El Banco de Santander celebró el pasado viernes su Junta General de Accionistas donde, entre otras cosas, se anunció un cambio de imagen que, en realidad, no es otra cosa que cambiarle el color a la fachada, pero sin reformar la ruina material y moral que hay en el interior del edificio. Del mismo modo que una aristócrata arruinada se niega a vender sus joyas para aparentar que sigue manteniendo un estatus cada vez que asiste a un evento social mientras que en su vida real pasa hasta hambre, el banco presidido por Ana Patricia Botín lo puede aparentar tenerlo todo, pero la realidad es dura y demuestra que en el interior del edificio no hay más problemas de los que finge mostrar. Por eso necesitaba al Banco Popular y, a pesar de que para salvar al Santander fue necesario arruinar a más de 305.000 familias, todo indica que no ha sido suficiente. El mejor ejemplo de ello lo tuvimos en el mes de noviembre cuando perdió 25.000 millones de euros en depósitos, según los informes de la AEB, que fueron movidos a diferentes empresas del grupo para, de este modo, poder cumplir con los TLAC y seguir manteniendo el estatus de Banco Sistémico Global.
En Diario16 ya informamos de cómo la presidenta del Santander mintió al afirmar que los bonos de fidelización no eran un producto diseñado para evitar pleitos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que Ana Patricia Botín planteara como uno de los retos del banco el respeto a la ética. ¿Ética y Santander? Son dos conceptos antitéticos. ¿Cómo puede la señora Botín apelar a la ética cuando mantiene en sus órganos directivos a alguien como el «matador sevillano» Francisco Javier García-Carranza Benjumea? ¿Cómo puede la señora Botín apelar a la ética después de haber arruinado a más de 305.000 familias para salvar a su entidad?
No se puede hablar de ética cuando se introduce un «topo» como Emilio Saracho en el Popular para que fuera el ejecutor de toda la operación de rescate del Santander, un hecho demostrado en una cena en El Escorial en el mes de septiembre de 2.016 cuando el último presidente del Popular, siendo aún vicepresidente de JP Morgan, anunció a los presentes que regresaba a España para presidir el Popular. Hay que recordar que aún no se había iniciado la operación de Antonio del Valle y Reyes Calderón y, por tanto, aún no había «sonado» su nombre como posible sustituto de Ángel Ron. Tampoco fue muy ético que el propio Saracho firmara un contrato con Uría y Menéndez, el despacho de referencia del Santander, para iniciar el Proyecto Noya que no era otra cosa que llevar al Popular a una situación límite en los mercados que provocara graves crisis de liquidez que forzaran una intervención por parte de las autoridades europeas y una venta a bajo precio en la que sólo pudiera entrar el Santander porque, quizá, la situación de la entidad cántabra no le permitiera afrontar una operación corporativa o una OPA por un valor justo que hubiese evitado la ruina que la operación de rescate provoco a más de 305.000 familias.
Tampoco es muy ético que el «topo» del Santander en el Popular, para provocar esa crisis de liquidez, que no de solvencia, llegara incluso a provisionar activos crediticios a corriente de pago, como tampoco lo fue que se frenara el Plan de Negocio con la complicidad de los organismos supervisores dependientes del ministerio de Luis de Guindos, un plan que, tal y como hemos indicado en estas páginas, hubiera servido para llevar al Popular a una situación de solvencia, de liquidez y de fortaleza que hubiera hecho imposible la situación que provocaron todos los que estaban al servicio del Santander. No es muy ético que se pongan al servicio de una entidad privada todos los organismos públicos (CNMV, Secretaría General del Tesoro, FROB) necesarios para llevar al Popular a la situación de likely to fail que indicó Saracho en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio.
Ocultar ofertas de ampliación de capital o de operaciones de venta de activos no estratégicos que hubieran mejorado la situación del Popular tampoco es muy ético, una ocultación de datos que, además, son presuntamente delictivas ya que la ley exige que todas esas propuestas u ofertas deben ser comunicadas de inmediato a la CNMV, cosa que hubiese provocado la paralización de la cotización del Popular y hubiera mostrado al mercado una fortaleza que no interesaba al Santander.
La ética en los negocios garantiza muchas cosas pero, sobre todo, evita que se interpongan miles de demandas, tal y como está ocurriendo en los últimos meses dirigidas, no ya contra autoridades europeas o contra cúpulas directivas, sino directamente contra los presuntos principales responsables y, evidentemente, contra el Banco de Santander.
Diario16 ya presentó documentación en la Audiencia Nacional que fue admitida para que fuera incorporada a todas las causas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El despacho Sanguino Abogados ha presentado en estos días una denuncia penal contra el Santander. La propia Fiscalía ha admitido una denuncia presentada por la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP) contra Luis de Guindos, Elke König (JUR), Danielle Nouy (MUR), Jaime Ponce (FROB), Mario Draghi (BCE), Luis María Linde (BdE) y Jean Claude Junckers (Comisión Europea). Este medio dispone de cientos de documentos —entre los que se encuentran correos y comunicaciones institucionales—, algunos ya publicados, otros que se publicarán próximamente, que en los próximos días volverán a ser depositados ante la Audiencia Nacional que demuestran la operación y los verdaderos culpables de la ruina de más de 305.000 familias.
