sábado, 2 mayo, 2026

Caso Cifuentes. Mucho más que un máster

El hecho de que la, a estas horas, todavía presidenta de la Comunidad de Madrid tenga uno o dos o doscientos másters sinceramente me da igual, entre otras cosas porque creo que para ser un buen o un mal gobernante no hacen falta títulos, ni universitarios ni de los otros.  Pero lo que si me preocupa es que haya mentido en algo que no hacía falta, y es que no creo que sus votantes la eligiesen por tener tal o cual carrera o máster o doctorado.

Al margen de otras cuestiones políticas más o menos discutibles, el hecho de mentir en algo tan nimio y su reacción al ser descubierta es más que suficiente para inhabilitarla para ocupar un cargo político por mucho que los dirigentes de su partido empezando por M. Rajoy y siguiendo por el interino de San Estaban se hayan empeñado en arroparla.

Tampoco es muy de recibo el hecho de que desde las filas del PP ahora estén mas centrados en buscar y castigar a la o las personas que han hecho posible que el asunto haya trascendido a la opinión publica, claro que en este caso tampoco han inventado nada, pues es bien sabido desde tiempos ancestrales que es costumbre de alguien que se siente pillado intentar matar al mensajero y de esa manera tratar de tapar el sol con un dedo

Pero con todo, lo mas grave del asunto es que esa nimiedad que ocupará seguramente no mas una o dos líneas en el currículo de la ocupante del palacio de la Puerta del Sol de Madrid es que ha puesto al descubierto no es oro todo lo que reluce en una institución como la Universidad.

Es hasta cierto punto asumible que cualquier desaprensivo con dinero crea que todo es comprable, incluso los títulos universitarios, seguro que no es la primera vez que esto sucede en las universidades públicas y privadas. Pero si el asunto que nos ocupa ha de tener algo de positivo es el hecho de que quizás, por respeto a las familias que en muchos casos tienen incluso que endeudarse para poder pagar los estudios de sus hijos,  por los miles de estudiantes que se dejan unos años de su vida estudiando y trabajando para conseguir una formación, y por el buen nombre de la propia institución universitaria haya llegado el momento de afrontar el tema con la seriedad que merece para que esa practica de vender títulos universitarios a todo aquel que esté dispuesto a pagarlos, aunque supongo y espero que esas acciones sean minoritarias, desaparezca de las universidades españolas publicas y privadas.

La mayoría de las universidades publicas españolas tienen un merecido y reconocido prestigio, y los títulos obtenidos por los que pasan por sus aulas son internacionalmente valorados, y es necesario que eso continúe siendo así.  Para conseguirlo es necesario poner todos los medios posibles para apartar de las instituciones a cualquier persona que por acción u omisión permita que alguien pueda disponer de un titulo por el simple hecho de tener dinero y poder pagarlo.

Y es que resulta que un país puede sobrevivir a crisis económicas y a malos gobiernos, pero difícilmente podrá sobrevivir a universidades contaminadas o sospechosas de serlo.

IU denuncia el “montaje” que supone la detención del dirigente de las FARC Santrich

Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Política Internacional, Francisco Pérez Esteban, critica el “montaje” que supone la detención del ex comandante guerrillero colombiano y hoy dirigente político de las FARC, Jesús Santrich, por parte del fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, a petición de un juez de EE.UU. Pérez Esteban critica a la Fiscalía General por “actuar sin tener competencias para hacerlo. Desde la firma de los acuerdos de paz la competencia para determinar si Santrich ha podido o no cometer algún delito es de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que Néstor Martínez ha ignorado”.

El dirigente federal afirma que la Fiscalía ha actuado y dado órdenes “sin mostrar prueba alguna y exclusivamente por motivos políticos”, al tiempo que destaca que “el fiscal general Martínez ha formado parte de la directiva del partido Cambio Radical, que lidera Vargas Lleras y, curiosamente, ordenó la detención de Santrich tres horas después de que esta formación anunciara un proyecto de ley para excluir a las FARC de la Comisión Constitucional del Congreso”.

Para Izquierda Unida, “con las circunstancias que rodean esta detención, el fiscal general asesta en nombre del Estado colombiano un duro golpe a los acuerdos de paz, ya de por sí muy dañados por los graves incumplimientos de los compromisos para facilitar la participación política de los exguerrilleros”.

“Esto se completa -añade Pérez Esteban- con el hecho de que las FARC no pudieran disponer de las subvenciones públicas durante la pasada campaña o con esta actuación judicial y sin pruebas contra Santrich, uno de los 10 congresistas que las FARC tienen en el poder legislativo colombiano”.

El responsable federal de Política Internacional de IU apunta también que “ya es público en Colombia el escrito del juez de Nueva York que pide la detención. Éste señala que Santrich se habría reunido supuestamente con otras personas en su domicilio para acordar el envío de cocaína a EE.UU, es decir, un hecho no ejecutado que sólo presuntamente se iba a cometer”.

Francisco Pérez incide en la idea de “montaje para boicotear los acuerdos de paz” desde  la Fiscalía colombiana ya que también “resulta muy sorprendente que estos supuestos hechos hayan podido suceder en la propia casa de Santrich cuando cada excomandante guerrillero tiene en su casa un importante número de escoltas, policías del Estado que nunca habrían permitido y habrían detectado cualquier actuación ilegal”.

El dirigente de IU recuerda que “las FARC están determinadas a participar en política y son las más interesadas en que se den las condiciones para ello, sin ninguna actuación que lo impida”.

Señala también que “desde que se firmaron los acuerdos de paz de La Habana han sido las FARC quienes han cumplido absolutamente con todo lo firmado. Sin embargo, no ha pasado lo mismo con el Estado ni con la Fiscalía, cuya labor para perseguir la violencia generada por el paramilitarismo a la que se habían comprometido deja mucho que desear. De ahí que se haya recrudecido la violencia de los paramilitares, con decenas de líderes sociales y populares asesinados, igual que más de 60 guerrilleros que entregaron las armas”.

Esto se pone negro

En los últimos tiempos levantarse a la mañana y dar un repaso a la prensa diaria, puede dar lugar a un estado depresivo que te dure todo el día.

Da la impresión de que todo se desmorona y que a este mundo, al menos al que conocemos, le quedan dos telediarios. Esto independientemente de lo del cambio climático que nos lleva a meses de sequia para a continuación llegar otros tantos de lluvia y que las estaciones se confundan con retrasos y adelantos.

Por citar exclusivamente la actualidad del instante en el que se escriben estas líneas, podemos observar (los que practicamos este peligroso arte en un mundo donde la mayoría sólo ve) que una mujer ha sido de nuevo asesinada por su pareja, esta vez en Blanes, Girona.

Una epidemia que nadie es capaz de atajar, porque quizás estemos errando en el diagnóstico y los que tienen capacidad de hacerlo a menudo miran para otro lado.

En la UE nos acecha otra epidemia, el triunfo de los partidos xenófobos, racistas, populistas, o de extrema derecha. Después de lo ocurrido en Italia con tres partidos como 5 Estrellas, La Liga Norte, o el que lidera Berlusconi ocupando los primeros puestos en los recientes comicios, o antes Francia con Macron ahora le ha tocado el turno el pasado domingo a Hungría, demostrando en su proceso electoral que algo muy negro se avecina de manera imparable.

Tres quintos del parlamento lo van a ocupar los partidos de extrema derecha u neo nazis, con la capacidad por tanto incluso de cambias su Constitución. Son partidos con programas claramente racistas y xenófobos que han contado con el voto masivo de la ciudadanía. Terrible noticia para los demócratas europeos.

Lo que está sucediendo en Siria, el ataque con armas químicas a la población civil con numerosas víctimas la mayoría mujeres y niños, la situación extrema en Palestina con decenas de ciudadanos acribillados por los militares israelíes o ver al ex presidente Lula da Silva, por cierto el favorito para las elecciones de Brasil, entrando en la cárcel por corrupción, son síntomas de lo negro que se pone el panorama.

Que el mundo tenga como principales líderes a dos personajes como Trump y Putin es como para hacérnoslo mirar….., por un psicoanalista claro. Observar a su diestra a gentes como Al Sádar, Kim Jong-un, Xi Jimping, Maduro o Netanyahu produce escalofríos.

Estudios sobre el excesos en el consumo de drogas, alcohol, o sexo sin control entre los jóvenes, la violencia que brota cada fin de semana en los lugares de ocio tampoco nos da para ver ningún rayo de sol. Es probable que la crisis económica esté acabando, aunque no para toda la ciudadanía, pero deja una profunda crisis de valores.

Solidaridad en tiempo de individualismo, empatía en momentos de egoísmo, amistad, honestidad en instantes de corrupción, verdad en tiempo de postverdad son conceptos del pasado en vías de extinción.

Ahora que se cumplen 41 años de la legalización del PCE añoro aquella época donde, al menos quienes luchamos contra el franquismo practicábamos y disfrutábamos de esos valores.

En la política casera también se aprecian indicios de negrura. Nuestro país tampoco se libra de la peste del populismo, desde Rivera a Puigdemont apreciamos este peligroso concepto. Lo verdaderamente lamentable no es que existan personajes así, sino que la gente les vote ajena a ese peligro.

La crisis de Cristina Cifuentes y su máster fantasma nos lleva igualmente a zonas de oscuridad, donde lo más terrible no es sólo que suponga un nuevo golpe para el prestigio de una actividad, la política, que debiera ser digna y limpia, sino en este caso también para el de de una Universidad pública ahora en entredicho.

Observar con perplejidad el más de un minuto de ovación cerrada a la implicada en la reciente convención del PP, parece indicar que los partidos políticos aún no han entendido nada. No es sólo problema del PP, también vimos imágenes parecidas con Cháves y Griñán en el PSOE, que precisamente ahora vuelven al banquillo de los acusados, o con Pujol en CDC, ahora PdeCat.

Hasta que esos partidos, aún con estructuras del siglo XIX en pleno XXI, no se adapten a las demandas sociales en este tema y otros, no avanzaremos en la buena dirección. Así encuesta del CIS tras encuesta, reflejan que precisamente ellos que debieran servir para solucionar los problemas de la ciudadanía, acaban siendo uno de los problemas más importantes de nuestra democracia.

Por no hablar del conflicto Estado-Catalunya que lleva camino de enquistarse de manera definitiva. A los errores continuos del PP, le suceden inmediatamente los del mundo independentista. Errores judiciales, policiales, políticos que están dejando a nuestra democracia en entredicho.

Hasta que no se entienda por ambas partes que los conflictos políticos se resuelven de manera política, pero con respeto de la ley, buscando puntos de encuentro desde el diálogo y la negociación esto no acabará

Este artículo se podría extender hasta casi el infinito, para demostrar sin ninguna duda que esto se está poniendo muy negro. A veces a uno le entran ganas de salir corriendo hasta alcanzar la galaxia. Pero como aún quedan ganas de batallar para darle  la vuelta seguimos en la trinchera.

Veremos……….

Los corruptos venezolanos operan desde España

Una jueza andorrana está investigando los manejos de medio centenar de exdirigentes venezolanos que se enriquecieron gracias a la corrupción en las empresas nacionales de la República Bolivariana y a empresas españolas que facilitaron y facilitan estas operaciones presuntamente corruptas. Durante años estas personas con altos cargos dentro de la administración se aprovecharon de su cercanía y asociación con ministros como Rafael Ramírez para intermediar en operaciones mil millonarias con empresas españolas para lograr el cobro de comisiones que terminaron por generar grandes fortunas. Sin embargo, dentro de esos variables, que podrían ser absolutamente legales se incorporaron pagos, que se salían de esos canales habituales en las relaciones empresariales. Un ejemplo de ello, tal y como hemos contado en Diario16, lo podríamos encontrar en la epecista asturiana Duro Felguera respecto al pago de comisiones al venezolano Nervis Villalobos por su intermediación con el gobierno para que lograran un macro contrato. Sin embargo, hay un 0,5% de esas comisiones que no está registrado en las cuentas de Duro. Lo mismo ocurrió con empresas del sector energético, del sector agrícola, del sector inmobiliario —como el holding Essentium que construyó miles de viviendas en Venezuela—, o del sector de los medios de comunicación

El mismo modus operandi es el que realizaron muchos de los que, principalmente a la sombra de Rafael Ramírez, lograron enriquecerse gracias a la corrupción. Miles de millones de dólares salieron de Venezuela, miles de millones que fueron hurtados al pueblo venezolano para que unos cuantos puedan pasearse por la Milla de Oro madrileña comprando en las tiendas más caras artículos al alcance de muy pocos y realizando negocios que les permiten, entre otras cosas, blanquear ese dinero que salió de Venezuela.

¿Cómo llegaron estos venezolanos a hacerse millonarios? Diversos testimonios recogidos por Diario16 de importantes empresarios españoles con intereses en Sudamérica que hicieron algún tipo de negocio con esta gente coinciden en que el modelo de actuación era siempre el mismo. Empresas y ejecutivos españoles contactaban con ellos para ofrecerles un negocio de interés para su sector en Venezuela, siempre poniendo como paraguas la figura de Ramírez en su calidad de ministro y de presidente de PDVSA. Ahí empezaban a funcionar una red de empresas interpuestas y negociaciones que en muchos casos no se fructificaban. En estas reuniones se realizaban en presencia de abogados, asesores que también lo eran de la propia petrolera estatal venezolana, intermediarios y socios de Ramírez, algunos de ellos familiares como es el caso de su cuñado Baldo Sansó. Entre los asesores e intermediarios también nos encontramos con españoles que eran los que presuntamente organizaban la red para el traspaso del dinero de las correspondientes comisiones que, evidentemente, salían del total de los contratos firmados, es decir, del dinero de todos los ciudadanos de la República Bolivariana. Estos intermediarios y empresas, en muchos casos españolas, actuaban tanto de cara a los intereses venezolanos como asesorando a estos empresarios españoles, es decir, que jugaban una doble baraja que les permitía cobrar una doble comisión por sus servicios. Por lo tanto, la corrupción no se daba sólo en el lado venezolano sino también en las sociedades intermediarias españolas.

Lo habitual, sin embargo, era que esos primeros negocios no fructificaran pero que abrieran la puerta para que todos los que se estaban enriqueciendo con las comisiones de los que sí se cerraban —lo habitual era que fueran los de un precio más elevado, lo que incrementaba los variables— siguieran en contacto con estos empresarios para comprar empresas o para entrar en el accionariado de sociedades españolas de todos los sectores, a pesar de que estas personas no tuvieran experiencia alguna en la gestión de esos negocios. El objeto de todo ello no era otro que buscar un nicho en el que poder invertir el dinero que estaba saliendo de Venezuela.

Así ocurrió con un importante empresario de los medios de comunicación. En primer lugar, le hicieron una propuesta para comprar un importante diario venezolano, El Universo, operación que no llegó a buen puerto pero que les sirvió a algunos de los socios de Ramírez de entrada para comprar la participación mayoritaria de una de las sociedades de este empresario. Una vez que lo hicieron, se llevaron la sociedad a un paraíso fiscal desde donde operar con mayor tranquilidad a pesar de que la actividad continuaba desarrollándose en España y generando pérdidas millonarias. Mientras tanto, el abogado venezolano que compró esa participación mayoritaria, con la ayuda de empresas de capital riesgo e inversión españolas, montó empresas de otros sectores, como el del ocio y el fitness, además de invertir en activos inmobiliarios de alto nivel en los distritos madrileños de Retiro y Salamanca.

Estos corruptos venezolanos —y españoles en el caso de las sociedades intermediarias— están viviendo y operando en España a través de países considerados durante mucho tiempo como paraísos fiscales. De ahí la investigación de la jueza andorrana respecto al dinero depositado en la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco que ya estuvo investigado por el caso del Banco Madrid y en el que fue imputado Nervis Villalobos, a pesar de que su caso fuera archivado. Como ya advertimos en Diario16, la situación en prisión del ex viceministro de Energía de Venezuela está en el límite y ya ha confirmado que está dispuesto a llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para, en principio, exponer al ministerio público todos los movimientos de los venezolanos corruptos, cómo entra y sale el dinero de España, para qué se utiliza dicho dinero, cómo se canaliza y las empresas que intermedian o asesoran en el ciclo del dinero, qué empresas han llegado a acuerdos con estos venezolanos y han pagado comisiones no declaradas, cuánto dinero se utiliza para financiar a la oposición a Nicolás Maduro, las relaciones entre los dos partidos políticos de la derecha española con estos venezolanos corruptos, su presunto papel de agente doble, sus relaciones con empresarios de distintos sectores, incluido el mediático, como López del Hierro, y un largo etcétera. Alguna de estas sociedades españolas que intermediaron con PDVSA o con el entorno societario de Rafael Ramírez, según ha tenido conocimiento Diario16, están siendo investigadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la Justicia en referencia a sus administradores.

Por otro lado, estos corruptos venezolanos que operan desde España disponen de protección política. El propio Rafael Ramírez, tal y como informó Diario16, pasaba temporadas en Ávila con un alto tren de vida y manteniendo relaciones con empresarios y políticos abulenses del PP. Además, el propio líder de Ciudadanos es cliente habitual del gimnasio propiedad de un abogado y socio de Ramírez.

Con esta situación, ¿cómo es posible que ni la Justicia ni las Fuerzas de Seguridad del Estado hayan actuado contra estas personas? ¿Cómo es posible que las decenas de querellas y demandas que hay en los Juzgados españoles contra ellos estén siendo ralentizadas, a pesar de haber sido admitidas a trámite? ¿A quién le interesa que estos venezolanos corruptos sigan en España operando? ¿Beneficia a la economía española? Desde luego, no, más bien perjudica a la imagen del país y de nuestra economía.

La Junta exige a M. Rajoy que cumpla con Andalucía en la reunión con Susana Díaz

El Gobierno andaluz ha reclamado al presidente del Gobierno, M. Rajoy, que «cumpla con Andalucía» en la próxima reunión que mantendrá con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el próximo 18 de abril, y le ha advertido asimismo que «no tiene tiempo que perder». El portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, ha ofrecido una rueda de prensa al término de las reuniones con las que Susana Díaz ha continuado en San Telmo la ronda de contactos para trasladar a los representantes sociales y económicos de la comunidad la propuesta aprobada por el Parlamento andaluz para la reforma de la financiación autonómica.

Blanco ha señalado que estas reuniones están poniendo de manifiesto que Andalucía no solo ha conseguido un gran acuerdo en lo político sobre la reforma de la financiación autonómica, sino también en lo social y económico. Un acuerdo en el que todos coinciden en «principios básicos muy importantes, como el criterio de población» a la hora de repartir recursos en el sistema de financiación, así como en la necesidad de más inversiones y de que «el Gobierno central cumpla con Andalucía».

El Gobierno de Andalucía, ha afirmado el portavoz, está «firmemente comprometido con los intereses de esta tierra» y «satisfecho» con el respaldo obtenido por este documento, que Susana Díaz trasladará a Rajoy el miércoles 18. «Rajoy no solo va a tener que escuchar al Gobierno andaluz, sino a los partidos y organizaciones sociales» de la comunidad, ha resumido el portavoz del Ejecutivo autonómico, que ha indicado que el presidente del Gobierno central «tiene que cumplir y no tiene tiempo que perder».

El portavoz del Gobierno andaluz ha avanzado que la presidenta andaluza culminará esta semana su ronda de contactos con agentes económicos y sociales para trasladarles el acuerdo parlamentario sobre financiación autonómica. De esta forma, el martes 10 se reunirá con el Tercer Sector y el viernes 13 con las universidades. Susana Díaz ha trasladado las líneas maestras de este documento a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, el sindicato CSIF y las organizaciones agrarias.

Al término de su reunión con Díaz, el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha ensalzado el «gran trabajo del Gobierno andaluz en materia de financiación autonómica», que ha desembocado en un «modelo serio y responsable, acorde con las necesidades de los 778 municipios de Andalucía». Rodríguez Villalobos, que ha apuntado que Andalucía está «infrafinanciada» y que ha considerado el «último botón de muestra» de esta situación los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ha reclamado al Gobierno central la creación de una «mesa de trabajo en el Congreso para la financiación local», al igual que ha hecho la Junta y su presidenta para fijar la postura andaluza respecto a la financiación autonómica.

También el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), Ángel Gallego, ha valorado el «proceso inédito en la historia de la construcción de una posición política», abriendo la participación de agentes económicos y sociales en la posición que «Andalucía tendrá que defender en un tema de tanta trascendencia». Gallego ha remarcado que «el CES es rotundo» con respecto al principio de ordinalidad, que no está recogido en la Constitución ni cuenta con «razón técnica» que lo avale. A su juicio, la aplicación de este criterio equivaldría a «camuflar el mantenimiento de un sistema injusto de provisión de fondos, rompiendo con los principios de igualdad y suficiencia que deben marcar el sistema de financiación autonómica».

El secretario general del sindicato CSIF en Andalucía, José Luis Heredia, ha apuntado por su parte que el documento de propuesta de financiación consensuado por la amplia mayoría del Parlamento andaluz es «el mejor que puede tener Andalucía para su financiación» y ha defendido el criterio de la población para el reparto de fondos estatales, al tiempo que ha rechazado también el «principio de ordinalidad».

Finalmente, los representantes de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, de la UPA y de las Cooperativas Agroalimentarias han coincidido con la presidenta de la Junta en la necesidad de que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta la población real y que se aplique un sistema de armonización fiscal. Desde el punto de vista del sector agrario andaluz, los representantes han enfatizado la necesidad de blindar el marco comunitario en el próximo periodo y han criticado que el Ministerio de Agricultura sea uno de los «peor financiados» en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de las necesidades de infraestructuras. Asimismo, han vuelto a reclamar «precios dignos» para los productores.

Alberto Garzón califica de lamentable y oportunista la actuación de Ciudadanos en el caso Máster

0

El coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado esta mañana la “actitud lamentable y oportunista” de Ciudadanos al negarse a apoyar desde el primer momento la moción de censura para desplazar a Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a la que exigió que dimita de una vez.

Garzón explicó durante la rueda de prensa que ofreció en el Congreso que resulta “lamentable” que el partido de Albert Rivera haya decidido “no hacer oposición real bajando a Cifuentes del poder ante las acusaciones tan graves que han salido” en su contra, todo ello mientras la “mayoría de la ciudadanía sabe que está mintiendo” sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. De la misma forma, ilustró el “oportunismo” de Ciudadanos al moverse en exclusiva por “táctica electoral” y “pensar más en las próximas elecciones que en sanear la Comunidad de Madrid”.

El máximo responsable de IU reconoció que “echamos de menos” que la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), así como altos responsables de la comunidad universitaria, “hayan hecho una valoración crítica” en el ‘caso Cifuentes’ y hayan defendido con más intensidad a la universidad pública.

Para Alberto Garzón la también presidenta del PP madrileño no cursó el polémico máster, por lo que existe una “alteración grave” de su currículum por parte de alguien “que debería dar ejemplo”. Pero el caso es “especialmente grave” porque “sus mentiras y contradicciones repercuten también en las instituciones y en la democracia. La Universidad Pública está siendo atacada por la actuación de Cifuentes y del PP”. En esta línea, reprochó la “desfachatez del PP” al jalear y aplaudir en la convención celebrada durante todo el fin de semana en Sevilla la “lógica irracional de Cifuentes y su defensa numantina de que sí hizo el máster”.

A Ángel Garrido se les está poniendo cara de Presidente

Tras verse impelidos a la ruptura pactada entre Ciudadanos y PP en la Comunidad de Madrid, por culpa de una supuesta no aceptación de la formación populista naranja de un objeto de investigación distinto y de nombres tan esperpénticos como Pedro Sánchez, el catedrático Manuel Villoria (¿qué pinta este hombre en todo esto?) o el periodista de El Mundo Javier García Negre (y no a Ignacio Escolar que ha sacado la mayoría de los papeles del caso Máster), parece que la vía murciana se abre paso para la sustitución de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid. Aunque está por ver, sin una imputación judicial bastante complicada, que Cifuentes dimita antes de la moción de censura.

El cuñadismo de Ciudadanos puede volverse en su contra en este caso pues, parecen no conocer a la presidenta del PP madrileño, los arrestos y la capacidad de aguante de Cifuentes no es la misma, ni por los mismos motivos, que la de Pedro Antonio Sánchez. E igual, si ha de caer, prefiere llevarse por delante al enemigo/amigo naranja. Esto es, esperar a que llegue la moción de censura y forzarles a decidir si apoyan a Gabilondo y Podemos, o apoyan al PP. Porque en este caso la abstención no basta. Por mucho que Ignacio Aguado ponga cara de mucho enfado, mientras se atusa la melena turca, Cifuentes sabe que estando perdida y no pudiendo hacer más daño en sí al PP, nada mejor que retratar al cuñadismo patrio, a los parlanchines esos que decía M. Rajoy.

Como afirmaba Antón Losaba, Cifuentes ya ha recibido el abrazo mariano y todos sabemos lo que ello conlleva. También advertía Esther Palomera que Cifuentes estaba muerta (Morir lleva su tiempo), aunque aún no se hubiese dado cuenta, pero sí lo sabe y no va a dejar que la degüellen políticamente tan rápido. Como se suele decir, va a morir matando porque, una vez que caiga, en un sentido muy patriota de partido quiere dejar lo mejor posible el gobierno de la Comunidad a quien tenga que sucederlo. Porque si pasa deberá ser la Dirección Nacional del PP quien designe entre los diputados y diputadas que ahora están en la Asamblea de Madrid.

Ángel Garrido, ¿el elegido?

El marianismo nunca se ha destacado por protagonizar sorpresas excesivas sino por seguir una lógica de gobierno y de fortaleza del partido. Así como Fernando López Miras o Isabel Bonig fueron apoyados en su momento, aunque ahora se hayan dado cuenta del error cometido con la segunda, en este caso todo apunta a que sería Ángel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno comunitario y número dos del PP madrileño. De esta forma se da continuidad política y organizativa sin trastocar mucho la organización a un año de las elecciones. Algo que ya sabemos que es muy mariano, no tocar nada para que todo se mueva.

En favor de Garrido consta su capacidad de trabajo, conocer bien los entresijos del gobierno de la Comunidad, no tener grandes enemigos internos, conocer bien (últimamente ha estado acudiendo a muchas sedes del PP) el partido, ser un liberal sin matices (años lleva luchando para que se quite la democracia cristiana de la definición del partido) y, pese a que moleste en algunos sectores, ser un atlético de pro (casi esto tiene más mérito en Madrid que lo anterior). Toda vez que Jaime González Taboada, el medio del dos y medio de los apoyos de Cifuentes en el PP, está pendiente de destino procesal por el caso Púnica, salga lo que salga, parece que de las personas con apoyo dentro del propio partido Garrido sería quien más de ellos concitase.

Pedro Rollán en beatificación mártires Guerra Civil

El espectro de mujeres se ha reducido bastante pues la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, no es diputada; Isabel Díaz Ayuso, muy del gusto genovés, dejó el acta de diputada para ser viceconsejera; y María Eugenia Carballedo o Nadia Álvarez aún debe dar un paso más en su proyección. En el sentido de los hombres, algún medio, comenta que Pedro Rollán, actual consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y ex-alcalde de Torrejón de Ardoz, también podría recibir las bendiciones de la dirección de Génova, aunque le podrían sacar el asunto aquel de prohibir a los sin papeles o a los que tuviesen visa de turista empadronarse en 2008 como algo poco humano, porque impedía la escolarización y el acceso a la sanidad de los niños y niñas pequeñas. Y sus actos con la jerarquía eclesiástica, acudió a una beatificación de «mártires» de la Guerra Civil, tampoco ayudarían en su imagen después de las críticas a los “ministros cantantes”. Aunque comparado con las cosas que tienen otros cargos del PP encima, esto sería bagatela.

Respecto a Garrido, hemos consultado a algunos dirigentes del PP madrileño y nacional, y las respuestas, después de negar que Cifuentes tuviese que dimitir, han sido positivas. Salvo algún caso de aguirristas muy aguirristas que sólo han comentado que sería más de lo mismo, Garrido tiene un gran respaldo tras su posible nombramiento. A lo que hay que sumar que es una persona con “buena” relación con Ciudadanos, algo que sería fundamental para llegar a las elecciones de 2019 sin más problemas que los cuñadismos típicos. De hecho algún diputado, sin restar méritos a Garrido, nos ha confirmado que “si no ponen a Ángel, que tengan la valentía de situar a alguien que atice de verdad a Ciudadanos”.

Hay ya sensación de caída de Cifuentes, un cierto desánimo cunde entre los dirigentes populares, aunque están dispuestos a dar la batalla total por conseguir que el PP vuelva a ganar las elecciones y las encuestas “prefabricadas” tenga que “comérselas algunos directores que antes bien que nos hacían la pelota”. Así pues, a Ángel Garrido se le está poniendo cara de presidente, algo que le comentamos hace unos días y nos mandó, y no le culpamos por ello, a un lugar lejano, dentro del intento de quitar tensión a la situación que se estaba viviendo.

Pablo Iglesias y Alberto Garzón se entrevistan con Dilma Rousseff

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos; Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso; Pablo Bustinduy, secretario de Relaciones Internacionales; Txema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario Unidos Podemos; Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso; Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida y Lucia Martín, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, se han reunido este lunes 9 de abril con la expresidenta de Brasil para tratar la situación que está viviendo el país latinoamericano.

Dilma Rousseff se encuentra en Europa para solicitar el apoyo de la comunidad internacional y para denunciar «la detención arbitraria de Lula, condenado sin pruebas, con la que se pretende consolidar la segunda fase del golpe: sacar al expresidente de la carrera electoral, recordando que lidera con holgura todas las encuestas presidenciales». El Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea ha querido mostrar su preocupación por el atentado a la democracia y al Estado de Derecho que está sufriendo Brasil y ha preguntado por la judicialización selectiva de la justicia contra el también expresidente Lula da Silva.

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha destacado durante el encuentro su preocupación «por la deriva autoritaria de Brasil». «Desde Podemos condenamos el atentado a la democracia en Brasil; la judicializacion selectiva de la política en contra del Partido de los Trabajadores (PT) y en contra de Lula; solicitamos la inmediata liberación del expresidente brasileño y condenamos al Ejecutivo ilegítimo de Temer y al Gobierno de España por su apoyo a la detención arbitraria de Lula», ha añadido Iglesias.

Además, el grupo parlamentario ha mostrado su preocupación por la corrupción y las políticas austeras y antisociales del gobierno Temer, que nunca ha pasado por las urnas. Algo que también manifestaba Izquierda Unida al denunciar “que se trata de un auténtico golpe antidemocrático promovido por la oligarquía económica brasileña y sus cadenas mediáticas, particularmente el Grupo Globo, y que es continuación del golpe que se dio contra Dilma Rousseff, (a la que habían votado 54 millones de personas), con el objetivo de impedir la continuación y consolidación de las políticas sociales y de distribución de la riqueza impulsadas por los gobiernos del Partido del Trabajo en la últimos 15 años”.

IU-Verdes denuncia la concesión de licencia de obras y actividad a un cebadero que tenía decretada orden de demolición

La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca ha denunciado el incumplimiento del Ayuntamiento sobre la orden de demolición que pesa sobre un cebadero, cuyo promotor fue sancionado por la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Lorca al incumplir el Plan General en cuanto a la distancia mínima de 500 metros al suelo urbanizable sectorizado de la Hoya. Además, para la realización de la obra, el infractor tampoco aportó  autorización de la Consejería de Agricultura y Agua, según reza la documentación que ha sido facilitada a IU-Verdes.

Por ese motivo, Urbanismo declaró las obras “no susceptibles de legalización” y ordenó su demolición el 20 de mayo de 2014, sin que se haya llevado a cabo casi cuatro años más tarde. El propio Servicio de Intervención Urbanística apreció un “agravante” en la actuación del infractor por “resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad, relativas a la defensa de la legalidad urbanística” –una responsabilidad que también se extiende al técnico director de las obras–  ya que se prosiguió con la construcción de la nave a pesar de las órdenes, primero  de paralización,  y luego de demolición.

En la diligencia de notificación al infractor, se le ordenaba que procediera a la demolición de una nave de 360 m2 en un plazo de 30 días, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento “las actuaciones serían ejecutadas por las brigadas municipales o personal contratado a costa del obligado”, de conformidad con la ley, lo que no se ha producido.

Por si fuera poco, el ganadero tampoco realizó en su momento las actuaciones a que le obligaba la legislación en materia de bienestar animal por lo que el Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la CARM propuso la disminución de la capacidad autorizada  a un máximo de nueve cerdas reproductoras, tal y como contempla el Real Decreto 1392/2012.

De forma extemporánea, el infractor solicitó de la Consejería de Agricultura y Agua un informe favorable sobre ampliación de su explotación en relación a una nave de gestación animal de 360m2 (la nave declarada ilegal) con capacidad para 90 plazas reproductoras. La Consejería de Agricultura no encontró “inconveniente” a dicha ampliación y emitió informe favorable sin entrar a valorar el cumplimiento de las distancias mínimas que establece el Plan General, ni las condiciones impuestas por la normativa sectorial aplicable relacionada con el carácter molesto o el riesgo sanitario o medioambiental, ni siquiera el incumplimiento previo de la legislación relativa al bienestar animal.

Por si fuera poco, en julio de 2014, tras una inspección ocular de la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, se comprueba que en la explotación existen 280 madres reproductoras, lo que incumple flagrantemente lo expuesto por el solicitante de la autorización en el proyecto, según las denuncias de los afectados.

Y, por último, en marzo de 2016, la Teniente de Alcalde delegada de Urbanismo, Saturnina Martínez, concede licencia de actividad y obras al cebadero afectado por una orden de demolición de su propia concejalía, desestimando las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de La Hoya y por seis familias directamente afectadas, amparadas en denuncias del SEPRONA.

Por todo ello, los afectados acusan al Ayuntamiento de Lorca de “priorizar los intereses económicos de este ganadero frente a los derechos de los ciudadanos” y de “no defender la legalidad vigente”, por lo que han tenido que recurrir a la interposición de un recurso contencioso-administrativo que está a la espera de resolución judicial.

Al respecto, Martín ha pedido explicaciones a la concejala de Urbanismo sobre la concesión de una licencia de actividad y obras a una explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento, “incumplía el Plan General y tenía decretada una orden de demolición por parte del propio consistorio”.  El Plan General no ha cambiado al respecto y exige que las nuevas ampliaciones de las explotaciones de ganado porcino no queden a menos de 500 metros del suelo urbanizable sectorizado, algo que sigue incumpliendo esta explotación.

Ahora Murcia denuncia en Urbamusa «presuntas prácticas contrarias a la Ley Contratos del Sector Público»

Ahora Murcia ha manifestado su descontento tras votar en contra de las cuentas de Urbamusa en el consejo de administración, “debido a que dichas cuentas no han sido fiscalizadas por el Servicio de Intervención del Ayuntamiento”.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el director-gerente de Urbamusa, Alberto Pérez-Albacete y concejales de la Corporación, donde se ha dado cuenta de las distintas acciones y medidas que se están llevando a cabo para mejorar la transparencia de la empresa municipal. Para ello se han realizado ocho auditorías e informes en diferentes materias, como contable, laboral y de contratación, para avalar que la empresa municipal cumple con la legislación vigente en cada materia, según indican fuentes consistoriales.

Desde Ahora Murcia han asegurado que “todo parece indicar que en Urbamusa estamos ante prácticas contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público”, por lo que pide que la empresa urbanizadora municipal “sea liquidada, pasando sus competencias a los servicios municipales”.

En ese mismo sentido, la concejala Angeles Micol ha destacado que “no existe dictamen favorable de la Intervención Municipal, sino que buscan hacer una auditoría externa elegida por la propia Urbamusa”. En opinión de la edil, “estamos ante una gestión oscurantista en la que se manejan centenares de miles de euros en contratos y encomiendas de gestión, así como en la contratación  de  personal sin  pasar por la Intervención Municipal”.

Por último, Micol ha apuntado que “todo parece indicar que estamos ante prácticas contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público, con la concesión encubierta de contratos a Urbamusa y ésta a otras empresas sin ajustarse, presuntamente, a dicha ley”.