sábado, 17 mayo, 2025

Los abogados de la Mesa del Parlament pueden reclamar las diligencias de investigación de la Fiscalía

El Tribunal Supremo admitió a trámite este martes la querella por los delitos de rebelión, sedición y malversación, que la Fiscalía General del Estado había presentado contra los miembros de la Mesa del Parlament; y ha designado como instructor de la causa al magistrado de la propia Sala Segunda Pablo Llarena Conde, quien ha decidido suspender las declaraciones hasta el próximo día 9 de noviembre, para que las partes puedan instruirse convenientemente del contenido de la imputación formulada contra ellos.

Ese derecho de las partes a la plena instrucción y conocimiento de la acusación formulada contra los ahora investigados es el que le va a permitir a sus abogados reclamar, para que se unan también a la causa, las diligencias de investigación que la propia Fiscalía tuvo que practicar para presentar luego la querella.

Así lo establece la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo nº 1229/2017, de fecha 12 de julio de este año, referido al caso de la magistrada Victoria Rosell, a la que la Fiscalía de Las Palmas le abrió unas diligencias preprocesales de investigación.

La Sección Cuarta de dicha Sala anuló dichas investigaciones preprocesales al infligir los derechos fundamentales de la magistrada investigada que, al ser aforada, no podía, como tal, ser investigada; según dice el Tribunal Supremo, esa potestad le correspondía, en todo caso, a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es la primera vez que en nuestro Derecho se ha reconocido la posibilidad de declarar nula una actuación del Ministerio Fiscal.

Por eso es necesario que las diligencias de investigación que haya practicado la Fiscalía deban de acompañar a la querella, y se dé traslado de su contenido a los investigados antes de prestar declaración.

De esta forma se podrá controlar, por ejemplo, si el fiscal que ha llevado a cabo la investigación está incurso o no en causa de abstención, o cuál haya sido su relación con las fuentes de la prueba.

Casos que desgraciadamente han ocurrido, donde el mismo fiscal que investiga es también uno de los sospechosos, o se propone él mismo como testigo, no deberían de repetirse jamás, porque los fiscales están sujetos a las mismas causas de abstención que los jueces y magistrados. Sería impensable que el juez instructor de un asunto fuera al mismo tiempo el principal sospechoso, y que además se propusiera él mismo como testigo. Esto sería simplemente un disparate. Y si ocurriera debería ir a prisión. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con el Ministerio Fiscal?

A partir de esta sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, todas las investigaciones llevadas a cabo por el ministerio Fiscal, todas ellas, sin que quepa ningún tipo de excepción, pueden y deben ser declaradas nulas si se han practicado ilegalmente, o con violación de derechos fundamentales.

La nulidad de las diligencias de investigación de la Fiscalía se podrá hacer valer en cualquier estado del procedimiento penal, pero siempre a través de la cuestión prejudicial administrativa, ya sea durante la instrucción de la causa, en el acto del juicio, o después de la sentencia a través del recurso de apelación, incluso en el recurso de casación.

En cualquier caso es obvio que resulta ineludible una profunda reforma legal, que someta a la investigación penal de la fiscalía al sistema de recursos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La investigación penal de la fiscalía es la única instrucción que “escapa” al sistema de recursos de la LECRIM.

¿Conocía Rajoy la «fuga» de Puigdemont?

El desafío que está planteando el ex president de la Generalitat de Catalunya con la «fuga» podría no ser tal sino que su «escapada» a Bélgica pudo ser uno de los asuntos tratados en conversaciones entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de Mariano Rajoy, un modo de que durante las primeras actuaciones judiciales Puigdemont se encontrara lejos del foco. Así lo han confirmado a Diario16 fuentes de extremada solvencia y conocedoras del tema.

Es «curioso» que se eligiera Bélgica y no un país con el que España no tuviera tratado de extradición u hostil con Mariano Rajoy como, por ejemplo, Venezuela. ¿Por qué Bruselas? Puede ser que se eligiera porque el país centroeuropeo es el que más solicitudes de extradición rechaza de la UE. Puede ser que se eligiera a Bélgica porque en el tratado con España no están incluidos los delitos de rebelión y de sedición. Puede ser…, puede ser…

Sin embargo, la «fuga» puede no haber tenido el efectismo esperado y volverse en contra del propio Carles Puigdemont puesto que su «fuga» a Bruselas puede haber sido una de las causas principales de que en el día de ayer se tomaran medidas cautelares contra todos los ex consejeros no fugados y de que fueran encarcelados en la prisión de Estremera los hombres y en Alcalá Meco las mujeres.

Por otro lado, si Puigdemont pretendía con esa «fuga» convertirse en el nuevo Tarradellas y mantener en su persona la institución de la Generalitat, el movimiento se le puede volver en contra puesto que son muchos los independentistas que se han tomado esa marcha como una traición a quienes dieron la cara durante el referéndum del 1 de octubre y lucharon para que la votación se desarrollara.

Son muchos los que no entendieron cómo, con una posible acusación por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, se permitió a Carles Puigdemont y al resto de ex consellers fugados una salida del país tan sencilla. Tal vez, Mariano Rajoy supiera y, en su estilo «marianista», lo dejara pasar en espera de que el tiempo solucionara un problema que no era tal porque presuntamente ya sabía que se iba a producir.

Podemos se hace independentista

 

En estas mismas páginas se criticó que habían abandonado el discurso del pueblo (populismo) para jugar con las banderas, también se comentó que estaban quedando fuera de cuadro político a nivel estatal por sus connivencias con el secesionismo, las encuestas demuestran que las gentes que les votaron no les comprenden, ni entienden algunas manifestaciones como las de los anticapitalistas, pero ellos y ellas siguen la linde del independentismo. Se han terminado posicionando con el independentismo, no se sabe bien si por estrategia, o por mera estupidez política.

Antes de que se supiese si se encarcelaba preventivamente a los consellers que no han huido al extranjero, Xavier Domènech, Pablo Echenique o Alberto Garzón acudían a apoyar a los secesionistas. Lo justificaban por una defensa de la democracia que resultaba cuando menos poco creíble, ya que esos consellers se habían saltado sus propias leyes catalanas, y las estatales, obviando la democracia en su propio territorio. Para Podemos, dentro de esa contradicción que les atenaza, lo que ha pasado en Cataluña no es más que la expresión de un pueblo. Nunca reconocen que sólo de parte del pueblo. Y así lo demuestran al apoyar a los secesionistas a las puertas de la Audiencia Nacional.

Todas las declaraciones que han ido ofreciendo a lo largo del día derriban su discurso desde Vistalegre II, o incluso antes, “Ni DUI, ni 155”. Apoyar a Junqueras o Rull supone que aceptan la DUI, al menos como una chiquillada, sin calcular los costes sociales que ha tenido toda esta deriva secesionista en la sociedad catalana. Se puede obviar, siendo generosos, la tontería del referéndum o de la “proclamación sí, parece que sí, ahora sí”. Ahora bien, cómo justificar que hayan roto la sociedad, que hayan provocado la aparición de las fuerzas más terribles que la historia lleva dentro de su seno (racismo y fascismo, por ambos lados).

Cabría preguntar a la dirigencia de Podemos si es justo o no que quienes destruyen la sociedad deben pagar por ello. Al igual que el PP debería ser inhabilitado por todas las tramas de corrupción ¿no deberían los secesionistas pagar por haber roto una sociedad y haber llevado a la ruina económica a su región? Y no hay que ir a las leyes, sino a la justicia, a la ética o a la razón. Son culpables los secesionistas desde un aspecto ético sin duda. Claro, pero Podemos se maneja en el maniqueísmo nihilista.

¿Qué hacía la dirigencia de Podemos y afines en la Audiencia Nacional? Ellos y ellas dicen que defender la democracia, pero realmente estaban defendiendo a la burguesía y la casta del 3%. A aquellos que han saqueado Cataluña y tienen la Sanidad por los suelos, eso sí, gastando todo el dinero del mundo en programas de ideologización de la sociedad. Realmente, aunque parezcan desconocerlo, están apoyando a unos totalitarios (sin necesidad de utilización de la fuerza bruta). A unas gentes que, desde un antagonismo racial y cultural, dividen la sociedad entre buenos y malos. Quedando entre los malos ese pueblo que sufre a la casta de los políticos que sólo mira por lo suyo. Esa casta que está dentro del PDeCAT o de ERC.

Y volvemos a los presos políticos

Toda esa dirigencia que clama por la formación de un pueblo, ha dado su respaldo al “Govern legítimo”. Ada Colau ha sido quien más contundentemente se ha expresado en este sentido: “El Govern elegido democráticamente en las urnas, a la prisión”. Además, ha sacado adelante una propuesta en el Ayuntamiento de Barcelona de apoyo al gobierno legítimo de Cataluña, como si lo que han venido haciendo desde ese Govern fuese baldío o gratuito. Situarse en esa posición es retrotraerse a los siglos de la Baja Edad Media donde se justificaban todos los actos del Monarca, fuesen buenos o malos, por la determinación divina del trono. En las urnas tampoco hay una determinación para hacer lo que se desee. Un Gobierno puede ser legal, pero pierde la legitimidad por sus actos. Recordarles a las gentes de Podemos que hasta Tomás de Aquino, tan santo él, defendía como último recurso el tiranicidio, en su libro La Monarquia.

Y claro hablar de presos políticos y de amnistía es algo que les pone en situación de revivir tiempos pasados, sin ser los mismos tiempos, ni ser las mismas condiciones. De momento son políticos presos por haberse saltado, presuntamente, las leyes del Estado y del Estatut. “Amnistía, libertad” saldrán a gritar por las calles. Ellos y ellas que no pudieron, en muchos casos, luchar contra el franquismo real, que no pudieron vivir la transición (esa que niegan hoy en día), tienen un camino para sacar a la luz la pulsiones reprimidas de su interior. Podrían haber pedido un indulto, que es lo que se estila en democracia, para los políticos presos. Claro que para ello tendrían que haber sido condenados. Íñigo Errejón lo dejó caer en un tuit, que borró rápidamente. Pero Amnistía es una idea-fuerza mucho mejor.

Y para transmitir que estamos bajo un régimen dictatorial nada mejor que decir que el Gobierno encarcela a la oposición. Una nueva mentira que deriva de la enfermedad izquierdista que les ha penetrado con el tema Catalán. Si el Gobierno fuese dictatorial metería en la cárcel a TODA la oposición, incluidos ellos y ellas. Es más estas palabras no saldrían publicadas por culpa de la censura… y aquí están. Pero el premio gordo a la pérdida de la razón se la llevan Echenique e Iglesias. El secretario de organización manifiesta que las democracias desarrolladas se asombran de que en España haya presos políticos, que estamos en una fase pre-democrática y, cómo no, culpa al PSOE de todo lo que está pasando. El máximo dirigente morado, por su parte, se avergüenza de que en “su país” haya presos políticos. En otros no pasa nada o son golpistas porque han atentado contra el sistema constitucional. ¿Les suena?

¿Dónde está el Podemos del pueblo y la casta?

Toda la situación catalana les ha pillado fuera de juego a Podemos. Es cierto que PP y Cs tienen una visión reaccionaria de España, que les gustaría un Estado más centralizado, que están intentando esconder sus miserias corruptas con el tema catalán, sí todo eso es cierto. Pero al otro lado no son mucho mejores. Si en vez de utilizar cientos de millones de euros a embajadas, campañas ideologizantes y demás, se hubiesen destinado al pueblo, hoy Cataluña no sufriría como sufre un austericidio que afecta a los servicios públicos. Los mismos a los que defienden, a ese Govern que defienden a las puertas de la Audiencia nacional, son los que han provocado el austericidio catalán. Son casta. Y algunos casta del 3%.

Esta estrategia de hundir el “régimen del 78” por la cuestión catalana, que parece ser su estrategia, les lleva a los brazos de los secesionistas, a los brazos de aquellos que obvian a dos tercios de los catalanes. Por tanto, a casi todo el pueblo catalán. Por mucho que un 57% de la sociedad española apoye que exista un referéndum en Cataluña, seguramente más de ese porcentaje entiende que los que ahora están en prisión preventiva, lo están por sus actos. Por saltarse la ley y no respetar los principios democráticos. Como tampoco acaban respetando en Podemos y afines. Y eso se lo deberían explicar a un seguidor andaluz o manchego.

El Podemos del Pueblo, de la lucha contra la casta, el populista, está diluyéndose en batallas que a la izquierda ni le va, ni le viene. Por muchas cosas que pasen en Cataluña, los oprimidos seguirán existiendo, los explotados en las fábricas y oficinas también; los migrantes seguirán quedándose a las puertas; las mujeres seguirán cobrando menos; y así hasta copar los verdaderos intereses de la izquierda. Una izquierda a la que se supone que representaban. Y que alguien sea de izquierdas no supone que no tenga identidad nacional. Más allá de Cataluña hay españoles y españolas de izquierdas. Y por desgracia, este tema no sirve ni para la lucha de clases, ni para dotar de identidad a las clases subalternas, ni es el “acontecimiento badousiano” que provocará el cambio.

Les puede más la enfermedad izquierdista de hacer la revolución que sus progenitores no pudieron hacer. Les puede más recuperar, en una añoranza estéril, los himnos del antifranquismo. Ahora la revolución debe ser sobre las contingencias del hoy y de la gente de hoy, no de los fantasmas del pasado. Porque los espectros al fin y al cabo son vaporosos y los problemas reales de las personas no.

PS. Aún se espera que la dirigencia de Podemos culpe a Puigdemont por haber logrado que sus compañeros de gobierno estén en la cárcel.

Francisco Jódar reclama trasvases y más agua desalada para mantener los regadíos

Las nuevas conexiones intercuencas, mantener los regadíos existentes, aumentar el nivel de desalación y establecer una tarifa única para esta última, son los ejes fundamentales incluidos en el borrador del Pacto del Agua de la Región de Murcia que propone el Gobierno regional y que ha remitido a todas  las formaciones políticas para recabar su apoyo. El trabajado elaborado por la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia es fruto de un intenso trabajo, que también urge la firma de un Pacto Nacional del Agua que recoja soluciones definitivas para todas las cuencas. Propone que se estudie la creación de un banco o fondo nacional único del agua, que no esté organizado por demarcaciones hidrográficas

Agricultura considera que «no existen dudas sobre la existencia de un grave déficit hídrico de carácter estructural» en la cuenca del Segura puesto de manifiesto desde hace décadas y reconocido en la planificación hidrológica vigente. Plantea 23 puntos y un anexo con las sugerencias aportadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Propone que estas sean ratificadas por partidos políticos, entre ellas la necesidad de aportaciones externas del orden de 500 hectómetros cúbicos anuales, y la regulación de los contratos de cesiones de derechos.

Como punto de partida, el trabajo realizado por la Consejería de Agricultura y Agua indica que «la utilización de todos los recursos hídricos convencionales y no convencionales, tanto propios como trasvasados, ha alcanzado ya sus límites posibles, y no solo admiten ampliación, sino que además tendrá que ser eliminada la actual sobreexplotación de acuíferos. Todo ello configura un déficit estructural ya identificado desde hace años en distintos documentos de planificación hidrológica, y que hoy día no ha sido aún resuelto».

Los puntos principales del documento son:

-En general, el abastecimiento urbano y los suministros industriales de la Región normalmente están bien atendidos mediante la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, quedando únicamente un área no cubierta por esta red, el Altiplano, hoy abastecida con recursos de origen subterráneo procedentes de acuíferos sobreexplotados.

-El regadío y su actividad agroalimentaria asociada es una actividad de importancia estratégica para la Región de Murcia desde un punto de vista socioeconómico. Con una fuerte vocación exportadora y una importante base tecnológica, se trata de un sector que, sufre vaivenes de mercado y que debidamente estructurado y regulado, debe claramente mantenerse y mejorarse en el futuro.

– En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos de modernización por lo que el margen de ahorro es hoy muy reducido y la eficiencia global del sistema muy elevado.

-No se prevén aumentos de las superficies de riego en el futuro ni mayores ahorros por mejoras de eficiencia, salvo la incorporación de las últimas tecnologías para la optimización del recurso en la toma de decisiones en un regadío localizado deficitario.

-A diferencia de los abastecimientos, relativamente garantizados, los riegos están en una situación grave de creciente precariedad por la limitación y escasez de sus fuentes de suministro.

– Los recursos trasvasables desde la cabecera del Tajo han experimentado asimismo una importante reducción, que hace que las zonas del ATS, ya transformadas y en producción, hayan visto disminuida su disponibilidad hasta situaciones inusuales.

-La escasez actual experimentada por las zonas regables del trasvase y de la cuenca del Segura ha de ser considerada como estructural y no asociada a la variabilidad climática ordinaria.

-Los recursos no convencionales como la reutilización han sido ya muy desarrollados, de forma que las posibles mejoras de disponibilidades hídricas son marginales.

-El único recurso propio susceptible de ampliación es el de las aguas marinas desaladas, bien mediante la ampliación de las plantas existentes o mediante la instalación de nuevas plantas, si bien este recurso plantea hoy problemas ambientales y costes económicos que impiden su expansión ilimitada y acotan sus posibilidades de desarrollo futuro hasta valores compatibles con la sostenibilidad económica y ambiental del sistema conjunto, para lo cual se hace estrictamente necesaria la transferencia del recuso desde otras cuencas a la del Segura, haciendo hincapié en la necesidad de un sistema integrado en todo el territorio español que equilibre la España húmeda con la seca, a través o mediante nuevos trasvases.

-Hay una sobreexplotación generalizada de acuíferos, incompatible con la normativa española y comunitaria, que, en ocasiones, degrada la calidad del agua bombeada pudiendo generar importantes externalidades ambientales, como la degradación de suelos o el problema recientemente suscitado en el Mar Menor.

-Desde el punto de vista normativo e institucional se considera que el marco actual es amplio pudiendo centrarse modificaciones en algunos aspectos concretos. Entre ellos, para la Región de Murcia resulta de gran importancia lo relativo a mecanismos de cesión de derechos, bien mediante contratos de cesión o bien mediante centros de intercambio o bancos públicos de agua. Es necesario clarificar plenamente el marco normativo de estas figuras y estudiar su extensión a conceptos hoy inexistentes como la del banco o fondo nacional único, no organizado por demarcaciones como los actuales, y los nuevos mecanismos financieros y tarifarios que pudieran desarrollarse.

Susana Díaz también viajará a Bruselas

Con la que está cayendo y a Susana Díaz no se le ocurre otra cosa que acudir al Bruselas a hablar con diversos comisarios europeos. Porque, que se sepa, no tiene intención, por el momento, de proclamar la República Andaluza. El caso es que allí acudirá la dirigente andaluza para quejarse del mal reparto financiero que existe en España y en Europa. Aunque lo de Europa no ha quedado muy claro durante la celebración de la reunión con el Consejo Económico y Social. Existe, eso sí, el deseo de converger con otras zonas de la Unión Europea y por ello se entrevistará con Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

El Brexit o la política proteccionista de Donald Trump seguramente tengan una repercusión sobre el desarrollo económico de Andalucía ha expresado la presidenta. Y por ello entiende que tiene hablar con los dirigentes europeos. Sin darse cuenta de que las funciones de relaciones exteriores no caen entre sus competencias directas, sino que son del Gobierno estatal. Pero la estrategia de tener proyección estatal (e internacional) más allá de sus propias funciones le puede. Tiene ese resquemor aún de la derrota en las primarias socialistas. Y le puede.

Realmente, todo el PSOE-A está muy preocupado, como el resto de dirigentes regionales del PSOE, por el nuevo sistema de financiación que se quiere implementar en España. “Los presupuestos generales del Estado no pueden ser una subasta para garantizar la aritmética parlamentaria de un país” ha manifestado. Las diferencias que se establecen durante los Presupuestos Generales siempre perjudican a aquellas regiones que tienen dirigentes de partidos de ámbito estatal. Es algo sabido y que ha sucedido durante los últimos 40 años. Claro que olvida ella misma que también juega con los presupuestos para garantizar su propia mayoría en el Parlamento andaluz.

Susana Díaz busca con esta estrategia, como se decía, tener una proyección nacional por encima de las siglas de partido. Y por ello ordena dentro de la Junta y del PSOE-A que diversas acciones tengan esa proyección nacional. No puede quedarse en Andalucía gobernando y solventando los problemas de los andaluces. Le parece muy aburrido enfrentarse a Moreno Bonilla o Rodríguez cada vez que hay Pleno. Prefiere hacer oposición, por su cuenta y riesgo, a Mariano Rajoy. Todo ello sin ver que ya existen personas que hacen eso a nivel estatal. Y respecto a la financiación pues se las tendrá que ver con Puig, Lambán o García Page. Porque ahí no hay amigos sólo defender lo propio.

Mario Jiménez a Almería para hacer oposición a Rajoy

Dentro de esa estrategia, de ir más allá de las fronteras regionales y tener proyección nacional y hacer oposición a Rajoy, se encuentra la presencia de Mario Jiménez en Almería para reunirse con los diputados y cargos almerienses. “Cuando Mariano Rajoy entró por la puerta de la Moncloa las inversiones públicas para Almería salieron por la ventana” ha expuesto como máxima opositora. Desde estas mismas páginas se ha cuestionado esa carencia inversora pero explicando bien las cosas y señalando especialmente a quienes votan contra Almería en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando y demás diputados almerienses.

De hecho, en la reunión con los demás socialistas ha recordado que el grupo socialista en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley en la que instan al gobierno del PP a acometer una serie de obras de gran interés para la provincia, como son el arreglo y puesta en funcionamiento de la desaladora de Cuevas, la desalobradora de la Balsa del Sapo, mejora de la infraestructura de riego en Adra, la adquisición de la desaladora de Níjar o la ampliación de la desaladora de Carboneras y su conexión con el campo de Tabernas. No Andalucía, sino los diputados y diputadas socialistas.

Eso sí, según el parecer de Jiménez, la Junta de Andalucía sí que dedica recursos y esfuerzos para la provincia. Aunque, se desconoce si por cuestión de un lapsus mental, nada han dicho de la gestión de Gabriel Amat, quien es representante del Gobierno estatal, como presidente de la Diputación, en la provincia. Con Amat la Junta trabaja codo a codo. Y calla ante las tropelías que comete. ¿Por qué? Algún día se sabrá. Pero como sucede a nivel estatal hay silencio y se le permite que haga lo que desee en la Residencia de Almería o en Las Salinas roqueteras.

IU Madrid contra la Ley del Suelo de Cifuentes

El jueves 2 de noviembre la Asamblea de Madrid ha rechazado, con el voto de Partido Popular y Ciudadanos, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos al anteproyecto de nueva Ley del Suelo para la Comunidad de Madrid. Con este trámite se activará, previsiblemente, la última fase de aprobación definitiva de esta Ley, que supone una vuelta de tuerca más en el modelo de expansión urbanística, especulación y destrucción del territorio llevado a cabo en Madrid en las últimas décadas.

En concreto, la nueva Ley que Cifuentes pretende aprobar, con el apoyo de Ciudadanos, es más agresiva para el territorio que la Ley vigente de 2001 al permitir y facilitar la construcción de usos industriales, instalaciones de ocio o de celebración de eventos en Suelo No Urbanizable y suponer una “amnistía” para las urbanizaciones ilegales al facilitar su legalización. Además, reduce sustancialmente las cesiones de suelo a las administraciones públicas y permite la venta de los patrimonios públicos de suelo para amortizar deuda, limitando las posibilidades de los Ayuntamientos para la construcción de equipamientos sociales o vivienda pública.

Para Izquierda Unida Madrid, la Ley que pretende aprobar Cifuentes pretende crear en nuestra Comunidad un marco normativo en el cual la racionalidad urbana, las necesidades sociales y los valores ambientales de nuestro territorio quedan subordinados a cualquier inversión que se proponga, por irracional, antiecológica y antisocial que sea. Se trata de un proyecto de Ley que vuelve a plantear el urbanismo simplemente como un motor económico para la generación de grandes beneficios para los agentes privados, sin considerar la necesidad de proteger nuestro territorio y equilibrar socialmente nuestras ciudades en un contexto de crisis económica, social y ecológica.

Para IU Madrid, el proyecto de Ley incide en las lógicas de la época del “boom” inmobiliario y desaprovecha la oportunidad de plantear un modelo alternativo que dé respuesta a los verdaderos problemas urbanos y territoriales que sufren los municipios de nuestra Comunidad, problemas que en gran parte se derivan del modelo anterior. El proyecto presentado por el gobierno de Cifuentes impone a los municipios madrileños un modelo de desarrollo al servicio de los intereses privados, limitando la soberanía de los ayuntamientos para desarrollar políticas urbanas distintas, que prioricen la protección medioambiental y la calidad de vida de sus ciudadanos.

En concreto, desde IU Madrid consideramos que una nueva Ley del Suelo en nuestra Comunidad en el contexto actual debería haberse aprovechado para desarrollar instrumentos de planeamiento supramunicipal, evitando que cada municipio pueda determinar arbitrariamente su capacidad de crecimiento, dar herramientas legales a los municipios que les permitieran desclasificar suelos declarados urbanizables en planes anteriores y cuyo desarrollo resulta inviable, ampliar la protección del territorio considerando el suelo por definición protegido, promover la mezcla de usos en nuestras ciudades reduciendo la dependencia de la movilidad en vehículo privado y garantizar que las plusvalías generadas por la actividad urbanística revierten en la Administración, en coherencia con la Constitución.

Izquierda Unida Madrid exige al Partido Popular y a Ciudadanos que renuncien a la aprobación de este proyecto de Ley y emplaza a la ciudadanía madrileña, a los movimientos sociales y a las fuerzas políticas a abrir un amplio proceso de debate que permita redactar una nueva Ley del Suelo para dar soluciones a los verdaderos problemas sociales y ambientales de nuestra Comunidad.

El Ayuntamiento anula los procedimientos de adquisición en renting de cinco vehículos, que fueron denunciados por Ciudadanos

Ciudadanos, a través de su Portavoz, Antonio Meca recuerda que “se han podido vulnerar” principios básicos de la contratación pública basados en la transparencia, publicidad   e   igualdad   de   oportunidades   a   la   competencia,   en   la   compra   de   vehículos   que garantizan la obtención de las mejores ofertas a menos precio. Antonio Meca señala que “como  miembros de la mesa de contratación hemos denunciado en varias ocasiones la presunta acotación y orientación  del equipo de Gobierno para que los vehículos se compren de una determinada marca y de  un mismo concesionario”.

De igual forma, el Concejal Antonio Meca ha denunciado que  “la mayoría de los vehículos adquiridos por el Ayuntamiento se hacen a dedo, sin pedir presupuestos a otros concesionarios y sin dar oportunidad a otras marcas”. A raíz de esta polémica este grupo municipal presentó   una moción que ha sido aprobada por unanimidad en  el  pleno   ordinario  de  Octubre   para atajar estas prácticas  perjudiciales para  la economía local, comprometiendo al equipo gobernante a cumplir con las normas éticas de buen gobierno así como con la normativa legal existente. “Estas malas prácticas políticas tienen   como  consecuencia una mal administración  del gasto corriente  de este Ayuntamiento denunciado repetidamente   por Ciudadanos  y en algunos casos ante la Fiscalía Anticorrupción y otras instancias judiciales, que obligan a los lorquinos a estar sometidos a los impuestos y servicios más caros de España, como son el IBI y el agua potable”, añade Meca

Águilas da luz verde a la creación del primer Centro Nacional de Buceo de la Guardia Civil

La playa de “Los Cocedores del Hornillo” acogerá el primer Centro Nacional   de   Buceo   de   la   Guardia Civil de   España. Un centro, dotado con aulas de formación para los agentes, vestuarios y zona de almacenaje, para cuya construcción el Ayuntamiento daba el primer   paso en el Pleno celebrado el pasado martes con la aprobación, por unanimidad, del inicio del trámite de expropiación de los terrenos   en los que se ubicará el citado centro.

Tras   la votación, la Alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, calificaba de “muy   positivo   para   Águilas” la   instalación   de   este   centro   de actividades subacuáticas. Otro de los puntos abordados en el Pleno, con los votos a favor de PSOE, IU y Águilas Puede y la abstención del PP, fue la aprobación inicial de una nueva Ordenanza municipal por la que se regulan las zonas de aparcamiento y áreas de servicio de autocaravanas, una iniciativa con la que se pretende- aseguraba el edil de Turismo, Ginés  Desiderio Navarro- “por un  lado, llenar el vacío legal  que sobre esta actividad existe en el municipio y, por otro lado, fomentar el desarrollo económico del municipio con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas”.

En este sentido, cabe señalar que la nueva Ordenanza, que ahora se   encuentra en fase de exposición pública a la espera de su aprobación definitiva, recoge la regulación de áreas de servicio que permiten   la pernocta y acampada durante un máximo de 48 horas. Asimismo, incluye un régimen sancionador que busca poner freno a la acampada   en lugares no permitidos.

En otro orden de cosas, en el transcurso de la sesión plenaria se dio conocimiento del Decreto de Alcaldía de reasignación de las Concejalías de Personal, Carnaval, Educación y Seguridad Ciudadana   que   serán   asumidas por el edil Cristóbal Casado (Personal, Educación y Carnaval) y la alcaldesa, Mari Carmen Moreno (Seguridad Ciudadana).

Cataluña se ahorra 5 millones en sueldos gracias al 155

5.017.108,65 euros es lo que se ahorrarán las arcas catalanas al cesar el Govern por la aplicación del artículo 155. Al recaer esas funciones en los ministros del ramo, no hay suplemento sino que es parte de su trabajo. Esa cantidad es aproximadamente el pago de las tres nóminas que habría que haber abonado al Govern y su pléyade de asesores, altos cargos, amigos, enchufados que tenían Junts Pel Sí.

A esa cantidad habría que sumar las campañas secesionistas que se podrían haber llevado a cabo. Campañas encubiertas sobre cultura, la navidad catalana o vayan ustedes a saber qué. El caso es que el Govern, y todas las personas que se desempeñan allí, cuesta cerca de 24 millones de euros al año a los bolsillos de la ciudadanía catalana. Mientras las farmacias tienen dificultades para cobrar, ahora lo hacen gracias al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), mientras la sanidad catalana se deteriora por culpa de los ajustes de JpS, mientras los servicios públicos catalanes sufren un doble austericidio, el Govern al completo no hubiese pasado unas malas vacaciones de navidad.

Carles Puigdemont se ha quedado sin sueldo al cesar, si hubiese convocado elecciones hubiese cobrado, por lo que su estancia en Bruselas o donde quiera que vaya a ir tendrá que ser sufragado de su propio bolsillo. Salvo que la Generalitat haya, como apuntan ciertos rumores, desviado fondos al extranjero para un posible exilio. Como es improbable, es de esperar que Puigdemont haya ahorrado suficiente después de tantos años cobrando del erario público.

Oriol Junqueras y demás miembros del Govern tampoco pasarán unas navidades mejores. Igual deben pasarlas en la cárcel de Soto del Real para evitar que se fuguen, tras la torpeza de Puigdemont, pero lo que sí es claro es que no les llegará ningún euro de los bolsillos de la ciudadanía catalana. A la cual han abocado al esperpento y al sufrimiento doble. Sufrir por unos malos servicios públicos. Sufrir por el intento de secesión.

El Santander necesitaba al Popular para sobrevivir (3)

El documento que analizamos en días anteriores fue presentado por el Banco de Santander en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día 7 de junio a las 8.24 minutos de la mañana, es decir, tan sólo 23 minutos después de que se hiciera pública la adquisición del 100% del capital del Popular por un euro. El documento está formado por 43 páginas, en concreto, 43 slides de Power Point, con sus correspondientes gráficos, cálculos, y previsiones respecto a lo que significará la adquisición del Popular para el Grupo Santander. Sorprende que un documento tan completo pudiera haberse confeccionado en tan sólo 23 minutos. Es físicamente imposible.

Expertos del sector financiero y bancario consultados por Diario16, nos han confirmado que para confeccionar un informe de esta calidad son necesarios, al menos, 5 días de trabajo con varias personas dedicadas al 100% para tal fin. ¿5 días? ¿Una semana laboral? ¿Y lo presentan tan sólo 23 minutos después de anunciar la compra? ¿No había aparecido el Santander de forma milagrosa a última hora? Es evidente que esa documentación estaba preparada de antemano. ¿Comenzaron en Boadilla del Monte a realizar esta presentación en el momento en que Emilio Saracho negoció con el Santander la venta del Popular por una cantidad estimada de 4.000 millones de euros con la idea de presentarla en la semana del 12 de junio cuando esa negociación secreta se hubiese llevado a efecto? ¿Qué provocó que la intervención se adelantara? ¿Podría ser que llegó algún otro tipo de oferta de la que no sabemos nada y lo precipitó todo? ¿Podría ser que la oferta de Antonio del Valle de acometer él solo una ampliación de capital provocara el pánico en el Santander y obligó a forzar la máquina para la intervención? Todo es posible, por muy improbable que parezca.

En otro orden de cosas, el documento sorprende por la certeza de los datos presentados, sobre todo en los referidos al Popular. Este hecho hace pensar que el Santander ya tenía un acceso directo a datos confidenciales de la entonces sexta entidad bancaria de España. ¿Hackearon los servicios informáticos del Popular? ¿O no les hacía falta porque ya tenían uno o varios informadores en las más altas instancias del banco que acababa de ser intervenido? En el Disclaimer que precede a la portada del documento se dice que «Toda la información en relación con Banco Popular S.A. incluida en esta presentación deriva de información pública disponible, preparada y hecha pública por el Banco Popular y no ha sido verificada por Santander». En primer lugar, una entidad que presume de seriedad como es el banco cántabro no puede presentar un informe de este calibre sin verificar los datos. En segundo lugar, algunos datos coinciden con los presentados por Emilio Saracho en el Consejo de Administración celebrado el día anterior (06/06/2017) y en el que se decidió que el banco no era viable. Esos datos presentados por Saracho no habían sido hechos públicos aún. En tercer lugar, volviendo al tema de la premura, esa cantidad de datos «públicos» precisan de mucho tiempo para ser procesados, no 23 minutos. Queda claro que alguien estaba filtrando información al Santander, lo cual, podría ser investigado por la Justicia para que determinara si se había cometido una presunta actividad delictiva de espionaje industrial.

Las conclusiones que saca el Santander son obvias: habían realizado una gran operación porque la adquisición del Popular ofrecía una oportunidad de consolidación doméstica para acelerar el crecimiento del beneficio en Santander España y Portugal; un sólido encaje estratégico y de negocio en un momento atractivo del ciclo bancario; unas sinergias de costes significativas con riesgo de ejecución gestionable y oportunidades de crecimiento de ingresos no incluidas; la creación de valor para el accionista, con un retorno del 13-14% e impacto positivo en BPA y TNAV/acción del grupo, creciendo el DPA en efectivo. Todo esto por un euro, lo cual amerita la velocidad de presentar este documento ante la CNMV.

La conclusión final es clara: el Santander tenía ya preparada la adquisición del Popular desde hacía semanas y este documento es prueba de ello. Mientras asimilan esta información piensen en una cosa: fue presentado tan sólo 23 minutos después de haber anunciado la compra del Popular.