguino y por José María Rodríguez, ambos socios directores de Sanguino Abogados. Una de las asociaciones más numerosas, varios cientos de afectados, eligieron desde el primer momento de la “operación diabólica” de la venta del BP con más de 11 mil millones de activo netos por un euro al banco Santander, una operación que ha dejado y viene dejando cada día más muchas dudas de legalidad como a diario de forma informativa y documental está demostrando Diario16 y, los despachos comprometidos y libre como el de estos profesionales están demostrando en sus múltiples denuncias y demandas en favor de los afectados.

Balance después de transcurrido un año que se vendió el Banco Popular al Banco Santander.

El día 7 de junio de 2.017, todos los medios de comunicación informaban acerca de la venta del Banco Popular al Banco de Santander. Durante todo este tiempo mucho se ha escrito al respecto, poniéndose en tela de juicio si el mecanismo creado para vender la entidad al Santander no fue lo suficientemente transparente.

Además, de lo que no cabe duda, es que los accionistas, que el día antes tenían acciones y/o Bonos en propiedad, se vieron desposeídos de las mismos de forma tan fulminante como ilegítima, pues ni prestaron su consentimiento, ni percibieron cantidad alguna en contraprestación por tal circunstancia.

Transcurrido un año desde la referida venta, ¿nos puede decir cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente?

Una vez analizada la venta, es decir, los factores que fueron determinantes y sus consecuencias jurídicas, numerosos afectados constituyeron la “Asociación de Afectados por la Venta del Banco Popular”, encargando a SANGUINO ABOGADOS la defensa jurídica los mismos.

Una vez recopilada la documentación necesaria, el día 11 de Julio de 2.017 se interpuso una primera denuncia contra los dos Consejos de Administración del Banco Popular, así como contra la auditora PwC.

Además, se solicitaron medidas cautelares a favor de aquellos perjudicados que acudieron a la última ampliación de capital del B. Popular, o en la anterior del año 2.012, con la concesión de préstamos cuyo único fin era la compra de acciones del referido banco.

Dicha denuncia ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, sin que todavía ésta se haya pronunciado respecto de las referidas medidas.

Sin duda, puede parecer que se ha avanzado poco durante este año, pero podemos asegurar que el ritmo procesal de la causa es, a nuestro entender, satisfactorio, a pesar del colapso judicial que sufre la administración de justicia española.

¿Se han iniciado otras actuaciones por parte de la Asociación de Afectados que Udes. defienden?

Así es. Una vez hemos ido recopilando documentos y tras una ardua investigación, hemos apreciado dirigir también nuestra acción penal contra Banco de Santander. De esta forma, el pasado 19 de Marzo, ampliamos la denuncia originaria contra esta entidad bancaria.

Además de las acciones penales referidas, Udes. han formulado Recurso Contencioso contra la resolución del FROB que intervino en la venta del Popular, ¿en qué estado se encuentra?

Debido a que hay en curso un procedimiento judicial interpuesto ante el Tribunal General de la Unión Europea, anterior a nuestro Recurso, el Magistrado que lleva este asunto ha acordado dejarlo en suspenso hasta tanto en cuanto no se resuelva aquél, en evitación de resoluciones contradictorias. Por tanto, hay que ser pacientes.

Se han publicado numerosas noticias afirmando que Banco Popular pudo falsear su contabilidad antes de la última ampliación de capital, ¿qué opinión tiene al respecto?.

Efectivamente, se ha puesto en duda si la contabilidad de años anteriores y presentada a la CNMV por parte de los auditores independientes que fueron contratados por Banco Popular, PwC, era real o, por el contrario, se encubrieron beneficios y/o pérdidas a su favor.

Como consecuencia de ello, se ha solicitado al Juzgado se investigue la contabilidad presentada por el Banco Popular desde el año 2.008, a fin de que los peritos nombrados por el Banco de España puedan comprobar, en su caso, desde qué fecha no se contabilizaron en sus estados financieros partidas de pérdidas o ganancias.

Con ello podremos comprobar desde qué fecha los accionistas perjudicados podrían, en su caso, recuperar su dinero, alegando la nulidad de sus contratos de compraventa de acciones, o bien a través de una compensación que se cuantificará en sede judicial y que debe resolver el tribunal.

Además de las acciones judiciales colectivas que nos ha referido, ¿pueden los accionistas instar acciones individuales para recuperar las inversiones perdidas?

Sin duda, todo accionista y/o bonista que ha perdido su inversión, puede reclamar, en vía civil y ante un Juzgado de Primera Instancia, el daño y perjuicio causado por la venta del Popular.

Es cierto que algunos accionistas ya han formulado demandas en este sentido, pero se da la circunstancia que hay Sentencias que le dan la razón y otras que no. Además, de momento, no hay Sentencias de ninguna Audiencia Provincial ni, por supuesto, de Supremo, de ahí que aún no se haya consolidado por los tribunales ninguna postura jurídica en este sentido.

Es por ello que desde SANGUINO ABOGADOS se aconseja paciencia, prudencia y precaución. Vamos a esperar a recopilar aun más datos y documentos y, llegado el momento adecuado, presentaremos las demandas con el mayor rigor posible y dotando de más seguridad, si cabe, a los intereses de los inversionistas que quieran demandar.

No obstante, estamos a disposición de todos los afectados que quieran iniciar acciones civiles, para asesorarles e informales de forma individualizada.

Algunos medios hacen referencia a que el pasado día 7 de Junio (un año después de la venta del Popular) “prescribió” la acción de reclamación extracontractual contra el Banco Popular, perdiéndose así todo derecho a reclamar; ¿es cierto este extremo?

Entendemos que ello no es así. Para interrumpir la prescripción de la acción de nulidad, se tiene que presentar una reclamación extrajudicial (bastaría con un burofax, por ejemplo) ante la entidad financiera, bien ante Banco Popular o bien ante el Santander, antes de que transcurran 3 años desde que se acreditase la falsedad del folleto que publicó el Popular referente a la ampliación de capital del 2016.

Como a día de hoy aún todavía no está acreditada la presunta falsedad de la información recogida en dicho folleto, tendremos que tomar como punto de partida la fecha en la que se vendió el Popular al Banco Santander, es decir, el 7 de Junio de 2017. Por tanto, los inversores que se han visto perjudicados tienen hasta el 7 de Junio de 2.020 para poder ejercitar las acciones que le asistan, pues hasta dicha fecha no prescribiría la acción de nulidad.

Albert Rivera hace propuestas no democráticas

Cada día que pasa Albert Rivera se nos acaban los calificativos para describir las propuestas que hace. Eso sí, la capacidad de asombrar al respetable es ilimitada. No sólo hace gala de un cuñadismo exagerado (recuérdese que siempre se tiene que apuntar las cosas que hacen los demás, incluso la formación del actual gobierno), sino que va enseñando la patita parda o negra. Lo último es el intento de exclusión de los partidos nacionalistas del Parlamento mediante la modificación de la ley electoral. En Málaga, junto a Mario Vargas Llosa, ha propuesto modificar la Constitución para que los partidos nacionalistas (o cualquier otro partido o coalición regionalista) desaparezcan del Parlamento. Ni PNV, ni Coalición Canaria, ni demás partidos de ámbito regional aparecerían por la carrera de San Jerónimo pues la mente de Rivera ha pergeñado una idea asombrosa, que se instale un umbral electoral del 3% a nivel estatal.

Lo más curioso es que no se ha puesto colorado, ni verde de vergüenza. Lo ha dicho con toda la cara dura que puede tener un aprovechategui o un cuñado en la boda de una prima. “Propondremos una ley electoral que obligue a tener el 3% del total de votos para estar en el Congreso” ha dicho sin siquiera pensar en las consecuencias o el significado fascistilla de la propuesta. La excusa es que los españoles y españolas (esas que ve por todos sitios, como si hubiese ingerido un tripi españolista) quieren “votar con una ley justa para no estar en manos de 0,5 o 0,7% de votos nacionalistas que cambian Gobiernos”. Alguien si lo lee rápido puede, incluso, pensar que es hasta bueno. Especialmente le parecerá bien a toda aquella persona que se encuentra a la derecha, a la extrema derecha y que le importan poco los valores democráticos. A ese falangista con bigotillo, o mujer de la sección femenina, que están en el espíritu de muchas personas aún en España. Pero de primeras supone acabar con el pluralismo democrático que cualquier liberal dice defender. Por tanto, Rivera no es liberal. Veremos qué es realmente, porque ha llegado a compararse con Charles De Gaulle.

Primero, al solicitar sólo la reforma Constitucional para el cambio de ley electoral para que favorezca a Ciudadanos y perjudique a otros, demuestra Rivera tener muy poco de liberal. Incluso el neoliberalismo hace alarde del respeto a la pluralidad de opiniones, siempre y cuando no haya un cambio del sistema en sí. Dentro del capitalismo neoliberal caben todos. Para Rivera no. A él no le gustan los que no piensan como ellos y ellas. Todo lo que no sea españolismo carpetovetónico es malo, pero como no puede hacer nada por acabar (de momento) con Podemos, IU y otros partidos, pues se centra en los nacionalistas periféricos que son el peligro que él ve para España. No ve la pobreza, el precariado, ni esas cosas sociales y que afectan de verdad a las personas. No, sólo ve peligro en los partidos nacionalistas. Así, queda claro que no es pluralista, ni respeta a los demás. Quiere abolirlos constitucionalmente.

Segundo, con esa propuesta no se percata Rivera que el problema no desaparecerá, sino que aumentará y radicalizará. En sus respectivas regiones no puede acabar con ellos, por lo que utilizarán el poder que tengan en esas regiones contra el poder central. Más conflicto y más perjuicios para las personas. Es más ese tipo de legislación daría legitimidad a cualquier tipo de secesión de cara al exterior y al interior. La propuesta por tanto es una boutade enorme. Y lo deben saber en Ciudadanos, pero su rabia y su visión fascista les pueden. Quieren un sistema de autoritarismo estatalista para dejar toda la libertad al establishment y tener controlados a los partidos políticos no sistémicos. Y si no lo saben, o no son conscientes en Ciudadanos, demuestran carecer de la más mínima formación y capacidad intelectual, siendo un peligro para España.

Tercero, igual lo que quieren es la confrontación para recurrir a un Estado de excepción de algún tipo y oprimir a todas las personas del Estado español, no sólo a las regiones independentistas. Como hicieron los nazis y los fascistas quieren ocultar a los independentistas, quieren guetarizar la política. Montar guetos políticos, como los nazis quitaron de la visión del resto de las personas a los judíos en Varsovia, por ejemplo. Si no están presentes dejan de ser un problema. La negación del otro mediante la eliminación visual, algo que hicieron fascistas y nazis (estos fueron más allá y eliminaron físicamente, algo que aún no han planteado en Ciudadanos por suerte). Son fascistas dentro de unos límites más o menos democráticos. Y quien se sale de esos límites debe ser eliminado política y socialmente.

Puede provocar risas y hasta adhesiones las palabras de Rivera, porque previamente vienen calentando el ambiente ellos mismos para criminalizar al otro y poder hostigarle, pero en el fondo de esas palabras lo que existe es un atentado contra la democracia, un atentado contra las libertades, una política fascista que pretende acabar con el otro. Es un peligro que se inocula poco a poco. El cuñadismo provoca mofa y befa, pero detrás hay oculta una cara oscura, camisas pardas, azules y negras que pretenden criminalizar al otro para poder negarlo como ser. Y al ser negado puede ser excluido política y socialmente. Albert Rivera no hace propuestas democráticas sino fascistas muy peligrosas.

Gloria Alarcón: La seguridad de las mujeres debe ser prioritaria

La  vicesecretaria general y responsable de Economía, Igualdad de género y Políticas Públicas de la Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE Gloria Alarcón ha lamentado que la Región de Murcia tenga el vergonzoso récord de ostentar la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista del país. Por ello, considera que “son necesarias políticas decididas y valientes, como ya ha empezado a adoptar el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha apostado por la formación de juezas y jueces para garantizar la continuidad de la mejor forma posible del Pacto Nacional contra la Violencia de Género”.
Para el PSOE, “la seguridad de las mujeres es prioritaria en todos los aspectos, principalmente en aquellos casos en los que exista cualquier tipo de violencia”.
Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la Región de Murcia registró 21,9 víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres en el primer trimestre de 2018, la mayor tasa por comunidades.
Alarcón urgió a la toma de decisiones comprometidas que empiecen a erradicar desde la escuela la concepción machista de la sociedad y acabar con la normalización y tolerancia de estas prácticas. “Confiamos que el Gobierno de López Miras dé un giro a las políticas de igualdad del PP y adopte medidas valientes como ha empezado a hacer el Gobierno de Pedro Sánchez para atajar la lacra de la violencia machista y avanzar en igualdad”.
La dirigente socialista se refirió, asimismo, a los datos arrojados por el primer sondeo realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre la percepción social de la violencia sexual, una macroencuesta elaborada a partir de las entrevistas a 2.465 personas de ambos sexos.
En este sentido, afirmó que es preciso reflexionar sobre las causas que están provocando este aumento de los casos de violencia de género y buscar soluciones para frenarla, también hay que repensar la sociedad que queremos construir y desterrar cuestiones como que la sociedad asuma que se culpabilice a la víctima de una violación por su forma de vestir, por beber alcohol o que la responsabilidad para controlar el acoso dependa de propia víctima. “Hay que cambiar estos paradigmas y reeducar a la sociedad desde la escuela para garantizar una sociedad más igualitaria y justa, alejada de la permisividad con el machismo”.
Por otra parte, Gloria Alarcón considera muy frívolos los argumentos esgrimidos por el Gobierno regional, en los que justifica el aumento de denuncias “por un mayor conocimiento de los recursos».
En su opinión es preciso replantear las políticas que se han venido aplicando, “porque no han cubierto las expectativas para un problema de primera magnitud como este. Estamos muy esperanzados ante el cambio de Gobierno en el país y sabemos que la vicepresidenta socialista Carmen Calvo ya ha empezado a trabajar para modificar esta realidad y mejorar la situación de las mujeres”.
Agregó que el Gobierno de España ya ha anunciado las primeras medidas que afectan a esta materia y que pasan por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para combatir temas singulares como la violencia de género, así como la modificación que devuelve a los ayuntamientos competencias para políticas de prevención y ayuda a las víctimas y a sus hijos e hijas.

Miguel Padilla, Coag: “La totalidad de las plantaciones agrarias se vieron afectadas en 2017 por la falta de agua”

La totalidad de las plantaciones agrícolas regionales “se vieron afectadas en el año 2017 por la escasez de agua. Las lluvias salvaron los cultivos”. Así comenzaba su intervención el presidente local de Coag, Miguel Padilla, durante la asamblea que volvió a ratificarle el pasado viernes para otro mandato al frente de los agricultores de la Comarca del Guadalentín.

En un repaso por todo lo acontecido en el sector durante el pasado ejercicio, el también número 2 de la organización a nivel nacional señaló aspectos relacionados con la próxima reforma de la Política Agraria Comunitaria, donde “esperamos cambios respecto al documento anterior, máxime teniendo en cuenta que la ausencia del Reino Unido se notará sensiblemente porque dejará de aportar su parte económica”, dijo Padilla.

En este sentido, el dirigente agrario aventuró “cambios importantes en el articulado” como pueden ser la atribución de competencias a los países miembros, que servirán para que estos distribuyan a las regiones con objeto de “contar con un margen de maniobra mayor que el actual”, produciendo “una mayor cofinanciación de los estados”.

Respecto a la denominada Red Natura, el responsable regional de esta rama, Francisco Gil, criticó “la ausencia” de cumplimiento por parte de España, para después manifestar y avisar que “actualmente no hay mano de obra suficiente para el campo, donde brilla por su ausencia la cualificación profesional”.

Este mismo directivo también advirtió sobre la campaña mediática existente contra el mercado de la carne, que tiene su mayor incidencia en aspectos medioambientales debido a las emisiones contaminantes de C02. Finalmente, Gil aludió también a la posibilidad de que puedan llegar nuevamente a las granjas la Peste Porcina Africana, no sin antes decir que en estos momentos “la Región de Murcia es líder en sanidad animal”.

Podemos: Es necesario un trabajo de fondo para defender los derechos fundamentales de las temporeras marroquíes en Huelva

0

Desde Podemos Andalucía llevamos denunciando mucho tiempo que la situación que enfrentan las mujeres migrantes que trabajan como temporeras, en diferentes provincias de Andalucía, se ha convertido, en muchas ocasiones, en una vulneración de derechos humanos fundamentales. Las últimas semanas, el caso de Huelva ha sido acogido en prensa, y ha destapado algunas situaciones de violencia que no es nueva y es de extrema gravedad. Es necesario un trabajo de fondo para defender los derechos fundamentales de estas mujeres, sin ponerlas en riesgo.

Las trabajadoras marroquíes en la recogida de la fresa (aunque también de otros frutos rojos y en el campo en general) no solo son discriminadas en ocasiones a través de la sobre explotación laboral, que también venimos denunciando. Sino que los hechos de violencia sexual ejercida sobre sus cuerpos, como los denunciados estas semanas, vulneran sobre todo derechos humanos fundamentales. Esto se da por ser mujeres, migrantes, provenientes de áreas rurales en Marruecos, tener escasos recursos económicos, desconocer el idioma en el país de recepción, tener dependencia absoluta de aquellos empresarios que no sean respetuosos con la legalidad laboral y su entorno (manijeros, capataces), estar confinadas al ámbito privado de las fincas, no contar con posibilidades de desplazamiento autónomo fuera de la finca, estar lejos de una comisaría, no contar con las inspecciones necesarias que garantizan sus derechos laborales, no contar con suficientes mediadores, enfrentar tanto obstáculos en el acceso a la justicia como estereotipos interseccionales en los tribunales.

Como venimos denunciado desde hace tiempo, el objeto de esta discriminación es situar los intereses del mercado y las grandes empresas por encima de los derechos laborales. Pero esto es de extrema gravedad cuando, además, se deja a las mujeres en situaciones de absoluta vulnerabilidad ante la violencia patriarcal que se ejerce sobre su cuerpos. Son abandonadas, así, por aquellos que, en lugar de velar por sus derechos, permiten que se sucedan una y otra vez hechos gravísimos como los conocidos en la Provincia de Huelva. Esto, además, se da con el amparo e impunidad provista por la Junta de Andalucía y el resto de Administraciones que miran para otro lado. Ya no hay más excusas, es público que estos casos suceden. Todas las instituciones deben actuar de inmediato y poner soluciones. De esta forma, cada caso de vulneración de derechos humanos que se pueda producir, justifica un modelo productivo que atenta contra la vida y genera riqueza a unos pocos a costa de los cuerpos y los derechos, una vez más, de las mujeres.

Desde diferentes Áreas y Secretarias de Podemos Andalucía hemos creado un equipo interdisciplinario y llevamos tiempo trabajando para proponer acciones efectivas que den soluciones a la situación, sin exponer o poner en peligro a las trabajadoras. Entendemos que es fundamental plantear medidas preventivas concretas para garantizar los derechos de las mujeres temporeras desde una visión global, contado con ellas, y que desarticulen cualquier tipo de dispositivo que dificulte su acceso a la justicia o las ponga en peligro.

Solicitamos que se pongan en funcionamiento real medidas de protección y reparación para las mujeres que enfrentan situaciones de explotación y violencia tanto sexual como laboral. Entendemos, además, que es necesario mejorar la coordinación entre la administración local, autonómica, nacional y con los países de origen de las mujeres. Es aquí donde nos encontramos con los principales problemas.

Tanto el ayuntamiento de Huelva, como la Junta de Andalucía y el nuevo gobierno tienen en su poder justificar y permitir que se sigan desarrollando estas vulneraciones de derechos de las mujeres, poniéndose de costado, o proteger los derechos de las temporeras. Nosotras, estamos decididas a trabajar, proponer y consensuar con todos los actores relacionados con la actividad de los frutos rojos, contando con las sus protagonistas las mujeres trabajadoras, y los diferentes grupos parlamentarios, para que los derechos de las mujeres sean entendidos como derechos.

En ese marco, asistiremos, además, a la manifestación organizada por diferentes sindicatos el 17 de junio, y nos sumaremos a todas aquellas movilizaciones que busquen consensuar soluciones para las mujeres y, sobre todo, contando con las mujeres protagonistas de esta realidad. Creemos que es necesario extremar los cuidados para no sobreexponerlas, ni a aquellas que han denunciado ni a las que no lo han hecho pero están trabajando aún en la campaña.

Toma posesión la primera mujer Alcaldesa de Alhama de Murcia tras el nombramiento de Diego Conesa como Delegado del Gobierno

Mariola Guevara se convirtió ayer en la primera mujer Alcaldesa de Alhama de Murcia, al  relevar a Diego Conesa Alcaraz al convertirse éste en el nuevo Delegado del Gobierno de la Región de Murcia. El bastón de mando le fue entregado por su antecesor, en lo que fue su primera comparecencia pública tras el nombramiento producido ayer y cuya toma de posesión está prevista para el próximo martes a las 20 horas en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.

La sesión extraordinaria  plenaria celebrada en la Casa de la Cultura contó con la presencia de un numeroso público que no dejó de aplaudir a Guevara al escuchar las críticas vertidas por el Partido Popular en el turno de intervenciones. Guevara avanzó los proyectos que le quedan en su año en la alcaldía. Así, dijo, “seguiré con la ruta que desde el equipo de Gobierno del PSOE teníamos marcado, solo cambian las personas físicas, pero continúan los mismos proyectos”, destacando que las concejalías que ha dirigido durante esta legislatura, y que son las de Educación, Sanidad y Juventud, seguirán a su cargo, junto a la Alcaldía.

Mariola Guevara resaltó que su trabajo girará en torno a “la ética y la transparencia”. Previamente a su investidura, Francisco Navarro tomó posesión como nuevo Concejal del ayuntamiento. Navarro, previsiblemente, asumirá las áreas de Empleo y Desarrollo Local, que hasta ahora habían estado en las manos del alcalde saliente.

Los nacionalistas andaluces piden sacar las bases EEUU por culpa de las aceitunas

Abuso y falta de solidaridad son palabras que utilizan desde el Partido Nacionalista Andaluz (PNA) para referirse a los aranceles del 34% que la administración Trump ha puesto a la aceituna negra de mesa andaluza. Lo que no sabía Trump, que está provocando respuestas comerciales de todo tipo a lo largo y ancho del orbe, es que podría quedarse sin bases en España por unas simples aceitunas. En el PNA se quejan de que “el pueblo andaluz lleva años soportando el riesgo que supone mantener en su territorio dos bases norteamericanas, parte del escudo antimisiles, con armamento nuclear que nos convierte en un blanco perfecto de potenciales enemigos del Estado norteamericano, sin defensa alguna ni compensación de ningún tipo”.

Instan a la presidenta de la Junta de Andalucía y al gobierno de Sánchez que ofrezcan una respuesta contundente a Donald Trump: “Instarle a sacar sus barcos y sus bombas de territorio andaluz”. Que se vayan de las bases lo más lejos posible por ser insolidarios porque “la dignidad de un pueblo exige esa ruptura inmediata, en vez de soportar una y otra vez las humillaciones a que el gobierno USA nos quiera someter”.

No se quedan aquí, sino que exigen más medidas contra los productos de EEUU: “Si existen acuerdos económicos y militares bilaterales, en primer lugar, esos acuerdos no deben ser independientes entre sí, sino enlazados. En segundo lugar, si Andalucía se inunda de refrescos, maquinaria, “snack”, desayunos, semillas, abonos y fitosanitarios perjudiciales para la salud, debe existir una contrapartida, en este caso doble, por las razones expuestas más atrás, por lo que resulta del todo contraproducente, injusto, inmoral y agresivo, el veto mediante subida de aranceles, a cualquier producto fabricado, desarrollado o manipulado en Andalucía”.

Para el PNA la actitud caciquil de Trump con Andalucía es comparable a la tolerancia “inexplicable” de Susana Díaz y Pedro Sánchez con las medidas proteccionistas de EEUU. No queda más que ser valientes y pedir, con firmeza y la misma chulería que Trump, que abandonen las bases militares y se lleven su armamento nuclear a su país. Y, evidentemente, romper las relaciones comerciales con el país norteamericano que se puedan fuera de los convenios internacionales que obligan a España. Debe conocer Donald Trump que con los andaluces ni una sola broma, aunque la presidenta de la Junta ya ha declarado la guerra comercial a EEUU.