domingo, 3 mayo, 2026

El estío suena un año más a pop y músicas de vanguardia en la Cartuja

Como cada año desde 2005 el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) se vuelca un verano más con el pop y las músicas de vanguardia con su tradicional ciclo de conciertos, que como el pasado año incluye 22 citas las noches de los jueves y viernes entre el 28 de junio y el 7 de septiembre.

El Pop CAAC, que es como se denomina desde 2016 este evento, vuelve a contar con cinco productoras para dar forma a una programación atractiva y variada, con interesantes artistas locales, andaluces, nacionales e incluso internacionales. Con respecto a la pasada edición entra en el lote Rocknrolla Producciones –encargada durante todo el año de la excelente programación de la sala X–, que viene a reemplazar a LaSuite, entidad que de esta forma se desliga definitivamente de este evento para centrarse en Nocturama.

El Pop CAAC 2018 fue presentado este miércoles en su sede del Monasterio de la Cartuja por el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, quien calificó el evento como «una cita cultural ya consolidada, con muchas ediciones a sus espaldas y el reconocimiento del público» gracias a una «apuesta por la música actual, con un programa que encaja a la perfección en el espíritu vanguardista que caracteriza al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo».

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Así se hace un máster «de verdad»

El polémico máster de la popular Cristina Cifuentes no sólo se ha convertido en una crisis política que afecta al Gobierno de Madrid, también ayudó a destapar una fiebre de currículos falsos de otros dirigentes políticos y puso en cuestión la credibilidad de la propia universidad pública. Este miércoles, profesores de universidades públicas madrileñas salían a la calle para destacar «el esfuerzo y valor» que supone realizar un máster.

El caso de la ya expresidenta de la comunidad de Madrid sobresale por ser demasiado grotesco, con actas falsificadas y cambios de notas incluidos, pero ya se debate también sobre si la «corrupción» impera en los sistemas de selección de funcionarios (profesores titulares y catedráticos) en algunas universidades públicas del país. El «trato de favor» de la Universidad Rey Juan Carlos a miembros y afines al PP puede ser sólo un ejemplo de la mala mezcla política-universidad.

Desde las instituciones sevillanas se defiende que aquí no podría ocurrir lo mismo que en Madrid y que los másteres están sujetos a procedimientos «garantizados».

«Tenemos un prestigio internacional potente y no queremos que nos salpique el caso Cifuentes porque no tiene nada que ver. El sistema universitario público andaluz es pionero en muchas cuestiones, como en la gratuidad de las matrículas», destacan desde la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

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Las actuaciones de Saracho confirman su connivencia con el Santander en la ruina de los accionistas del Popular

El día 23 de junio Javier Alonso, subgobernador del Banco de España, afirmó que sospechaba que el Banco Popular no presentó todas las garantías de las que disponía a la hora de solicitar liquidez de urgencia. En la comparecencia en el Congreso de los Diputados, el Gobernador Luis María Linde intentó justificar esa afirmación porque no sería muy lógico que se no se presentaran todas las garantías o colaterales disponibles cuando se estaba solicitando liquidez.

No obstante, el señor Alonso tenía razón en su afirmación o en su sospecha puesto que Emilio Saracho sólo presentó colaterales por valor de 15.000 millones de euros. Este hecho queda demostrado en el siguiente documento:

En el correo de Miguel Escrig se informa a Emilio Saracho y a Ignacio Sánchez Asiaín de los colaterales que se van a presentar al Banco de España para solicitar una línea de liquidez de urgencia (ELA). Con los datos que presenta Escrig se demuestra la afirmación de Javier Alonso de que no se presentaron todas las garantías que tenían a su disposición para convertir en liquidez. Hay que recordar, además, que el Popular disponía de una línea de hasta 9.500 millones de euros de los que sólo recibió 3.500, una cantidad lógica teniendo en cuenta los colaterales presentados.

Quien haya solicitado un préstamo o una hipoteca es consciente de que uno de los puntos principales a la hora de la concesión es la ratio de endeudamiento, es decir, un porcentaje de los ingresos habituales de la persona que lo solicita. Lo habitual es que esa ratio esté en el 30% total de los ingresos ya que los colaterales que puede presentar una persona es, principalmente, su nómina o el volumen de ingresos. Esos son los colaterales de los que dispone el ciudadano. Con la solicitud de liquidez al Banco de España ocurre exactamente lo mismo y las garantías presentadas por Saracho no permitían conseguir una cantidad más allá de la cantidad que el regulador le concedió a pesar de tener a su disposición 9.500 millones.

El correo que Escrig envía a Saracho el día 4 de junio es una comprobación de cuanto decimos, dado que cifra los activos que van a dar en garantía al Banco de España para pedir liquidez de emergencia en 15.402 millones. Sólo los llamados DTA monetizables, activos fiscales diferidos que fueron calificados por el Luis María Linde en su última comparecencia parlamentaria como Deuda Pública, alcanzaban los 2.000 millones de euros. El resto son activos que, después de su correspondiente análisis por el Banco de España pueden ser convertidos en liquidez, pero ¿dónde estaban el resto de los activos valorados en hasta 40.000 millones que llevó Saracho al Consejo de abril? ¿Dejó que se consumieran sin advertirlo a los consejeros o dejó que la liquidez se pudriese para acelerar su plan?

Hay que recordar que sólo en activos inmobiliarios el Banco Popular disponía de activos por encima de los 30.000 millones de euros, cifra que quedó confirmada tras la operación de venta a BlackStone que hizo el Santander tras aprobársele la operación de adquisición del Popular.

Fuera como fuese el correo y los datos de Escrig demuestran que se trató de una gestión diabólica de la liquidez, nada profesional, que permitió que el Popular acabase en manos del Santander por un euro, sin competencia, sin liquidar, obviamente, pero entregándolo como si lo estuviese. Saracho, como afirmamos hace meses en Diario16, fracasó por cumplir en exceso sus objetivos. El comprador aprovechó el pánico generado por Saracho, que se fio de Uría, despacho de cabecera del Santander, que le dijo que el banco no sería intervenido de inmediato sino vendido tratando de maximizar el precio. Un desastre para tanta negligencia.

Hay que recordar que ese día 4 de junio el FROB ya había iniciado el Proyecto Hipócrates por el que se informó a Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander que el Popular iba a ser intervenido y que dos días antes ya se habían recibido las instrucciones por parte de Uría y Menéndez y el plan para el «Día R». Si la decisión ya se había adoptado, ¿qué importaban los colaterales que se presentaran al Banco de España si el Popular ya estaba sentenciado, algo que Saracho sabía? Al día siguiente se produjeron las fugas masivas de depósitos por parte de los organismos y empresas públicas. No hace falta añadir mucho más.

Alberto Garzón: “Montoro mentía con el dinero de la pensiones”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha reprochado al Gobierno de M. Rajoy que su “acuerdo de última hora” con el PNV para subir todas las pensiones con el IPC en 2018 y 2019 demuestra que “ustedes mentían”, ya que “decían que no había dinero para pensiones y, qué casualidad, magia mediante, ahora sí es posible. Eso es lo fundamental, porque significa que las cosas que debatimos hoy aquí dependen de la voluntad política, no de problemas técnicos”. Justo el día en que han obligado a dimitir a Cristina Cifuentes utilizando las cloacas del Estado, se desvela que era mentira que no había dinero para subir las pensiones. Que desde el Partido Popular se han estado riendo de las personas de este país.

Garzón, por su parte, llevó esta tarde en el Pleno del Congreso la parte esencial de la postura del grupo confederal de Unidos Podemos en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 y la defensa de su enmienda a la totalidad a los mismos frente a las explicaciones del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Sobre esa novedad producida pocas horas antes referida al acuerdo sobre pensiones entre el Gobierno y los nacionalistas vascos para conseguir su apoyo a las cuentas públicas estatales incidió en que ofrece “al menos, dos enseñanzas: que movilizarse en la calle sirve, clarísimamente que sirve” y eso “pese a que ustedes han tenido a muchos portavoces insultando a los pensionistas” pero, más claro todavía, “que ustedes mentían; cuando dicen que no hay dinero no se refieren a una realidad inmutable, sino a una opción política. No hay dinero para determinadas cosas y sí para otras”.

El máximo responsable de IU hizo un amplio repaso del proyecto de PGE que busca aprobar el Ejecutivo del PP en un debate que, según dijo, “debería ser sobre el modelo de sociedad y el tipo de país que ustedes quieren construir”. Reprocho a Montoro que emplee “a menudo palabras, frases e, incluso, cifras que esconden realidades mucho más profundas y mucho más dramáticas, y eso en suma son sus Presupuestos de este año”.

Advirtió de que hay algunas partidas en las cuentas presentadas con retraso para el año en curso “que llaman la atención incluso por la torpeza del Gobierno”, y enumeró entre ellas “un recorte del 20% en la partida de lucha contra el cambio climático, su nivel más bajo en 50 años, lo que es verdaderamente sorprendente a la luz de lo que conocemos de la situación de nuestro planeta”.

Señaló también que “incumplen el compromiso del Gobierno de 200 millones para cumplir el Pacto de Estado contra la violencia machista y sitúan sólo 80 millones y dicen ‘los 120 restantes, ya se verá. Corresponderá a otras entidades satisfacerlo’, cuando son ustedes los que se comprometieron a ello”.

Garzón advirtió de que “todos estos son elementos concretos, pero puede ser más interesante preguntarse por la propia filosofía de los Presupuestos en general. Consolidan los recortes iniciados en 2010, en eso usted es coherente. Prosiguen esa línea llamada eufemísticamente de ‘consolidación fiscal’, que no son más que recortes en los servicios públicos, iniciada con el Gobierno socialista, proseguida con el artículo 135 reformado de la Constitución y seguida después por otras leyes”.

El portavoz parlamentario de IU eligió temas muy concretos y preguntó directamente a Montoro “¿por qué ustedes no hablan aquí de su Programa de Estabilidad del 2017 al 2020?, que para mí es lo más sincero que ha hecho el Gobierno en esta legislatura”. Lo hizo de forma retórica, porque tenía clara la respuesta, que no es otra que “ustedes tienen prevista la bajada sistemática del gasto público, es decir, de la inversión pública en servicios públicos fundamentales sobre el PIB hasta 2020. Tienen previsto que baje hasta el 39,2%; la media europea ahora mismo está en el 46%”.

“Esto quiere decir que aunque crezca el PIB, aunque crezca la tarta, la parte que corresponde a los servicios públicos decrece. El Estado se hace más pequeño, y con ello la sanidad pública, la educación, las pensiones se hacen más pequeñas, es decir, los elementos fundamentales para el sostenimiento de la vida porque ustedes han querido” ha resumido.

Alberto Garzón incidió en que estas cuentas públicas no van a frenar una realidad trágica como es que “crece la desigualdad mientras crecen también los beneficios empresariales. Usted ha dicho a las grandes empresas que deben subir los salarios y es así porque se ha dado cuenta de que los beneficios empresariales se disparan, mientras los salarios decaen. En 2017 los salarios sólo subieron de media un 0,14%”.

No obstante, reprochó al responsable de Hacienda del Ejecutivo del PP que “sólo les pida eso a las grandes empresas, pero usted es el Gobierno y podría utilizar el sistema fiscal para incentivar que suban los salarios, para ayudar a la negociación colectiva o para que haya recursos para lo público”. Sin embargo, “nos encontramos con 1.326 millones de beneficios fiscales para el Impuesto sobre Sociedades, un 62% que el año anterior. Qué cariño más grande tienen por las grandes empresas”.

Garzón siguió traduciendo la realidad en cifras y también afeó el trabajo de Montoro al preguntarle si le parece “normal” que “una familia trabajadora pague de impuestos un 20 o un 25%, mientras las grandes empresas, en el mejor de los casos, un 7%”. Además, añadió que “este año cae por tercer año consecutivo la recaudación de la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué si hay más crecimiento y actividad económica se recauda menos? En la Agencia Tributaria el 80% de los trabajadores se dedican a perseguir a pymes, autónomos y particulares, y sólo el 20%  se dedican a grandes empresas y grandes fortunas, que es donde está la gran mayoría del fraude”.

El coordinador federal de IU dejó claro que su grupo tiene motivos más que suficientes para rechazar este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado pero, por si quedaba alguna duda, apostilló que “ya hemos recuperado el PIB de hace 10 años, pero no hemos recuperado los servicios públicos de hace 10 años. Ustedes están empequeñeciendo el Estado y los servicios públicos del Estado con los que luchar contra los corruptos financieros”.

Las comunidades salvarán a los parados a los que M. Rajoy va a quitar las prestaciones

Las comunidades autónomas que no gobierna el PP u otras fuerzas de derechas, han (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra) han denunciado que la actual propuesta del Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social en la que se reformulan varios programas destinados a parados de larga duración (Prepara, Programa de Activación de empleo, PAE, y la Renta Activa de Inserción, RAI) provocará que decenas de miles de personas vean peligrar la percepción de su prestación.

Por ello, han presentado una propuesta para modificar el sistema de prestaciones por desempleo, que integre los programas destinados a parados de larga duración (Prepara, PAE y RAI) en el sistema de prestaciones por desempleo de la Seguridad Social, garantizando, con su nueva formulación, que estas ayudas queden en la estructura del sistema de prestaciones.

Las comunidades citadas consideran que, con la actual propuesta del Ministerio, un alto porcentaje de los beneficiarios de estos tres programas, que ascendían a más de 232.000 personas en febrero de 2018, corre el riesgo de dejar de percibir una ayuda, un riesgo que es especialmente alto entre los perceptores de la RAI, que superaban en febrero los 178.000 beneficiarios.

Según las nueve comunidades, la propuesta del Ministerio pone en grave riesgo a buena parte de los perceptores de estos programas, por pasar a plantear ahora requisitos más exigentes entre los posibles beneficiarios. El coste anual de estos tres programas asciende actualmente a 1.200 millones de euros, que con los recortes propuestos por el Ministerio deberían ser financiados por las comunidades autónomas, a través de sus respectivas rendas sociales, para mantener el nivel de cobertura.

Ante este hecho, Andalucía y las otras ocho comunidades han presentado un texto alternativo que garantizará la percepción de estas ayudas y también solicitarán la convocatoria extraordinaria de una conferencia sectorial monográfica para tratar esta cuestión, dado que este colectivo es el que mayores dificultades de inserción laboral y vulnerabilidad presenta. El planteamiento de las autonomías es hallar una solución de consenso que asegure la cobertura actual y que se amplíe en futuros ejercicios. Además, la contrapropuesta de las nueve comunidades autónomas incluye la compatibilidad entre las prestaciones por desempleo y las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas podrán complementar a las prestaciones.

Continuos recortes de derechos en prestaciones de M. Rajoy.

El nuevo intento de reducción del nivel de cobertura de las prestaciones por parte del Ministerio se da en un contexto de continuos recortes, que no han cesado desde la reforma del sistema de prestaciones aprobados por el PP en julio del 2012, y que supuso el origen de la caída del sistema de prestaciones, muy alejado ya de los niveles existentes en 2011.

El actual ciclo económico debería permitir «que empezara a mejorar la situación de los desempleados y no seguir empeorándola», según los citados gobiernos autonómicos, por lo que hay que trabajar en un sistema «que mantenga y mejore la cobertura de las personas desempleadas». En especial, cuando la recaudación del Estado por cotizaciones de desempleo presenta un superávit que se acerca ya a los 3.000 millones de euros.

Las nueve comunidades firmantes lamentan la total ausencia de diálogo por parte del Ministerio para resolver esta cuestión; recuerdan que en la Conferencia sectorial del 18 de septiembre de 2017 se acordó unánimemente revisar la reformulación de estos programas para mantener y mejorar el nivel de cobertura, entre representantes del Ministerio y las comunidades autónomas, dándose un plazo de siete meses para ello.

Pese a la trascendencia de estas medidas, Andalucía y las ocho comunidades denuncian la total ausencia de diálogo por parte del Ministerio, quien sólo ha convocado una vez a los consejeros de Trabajo o Empleo (el pasado 17 de abril) para debatir esta cuestión, sin hablar realmente de las propuestas que se han hecho desde el ámbito autonómico. A juicio de las citadas comunidades, esto demuestra la nula intención del Ministerio para trabajar de forma conjunta y tratar de hallar una solución consensuada.

El PSOE recuerda a Báñez que “la caricia a los pensionistas” en los últimos PGE “será un beso de Judas»

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El portavoz del PSOE en Seguridad Social, Javier Oñate, se ha referido a la ligera subida de las pensiones incluida en los últimos presupuestos y le ha indicado a la Ministra Fátima Báñez que “esta caricia que le hace a los pensionistas se parece al beso de Judas. Una traición para desmovilizar la protesta que tiene en la calle y para que el año próximo puedan seguir atacando y destruyendo la sostenibilidad del sistema”. “Tome conciencia de que su reforma de 2013 está muerta. Cuanto antes se de cuenta, mejor, y si no se da cuenta usted, se lo hará ver la sociedad española”.

Oñate ha acusado a Báñez de romper “de forma unilateral” el Pacto Toledo “con intenciones perversas”, demostrando que la ley de 2013 tiene por objetivo destruir el poder adquisitivo de las pensiones.

El senador murciano ha puntualizado que “seguimos pensando que vulneran el espíritu del Pacto de Toledo” y le ha recordado que “usted hace una propuesta de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo y de espaldas al diálogo social y lo mete dentro de los PGE, que usted sabe que tenemos más de cien motivos para no votar a favor. Esta propuesta, en este contexto, solo puede buscar el enfrentamiento político y no el acuerdo. El Pacto de Toledo era la solvencia económica de la Seguridad Social y ahora hace una propuesta de Presupuestos con un desajuste próximo a 19.000 millones de euros y con la UE acortando los márgenes de deuda del país”.

Javier Oñate ha subrayado que “incluso en la garantía de suficiencia económica que es el Pacto de Toledo, su propuesta es arbitraria y poco explicable. Las pensiones de las viudas, que según la ley de 2011 tendrían que subir este año un 7%, solo lo van a hacer un 2% y no se sabe por qué. Esas subidas de tramo que usted anuncia van a romper el principio de contributividad por el que cada carrera de pensión tiene que cobrar más que la carrera de pensión inferior a ella”.

“Pero lo menos explicable, ha añadido, es que con la subida de la que presumen ustedes se aproximan a una cantidad de dinero que con muy poco esfuerzo más habría permitido respetar el IPC que le piden los pensionistas y el resto de partidos”. “Necesitan aplicar medidas que dejen viva su ley de 2013 y seguir aplicando el año próximo el 0,25% y el factor de sostenibilidad que está por empezar”, ha concluido.

Jesús Navarro: “El Partido Popular en materia de agua lecciones, ninguna”

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Jesús Navarro ha manifestado que el Partido Popular en temas de agua no puede dar lecciones ningunas ni reprocharle al PSOE nada. “En los últimos años, el PP no ha traído ni agua ni infraestructuras para paliar la sequía ni soluciones para mitigar el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Además, el PP es el responsable de que las desaladoras del Arco Mediterráneo no estén funcionando al cien por cien de su capacidad”.

Navarro reprochó el doble discurso del PP en materia de agua, ya que mientras en la Región sigue manipulando con el tema del trasvase del Ebro, en Aragón piden a Rajoy que nunca más se incluya. Y lo mismo ocurre con el Trasvase del Tajo en Castilla-La Mancha.

Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial del Agua, el director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas.

El diputado socialista se mostró en desacuerdo con Cabezas sobre su defensa del Memorándum y afirmó que esa Ley tan restrictiva ha ocasionado muchos perjuicios a la Región de Murcia. “Es injusto que el Trasvase del Tajo-Segura sea el único que tiene un límite trasvasable fijado para su cabecera, mientras otros trasvases no tienen impuesto ningún límite. Nos parece imperdonable esa cesión que se hizo a Cospedal y a Castilla-La Mancha en detrimento de las necesidades de nuestra Región”.

Otra de las  quejas que ha expresado Jesús Navarro ha sido la ausencia del nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en la Comisión Especial del Agua, tal y como estaba previsto.

“La Comisión se ha quedado descafeinada y  nos molesta que el nuevo consejero no haya venido excusándose en los cambios del gobierno regional y prefiera esconderse en lugar de dar explicaciones en la Asamblea”.

Agregó que esta ausencia no tiene excusa, ya que el nuevo consejero no es nuevo en este ámbito y ha participado y es conocedor del documento suscrito por los grupos políticos PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Pacto del Agua.

En este sentido, le preguntó por el motivo por el que después de dos meses sigue sin aprobar el documento regional del Pacto del Agua, que tiene que ser remitido al Gobierno de España para que se apruebe el Pacto Nacional del Agua.

El Gobierno de López Miras incumple la Ley de Medidas Urgentes para descontaminar el Mar Menor

acto por el Mar Menor, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca (FAVCAC), Ecologistas en Acción y Greenpeace realizaron el pasado jueves una protesta para reclamar el cumplimiento inmediato del Decreto-Ley nº. 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, vigente desde el pasado mes de febrero. Y lo hicieron ante la empresa multinacional agrícola G’S España, por ser una de las empresas denunciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente por su presunta implicación en la contaminación del Mar Menor, que ha llevado a este ecosistema a un punto crítico.

“El Gobierno regional dilata intencionadamente la implementación de las medidas contempladas en esta ley, al igual que hiciera con su propio Decreto de Medidas Urgentes de 2017, cuyo cumplimiento no fue requerido a las organizaciones agrarias hasta ocho meses después de su entrada en vigor. Los plazos recogidos en la actual Ley, son sobradamente generosos, y nada justifica que no se actúe de inmediato sobre la agricultura intensiva e industrial del entorno del Mar Menor, la mayor causante del deterioro actual del ecosistema de la laguna”, indican las organizaciones convocantes de la protesta.

“Esta situación es sintomática del poco interés que el Ejecutivo regional tiene en la recuperación ambiental de la laguna, apoyando prácticas agrícolas que ahondan en la degradación del Mar Menor y que solo buscan el beneficio económico inmediato, sin pensar en el interés general y en la conservación del patrimonio natural para las futuras generaciones. Tampoco parece importar la afección que el mal estado ecológico del Mar Menor tiene sobre la sociedad, ni sobre otros sectores económicos como el turístico o el pesquero”.

Durante la protesta se leyó un manifiesto en el que se insistió en que “no solo la agricultura tiene un impacto negativo sobre esta valiosa y singular laguna salada, sino que existen otras muchas actividades, como la construcción, infraestructuras, puertos, dragados y relleno de playas, residuos mineros, etc. que deben ser reguladas para eliminar o minimizar sus impactos, por lo que reclamamos la urgente redacción y aprobación de una Ley Integral para proteger el Mar Menor”.

El Parlamento andaluz aprueba la Ley de Voluntariado

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El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley Andaluza de Voluntariado que dará cobertura y respuesta a las acciones y actividades que desarrollan más de 450.000 personas en la comunidad andaluza. La nueva norma legal, entre otras novedades, promueve la solidaridad desde la escuela y abre la participación en acciones de voluntariado a los menores partir de 12 años, siempre que no se perjudique su desarrollo o formación. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha agradecido en Twitter el trabajo de la Plataforma del Voluntariado, entidades y coordinadores «por haber enriquecido la ley con vuestras aportaciones».

En su intervención parlamentaria, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado que «Andalucía da hoy un paso más y sigue avanzando en derechos» con normas como ésta, que facilitará el desarrollo de acciones de voluntariado tanto a las personas como a las, aproximadamente, 3.000 asociaciones vinculadas.

Sánchez Rubio ha agradecido a los grupos políticos y a las 238 entidades y asociaciones como a la Plataforma andaluza y las provinciales de voluntariado, Cruz Roja, Cáritas, a las coordinadoras y a la comisión técnica de voluntariado «sus aportaciones y el respaldo al texto desde sus inicios, cuando comenzó a elaborarse el anteproyecto de la ley». Igualmente ha destacado la «implicación y participación activa de los y las jóvenes» durante la tramitación parlamentaria.

En su intervención ante el Pleno, la consejera ha desgranado algunos de los principales aspectos de la nueva ley, como «la apertura a nuevos agentes sociales como centros educativos, empresas, universidades y otros». Así, Andalucía se adapta a «una nueva realidad social que se caracteriza por los nuevos escenarios de participación, cada vez más complejos y cambiantes», debido a la incorporación de las últimas tecnologías principalmente. Fruto de esta nueva realidad es el reconocimiento en la nueva ley del voluntariado digital, ha subrayado la consejera.

Un reportero de la 7TV de Murcia resulta agredido durante un reportaje sobre viviendas irregulares

El periodista y reportero del programa de televisión Murcia Conecta, Paco García, ha sido agredido mientras se encontraba realizando un reportaje en las infraviviendas de los Ramos.Los hechos ocurrieron cuando el periodista preguntaba a una vecina de la zona sobre las viviendas irregulares, momento en el que un hombre ha empezado a increpar con violencia al periodista y a su equipo. «Sois unos embusteros», gritaba mientras le propinaba un durísimo golpe en el cuello.

El periodista y reportero del programa de televisión Murcia Conecta, Paco García, ha sido agredido mientras se encontraba realizando un reportaje en las infraviviendas de los Ramos.Los hechos ocurrieron cuando el periodista preguntaba a una vecina de la zona sobre las viviendas irregulares, momento en el que un hombre ha empezado a increpar con violencia al periodista y a su equipo. «Sois unos embusteros», gritaba mientras le propinaba un durísimo golpe en el cuello.

En el video, que ha sido mostrado por el presentador del programa, se observa como el reportero intentaba calmar los ánimos del individuo, pero éste le ha arrebatado el micrófono con fuerza, además de insultar al cámara.

En Twitter han sido varios los murcianos y periodistas que, bajo el hastag#StopAgresionesAPeriodistas, han condenado estas actitudes hacia los profesionales de los medios.