Las empresas valencianas han disminuido un 3,8% la cantidad de dióxido de carbono (CO2) emitido en 2017 con respecto a 2016, situándose en 8.689.136 toneladas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las emisiones verificadas en 2017 han sido un 29% superiores a las asignadas gratuitamente para ese año a las instalaciones de la Comunitat Valenciana, según decisión adoptada por el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios de Economía, de Industria y Energía, así como Agricultura y Medio Ambiente.
Los derechos de emisión asignados constituyen la cantidad global de toneladas equivalentes de CO2 que el Estado permite emitir de forma gratuita a las instalaciones afectadas por el comercio de esos derechos. Las empresas valencianas deberán hacer frente a la diferencia con lo asignado, que ha sido de 1.955.075 toneladas de CO2. Estimada en unidades monetarias y de acuerdo con el precio del EUA (European Union Allowance) a 21 de marzo de 2018 (12,62 euros/t de CO2), equivaldría a unos 24 millones de euros.
Esta cantidad de derechos de emisión a la que han hecho frente las industrias valencianas no queda reflejada, sin embargo, como retorno de inversiones a la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado. La propia consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha reclamado públicamente que ese dinero revierta a la Comunitat Valenciana, puesto que es aquí donde se ha generado, de manera que contribuya a desarrollar políticas de adaptación, que son competencia autonómica. El sistema de derechos de emisión es uno de los instrumentos más importantes de mitigación del cambio climático, en la medida en que se dirige a limitar o reducir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero.
No obstante, «la lucha contra el cambio climático (CC) requiere de mayores esfuerzos tanto en los sectores sujetos al sistema de comercio de derechos, como los sectores difusos», ha subrayado Elena Cebrián, «así como una mayor conciencia individual y colectiva sobre la magnitud de los impactos del cambio y la necesidad de actuar cuanto antes como sociedad». Se trata de una tarea, añade la consellera, en la que la Generalitat se ha implicado y que constituye el objetivo central de los trabajos en curso de la estrategia de CC y Energía de la Comunitat Valenciana, y que impregna las actividades específicas sectoriales en materia de agricultura y medio ambiente, así como el impulso dado a la educación ambiental desde la Conselleria.
Los derechos de emisión asignados constituyen la cantidad global de toneladas equivalentes de dióxido de carbono que el Estado permite emitir de forma gratuita a las instalaciones afectadas por el comercio de derechos de emisión, de manera que se puedan cumplir los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en el marco del Protocolo de Kioto. La asignación gratuita a las instalaciones año a año se ha visto recortada y ajustada, por lo que no se ha producido el excedente de periodos anteriores.
Con este sistema de reducción paulatina de derechos, se pretende disminuir la oferta para que el precio de la tonelada de CO2 equivalente aumente, incentivando así a las empresas a reducir sus emisiones. Hasta el momento el precio se ha mantenido en niveles demasiado bajos, por lo que la Comisión Europea está revisando el sistema de comercio de derechos para establecer un fondo de reserva que permitirá aumentar los precios de CO2 para que sea posible alcanzar los objetivos de reducción de emisiones previstos en el acuerdo de la COP 21 de París.
Las emisiones generadas por las 182 instalaciones de la Comunitat Valenciana obligadas a presentar informe verificado de emisiones de 2017 equivalen (en el Registro de la Unión para el Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero) a unas transacciones de 109,7 m/euros, según los informes anuales presentados a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.
Por sectores de actividad, el sector cerámico es el que más emisiones ha generado (un 33,6% del total), seguido por el del cemento (21,7%) y el de generación eléctrica (18,5%). Los sectores afectados por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión cubren un 40% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. El restante 60% corresponde a «emisiones difusas» en sectores no incluidos en el régimen de comercio de derecho, como, por ejemplo, transporte, agricultura, residuos o residencial.
