martes, 16 diciembre, 2025

Carmen Calvo: “No se puede ser socialista sin ser feminista”

Negar la evidencia de que en estos momentos las mujeres suponen más del 50% de la población y se encuentran en desventaja con los hombres en muchos ámbitos de la vida, es no tener claro que la democracia será paritaria o no será. Pero no sólo en el ámbito político, sino en todos los órdenes de la vida. Esto es lo que ha querido dejar claro la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en el acto contra la violencia machista celebrado en Alcorcón.

Se ha preguntado Calvo “¿Quién en su sano juicio políticos puede no perseguir la igualdad?”. Desde luego desde el PSOE siempre se ha pensado en construir la “democracia comenzando por la igualdad de mujeres y hombres”. Por eso han ido a salvar al PP respecto al Pacto contra la Violencia de Género. Los conservadores siempre necesitan una muleta, no sólo en este tema, porque no saben. Los socialistas, ha explicado Calvo, les han dicho al PP que si ellos no saben, no hay problema en apoyar y guiar en luchar contra esa lacra social. Además, no quieren fotos (aquí ha hecho un recuerdo a Ciudadanos sin citarlos, pues llegaron diciendo que todo era gracias a ellos), ni politiqueos con estas cosas. Quieren que las cosas que se firman se cumplan. Por ello van a estar vigilantes desde la Comisión de Seguimiento del Pacto contra la Violencia de Género.

Lo primero ha sido pedir al PP que devuelvan las competencias (con su dinero) en esta materia porque “cuando las mujeres están desorientadas por el sufrimiento no saben dónde acudir. Y el primer lugar o persona en la que piensan es en el Ayuntamiento o su Alcalde o Alcaldesa”. Ahí es donde encuentran apoyo, recuerda la ejecutiva federal. Además, esa comisión de seguimiento se constituye porque no van a “apoyar lo que no podamos controlar. No les vamos a dar un cheque en blanco”.

Ha pedido Calvo que los hombres, los socialistas especialmente, deben situarse en el primer plano de lucha contra la violencia machista. Las mujeres llevan años denunciando y luchando, pero es cierto que “es muy distinto si un hombre es capaz de decirle al machista en público que esto no puede ser”. “no podemos ser la víctimas y las defensoras de esto” ha dicho Calvo, a la par que solicitaba salir todos juntos (ellas y ellos) acompañándose en la lucha.

Casi al finalizar su intervención ha tenido una visión hegeliana la constitucionalista al recordar que “la democracia es el fin de trayecto”. No hay más allá. Se podrá mejorar y ampliar la base, pero no hay más. Por eso quieren en el PSOE, ha dicho, mejorar la democracia con políticas socialistas y políticas feministas. Y “feminizar la política de este país”. Además, no cabe olvidar que el PSOE ha salvado al PP dos veces, con la violencia de género y la defensa de la democracia, porque no saben gestionar los problemas graves de España. Ahí no ha dudado el PSOE porque tiene claros sus principios. “Otros no han tenido clara la defensa de la democracia en España, incluso algunos que se dicen de izquierdas” ha querido recordar.

IU Lorca pide la dimisión del Delegado del Gobierno

El Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Lorca, Pedro Sosa, ha exigido la dimisión del Delegado del Gobierno en Murcia y del responsable político municipal de falsear un informe oficial para tratar de impedir que los afectados por la devolución de las ayudas del terremoto se concentren mañana en la plaza Calderón de la ciudad.

Sosa ha explicado que el ayuntamiento «incurrió en falsedad documental» en el informe que remitió a la Delegación del Gobierno, en el que afirmó que la concentración y el acto protocolario de entrega de honores y distinciones de la ciudad coincidían en el mismo lugar, cuando la primera era en la plaza Calderón y el segundo en el Teatro Guerra. Dicho informe sirvió de base para que Francisco Bernabé, Delegado del Gobierno, instase a los convocantes a trasladar la concentración a la plaza de Colón, e impedir así, que las autoridades regionales y locales tuvieran que escuchar la voz de los manifestantes.

La Concejala de IU-Verdes Lorca, en calidad de miembro del colectivo de afectados, se vio así obligada a presentar un recurso contencioso administrativo en defensa del derecho de reunión de los afectados. La Delegación tuvo que pedir un segundo informe al Ayuntamiento donde éste se retracta y reconoce que la concentración y el acto protocolario no iban a compartir un mismo espacio y,  por tanto, finalmente se ha autorizado la protesta ciudadana en la plaza Calderón, por lo que Martín decidió retirar el recurso cuando las partes ya estaban citadas para una audiencia ante el juez.

El Portavoz de IU-Verdes manifestó que dentro de dos semanas “celebraremos el 39 aniversario de la Constitución Española” que reconoce derechos “que se vulneran cada día que amanece en Lorca, en la Región de Murcia, y en España”. Y recordó que son incontables las ocasiones en las que IU ha invocado la Carta Magna en defensa de los derechos de los lorquinos “mediante nuestra actividad política diaria y también a través de concentraciones o manifestaciones”. Sin embargo, en las últimas ocasiones  tanto el gobierno local como la Delegación del Gobierno, ambos en manos del PP, “sólo han puesto reparos para el libre ejercicio de estos derechos”, se ha lamentado Sosa. “Unas veces a causa a la megafonía para convocar las manifestaciones, que sólo está prohibida en estos casos, no para anunciar partidos de fútbol o corridas de toros, otras en torno a la colocación de carteles (con multas incluidas) y ahora acerca de la ubicación elegida para ejercer el derecho a la manifestación y la reunión pacífica en la Plaza de Calderón”, ha expresado el portavoz de IU-Verdes.

Al respecto, Sosa ha recordado la frase pronunciada por Bernabé durante su toma de posesión y que evidencia la línea política que impondrá desde su cargo: “el que la hace, la paga”. “Pues bien, aquí, en este Ayuntamiento, ha habido alguien que ha mentido, que ha informado a la Delegación del gobierno en Murcia de manera torticera con el afán de impedir la concentración en la plaza de Calderón de las víctimas de la mala gestión en materia de ayudas públicas por el terremoto”, ha dicho.

Para el edil de IU, “los responsables de este abuso de poder y del ejercicio anormal de sus funciones políticas tienen que pagar un precio” porque “Lorca no merece un gobierno local que trata de sabotear el ejercicio del derecho constitucional de reunión reconocido en el art. 21 de la Constitución”. En ese sentido, también ha asegura que la Región no se merece un Delegado del Gobierno “que asuma sin más el informe del Ayuntamiento prohibiendo la concentración en el lugar elegido, para que después, cuando le llega la citación de un magistrado, le tiemblen las piernas y donde dijo digo ahora diga Diego”.

Por último, Sosa informó también que Gloria Martín, ha interpuesto una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento de Lorca como consecuencia de los gastos de representación legal en los que ha tenido que incurrir para defender los derechos constitucionales de los vecinos de Lorca afectados por la devolución de las ayudas. Unos gastos que han supuesto mil euros en el pago de honorarios a su abogado, y que se han producido como consecuencia de que el Ayuntamiento falseó un informe oficial, algo, que por cierto, está tipificado en el Código Penal como delito.

Califican de “auténtica barbaridad” encerrar a los inmigrantes llegados a Cartagena en la cárcel de Málaga

El PSOE y Unidos Podemos han criticado la decisión del Gobierno de recluir a medio millar de inmigrantes ‘sin papeles’, procedentes la mayoría de Cartagena, en la cárcel de Archidona (Málaga).

En un comunicado, el PSOE ha recordado que las personas que llegan a España en pateras «no son delincuentes y no merecen ser recluidos en un centro penitenciario».

Tras anunciar que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al respecto, indica que «tanto las diferentes leyes de Extranjería, como el reglamento de funcionamiento de los CIE, aprobado en 2014 por el PP, apuntan que, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario'».

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, apuntaba en Cartagena que la futura cárcel de Málaga, ubicada en Archidona, había sido  habilitada como Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) «provisional» para acoger a los 519 inmigrantes argelinos llegados en 49 pateras este fin de semana a la región, ante la falta de capacidad de las instalaciones, actualmente ocupadas por personas procedentes de otros procesos migratorios.

Los socialistas han calificado de «auténtica barbaridad» esta medida y han asegurado que «vulnera derechos fundamentales». Además, recuerdan que «el centro no estaba en funcionamiento, ni había fecha concreta para poder abrirlo» y demandan información sobre los módulos qué se van a poner en funcionamiento para atender a los inmigrantes ingresados.

El PSOE también quiere saber hasta cuándo se mantendrá el internamiento y cuántos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado van a destinar para atenderlos, así como «si estas personas van a ser sometidas al tratamiento propio de los centros penitenciarios y qué tipo de personal va a trabajar en esta prisión mientras se encuentren en ella las personas inmigrantes mencionadas».

Violación de los principios fundamentales de las leyes

Por su parte, Unidos Podemos ha considerado el traslado una «violación de los principios fundamentales de las leyes que regulan el funcionamiento de los CIE».

La portavoz del grupo, Irene Montero, ha censurado que «meter a unas personas en una cárcel, en lugar de un CIE, porque están llenos, es saltarse a la torera la propia regulación del Gobierno».

Asimismo, la senadora Maribel Mora ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, «para que explique en sede parlamentaria» la decisión del traslado y ha registrado una batería de preguntas «para que el Gobierno ofrezca explicaciones ante una decisión que ha alarmado a la sociedad civil».

El PSOE denuncia las “vergüenzas” del Ministerio del Interior ante la llegada masiva de migrantes a las costas de Andalucía

Los diputados socialistas andaluces han presentado hoy en el registro del Congreso una proposición no de ley sobre la llegada masiva de migrantes a Andalucía y han denunciado la “imprevisión, las vergüenzas y las carencias del Ministerio del Interior a la hora de acoger esta avalancha de inmigrantes a las costas andaluzas”.

El coordinador de la Interparlamentaria andaluza y diputado socialista por Sevilla, Antonio Pradas, ha señalado que “en el último año casi 15.000 migrantes han llegado a las costas andaluzas pidiendo ayuda y humanidad y se han encontrado en muchas ocasiones con la sensibilidad del Gobierno del PP ante un problema como éste”.

“El colmo de esa imprevisión y de esa insensibilidad ha sido el internamiento en la futura cárcel de Archidona de 500 inmigrantes”, algo “totalmente prohibido”, ha denunciado Pradas, para quien esta situación es “intolerable”. Según el diputado socialista el Ministerio del Interior es “la casa de los líos, porque cada vez que hay un tema importante y urgente en este país se pone en evidencia que el ministro Zoido y su equipo no saben afrontar este tipo de problemas”.

El diputado por Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha señalado que la llegada masiva de migrantes en patera a las costas andaluzas “no es un problema nuevo”, sino que “viene creciendo desde que Rajoy llegó al Gobierno” – desde 2012 hasta la fecha ha habido un incremento del 338% en el número de migrantes que han llegado a las costas andaluzas- y sin embargo, “el gobierno de Rajoy no ha hecho absolutamente nada”.

Heredia ha reclamado al Gobierno que “negocie con la UE para buscar una solución a esta cuestión” -este no es un problema de España es un problema del sur de Europa-, y que se negocie también diplomáticamente con los países de origen. También ha reclamado un incremento de plantilla de funcionarios que se ocupan de los trámites de asilo y del número de efectivos policiales, “que se han recortado de forma sustancial en los últimos años”.

Asimismo, ha instado al Gobierno a que “mejore la atención a los inmigrantes, que se dé una atención digna y decente a los migrantes que llegan a nuestras costas”. Y, finalmente, ha reclamado más inversiones por parte del Gobierno a las CCAA para atender a los menores no acompañados. “La Junta de Andalucía está cumpliendo pero el Gobierno de la nación no lo está haciendo”, ha asegurado.

Concretamente, hasta el pasado viernes 17 de noviembre habían llegado a las costas andaluzas 14.577 migrantes, el triple de los que llegaron en el mismo periodo del año anterior. En ese periodo, han llegado 671 pateras, el doble que el año anterior. Es decir, en lo que llevamos de año, a las costas andaluzas han llegado de media cada día 46 inmigrantes y 2 pateras.

Comparecencia del ministro del Interior

En relación al internamiento en la cárcel de Archidona (Málaga) de  519 inmigrantes, el Grupo Socialista ha solicitado “la comparecencia del ministro interior para dar explicaciones sobre por qué a los migrantes se les ha recluido en una cárcel”. “Esto es intolerable, es ilegal y constituye sencillamente una auténtica barbaridad. Todas las leyes, las sentencias del TC y el reglamento de los CIE están en contra de lo que ha hecho el Gobierno; no se pueden recluir a los migrantes en una cárcel”, ha afirmado Heredia.

El diputado malagueño ha denunciado que este centro penitenciario “está terminado desde 2013 pero aún no se ha puesto en servicio” y que carece de “abastecimiento de agua”. Heredia ha registrado también una batería de preguntas al Gobierno para saber hasta cuándo van a estar recluidos los migrantes en esa cárcel, cuántos policías se van a destinar –en  Málaga faltan 451 policías nacionales, ha señalado- y qué asistencia médica se está prestando a estas personas.

En definitiva, “los socialistas consideramos que se están vulnerando derechos fundamentales, que lo que ha hecho este gobierno va en contra de la ley, de las sentencias del TC, es ilegal y es una barbaridad. Lo que no puede ocurrir es que los migrantes que están llegando a nuestras costas se les meta en la cárcel. Pedimos un poquito de sensibilidad a este gobierno insensible del PP”, ha concluido.

Franco acusa a Cifuentes de postureo en Violencia Machista

“Ya está bien que la señora Cifuentes se haga la foto el 25-N y no ponga los recursos para generar los medios necesarios para luchar contra la Violencia de Género” ha espetado José Manuel Franco. “Basta ya de postureo” ha proseguido el secretario general del PSOE madrileño en relación a los cerca de 200 millones de euros que la Comunidad de Madrid ha dejado de ejecutar en las partidas destinadas a luchar contra la “lacra social” de la violencia machista.

En el acto de la campaña contra la violencia machista del PSOE en Alcorcón, donde también han participado Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Natalia de Andrés, Franco ha querido dejar claro que son los socialistas quienes siempre han estado luchando por superar esta lacra social, frente a la pasividad  mientras gobierna del PP. Ha recordado que, bajo mandato de Cifuentes, sólo se ha ejecutado el 61% de los presupuestos en esta materia. Pero esto no empece para que el PSOE no siga denunciando esta situación. Ni dejar de ser vanguardia, “la vanguardia de la lucha contra la violencia de género”, como siempre han hecho los socialistas ha querido dejar claro el secretario general madrileño.

Para reflejar esa continua lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, ha querido destacar Franco  que el Ejecutiva socialista del PSOE de Madrid es la única de todo el partido donde hay más mujeres que hombres. Le ha querido recordar Carmen Calvo, durante su posterior intervención, que él sí había entendido lo de la paridad “60% de mujeres y 40% de hombres”.

Franco ha querido dejar claro que, pese a lo que digan otros que dicen ser de izquierdas, el PSOE siempre ha estado liderando la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Porque “ser socialista lleva un código genético feminista”. No se puede ser socialista sin ser feminista como una verdad ineludible, algo que han repetido Clavo y Sánchez. Ha seguido esa defensa del feminismo indicando que la derecha, como se demuestra en los gobiernos del PP actuales, justo cuando aumentan las muertes, como sucede en Madrid que han subido un 100% las asesinadas, reducen o no gastan el dinero que permite los medios de luchar contra esa violencia.

Ingresada en coma una niña de dos años tras ingerir hachís en su casa de San Pedro del Pinatar

Una niña de dos años ingresó el sábado en el Hospital Los Arcos de San Javier (Murcia) tras ingerir hachís en su casa de San Pedro del Pinatar, de forma accidental. La pequeña llegó al servicio de Urgencias en estado de coma debido a la fuerte intoxicación, aunque ya se encuentra fuera de peligro, según informa el diario La Verdad.

Tras pasar el fin de semana ingresada recibió el alta médica y ya ha regresado al domicilio con su familia.

La niña ingirió el sábado por la mañana la droga, que debía tener a mano en la casa familiar del barrio de Los Peñascos. Pocas horas después perdió el conocimiento y entró en estado de coma, por lo que los familiares llamaron al servicio de emergencias para solicitar una ambulancia, según La Verdad.

Los análisis que se realizaron a la niña dieron positivo en cannabis. En el hospital mantuvieron a la menor en observación, con vigilancia permanente de sus constantes vitales hasta el lunes, cuando fue dada de alta.

La niña recibió un tratamiento con oxígeno ante las repetidas bajadas respiratorias, y suministro de suero para mantenerla hidratada. Cuando recuperó la consciencia, la niña mostró síntomas de padecer brotes ocasionales de psicosis consecuencia de los efectos de la droga.

Los padres fueron interrogadosy reconocieron ser consumidores habituales de droga.

Cifuentes asfixia la Comunidad maquillando el protocolo de contaminación

Cuando parecía que la Comunidad de Madrid había empezado a comprender el alarmante efecto nocivo de la contaminación en nuestra región y su total vinculación con la forma en la que nos movemos, ha vuelto a sorprendernos.

No es el primer síntoma que dan en demostrar que su lucha contra la contaminación y por una convivencia sostenible y saludable es una mísera careta. Mientras alardean del inminente cambio en el protocolo de contaminación comentan la urgente necesidad de promover ampliaciones de vías de acceso a Madrid abandonando la apuesta por plataformas reservadas para autobús, que es la verdadera necesidad que tienen las vías de acceso a la capital.

Ninguno de los escenarios planteados por la Comunidad restringe realmente el uso del vehículo privado, sino que se limita únicamente a recomendaciones y reducciones laxas. En la ciudad de Madrid se estima que más del 50% de las emisiones de óxido de nitrógeno y partículas en suspensión son debidas a los gases contaminantes que emiten los automóviles.
Desde Izquierda Unida consideramos que, tratándose de un problema de enorme entidad y tan perjudicial para la salud, el marco que presenta la Comunidad de Madrid es insuficiente y no afronta de manera directa el problema esencial de la contaminación. Debería de haber tenido en consideración las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid para combatir los episodios de contaminación y, además, enmarcar el protocolo en una Ley de Movilidad Sostenible que fije el marco normativo necesario.

No se puede seguir obviando que se trata de un problema con efectos tremendamente nocivos para la salud y que se cobra, a día de hoy, más de 30.000 muertes prematuras al año, la mayoría concentradas en las principales ciudades.

La  Comunidad de Madrid ha decidido igualar los niveles de pre-aviso y aviso a los actuales del Ayuntamiento de Madrid y recomendados por las entidades europeas: pre-aviso, aviso y alerta. Sin embargo, el modelo de actuación práctica difiere bastante entre Comunidad y Ayuntamiento:

Primer nivel: el Ayuntamiento de Madrid reduce la velocidad a 70km/h en los accesos a Madrid y Calle 30, la Comunidad se limita a alertar que hay niveles perjudiciales de contaminación.

Segundo nivel : el Ayuntamiento de Madrid restringe el aparcamiento en el centro de la ciudad en zona regulada, y aumenta el servicio de autobuses de EMT, además de las medidas del escenario anterior. La Comunidad de Madrid limita a 90km/h en algunos tramos de la M-40 y M-45, y solamente recomienda bajar a 70km/h en resto de carreteras.

Tercer nivel: en este nivel de grave riesgo para la salud, el Ayuntamiento de Madrid amplía las restricciones a la circulación dentro de la Calle 30 de los vehículos dependiendo de si la matrícula es par o impar. Mientras tanto, la Comunidad establece la velocidad máxima a 100km/hora, y se limita a recomendar reducir el uso de la calefacción, y a anunciar que va a aumentar la capacidad de transporte público, sin especificar el cómo lo va a hacer.

Cuarto nivel: el Ayuntamiento de Madrid incluye, junto con el resto de medidas, la alternancia de matrícula par e impar también en Calle 30. En este escenario la Comunidad pide a las empresas con más de 250 trabajadores que recomienden el teletrabajo o incorporen planes de movilidad sin establecer, en absoluto, el marco en el que deben moverse esas medidas
Las medidas de Cifuentes no solo llegan dos años más tarde que las propuestas por el Ayuntamiento de Madrid, sino que además son insuficientes y se basan mayoritariamente en recomendaciones que no obligan a las partes a que se lleven a cabo actuaciones efectivas para combatir la contaminación y los graves problemas de salubridad que sus efectos conlleva.

Desde Izquierda Unida consideramos imprescindible el desarrollo de una Ley de Movilidad Sostenible, de la mano del Consorcio Regional de Transportes, que fomente modos de transporte sostenibles, mejorando las prestaciones del transporte público en la red de Metro, Interurbanos, EMT y Cercanías. De esta manera, se comenzaría a solucionar el problema de las vías de acceso a la capital, las cuales tienen niveles de tráfico totalmente insostenibles.

La salud de todas las madrileñas está en juego, es la hora de que el Gobierno de Cifuentes se quite la venda de los ojos, y deje de asfixiar nuestro presente y futuro.

Sol Sánchez es co-portavoz de IU Madrid

Lourdes Gómez co-portavoz de IU Madrid Ciudad

El Bitcoin: Elitista o socialista

Hace más de un año, en Febrero de 2016, un informe encargado al experto Brett Scott por  Naciones Unidas trataba de rebatir los beneficios del Bitcoin en países en vías de desarrollo. Un año después, un Bitcoin se cambia en Zimbabue por 13.000 dólares y la población de los países con monedas inestables se está dando cuenta de que la criptodivisa tiene una enorme utilidad para ellos como reserva de valor, en un contexto dónde ahorrar algo es prácticamente imposible, debido a la inflación y la ausencia de estructura bancaria.

El autor, citando el informe de 2015 de Yelowitz and Wilson llamado Características de los Usuarios Bitcoin, se centra en los perfiles ultra liberales, especuladores y fetichistas tecnológicos que se muestran vehementes partidarios de las criptodivisas, pero se olvida premeditadamente de la otra cara del Bitcoin, la criptoanarquista, la de los libertarismos,  y la posibilidad socialista, ya que desde estas corrientes también se identifican virtudes en este nuevo activo financiero y medio de pago que es el Bitcoin.

Es verdad que desde una perspectiva occidental y desde esos perfiles citados se puede tener una visión distorsionada de las necesidades de los países en desarrollo, el Bitcoin requiere de internet, y de electricidad, cosas que no abundan en muchos lugares del mundo, pero igualmente la tecnología blockchain permitirá a los países menos desarrollados saltar un paso evolutivo importante de la dinámica capitalista que se supone que les espera al final de su camino de explotación: el desarrollo de un poder estable que permita la creación de sistemas bancarios clásicos.

En algunos países de África, por ejemplo, se ha “popularizado” la telefonía móvil en lugares en los que nunca había existido una red de telefonía fija.  Igualmente se puede desarrollar una dinámica económica alrededor de las criptodivisas como el Bitcoin. En Venezuela, ante la creciente inflación, el Bitcoin también se populariza. Así pues, no es sólo cosa de jovenzuelos australianos, o japoneses, aficionados a los videojuegos y plácidamente adocenados por todos los falsos estímulos de la vida moderna.

¿Qué va a pasar en los países con inflaciones galopantes y restricciones a los movimientos de capital cuando la gente descubra que puede operar sin bancos y con una divisa/reserva que no depende del gobierno, sino de una red global y las matemáticas? ¿Qué va a ocurrir si se siguen capitalizando las criptodivisas a la vez que el BCE o la Reserva Federal imprimen billetes como locos? Actualmente la capitalización del Bitcoin supone unos 135.000 millones de dólares, algo insignificante en la economía global, pero el ritmo de crecimiento es apabullante, más de un 700% se revalorizado el Bitcoin frente al Euro en 2017, por ejemplo.

No crean que todo esto ha pasado inadvertido en Wall Street, pronto CME Group, uno de los mayores operadores de divisas del mundo, sacará al mercado un producto de futuros sobre bitcoin, lo que abre la puerta también a otros productos cotizados, los ETFs (Exchange-Traded Fund o Fondos de Inversión Cotizados). Con ello no se pretende otra cosa que manipular con papel el precio del Bitcoin facilitando las posiciones en corto, un clásico de las herramientas de «control» financiero.

No obstante las encuestas, los movimientos de capital en las ICOs (Initial Coin Offering U Oferta Inicial de Monedas) que se financian mediante tokens, las políticas monetarias expansivas, toda una generación millenial, y la proliferación de usuarios, hacen prever que la tecnología blockchain (en la que se basa bitcoin) sólo está empezando a desarrollarse y tiene un potencial transformador enorme. Es muy posible que la estrategia de los futuros fracase con el bitcoin porque se prevé una fuerte demanda del mismo y esos instrumentos financieros podrían servir también para asegurar las inversiones de grandes capitales en las criptodivisas, haciendo el efecto contrario al que pretenden al estabilizar su actual volatilidad. De hecho Coinbase, uno de los principales proveedores de servicios sobre criptodivisas, ya está preparando Coinbase Custody para administrar grandes cantidades de fondos institucionales.

En el mundo financiero se saben intocables. Los gobiernos necesitan a la banca. Los particulares también necesitamos a la banca, hasta el punto de quitarnos de comer, el techo, o los servicios esenciales como la sanidad o la educación para rescatarla en caso de necesidad incluso en caso de mala administración. Por eso, desde los movimientos sociales y políticos de todo signo deberían empezar a estudiarse y desarrollarse las posibilidades de esta tecnología con carácter general para la consecución de fines sociales, ya que librarse del exceso de poder de los grandes grupos financieros es un objetivo compartido por muchos, y, además, estás tecnologías abren puertas a nuevas formas de economía que los postulados clásicos no se habían planteado como posibles, y que por lo tanto, bien empleadas, pueden ser conciliadoras.

Es cuestionable que queramos despojar a instituciones democráticas de la potestad soberana de imprimir moneda fiduciaria, como hasta ahora, pero es incuestionable para una mayoría de la población mundial el hecho de que la banca tiene demasiado poder real. La libertad de la gente para almacenar e intercambiar riqueza no entraba en los planes de Goldman Sachs o JP Morgan, ni está en la hoja blanca de los Estados, ellos quieren que necesites su moneda, sus aplicaciones, sus tarjetas, sus créditos, sus planes de pensiones, sus hipotecas, pero ya muchas empresas trabajan en cosas de las que casi nadie ha oído hablar, como contratos que se ejecutan solos, o préstamos colaborativos, o plantas de minería directamente asociadas a energías renovables para hacer del blockchain una tecnología que cree desarrollo sostenible. Es una guerra entre lo que había, y lo que puede venir, en la que quién más tiene que ganar es precisamente quién ahora no tiene nada.

Hospital La Fe avanza en el desarrollo del banco público de linfocitos contra infecciones virales

El Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València avanza en la creación de un banco público de linfocitos contra diferentes virus que puedan sufrir pacientes sometidos a un trasplante, ya sea de médula ósea o de cualquier órgano sólido. El proyecto se enmarca dentro de la futura Unidad de Terapia Celular del Hospital La Fe.

Los pacientes que reciben un trasplante son sometidos a tratamientos inmunopresores que reducen sus defensas ante agentes infecciosos durante períodos de tiempo que pueden alargarse durante meses o incluso años. Esto hace que con cierta frecuencia sufran infecciones producidas por virus que ponen en peligro su vida, o como mínimo, motivan largos ingresos hospitalarios y el empleo de fármacos de elevado coste.

Actualmente, con la ayuda de células muy concretas de donantes voluntarios compatibles (linfocitos específicos contra virus), los pacientes trasplantados pueden superar su infección resistente a los antivirales disponibles.

Miguel Ángel Sanz, director del Área Clínica de Oncohematología del Hospital La Fe, ha destacado que «la creación de un registro de donantes apropiados y un banco público de células obtenidas a partir de sus linfocitos pondría al alcance de los equipos de trasplante el instrumento para tratar o prevenir las infecciones que ponen en peligro la vida de muchos pacientes».

La jornada ha reunido a oncólogos e investigadores de primer nivel, como Miguel Ángel Perales, del Memorial Solan Kettering Cancer Center de Nueva York, y ha servido para debatir sobre cómo debe ser este banco público, el primero en toda España, en el que se producirán linfocitos mediante sistemas de expansión ex vivo que se almacenarán congelados hasta su uso. «Estos linfocitos podrían abastecer al 90% de la población española con infecciones víricas graves tras un trasplante», según ha indicado Miguel Ángel Sanz.

Actualmente, el proyecto avanza a través de un consorcio de centros sanitarios entre los que se encuentra el Hospital La Fe junto con el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana y el Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Los avances sobre el proyecto se han presentado en la segunda edición de la ‘Jornada sobre Inmunoterapia Adoptiva en el Trasplante Alogénico de Progenitores Hematopoyéticos’, celebrada en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Durante la sesión informativa se han abordado, además, otros aspectos relevantes, como los productos celulares derivados del cordón umbilical para inmunoterapia en cáncer, la respuesta en el contexto de un trasplante alogénico de progenitores o las implicaciones en el trasplante haploidéntico, entre otros.

En la misma línea científica, y en una segunda jornada sobre Inmunoterapia Adoptiva en Enfermedades Hematológicas, se dará a conocer la importancia de diversas formas de inmunoterapia como los anticuerpos monoclonales, inhibidores de puntos de control del sistema inmune, tecnología Bite y las nuevas terapias celulares como los Car-T para el tratamiento de los pacientes con neoplasias hematológicas, al tratamiento de los pacientes con neoplasias hematológicas y nuevas terapias celulares como Cart o Byte.

La presunta estafa de Emilio Saracho en el Popular (III)

En relación con los artículos anteriores y la responsabilidad de Emilio Saracho y su papel crucial para que, a través de movimientos engañosos se perjudicara a los accionistas y se beneficiara al Santander, hay que tener en cuenta la relación entre Saracho y su antiguo banco por varias razones. En primer lugar, en el mes de febrero encargó a JP Morgan que dirigiera de las acciones de venta del Popular con un contrato de 20 millones de euros más un variable del 1% del precio final. De ahí que el banco americano estuviera intentando colocar al banco incluso durante el fin de semana previo a la intervención. En segundo lugar, ¿cómo se explica que JP Morgan le garantizara a Saracho una indemnización de 90 millones de dólares por irse al Popular? Esta cantidad fue depositada en un banco suizo, según se demuestra en una consulta personal y confidencial que se le hizo desde la empresa KMPG, un documento que está en manos de un miembro del Consejo de Administración del Popular. ¿Cómo es posible que una comunicación confidencial entre los abogados contratados por JP Morgan esté en poder de alguien del Popular? La respuesta es sencilla: finalmente esa cantidad sería presuntamente pagada por el propio Banco Popular ya que la retribución de Saracho prácticamente la saldría a coste cero a JP Morgan puesto que sólo con ese contrato ya se garantizaba una retribución por parte del Popular de 60-70 millones de euros.

Otra presunta responsabilidad de Saracho está, evidentemente, en el mercado. Un experto en banca de inversión del calibre del último presidente del Popular —que le llevó a ocupar la vicepresidencia de la mayor entidad de inversión del mundo— conoce cómo manejar los mercados a la hora de implementar una operación bajista de acoso y derribo hacia un valor concreto. La posición bajista que más operó contra el Popular fue Marshall Wace que, casualmente, opera en España a través de JP Morgan. La segunda posición bajista que más actuó sobre el Popular fue BlackRock que es el primer accionista del Santander y el tercero del Popular hasta que salió del accionariado unos días antes de la intervención.

Saracho, además, realizó movimientos que incidieron en la crisis de liquidez del Popular unos directamente y otros como consecuencia de lo anterior. Los movimientos directos fueron las distintas provisiones de activos no tóxicos que restaron liquidez al Popular. Indirectamente Saracho, con sus movimientos y sus decisiones, logró que las agencias de rating rebajaran su calificación con la consecuencia de una retirada masiva de depósitos institucionales algo que fue tomado como elemento fundamental para enviar la carta a la JUR para que interviniera al Popular, una carta que, repetimos, está firmada sin ninguna garantía porque no se sabe de quién es esa rúbrica ya que no lleva antefirma ni sello de la entidad, todo lo contrario que, por ejemplo, la comunicación de Barclays donde se oferta una ampliación de capital de 4.000 millones de euros por una entidad solvente y sólida, donde las tres firmas de los tres altos directivos van acompañadas de su correspondiente identificación.

Emilio Saracho preparó un escenario por el que el Santander se hizo con un bien por un precio muy por debajo del valor de dicho bien (valor en bolsa el 6/6: 3.000 millones comprado por un euro) con el que está sacando un beneficio que está impactando en su cuenta de explotación. Todo ello a costa de 300.000 familias arruinadas. Sin embargo, tanto Saracho como el secretario del Consejo no actuaron solos y esto se demuestra en las instrucciones que recibieron del despacho de abogados que tradicionalmente se encarga de todos los asuntos del Santander. Pero esto es otra historia que explicaremos en próximas entregas