Los últimos acontecimientos judiciales, con la presentación de la solicitud de concurso necesario (aunque haya sido desestimada), la recepción por parte de la Audiencia Nacional de la documentación aportada por Diario16, el incremento de las demandas hacia el Santander y las informaciones que ponen muy en duda la legalidad de la operación están provocando que la entidad presidida por Ana Patricia Botín esté acelerando los tiempos para generar una situación de no retorno que haga imposible a la Justicia la paralización o la anulación de la operación. Sin embargo, tal y como hemos publicado en este medio, nos encontramos ante un presunto caso de estafa en el que a través de engaños se logró una recompensa económica para el Santander provocando un perjuicio patrimonial en las más de 305.000 familias arruinadas.
En los días previos a la intervención hubo ofertas para comprar el Popular o para resolver su situación. La comunicación por parte de Barclays y de Deutsche Bank en la que ofrecían una cantidad de 4.000 millones de euros respectivamente para una ampliación de capital del Popular porque, tal y como afirma el documento publicado por Diario16 (y presentado ante la Audiencia Nacional), era una entidad «solvente y sólida». La carta de Barclays va dirigida al director general adjunto a la presidencia Miguel Escrig traído por Saracho por su pasado en JP Morgan Chase. La de Deutsche Bank va dirigida al propio Saracho y también mencionan cómo se pusieron en contacto con Escrig por la misma razón.
Además de las fechas de las comunicaciones —unos días antes de la intervención— es muy importante el reconocimiento por parte de dos de los bancos más importantes del mundo de la solvencia, la liquidez y la solidez del Popular, algo que el propio Emilio Saracho desmintió incluso en el último Consejo de Administración al plantear a los consejeros una situación apocalíptica en la que Saracho dijo cosas como «durante este periodo, el índice Euro Stoxx Bank Index ha tenido una evolución marcadamente positiva, ya que en lo que va de año se ha revalorizado un 9,26%. Esta situación provoca que el precio de las acciones del Banco sea significativamente menor que su valor contable, siendo la proporción entre uno y otro muy inferior a la del grupo de comparación del Banco» o que el Popular estaba «cumpliendo con todos los requerimientos de capital que les son de aplicación de acuerdo con la legislación aplicable», pero que la tensión financiera estaba afectando a la posición de liquidez, algo que él sabía perfectamente porque esa era uno de los principales objetivos de la Operación Washington de la que él era uno de los elementos clave. También hizo referencia a las agencias de rating que rebajaron la calificación «entre 1 y 3 grados, dejando todas ellas la deuda senior del Banco Popular entre 3 y 6 niveles por debajo del “grado de inversión”». A pesar de este Armagedón ese mismo día había encargado a KPMG la venta del patrimonio inmobiliario del Popular por un valor de 2.000 millones (el Santander ha vendido un 51% de ese patrimonio por 5.000 millones).
¿Miguel Escrig trasladó estas ofertas a Saracho? Evidentemente, sí. No obstante, ¿trasladó Saracho las ofertas al Consejo de Administración como era su obligación? Evidentemente, no. En el acta de la última reunión del Consejo celebrada tres días después no hay ninguna mención a estas propuestas. Es significativo el contenido de la comunicación de Deutsche Bank que va dirigida al propio Saracho y en la que hacen referencia a cómo se dirigieron con anterioridad a Escrig sin recibir respuesta.
La única razón por la que se puede entender que ni siquiera se tuvieran en cuenta las propuestas de Deutsche Bank y Barclays es que Saracho debía cumplir con su objetivo de llevar al Popular a manos del Santander del modo que fuera. Esta decisión iba en contra de las propias normas del banco y provocó un perjuicio a accionistas, a clientes y a la propia entidad, por lo que podría entenderse como una presunta estafa.
También hay que recordar, tal y como ha publicado Diario16, cómo Saracho paró la oferta del BCI chileno por el TotalBank de 540 millones de euros sin motivo aparente, un banco por el que el Santander espera obtener 400 millones de euros. ¿540 millones eran insuficientes y 400 son una operación magnífica? Más bien se trató de un nuevo movimiento por el que Saracho pretendía desgastar el balance del Popular para llegar a la presunta situación apocalíptica que se ofreció el día 6 de junio en ese Consejo de Administración.
Tras ese Consejo se envió una carta a la Junta Única de Resolución en la que se indicaba que el Popular debía ser intervenido por falta de liquidez, una comunicación que, tal y como ya hemos publicado en Diario16, tiene una dudosa validez por, en primer lugar, la propia configuración del mismo (sin sello ni antefirma y en un folio sólo con membrete del banco) y, en segundo lugar, con una firma dudosa que parece la de Saracho pero que con un peritaje adecuado se podría determinar que fue firmado por otra persona.
Por otro lado, durante la mañana del 2 de junio se produjo una conversación telefónica entre Joaquín Hervada Yáñez, secretario del Consejo de Administración, y uno de los despachos de referencia del Santander, una conversación cuya transcripción fue remitida al Popular. En esta transcripción se asesora desde el despacho cómo justificar ante el Consejo de Administración que el banco era inviable, aunque, tal y como se afirma en dicha transcripción, era fundamental dejar claro que «no basta con la posibilidad más o menos hipotética si las circunstancias reales de los planes para evitar la inviabilidad ponen de manifiesto que no son realistas, aunque sea posible que se hagan realidad esas medidas que corregirían los incumplimientos». Por otro lado, se reconoce que «la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato». La tarde del día 6 de junio Saracho envió la carta presuntamente falsa y el Popular fue intervenido. Había prisa.
