Los españoles ganamos menos en nuestros puestos de trabajo y el salario medio cae por debajo de los 1.900 euros, según los datos de la EPA publicados ayer. Además, de este informe se desprende que más de un 30% de la población activa es mileurista y que 1,5 millones de trabajadores en nuestro país ganaron menos de 710,1 euros mensuales. Por su parte, la brecha salarial se ha reducido, pero aun así el sueldo medio masculino es un 24,9% superior al femenino.
El sueldo medio masculino es un 24,9% superior al femenino
Así, el salario medio se situó en 2016 en 1.878,1 euros brutos al mes, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al año anterior y romper una racha de subidas desde hace una década,
El salario mediano, el que se sitúa justo en medio de todos los salarios de España y que divide a los que más y menos cobran, queda en 1.594,5 euros, también por debajo del año anterior, cuando marcó 1.596,8 euros.
El 30% de los españoles (4,58 millones de asalariados) ganaron menos de 1.229,3 euros, mientras que el 40% (6,1 millones) obtuvo remuneraciones de entre 1.229,3 y 2.137,5 euros brutos mensuales y el 30% restante (4,58 millones de asalariados) cobró un sueldo superior a 2.137,5 euros al mes
Siguiendo los datos, uno de cada cinco españoles, más de tres millones de personas (3.056.500 asalariados), ganaron menos de 1.002,8 euros brutos al mes durante el año 2016. De ellos, en torno a 1,5 millones de trabajadores ganaron menos de 710,1 euros mensuales.
Según el tipo de jornada, el 35,8% de los asalariados a jornada completa ganó más de 2.137,5 euros mensuales en 2016 y el 18,5% percibió menos de 1.229,3 euros. Por el contrario, el 87,5% de los asalariados a tiempo parcial ganó menos de 1.229,3 euros mensuales y sólo el 1,2% cobró más de 2.137,5 euros.
El salario medio bruto de los trabajadores a jornada completa alcanzó los 2.106,7 euros mensuales, casi tres veces más que los asalariados a jornada parcial (734,2 euros), aunque en estas diferencias debe tenerse en cuenta que el número medio de horas semanales habitualmente trabajadas en 2016 superó las 40 horas para los trabajadores a jornada completa, frente a las 19 horas de los asalariados a tiempo parcial.
Brechas salariales por sexo, edad y contrato
Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores con menor antigüedad en las empresas y los contratados temporalmente presentan los salarios más bajos.
En las mujeres, cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.229,3 euros, frente a dos de cada diez varones. El salario medio femenino se situó en 1.661 euros mensuales en 2016, por encima de los 1.643,8 euros de 2015, mientras que el salario medio de los hombres descendió en 2016 hasta los 2.075,7 euros mensuales. De este modo, el sueldo medio masculino es un 24,9% superior al femenino, diferencia que se ha reducido respecto a 2015, cuando esta brecha superaba el 29%.
Una de las razones que, según Estadística, explican las diferencias salariales por sexos es que las mujeres trabajan en mayor proporción que los varones en empleos a tiempo parcial, con contratos temporales, y en ramas de actividad peor remuneradas.
También existen brechas salariales según la edad y el tipo de contrato. Así, el sueldo medio de los jóvenes de entre 16 y 24 años se situó en 2016 en 1.029,3 euros mensuales, menos de la mitad de lo que cobraron, de media, los asalariados de 55 y más años (2.228,1 euros). En los jóvenes menores de 25 años, el porcentaje que cobra menos de 1.229,3 euros al mes alcanza el 71,2% (en los asalariados de 55 y más años el porcentaje baja al 21,4%).
Por tipo de contrato, el sueldo medio mensual de los indefinidos (2.079,8 euros en 2016) supera en un 58,4% al de los temporales (1.312,4 euros). El 50,9% de los asalariados con contrato temporal ganaron menos de 1.229,3 euros en 2016, frente al 22,6% de los indefinidos que se encontraban en esta misma situación.
Por nivel de formación, el salario medio de los asalariados con educación primaria (1.383,7 euros mensuales) es un 72% inferior al de los que tienen estudios superiores (2.380,4 euros), mientras que, por antigüedad, los que llevan diez o más años trabajando cobran de media casi el doble que los que llevan menos de un año (2.397,3 euros frente a 1.232,3 euros).
Ni el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ni la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han actuado en ningún momento desde que comenzó el curso escolar hace dos meses para atajar la plaga de pulgas que ha ocasionado numerosas picaduras a alumnos de hasta 15 clases del colegio público Augusto Santiago Bellido, ubicado en pleno centro del municipio malagueño. Una parcela contigua utilizada por los dueños de perros para que estos hagan allí sus necesidades es el foco de la plaga, según han confirmado tanto fuentes municipales como del colegio afectado.
Después de dos meses de curso académico, y solo gracias a una iniciativa municipal de Izquierda Unida aprobada en pleno por unanimidad, este solar pasará a titularidad municipal para ampliar las instalaciones del centro público, como así venían reclamando insistentemente los padres y madres de alumnos del colegio malagueño.
No solo las pulgas son el único problema para los 500 alumnos matriculados en el Augusto Santiago Bellido, también se ha denunciado la presencia de roedores por los alrededores, algo que no ha provocado reacción alguna ni en los organismos de sanidad competentes ni en la Delegación Territorial de Educación, pese a que desde el AMPA del centro se venía denunciando esta presencia de pulgas y roedores desde el inicio del curso. Muchos de los niños que han sufrido las picaduras han tenido incluso que ser atendidos en el centro de salud de la localidad malagueña.
El consistorio municipal ha actuado por primera vez este miércoles por la mañana con el denominado sistema de ‘choque térmico’, es decir, extender con agua a presión a 80 grados todas las zonas sensibles del centro escolar para atajar la plaga. Pese a que desde la Concejalía de Educación se ha señalado como “prioritario” resolver este problema que se prolonga ya desde hace dos meses, ha tenido que ser el ultimátum dado por los padres el que ha movido a las autoridades municipales a actuar.
Los progenitores de los alumnos habían amenazado a la dirección del colegio y a los responsables de Educación que estaban dispuestos a paralizar las clases y no acudir al centro como medida de presión porque la situación se había vuelto “insostenible”, confirman responsables del AMPA.
Los asuntos por los que los máximos accionistas del Santander están planteándose la destitución de Ana Patricia Botín y de su equipo de máxima confianza se acumulan. Ha llegado a nuestro conocimiento la documentación por la que una empresa ha denunciado ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro a Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Matías Rodríguez Inciarte, Ignacio Benjumea y a otros directivos de inferior rango en el organigrama del banco por un presunto delito de administración desleal por el cual se habría estafado una cantidad aproximada a los cincuenta millones de euros a los accionistas del Banco de Santander.
Según el denunciante, los miembros del comité ejecutivo del Santander se aprovecharon de información privilegiada del propio banco y, en un claro conflicto de intereses, se habrían apropiado a título personal de una finca en Mijas para cobrar una expropiación de terrenos que se iba a ejecutar en dicha finca para la construcción de la autovía Málaga-Estepona. De este modo ocultaron presuntamente a los accionistas del Santander la compra de la finca y del consiguiente justiprecio devengado de la expropiación.
Los terrenos se vendieron un día antes de la publicación de la expropiación en el Boletín Oficial del Estado a una sociedad testaférrea que ni siquiera se encontraba inscrita en el Registro Mercantil en el día de la compra. Esta sociedad es Las Vertientes de Calahonda S.L. A pesar de que un tercio de la finca fue justipreciada por el Jurado Provincial de Málaga por más de 20 millones de euros y el mismo tercio fuera valorado por la sociedad testaférrea en más de 30 millones, el precio de la venta de la finca fue de 450.759 euros.
Todo ello fue posible por la utilización de diferentes testaferros españoles y de Liechtenstein, un país catalogado como paraíso fiscal. Los testaferros del principado centroeuropeo, Heinz y Herbert Batliner, fiduciarios y banqueros propietarios del banco VP Bank, han sido investigados, entre otras instituciones, por el BND (servicio secreto alemán), por la Asamblea Nacional de Francia, la DEA o el Senado de los Estados Unidos, por su presunta intervención en la evasión y blanqueo de capitales de narcotraficantes de los cárteles de Medellín y Cali, mafiosos, dictadores como Mobutu o Ferdinand Marcos, banqueros condenados como Mario Conde o los alemanes del Dresdner Bank, además de políticos condenados por corrupción como, por ejemplo, el ex Canciller alemán Helmut Kohl. Entre los testaferros españoles destacan Jaime Queipo de Llano Comyn, abogado fiduciario ligado al grupo Eurofinsa que fue investigado por la Audiencia Nacional por su relación con Gerardo y Víctor Ruiz y Mauricio Toledano, quienes estaban relacionados con presuntos sobornos a miembros del gobierno de Angola y contratos en Panamá. En el pasado, el abuelo de Jaime Queipo de Llano y el de Javier García-Carranza Benjumea fueron grandes amigos. También destaca Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, abogado del propio Santander y de varias empresas del Grupo.
El pasado mes de agosto se denunciaron los hechos ante la CNMV, el Banco de España y la Dirección General del Tesoro. Ninguno de estos organismos, salvo el Banco de España que efectuó actuaciones acordando remitir la denuncia al BCE, han llevado a cabo ninguna actuación ni han contestado a la empresa denunciante acusando recibo de la misma. También se remitió la documentación de la denuncia a todos los directores y a los miembros del comité consultivo de la CNMV y al presidente y secretario general de la AEB. Tampoco se ha recibido respuesta.
Las denuncias y los documentos acreditativos han sido remitidos también a los consejeros independientes del Santander solicitándoles que insten la destitución de los miembros del Consejo denunciados y de los que, en conocimiento de los hechos, no han hecho nada para investigar estos hechos ya que la falta de implicación puede ser interpretado como un modo de dar amparo a hechos presuntamente delictivos. De igual modo, la documentación se ha enviado a BlackRock como máximo accionista del Santander.
Comportamientos tan poco éticos como los denunciados afectan tanto a la imagen del Santander como a la de sus accionistas, tanto mayoritarios como minoritarios, un hecho que no pueden permitir y, por consiguiente, se están planteando muy seriamente la destitución de la presidenta como de su círculo de confianza, tanto consejeros como altos directivos.
El pasado 3 de octubre se conocía una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que concluía que las “devoluciones en caliente” practicadas por el Gobierno tanto en Ceuta como en Melilla son ilegales. La sentencia del órgano europeo determinaba que las expulsiones inmediatas, recogidas en la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería, violan el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. La sentencia conocida hace un mes se centra en el caso de dos inmigrantes subsaharianos que, tras pasar varias horas encaramados a la valla de Melilla, fueron interceptados y entregados a las autoridades marroquíes, sin que se les ofreciera un intérprete o abogado, tal y como establece el Convenio Europeo, y sin que tan siquiera se registraran sus nombres.
En este sentido la senadora de Unidos Podemos, Maribel Mora, presentó una proposición de Ley para que terminen de vulnerarse, tal y como señala el TEDH, los derechos humanos de las personas migrantes. “La sentencia del TEDH que conocimos el pasado mes confirma, tal y como numerosos colectivos sociales denuncian desde hace años, que nuestro Gobierno ha estado incumpliendo la normativa internacional a sabiendas”, afirma Mora.
A esto se suma que, además de las críticas de organizaciones nacionales e internacionales que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, la Proposición de Ley de Unidos Podemos recuerda que “el Congreso de los Diputados, a través de su Comisión de Interior, aprobó el 18 de octubre de 2016 una Proposición de Ley instando al Gobierno a que derogara las devoluciones en caliente”. Todo ello con la intención de acabar con una práctica que “carece de cualquier cobertura legal y constituye una vía arbitraria de hecho y una vulneración de garantías y derechos fundamentales”.
La iniciativa de Unidos Podemos también pretendía modificar la redacción de varios artículos de la actual Ley para garantizar que las personas interceptadas en las vallas y aguas territoriales españolas de Ceuta y Melilla “tengan derecho en todo caso a formalizar solicitud de protección internacional así como a acceder a todos aquellos instrumentos legales reconocidos en la legislación”, algo que en la actualidad no sucede.
No ha podido ser. El Pleno del Senado ha rechazado con los votos en contra del Partido Popular dar tramitación a la iniciativa de Unidos Podemos. Además, se ha contado con la abstención del PSOE y la reprimenda del PNV. Para los socialistas la proposición “llega tarde y es un mero parche frente a la que se está tramitando en el Congreso”. Una reforma impulsada por el PSOE de la Ley de Extranjería, que se haya en fase de enmiendas, por lo que la propuesta de Unidos Podemos sólo cabría calificarla de “oportunista” o “ignorante”.
Como reprimenda el PNV entiende que esta reforma y/o modificación debe llevarse al Congreso de los Diputados donde “las mayorías son otras”. Porque en el Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, no van a avanzar este tipo de iniciativas. Que sí ha sido apoyada por los vascos porque, según el senador del PNV Jon Iñarritu, “el 80% de las personas que llegan a las vallas son potenciales refugiados y el principal problema es que no pueden acceder a las oficinas de asilo”.
Las senadoras Yaiza Castilla (Agrupación Herrereña Independiente), Elisabet Abab (PDeCAT), María del Mar del Pino (CC) y Nerea Ahedo (PNV) también han planteado que quizás lo mejor es llevar el planteamiento al Pleno del Congreso para jugar con esas otras mayorías que allí existen.
Por su parte la impulsora de esta proposición, la senadora Mora, ha manifestado que el discurso de Juan José Imbroda del PP no le ha asombrado. Sí lo ha calificado de “xenófobo” y estar constantemente “faltando al respeto a las personas subsaharianas”. Sin embargo, sí se ha sorprendido de la postura del PSOE y más por esa excusa que han dado. En este sentido ha recordado la senadora de Unidos Podemos que el PSOE es el “partido que puso las vallas, que puso las concertinas y que comenzó las devoluciones en caliente”. Con la votación de hoy, a su parece, los partidos se han retratado en la defensa de los Derechos Humanos.
Después del esfuerzo realizado en recoger las firmas para poder presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de elaborar una serie de documentos acordes para dar la imagen de una ley, de luchar contra los desahucios de las personas más vulnerables que está dejando el austericidio del PP, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha topado con la ambigüedad de Ciudadanos. La formación naranja junto al Partido Popular de Cifuentes (que afirma siempre que destina 9 de cada 10 euros a cuestiones sociales, porque claro no puede gastarlos en otra cosa) han votado en contra de la tramitación de la ILP. Rechazan la voluntad popular y soberana de parte de la ciudadanía.
Lágrimas y enfado, mucho enfado en las personas de la PAH cuando se ha producido la votación. Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea, ha tenido que suspender el Pleno para desalojar a la decena de legisladores populares (de populus) que gritaban la vergüenza que era haber tirado por la borda, desde donde se dice reside la soberanía, sus esfuerzos y anhelos. Del PP esperaban el voto en contra, y más sabiendo que habían mantenido un informe del Ministerio de Justicia oculto durante meses donde se exponían ciertas posibles acciones contrarias a la Constitución. Pero Ciudadanos les han defraudado porque han estado jugando con la ambigüedad típica que les caracteriza.
Después de la Junta de Portavoces se le preguntó a Ignacio Aguado y dijo que lo estaban considerando. Antes de la entrada al Pleno de la Asamblea afirmó que en dos horas se sabría que aún no había nada. Lo que demuestra es que o bien estaban negociando algo con el gobierno de Cifuentes, o bien toman por tontos a periodistas y ciudadanos. Hicieron el amago del apoyo, pero luego, siguiendo la ideología que les conforma, votaron contra una cuestión social. Una vez más. No pudieron recurrir al cuñadismo pues era una ILP, no podían ponerse la medalla así que voto en contra. Lo justifican, como ha hecho Juan Rubio desde la tribuna con argumentos jurídicos, pero en el fondo les puede no poder aparecer en la foto. Los derechos sociales, como han demostrado suficientemente, sólo les son válidos si hay foto y premio.
Así que, los pacientes trabajadores de seguridad de la Asamblea han sacado a las personas de la PAH, con tan mala suerte que lo han hecho por la salida que utilizan diputados y trabajadores para fumar. Y hete aquí que se han encontrado con Juan Rubio y Ángel Zafra de Ciudadanos y, dado que iban muy enfadados, les han increpado, amenazado con escracharles y diciéndoles que era una vergüenza.
Afuera, en cuanto se han enterado de la noticia de la denegación de la tramitación, los manifestantes, unas cien personas, se han abalanzado contra las vallas del recinto de la Asamblea a gritar “vergüenza”, “no nos representáis” y otra serie de insultos, como se puede ver en el video que ha grabado Diario 16 Mediterráneo.
Como han explicado desde Podemos y PSOE, si había partes que podían ser anticonstitucionales se debería haber avisado para intentar corregirlas ahora, o durante el procedimiento de tramitación de la Ley. Duro y contundente ha estado el socialista Daniel Viondi acusando al gobierno de haber escondido el informe, que el PP sí había podido analizar por medio de Isabel Díez Ayuso (actualmente viceconsejera de Justicia), durante seis meses. Una vez más, ha venido a decir Viondi, el PP ha hecho trampas no dando la información a la oposición.
Al final la ILP de la PAH queda en agua de borrajas y las personas que se enfrentan a un desahucio no tendrán garantizada por ley una alternativa habitacional. Es decir, niños, niñas, mujeres y hombres quedarán en la calle sin más alternativa gracias a los votos de PP y Ciudadanos.
No deja de sorprender el alcalde de Roquetas de Mar. Cuando no es la mala recogida de basuras, es el “ladrillazo” en Las Salinas, cuando no es expropiar por encima de precio a sus propias hijas, es mentir con la Residencia Asistida de la Diputación. El caso es que cada semana tenemos una nueva noticia de lo que supone el Amat style, o lo que es lo mismo “hago lo que quiero y nadie me dice (puede decirme) nada”. Una dictadura encubierta a la que rodea la sospecha de la corrupción y la cárcel.
Gabriel Amat impuso un “tarifazo” del agua a la ciudadanía roquetera porque se entendía que era agua desalada, la cual cuesta más que la proveniente de ríos y demás fuentes habituales. Como nunca ha querido solicitar al Gobierno de su amigo Mariano Rajoy una subvención para ese tipo de agua, los almerienses, en general, y los roqueteros, en particular, pagan el agua desalada más cara. Hasta aquí, como mucho se podría hablar de mala gestión, pero cuál no sería la sorpresa que durante el último pleno del ayuntamiento de Roquetas, el munícipe reconoce que durante ese año de tarifazo el agua consumida es normal.
es de una inaudita desfachatez que año y medio después venga a decir Gabriel Amat que ahora el agua es buena
Pero esta situación no es sólo culpa de Amat sino de sus socios de gobierno, Ciudadanos (porque la concejala no adscrita, pero liberada con un sueldazo, se considera casi como PP a todos los efectos). Como ha manifestado los tres grupos de la oposición PSOE, IU y Tú Decides: “es de una inaudita desfachatez que año y medio después venga a decir Gabriel Amat que ahora el agua es buena, lo que directamente significa que se ha estado cobrando indebidamente la subida de tarifa aprobada hace año y medio con el apoyo de Ciudadanos”.
Por esta situación han solicitado la apertura de un expediente sancionador a la empresa Hidralia por “incumplimiento del contrato de suministro” y la devolución de lo cobrado de más desde que se subió la tarifa del agua sin que la mejora de calidad llegara a todos los hogares. Para PSOE, IU y TD, la subida debería aplicarse a partir de enero de 2018, “una vez hechas las obras y conocidos los costes reales del suministro”.
Desde los tres grupos se considera que “el tiempo nos viene a dar la razón y Ayuntamiento y empresa reconocen que es ahora cuando llega el agua a todos los hogares; ahora se sabe el coste de compra del metro cúbico de agua, el coste de las inversiones realizadas y la proporción de agua desalada y de pozos”. Pero mientras tanto la gracia de Amat ha costado un dineral a la ciudadanía roquetera. Eso sí, en fiestas paga como si fuera la Feria de Las Ventas, despilfarrando el dinero de los roqueteros pero cobrándoles el agua a precio de oro. Lo dicho Amat style.
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano afirmó que “sin saber dónde vamos es imposible establecer rutas fiables para combatir la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia”.
Esta mañana ha comparecido en la Comisión Especial de Pobreza y Exclusión Social, el director del Observatorio de Exclusión Social-Universidad de Murcia, Manuel Hernández Pedreño.
Consuelo Cano indicó que en la Región “gastamos recursos que podrían optimizarse, pero la ausencia de una buena planificación y coordinación entre administraciones, junto a la falta de datos regionales, complica mucho establecer rutas fiables para combatir la pobreza y sobre todo la exclusión social en la Región”.
La diputada socialista apeló al Gobierno regional a ampliar las encuestas regionales y hacerlas también desagregadas para obtener los datos necesarios que permitan establecer una estrategia efectiva.
Otro aspecto importante que destacó es la paulatina cronificación de la pobreza en la Región. “Tenemos que perseguir un cambio de modelo de lo asistencial a los derechos subjetivos de los ciudadanos, porque la protección social en la Región sigue siendo inferior a la media y muchos de nuestros fondos son externos: nacionales o europeos, lo que nos crea dependencia de fuera”.
Cano se refirió también a la importante brecha de desigualdad existente en nuestra Comunidad, siendo las zonas rurales las más afectadas por la pobreza; y “nuestro mayor problema es que la pobreza avanza hasta alcanzar a los más jóvenes, también a los extranjeros”.
Apuntó que “el fracaso y el abandono escolar temprano no dibujan un panorama muy alentador de futuro si no se trabaja decididamente para cambiarlo”.
La diputada socialista recordó que en 1993 la Región disponía de ingresos mínimos de inserción con cuantías asignadas a presupuestos superiores a las que tenemos hoy en Renta Básica; “sin embargo, a pesar de la aprobación del reglamento y del ligero incremento que ha experimentado la prestación sigue siendo insuficiente para garantizar un mínimo vital”, concluyó.
En estas mismas páginas presentábamos La mujer de Fearon, una obra de teatro que va más allá del propio teatro para fundirse con otras artes escénicas como la danza y la música. Evoca la escenografía y la apuesta de la directora al teatro clásico de los años 1960s y 1970s, donde se jugaba tanto con el texto como con otro tipo de sensaciones. Tiene tintes de Tamayo y su Calígula, de José María Rodero en El hombre deshabitado, pero sumando otras sensaciones al consciente y al inconsciente del espectador. Una obra que se puede ver todos los jueves de noviembre y diciembre en Nave73. Y nadie mejor que María Bigeriego para explicar el qué de su criatura.
D16. ¿Cómo surge la idea de transformar Salomé de Wilde en La mujer de Fearon?
MB. Es algo en lo que llevó trabajando desde hace cinco años. Me puse a escribir la obra desde esa obra poética tan preciosa de Wilde. Luego pensaba en ser la actriz, así que busqué una directora pero no hubo suerte. Busqué un director y tampoco. Al final decidí dirigirla yo misma y buscar un elenco con gente con la que había colaborado ya. Pero no es un proyecto de hoy, sino que llevamos trabajando en él directamente un año.
D16. ¿Por qué mezclar teatro, danza y música?
MB. Llevo años con esta idea en la cabeza. Como soy profesora de movimientos y voz quería mezclar la expresión corporal, la palabra, y la música. Me preguntaba cómo lograr que convergiesen las tres formas artísticas para entender mejor el conflicto y la situación de Salomé.
D16. Todo esa puesta en escena ayuda al doppelgänger del personaje de ella ¿no?
MB. Jugamos con las dos voces del personaje. La palabra de la narración, pero además poner en la música parte de ella y con la danza lo mismo.
D16. ¿Por qué Salomé?
MB. Salomé por la relación con los hombres y la luna. Su relación, en realidad, con el amor y de él con el amor a través de ella. Porque al final es una historia de amor.
D16. Mediante un impacto de varios sentidos…
MB. Jugamos con lo onírico del personaje mediante la danza, la música y la poesía, porque cómo abstraerse de esa poesía de Wilde. La simbología de la luna con la muerte, tan lorquiano ello. Buscar impactar no sólo con la palabra.
D16 ¿Y?
MB. Con el lenguaje surge lo más real y las cosas del amor en pareja, de lo cotidiano.
D16. Tal y como está el mundo teatral en Madrid tiene que haber sido una suerte poder estrenar en Madrid.
MB. Yo quería haber estrenado en el Teatro Lope de Ayala de Badajoz, mi tierra y donde tanto he actuado con la danza y el teatro, pero la suerte nos llamó. Estábamos programados para diciembre en Nave73, pero nos llamaron para comenzar en Noviembre y aquí estamos. Con los nervios ¡ja, ja, ja! En realidad había cierto vínculo con Nave73 a través de talleres, de la relación de Mario (Rebollo, pianista de la obra)…
D16. Y una obra con fuerte presencia de la mujer.
MB. Desde luego la mujer como protagonista, no sólo en el relato, sino en lo que hay detrás. (La actriz Virginia de la Cruz, la ayudante de dirección Matilde Gimeno o el diseño gráfico de Marta González)
D16. ¿Qué esperas de tu criatura?
MB. Que venga gente a verla. ¡ja, ja, ja! En serio, no me pongo expectativas porque luego ya se sabe… Me gustaría que esté calentito en patio de butacas.
D16. La apuesta de la obra ¿pone en valor muchas horas de teatro y de trabajo día a día?
MB. Sí. Todo ese background nos sirve para realizar una búsqueda de otro lenguaje. Buscar otra estética. Terminar de expresar lo que no se puede con la palabra. La danza y el movimiento para ir más allá de la palabra no dice. Y la música para ir más allá de lo que no expresa el movimiento.
La Real Academia de la Lengua define una estafa como un «Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro». Con todos los datos y la documentación que ha ido publicando Diario16 —y lo que está pendiente de publicar—, se puede concluir que todo lo acontecido en el «Caso Banco Popular» podría tratarse de una presunta estafa en la que las víctimas son, no sólo las más de 305.000 familias arruinadas, sino también los clientes que han visto cómo el banco de toda su vida fue comprado por un euro por otra entidad en la que, por razones obvias, no confiaban; los empleados que están viendo cómo sus puestos de trabajo está en serio peligro si Javier García-Carranza Benjumea ejecuta el plan de reestructuración que ya tiene diseñado.
Gracias a esta operación el Banco de Santander va a obtener un incremento de más del 20% de sus beneficios, tal y como señalan sendos informes de JP Morgan y de Morgan Stanley. Por tanto, en la operación de compra del Popular ha habido un perjuicio patrimonial para todos los afectados por la que el Santander está obteniendo lucro.
El fundamento de la presunta estafa está en la ejecución de este «tocomocho» de guante blanco. En primer, lugar hicieron caer la acción a través de la operación bajista en la que estuvieron implicados tanto empresas que operan en España a través de JP Morgan (banco del que era vicepresidente Emilio Saracho antes de aterrizar en el Popular) como de BlackRock quien, aunque era también uno de los máximos accionistas del Popular, es el principal accionista del Santander. Aquí se produjo el primer perjuicio patrimonial para los accionistas y el Santander aún no había entrado en el juego…, o eso se pensaba. Además, se produjo una manipulación del mercado, algo que es delito.
Una vez puesta en marcha la operación bajista, el Santander introdujo a su gente dentro del Popular para controlar los posibles movimientos que pudieran hacer mejorar la situación de la entidad o para frenar ofertas de compra, de entrada en el capital o de apoyo para una posible ampliación que hubiera solucionado la situación. De ahí que, «casualmente», se eligiera a Emilio Saracho —el «maestro» de la presidenta, según sus propias palabras— o que, cuando Francisco Aparicio Valls, secretario del Consejo, desmintió ante la CNMV la quiebra del Popular que publicó un medio de comunicación a través de las informaciones que filtraba el propio Saracho, fue despedido en apenas una semana y sustituido por Joaquín Hervada Yáñez.
Una vez que gente infiltrada que trabajaba para dos patrones ocupó los puestos claves, la operación siguió los parámetros marcados en la gestación de la misma. Sin embargo, hubo acontecimientos con los que no se contó: las ofertas de Barclays y de Deustche Bank no entraron en los cálculos, además de la oferta de Antonio del Valle de 5.000 millones de euros para la ampliación de capital. Si toda esa información llegaba al Consejo debía ser comunicada a la CNMV. Por ello no se compartió ninguna de las ofertas al Consejo, algo que incumplía con los Estatutos del Banco. Emilio Saracho lo ocultó deliberadamente.
El día 6 de junio se celebró un Consejo de Administración en el que, tras la exposición apocalíptica de Saracho, se decide comunicar —para eso sí que hubo prisa— a las autoridades que el Popular necesitaba ser intervenido por falta de liquidez. Se envió una carta a la Junta Única de Resolución, en concreto a Danielle Nouy en vez de a Helke König, que no tenía ninguna garantía porque ni se sabe quién la firma porque no va acompañada de antefirma ni está sellada por el banco. Cualquiera pudo haberla escrito y enviado. La firma podría interpretarse que es la de Saracho, pero si se compara con la del acta de la reunión del Consejo se puede comprobar que hay similitud pero que no es la misma ni está realizada por la misma mano. Este hecho es muy importante, porque no se trataba de un pedido de material de oficina o de artículos de limpieza, lo que se estaba jugando era la intervención de una entidad bancaria y de la ruina de más de 305.000 familias y que se tomara esa decisión a través de una carta presuntamente «falsa» es ya causa como para que la Justicia paralice, en principio, cautelarmente la operación.
A la izquierda, firma de Emilio Saracho en el acta del último Consejo de Administración. A la derecha, presunta firma de Emilio Saracho en la carga dirigida a la Junta Única de Resolución
Por otra parte, Saracho tampoco informó de las negociaciones paralelas que altos ejecutivos del Popular estaban haciendo con el Santander por un valor que osciló entre los 5.000 y los 3.000 millones de euros, negociaciones que fueron utilizadas por la entidad cántabra para sonsacar a estos ejecutivos los datos que necesitaban para realizar un estudio del número de puestos de trabajo, red de oficinas propiedad del Popular, el total de activos inmobiliarios, retomar la venta del TotalBank norteamericano que el propio Saracho había rechazado unos días antes, etc. De este modo, lograron hacerse una idea de que la operación sería un éxito, sobre todo si se lograba a un precio tan ventajoso como el de un euro.
Ese plan de actuación que, según publicó ayer El Confidencial, fue un chollo y, por lo tanto, uno de los motivos para ejecutar esta presunta estafa. Mientras en Boadilla del Monte o en la Avenida de Pereda se frotaban las manos, en 305.000 hogares españoles las lágrimas lo inundaban todo, lágrimas de dolor por estar arruinados pero también lágrimas de rabia por sentirse engañados.
Por otro lado, mientras está reunido el Consejo del Popular, en un despacho de abogados de Madrid los directores del departamento jurídico del Santander deciden que esas negociaciones abiertas entre la entidad cántabra y el Popular deben paralizarse. Saracho continúa ocultando las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank, además de esas negociaciones y, por supuesto, la oferta de Del Valle para la ampliación de capital. El ministro De Guindos también calla a pesar de que debiera estar informado de ello y, en consecuencia, el Banco de España y la CNMV no paralizan la cotización del Popular.
De ese despacho de abogados sale a través de una comunicación telefónica, que posteriormente es transcrita y entregada en el Popular, todo el plan de actuación de cara a la Junta Única de Resolución —recordemos que estamos aún en el día 6 de junio—, con todo lujo de detalles. Además, en ese despacho de abogados se prepara todo el plan de comunicación en el que se detallan todas las estrategias a utilizar para presentar la operación al día siguiente. «El día R» lo denominaron (¿R de resolución?). En la madrugada la JUR interviene al Popular a través de los informes provisionales, ultra secretos y opacos de Deloitte en los que se aplican criterios que los inspectores del Banco de España definieron como una «grosería técnica». ¿Cómo es posible que desde el despacho de abogados del Santander se establecieran las pautas de actuación del Popular de cara a la JUR y se diseñara al plan de comunicación para el día siguiente? La decisión estaba tomada el día 6 de junio como colofón a una operación que llevaba aplicándose desde hacía meses. Ahí está una de las claves de esta presunta estafa.
Unos días después el Santander anuncia una ampliación de capital por 7.000 millones de euros a la que acude la propia familia Botín incrementando sustancialmente su participación en el banco y en la que BlackRock se convierte en el máximo accionista de la entidad cántabra.
Antes de que Bruselas diera la autorización definitiva a la operación, el Santander ya estaba especulando con el patrimonio y los activos del Popular, colocan en la presidencia y en la vicepresidencia al primer y al segundo espada del Santander, se hacen con la cartera de clientes Pyme, recuperan gran parte de la liquidez perdida durante los días previos a la intervención (10.000 millones de euros), principalmente de entidades en las que tienen influencia tanto el ministro como la subdirectora general y consejera de empresas participadas, Francisca Ortega. Además de la venta de activos, se aprovechan de las DTA del Popular (créditos fiscales) para ahorrar costes impositivos (5.000 millones de euros). En pocas horas recuperan los 7.000 millones en activos del Popular, lo que da valor al Santander. Un chollo, está claro.
Todo el proceso de recuperación se podría haber ejecutado con el plan de viabilidad de Ángel Ron que fue aprobado por Luis de Guindos, el Banco de España y la CNMV. El propio Banco Popular lo podría haber llevado a cabo con sus 305.000 accionistas y más aún con las ofertas de Barclays y Deutsche que ocultaron los presuntos «empleados» del Santander Emilio Saracho y Joaquín Hervada.
Hay que dejar clara una cosa que el Santander pretende ocultar: la inversión realizada fue de un euro, no de 7.000 millones y un euro porque esa ampliación de capital se hizo para el propio beneficio del Santander. Así se intenta justificar la presunta estafa y se pretende engañar tanto al pueblo español como a las más de 305.000 familias arruinadas, lo cual es cruel.
La operación de la compra del Banco Popular, y más aún con los documentos del día 6 de junio que llegan a Joaquín Hervada, es una presunta estafa de Saracho, de Hervada, de Miguel Escrig. Como decíamos antes, la carta presuntamente falsa por la que se toma la decisión de intervenir el Popular ya es causa suficiente como para que la Audiencia Nacional paralice cautelarmente la operación. Los documentos están presentados por Diario16 desde el día 2 de noviembre, por tanto, no tienen más que hacer un análisis pericial de las firmas para confirmar las sospechas. Por otro lado, las ofertas de Barclays y de Deutsche Bank, los testimonios por parte de los altos ejecutivos del Popular de las negociaciones que se llevaron a cabo hasta el mismo día 6, los propios documentos del Santander presentados ante la CNMV apenas 23 minutos después de que se comunicara la compra del Popular o el acta de la última reunión del Consejo son pruebas suficientes para actuar judicialmente de manera inmediata. Ante estas evidencias, ante la propia definición de «estafa» que da la RAE, la justicia debe, en primer lugar, dictar medidas cautelares para que el daño patrimonial infligido no sea aún mayor o irreversible y, en segundo lugar, devolver el Popular a sus legítimos dueños, a los que se les arrebató de madrugada, con premeditación y alevosía parte de su patrimonio para que una entidad «too big to fail» fuera rescatada.
Documentos Banco Popular
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Carta enviada a la JUR solicitando la intervención del Popular
Firmas asistentes al último Consejo de Administración del Banco Popular celebrado el 6 de junio de 2017
La diputada socialista y portavoz de consumo en el Congreso de los Diputados, Begoña Tundidor, planteó en la Cámara Baja la necesidad de aprobar una Ley de Segunda Oportunidad efectiva que «proteja a los particulares frente al sobreendeudamiento; una ley que de verdad sirva para reestructurar las deudas tanto de las familias como de los autónomos, sin poner en riesgo sus necesidades esenciales».
El Pleno del Congreso aprobó una proposición no de ley (PNL) del PSOE en este sentido. «Lo que el Grupo Socialista pretende con esta iniciativa es hacer justicia. Es necesario disponer de mecanismos legales que otorguen una segunda oportunidad a las personas que están sobreendeudadas». Tundidor ha reprochado que estas medidas han sido repetidamente reivindicadas por la sociedad civil, jueces, abogados, trabajadores autónomos y «propuestas, entre otros, por el Partido Socialista en los últimos años, sin que el Partido Popular diese su brazo a torcer para que la ley cumpla su imprescindible función social».
La diputada socialista ha criticado que la actual Ley de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de fuera aprobada como «Real Decreto Ley, sin consenso, deprisa y mal». Los datos demuestran que las expectativas no se han cumplido ya que, entre otras cosas, el número de concursos presentados ronda los 1.400 en toda España, frente a los más de 100.000 anuales que se tramitan en Francia o Alemania, y la realidad es que «se podría acoger a este procedimiento muchísima más gente».
En España tan sólo las empresas cuentan con la posibilidad real de liquidar deudas, pero «no las familias y autónomos. El objetivo del Gobierno al aprobar la ley de segunda oportunidad tendría que haber sido el superar esta anomalía con respecto al resto de países europeos y resarcir a las personas sobrepasadas por las deudas», afirmó la portavoz socialista.
La PNL del PSOE insta a modificar la Ley Concursal para permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y de que sea imposible acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo, es decir, eliminando el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.
De igual modo se pretende permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica siguiendo criterios técnicos.
Además, se equipararían los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores, y, finalmente, flexibilizar los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor.
Además, para el PSOE es fundamental proteger la situación de colectivos especialmente vulnerables, como los que tienen a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia y establecer un nuevo modelo de vivienda protegida de forma permanente en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible.
Begoña Tundidor ha denunciado la «celeridad con la que el Partido Popular rescató a las entidades financieras contrasta con el procedimiento impulsado para salvar a las personas afectadas por la crisis. A los bancos, dinero rápido y sin contraprestaciones. A los ciudadanos, en cambio, largos y complejos mecanismos que difícilmente permiten empezar de nuevo».
Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha defendido que «no se trata de ayudar a quien no quiere pagar, sino a aquellos que en estos momentos y por diferentes circunstancias no pueden, pero que si les dejamos respirar en un futuro podrán pagar y salir adelante», además de explicar que «nuestros emprendedores con sus pequeños negocios no quieren subvenciones o ayudas, les basta con que no se lo pongan más difícil, que no les pongan trabas que solamente les generan problemas».
