miércoles, 22 abril, 2026

Ciudadanos pide al equipo de Gobierno la devolución a las arcas públicas de 74.840 euros

En una comparecencia informativa, el Concejal-Portavoz de Ciudadanos en Lorca, Antonio Meca ha afirmado “no entender la gestión económica nefasta y presuntamente ilegal” que ha cometido el equipo de Gobierno encargando “a dedo a una empresa privada los conciertos de pago de la feria”, dotándole de todos los medios materiales y humanos (equipos de sonido, escenario, vigilancia, etc) “para que haga un negocio privado donde obtuvo unos beneficios aproximados de taquilla  de 129.000 euros y nos resulta inexplicable que además le regalara 74.840 euros”.

Los Servicios jurídicos confirman que los pagos indebidos “han supuesto un presunto quebranto económico a las arcas municipales, y esto se incardina como responsabilidad contable al concurrir los elementos configuradores de la misma,  los cuales se encuentran recogidos en el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.

En el supuesto de que no se trate de un error, sino de una acción intencionada y deliberada con la finalidad de allegar recursos de forma ilegal a unas empresas privadas que tienen como elemento unificador a una persona física, la acción podría ser constitutiva de varios delitos, como los de prevaricación, malversación y fraude, señala Meca.

EL Concejal de Ciudadanos argumenta que “nuestra intención no es la de causar perjuicio personal ni patrimonial a las autoridades y funcionarios de la Corporación Municipal,  sino que nos mueve tan solo el empeño de velar por el interés general del municipio de Lorca y, por ello, evitar  que se produzca quebranto alguno a sus arcas municipales”, por lo que han solicitado que se  proceda a iniciar expediente que, tras los trámites oportunos, concluya con el reintegro a las arcas municipales  de la cantidad total de 74.840 euros que se han abonado indebidamente y por un mero acto de liberalidad  a las mercantiles “Costa Cálida Entertainment S.L.”, y “Silbato Producciones S.L.” según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de julio de 2017.

Susana Díaz contenta con la aprobación de los Presupuestos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2018, aprobado por el Parlamento, que alcanza los 34.759 millones de euros. Díaz ha subrayado que las cuentas para el próximo año garantizarán la estabilidad política, institucional y económica, y ha hecho un especial hincapié en la sensibilidad de las mismas con los ciudadanos. La presidenta ha situado como objetivo prioritario del Presupuesto la creación de empleo, así como la ampliación y recuperación de derechos a través de los servicios públicos.

Ha precisado que tres de cada cuatro euros del presupuesto andaluz se destinan a dichos servicios y que, entre otros factores, dedica un «mimo» especial a la sanidad, contempla una subida importante en la educación, asegura el apoyo a los dependientes y la cobertura social para garantizar la igualdad de oportunidades. Por todo ello, ha considerado que «son unos buenos presupuestos, sensibles y comprometidos».

Las cuentas de la Junta para el próximo año experimentan un crecimiento del 3,9% en las políticas de gasto. Tendrán un marcado carácter social y trasladarán el crecimiento de la actividad económica a las familias andaluzas, mediante la revitalización de los servicios públicos, la recuperación y ampliación de derechos y la creación de empleo. Para ello, se dedican ocho de cada 10 euros a gasto social, con crecimientos significativos en las políticas de salud, educación y dependencia.

Asimismo, se consagran nuevos derechos como la Renta Mínima de Inserción Social, dotada con 198 millones de euros, o la bonificación de las matrículas universitarias, tanto de grado como de máster. Asimismo, a partir del 1 de enero, ningún empleado público a jornada completa de la Junta cobrará por debajo de 1.000 euros.

En el debate final del proyecto de ley en el Pleno, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha subrayado que las cuentas públicas de Andalucía para el próximo año son el reflejo de «una sociedad con vocación de ser equitativa y justa».

Montero, que ha recordado que la Junta es la primera administración que aprueba su Presupuesto, ha defendido que ha sido concebido y diseñado «con pasión y rigor, para no dejar en la cuneta a quienes lo están pasando peor y para acortar la brecha social que ha quedado como la peor cicatriz de la crisis que nos ha azotado». En este sentido, ha señalado que las cuentas públicas de 2018 pretenden ser la respuesta para cada una de las personas «que conforman esta tierra y esta sociedad».

La consejera ha hecho hincapié en el «marcado carácter social» de unas cuentas que trasladan el crecimiento de la actividad económica a las familias andaluzas, mediante la revitalización de los servicios públicos, la recuperación y ampliación de derechos y la creación de empleo. Respecto a la inversión pública, el gasto de capital se sitúa en 3.709,5 millones de euros, lo que equivale al 2,2% del PIB regional y al 12,1% del gasto financiero.

1.151 millones más para políticas públicas

El gasto no financiero, es decir, el que se destina a financiar las políticas públicas registra un aumento efectivo de 1.151 millones de euros, un 3,9% más, hasta situarse en 30.628,9 millones de euros para 2018. El gasto social absorbe el 83% del Presupuesto y crece un 4,8%, por encima del conjunto de las políticas. Se mantiene de este modo la tendencia de la comunidad autónoma durante los últimos cuatro años en los que se ha registrado un incremento acumulado del 20% en sanidad (1.587 millones de euros más), del 13% en educación (861 millones más) y del 23% en servicios sociales y dependencia (400 millones más).

Andalucía continúa blindando los pilares del estado de bienestar. Sanidad, con una dotación de 9.809 millones de euros, dispondrá de 505 millones más en 2018 y un incremento del 5,4%, para profundizar en la universalidad y la equidad del sistema sanitario público. Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud contará con el mayor presupuesto de su historia, concretamente, 9.013 millones de euros, para mantener la cartera de servicios sin copagos y atender nuevos ámbitos.

Educación dispondrá de 7.527millones de euros, un 3,8% más que en el presente ejercicio. De ellos, un total de 6.329 millones se destinan a la enseñanza no universitaria que, en dos años superará los 100.000 docentes, tras un incremento de las plantillas de los centros del 5,6% en dos años. Asimismo, crece un 5% la partida para formación, un 6,1% el programa de Innovación y evaluación educativa, un 4,8% educación compensatoria y más de un 6% educación especial.

El apoyo a las familias también se incrementa un 4,4% hasta los 196,5 millones de euros y las becas que la Junta de Andalucía financia con fondos propios (Adriano, Segunda oportunidad y Beca 6000), alcanzan los 45,7 millones, para atender a todos los solicitantes que reúnen los requisitos y no acceden a las ayudas estatales. Asimismo, el Presupuesto consagra la bonificación de hasta el 99% de los créditos universitarios, un nuevo derecho que ya ha comenzado a aplicarse este mismo curso.

Renta mínima de inserción social

La política de servicios sociales y dependencia, concentra recursos por un importe de 2.132,7 millones, lo que representa un aumento del 7,2%, de los que más de la mitad se destinan a Dependencia (1.214 millones de euros, un 2,5% más). En el ámbito de la atención a los colectivos más vulnerables, se pone en marcha de la renta mínima de inserción social, con un presupuesto de 198 millones de euros que permitirá arbitrar una prestación garantizada del sistema público para unas 45.000 familias.

Por su parte, las políticas dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, registran una subida del 3,8% de las partidas del Instituto Andaluz de la Mujer que llegan a los 42,9 millones de euros y del 12,1% de las de atención a mujeres y víctimas de violencia de género, que también cuenta con dotaciones específicas desarrolladas a través de la Consejería de Justicia.

El empleo y el crecimiento económico se mantienen como las grandes prioridades de la comunidad autónoma y en 2018 se dedican 2.183 millones, 69 millones más que este año, a partidas dirigidas a dinamizar la economía y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Para la mejora de la cualificación de la población a través de la Formación Profesional para el Empleo, se consignan 239 millones de euros y se dedican otros 766 millones para empleabilidad e intermediación, que incluye un Programa de empleo industrial (308 millones de euros), del que se podrán beneficiar en torno a 35.000 andaluces. El sector agrario y pesquero recibe una dotación que supera los 730 millones de euros, cuya Consejería crece un 4,9%.

IU-Verdes denuncia el abandono de la casa de las ONG’s y reclama mayor atención municipal

Adoración Peñas, concejala de IU-Verdes de Lorca, ha manifestado que el robo producido en la Casa de las ONG,S el pasado fin de semana podría haberse evitado si el ayuntamiento prestara más atención a este espacio municipal que tiene prácticamente olvidado.

Según cuenta la edil, dicho robo, en el que además de la sustracción de ordenadores y materiales, se han producido diversos actos vandálicos, como destrozo de puertas, maquinaria y diferentes materiales, podría haberse evitado si el Ayuntamiento prestara más atención a este espacio municipal.

Peñas advierte que el centro no cuenta con ninguna medida de seguridad, incluso existen cámaras de vigilancia que ni siquiera están habilitadas y señala que esto es una muestra más del abandono sistemático que este centro sufre por parte del equipo de gobierno.

Desde IU-Verdes recuerdan que la Casa de las ONG,s nació como un espacio común que alberga a casi una veintena de asociaciones, vinculadas en su mayoría a actuaciones sanitarias y sociales, ejerciendo funciones de atención , prevención y promoción social con diferentes colectivos.

A pesar de ello, son muchas las reivindicaciones históricas que dichas organizaciones vienen reclamando ante los responsables políticos, fundamentalmente una mayor dotación de recursos técnicos y económicos, y la ampliación de espacio físico para aquellas asociaciones que presentan un volumen de atención más elevado y el espacio asignado se les queda pequeño, teniendo que hacer malabarismos para atender a las personas en las adecuadas condiciones.

En este sentido, Peñas exige a la concejala de bienestar social, así como al propio alcalde que refuercen las condiciones de seguridad de este centro para no tener que lamentar más robos en los que son las asociaciones las que salen perdiendo, unido a las economías humildes que suelen presentar. Manifiesta la concejala que al mismo tiempo el ayuntamiento debe prestar la consideración y la atención que merece la Casa de las ONG,S y todos los organismos  que la componen, sacándola del ostracismo y del olvido en el que está anclada y apartada.

Asimismo, la edil hace hincapié en la urgente necesidad de que se atiendan de manera eficaz todas las reivindicaciones de estas organizaciones que están realizando una indiscutible labor social para nuestro municipio con una colaboración más que estrecha con servicios sociales y con la propia sociedad.

Mora y Belarra (Unidos Podemos) visitarán al fin a los migrantes de Archidona

Nunca habían intentado con tanto denuedo entrar representantes políticos en una cárcel. Tampoco ha sido común la negación del permiso para visitar a los migrantes que viven encerrados en la cárcel de Archidona. Maribel Mora, senadora, e Ione Belarra, diputada, han conseguido que el ministerio de Interior les permita entrar hoy en el centro penitenciario para observar in situ las condiciones en las que se encuentran los migrantes allí retenidos. Ya se ha denunciado que es una clara vulneración de los Derechos Humanos y las dirigentes políticas quieren verificar que no se incumplen más preceptos humanitarios.

Tras negarse la entrada a la propia senadora Mora y al diputado europeo Urbán, la semana pasada, el ministerio de Interior, una vez que han debido acondicionar medianamente el centro, ha incluido a los representantes de Podemos en la visita “guiada” que han preparado. Como si de visitar un castillo medieval o un viaje a Benidorm, los responsables ministeriales no quieren dejar nada al azar y que se les vean las costuras. Como se informó, algunos de los propios policías que custodian a los migrantes tuvieron que ir a comprar agua y alimentos, pagados de su bolsillo, por las condiciones en que se encontraban estas personas.

Denuncia ante el Defensor del Pueblo

Por otra parte, los portavoces parlamentarios de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu en las comisiones de Interior de Congreso y Senado, así como en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, han remitido una queja a la institución que encabeza Francisco Fernández Marugán. En el texto remitido se insta al Defensor del Pueblo «a tomar las medidas y recomendaciones que procedan” ante el internamiento en la prisión de Archidona (Málaga) de cientos de migrantes llegados en patera a las costas españolas durante las últimas semanas.

Tal y como apunta el texto, “si bien dichos internamientos han contado con autorización judicial, nos consta que en dichas resoluciones se recoge que estas personas iban a ser internadas en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)” y no en un recinto de carácter penitenciario. Los grupos políticos firmantes del texto recuerdan también al Defensor del Pueblo que “nuestro ordenamiento configura y expresa nítidamente el carácter no penitenciario de los CIE”, tal y como se establece en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como en el artículo 1.2 del Real Decreto 162/2014, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE. Habida cuenta de que a través de la Orden de Interior 247/2017 de marzo del presente año se crea el Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, los grupos parlamentarios firmantes del escrito entienden que el recinto “no es legalmente apto para el internamiento de extranjeros”.

La queja remitida al Defensor del Pueblo añade además que, según el contenido de la sentencia 807/2015 del Tribunal Supremo, la decisión de Interior supone una grave ilegalidad, pues aunque el Gobierno tiene la potestad de “crear centros de internamiento de carácter temporal y transitorio por razones de emergencia”, no se ha producido ninguna resolución por parte del Ministerio para habilitar la cárcel de Archidona como centro provisional o temporal para el internamiento de extranjeros.

Otra de las graves irregularidades que los parlamentarios apuntan en su escrito es que la cárcel de Archidona (Málaga) “carece de suministros básicos, como el agua potable, razón por la cual no estaba siquiera operativo para funcionar como centro penitenciario”. La prisión, además, “carecía del personal necesario para funcionar como Centro de Internamiento, habiendo podido destinarse personal de las UIP (antidisturbios)”, lo que supone “una evidencia de la inexistencia de los servicios establecidos reglamentariamente, en especial los de carácter sanitario, jurídico, sociales, culturales y religiosos, lo que igualmente debiera haber impedido los internamientos”. De la misma manera, a las personas recluidas se les podría haber impedido el acceso a teléfonos móviles, contrariamente a lo establecido en varios autos de diferentes Juzgados de Control.

El texto pone también sobre la mesa “las denuncias públicas realizadas por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía sobre las condiciones del traslado” al Centro Penitenciario de Málaga II. Los propios agentes de Policía denunciaban que en el dispositivo de traslado no se había previsto siquiera que las personas migrantes tuvieran acceso a agua y alimentos, que hubieron de ser adquiridos en las estaciones de servicio de la zona. Asimismo, ACAIP –Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias- ha presentado una denuncia por la actuación del Ministerio del Interior.

El Psoe califica de “incapaz” al PP por no encontrar un solar para construir el Centro de Salud de San Cristóbal

La Viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha vuelto a poner de manifiesto la “urgente” necesidad de que Sanidad construya un nuevo Centro de Salud para la zona de influencia del Barrio de San Cristóbal que “alivie” el “hacinamiento diario” que sufren los 30.000 usuarios que tienen cartilla en San Diego.

Sánchez Jódar ha advertido que la construcción de este nuevo centro “permanece bloqueada” pues, mientras el Partido Popular de Lorca siga sin ofrecer los terrenos municipales necesarios, el Gobierno regional tendrá la “excusa perfecta” para seguir sin tener que destinar “ni un céntimo” a la construcción de este centro.

La edil socialista asegura que el PP lleva años ejerciendo un “maltrato sistemático” a los usuarios de la sanidad de San Diego y de San Cristóbal, y que ha derivado en el “hacinamiento” diario que padecen. Asegura que la situación actual del Centro de Salud de San Diego es “caótica” y que es consecuencia directa, primero, del cierre de las consultas de tarde que el PP aplicó en 2015 así como del cierre de las urgencias de San Diego en 2016, que además está generando el “colapso” de las urgencias de Sutullena y “Rafael Méndez”.

A estos recortes, asegura, “se suman los engaños y las falsas promesas que el PP ha venido haciendo durante los últimos años” y recuerda que el cierre de las urgencias de San Diego vino acompañado de la promesa del PP de destinar 200.000 euros para la “reubicación y mejora” del área de pediatría de San Diego en las dependencias que quedaron vacías con el cierre de las urgencias.

Sin embargo, denuncia que pasado un año “ni Urgencias, ni Servicio de Pediatría mejorado” pues nada se ha hecho en todo este tiempo. Sánchez Jódar asegura que esos 200.000 euros “se han perdido” y advierte que la prueba está en que el PP ha tenido que volver a presupuestar esa cantidad para 2018, incrementándola en 40.000 euros, necesarios para mejorar un espacio “que por la falta de mantenimiento, ha seguido deteriorándose”.

La edil asegura que “los engaños del PP a los lorquinos superan con creces las capacidades demostradas”. Marisol Sánchez denuncia que los lorquinos están padeciendo “el agotamiento” del PP que, sólo para buscar los terrenos necesarios en los que construir el nuevo Centro de Salud en el Barrio lleva empleados “sin éxito” 10 años. “Ni en 10 años ni con 2 alcaldes han sido capaces de poner a disposición de Sanidad el solar para el nuevo centro”, por lo que “ya han demostrado hasta donde llega este equipo de Gobierno”, sentencia.

En este sentido, la edil asegura que las políticas del PP perjudican gravemente la atención sanitaria del municipio, por lo que a los ciudadanos de Lorca les “sobran las razones” para dejar de votar al PP.

“Caos en San Diego: 1.986 pacientes por médico de familia y más de una semana de demora para cita con el médico de cabecera”

Sánchez Jódar ha vuelto a poner de manifiesto el “caos” diario que se vive en el centro de salud de Lorca-San Diego. Asegura que, especialmente a primera hora de la mañana, el hacinamiento es “máximo” pues se ven obligados a convivir “mezclados” desde el paciente que acude para una analítica hasta el mayor que espera para el médico de cabecera o el niño para su médico pediatra.

La edil socialista denuncia que San Diego es desde hace años, el centro de Atención Primaria de toda la Región de Murcia con el mayor cupo de cartillas. En concreto, cada médico atiende a 1.986 pacientes, siendo esta la tasa más alta de toda el Servicio Murciano de Salud.

Esta situación se traduce en las “demoras ilegales” que los pacientes siguen soportando. Asegura que estos usuarios tienen que esperar “más de una semana” para ser atendidos por su médico de cabecera. Una demora “ilegal”, pues sobrepasan los tiempos de demora contemplados por Ley, y que tiene como consecuencia la sobrecarga de los profesionales del centro y la desesperación de los pacientes

Respuesta municipal

Por su parte y desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, la Concejal de Sanidad, María del Carmen Ruiz ha señalado que hasta la fecha “desde hace más de dos años hemos visto más de diez solares que no reúnen los requisitos estipulados por la Consejería de Sanidad” y acusa al PSOE “de no haber previsto el crecimiento en el barrio de San Cristóbal durante su mandato. Por eso no tenemos terreno municipal y tenemos que recurrir a parcelas privadas. Así llevamos dos años”.

Según Ruiz, en el último Pleno municipal, Ruiz solicitó la colaboración del PSOE “para encontrar solares adecuados a tal fin. Ahora me sorprende la actuación de los socialistas pues mientras que ellos critican, nosotros seguiremos buscando la forma de solucionar este tema”. Ruiz rechaza que el PSOE haya presentado alguna aportación. Hay que sentarse y encontrar soluciones entre todos, aunque es posible que al equipo de Gobierno se le haya pasado algún solar”.

“Muchas de las parcelas privadas encontradas, que serían apropiadas, nos encontramos con que el propietario pide el triple de su precio, entre otros problemas. El equipo de Gobierno no renuncia a encontrar un espacio conveniente, y posiblemente tengamos que recurrir a la figura de la modificación del Plan General”, señala la responsable municipal de Sanidad.

Murcia se sitúa como la cuarta comunidad que más dinero destina a la enseñanza concertada

El 74,9% de los ingresos de los centros privados de enseñanza de la Región de Murcia procedieron de subvenciones públicas en el curso 2014-2015, mientras que un 23,7% correspondió a las cuotas abonadas por las familias y un 1,4% de otras fuentes privadas.

Según la última Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada, la subvención media anual por alumno de la enseñanza concertada ascendió en la Región a 3.005 euros en el curso 2014-2015, mientras que la media estatal fue de 2.869 euros.

La aportación pública en los centros concertados no universitarios fue del 69,2 % en el curso 2014-15, lo que supone un descenso del 4,9 % en cinco años, y el número de alumnos para este tipo de educación aumentó un 9,4 % en el mismo periodo.

Las comunidades autónomas que más dinero aportan por alumno de un centro concertado son País Vasco, Navarra y Cantabria mientras que las que menos son Canarias, Melilla y Extremadura.

En el curso 2014-15 el número total de alumnos no universitarios en centros concertados ascendió a 2,16 millones frente a los 1,97 millones del curso 2009-10.

La Administración Pública aportó en total a la educación privada no universitaria (centros concertados y privados) el 54,2 % de los ingresos corrientes en el curso 2014-15 (hace diez años fue del 58,8 %) y el 42,8 % correspondió a las cuotas pagadas por los hogares (37,6 % en 2009-10).

Por alumno, los gastos corrientes ese curso fueron de 3.843 euros en centros no universitarios concertados; de 4.655 euros en no concertados; y de 5.300 euros en la enseñanza universitaria. El INE recuerda en su nota que la enseñanza privada no universitaria comprende centros concertados (poseen al menos un aula concertada) y no concertados (no poseen ningún aula concertada).

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes que percibieron el conjunto de centros privados en el curso 2014-15 se situaron en 4.138 euros por alumno. En los centros concertados, esta cifra descendió un 0,4 % mientras que en los no concertados aumentó un 6,4 % respecto al curso 2009-10.

Las subvenciones públicas por alumno descendieron un 6,9 % situándose en una media de 2.244 euros y en los centros concertados fueron de 2.726 euros (un 5,3 % menos que en el curso 2009-10). Por el contrario, las cuotas por alumno abonadas por los hogares aumentaron un 14,9 % (un 19,2 % en los centros concertados).

Los hogares pagaron por los servicios complementarios ofertados 1.310,5 millones de euros. De esta cifra, el 76,5 % correspondió al comedor; el 8,6 % al transporte; el 2,4 % al cuidado de niños antes o después del horario escolar; el 1,8 % a la residencia; y el 10 % a otros servicios (tupper escolar, gabinete psicopedagógico, enfermería, bar, cine…).

El servicio de comedor fue el más demandado, con el 32,4 % de los alumnos de los centros concertados y del 60,3 % de los no concertados. En el curso 2009-10 estos porcentajes fueron del 29,8 % y 60,9 %, respectivamente.

Los hogares abonaron 998 euros por usuario de comedor en centros concertados y 1.036 euros en los no concertados.

Los niveles con más alumnado concertado fueron Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria y ESO, y en no concertado (privado) recibieron más alumnos las etapas de Educación Infantil primer ciclo y Bachillerato.

Mayores porcentajes

Los mayores porcentajes de aportación pública respecto al total de ingresos corrientes se registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (un 93,6 %) y Melilla (un 80,1 %). Por el contrario, los niveles más bajos se dieron en la Comunidad de Madrid (38,1 %) y en Canarias (39,1 %).

Las comunidades con mayores porcentajes de cuotas de alumnos respecto al total de ingresos corrientes fueron Madrid (el 58,6 % de los ingresos corrientes, 2.715 euros por alumno), Canarias (el 56,8 %, 2.122 euros) y Cataluña (el 48,6 %, 2.475 euros). Presentaron menores proporciones de cuotas abonadas por los hogares Extremadura (el 17,3 % de los ingresos, 490 euros por alumno) y las ciudades autónomas de Melilla (el 13,7 %, 380 euros) y Ceuta (el 6,1 %, 172 euros).

Enseñanza universitaria

En cuanto a la enseñanza universitaria, el número de alumnos universitarios creció un 33,6 % respecto al curso 2009-10, destacando que las matriculaciones en máster y doctorados se duplicaron.

En este período de 10 años destaca el aumento del 80,2 % en el número de matrículas, el incremento del 22,7 % de los ingresos corrientes por alumno y el crecimiento del 29,6 % de los gastos corrientes por alumno.

Desde el punto de vista de los hogares, la educación privada universitaria supuso un coste medio de 5.402 euros para estudios de grado; de 7.828 euros para máster y doctorados; y de 2.889 para estudios propios. Por comunidades autónomas, la enseñanza privada universitaria se concentró en Madrid y Cataluña. Lo mismo sucedió con el volumen total de ingresos (con porcentajes del 36 % y 25,3 %, respectivamente) y de gastos (33,9 % y 27,1 %).

Los niveles de contaminación se mantienen en Murcia pese a la lluvia

La Policía Local de Murcia recordó durante ayer miércoles a través de sus redes sociales que pese a las lluvias que han caido en las útimas horas en la Región «se mantienen los índices de contaminación en Murcia», por lo que han recomendado el uso de transporte público para trasladarse por la ciudad.

Asimismo, el Cuerpo destaca que las quemas agrícolas controladas siguen aplazadas.

policia contaminación

La innovación en abierto como parte estratégica del modelo productivo

La directora general de Sector Público, Modelo Productivo y Patrimonio, Empar Martínez Bonafé, ha visitado hoy las instalaciones de Innsomnia, ubicadas en la Base 2 de la Marina de València, que ocupó el equipo Team Germany. El entorno está gestionado por el Consorcio público que comparten Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València. Martínez Bonafé se ha interesado por el modelo de innovación en abierto que desarrolla Innsomnia, por el que acerca a las startups a empresas y entidades para que juntos inicien procesos de co-creación.

El objetivo es que las startups crezcan y se consoliden facturando a otras empresas por ayudarles a digitalizarse. «Esto es un entorno estratégico del modelo productivo valenciano», ha indicado la directora general en referencia al modelo de Innsomnia. La empresa valenciana constituida el año pasado ha creado la primera incubadora y aceleradora fintech de España para Bankia. En su primer ciclo ha logrado que el 70% de las empresas incubadas acaben produciendo productos financieros para Bankia. En la segunda convocatoria, cuyo ciclo acaba de comenzar, se ha elegido para incubar o acelerar a 13 startups de las 76 presentadas.

Innsomnia también ha realizado un proceso de digitalización con Feria Valencia que ha permitido a la entidad alzarse con el premio al mejor proyecto de Innovación de las ferias lationaméricanas.

Empar Martínez se ha interesado especialmente por las fases de co-creación entre las startups y las empresas o entidades, los métodos y la eficacia de los programas. La directora general también ha podido conocer de primera mano la situación de las antiguas bases de Copa América que gestiona el Consorcio en el que ella participa.

18.000 millones: el primer botín que obtiene el Santander del Popular

Distintos auditores y expertos en contabilidad bancaria independientes de diferentes países, tanto de la UE como de los Estados Unidos, recibieron el encargo de Diario16 de analizar las cuentas del Santander y del Popular, tanto antes como, sobre todo, después de la intervención del 7 de junio. Las conclusiones que hemos recibido son bastante esclarecedoras respecto a lo que venimos publicando en este medio en referencia a que la operación del Popular se realizó con un único fin: rescatar a la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

Los datos son escalofriantes. En base a los créditos fiscales del Popular que ha ya han sido monetizados, el Santander se ha embolsado 1.158 millones de euros. Por el concepto de ventas de activos no corrientes la entidad cántabra ya ha contabilizado en sus cuentas 6.980 millones de euros. En referencia a efectivos de otros bancos el Santander ya ha contabilizado 4.310 millones de euros. Finalmente, en base a negocios conjuntos y asociados, la entidad cántabra se ha embolsado 5.400 millones de euros. En total, desde la intervención, es decir, transcurridos menos de seis meses, el Santander ha obtenido casi 18.000 millones de euros del Popular (17.849.820.000).

Estos datos nos llevan a la conclusión de que la situación real del Popular no era tan grave como los promotores de la operación quisieron hacer ver, por más que Emilio Saracho, al servicio de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, presentara en la última reunión del Consejo de Administración del Popular que el banco no tenía otra salida que declararse inviable, siguiendo las instrucciones que le enviaron al secretario del Consejo desde el despacho de abogados de referencia del Santander. No hay más que recordar que Barclays, en su oferta para ampliar capital por 4.000 millones de euros, reconocía que hacían su ofrecimiento porque el Popular era una entidad viable, solvente y con liquidez.

Gracias a esa inyección de dinero el Santander está pudiendo arreglar sus cuentas, tal y como se demuestra en la provisión de 600 millones de euros de Santander Consumer USA Holdings (SCUSA) por los menores beneficios previstos en la filial estadounidense, a lo que hay que añadir la salida definitiva de SCUSA de Thomas Dundon tras adquirir el Santander su participación en la entidad por un valor de 713 millones. En total, más de 1.300 millones que ahora que tiene el dinero que le está aportando el Popular puede utilizar para «tapar agujeros», como ocurre el día de la Lotería de Navidad a quienes les toca el Gordo. A Ana Patricia Botín el Gordo le cayó el día 7 de junio. ¿Cuál será el próximo lugar donde el Santander tendrá que provisionar para arreglar sus cuentas? ¿Reino Unido? ¿Alemania? Lo sabremos en breve porque el ejercicio 2.017 está finalizando y el Santander, al ser una entidad cotizada, estará obligado a facilitar esa información a los órganos reguladores correspondientes.

Sin embargo, esos casi 18.000 millones no es la única cantidad que se anotará el Santander. Según las conclusiones de estos expertos independientes de diferentes países, a final de año la cantidad constituirá más del doble, concretamente 25.697 millones de euros más, correspondiente a la operación con BlackStone, con la liberalización de provisiones del Popular y los créditos fiscales que quedan por monetizar.

Por tanto, el Santander podrá anotar en su contabilidad de final de año un total de 43.547 millones de euros, una cantidad que, evidentemente, el Santander tenía en sus estimaciones, una cantidad que le salvará de perder su categoría de banco sistémico mundial. Hay que recordar un dato que demuestra la deriva de la entidad cántabra desde que Ana Patricia Botín se hizo con la presidencia: sólo ha incrementado el beneficio en 360 millones de euros.

Estos datos demuestran claramente que el Popular no era un banco zombi como afirmó el ministro Luis de Guindos, sino que disponía de recursos suficientes como para poder salir de la situación en la que se encontraba gracias a los movimientos de Emilio Saracho y de todos los cómplices que le ayudaron a perder un 62% de su cotización y más de 15.000 millones de euros en depósitos. ¿Esto no lo vieron la JUR, el FROB, el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía? Más bien, prefirieron no verlo porque el fin no era otro que salvar al Santander aunque para ello hubiese que arruinar a más de 305.000 familias.

Manuel Escudero: “El Gobierno ni tiene, ni le preocupa tener ningún plan para hacer frente a la situación de pobreza”

El secretario Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero, tildó hoy de “irresponsables y alarmistas” las declaraciones del secretario de estado de Presupuestos, Alberto Nadal, en las que afirmaba que la implantación de una renta mínima, tal y como se plantea en la proposición de Ley que se debate en el Congreso a raíz de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por UGT y CCOO, provocaría la quiebra de la Hacienda pública y pondría en peligro el sistema de bienestar. Escudero aseguró que estas palabras “ponen de manifiesto que el Gobierno ni tiene ni le preocupa tener ningún plan para hacer frente a la situación de pobreza que aún se vive en nuestro país en el cuarto año de recuperación económica”.

A juicio de Escudero, “no basta con criticar la iniciativa de renta básica que han presentado los sindicatos; si realmente fuera inviable, la obligación que tiene el Gobierno es la de presentar una alternativa, porque la situación que se está viviendo es de emergencia social, como bien ha señalado la Comisión Europea hace sólo unos días”.

El dirigente socialista apuntó que “existen fórmulas para garantizar una transferencia de renta estatal a aquellos ciudadanos que están por debajo de un nivel mínimo de ingresos”. En este sentido, recordó que “el PSOE defiende fórmulas que avanzan en el sentido de la propuesta de los sindicatos (como el ingreso mínimo vital, o a través de un impuesto negativo sobre la renta)”.

Escudero explicó que “el coste estimado en una primera fase se situaría en el entorno de los 2.400 millones de euros y en su implantación completa en torno a los 5.500 millones de euros, una cifra importante, pero que es asumible en el contexto de una reforma fiscal posible que no afecte a las clases medias y trabajadoras y que presentaremos a comienzos de 2018 en nuestra propuesta presupuestaria alternativa”.

“Frente al alarmismo irresponsable de Nadal, existen alternativas que no suponen en absoluto la quiebra de la Hacienda, que tienen un coste limitado y que sin embargo tienen un gran efecto redistributivo. El PSOE lo tiene claro y va a seguir trabajando en esta dirección”, sentenció.