lunes, 4 mayo, 2026

IU: “Hemos perdido una ocasión histórica para construir una nueva Lorca”

Los ediles de Izquierda Unida en Lorca, Pedro Sosa y Gloria Martín, y el exconcejal de la formación y actual coordinador de la misma, José García Murcia, han hecho balance  de las actuaciones tras los  seísmos que afectaron a Lorca hace siete años y que tuvieron como consecuencia más trágica la pérdida de nueve vidas.

Según José García Murcia «hay que evitar el discurso triunfalista que hace el equipo de Gobierno y dejar de tergiversar», pues Lorca aún está en proceso de reconstrucción y de recuperación económica, social y anímica. Como ejemplos, los vecinos del barrio de San Fernando aún no han podido regresar a sus viviendas, o la anunciada prórroga del préstamo BEI que muestra que no se han ejecutado las inversiones en las anualidades previstas.

Para García Murcia, el consenso que hubo tras los seísmos considerando que eran una oportunidad para reconstruir una nueva Lorca no ha cumplido las expectativas iniciales, ni en los aspectos materiales (ampliación del parque de vivienda, transformación de la ciudad, modernización y mejora de la movilidad urbana), ni los aspectos sociales (participación ciudadana en la toma de decisiones, transparencia, etc.). Y una de las pruebas más evidentes es la pésima gestión que se ha hecho de la recuperación del casco histórico, que a día de hoy sigue sin solución, pese a la gran inversión que el BEI ha supuesto.

Por su parte, Gloria Martín, volvió a  denunciar que la paralización en el procedimiento de comprobación de las subvenciones se debe a un «puro interés electoral del PP», que ahora, de manera extemporánea y sin ninguna sensibilidad, «pretende hacer caja a costa de la angustia de centenares de familias».

Martín aseguró que «en Izquierda Unida hemos estado con los afectados por esta problemática desde el minuto uno» y recordó que ya han asesorado a más de 300 familias. «Hemos planteado iniciativas en el Pleno Municipal, en la Asamblea regional o en el Congreso de los Diputados. Llevamos 80 días esperando una respuesta del Gobierno de Rajoy a las cuestiones que le hemos planteado a través de una pregunta parlamentaria», explicó.  «Hemos procurado dar aliento y voz a nuestros vecinos, y vamos a estar con ellos hasta el final» dijo Martín, quien anunció que ante la «inacción del Alcalde», esta mañana han enviado una queja al Defensor del Pueblo  para que arroje luz sobre el tema de las prescripciones.

Por último, para Pedro Sosa «el relato que está vendiendo el PP de que Lorca ya está bien, dista mucho de la realidad, como pueden atestiguar las 200 familias del barrio de San Fernando, algunas de las cuales aún viven en barracones provisionales». Otros aspectos destacables son que el 35 % de las obras está por terminar o los siete millones de euros que aún no han sido transferidos desde la Comunidad Autónoma a Lorca para pagar a las empresas que realizan las obras de remodelación, lo que incita a pensar que se están usando en otros menesteres, como ya hicieron en años anteriores arreglando carreteras de otros municipios. Además, siguen pendientes la construcción del vial de los Barrios Altos y el Palacio de Justicia.

Pero uno de los aspectos más reseñables de «la farsa del discurso triunfalista del PP para Sosa, es la mala ejecución en las obras de reconstrucción y remodelación, de las que se puede dar buena cuenta en las innumerables quejas manifestadas en redes sociales tras las cuatro gotas caídas estos días y por parte de las asociaciones de vecinos que han visto como en algunos casos, más que una mejora han supuesto verdaderos quebraderos de cabeza, como pérdida de las plazas de aparcamiento que tenían o de las zonas de sombra, pues si bien era escaso el arbolado en nuestra ciudad, ahora lo es mucho menos».

El PP destaca la valentía de los lorquinos en el séptimo aniversario del terremoto de Lorca

El Portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, y la Concejal de Urbanismo y Recuperación tras los Terremotos, Satur Martínez, han ratificado  el compromiso del Ejecutivo Municipal con toda la sociedad lorquina para seguir trabajando en hacer de Lorca una ciudad mejor que antes de los seísmos de mayo de 2011 y seguir cumpliendo el objetivo de contribuir al progreso económico y social de los nuestro municipio.

El número total de viviendas reconstruidas hasta la fecha asciende a 1069, lo que supone 150 más que el pasado año. Esta cifra incluye un total de 57 edificios y 99 viviendas unifamiliares, mientras que otras 270 cuentan con un grado de obras de reconstrucción superior al 50%.

El Portavoz Municipal ha indicado que para realizar un balance adecuado hay que comprar la situación de hace 7 años con la actual. Si hablamos de renovación urbana hemos de señalar que se está actuando para beneficiar a todos los barrios de Lorca, gracias a una inversión valiente y decidida de la Comunidad Autónoma de más de 70 millones de euros.

Los barrios de La Viña, Alfonso X, San José, San Diego, los Barrios Altos y el barrio de Apolonia – Los Ángeles  han vivido una enorme transformación, mejorando sus conexiones, su estética y todos los servicios soterrados, además se han creado más espacios para el disfrute vecinal, como parques, zonas de juegos infantiles o recursos deportivos. Lo mismo va a suceder en las actuaciones que se están realizando a día de hoy en la Avenida Juan Carlos I, barrio de San Cristóbal, Santa Quiteria, San Fernando y Alameda de Cervantes.

Pero desde el equipo de Gobierno, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Gobierno de España «seguimos cumpliendo» con el compromiso de la recuperación de Lorca tras los terremotos sufridos en 2011 y seguiremos estando aquí, junto a los lorquinos, «hasta que completemos la nueva Lorca que todos necesitamos para seguir creciendo y generando más y nuevas oportunidades. Estas se verán plasmadas en las próximas actuaciones que se van a realizar en el barrio de Cristo Rey – La Salud, Avenida de Europa, Santa Clara, San Antonio, así como en Jerónimo Santa Fe».

Además, en cada uno de estos barrios se han reconstruido edificios mejores que los que sufrieron las consecuencias de los seísmos, encontrándose más del 95% de los inmuebles afectados rehabilitados o en fase de reconstrucción. Gracias a ello el parque inmobiliario de Lorca cuenta ahora con edificios más seguros, más eficientes y accesibles.

La recuperación de la Ciudad del Sol en estos años es evidente, «pero no solo nos hemos dedicado a reconstruir lo que se perdió esa tarde; sino que apoyándonos en el proceso de recuperación hemos creado una nueva Lorca, una ciudad de futuro y de posibilidades. Es mucho lo conseguido pero aún es más lo que está por llegar’.

«Estábamos obligados a aprovechar el impulso para regenerar la ciudad y cambiar el municipio ganándonos nuestro futuro; gracias también a la financiación que hemos conseguido, por citar algunos ejemplos, con los 6,2 millones de euros del Fondo Social Europeo, 10 millones de Fondos Feder y 185 millones de euros del Préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que continua con una prórroga para seguir realizando actuaciones de mejora de la ciudad hasta diciembre de 2019′.

Cabe destacar que se ha invertido en la mejora de las carreteras que unen las distintas pedanías lorquinas y se va a seguir mejorando la red viaria municipal con viales de próxima ejecución o reparación como son el acceso Castillo, la carretera RM-D8 (Rambla de Biznaga), RM-C9 (Lorca – Zarzadilla de Totana) y RM-711 (Lorca – Caravaca de la Cruz). Además, se están plasmando inversiones estratégicas para el desarrollo de nuestra ciudad como es la Ronda Central, cuyo tramo IV está finalizado, el tramo I se encuentra pendiente de adjudicación, el tramo II será de próxima ejecución y el tramo III se encuentra en proyecto; y otras para incentivar la economía lorquina como es el caso del Centro de Ferias y Congresos en el que se han invertido 14 millones de euros y que pone a la ciudad como referente a nivel regional. En conjunto se han invertido 56 millones de euros en crear y reparar infraestructuras de comunicación y servicio, en las que también se han incluido la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil y la Comisaría de la Policía Nacional.

Entrando en diferentes áreas, recordar que en Educación se ha realizado una inversión de 33,8 millones de euros, que ha permitido reconstruir o reparar un total de 34 centros. Entre las actuaciones destacan la adecuación integral del recinto de los IES Ros Giner e Ibáñez Martín, así como la construcción de un pabellón deportivo para uso de ambos centros, la reconstrucción del IES Ros Giner e IES Ramón Arcas, las actuaciones llevadas a cabo en los colegios San Fernando, San José y José Robles, la nueva sede de la Escuela de Artes Plásticas y las actuaciones en el Conservatorio de Música “Narciso Yepes”. En infraestructuras deportivas cabe señalar la reconstrucción del Complejo Deportivo Felipe VI por 2,8 millones de euros, así como la reparación y mejora de las instalaciones deportivas del municipio.

Por otro lado, Lorca dispone hoy de nuevas y renovadas infraestructuras sanitarias gracias a una inversión de 17,6 millones de euros que ha posibilitado contar con el nuevo Centro de Salud Lorca – Sutullena, las fases I y II de la reforma del Centro de Especialidades de Santa Rosa y la reforma del Área de Obstetricia y Quirúrgica y la ampliación del Área de Pediatría del Hospital Rafael Méndez.

En cuanto a recuperación del patrimonio histórico, estando la mayoría de las actuaciones incluidas dentro del Plan Director, algunos de los ejemplos más significativos son la recuperación del Casino Artístico y Cultural, Iglesia de Santa María, Convento Virgen de las Huertas, Colegiata de San Patricio, Iglesia de Santiago, Iglesia de San Francisco y Museo Azul de la Semana Santa, Torre del Espolón y Murallas, Conjunto Monumental Santo Domingo, Casas Solariegas, Palacio de Guevara, Iglesia de San Pedro y Palacio de Villaescusa, entre otros.

En el área económica, una gestión realizada con esfuerzo y responsabilidad ha conseguido lograr la exención del pago del IBI durante 2012 y 2013 y bonificación del 50% durante 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 que supone un ahorro a los lorquinos de casi 72 millones de euros.

Por último, en el área de urbanismo, hasta la fecha se han elaborado 4.199 documentos de múltiples materias para completar los expedientes a afectados por los seísmos y se han elaborado 7.224 oficios que han sido remitidos a petición de los ciudadanos. Se ha tramitado la declaración de 926 ruinas de inmuebles, además de formular 1.362 alegaciones, 843 recursos potestativos, 205 recursos de carácter extraordinario y 24 de alzada. Con respecto a las expropiaciones realizadas para poder llevar a cabo la reconstrucción de los inmuebles se han realizado en 9 edificios que corresponden a 105 cuotas de propiedad.

Además se han efectuado 1.193 inspecciones técnicas por parte de este servicio para la obtención de prorrogas de ayudas. En relación con los informes solicitados por los ciudadanos para completar los requerimientos recibidos se han solicitado un total de 320 inspecciones, de ellas se han realizado esta semana 290, y se han enviado mediante oficio a la CARM un total de 76 informes de los 259 emitidos.

Todo este proceso de reconstrucción está teniendo una gran repercusión a nivel internacional que está haciendo de Lorca una referencia en cuanto a recuperación de ciudades tras catástrofes naturales y su conversión en smart-city. En este sentido, cabe destacar que Lorca ha sido ejemplo en numerosos conclaves de prestigio como el “Live in a Living City”, celebrado en Santander en 2015, las jornadas “Lorca Resiliente”, en el Congreso Internacional de Calidad Turística del ICTE, en un número monográfico de la revista ICOM-CE del Consejo Internacional de Museos, en las jornadas “Patrimonio en Riesgo, Museos y Seísmos” o en el Congreso organizado por Hispania Nostra que se celebrará los próximos días 3, 4 y 5 de octubre en nuestra ciudad.

El valor y el afán de superación de todos y cada uno de nuestros vecinos ha hecho posible que Lorca dejase atrás su etapa más difícil, y que abriese un tiempo nuevo, una nueva etapa de progreso y desarrollo. Hoy damos los últimos pasos de ese largo recorrido que nos conduce hacia una orca mejor, una nueva Lorca cargada de presente y de futuro. Pero todo ello no sería posible sin la voluntad y el esfuerzo de las administraciones, colectivos, comunidades de vecinos, comunidades educativas, profesionales, asociaciones y, en especial, a todos los lorquinos sin excepción.

Este trabajo es fruto del trabajo de todos: sociedad lorquina, fortaleza y compromiso de los ciudadanos, con el apoyo de organizaciones, colectivos e instituciones, que se está trasladando en forma de nuevas inversiones también a pedanía, con la ejecución de obras por un importe de 3 millones de euros procedientes de un convenios con el Ministerio de Administraciones Públicas, más otros 800.000 del Plan de Barrios gracias al Gobierno Regional.

Acusan al gobierno del PP de Adra de “hacer negocio con los despachos de abogados afines a su partido político”

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El PSOE ha mantenido una reunión con el administrador de la sociedad propietaria del único hotel del municipio, el cual actualmente se encuentra cerrado y abandonado, con el fin de buscar soluciones para conseguir su reapertura ante la parálisis del equipo de Gobierno del PP y de un alcalde que es incapaz de atajar ni un solo de los problemas a los que se enfrenta el municipio.  Los socialistas aseguran que la “venta forzosa”, que propone el equipo de Gobierno del Partido Popular, no es la única vía para “desbloquear la situación en la que se encuentra el hotel de Adra, también se puede se realizar por venta directa”.

La portavoz socialista, Teresa Piqueras, ha explicado que la venta forzosa “nos llevaría a un litigio que no sabemos cuándo acabaría y que supondría más gasto para abogados”. En este sentido, Piqueras ha asegurado que “la insistencia del PP en la venta forzosa, nos hace pensar que lo único que busca es hacer negocio con los despachos de abogados afines a su partido político, puesto que esta solución solo supone más gasto para las arcas municipales”.

Durante la reunión, el administrador de la propiedad aseguró que no tienen interés en mantener esta situación de paralización y lo único que piden es que se les resarza económicamente para cubrir gastos fiscales. “El Ayuntamiento de Adra podría comprar la sociedad y así permitir que inversores interesados pudieran acceder sin problemas”, ha sugerido la portavoz socialista.

Además, Teresa Piqueras ha señalado que una de las tareas fundamentales que tiene que realizar el equipo de Gobierno del PP para dar salida al hotel es “ofrecer un municipio seguro y atractivo para los posibles compradores”, una tarea en la que, según la socialista, “el equipo de Gobierno del PP suspende”.

“No es normal que un municipio con más de 25.000 habitantes y 14km de costa no tenga ni un hotel”, ha lamentado. Desde el Grupo Socialista “vamos a seguir trabajando para poner soluciones sobre la mesa que devuelvan a Adra el lugar que merece”. Como siguiente paso, Piqueras ha afirmado que van a concretar una segunda reunión con el resto de grupos de la oposición y el equipo de Gobierno del PP para que “escuchen al administrador del hotel  y  buscar entre todos una solución viable para su reapertura”.

¿El Estado podría estar presuntamente utilizando al Poder Judicial en favor del Santander?

En estos días los afectados del Caso Banco Popular están confundidos ante la repentina aparición de dos sentencias, una de ellas «firme», en la que se ha condenado al Grupo Santander a devolver el dinero invertido en la ampliación de capital del año 2.016 soportando estas decisiones en que en el folleto informativo no se dio, presuntamente, la información veraz de la situación real del Banco Popular. Esta argumentación es la misma que se utilizó en el caso de la salida a Bolsa de Bankia y, tal y como hemos analizado y afirmado en Diario16, el Caso Popular no es lo mismo que el Caso Bankia porque, en primer lugar, y esto es fundamental para entenderlo, los afectados no perdieron su dinero por la ampliación de capital sino por la gestión de Emilio Saracho y de todos los actores que estuvieron implicados en una operación diabólica que tenía como objetivo principal rescatar al Banco de Santander. En segundo lugar, estas sentencias, por mucho que sean firmes, son una vía que tiene caducidad porque los recursos por parte del Grupo Santander en la jurisdicción española o en la jurisdicción europea provocarán que se alarguen los plazos. En tercer lugar, ¿es casual que cuando las informaciones y la documentación publicadas por Diario16 van acorralando aún más al Santander y a todos los implicados en la operación comiencen a surgir sentencias en primera instancia favorables a los afectados que compraron sus acciones en la ampliación de 2.016? ¿Es casual que, en comparación con la lentitud del juez Fernando Andreu o con los plazos dilatados de nuestra Justicia, comiencen a surgir sentencias que favorecen claramente la estrategia del Santander? Ante las revelaciones documentales de Diario16 resulta muy extraño cómo la Audiencia Nacional no haya ordenado de inmediato la adopción de medidas cautelares o que no se haya citado a declarar a las personas citadas en la documentación que demuestra cómo la caída del Popular fue el resultado de una operación para rescatar al Santander.

Por otro lado, la pasividad de la clase política y sindical ante la ruina de más de 305.000 familias de pensionistas, de trabajadores o de pequeños empresarios ya es demasiado dolorosa, no sólo para los afectados sino para la propia democracia española. ¿Para qué sirven entonces nuestros políticos o nuestros sindicatos si no defienden al pueblo y se pliegan, con su pasividad, ante las élites financieras nacionales e internacionales?

Los lectores de Diario16 y los afectados asisten a esta situación con preocupación y con resignación, y nos lo hacen saber a través de sus comunicaciones y sus comentarios a las noticias sobre el tema.

En estos once meses que han pasado desde la intervención hemos sido testigos de cómo la estrategia judicial del Santander se ha querido imponer. Por un lado, el banco cántabro, a través de sus servicios jurídicos, entre los que se encuentra el despacho Uría y Menéndez, ya afirmó en un juzgado de Barcelona que los recursos y querellas debían dirimirse en Europa y no en España porque fue la JUR la que tomó la decisión. No funcionó con las querellas, pero sí que funcionó con los recursos contencioso-administrativos que están en espera a que los tribunales europeos dictaminen. Por otro lado, la estrategia del Santander y de sus servicios jurídicos se basa en que las querellas y demandas no vayan encaminadas hacia la entidad cántabra.

Una parte de este segundo punto tiene mucho que ver con los despachos de abogados que están representando a los afectados. Algunos de estos bufetes crearon rápidamente plataformas que hacían ver a sus representados que la vía de reclamación más rápida era la civil utilizando los mismos argumentos que con Bankia. Para hacerlo efectivo afirmaron que la presunta manipulación de las cuentas venía desde la década de los años 90 del siglo XX y así captar a la gran mayoría de afectados. Lo que no afirmaron muchos de estos despachos era que tenían conflicto de interés con el Santander. En el momento en que lo confesaron, tal y como publicamos en Diario16 en el caso concreto de un prestigioso bufete, los afectados salieron huyendo.

Otros despachos intentaron convencer de que la mejor vía era la europea olvidando exponer lo complicada que es la estructura jurídica de la Unión Europea y los largos plazos procesales.

En esa orden de desviación también utilizaron la estrategia de centrarlo todo en los Consejos de Administración de Ron y Saracho cuando, en realidad, esa fórmula no garantizaba el cobro del dinero presuntamente estafado el día 7 de junio.

Ante esto, ¿por qué el Santander actúa siempre con una especie de Patente de Corso respecto a la Justicia? ¿El Estado está presuntamente utilizando a la Justicia para favorecer al Santander?

El establishment mundial bendice a Albert Rivera

Que el Fórum Económico Mundial (World Economic Forum, en inglés) te señale, no siendo realmente alguien del mundo empresarial, ni un deportista, o un activista de una ONG “amable”, es una clara intención de que han puesto la confianza en ti como dirigente que va a plegarse a sus deseos, a su vocación globalizadora (con todo lo que eso conlleva), a la defensa del capitalismo más salvaje. Algunos dirán que esos mismos supermillonarios que se reúnen en Davos hacen muchas donaciones, y en efecto lo hacen. Y que apoyan muchas obras en países atrasados, que también. Lo que no se dice es que las políticas que están desarrollando y por las que están acumulando millones y millones son las causantes de esa pobreza. Por tanto, sólo es caridad para que su conciencia quede a salvo para morir tranquilos. Si no hubiesen explotado antes, no haría falta acudir luego en su ayuda.

Esa organización del capitalismo mundial, el verdadero establishment mundial (al que habría que añadir dos o tres poderosos más) ha nombrado a Albert Rivera como uno de los líderes menores de 40 años de 2017. O bien se han creído todas las fanfarronadas del dirigente de Ciudadanos, o bien, que es lo más plausible, le señalan como uno de los suyos, uno del “establishment”. Aquí ya habíamos denunciado que Rivera cuenta con el apoyo total del establishment patrio, que no es más que un pedacito del mundial, y que eso le permite a Ciudadanos ir con un colchón mediático enorme. Desde la izquierda a la derecha, casi todos los medios de comunicación les protegen y les ríen todas las barbaridades que dicen. Es más, en algunos medios está prohibido hablar mal de Ciudadanos. Alguna vez, para despistar, le critican algo para quedar bien, o para señalar el camino que deben llevar por si les da por creerse autónomos.

Igual piensan que es una exageración, pero en esa organización mundial están empresas españolas como Acciona, BBVA, Banco Santander, Repsol o el Grupo Prisa (van entendiendo ¿no?), o con intereses en España como ING, Accenture, Price Waterhouse & Coopers, Deloitte, BP, Manpower, Siemens (especialmente en la parte industrial), el fondo de inversiones que se está haciendo con medio Ibex-35, BlackRock, o el grupo multimedia Pearson. También empresas petroleras como Chevron, Saudi Aramco, Sabic, estás dos últimas de Arabia Saudí, o empresas y bancos de todo tipo JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Google, Windows, Facebook o Coca Cola. El “quien es quien” del capitalismo mundial.

Otro dato a tener en cuenta sobre ese apoyo del establishment, de la coalición dominante, de los que mandan de verdad, es que el año pasado el galardonado fue Emmanuel Macron, el presidente francés. El populista sistémico como le catalogó Alain Minc, al que ahora le están dejando de seguir sus compatriotas por mostrar que es derechas (apoyó sin fisuras a Trump en sus ataques a Siria) y que se puede utilizar perfectamente para significar a Albert Rivera. Saben bien lo que hace en Davos. Primero le llevaron a examinar a la reunión más reducida y más selecta del Club Bilderberg, y ahora ya le señalan para que M. Rajoy y Pedro Sánchez, en España, ya sepan a quien van a apoyar los señores del dinero. Y lo que deberían hacer en un futuro no muy lejano.

Después de recorrer América Latina, bajo la guía de José María Aznar (un verdadero factótum del establishment) y Mario Vargas Llosa, de reunirse con los “mandados” del Imperio en aquellos lares, le dan el premio en Davos. Por una vez, parecen haber dejado a Rivera sin palabras, porque tan sólo ha dicho que es un honor recibirlo, claro que había gastado todo su cuñadismo al retirar su apoyo a la aplicación del artículo 155 al gobierno de M. Rajoy. Algo que no sirve de nada, como mucho algo simbólico, y que a futuro incluso les puede perjudicar, más que nada porque no van a poder hacer el “aprovechategui” con la situación catalana y el 155. Pero una vez que le han entronado los poderosos, el bloque en el poder, ya nada le importa a Rivera. Sólo debe esperar a que le lleven hasta el trono de la presidencia del Gobierno y le dobleguen a izquierda y derecha los posibles aliados (que parece que será a izquierdas, con Sánchez o Díaz). El peligro será para España, eso sí.

La OLP llama al boicot internacional de la ceremonia de apertura de la embajada de EE.UU. en Jerusalén

Nabil Shaath, asesor del presidente Mahmoud Abbas para Asuntos Exteriores, instó a los gobiernos mundiales y organizaciones internacionales a boicotear la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén prevista para el 14 de mayo y que supone la confirmación de que la administración estadounidense está cooperando con Israel para sostener su ocupación y, particularmente, la negación de los derechos legítimos del pueblo palestino.

«El traslado de la embajada es ilegal y una violación de las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional, además de un reconocimiento tácito de la anexión de Jerusalén por parte de Israel. La mayoría de los países han rechazado este paso ilegal estadounidense, lo que demuestra que la única solución para la cuestión palestina debe basarse en el derecho internacional y las resoluciones de la ONU mediante el establecimiento del Estado de Palestina en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como su capital», afirmó Shaath.

Por otro lado, el legislador palestino-israelí, Ahmad Tibi, enfatizó que «Jerusalén es territorio ocupado bajo la ley internacional y la mentira de Jerusalén unificado  como la capital eterna de Israel nunca se materializará a pesar del desequilibrio en el poder. La administración de EE. UU. ha adoptado la narrativa de la ocupación y las opiniones de la extrema derecha, mientras intenta borrar la identidad nacional palestina».

El legislador advirtió sobre las consecuencias del traslado ilegal de la embajada de Estados Unidos y afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu «son socios en la anexión ilegal (de Jerusalén) y en la muerte de la solución de dos Estados».

La Junta lanza a los parados a la explotación

La nota de prensa de la Junta de Andalucía lo presenta como un gran logro de sus políticas de empleo. Así, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha destacado en Málaga que la nueva convocatoria del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPE), prevista para el mes de junio, va a permitir que 10.000 desempleados andaluces puedan acceder a becas mensuales de 430 euros mientras adquieren una nueva experiencia profesional realizando prácticas no laborales. Y “prácticas no laborales” significa que van a ir a trabajar a empresas, unas horas, por las que van a recibir 430 euros sin posibilidad de quedarse en la empresa (no hay nada seguro) y dando mano de obra barata a empresarios que se ahorran todo el capital.

No sólo eso, sino que durante su visita a la Feria de Empleo de la Universidad de Málaga (UMA), Carnero ha informado de que esta nueva convocatoria del programa, que ha sido modificada mediante una orden reguladora que se publicará en BOJA este mes de mayo, introduce importantes cambios como el aumento de la beca que reciben los beneficiarios durante su periodo de prácticas no laborales, que ha pasado del 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta alcanzar el 80%, lo que supondrá una aportación mensual de 430,27 euros. Esto es, la explotación de los trabajadores y las trabajadoras no va a ser tanta, pues han subido un 5% de la miseria. Una cantidad que, por hacer cursos de formación, o buscar un empleo con cierta constancia te la dan con otras formas de trato a los parados y paradas.

En esta nueva orden de la base reguladora, previa a la convocatoria que saldrá en junio, también se han introducido la necesidad de que las personas beneficiaras sean dadas de alta en la Seguridad Social durante sus prácticas no laborales, y se ha ampliado de seis meses hasta un tramo de entre tres y nueve meses el periodo en el que podrán realizar esta experiencia profesional. Vamos, el empresario gasta unos 20-30 euros por trabajador para explotarle laboralmente durante nueve meses. Un parto explotador que es amparado por la administración andaluza.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz por este programa de prácticas (decir explotación laboral no queda bien), en el que se van a invertir 30 millones de euros en los próximos dos años y con el que se trata de romper «el círculo vicioso en el que están atrapados algunos jóvenes, que pese a ser la generación mejor preparada, sin experiencia profesional previa no encuentran empleo, y sin empleo no adquieren experiencia previa». Precisamente los jóvenes más preparados, según las estadísticas del INE no son los que más problemas tienen para encontrar empleo (así sea precario), sino aquellos que no están preparados y aquellas personas mayores de 40-45 años. Un programa encaminado a la explotación de personas valiosas es lo que esconde esta propuesta.

Javier Carnero, por otro lado, ha animado asimismo a los jóvenes universitarios a visitar el expositor del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la feria y conozcan todos los recursos que están a su disposición no solo durante el desarrollo del evento, «sino el resto del año, ya que disponemos de la mayor red de servicios de empleo con 195 sedes y 400 unidades de orientación del programa Andalucía Orienta, con un millar de técnicos a su disposición”. Pues si lo que pretenden es explotarlos, mejor que acudan a una empresa de trabajo temporal que, igual, con suerte obtienen más dinero por prestar sus servicios. Una vez más la administración pública, en este caso la andaluza, vende algo que no es más que explotación oculta, aprovechándose de una crisis que se ven incapaces los políticos de cerrar.

IU denuncia la pasividad del Alcalde de Lorca para clarificar los cómputos de prescripción de las ayudas del terremoto

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP), “que se digne de una vez” a solicitar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un dictamen facultativo que clarifique cuál es el cómputo a aplicar para calcular la prescripción del derecho de la Comunidad Autónoma a exigir la devolución de las ayudas por los terremotos.

Martín realizó esta petición por escrito el pasado 18 de enero, sin que el alcalde le haya dado trámite a pesar de que lo que está en juego es la tranquilidad de sus propios votantes “que son los que le pagan el sueldo”, aseveró.

La edil ha explicado que, en respuesta a la alegación planteada por un vecino que recibió asesoramiento en la oficina del grupo municipal de IU-Verdes, la CARM utiliza “argucias de leguleyo” para hacer una interpretación “negligente” de la ley, sin ninguna base jurídica y con el único fin de “sangrar” a los afectados.

Gloria Martín explicó que, según el art. 39.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el inicio del cómputo de prescripción (que es de cuatro años) es «el momento en que vence el plazo para presentar la justificación». Es decir, seis meses después de que el afectado haya terminado la obra, que es justo lo que dice el art. 10.3 del Decreto 68/2011: “la justificación se realizará en el plazo de los 6 meses siguientes a la realización de las obras”.

Sin embargo, la CARM dicta su particular criterio que no es otro que aplicar, indistintamente sea cual sea la casuística de los afectados, un plazo fijo de 18 meses para que empiece a correr el plazo de prescripción, a contar desde que se produjo el abono de la ayuda.

Esto es así porque la CARM no tiene en cuenta que el plazo legal de ejecución de las obras de reparación -que es de 12 meses- no siempre (de hecho, casi nunca) fue agotado por los afectados. “Ellos dicen: tenías 12 meses para reparar y otros seis para justificar, sin tener en cuenta la fecha real del fin de la obra y saltándose a la torera el decreto”, explicó Martín. De ese modo aumentan los plazos en perjuicio de los damnificados.

Sin embargo, a juicio de IU y de todos los asesores jurídicos con los que esta formación ha consultado, para el cómputo de la prescripción han de tomarse en consideración los plazos para la justificación establecidos en las bases, que son seis meses desde la finalización de las obras. “El dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción comienza, pues, transcurridos esos seis meses desde la fecha de terminación de las obras subvencionadas, dato que se puede demostrar documentalmente mediante las facturas”, dijo la edil, quien también fundamentó su argumento basándose en sentencias judiciales.

Martín, quien recordó que este viernes se cumplen siete años desde los seísmos, acusó a la Administración regional de haber tenido paralizado durante años el procedimiento administrativo de justificación de las ayudas “por puro interés electoral”. “No querían pedir la devolución en 2015 porque había elecciones municipales, ni en el 2016 porque había Generales, por lo que dieron lugar a esperar a 2017 cuando no había convocatorias electorales”, aseguró. “Durante años, la CARM no ha controlado un dinero que es público, y ahora debe asumir que sus derechos pueden haber prescrito en beneficio de los afectados”.

Al respecto, la concejala de IU aseguró que ha recibido llamadas de funcionarios de la consejería de Fomento que le confirman dicho extremo y que, además, se quejan del trato que reciben por parte de la secretaria general, Yolanda Muñoz. “Nos cuentan que el lío que tiene montado esta mujer es monumental, que no atiende a criterio técnico alguno y que sus directrices obedecen únicamente a un interés partidario”, lamentó.

Por ello, volvió a pedir a Gil que “se tome la molestia” de hacer algo por los miles de lorquinos que padecen esta angustiosa situación y envíe un simple requerimiento al Consejo Jurídico de la Región de Murcia de modo que se arroje luz sobre la cuestión.

Contradicen al Ayuntamiento de Málaga respecto a la toxicidad de las fumigaciones en colegios

Como hemos venido contando, el candidato a la alcaldía de Málaga por el partido Libres, Iván González, fue testigo el pasado viernes de cómo se fumigaban palmeras en el interior del CEIP Camino de San Rafael en horario escolar, lo que incumple el pliego de condiciones para la prestación del servicio del mantenimiento de parques y jardines de Málaga. En el mismo se especifica que la fumigación debe realizarse en el horario de seguridad, que va desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana.

En relación a la justificación dada a los medios de comunicación por parte de la empresa FCC sobre la inocuidad del producto utilizado, Libres comenta que está en disposición de asegurar que se ha utilizado el insecticida Nuprid y el abono foliar Ixabion, ambos tóxicos. Según consta en la ficha del producto “irrita los ojos y las vías respiratorias” y se aconseja “mantenerlo fuera del alcance de los niños” así como el “uso de mascarillas” por su toxicidad.

También expresan que es por ello que el operario de FCC tenía el correspondiente traje de seguridad para protegerse por la manipulación del insecticida. En caso de que, como señala la empresa, fuese inocuo para el ser humano. Así, desde el partido político se preguntan: “¿Por qué llevaba esa ropa especial? ¿Por qué estaba balizada la zona? ¿Por qué avisaba a los que se acercaban que se marchasen?”.

También denuncian que han podido comprobar que otras instituciones, como la Diputación de Huelva, aconsejan no siempre utilizar el mismo producto químico para luchar contra el picudo rojo sino complementarlo con otros basados en bacterias, que sí son inocuos para la salud de las personas. Por no hablar de otros métodos menos invasivos que la fumigación foliar para el medio ambiente como la inyección directa del producto en las galerías que crea el picudo rojo.

En cuanto al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, que ha asegurado a través de su responsable, Javier Gutiérrez del Álamo, que no había niños en los alrededores, habría que recordarle que los hechos han sucedido en horario escolar, en el mes de mayo, en un patio de un colegio. Algunos alumnos se encontraban en clase con las ventanas abiertas, mientras otros estaban en el patio. Por este motivo, González ha exigido al Ayuntamiento de Málaga “la revocación del contrato con FCC para el mantenimiento y cuidado de los parques y jardines de los distritos 1, 2, 6 y 7”.

Las playas del Mar Menor se quedan sin banderas azules… otra vez

Treinta y una banderas azules ondearán este verano en la Región de Murcia, 5 más que el año pasado, según el informe anual por comunidades autónomas de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) informa la Comunidad de Murcia.

La Región de Murcia se sitúa así como la segunda comunidad autónoma con mayor incremento en el número de distintivos en relación al año pasado, sólo por detrás de Andalucía (6).

Sin embargo, las playas del Mar Menor se quedan sin banderas azules por segundo año consecutivo. De hecho, los ayuntamientos de la zona este año ni siquiera han llegado a solicitar este distintivo de calidad por no cumplir con el criterio de transparencia, ya que los niveles de eutrofización sobrepasaban el límite. Es decir, la acumulación de residuos orgánicos en la laguna, que causa la proliferación de ciertas algas, era superior al permitido por Adeac.

El Mar Menor ya se quedó el pasado año sin banderas azules. Los Alcázares perdió las 6 que tenía en sus playas, Cartagena otras 6, San Javier 5 y San Pedro del Pinatar dos.

La Región lucirá este verano un total de 25 banderas en playas (1 más que el año anterior) y 6 en puertos deportivos (4 más que el año anterior), por lo que sigue siendo la comunidad autónoma uniprovincial con más banderas azules de España, por delante de Asturias y Cantabria, y la séptima en la clasificación nacional.

Entre las incorporaciones se encuentran una nueva bandera azul para la playa de La Casica Verde (Águilas) y 4 más para los puertos deportivos Real Club de Regatas de Cartagena, el club de Regatas de Mazarrón, el Puerto deportivo de Mazarrón y Marina Salinas de San Pedro del Pinatar.

La consejera de Turismo y Cultura, Miriam Guardiola, afirmó que «aunque el Mar Menor sigue su proceso de recuperación y sus aguas están mejor que el año pasado por estas fechas, los ayuntamientos de la zona no han solicitado este año las banderas azules para sus playas y han optado por otros distintivos como las ‘Q’ de calidad, que contemplan la calidad de los servicios con los que cuentan los turistas».

Águilas, el municipio con más banderas azules

Águilas, con 11 banderas azules, pasa a ser el municipio con más distinciones, 9 para playas (Las Delicias, Levante, La Colonia, Poniente, Calarreona, Matalentisco, La Higuerica, La Carolina y La Casica Verde) y 2 para puertos deportivos (el Club Náutico de Águilas y el Puerto Deportivo Juan Montiel).

Mazarrón contará con 8 playas distinguidas (Rihuete, El Puerto, Bahía, Nares, Grande-Castellar, Alamillo, El Mojón y Percheles) y dos puertos que se incorporan a este sistema de calidad, el Club de Regatas de Mazarrón y el Puerto deportivo de Mazarrón.

Cartagena mantiene sus 5 playas (Cala Cortina, Isla Plana, Levante en Cabo de Palos, San Ginés y Playa del Cuartel) y suma el Real Club de Regatas de Cartagena. San Pedro del Pinatar se posiciona con 2 banderas, una para la playa de El Mojón y otra para el puerto Marina Salinas, que también estrena bandera.

Le sigue Lorca, que mantiene la bandera azul para la cala de Calnegre, y San Javier, que mantiene la suya para la playa de La Ensenada del Esparto.

También repiten las iniciativas ‘Camina 10.000 pasos La Manga’ y el ‘Sendero Azul de Iglesia a Iglesia’ en Cartagena, como senderos azules, y, como centros azules, el Centro Las Salinas en San Pedro del Pinatar y el Centro de Interpretación del Mar en Águilas.