lunes, 15 diciembre, 2025

Hay que combatir los fraudes empresariales

Dicen que ha pasado la crisis aunque persiste la recesión. Bueno, en términos generales y si nos creemos al cien por cien las estadísticas y datos del Gobierno, es una afirmación válida; es irrefutable que cuantitativamente hablando se está creando empleo.

Otra cosa muy distinta es la calidad del empleo que se genera; principalmente temporal y en condiciones muy precarias. Tenemos la segunda tasa de temporalidad en Europa, el 27%, solo superados por Polonia. Hay que señalar que dicha tasa de temporalidad se dispara al 73% entre los jóvenes menores de 25 años; desgraciadamente también hacemos “pódium en esta disciplina”.

Incluso la contratación indefinida que se está generando es “falsa” en un porcentaje muy elevado, pues más del 50% de los contratos indefinidos que se celebran tienen una duración inferior a un año; esto se produce por el uso y abuso del “contrato de apoyo a emprendedores”, uno de los elementos más dañinos de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en 2012.

Qué decir de la contratación a tiempo parcial, donde más del 60% no es voluntaria por parte del trabajador/a.

Son datos que nos dan una idea de la mala calidad del empleo en esta España que crece, pero a qué coste y en qué condiciones para los trabajadores.

No obstante, lo dicho hasta aquí no es un fraude, no es más que la consecuencia de la reforma laboral antes citada; aquella que Luis de Guindos anunciaba a Junker como “muy agresiva”. En esto al menos no mentía.

El fraude no está en el acceso al trabajo mediante un contrato, el fraude viene en el desarrollo del contrato. Hay que combatir los distintos fraudes que cometen los empresarios, en las condiciones en las que los trabajadores y trabajadoras tienen que desempeñar su puesto de trabajo.

Está siendo muy habitual que trabajadores con contratos de tiempo parcial hagan más de 40 horas semanales, es un fraude múltiple, por ejemplo:

  • Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa (Ley 11/2013), con bonificaciones entre el 75% y el 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes. Es un contrato en el que en muchas ocasiones la formación brilla por su ausencia. Al estar dirigido a jóvenes menores de 30 años, tenemos bajo este contrato a trabajadores muy formados, a los que tampoco se les respeta la jornada y terminan haciendo jornada completa.

Pero el fraude no sólo está vinculado a la PYME, a la contratación precaria y al empleo temporal. En el sector financiero, que es un sector con altos índices de contratación indefinida, cuyas empresas están anunciando incrementos en sus beneficios de dos dígitos: los cinco grandes bancos de este país se jactaron de obtener 3.989 millones de euros en el primer trimestre del presente año, lo que representó un incremento medio del 28,5% más que en el mismo periodo de 2016.

Prolongación de Jornada: un eufemismo que se ha adoptado en ausencia del debido pago de las horas extras no reconocidas

Los tres grandes: Santander, BBVA y Caixabank, al cierre del tercer trimestre del presente año, sumaron 10.014 millones de euros en beneficios más que en los nueve primeros meses del años 2016, lo que supone un incremento del 10%, el 23,3% y el 53,4% de incremento respectivamente para cada entidad.

Pues bien, en este potente sector financiero, se está destruyendo empleo a mansalva; vamos hacia los 90.000 empleos destruidos y el cierre de más de 17.000 oficinas desde 2008, y además actualmente se está sobre explotando a los trabajadores y trabajadoras que han mantenido su puesto de trabajo en el sector.

Dicha sobreexplotación no es nueva ni sobrevenida con la crisis. Toma la denominación de “Prolongación de Jornada”; un eufemismo que se ha adoptado en ausencia del debido pago de las horas extras no reconocidas y por ende no pagadas. Esta situación provoca un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública dado que no se cotiza ni se retiene IRPF de lo que no se paga.

Los subterfugios que utilizan las empresas son múltiples: reuniones, formación, etc. El caso es que lo que debería ser una situación puntual ha terminado siendo un hecho habitual. A lo anterior hay que añadir que de cada oficina que se cierra, la carga de trabajo se traslada a otra oficina en la que por lo general no se incrementa el número de plantilla.

Las plantillas en el sector financiero han mermado y hace ya muchos años que es difícil ver una sucursal bancaria con más de 3 ó 4 trabajadores incluido el director de la oficina. Además, las plantillas administrativas de antaño, han mutado en plantillas de perfil muy comercial, el caso es que la formalización de los productos que se venden por la mañana: concesión créditos, tarjetas, pólizas de seguros, etc., se hacen por la tarde con la puerta de las oficinas cerrada.

La Unión General de Trabajadores (UGT) realizó un estudio en 2014 sobre la situación del Sector. En aquel estudio, 3 de cada 4 trabajadores, el 78%, declaraba prolongar su jornada por encima de lo establecido en el Convenio Colectivo Sectorial. El 40,34% declaraba que lo hacía por exceso de trabajo y el 34,5% por presiones de sus superiores. Las conclusiones de aquel estudio decían que con el efecto “Prolongación de Jornada” se amortizaban entre 10.000 y 14.000 puestos de trabajo.

En la sociedad se han instalado algunos “mantras”, con la inestimable ayuda de la opinión publicada; uno de ellos es el “¿y qué hacen los sindicatos?”. Pues bien, los sindicatos mayoritarios vienen denunciando en todas las formas a su alcance esta situación: desde los estudios técnicos como el referido de la UGT, pasado por los intentos de resolver este problema en el seno de la negociación colectiva sectorial, acudiendo en multitud de ocasiones a la Inspección de Trabajo y denunciando estas prácticas ante los Tribunales de Justicia.

Este mismo año, el Tribunal Supremo ha revocado una sentencia de la Audiencia Nacional, por la que se obligaba a Bankia a establecer el control horario de la plantilla. El TS ha dado la razón a las empresas en su argumento de que no se producen horas extras: claro que no, porque no se pagan, lo que no significa que no haya fraude y que esas horas trabajadas gratis no estén contribuyendo al beneficio empresarial, ni que el erario público no se esté perjudicando al no recibir las cotizaciones y tributos que debería recibir.

Desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT estamos siguiendo muy de cerca el trámite parlamentario de la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso para poder pasar a su desarrollo de ponencias y enmiendas, al objeto de modificar los artículos 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores y obligar a la empresa, a todas, a establecer controles de horario a cuya información tengan acceso los propios trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo.

Hay que combatir el fraude múltiple de las empresas o de lo contrario continuará el deterioro del Sistema Público de Pensiones, el Estado de Bienestar y se seguirá profundizando en la precarización del mercado laboral.

Roberto Tornamira Sánchez es Secretario Federal del Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT

La Justicia injusta en el caso Banco Popular

Según diferentes informaciones publicadas en los últimos días, la Audiencia Nacional ha trasladado una consulta a la Unión Europea para comprobar si los recursos contra la intervención deben ser juzgados en España o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar que dichos recursos sean «sobrejuzgados». Por consiguiente, la Audiencia Nacional está adoptando los mismos argumentos que las defensas del Santander respecto a si los tribunales españoles tienen competencia para juzgar la intervención del Popular. Por otro lado, la propia Fiscalía ha determinado que existen indicios de delito en la ampliación de capital de 2.016 utilizando los mismos argumentos que se usaron en el caso Bankia y encausando a los Consejos de Administración de Ángel Ron y de Emilio Saracho.

Ambas noticias tienen una intención diabólica: desanimar a los afectados de que se querellen, en primer lugar, contra la propia operación y, en segundo lugar, de demandar al Santander porque, viendo cómo la Justicia está alargando el proceso en contraposición con la velocidad aplicada a los procedimientos en otros asuntos de máxima actualidad o cómo se está ajustando a las tesis judiciales del Santander podrían llegar a pensar que no se les va a hacer justicia y se les va a devolver lo que les arrebataron con nocturnidad y alevosía la madrugada del 6 al 7 de junio.

En primer lugar, hay que solicitar que los departamentos de comunicación de las instituciones de la Justicia española que sean quienes informen a los distintos medios sobre los movimientos de los distintos órganos en relación al caso Popular porque hay demasiado en juego y no se puede estar jugando a realizar filtraciones interesadas a medios de comunicación con vínculos con el Santander. Esos comunicados de prensa deben estar a disposición de TODOS los medios y, por la delicada situación de las más de 305.000 familias, ser lo más explícitos posible para, precisamente, no caer en la tentación de desanimar a que se tomen medidas legales contra los principales responsables de esta situación.

En segundo lugar, la Justicia debe ser justa, diligente e independiente, que es lo mínimo exigible para el Poder Judicial, y no caer en las presiones que estará recibiendo para entrar en razonamientos de leguleyo o en complicadas interpretaciones de la ley que profundicen en esa impunidad que parece tener el Santander. Diario16 ha presentado en la Audiencia Nacional documentación que demuestra que las 305.000 familias afectadas, además de haber sido arruinadas, fueron presuntamente estafadas. Con esas pruebas el juez Andreu ya tiene presuntamente documentación suficiente como para adoptar medidas cautelares hasta que se dilucide si la carta con la que se inició todo el proceso de intervención tiene o no tiene validez legal por la dudosa firma de Saracho y la falta de elementos identificativos o corporativos (antefirma y sello). Además, hemos aportado el acta del último Consejo de Administración en el que Emilio Saracho no menciona en ningún momento ni las ofertas para la ampliación de capital realizadas por Barclays y Deutsche Bank o las negociaciones que se estaban celebrando de manera paralela entre altos ejecutivos del Popular y directivos del Santander. Como presidente del banco estaba obligado a hacerlo y, por ende, el Consejo informar a la CNMV, lo que, probablemente, hubiera paralizado la cotización y, en consecuencia, habría frenado los ataques de los bajistas Marshall Wace (JP Morgan) y BlackRock. Sólo con la documentación presentada por Diario16 ya hay suficientes indicios delictivos como para que no se permita que el Santander siga haciendo negocio y desguazando a una entidad que la propia Justicia podría obligar a devolver a sus verdaderos dueños: los más de 305.000 accionistas.

Por otro lado, sorprende la diligencia que ha tenido el Banco de España a la hora de nombrar dos peritos muy cercanos al Gobernador para analizar las cuentas del Popular y que aún no se haya dado orden judicial de realizar un peritaje que determine la veracidad de la carta presuntamente firmada por Emilio Saracho en la que se declaraba la inviabilidad del Banco Popular.

Cuando Fernando Andreu rechazó tomar medidas cautelares respecto a la operación porque el daño que se podría generar sería mayor que la reparación de los afectados, permitió indirectamente que el Santander llevara adelante una estrategia de «tierra quemada» que busca, precisamente, eso, que la Justicia tenga un escenario en el que le sea imposible tomar medidas cautelares o retrotraer la operación.

La Justicia debe ser justa siendo independiente y, en el caso del Popular, tener en cuenta todos los indicios que este medio está publicando respecto a que a los más de 305.000 afectados fueron presuntamente estafados. Razones para paralizar cautelarmente la operación, por comparcion sabida, hay de sobra, tal y como estamos demostrando, porque, si no se hace, el Santander provocará que el daño sea irreversible y, por tanto, la Justicia será injusta aquí y en Brusela.

La Junta ha recuperado 345 cuerpos de fosas de los asesinatos franquistas

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que, desde el inicio de la presente legislatura, la Junta ha desarrollado o viene desarrollando alrededor de 40 intervenciones directas en fosas que han permitido la recuperación de al menos 345 cuerpos de andaluces «que permanecían, desaparecidos y ocultos, arrojados en la indignidad de una fosa, y que han podido o podrán tener un entierro digno».

El vicepresidente, que ha intervenido en la Comisión parlamentaria de Presidencia para realizar un balance de las actuaciones en materia de memoria democrática, ha indicado que en el presente año se han desarrollado 24 intervenciones, de las que 17 han sido intervenciones de localización y exhumación y el resto actuaciones de identificación genética sobre las que se trabaja en laboratorio, como estudios de documentación, recogida de testimonios.

Respecto a las actuaciones en fosas, ha indicado que se están llevando a cabo labores de indagación, localización, exhumación y estudio antropológico en fosas de municipios como en Benamahoma (Cádiz), San Fernando (Cádiz), Lucena (Córdoba), Nerva (Huelva), Álora, Cártama y Villanueva de la Concepción (Málaga), o El Coronil (Sevilla), a las que deben sumarse las actuaciones de identificación genética y que, al amparo del convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, vienen desarrollándose en este centro de la universidad granadina de referencia mundial.

Según ha informado, con estas actuaciones culmina un año 2017 «especialmente activo» en cuanto a actuaciones específicas en fosas y que, junto a las mencionadas, también se ha intervenido en Monturque, Castro del Río y una primera intervención en Lucena (Córdoba), Álora, igualmente en una primera intervención, y Colmenar (Málaga), y Guadalcanal, Palomares del Río, Camas y La Campana (Sevilla).

En su opinión, se trata de unas cifras «que muestran que estamos ante un cronograma a pleno rendimiento que nos enorgullece porque demuestra la implicación y apuesta de este Gobierno que no tiene parangón a nivel estatal». En el mismo sentido, ha recordado que el compromiso con la recuperación de la memoria y la reparación a las víctimas se muestra en el aumento imprimido al presupuesto destinado para 2018 a actuaciones específicas en fosas e identificación genética que experimenta un incremento de más del 150% respecto al ejercicio actual.

De esta forma, ha señalado que «reforzamos nuestra idea de que debemos continuar por esta senda de la recuperación de la memoria desde el principio de escrupulosidad científica, colaboración entre administraciones –tendiendo la mano a los ayuntamientos y diputaciones que quieran sumarse a trabajar de forma estrecha con nosotros-, y con los colectivos memorialistas».

Asimismo, ha indicado que este trabajo se acompañará de la creación de un órgano fundamental para el desarrollo de la Ley de Memoria como es el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como la efectiva puesta en marcha de las Oficinas de Víctimas de la Represión Franquista en las Delegaciones del Gobierno de todas las provincias andaluzas.

Conesa pide lealtad institucional al gobierno de la Región de Murcia

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa ha pedido al Gobierno regional, a través de una carta abierta al presidente de la Comunidad, un compromiso de igualdad de trato y de lealtad institucional en todos aquellos ayuntamientos que estuvieran gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas.

Conesa ha recordado que en su primera reunión como secretario general con el presidente, le propuso trabajar de forma ordenada, coordinada y con visión de futuro con los ayuntamientos, y le planteó una ley de financiación local que beneficie por igual a los consistorios, independientemente del color político de sus gobiernos.

“Le hice llegar esta inquietud por la actitud que han manifestado algunos consejeros y directores generales, al visitar municipios haciendo actos de partido, cuando se trataba de actos institucionales y en los mismos tendrían que haber estado los alcaldes y alcaldesas o concejales socialistas, y ni siquiera han sido invitados cuando altos cargos de su Gobierno -que es el de todos los murcianos y murcianas y no del PP- ha acudido a estos municipios”, ha señalado Conesa en la carta.

“Para nuestra sorpresa, y sólo cuatro días después, ha sido usted mismo, presidente, el que ha incumplido ese acuerdo de lógica y lealtad institucional, asistiendo a un acto de comunicación para presentar el proyecto de la UCI del Hospital de Caravaca de la Cruz, para el cual ni ha llamado al alcalde, ni se ha comunicado el mismo al Ayuntamiento del municipio. Ni, por supuesto, ha tenido la deferencia de contar con diputados del Grupo Parlamentario Socialista que tanto han peleado por este asunto en la Asamblea Regional”, ha añadido.

Además, Conesa ha destacado la predisposición de los socialistas a desatascar problemas de vital importancia para la Región de Murcia, como el de la ITV, a pesar de no ser el modelo inicial que defendían.

Finalmente, ha insistido en que, tal y como le manifestó al presidente en la reunión, el PSOE está, como partido de gobierno y de mayoría social, a disposición del interés general de la ciudadanía de la Región de Murcia.

Desde 2009 se ha atendido a 3.666 menores víctimas de violencia machista en Andalucía

Andalucía ha atendido desde 2009 a 3.666 menores de entre 6 y 17 años víctimas de la violencia que sufren de manera directa los hijos de agresores machistas. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha recordado en sede parlamentaria, que el Gobierno andaluz fue pionero en considerar a los menores como víctimas directas de la violencia de género, al poner en marcha en 2009 el Servicio de Atención Psicológica para Hijos de Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con el objetivo de ofrecerles un itinerario personalizado de atención integral para mejorar su bienestar psicosocial y atender sus necesidades socioeducativas.

El servicio permite realizar una atención psicológica a menores para aumentar su autoestima, resolver conflictos psicológicos derivados de su situación, potenciar actitudes y comportamientos empáticos, así como eliminar los estereotipos y prejuicios de género. El programa trabaja también con las madres para enseñarles a identificar señales de alarma previas a la reproducción de conductas violentas por parte de los hijos, a mejorar las relaciones entre madre y menor y a orientar sobre las pautas educativas más adecuadas a cada edad.

La consejera ha destacado así «la línea constante de trabajo y mejora» de este programa, que este año ha incorporado como novedad el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de la Violencia de Género, una iniciativa pionera en España que ofrece de manera gratuita e inmediata atención psicológica de urgencia a menores y familiares que se enfrentan a un hecho tan traumático como el asesinato de una madre a manos del padre agresor.

El servicio, que se ofrecía inicialmente en las capitales de provincia, amplió en 2014 su cobertura a los municipios, ahorrando tiempo y costes de desplazamiento a las personas usuarias. Junto a ello, la red integral de acogida a víctimas de violencia de género se presta una atención integral a menores víctimas, desde sus necesidades más básicas a su desarrollo escolar.

Totana apoyará a sus regantes en la reivindicación por mantener el trasvase Tajo-Segura

El Pleno del Ayuntamiento de Totana acordó anoche, por unanimidad, apoyar a la Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura de esta localidad, así como a los agricultores y a sus familiares, instando al Gobierno de España al mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, poniendo en marcha de forma urgente todas las medidas necesarias ya planteadas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente en el mes de julio del presente año que garanticen la perdurabilidad de esta infraestructura por ser pilar básico de la agricultura y empleo de nuestro municipio.

Además, se aprobó suscribir el Manifiesto levantino por el Agua reivindicando la perdurabilidad del Acuerdo Tajo-Segura como pilar básico de futuro para nuestras poblaciones, tal y como recogía la moción conjunta de los tres grupos municipales y el edil no adscrito.

Los corporativos aprobaron, con los votos a favor del PSOE, PP y Ganar Totana-IU y la abstención del edil no adscrito, la moción conjunta del PSOE y Ganar Totana-IU para proponer a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados y a la Asamblea Regional la creación de la institución del «Defensor/a de las Generaciones Futuras».

El Pleno  aprobó, con los votos a favor del PSOE y Ganar Totana-IU y en contra del PP y el edil no adscrito, la propuesta de la Alcaldía para desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular al Presupuesto General del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2017, compuesto por los Presupuestos del propio Ayuntamiento y de las sociedades privadas municipales PROINVITOSA y CEDETO, S.L.

Al respecto, se acordó aprobar definitivamente éste y su publicación en el BORM, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en relación al artículo 169.3 R.D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, remitiendo copia del presupuesto general definitivamente aprobado a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Además, se dio luz verde a la moción de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, por unanimidad, para instar a la Consejería de Presidencia y a su Secretaría General, así como a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, para la culminación de los trámites oportunos respecto del pago del importe de 10.000 euros al Ayuntamiento de Totana, de acuerdo con el Convenio de Colaboración redactado al efecto, para subvencionar la adquisición de una ambulancia con destino al servicio de Protección Civil de Totana.

Fuera del orden del día, se aprobó, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU y el concejal no adscrito y la abstención del PP, la propuesta  de la Alcaldía para formalizar la operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación con motivo de las deudas pendientes con la Agencia Estatal Tributaria y pagos a proveedores que se están compensando mediante retenciones de la Participación de los Tributos del Estado.

En este sentido, se aprobó formalizar una operación de crédito a largo plazo por importe de 4.851.069,10 euros, con la entidad financiera que resulte designada por el ICO como gestora de los Fondos de Ordenación de los que trae causa la citada operación de crédito y todo ello en el ámbito del Fondo de Ordenación al que se encuentra adherido este Ayuntamiento, para hacer frente a la deuda pendiente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que está siendo objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado.

La propuesta recogía, asimismo, formalizar otra operación de crédito a largo plazo por importe de 30.399.177,43 euros, igualmente, para poder llevar a cabo la sustitución de la aplicación de retenciones de la participación Tributos del Estado para la cancelación de deudas con el Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales.

Mociones grupos políticos municipales

El Pleno aprobó la moción del Grupo Popular, con el apoyo del PSOE, PP y edil no adscrito y la abstención de Ganar Totana-IU, para celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española (CE) en el año 2018.

La propuesta recogía la adhesión institucional de Totana a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, y promover desde el Ayuntamiento, conjuntamente con los colegios del municipio, actividades dirigidas a conocer, celebrar y poner en valor la CE por parte de los niños y adolescentes de Totana, como pueden ser concursos de dibujo, redacciones, trabajos relacionados con el 40 aniversario de la Carta Magna, etcétera.

Se dio luz verde, con los votos favorables del PSOE y Ganar Totana-IU y en contra del PP y el edil no adscrito, a la propuesta de enmienda de Ganar Totana-IU a una moción para que el Ayuntamiento condenara rotundamente los actos de violencia y vandalismo contra las obras del AVE en Murcia, que ponen en peligro el desarrollo social y económico de la Región de Murcia.

La enmienda de Ganar Totana-IU recogía el rechazo institucional a los actos de violencia cometidos en el paso a nivel de Santiago el Mayor y las cargas policiales, rechazando que se intente culpar a los vecinos o a la Plataforma Pro Soterramiento de actos aislados, así como exigir el soterramiento de esta infraestructura y priorizar la inversión pública en el mantenimiento y mejora de los trenes de Cercanías y media velocidad, entre otros.

También se aprobó la moción del PP, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU, PP y la abstención del edil no adscrito, para dotar  en el presupuesto de 2018 de una mayor partida respecto a la del presupuesto 2017 destinada al fomento, difusión y promoción de la Semana Santa con el fin de iniciar desde el Consistorio junto al Ilustre Cabildo de Procesiones  la elaboración del expediente de Declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Totana, dando       cumplimento a la propuesta del 2015 aprobada por unanimidad. Esta propuesta se mejoró con una enmienda de Ganar Totana-IU para se efectúe el acuerdo en la medida de las posibilidades económicas del Ayuntamiento.

Los corporativos aprobaron la moción del Grupo Socialista, con la enmienda de sustitución parcial de Ganar Totana-IU, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU, PP y la abstención del edil no adscrito, para que se permita que las Entidades Locales reinviertan su superávit en 2018, sin necesidad de autorización legal para esa reinversión y lo contemple en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.

En este sentido, la enmienda de Ganar Totana-IU precisaba instar al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de la Nación a que permita que las entidades locales reinviertan todo o parte del superávit en 2018 sin necesidad de autorización legal para esa reinversión y lo contemple en los Presupuestos Generales para el ejercicio 2018.

Los concejales aprobaron, por unanimidad, la moción del PSOE para regular adecuadamente la figura del Consumidor Vulnerable del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre; reforzando el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.

La propuesta del Grupo Socialista recoge también reformar el Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica; así como incluir en los PGE una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable, para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales.

Esta partida presupuestaria se repartirá entre las Comunidades Autónomas según los criterios que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Asimismo, se propone aprobar mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.

Por último, se aprobó la moción del edil no adscrito, con los votos a favor del PP, PSOE y él mismo y en contra de Ganar Totana-IU, para que se revisen varias partidas presupuestarias recogidas en su iniciativa por parte del departamento de Contratación correspondiente, y se busquen otros proveedores o si es posible uno solo que posibilite la reducción de estos gastos para futuros años de manera significativa.

La Comunitat podría incluir una cláusula social en favor de las mujeres monomarentales

La Generalitat está estudiando la posibilidad de incorporar cómo cláusula social en la contratación pública, la prioridad de contratar a mujeres de familias monoparentales, según ha manifestado el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, durante su intervención en Madrid en las jornadas estatales Familias Monomarentales: Ley de familias monoparentales ¡YA!.

Ibáñez ha asegurado que el Consell destaca por construir un nuevo marco simbólico que impulsa el interés superior de los derechos de la infancia y la apuesta por la diversidad familiar, en definitiva, ha resaltado, por ser «el gobierno de apoyo a las familias, de derechos de la infancia, de perspectiva de género y de respeto a la diversidad».

En esta línea ha precisado que la Conselleria de Igualdad está ultimando la elaboración de un nuevo decreto que regulará el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana y que incluye como novedad, más allá de la agilización en la gestión y otros detalles técnicos, la ampliación del concepto de familias monoparentales y las opciones de acceso a este reconocimiento a las mujeres maltratadas, las familias con un progenitor con un alto grado de discapacidad o en privación de libertad.

El secretario autonómico ha señalado que el número de familias monoparentales en la Comunitat Valenciana han aumentado en dos años un 350%, pasando de 1.515 a 6.876. Las familias monoparentales son «una de las estructuras familiares que más se han extendido a lo largo de los últimos años y que a la misma vez más requieren de soporte y protección por parte de los poderes públicos, debido a su vulnerabilidad, especialmente en el caso de las encabezadas por mujeres, que son la mayoría».

Por ello, ha manifestado, la política del Consell de apoyo a las familias y de reconocimiento de la diversidad familiar va en la línea de acciones concretas para «combatir la trasmisión generacional del empobrecimiento y su feminización». Así, respecto a la política de recursos humanos de la Generalitat, «ya se ha priorizado para cambios laborales la condición de familia monoparental».

En este sentido, Ibáñez ha recordado que en su primer año de gobierno, el Consell y equiparó en derechos a las familias monoparentales con las familias numerosas, y así, en 2016 «las incluimos en todos los beneficios de tasas que tenían las numerosas, especialmente todas aquellas que tienen que ver al ámbito educativo, matrículas, tasas expedición títulos, etc.».

Entre las medidas concretas de equiparación de familias monoparentales y numerosas, impulsadas por el Consell el secretario autonómico de Igualdad ha señalado la deducción del tramo autonómico del IRPF entre 300 y 600 euros, la bonificación del 50 por cien o exención en tasas y precios públicos en materia administración de educación o acreditación de títulos educativos en todas sus etapas, o relacionadas con servicios administrativos de función pública, políticas sociales, adopción internacional o sanidad.

Además, ha señalado, desde este curso académico, las familias monoparentales ya tienen los mismos puntos que las numerosas para la elección de centro educativo, y desde el 1 de junio de este año, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana tiene un título de descuento igual para las familias numerosas y las monoparentales, además de ser un colectivo prioritario en las ayudas al alquiler de vivienda.

Del mismo modo, el secretario autonómico de Igualdad ha explicado que la Generalitat desarrollará una Estrategia Valenciana de Nuevos Usos de Tiempos y Corresponsabilidad, como una hoja de ruta de las políticas de conciliación laboral y familiar, de fomento del voluntariado y la participación, de corresponsabilidad de género y generacional, y para favorecer y garantizar que las personas dispongan de tiempo para trabajar los afectos y el ámbito relacional.

En la misma línea de usos de tiempo y lucha contra la feminización de la pobreza, ha hecho hincapié la política del Consell de horarios comerciales, como la propuesta de cerrar en domingo para garantizar derechos laborales y vida en familia. Por último ha subrayado que la nueva renta valenciana de inclusión social permitirá que las mujeres, más del 65% de los casos son ellas las titulares, destinen el tiempo a buscar empleo, crianza de los hijos, espacio personal.

En este sentido, Ibáñez ha puesto el acento en su «importancia como herramienta única para combatir el empobrecimiento», no solo por su dimensión económica, que pasará de 392 euros a 850 euros para familias medias, sino también por su configuración integral, «ya que automáticamente las personas beneficiarias contaran con ayuda para la vivienda, beca de comedor y transporte, beca universitaria, ayuda al copago sanitario, planes de inserción sociolaboral y un largo etc.», ha concluido.

900 murcianos tendrán que desplazarse a Alicante para recibir tratamiento de radioterapia

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado iniciativas solicitando información sobre “lo que parece una adjudicación inminente” de un concurso para prestar servicios de radioterapia concertados por el Servicio Murciano de Salud (SMS) que obligará a 900 murcianos y a sus acompañantes a realizar sus sesiones de radioterapia fuera de la Región, ha explicado la diputada Consuelo Cano.

“¿Qué situación aconseja la contratación de una nueva empresa que no tiene centros para prestar dichos servicios radioterápicos en la Región de Murcia y que obligará a enfermos y familiares a un extraño peregrinaje a Elche y Torrevieja  con las molestias y transporte que ello supone?”, se ha preguntado.

Cano ha recordado que recientemente se aprobó en la Asamblea, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, elaborar un plan regional para la renovación de equipos materiales y humanos en los tratamientos de oncología radioterápica.

Además, ha indicado que la donación de la Fundación Amancio Ortega dotará de dos aceleradores lineales precisamente a los hospitales metropolitanos, el Morales Meseguer y el Reina Sofía.  “Cuando contemos con esos medios habrá que volver a reorganizar la prestación y concertación de estos servicios oncológicos”.

En su opinión, no es muy razonable obligar a los murcianos a salir de la Comunidad Autónoma para tratamientos que hasta la fecha han recibido y están recibiendo satisfactoriamente en la Región.

“Esperar a que IMED Hospitales construya un centro propio resulta curioso, sobre todo teniendo en cuenta que tras su construcción, tendremos menos concertación si hacemos funcionar correctamente los medios propios después de la llegada de los aceleradores donados por la Fundación Amancio Ortega”, ha añadido.

“Queremos saber todos los detalles y extremos de este expediente de contratación, queremos saber cuánto pesa la calidad asistencial y la humanización en la consideración de estas adjudicaciones que dejan a los ciudadanos a merced del transporte a otra Comunidad Autónoma para ciclos de tratamiento complicados y frecuentes, a ellos y a sus familiares acompañantes con todo lo que eso supone”, ha concluido.

 

 

Criteria Caixa tenía 4.000 millones preparados para optar a la subasta del Popular

A mediados del mes de mayo el sistema financiero español ya tenía claro que el Banco Popular iba a caer tarde o temprano. Todas las entidades estaban preparando sus recursos para afrontar una operación corporativa.

Aunque Saracho tenía como objetivo que cualquier movimiento corporativo de alguna de las entidades españolas o extranjeras debía ser parado porque sólo el Santander podía hacerse con el Banco Popular al menor precio posible, no podía evitar que las entidades hicieran sus cálculos, incluso que pudieran presentar ofertas, ya fuera para una fusión, para una compra o para inyectar capital en una ampliación. Ya estaba él, Joaquín Hervada Yáñez, el despacho Uría Menéndez, dirigidos por Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, con la colaboración de Luis de Guindos y sus instituciones, para obviarlas o para rechazarlas. ¿Dónde estaba el Congreso de los Diputados y, en concreto, las bancadas del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos? El ejemplo de que esto fue así lo tenemos en cómo no comunicó al Consejo de Administración las ofertas para la ampliación de Barclays y de Deutsche Bank.

Hay que recordar que en aquellos días del mes de mayo, cuando el valor en bolsa del Popular se estaba desplomando y la única opción para salvar a la sexta entidad española era que fuera vendido a alguno de los otros cinco bancos, todo parecía que iba encaminado a que Bankia fuese quien se hiciera con el Popular, a pesar de que la entidad estaba inmersa en las negociaciones para la fusión con BMN. Evidentemente, todo esto formaba parte de la estrategia de Luis de Guindos para distraer la atención y, por lógica, José Ignacio Goirigolzarri, un banquero responsable, no veía clara la operación por más que se le vendiera que era un negocio seguro porque la rentabilidad estaba asegurada en el corto plazo, tal y como estamos viendo con el beneficio que está sacando el Santander.

No obstante, sí que había quien estaba dispuesto a acudir a la subasta en caso de que el Popular fuera intervenido: Criteria Caixa. El día 16 de mayo Isidre Fainé tenía previsto desbloquear 4.000 millones de euros de la OPA de Atlantia sobre Abertis para participar en el proceso corporativo de venta del Popular.

En aquellos días, Emilio Saracho afirmó que el proceso de venta era urgente, un proceso que había sido encargado a JP Morgan y a Lazard. El tiempo ha demostrado que no había ningún interés de ejecutar dicho proceso salvo que hubiera sido el Santander el que hubiese realizado alguna oferta que, en mayo, se estimaba que sería atractiva a partir de un precio de la acción inferior a 0,50 euros.

Es importante el hecho de que Criteria Caixa tuviera desbloqueados esos 4.000 millones de euros, puesto que desmonta la teoría de quienes afirman sin ningún tipo de rubor que el Santander salvó la quiebra del Popular. Se ha afirmado que en la subasta que se celebró en la madrugada del 6 al 7 de junio no hubo ninguna oferta positiva y que el precio de un euro ofrecido por el Santander era un justiprecio adecuado por la situación que tenía el banco según el informe provisional y «ultra secreto» de Deloitte, hoy procesado por el caso Bankia y, probablemente, antes que después, también lo será por esta operación y otras de las que informaremos durante la época en que Miguel Zorita fue presidente de Deleoitte y auditaba al Santander. Teniendo Criteria Caixa y, por ende, CaixaBank ese dinero dispuesto para la compra…, ¿quién afirma que no había ofertas positivas? La diferencia entre 4.000 millones de CaixaBank y el euro que pagó el Santander es importante.

El desbloqueo de esos 4.000 millones fue publicado en el portal «Bolsa Abierta» de CaixaBank, un espacio web donde operan profesionales del mercado de valores y es el centro de operaciones de compra y venta de valores con toda la información a tiempo real además de la valoración de los gestores de fondo de CaixaBank y los analistas especializados. Sin embargo, fue eliminada al día siguiente.

Esta información aparecida en un portal de inversores hizo que muchas personas compraran acciones del banco porque el hecho de que ya se tuviera el dinero preparado para entrar en la subasta indicaba que el Popular tenía solución. Súbitamente se retiró toda la información al respecto, lo que puede considerarse como una clara manipulación gestada por quienes estaban implicados en la operación que debía finalizar con la compra del Popular por el Santander al menor precio posible.

¿Hubo presiones políticas, institucionales, financieras o se negoció con CaixaBank algún tipo de prebenda oficial para que se retirara y dejara el campo libre al Santander? Todo indica que pudo ocurrir así ya que se desbloquearan esos 4.000 millones indicaba que había un claro interés de compra por parte de la entidad catalana, sobre todo porque, ese 16 de mayo el valor en bolsa del Popular era de 3.000 millones. CaixaBank estaba claramente interesada en el Popular y, evidentemente, había que evitar por todos los medios que, en primer lugar, hiciera una oferta formal, lo que hubiera convertido a CaixaBank en el primer banco en España y en el tercer valor del IBEX35 con más de medio billón de euros en activos y, en segundo lugar, que ese interés se hiciera público. El Santander no lo podía permitir.

La opción de que Criteria Caixa se hiciera con el Popular o se convirtiera en su accionista de referencia recapitalizando a la entidad hubiera sido, además, menos traumática que una hipotética adquisición por parte de BBVA, de la propia CaixaBank o, por supuesto, que el Santander y la solución que se tomó.

CaixaBank, Barclays, Deutsche Bank, son algunas de las entidades que estaban dispuesta a aportar, ya fuera a través de operación corporativa, de una inyección de capital o de ampliación de capital, casualmente, la misma cantidad, 4.000 millones. Que bancos tan importantes los citados estuvieran interesados demuestra, en primer lugar, que no existía la inviabilidad que Emilio Saracho defendió en la última reunión del Consejo de Administración y que remitió en la carta presuntamente falsa a la JUR; en segundo lugar, los escenarios negativos de Deloitte sobre los que se tomó la decisión de intervenir al Popular no se correspondían con la realidad del banco; en tercer lugar, el Santander sólo tenía interés en hacerse con el Popular de manera gratuita porque la ampliación de capital fue realizada por el Santander la necesitaba —recordemos el informe de Barenberg publicado en mayo en el que la agencia alemana afirmaba que el banco presidido por Ana Patricia Botín tenía un déficit de capital de 10.000 millones— y el Popular le venía como anillo al dedo para ampliar capital y para obtener un beneficio inmediato que le permitiera arreglar sus cuentas.

Peligra la presidencia de Ana Patricia Botín en el Santander (IV)

Pedro Sánchez: “Como sociedad no podemos tolerar esta matanza”

Para Pedro Sánchez no cabe otra salida que la “rebelión cívica contra las cifras aberrantes” de la violencia machista. Cuando alguna mujer es asesinada la sociedad debería preguntarse si hubo algo más que podía haberse hecho. Por eso ha reclamado el secretario general del PSOE que no nadie se calle, que no mire para otro, cuando es testigo de la violencia machista. Y, evidentemente, luchar contra los micromachismos de la cotidianeidad, contra el machismo empresarial que impide a las mujeres ascender o la brecha salarial.

En el acto de la campaña Juntas y Contigo, junto a Carmen Calvo, José Manuel Franco y Natalia de Andrés, Sánchez ha querido implicar a toda la sociedad, por tanto, en la lucha contra la lacra social. Ha querido comenzar esos sí lanzando un dardo a Cristina Cifuentes, pues ha explicado que la Comunidad de Madrid es la única autonomía que carece de un Plan de Igualdad. Así es como gobierna el PP ha querido explicar con esta mención.

Sánchez ha recordado que el PSOE es el partido en el que “caben todos y todas las que entienden que la democracia no es posible sin la igualdad entre mujeres y hombres”. Es más, la lucha contra la violencia de género debe realizarse desde todos los lugares, incluso desde la oposición. Ya que el PP, que en su momento llevó la ley de igualdad al Tribunal Constitucional y ahora lleva a los tribunales todas las leyes de igualdad, no sabe o no quiere. Y es que no cabe bajar los brazos “ante una aberración que nos indigna como sociedad”.

Cuando algunos hablan ahora de la reforma constitucional, como algo sólo territorial, ha querido Sánchez recordar que desde el PSOE no sólo se habla de lo territorial sino “hay un amplio espacio para la igualdad entre mujeres y hombres”. Esto es, constitucionalizar derechos de igualdad. Pero, se ha lamentado, “sufrimos un presidente instalado en la desidia” que, además, está siendo acompañado por su apéndice de Ciudadanos, “la otra derecha”.

El PSOE, como viene haciendo en las últimas fechas, es la izquierda de gobierno porque “no sabemos ponernos de perfil ante los desafíos de altura”. Por ello, el PSOE sigue siendo la izquierda alternativa y transformadora. El partido que “pone todo ante una emergencia social” como la violencia machista. Por ello quieren que se elimine el régimen de visitas a los padres convictos por violencia machista. Por eso han logrado que el gobierno del PP emplee 1.000 millones para los próximos 5 años destinados a luchar contra la lacra social. Por eso van a llevar al Congreso la Ley de Igualdad de Salarios entre Mujeres y Hombres. Por eso reclamarán al gobierno de M. Rajoy “rigor, compromiso y acción”, ya que el PSOE no va a “tolerar ni un incumplimiento, ni una excusa”.

Ha querido terminar Sánchez recordando que la cohesión territorial y la cohesión social son fundamentales para la convivencia. Y ante estas crisis ha quedado claro cuál es el patrón de acción de la derecha, “dejar que los problemas crezcan sin hacer nada”. Ante esto ha reclamado para el PSOE el liderazgo, que nunca ha dejado, en la lucha en favor de la igualdad en todos sus aspectos. Porque propuestas no van a faltar frente a un gobierno pasivo y al que ha acusado de no tener ganas de gobernar.