La cronología remitida el día 3 de junio por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a las entidades bancarias interesadas en pujar por el Banco Popular no pasaría desapercibida para la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que, al fin y al cabo, está participada en un 45% por el FROB. Nos encontraríamos ante un presunto caso de información privilegiada, algo que insistimos en Diario16 y que, en su momento, fue desmentida por el propio «banco malo».
En concreto, la versión que desde la Sareb se dio a este medio sobre las razones que motivaron a esa retirada de depósitos fue que la bajada de la calificación de rating del Banco Popular les obligaba, por ley, a realizarla. Sin embargo, esa depreciación del rating del Popular se hizo, principalmente, en abril por parte de Moody’s, DBRS y Standard and Poors, y el 19 de mayo de 2.017 por Fitch. Es cierto que el día 6 de junio Moody’s volvió a rebajar el rating pero entonces ya se había producido la retirada de 633 millones en depósitos de la Sareb. Si la razón por la que se retiró ese dinero fue la rebaja de rating, ¿por qué no se hizo en abril o en mayo y se esperó al día 5 de junio? Para retirar los depósitos de una entidad para transferirlos a otra no hacen falta muchos procesos más que realizar una transferencia. Insistimos, ¿por qué se esperó a, precisamente, esa fecha?
Todo parece indicar que pudo producirse una transferencia de información entre el FROB y la Sareb. Hay que recordar que el día 5 de junio ya se conocía que ni Bankia, ni CaixaBank, ni Sabadell iban a pujar por el Popular y que sólo quedaban el BBVA y el Santander como candidatos. Ese mismo día el FROB abrió una Virtual Data Room con los principales datos del Banco Popular para que estas dos entidades pudieran realizar sus estudios de cara a presentar una oferta justa una vez que el sexto banco español fuera intervenido, unos datos que, según comunicó BBVA al FROB eran insuficientes y que precisaban más tiempo para poder analizarlos.
Hay que recordar que el FROB, en la documentación remitida a los dos bancos que optaban a pujar por el Popular se indicaba un cronograma sobre las fechas y las horas en las que debían implementarse todos los procesos para cerrar el Proyecto Hipócrates, tal y como ya adelantó Diario16 en el mes de diciembre. ¿Lo sabían los bancos y no lo conocía la Sareb? Es muy difícil de entender que no ocurriera así.
Por otro lado, todos estos procesos no podían ser ajenos al Ministerio de Economía o a los órganos supervisores españoles, es decir, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre todo, en el caso del ex ministro Luis de Guindos, porque las retiradas de depósitos de diferentes instituciones públicas como, por ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Comunidad de Madrid, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
Algunas de estas instituciones, a través de documentos a los que ha tenido acceso Diario16, justificaron la retirada de los depósitos en movimientos de tesorería (Comunidad Autónoma de Canarias) o en un principio de prudencia (Comunidad de Madrid). Sin embargo, quien fue más explícito fue el Ayuntamiento de Barcelona, quien justificó la retirada de 295.999.000 euros en la consideración de que «ante la caída pronunciada y persistente del valor de las acciones del Banco Popular, de las que la prensa se hacía eco constante, existía una cierta probabilidad de activación, a iniciativa del Banco Central Europeo, del Mecanismo Único de Resolución. La aplicación de dicho mecanismo podía comportar que, en determinadas situaciones extremas, los depósitos no se recuperasen en su totalidad».
El propio Luis de Guindos insistió en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados que las retiradas de depósitos de esos días tuvieron que ver con las bajadas de rating, algo que, según las fechas, no pudo ser porque entonces la crisis de liquidez del Popular hubiera llegado en el mes de abril y en el mes de mayo. Las fechas demuestran que los propios organismos dependientes del Ministerio de Economía realizaron sus retiradas de fondos una vez que se activó el procedimiento de resolución y no antes. Este hecho podría demostrar la presunta responsabilidad de Economía, del exministro y, por extensión, del propio Gobierno de M. Rajoy.
