Mediterraneo Diario16

El Santander debía dejar todo atado antes de dar el paso final. No podía haber sorpresas. Por eso indicó al Popular cómo debían actuar cuando llegara el momento, y eso se hizo en el despacho Uría y Menéndez más afín al Santander, el mismo que hace lobby por la entidad cántabra o la que se encargó de contratar bufetes para provocar conflictos de interés de cara a las demandas que vendría por parte de los más de 305.000 arruinados. Diario16 ha tenido acceso al documento en el que se dan las instrucciones sobre cómo comunicar la inviabilidad y otros que se pergeñaron en las oficinas del bufete. Esto es una muestra de esa documentación:

Esta conversación tuvo lugar en la mañana del 2 de junio —un día antes de que llegara la oferta de Barclays, cuatro días antes de la del Deutsche Bank y unos días antes de la fuga de depósitos por 14.000 millones de euros— entre Joaquín Hervada Yáñez, secretario del Consejo de Administración, y el bufete de referencia del Santander cuatro días antes de la reunión del Consejo de Administración y de la noche de la intervención, es decir, ya lo estaban preparando todo.  En esta transcripción se asesora desde el despacho cómo justificar ante el Consejo de Administración que el banco era inviable, como consecuencia de que no se informara de las ofertas de Barclays ni de Deutsche, aunque, tal y como se afirma en dicha transcripción, era fundamental dejar claro que «no basta con la posibilidad más o menos hipotética si las circunstancias reales de los planes para evitar la inviabilidad ponen de manifiesto que no son realistas, aunque sea posible que se hagan realidad esas medidas que corregirían los incumplimientos». Por otro lado, se reconoce que «la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato».

Por otro lado, el Santander ha realizado una nueva jugada para retrasar a la Justicia y ganar tiempo para generar un escenario de «tierra quemada» que impida a las más de 305.000 familias recuperar lo que se les quitó con nocturnidad y alevosía en la madrugada del 6 al 7 de junio.

Los abogados de la entidad presidida por Ana Patricia Botín han acudido a una táctica procesal en la que reclaman que se archiven todas las causas abiertas porque, como la decisión fue adoptada por la Junta Única de Resolución, debe ser el Tribunal General de la Unión Europea quien determine las cada vez menos presuntas irregularidades cometidas para que el Santander pudiera hacerse con la sexta entidad financiera del país.

Por un lado, utilizar esta argumentación que falta al respeto al Poder Judicial español, demuestra que en los despachos de la zona noble de Boadilla del Monte hay miedo a que un juez pueda determinar lo que todos intuyen: que la operación fue un cúmulo de irregularidades en los que se podrían haber cometido los presuntos delitos de manipulación del mercado o de estafa, además de haberse saltado la legislación concursal española, para poder entregar por un euro el Popular al Santander.

La decisión la adoptó la JUR, eso es cierto, pero hubo otros movimientos que se ejecutaron en España y que, en consecuencia, deberían ser juzgados por nuestros tribunales, movimientos que fueron la causa principal de que la Junta de Resolución interviniera al Popular. Todos los movimientos de Emilio Saracho estuvieron encaminados a debilitar al banco que presidía.

Los ataques al valor del Popular que generaron tanto pánico entre los depositantes y los accionistas se ejecutaron en España, ataques que venían desde posiciones bajistas como Marshall Wace o BlackRock, el primero gracias a la posibilidad de operar en nuestro país gracias a JP Morgan Chase (el banco de Saracho); el segundo, el máximo accionista del Santander.

La inacción del Banco de España y de la CNMV ante estos ataques de los bajistas también se produjo en nuestro país. El permitir que el Popular fuera atacado inmisericordemente por las posiciones a corto en vez de suspender la cotización o de prohibirlas, tal y como se hizo con Liberbank, debe ser juzgado por los tribunales españoles porque los europeos no tienen competencia para ello.

La ocultación de las ofertas para ampliar capital de Barclays y de Deutsche Bank se produjo en España, no en Europa.

El freno interesado por parte de Saracho de la venta del TotalBank al BCI chileno por una cantidad de 540 millones también se produjo en España y no en Europa. Este hecho es importante puesto que ahora el Santander pretende venderlo a la misma entidad por 140 millones menos, pero el beneficio de esta operación lo obtendrá la entidad cántabra y no el Popular.

La JUR tomó la decisión de intervenir a la sexta entidad española a través de la documentación que le envió Saracho respecto a la última reunión del Consejo de Administración, una documentación que viene acompañada también de posibles irregularidades.

En primer lugar, por la carta que encabeza esos documentos puesto que no tiene ninguna validez dado que la firma no se corresponde con la del presidente del Popular ni va acompañada de antefirma ni de sello del banco.

La JUR ya tiene suficiente información para ver este asunto y no entrar en complicidad con la presunta estafa. Cualquiera pudo escribir la carta y firmarla. Su silencio al respecto de este documento raya ya con la complicidad en la presunta estafa. En segundo lugar, porque la estrategia para decidir la inviabilidad del Popular se decidió antes de que se celebrara esa reunión en un despacho citada. Diario16 seguirá mostrando la documentación procedente de ese despacho que lo certifica. En tercer lugar, porque en ese mismo documento salido del despacho de abogados del Santander se determina que «el único incumplimiento de ratios se consideró por el Consejo no significativo porque había un plan creíble para retornar al cumplimiento».

Todo ello por no hablar del secretismo y la opacidad a la hora de entregar la documentación por la que se adoptó la decisión de regalar el Popular al Santander por un euro. La negativa de la JUR para entregar el informe provisional de Deloitte —una grosería técnica, según los inspectores del Banco de España—, Congreso de los Diputados incluido, es ya un hecho sospechoso sobre la legalidad de todo el proceso. No está en juego el sistema financiero europeo, como afirmaron cuando el Congreso lo solicitó, lo que está en juego es la supervivencia del Santander.

La entidad presidida por Ana Patricia Botín está acostumbrada históricamente a que los tribunales les hagan caso y tapen sus escándalos. Este nuevo movimiento de sus abogados va encaminado a continuar utilizando esa presunta impunidad y a ampliar los plazos para que, una vez que la Justicia actúe, se pudiera encontrar con un escenario en el que la operación no pueda ser anulada. Hacerlo como lo han hecho debería ser causa suficiente para despertar las sospechas en la Audiencia Nacional y que el juez Andreu (aunque más que posiblemente esté trabajando en ello) adopte con la misma celeridad que en otros muchos casos más o menos recientes en la misma Audiencia Nacional medidas cautelares que impidan al Santander continuar haciendo negocio con lo que es una parte del patrimonio de los accionistas del Popular, de las víctimas de la salvación del Santander.

El Banco Central Europeo deja muy claro los puntos sobre los que asentar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección y establece una serie de principios y criterios de evaluación. En referencia los primeros, destaca la responsabilidad principal de las entidades de crédito y su función de salvaguardia. Los bancos tienen la obligación de y la responsabilidad de seleccionar y nombrar miembros del órgano de dirección que cumplan con una serie de requisitos de idoneidad. El Santander no puede manifestar que ha cumplido con dicho principio puesto que diferentes hechos demostrarían que, presuntamente, miembros de su Consejo de Administración y de su Comité Ejecutivo no hacen honor a la honorabilidad por la comisión de presuntas infracciones como, por ejemplo, la adelantada por Diario16 en referencia a la finca de Mijas, además de otras que presentaremos en este artículo.

En referencia a los criterios de evaluación, el BCE establece una serie de criterios que son muy claros: la reputación, los conflictos de interés y la idoneidad colectiva. Respecto a la primera, el Santander ha tenido en los últimos años numerosos escándalos en los que se han visto inmersos sus más altos directivos, una conducta que, además, es reiterativa.

Recordemos el caso de las cesiones de crédito en la que estuvo procesado el propio Emilio Botín junto a Rodrigo Echenique, Ricardo Alonso Clavel y José Ignacio Uclés. Las acusaciones contra estos dirigentes fueron archivadas por una maniobra procesal creada ex professo y ex novo por la Audiencia Nacional y que dio lugar a lo que se ha denominado como Doctrina Botín. Estas cesiones de crédito eran una modalidad de inversión desarrollada por el Santander por la cual la entidad traspasaba una tercera parte de un crédito contraído con una empresa sin que se practicaran retenciones a los rendimientos, lo que ofrecía un modo de eludir el pago a Hacienda de cantidades equivalentes al 28% del capital invertido. Estas operaciones reportaron al Santander una cantidad cercana a los 2.584 millones de euros que supusieron un perjuicio a la Hacienda Pública estimado en 872 millones de euros. Fue sorprendente el hecho de que tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado se unieran a los letrados del Santander en la petición de sobreseimiento de la causa, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio económico que el producto en cuestión había generado al Estado español.

Otro caso que afecta a la reputación fue el de la ocultación por la familia Botín de un 8% del capital social de Bankinter al no comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta ocultación se hizo a través de sociedades opacas en paraísos fiscales, hecho que conllevó una imposición de sanciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Ese mismo día la CNMV impuso dos sanciones al Banco Santander por infracciones muy graves por un valor de 16,9 millones de euros.

La familia Botín, además, ocultó al fisco sus cuentas en el HSBC en Suiza, hecho que se supo gracias a la publicación de la Lista Falciani. Según la información del ex analista, la familia Botín ocultaba en el país helvético una cantidad aproximada de 2.000 millones de euros escondidos en un entramado societario en diferentes paraísos fiscales. Por esta información, la familia regularizó pagando 200 millones a Hacienda. Según la propia familia, este dinero fue sacado de España en el año 1.936, es decir, que tres generaciones de miembros de los Botín ocultaron en redes societarias en paraísos fiscales esa cantidad de 2.000 millones de euros sin que ninguna autoridad ni durante el franquismo, ni durante la democracia, hicieran nada para que se regularizara la situación. Sin embargo, aunque se reglara la situación, había un presunto delito fiscal que debía ser investigado y que, casualmente, fue archivado.

A consecuencia de las cuentas ocultas de la familia Botín en Suiza, en la actualidad se encuentran abiertas diligencias en la Audiencia Nacional en las que están imputados Ignacio Benjumea y toda la cúpula del departamento de Cumplimiento y Prevención el Blanqueo de Capitales. Según un acta del Banco de España, se había detectado que el Santander permitía a la alta dirección estar al margen del servicio de reporting sistemático contra el blanqueo de capitales.

El Santander, además, mantuvo en su puesto de Consejero Delegado a Alfredo Sáenz a pesar de haber sido condenado en sentencia penal firme. No cesó en su cargo hasta que el Tribunal Supremo declaró nulo el escandaloso indulto que le concedió el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

No se puede olvidar en estos escándalos la implicación del Santander en la Operación Nelson relacionada con los cuantiosos pagos a Ausbanc y con la estrecha relación existente entre Luis Pineda (imputado y en prisión preventiva por presuntos delitos de extorsión) y Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo (vicepresidente del Consejo y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios). La instrucción de la causa viene revelando la fluida comunicación de Cendoya con Pineda y los favores prestados entre los que destaca la contratación del hijo de Pineda en el Santander de Londres entre otras cosas. Ausbanc formaba parte de la acusación en el caso de las cesiones de crédito de la que se retiró, al parecer, después de que el banco hubiera, presuntamente, accedido a la extorsión.

No podemos olvidar los últimos escándalos o los últimos comportamientos poco éticos aplicados por el Santander en su necesidad de supervivencia. La compra del Popular por un euro ha tenido comportamientos que podrían ser calificados como una presunta estafa y que, como es lógico, están siendo estudiados por la Justicia, tal y como estamos informando en Diario16. Por otro lado, las estrategias poco éticas de control de empresas estratégicas y tecnología como Duro Felguera o Abengoa, o la relación con personajes como Miguel Zorita también influyen claramente en la pérdida de prestigio del Santander y el incumplimiento de las normas del propio BCE.

Esta relación de escándalos, las sanciones de la CNMV y las operaciones que sobrepasan la línea de la ética mínima exigida a una entidad como el Santander están provocando que varios de sus máximos accionistas se estén planteando una renovación total de los máximos órganos de gobierno del banco, presidencia incluida. Sin embargo, no son sólo los principales accionistas, sino que entre los minoristas ya se están organizando en diferentes plataformas para exigir responsabilidades en la próxima Junta General de Accionistas o para reclamar la celebración de una Junta Extraordinaria para solicitar la dimisión o forzar el cese de Ana Patricia Botín y del actual Consejo.