miércoles, 17 diciembre, 2025

La Audiencia de Murcia reabre otro caso de corrupción que implica a Pedro Antonio Sánchez

El Juzgado de Instrucción de Lorca al que correspondió por reparto la deducción de testimonio enviada por la juez que tramitó el caso Auditorio deberá investigar si el expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez y otras personas pudieron incurrir en algún hecho delictivo en la adjudicación de las obras de rehabilitación de un puente sobre la rambla de Nogalte y una pasarela en Puerto Lumbreras.

Así se ordena en un auto dictado por la Audiencia Provincial de Murcia que deja sin efecto otro del primer Juzgado que acordó archivar las actuaciones y no investigar porque el fiscal se pasó en dos días el plazo de que disponía para solicitar que la instrucción de la causa fuese declarada compleja.

La Audiencia señala que ese plazo de seis meses no debe ser aplicado de forma automática, por lo que considera que en este caso no procedía el sobreseimiento solo porque se hubiera superado en dos días.

El testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción de Lorca que tramitó el caso Auditorio trata de que se investigue si en la adjudicación de las citadas obras sobre la rambla de Nogalte, en los tiempos en que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, se pudo incumplir la ley con el desdoblamiento del presupuesto global en varias partidas para escapar al control exigido para el caso de que las mismas superaran el tope de doce mil euros.

El PSOE denuncia la involución en I+D+i del PP

En el PSOE se han puesto las pilas y, una vez pasado lo peor del tsunami catalán, han recuperado la senda de la oposición al Gobierno conservador del PP. En este sentido Francisco Polo, secretario ejecutivo de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, ha denunciado la “involución” que ha propiciado el gobierno en estos años respecto a la materia de I+D+i. “Nos hacen retroceder diez años –afirma Polo– y demuestran una vez más que el Gobierno del PP no cree en el futuro de este país, nos está robando el futuro”.

Polo ha explicado que la I+D sigue perdiendo peso en la estructura productiva del país año a año desde que Rajoy está en el Gobierno, el dato en 2016 representó el 1,19% del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 1,22% del año anterior. “Es inaceptable que el gasto público en I+D caiga en plena recuperación y representa una preocupante anomalía respecto a los países de nuestro entorno”, ha expresado. Así, también ha querido subrayar que “mientras el conjunto de la UE invierte hoy un 27,4% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, España invierte un 10% menos”.

Frente a esta situación, el socialista ha remarcado que “los socialistas estamos comprometidos con dar un giro de 180 grados a la política del PP en I+D. Creemos en la investigación y la innovación como ejes de crecimiento y progreso social. Estamos convencidos de que el conocimiento es un bien público y defendemos un país que cuida y promociona su talento científico e innovador. Hacer de la ciencia uno de los motores de progreso no puede ser el empeño de científicos y unos pocos políticos. Es una necesidad de país”.

“Desde este nuevo PSOE estamos trabajando ya para presentar una nueva visión de futuro para España. No solo tenemos el compromiso de elevar la inversión en I+D+i civil para colocarnos lo antes posible en un nivel de inversión estatal que represente al menos el 2,5% de los Presupuestos Generales del Estado, sino que queremos retomar con determinación la senda hacia el objetivo europeo de destinar una inversión total del 3% del PIB y hacer de España un país de ciencia” ha manifestado en relación a los futuribles.

Para Polo queda demostrado científicamente que “las sociedades que más invierten en I+D son más prósperas, más resilientes a las crisis económicas y por tanto mejor preparadas para combatir la desigualdad. El emprendimiento, la ciencia y la innovación son los tres ejes de futuro para nuestro país”. Por este motivo, no van a dejar los socialistas dejar de insistir en la materia en el parlamento y en las calles.

PSOE denuncia la devolución de 25.000 euros por no justificar subvenciones por unos cursos de empleo

El viceportavoz segundo del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán ha puesto de manifiesto un nuevo ejemplo más de la “torticera” forma de gestionar la economía de los lorquinos que tiene el Partido Popular de Lorca. En su labor de fiscalización, el PSOE ha detectado que el Partido Popular ha devuelto, de las arcas municipales, 25.972,31 euros debido a que varias subvenciones destinadas a cursos de empleo “no fueron justificadas correctamente en su día”.

En concreto, las subvenciones iban destinadas para un curso de operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios; un curso de montaje y reparación de sistemas microinformáticos; un curso de agricultura ecológica, y un curso de operador de equipos audiovisuales.

Abellán asegura que tener que devolver más del 15% (15,12% exactamente) de una subvención de más de 159.000 euros “es una falta de respeto a todos los contribuyentes lorquinos que cada día y con mucho esfuerzo pagan sus impuestos a este ayuntamiento, para que las personas que lo gestionan saquen el máximo rendimiento a ese dinero”.

Isidro Abellán asegura que en realidad lo que hace este equipo de gobierno del PP es “engañar a los ciudadanos de Lorca” diciéndoles que gestionan de una manera “maravillosa”, cuando en verdad “no están sabiendo llevar a cabo una buena gestión económica de este ayuntamiento” y se dedican a gestionar de una manera “paupérrima” el dinero de todos los lorquinos.

Abellán: “La supresión del SEP va a suponer que más de 2.000 vecinos dejen de beneficiarse de un descuento que les suponía un ahorro de unos 40.000 € al año”.

Abellán asegura que esta devolución de dinero público es “vergonzosa” y, más aún, es que los lorquinos se enteren precisamente en estos días en los que más de 2.000 lorquinos están recibiendo notificaciones del Ayuntamiento en las que se les comunica que se da por finalizado el Sistema Especial de Pago por el cual todos estos contribuyentes lorquinos van a dejar de beneficiarse de la bonificación del 5% a la que tenían derecho por el hecho de pagar por anticipado sus Impuestos de Bienes Inmuebles.

Abellán denuncia que el PP haya eliminado el Sistema Especial de Pago, lo que va a suponer que más de 2.000 vecinos dejen de beneficiarse de un descuento que les suponía un ahorro de unos 40.000 euros al año.

Paradojas de la vida ver como a este equipo de gobierno del PP no le duele tener que devolver 25.000 euros a la CARM por no justificar debidamente unas subvenciones, a la vez que suprime un beneficio que supone que los lorquinos tengan que pagar de su bolsillo 40.000 euros más cada año en el IBI.

Sólo el 8% de los murcianos confía en la pensión pública para su jubilación

Un estudio publicado por el Instituto BBVA de Pensiones asegura que el 66% de los murcianos en edad de trabajar querría jubilarse antes de la edad que le corresponde. Y es que la media de edad a la que los murcianos les gustaría jubilarse sería los 61 años, deseo que no se corresponde con la realidad, ya que al ser preguntados cuándo creen que se jubilarán, manifiestan, de media, que la edad efectiva a la que podrán retirarse son los 67,1 años de edad. Asimismo, la encuesta señala como motivo principal de preocupación el futuro de las pensiones públicas.

Por tanto, ocho de cada diez murcianos, el 81%, creen aconsejable ahorrar para la jubilación, pero únicamente un 27% ha comenzado a hacerlo. Dentro de lass razones por las que no ahorran para la jubilación, una parte amplia señala que no tiene capacidad para ahorrar, un 41%, en tanto que un 57% señala que aún queda mucho para la jubilación. Solo un 8% confía en la pensión pública.

Por otra parte, las personas que ahorran para la jubilación lo hacen mayoritariamente en depósitos, un 50%, y planes de pensiones, un 45%, frente a un 18% que ahorra en planes de empleo y un 17% en inmuebles.

Asimismo, la encuesta refleja que el conocimiento y la información sobre la jubilación son escasos ya que siete de cada 10 encuestados reconocen estar poco a nada informados sobre su jubilación. No obstante, los murcianos reconocen que les gustaría estar más informados sobre el importe de su pensión; la edad a la que podrán jubilarse y, en menor medida, sobre las diferentes formas de ahorrar para la jubilación. En concreto, un 62% de los encuestados desconoce qué parte de su salario va a la Seguridad Social, aunque el 90% sabe cuántos años ha cotizado; del mismo modo los murcianos aseguran no tener mucho conocimiento sobre cuál es la pensión pública media de jubilación. La media de todas las respuestas se sitúa en 773 euros, casi 300 euros por debajo de la cifra real.

El Gobierno trata de asustar a los pensionistas

El Gobierno trata de asustar a los pensionistas y a los trabajadores en general, está vez, con unas declaraciones de la ministra Bañez, en las que lanza un mensaje garantizando que el Gobierno “utilizará todos los mecanismos que tiene a su alcance para pagar las pensiones puntualmente cada mes”.

Pagar las pensiones a los jubilados españoles es un obligación del Gobierno, como indica la Constitución española en el Título I, “De los derechos y deberes fundamentales”, capítulo tercero, “De los principios rectores de la política social y económica”, Artículo 50: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

UGT denuncia que la Constitución Española establece que la pensión es propia e individual, conforme a lo cotizado y ha de permitir una vida en condiciones dignas, “algo que hoy por hoy no se produce”.

Estamos en la campaña anual de fondos de pensiones privados, donde bancos y aseguradoras tratan de captar al mayor número de clientes –trabajadores-, para que se abran un plan de pensiones privado y así poder desgravarse en el IRPF, antes del 31 de Diciembre.

La ministra también ha afirmado que entre los instrumentos que el Gobierno tiene a su alcance, están las cotizaciones sociales, el fondo de reserva y el presupuesto del Estado, “que para eso está”.

Bañez ha afirmado que “Es el empleo y el Estado con todos sus mecanismos los que van a seguir pagando las pensiones con tranquilidad en el país en los próximos meses”.

Ante estas palabras los sindicatos ya se manifestaron hace meses, con unas marchas por las “Pensiones Dignas” exigiendo la revalorización de las pensiones al IPC, apoyados por el PSOE y Podemos entre otros grupos.

UGT, en palabras de su secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, recordando el recorte en el gasto en pensiones que el Gobierno decidió en 2013, de forma unilateral, y que “ya comienza a ser una realidad insoportable, pero es que además va a ir a peor”.

La ministra ha afirmado, que “no es raro” recurrir a créditos para abonar las pensiones, algo que ya se hizo en los años 90, “cuando no había fondo de reserva y “se pagaban las pensiones con préstamos cuando había déficit natural”.

A este respecto, los sindicatos ya denunciaron el uso de las cotizaciones y del fondo de reserva para financiar partidas que no tienen que ver con las pensiones. UGT ha afirmado en repetidas ocasiones que la Seguridad Social, “No tiene un problema de ingresos, si no de gasto”.

Por otra parte insiste en explicar que la Seguridad Social tiene hoy un “déficit temporal” debido a la pérdida de más de 3,5 millones de empleos durante la crisis, pero que esta situación se va a corregir gracias al crecimiento económico y la creación de empleo.

Informe en plena campaña de “planes de pensiones privados”

Por otra parte hoy el Instituto Santa Lucía sobre la reforma de las pensiones publica un informe donde se “sugiere” aplicar el modelo “sueco” de pensiones a España, con la consiguiente reducción de las pensiones un 49%, por que según el estudio: “El 95% de los pensionistas cobra más de lo que le correspondería por lo que cotizó”.

Un informe publicado en plena campaña de “planes de pensiones privados” donde al igual que el Gobierno, se mete miedo a los pensiones, para que los trabajadores sientan miedo por su futuro y se abran un plan de jubilación privado.

Desde los sindicatos se ha exigido al gobierno que deje de financiar las bonificaciones o reducciones de cuotas a cargo de la Seguridad Social, y por ende a las cotizaciones de los trabajadores.

FAMMA pide otra vez la dimisión del concejal de Ciudadanos Alfonso Reina

La Federación de Asociaciones de Personas con discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) comparece, por segunda ocasión, en el Pleno Municipal de Alcorcón para solicitar la reprobación institucional del concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Alfonso Reina, y del Consejo de Administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA). Como hemos venido contando en estas páginas, Reina estuvo acosando mediante mensajes a un trabajador discapacitado por una agresión que recibió de otro trabajador. Que casualmente era el amigo o enlace de Reina en ESMASA.

Desde estas mismas páginas ya se preguntaba si el concejal de Ciudadanos iba a tomar alguna decisión al respecto tras conocerse que los tribunales han dado la razón al trabajador agredido. En este sentido Javier Font, como presidente de FAMMA-Cocemfe, va a reiterar por segunda ocasión la petición. Desde la dirección regional de Ciudadanos, salvo insultar a este medio de comunicación, no han tomado ninguna determinación, pese a que se lo han pedido desde la propia asociación de discapacitados.

Desde la Federación se considera que en política “no todo vale”. Así, exigimos al Grupo municipal de Ciudadanos que esté a la altura de las circunstancias y tome medidas al respecto. En palabras de Javier Font, presidente de FAMMA, “si ante actuaciones tan deleznables como el maltrato a un trabajador con discapacidad, vemos que, quienes han sido elegidos para representar a sus ciudadanos con cargos municipales, incitan a tapar actuaciones como las descritas en la sentencia de la persona agredida, ¿de quién nos podemos fiar? ¿Ésta es la nueva política que representa a los más vulnerables?”.

Además, Font pondrá en tela de juicio la actuación del Consejo de Administración de ESMASA como empresa pública, una vez falló el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Alcorcón a favor del trabajador con un 44% de discapacidad física, M.A.B, que denunció insultos y amenazas de su superior. Tras el fallo del juzgado, el Consejo dejó de lado las medidas cautelares y ambos trabajadores vuelven a coincidir tanto en horario laboral como en zona, multiplicando las probabilidades de que se repitan las acciones violentas.

La Federación considera inaceptable que este tipo de situaciones se den en una empresa de carácter público como es ESMASA, ante la pasividad de sus responsables y con el agravante de que la víctima de las vejaciones es, además, afectado por una discapacidad física. Para Font: “La contestación de la empresa no puede ser que el juzgado no haya aplicado medidas cautelares de protección para no hacer nada, ante la solicitud de ayuda por parte del trabajador agredido. La empresa debe prevenir situaciones futuras y un agravamiento de las actuales por posibles represalias”.

También va a exigir la reprobación del Consejo de Administración de ESMASA, del cual Alfonso Reina es vocal. Su presidente, Ignacio González, debe responder convocando reunión del Consejo para adoptar una determinación ante lo sucedido. La justicia ya ha hablado, ahora, le toca a los responsables públicos y a la administración de la empresa ESMASA.

Desde FAMMA, exigen un compromiso político, social y laboral para terminar con las vejaciones contra trabajadores. Con nuestra intervención, queremos prevenir que se repitan hechos discriminatorios de este tipo, tanto en el seno de la empresa como fuera de ella; así como condenar las agresiones realizadas a personas con discapacidad.

El abogado de La Manada los llama “imbéciles” pero niega que violaran a la joven de 18 años

José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, tres de los cinco acusados de violación grupal a una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines de 2016, no supieron hacer otra cosas que abrazarse emocionados entre ellos tras escuchar a su abogado, el también sevillano y sevillista como ellos Agustín Martínez Becerra, llamarles de viva voz “imbéciles” en su propio rostro en el alegato final de la defensa.

La defensa de los acusados niega el estrés postraumático de la denunciante y que los videos denoten sometimiento

Durante las conclusiones, el abogado de parte de La Manada también reclamó al tribunal que los juzga su absolución por considerarlos “buenos hijos” que, aunque “no son modelo de nada” además de “simples” y “primarios”, no cometieron presuntamente los delitos de los que se les acusa, por el que la Fiscalía les pide a cada uno 22 años de prisión.

El letrado de estos tres acusados ha vuelto a insistir en la tesis del presunto despecho de la joven como móvil para que prosperara la denuncia sobre sus representados y ha añadido que además la joven “no sufrió lesiones compatibles con una agresión sexual” además de negar que la denunciante padezca estrés postraumático y tampoco que denote “sometimiento” hacia la joven el hecho de que en los videos aparezca con los ojos cerrados.

El abogado de estos tres acusados ha volcado sobre los otros dos amigos, el ex militar y el ex guardia civil, las responsabilidades sobre las grabaciones en vídeo y también el robo del teléfono de la joven denunciante. Fue en los teléfonos de estos dos acusados donde se encontraron los instantes grabados en los que aparecen los cinco sevillanos con la joven en un portal de la capital navarra durante la madrugada del 7 de julio de 2016. Fue el ex guardia civil quien reconoció el primer día del juicio haber robado el teléfono de la joven.

En su alegato de defensa, Martínez Becerra asegura que la “imagen” de sus clientes “ha sido destrozada y sus nombres vilipendiados”, aunque no hace mención sobre la contratación de una empresa de detectives para hurgar en la vida privada de la joven, apenas unos días después de haber denunciado la presunta violación grupal, e intentar así constatar la supuesta vida “normal” de la joven.

España es el burdel de Europa

España fue vanguardia en legislación social en la primera década del siglo XXI. Avanzamos en materias con leyes como, por ejemplo, la del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de estas parejas, las leyes de reproducción asistida, la ley de interrupción del embarazo que posteriormente fue modificada por el Partido Popular con una interpretación ultracatólica de la misma e, incluso, con la ley integral contra la violencia machista. Sin embargo, en materia de defensa de los derechos de la mujer aún estamos muy alejados de la realidad de otros países como Suecia, Francia, Noruega, Islandia, Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur, Singapur o Singapur, donde pagar por obtener servicios sexuales es un delito penal.

En España, sin embargo, no es así. En nuestro país la prostitución es alegal, a pesar de que el proxenitismo sí que es un delito. Están teniendo que ser las instituciones locales las que estén legislando para abolir la esclavitud sexual que supone la prostitución.

Este vacío legal está provocando que los consumidores de los servicios de las prostitutas de los países que han legislado en favor de los derechos de las mujeres estén viajando a España para seguir contratando los servicios sexuales que no pueden comprar en sus países. Esta es una de las razones por las que España se está convirtiendo en el país líder mundial en prostitución.

Según un estudio realizado por Naciones Unidos, casi un 40% de los hombres españoles reconocen que han contratado los servicios de una prostituta y un 28% de las mujeres afirmaron que se han visto obligadas a prostituirse al menos una vez en su vida. Este porcentaje supera con mucho los datos de países como Reino Unido o Países Bajos en que los hombres que contrataron servicios sexuales apenas superan el 10%.

Se calcula que en España trabajan casi 300.000 prostitutas de nacionalidad española, sin contar con las extranjeras «legales» o las que trabajan para las redes internacionales de trata que operan en nuestro país.

La aceptación social de la prostitución que existe en España es una de las causas principales de estas cifras. Por otro lado, el hecho de que nuestra legislación sea tan permisiva está provocando que los consumidores de los países con leyes que respetan los derechos de la mujer está generando que España se haya convertido en uno de los destinos de preferencia del turismo sexual en Europa, no en vano tenemos en nuestro país el prostíbulo más grande del continente, el Club Paradis donde, al menos, trabajan 180 prostitutas, y en momentos de alta demanda pueden llegar a superar las 250 mujeres.

Ha llegado el momento de que Mariano Rajoy y su gobierno, con la presión por parte de los partidos de la oposición, sobre todo de los que tienen en su ADN el respeto a los derechos de la mujer, cambien la legislación sobre la prostitución en nuestro país y tomen el ejemplo de los países nórdicos y de nuestro vecino francés y se comience a penalizar a quienes pagan por obtener servicios sexuales.

Los trabajadores del Popular se encuentran con la crueldad del Santander

Tal y como informamos la semana pasada en Diario16, mientras se está negociando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los Servicios Centrales del Popular en el que perderán su empleo más de 1.500 trabajadores, el Santander ha insertado anuncios en distintos portales de empleo en los que solicita administrativos de banca para la red de oficinas del Popular, lo cual es una incongruencia.

Este asunto salió a relucir en la última reunión entre la Representación Legal de los Trabajadores y los representantes del Santander. No era muy lógico que, si se va a aplicar un ERE, tanto en los Servicios Centrales como, posteriormente, en la red de oficinas en la que se prevé que el número de despidos supere los 5.000, tal y como publicamos en este medio en el mes de septiembre, se esté buscando personal a través de portales de empleo.

La respuesta de los representantes del Santander fue que, efectivamente, faltan trabajadores en la red de oficinas y que por eso se ha abierto un proceso de selección en las provincias en las que hay déficit de personal. Por tanto, la estrategia está clara: contratar personal para posteriormente despedirlo sin asumir costes de antigüedad y, de este modo, rentabilizar el Expediente de Regulación de Empleo por medio de tretas legales que terminen porque el ERE les salga gratis y sea el Estado quien asuma el coste.

Por otro lado, según nos confirman fuentes sindicales, el Santander ofreció a los representantes sindicales las mismas condiciones del último ERE aplicado en el Popular recordándole a los sindicatos que si en aquel entonces les parecieron buenas condiciones, ahora no hay razón para que sea diferente. Esto raya el cinismo puesto que la situación no es la misma que en el proceso de reestructuración de 2.016, además de que muchas de las bajas que se producirán serán forzosas.

El Santander ya reconoce abiertamente en la mesa de negociación que las cuentas del Popular están consolidadas con las del Grupo Santander, por tanto, tienen beneficios. Este hecho debería hacer, tal y como están proponiendo algunos de los sindicatos representados en la mesa, que se presentara un buen plan de prejubilaciones antes de llegar a los despidos forzosos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el plan de reestructuración está diseñado por Javier García Carranza Benjumea, lo que se buscará será el camino más cruel, dado que lo peor está por venir, puesto que, tras la finalización de las negociaciones para el ERE de los Servicios Sociales se planteará la reestructuración de la red de oficinas donde, según las informaciones de las que dispone Diario16, se aplicará a, al menos, 5.000 trabajadores y a los que se les impondrán las mismas condiciones que los servicios centrales. Estas son las líneas maestras.

Hay que recordar que con dicha reestructuración de la red de oficinas el Santander obtendrá un beneficio de más de 700 millones de euros, según diferentes estudios. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las sucursales del Popular son propiedad del banco, mientras que las del Santander están en alquiler tras la operación en la que para conseguir liquidez la entidad cántabra vendió su sede de Boadilla y sus oficinas para alquilarlas posteriormente, una operación de venta de oficinas en la que, entre otros, estuvo implicada la familia Pujol. La estrategia del Santander para las oficinas del Popular será la misma: vender las oficinas del Popular para, posteriormente, alquilar. De este modo, no sólo obtendrán el beneficio de la venta, sino que el Santander se ahorrará millones de euros de los alquileres actuales. Esta operación podría reportarle un beneficio de otros 500 millones de euros. Por tanto, la entidad presidida por Ana Patricia Botín obtendrá en esta operación otros 1.200 millones de euros.

Todo el dolor que va a generar el Santander en los trabajadores de Popular podría ser evitado si la Audiencia Nacional adoptara medidas cautelares sobre la operación porque, ¿qué ocurrirá si finalmente se determinara que la intervención del Popular fuese ilegal y ya estuvieran aplicados los Expedientes de Regulación de Empleo, vendidas las oficinas y firmados los contratos de alquiler? La Justicia se verá ante un escenario de hechos consumados que impedirán la retracción de toda la operación. Por esto es fundamental que esas medidas cautelares se adopten cuanto antes para evitar que la Justicia se vea imposibilitada a ser justa con los más de 305.000 afectados y con los trabajadores.

El Ayuntamiento presenta alegaciones al proyecto de instalación de una planta fotovoltaica en Puerto Lumbreras

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha presentado alegaciones al proyecto de instalación de una planta de energía fotovoltaica en el término municipal de Puerto Lumbreras, al considerar que perjudica al desarrollo del sector primario en el municipio.

En concreto, en el proyecto se prevé la instalación de una planta de energía en terrenos ubicados en la diputación de Puerto Adentro y Lumbreras, afectando total o parcialmente a 706 parcelas (que abarcarían 1.300 hectáreas), lo que provocaría la pérdida de consideración de regadío para dichos terrenos por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, e implicaría el paso a terrenos de secano, y la pérdida de la correspondiente concesión de agua.

La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, ha explicado que “la instalación de placas de energía fotovoltaica afectaría al desarrollo del sector primario en el municipio, ya que esta zona es la que presenta mayor posibilidad de expansión de la agricultura. La instalación de la planta de energía fotovoltaica limitaría el sector de la agricultura, siendo este el principal motor económico del municipio”.

Cabe destacar que la economía de Puerto Lumbreras se basa en el sector primario, puesto que la agricultura y la ganadería representan el 55% de la población activa. Mª Ángeles Túnez ha destacado que “el sector primario genera muchas oportunidades de empleo en el municipio, por ello, debemos seguir potenciándolo, cuidándolo y fortalecerlo como un sector fundamental”.

Túnez ha resaltado que “apoyamos firmemente a la Comunidad de Regantes y valoramos todo el esfuerzo que han hecho, durante décadas, en colaboración con el Ayuntamiento, para aumentar la dotación de agua de riego en el municipio y la modernización de regadíos”.

Por otro lado, la alcaldesa ha subrayado que “realizando un estricto ejercicio de responsabilidad, no podemos permitir que una inversión de esta envergadura se pierda, ya que permitirá la creación de nuevas oportunidades de empleo y la dinamización del tejido productivo con un nuevo modelo económico. Por ello, estamos manteniendo reuniones con la empresa y la Comunidad de Regantes con el objetivo principal de compatibilizar el proyecto de instalación de una planta fotovoltaica en nuestra localidad y la protección de los terrenos de cultivo del municipio”.

Asimismo, en las alegaciones se han tenido en cuenta otros aspectos como: a) caminos vecinales de uso público que atraviesan o se insertan en los recintos previstos para el parque fotovoltaico; b) red y nodos de distribución de agua potable que atraviesan, o se insertan en los recintos previstos para el campo solar fotovoltaico; c) derechos y obligaciones municipales con respecto a temas urbanísticos; d) el impacto en el medio físico, la biodiversidad, riesgos naturales y el paisaje. Cabe destacar que el proyecto está sujeto a una Evaluación del Impacto Ambiental Ordinaria.

Por último, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha solicitado meter como parte interesada en el expediente a la Comunidad de Regantes, incorporando las alegaciones de este colectivo como suyas propias.