lunes, 19 mayo, 2025

El PSOE propone reforzar la oferta turística de Lorca

La Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, María Antonia García Jiménez ha solicitado la creación de un espacio para el estacionamiento de auto-caravanas para atraer este tipo de turismo al municipio. Una propuesta “viable y beneficiosa” para Lorca.

Los socialistas han propuesto en numerosas ocasiones “nuevos perfiles” para fomentar el turismo en Lorca, desde el turismo de congresos, el de arqueología o el rural a través de la riqueza de las pedanías, además de potenciar, por supuesto, el turismo estacional como el de Semana Santa, las fiestas del Patrón y la Patrona, y de ocio, como la Feria de Septiembre.

García Jiménez asegura que el Partido Popular “se ha dedicado a silenciar todas y cada una de las sugerencias del PSOE”. Añade que el equipo de Gobierno ha entrado «en un bucle de complacencia narcisista y anquilosado, que no beneficia a la economía de esta ciudad en general, ni a los comerciantes y hosteleros, en particular, que se quejan continuamente del abandono que sienten».

Ante «la falta de ideas de un PP agotado”, los socialistas continúan proponiendo iniciativas para la captación de nuevos sectores de turismo. En este caso, piden al PP que estudie y establezca una o varias áreas de estacionamiento para auto-caravanas y vehículos similares, que hasta la fecha «son inexistentes en nuestro amplio municipio». A su vez, piden que se proceda a la regulación mediante ordenanzas específicas para permitir su ubicación de forma reglada.

Con esta iniciativa del PSOE, Lorca entraría en la red de municipios que acogen este tipo de turismo, como ya ocurre con Murcia, Lorquí, Mula o Jumilla.

García Jiménez ha apuntado que en la actualidad, existe un parque móvil de usuarios de caravanas nacionales con más de 30.000 unidades, que genera unos ingresos por turismo interno de más de 140.000 millones de euros. Las caravanas del resto de Europa que visitan nuestro país asciende a más de 200.000 según las estadísticas el año pasado, con más de 500.000 turistas, que han aportado más 280.00 millones de euros a las arcas del Tesoro.

La edil asegura que esta forma de ocio “está en alza”, y existen asociaciones que organizan e informan de las rutas y posibles pernoctas a lo largo de la península. Ello, añade, genera un impacto económico en los municipios donde se ubican esas áreas públicas de estacionamiento, por lo que piden que Lorca se incluya en estos itinerarios, ya que sería “enormemente positivo” para la economía de la ciudad.

Proponen, además, que desde los puntos de estacionamiento se facilite información turística de todas las actividades y lugares de interés patrimonial, cultural y ocio de Lorca. Las áreas de estacionamiento podrían diversificarse tanto en la proximidad de los distintos puntos de acceso al centro de la ciudad, como en las pedanías altas y en el resto del valle de Guadalentín.

 

Posible desvío de fondos de solidaridad a grupos fascistas en el Ayuntamiento de Valencia

En el Ayuntamiento de Valencia ya son conscientes de la posibilidad de que fondos que han otorgado a diversas asociaciones ucranianas, con el fin de apoyar a los niños y niñas afectados por la guerra en aquel país, se estén desviando para otros fines. En concreto, a financiar presuntamente a grupos fascistas ucranianos. De momento, el Ayuntamiento, según fuentes municipales, no va a mirar esas ayudas a la espera de recabar información. No se trata de que el Ayuntamiento de Valencia esté destinando esos fondos de manera irregular. Es lo contrario: conceden esas ayudas para ayudar a los niños y niñas de la guerra de Ucrania y, presuntamente, las asociaciones a las que se les ha concedido lo desvían hacia esas organizaciones de extrema derecha.

Puestos en contacto con diversas personas de origen ucraniano, confirman que no “suelen acercase a ciertas asociaciones porque saben perfectamente a qué se dedican”. En concreto señalan a Conucrania por derivar presuntamente fondos a ATO, que en su página web catalogan como Operación Antiterrorista pero que también significa Unión de veteranos de Ucrania. Un grupo que, en las últimas fechas, como desveló Público, apostaba por acudir a España a salvarla con armas de los independentistas.

ATO se califican a sí mismos como “soldados portadores de las tradiciones europeas y la mentalidad cristiana del siglo XIII. Representamos el lado de la luz contra el lado oscuro”. Entre los batallones de voluntarios que dicen financiarán desde estas asociaciones se encuentran el Batallón Azov, más conocido como los hombres de negro por su indumentaria, y a cuyo frente están Oleh Lyashko y Dmytro Korchynsky (de la extrema derecha UNA-UNSO). Su emblema conjuga la variante horizontal de la runa Wolfsangel, también conocida como Doppelhaken, un símbolo utilizado por la división panzer Das Reich de las SS durante la Segunda Guerra Mundial y que se ha convertido en un distintivo recurrente en el imaginario neonazi actual.

Existe preocupación entre distintas organizaciones vinculadas a la ayuda humanitaria por la posibilidad de que se estén desviando esos fondos, los cuales, en principio, se deberían destinar a ayudar a la infancia ucraniana, la que más está sufriendo una guerra oculta en muchos medios de comunicación pero cruenta en los resultados.

El ERE del Popular, el primer paso para la impunidad

Hoy comienza el periodo formal de negociación del Procedimiento Colectivo en Banco Popular y Banco de Santander, según establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Este Expediente de Regulación de Empleo es el primer paso que da la entidad presidida por Ana Patricia Botín para generar una situación de irreversibilidad de la operación, tal y como lo diseñó Javier García-Carranza Benjumea. Si la Justicia no actúa rápidamente y el juez Fernando Andreu no decreta medidas cautelares nos podremos encontrar con un nuevo caso de impunidad ante los tribunales del Santander.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín ya ha dejado muy claro cuál va a ser el personal afectado por el ERE. Respecto a los trabajadores del Popular quedarán afectadas todas las unidades de los Servicios Centrales de Madrid y A Coruña, servicios de auditoría y prevención de riesgos laborales de las diferentes Direcciones Territoriales y todo el personal de la dirección general de negocio inmobiliario y transformación de activos (NITA), tanto en los servicios centrales como en la red de oficinas. En referencia a los trabajadores de NITA el Santander tiene la intención de reorganizar su estructura en función del acuerdo que firmó la entidad cántabra con BlackStone por 5.000 millones de euros. Esto quiere decir que profesionales del Popular serán traspasados al fondo americano que ha permitido que el Santander haga negocio con la cartera inmobiliaria del Popular. A estos trabajadores se les sacó de la red de oficinas por sus grandes capacidades profesionales y comerciales. Antes de los despidos o de enviarlos a una empresa que, teóricamente, no tiene ninguna relación con el Santander, una solución lógica para estos empleados sería su vuelta a las oficinas para, aprovechando sus enormes capacidades de venta, incrementar el volumen de ingresos. No hacerlo sería un grave error.

575 personas del Popular serán movidas a empresas del Santander, sobre todo aquellas que tienen funciones de tecnología y de operaciones. La entidad cántabra, según nos informan fuentes sindicales, no tiene intención de aplicar medidas de movilidad geográfica. Esto tiene trampa ya que no se contemplan cláusulas de retorno porque sus funciones desaparecen del banco.

Aunque en principio desde la representación de la empresa se afirma que hay voluntad para que las cifras iniciales de despidos puedan ser inferior, la realidad, tal y como informamos en Diario16, es que el número total de empleados del Popular que perderán sus puestos de trabajo será superior a los 5.000, ya que, de momento, lo que se está tratando es la reestructuración de los servicios centrales. De momento, no se ha entrado en la red de oficinas, una operación por la que el Santander pretende obtener unos beneficios por encima de los 300 millones de euros.

Respecto al plan de prejubilaciones, éste debe ser voluntario y no forzoso puesto que entonces estaríamos ante un despido por más que se quiera enmascarar dentro de un proceso de prejubilación. A un trabajador no se le puede obligar a prejubilarse por mucho que se le pongan unas condiciones exaltadas de un modo exagerado desde foros afines al Santander.

Nos encontramos ante un ERE preventivo puesto que, a pesar de que el Santander habla de integración, la misma no es oficial. Los sindicatos, tanto los mayoritarios como los minoritarios, tienen la obligación, por respeto a su propia función, de plantar un frente común para evitar que el número de trabajadores despedidos alcance lo previsto en el plan de García-Carranza y, sobre todo, para seguir defendiendo al Popular porque, en este caso, lo que pretende el Santander es agilizar la reestructuración de personal para que la disolución de Banco Popular Español S.A. tarde lo menos posible y, a partir de ahí, hacer irreversible la operación.

Senadora del PP y ex Consejera de Sanidad de Murcia implicadas en la trama Pokemon

La jueza Pilar de Lara, instructora del caso Pokemon, del Juzgado de Instrucción n° 1 de Lugo recibió el pasado 4 de octubre un informe sobre la actividades de la sociedad Aquagest (filial de Agbar) en la Región de Murcia. En concreto sobre los viajes que habría abonado esta empresa a políticos y políticas del Ayuntamiento de Cartagena. Supuestamente, estos viajes habrían servido para conseguir la prórroga del contrato del suministro de aguas de la municipalidad.

En ellos se investigan los viajes de la ex-alcaldesa de Cartagena María Pilar Barreiro Álvarez, hoy en día senadora, y de María Ángeles Palacios Sánchez, ex-concejala de Hacienda de Cartagena y ex-Consejera de Sanidad de la Región de Murcia. En el informe entregado por los inspectores se detalla el viaje que tuvo lugar a Nueva York en abril de 2008 y que habría pagado la empresa Aquagest (concesionaria del agua en la ciudad de Cartagena y hoy en día llamada Hidrogea).

Al Nueva York habría viajado María Ángeles Palacios junto a su pareja tal y como muestran los datos facilitados por la agencia de viajes a los investigadores. La senadora Pilar Barreiro habría viajado sin acompañante. En el mismo acudieron también Luis Rodolfo García (directivo de Aquagest) y pareja, Agustín Guillén (Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo en la época) y pareja, y José Albaladejo y pareja. El cargo del viaje se hizo, como consta en el informe, se realizó a nombre de Luis Rodolfo García, al que Aquagest le abonó los 53.688,53 euros de los costes.

Las sospechas sobre este viaje a Nueva York de los investigadores provienen de la prórroga realizada, pese a contar con la negativa de un Dictamen Técnico de la Región de Murcia respecto a prorrogarlo antes de la expiración del plazo contractual. Aún faltaban 15 años para la finalización del contrato. Y de llevarse a cabo se debería hacer mediante el procedimiento de modificación contractual. Siendo Barreiro alcaldesa y Palacios concejala de Hacienda, se dio el visto bueno a la prórroga hasta 2042 a cambio de un canon de 13.130.548,35 euros a pagar en tres anualidades. Todo ello en el año del viaje realizado.

Palacios también habría disfrutado con cargo a Aquagest de diversos viajes más a Mallorca (mayo 2005), Atenas (octubre 2006), o Barcelona (junio 2012). Curioso es el viaje realizado a Málaga, tal y como expone el informe de Hacienda, para unas jornadas de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua para dar una charla, que según consta, acaba abonando Aquagest. En el viaje a Atenas y Barcelona la ex-Consejera fue acompañada por Agustín Guillén, quien también está implicado en el caso Novo Carthago. Pilar Barreiro ha sido encausada por el Tribunal Supremo por cinco presuntos delitos en la Trama Púnica.

El PSOE liderará la lucha municipal contra Montoro

Una vez que el PSOE ha terminado sus procesos electorales internos, al menos a nivel estatal y regional, y que el huracán Cataluña amaina, las distintas secretarias comienzan a trabajar con fuerza para recuperar el pulso de la opinión pública. Así, la secretaria de Política Municipal, Susana Sumelzo, junto al secretario adjunto de Política Municipal, Alejandro Soler, y José Vélez, secretario de Pequeños Municipios, han mantenido hoy una reunión de coordinación en Ferraz con los responsables autonómicos de Política Municipal.

En la reunión han marcado como asunto clave la lucha contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la asfixia financiera a la que viene sometiendo a los municipios españoles, especialmente si no son del PP (como se ha demostrado en el caso de Madrid), mediante la regla de gasto, la tasa de reposición y el uso del superávit. La modificación de la Ley de Reforma Local (LRSAL), que impusieron bajo la mayoría absoluta, viene ahogando a muchos municipios que no pueden gestionar ni los recursos mínimos.

Según Sumelzo: “Si el Gobierno sigue con su actitud seguirá sin posibilitar a los Ayuntamientos el cumplimiento del papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad necesario”. Por ello solicitarán al Gobierno que modifique la regla de gasto en vigor, que elimine los límites impuestos para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit a los servicios que consideren, y que se permita una tasa de reposición del 100%.

También desean los socialistas derogar la LRSAL, y sustituirla por un proyecto de Ley de Bases de Régimen Local que establezca un marco competencial que impulse la autonomía local y la suficiencia financiera de los Entes Locales, y junto a ello, la aprobación de una nueva Ley de Haciendas Locales y la reforma de las fuentes de financiación municipal que recoja una oferta de servicios públicos de redistribución capaces de mantener el equilibrio presupuestario.

Igualmente, la reunión ha servido transmitir que las próximas elecciones locales son fundamentales para el PSOE, marcando Sumelzo el objetivo de “ganar las próximas elecciones municipales previstas para el 9 de junio del 2019 y liderar la política local”. Todo ello como un avance de la victoria que se desea en las Elecciones Generales.

PSOE y CCOO en defensa del Servicio Postal Universal

César Ramos, portavoz socialista de Fomento, ha registrado una nueva batería de iniciativas para pedir explicaciones sobre «cómo tiene previsto el gobierno reintegrar el recorte de los 120 millones que aplicó a la partida para el Servicio Postal Universal durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017», a través de preguntas escritas registradas, tal y como se comprometió con los sindicatos de Correos.

Ramos, junto a representantes de CCOO, han registrado la petición de comparecencia en Comisión, de la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, para que dé cuenta sobre «la situación y previsiones de aprobación del Plan Estratégico de Correos». Igualmente, se ha pedido que comparezca la subsecretaria de Fomento, para que informe sobre «la financiación del Servicio Postal, tras los recortes y del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Prestaciones de dicho servicio».

«Nos da la sensación de que el PP con su actuación lo que está haciendo es matar a Correos poco a poco, y para nosotros esta es una empresa pública que es referencia y no lo vamos a consentir», algo que «afecta a miles de trabajadores y que destaca por su importancia en el ámbito territorial y en las zonas rurales», ha señalado Ramos.

En este sentido, el portavoz de Fomento socialista ha asegurado que «seguiremos presentando iniciativas en este sentido, en línea con la PNL ya registrada y queremos pedir a Correos que llegue a un acuerdo con los trabajadores porque llevan congeladas desde hace tiempo las condiciones laborales, tras una serie de recortes; pedimos también que haga el gobierno un Plan Estratégico para Correos, con el fin de garantizar su viabilidad, y además, reivindicamos que de una vez, que se desarrolle la legislación del reglamento relativa al Servicio Postal Universal».

Regino Martí, secretario general del sector Postal de CCOO, ha recordado que vienen trabajando junto a UGT en distintas iniciativas con diferentes grupos parlamentarios sobre este sector y además, ha  denunciado la «inacción absoluta que está teniendo el gobierno con respecto a Correos y que está metiendo a esta empresa en una vía muerta». Así, lamentó que en estos momentos “hay un bloqueo de la financiación del servicio público universal, lo que deja millones de personas sin este servicio; hay un Plan Estratégico aprobado por la empresa pero que el gobierno está paralizando y en consecuencia sin este plan, las condiciones de trabajo de los empleados quedan bloqueadas desde hace 6 años».

El sindicato CCOO ha advertido que la política de brazos caídos del Gobierno en material postal está poniendo al operador postal público en vía muerta porque puede dejar a Correos fuera de juego en el mercado de la paquetería, con pérdida de ingresos y, en consecuencia, con riesgo de entrar en déficit irreversible y con el claro perjuicio a millones de personas que se merecen un servicio público de calidad, que no van a poder recibir por una pérdida masiva de empleo que CCOO no va a consentir. Por eso, el sindicato va a iniciar las acciones pertinentes que tratará que sean lo más unitarias posibles, para promover las movilizaciones necesarias para cambiar la mortífera hoja de ruta del Gobierno «a-postal» que están padeciendo la empresa postal pública, trabajadores/as y ciudadanía.

El PSOE apuesta por la Renta Mínima Garantizada

El secretario de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero, ha valorado que el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que compareció ayer en la Comisión de Empleo del Congreso, calificara la propuesta de renta mínima para los desempleados como una propuesta de gran calado, con un potencial redistributivo muy significativo.

Escudero ve muy positivo que instituciones como la AIReF reconozcan que medidas como la iniciativa legislativa popular que se está tramitando en el Congreso entrañe importantes efectos redistributivos, “algo que consideramos muy necesario en un contexto en el que, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el 22,3% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza”.

“En un contexto como el actual, en el que el PIB crece a buen ritmo y sin embargo la tasa de riesgo de pobreza va en aumento, es urgente sacar adelante iniciativas como la ILP o el Ingreso Mínimo Vital, que hemos propuesto en nuestro programa electoral, e incluso ir más allá” explica Ecudero. Además agrega que “desde el PSOE estamos a favor, cuando las posibilidades presupuestarias lo permitan en un futuro próximo, de la creación de un impuesto negativo sobre la renta, que permitiría entregar, de manera incondicionada, una transferencia a todos los declarantes que tengan una renta bruta inferior a 5.300 euros, de manera que se garantice que llegan a ese nivel de ingresos”.

Según los cálculos de secretario socialista, no sólo se habla de garantizar un derecho ciudadano, sino que “supondría un paso relevante en la lucha contra la pobreza extrema, que beneficiaría a más de 2 millones de personas y para lo que estimamos un coste total de 5.500 millones de euros”.

“Mientras los efectos de la recuperación económica siguen sin percibirse por una buena parte de la ciudadanía de este país, el PSOE seguirá insistiendo en la necesidad de aprobar iniciativas que busquen avanzar de un modo decidido y urgente en un plan de choche de lucha contra la pobreza y la desigualdad”, concluye.

La Oficina de Reconstrucción asesora diariamente a una media de 100 personas

El Portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha informado que esta área municipal está atendiendo a una media diaria de 100 personas afectadas en mayor o menor medida por los terremotos del año 2011, ayudándoles principalmente a la consecución de trámites relacionados con la reconstrucción de sus inmuebles, la tramitación de recursos de cualquier tipo ante administraciones, seguros privados o comunidades de propietarios, así como una amplia batería de documentos acreditativos, oficios, tramitación de ruinas técnicas o económicas, además de varios perfiles de alegaciones.

Francisco García ha manifestado que todos los lorquinos que necesiten tramitar cualquier tipo de reclamación relacionada con los terremotos tienen a su disposición el equipo técnicos de esta área municipal al completo. Estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos, y nos tienen a su servicio para canalizar las gestiones que estimen oportunas. Esta Concejalía detecta los problemas y los resuelve, ofreciendo garantías a quienes lo necesitan. Que nadie dude en acercarse a nuestra oficina para aclarar cualquier cuestión. El ritmo de trabajo diario que seguimos registrando a día de hoy reporta la atención a un centenar de personas, lo que refleja el amplio grado de conocimiento y aceptación que la labor de este servicio tiene entre los lorquinos.

El Portavoz Municipal ha explicado que cada caso derivado de los terremotos obtiene en esta oficina una atención personal e individualizada, porque la idiosincrasia particular de cada familia afectada por los seísmos contiene una multiplicidad de cuestiones que procedemos a analizar y ordenar para obtener una solución concreta. De hecho, como ejemplos más destacados, podemos indicar que gracias a la labor que hemos venido desarrollando desde la puesta en marcha de esta concejalía, se desbloqueó la reconstrucción de más de 80 casas y edificios gracias a la aprobación de la Ley de Sustitución que disolvía las minorías de bloqueo, y se han podido constituir más de 40 nuevas comunidades de propietarios de bloques de viviendas que no contaban con esta entidad, algo que impedía la obtención de ayudas o subvenciones. Esta concejalía, además, ha logrado que se aprueben 2 prórrogas adicionales a lo establecido en los Reales Decretos aprobados referentes al caso de los terremotos, lo que ha beneficiado a miles de lorquinos.

Francisco García ha señalado que, aunque la amalgama de casos es muy dispar, el perfil más habitual de persona que requiere la atención de esta concejalía y se beneficia del asesoramiento que prestamos corresponde a una persona mayor de 50 años que desconoce la legislación existente, así como las ayudas a las que puede acceder, así como cuestiones paralelas como el pago de indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, ayudas para pago de alquileres y otras ventajas. De forma habitual estos afectados, tras la tramitación de los pertinentes documentos, obtienen una respuesta satisfactoria.

El Portavoz de la Administración Municipal ha señalado que los profesionales que atienden este servicio han adquirido una extraordinaria experiencia, un valor que hay de poner de manifiesto, puesto que contribuye a acelerar la gestión de documentos y reclamaciones, lo que se traduce en términos tangibles en obtener una solución rápida y efectiva, cuyo marco temporal varía dependiendo de la complejidad de cada caso.

Francisco García ha reseñado que hasta la fecha se han elaborado 3.506 documentos de múltiples materias para completar los expedientes a afectados por los seísmos, y se han elaborado 6.810 oficios que han sido remitidos a petición de los ciudadanos. Se ha tramitado la declaración de 926 ruinas de inmuebles, además de formular 872 alegaciones, 809 recursos potestativos, 205 recursos de carácter extraordinario y 24 de alzada. Se han efectuado, además, 1.183 inspecciones técnicas por parte de este servicio para la obtención de prórrogas de ayudas.

El Portavoz del Ejecutivo Local ha animado a todos los lorquinos que presenten incidencias ligadas a los terremotos a beneficiarse de este servicio, especialmente a aquellos que recientemente han sido requeridos para verificar el empleo de la ayuda. De hecho, entre otras herramientas legales y administrativas, la Oficina dispone de un informe propio que valora como esencial el cumplimiento del objetivo de la ayuda, rechazando excesivos formalismo y rigorismos, y que aboga por rechazar la conversión del defecto formal en incumplimiento. Este documento recoge, además, que no resulta adecuado llevar a cabo la exigencia de documentación que al margen de las bases de la convocatoria pueda decidirse. Se trata de dos ejemplos concretos de argumentación jurídica que pueden ayudar en gran medida a solucionar estos casos.

Águilas incrementa en un 50% la cuantía destinada a los presupuestos participativos

“Manteniendo nuestro compromiso de transparencia y participación con la ciudadanía, los presupuestos municipales para el próximo año, como ya ocurriese en el pasado ejercicio, acogerán las propuestas que los vecinos de Águilas hagan llegar a la concejalía de Participación Ciudadana”; así lo anunciaron ayer los ediles de Haciendo y Participación Ciudadana, Tomás Consentino y Luis López, durante una rueda de prensa cuyo objetivo era dar a conocer la campaña Presupuestos Participativos 2018.

El objetivo es hacer partícipes a los ciudadanos de lo que les afecta directamente y para poder hacerlo desde las concejalía implicadas se han puesto en marcha diferentes canales, como son: el facebook Participación Ciudadana Águilas, la aplicación en la página web del Ayuntamiento de Águilas, un correo específico para las aportaciones a los presupuestos participativos ([email protected]) y también mediante whatsApp (689055226); todo ellos sin menoscabo de la relación directa a través de las Juntas Vecinales”, ha explicado el concejal de Participación Ciudadana, Luis López.

El concejal de Hacienda ha señalado que “lo que se busca es una participación directa de nuestros vecinos en el día a día de los que es la gestión municipal; y qué duda cabe que una parte muy importante de esa gestión es en qué nos gastamos el dinero”. A este respecto, el edil ha explicado que hay una parte del montante total del presupuesto que tiene un destino ya fijado, como es el gasto de personal, energía eléctrica, suministros, etcétera; de modo, que las propuestas ciudadanas se reflejarán en la partida de inversiones directas, ascendente a una cuantía de 300.000 euros, lo que supone un incremento del 50% respecto al pasado año. El periodo para enviar las propuestas ciudadanas se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.

Señor Miquel Roca Junyent, ni en derecho ni en democracia

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En estos días el señor Roca Junyent ha sido o será recibido por la Junta Única de Resolución para hacer las consultas correspondientes en referencia a la documentación que la JUR utilizó para la intervención del Banco Popular. Entre esos documentos, evidentemente, está el informe provisional de Deloitte en el que se plantean distintos escenarios, uno de ellos claramente positivo. Sin embargo, la JUR sólo aplicó los negativos y, haciéndose caso de la comunicación que presuntamente firmó Emilio Saracho y que, tal y como podría usted comprobar en Diario16, tiene una veracidad muy discutible y que, en derecho, podría ser la prueba definitiva para determinar que la Junta Única tomó una resolución en la que fueron arruinados más de 305.000 familias a través de una documentación con una verosimilitud muy cuestionable y con un informe que los inspectores del Banco de España han catalogado como de «grosería técnica».

En esa reunión mantenida con la JUR usted ha ido a defender los intereses de su cliente, la familia chilena Luksic. Señor Roca Junyent, aunque usted haya acudido a esa reunión para defender los intereses de su cliente, la familia chilena Juksic, debería conocer que en un régimen democrático lo que se le dijera en ese encuentro es de interés general para todos aquellos arruinados que no tienen la capacidad económica de su cliente y, por tanto, tienen una obligación moral de comparecer públicamente para que todos los afectados conozcan lo que la JUR justifica para haber decidido intervenir al Popular en base a dos documentos que tienen una validez jurídica muy cuestionable, por no decir nula.

¿Ha podido usted acceder al informe de Deloitte? Si fuera así, la situación sería muy grave puesto que las propias instituciones europeas estarían agraviando tanto al resto de afectados por esta presunta estafa como a los propios representantes del pueblo español a los que se les ha negado el acceso. Esto en democracia no es admisible y una persona que representa lo que usted representa en la construcción de nuestro régimen político debe saberlo y, como la mujer del César, no sólo debe serlo, sino parecerlo.

¿Acudió usted a la Junta Única de Resolución con la intención de llegar a algún tipo de acuerdo? Si fuera así, también sería muy grave puesto que las propias instituciones europeas estarían agraviando al resto de afectados que, a diferencia de su cliente, se les dejó sin recursos para acceder a una defensa judicial con la capacidad de la que usted le puede prestar a la familia Luksic. Evidentemente, no criticamos que usted intente llegar a un acuerdo. Es su trabajo y por eso le pagan. Lo peligroso es que se le plantee por ser quien es su cliente.

Señor Roca, usted tiene una responsabilidad con su cliente, pero, indirectamente, también la tiene con todos y cada uno de los afectados del Banco Popular porque cualquier información que pueda tener no puede ser ocultada ya que hay algo más en juego que los millones que perdió la familia Luksic. Si usted conoce el contenido del informe de Deloitte, debe compartirlo a través de una comparecencia pública, ya sea a la prensa, ya sea en el Congreso de los Diputados, ya sea con los europarlamentarios españoles. Si usted no conocía de la existencia de la comunicación a la JUR por parte del Popular que presuntamente firmó Emilio Saracho (algo que es muy dudoso) y por el que se inicia todo el proceso de intervención, en Diario16 lo tiene disponible.

Los agravios comparativos ni en derecho ni en democracia son admisibles y usted en este país representa algo más que a un despacho de abogados. Haga honor a ello.