viernes, 16 mayo, 2025

Muchos bufetes de las querellas del Popular podrían ser demandados por estafa

Fuentes de los diferentes consejos de administración del Popular consultadas por Diario16 nos confirman que están planteándose presentar querellas por denuncias falsas y calumnias y solicitarán una indemnización por daño al honor y, en algunos casos, podrían llegar a pedir prisión preventiva ya que lo que están haciendo algunas de los abogados de las plataformas de afectados del Popular es un comportamiento similar al de Ausbanc y, siempre según estas fuentes, lo que pretenden es conseguir beneficios a través de la interposición de demandas y de la posterior retirada de las mismas.

Según estas fuentes, una cosa es presentar una demanda basada en hecho reales y otra es afirmar falsedades ya que las cuentas están aprobadas y, como dijo el Gobernador del Banco de España, son pura matemática y no poesía. En uno de los aspectos que se afirma en algunas de las demandas presentadas y admitidas a trámite, la falsedad contable, estas fuentes afirman que es mentira y que no se puede probar una mentira puesto que dichas cuentas están avaladas y auditadas por diferentes empresas auditoras.

Por otro lado, estas fuentes aseveran de manera contundente a Diario16 que, si se está cobrando a los afectados por una demanda basada en hechos falsos, existe lucro y, por tanto, estaríamos ante una estafa. En algunos casos, nos confirman, las querellas están redactadas y a la espera de su presentación ante los correspondientes juzgados.

Miembros de los consejos de administración de Emilio Saracho y Ángel Ron nos confirman que presentar demandas por falsedad contable a esos consejos en base a la ampliación de capital del 2016 en base a lo sucedido con la salida a bolsa de Bankia no tiene sentido porque:

  1. Objetivo: No sólo se amplió para incrementar cobertura de activos inmobiliarios, sino que la decisión de ampliar va indisolublemente unida a un plan de negocio para reducir capacidad instalada en un sector en crisis, anticipación al proceso de digitalización, venta de activos no estratégicos para mejorar capital. Es una operación de transformación y anticipación al cambio que viene.
  2. Ejecución de la ampliación de capital. Documentación impecable, informes de PWC, KPMG, Linklaters y UBS. Ejecución pre-Brexit.
  3. Ejecución impecable: colocación con sobre-suscripción, los bancos aseguraron 7.500 millones, o sea 3 veces el importe de la ampliación, seguros de la solidez y acogida que tendría
  4. El Consejo invirtió más de 520 millones en la ampliación, que perdió en la intervención de 2017.

 

 

El mármol de la muerte en Andalucía

Desde 2012 viene denunciándose con contundencia lo que sucede con los trabajadores y trabajadoras del mármol. Corrección con los trabajadores y trabajadoras del aglomerado de cuarzo que se modifica en las distintas marmolerías andaluzas. El mármol en sí contiene un 30% de sílice, la sustancia de la muerte, mientras que las planchas de ese compuesto pueden estar entre el 70% y 90% de sílice. Son ya, según afirma la Junta de Andalucía, 255 los casos de enfermos por silicosis y 2 los muertos por el desarrollo de la enfermedad.

Las bonitas encimeras que disfrutan muchas casas españolas son parte de ese mal que está afectando a buena parte de la industria del manufacturado del mármol. Se cambió el producto del mármol normal por el aglomerado de cuarzo, pero nadie avisó que ese cambio también comportaba otros cambios en el proceso de manufactura. Así lo denuncia Ismael Aragón, presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES). El corte del aglomerado de cuarzo es distinto y los procesos de eliminación del polvo de sílice (verdadero transmisor de la enfermedad) muy distintos y mucho más caros. Pero en la época del “ladrillazo” todo valía. Ahora se ven las consecuencias.

Ya hace cinco años un estudio de Comisiones Obreras denunciaba que en España se estaban produciendo casos de silicosis en empresas del mármol y la carpintería. El polvo flotante se estaba instalando en los pulmones de las gentes que iban a desempeñar su trabajo produciéndoles un mal que, al ser una enfermedad silente, acabaría apareciendo con el transcurrir del tiempo. En algunos casos con trabajadores en paro o en otra empresa distinta a la que se desempeñó, o en otra rama de actividad. En todo ello, pese a que las empresas se quejan de los costes que les ha supuesto todo ello, los grandes perjudicados porque están dando su vida son los trabajadores. Que, además, quedan desamparados a nivel de la Seguridad Social y tienen que recurrir a la Justicia para que les sean reconocidas las incapacidades laborales de la silicosis de grado 1.

Para la Sanidad andaluza ha supuesto todo un reto el enfrentarse a esta enfermedad, la cual era casi completamente desconocida como caso real pues siempre se ha dado entre los trabajadores de la minería. Así lo reconoce el doctor Andrés Rabadán: “Para nosotros es una enfermedad nueva. La silicosis minera avanzaba muy lentamente, durante 25 o 30 años. Pero la de aquí se despierta en apenas dos o tres años de exposición continua al compacto de cuarzo. Además, no sabemos cómo evoluciona. En cada paciente las consecuencias son distintas aunque siempre hay una constante, la pérdida paulatina de la capacidad respiratoria”.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Parece que las culpas se quieren repartir entre todos, pero la clave está en que no se produjeron los cambios necesarios en las medidas de prevención laboral. En primer lugar, los productores de los aglomerados de cuarzo no avisaron de la alta concentración de sílice. En segundo lugar, las empresas de prevención de riesgos laborales (que los pequeños empresarios están obligados a contratar) no avisaron de los cambios que se debían producir en el corte y la protección de los trabajadores. A ello se suma que las empresas medianas y grandes tampoco actuaron con excesiva celeridad. En tercer lugar, las Inspecciones de Trabajo tampoco impusieron en su momento sanciones, ni indicaron los cambios. Como recuerda Aragón “cuando había una inspección, de la que les avisaban días antes, nos decían que paráramos de trabajar y nos pusiéramos a limpiarlo todo”.

El equipo del epidemiólogo doctor Rabadán emitió un informe que exponía con total claridad dónde estaba el problema, ya que había “un evidente incumplimiento de todas las partes interesadas (fabricantes, servicios de prevención de riesgos laborales, mutuas de accidentes de trabajo y empresarios), tanto en la implementación de medidas de protección en el lugar de trabajo como en la vigilancia de la salud”. Porque, esa es otra, las mutuas se han venido lavando las manos en toda esta cuestión al no considerar la enfermedad como laboral.

Como ha pasado con el cierre de la empresa Hark Mármoles de Macael. Decidieron cerrar la empresa dejando, no sólo a trabajadores sin empleo, sino a enfermos por silicosis sin capacidad de reacción salvo la vía judicial. Las mutuas, que deberían hacerse cargo de estos trabajadores hasta la fecha de su incapacidad, no reconocen la silicosis de grado 1 como enfermedad laboral y, como mucho, reconocen que es cáncer. Quedan así los trabajadores en el limbo.

La Junta de Andalucía comenzó a interesarse por el problema realizando visitas a las empresas (100 visitas a los marmolistas de Almería el último año), pero sólo han podido realizar un Plan de choque contra la silicosis que se basa en la concienciación del problema y de las medidas que se deben adoptar en prevención. Como afirman desde la propia Junta, las competencias sancionadoras recaen en la Inspección de Trabajo y las sociales en la Seguridad Social. Y es tal el secretismo que incluso desde el CEPROS tardan en dar la información de los enfermos. Al menos desde la Junta explican que el aglomerado de mármol se debe cortar con sierras con agua y que el polvo se debe aspirar, no poner ventiladores.

Por su parte el 3 de marzo de 2016 el PSOE presentó una Proposición de Ley en el Parlamento para que la silicosis de grado 1 fuera considerada enfermedad laboral y se les diese a los enfermos la incapacidad laboral permanente. Pero el cambio de legislatura ha dejado parada aquella propuesta que deberán retomar. También los jueces de lo social han venido concediendo las incapacidades laborales por la silicosis durante todos estos períodos.

Quedan al final los trabajadores y trabajadoras, que tienen miedo porque es una enfermedad degenerativa, como suele suceder como grandes perjudicados de la evolución de un capitalismo desaforado y que sólo piensa en el beneficio económico. Esas personas tienen ante sí un futuro oscuro y que no se sabe cómo acabará. Miedo a morir por haber trabajado para llevar un sueldo a la casa. Porque ni un trasplante de pulmón les asegura la salvación al cien por cien, pues la silicosis acaba secando el pulmón y al intentar el trasplante puede deshacerse y morir en el propio quirófano como ya ha sucedido con uno de los dos fallecidos.

IU solicitará la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Lucha contra la Pobreza

Adoración Peñas, Concejal de Izquierda Unida Verdes en el Ayuntamiento de Lorca,  presentará en el pleno ordinario del mes de octubre una moción en la que urgirá al Gobierno regional a la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social que dé solución a la situación de penuria y miseria que sufren miles de murcianos.

La tasa de pobreza extrema en la Región de Murcia se sitúa en el 8,1% de la población, lo que supone que estas personas deben sobrevivir con menos de 342 euros mensuales. Se trata de una cifra que, además de elevada, es 1,7 puntos porcentuales superior a la media nacional y la tercera más alta de todas las comunidades autónoma, según datos de la EAPN-RM (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia). Dicho informe remarca que el 34,8% (uno de cada tres) de la población residente en la Región estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2016. Estos datos y otros similares aportados por otras organizaciones han llevado a declarar al Presidente de Cáritas Interparroquial de Lorca que “la pobreza ahora tiene la cara de nuestro vecino de escalera».

Peñas ha criticado la inacción del Partido Popular pese a los alarmantes datos que ofrecen estos estudios, cuya respuesta ha sido criticar la metodología de estos informes, como hizo recientemente la Consejera de Familia e Igualdad de la Región, Violante Tomás, en lugar de aumentar la cantidad presupuestaria para paliar las necesidades de las personas más desfavorecidas y castigadas por la crisis económica que aún padecemos.

Por ello, en la moción que defenderá en el pleno del próximo lunes, Peñas instará a la CARM a que elabore un Plan Estratégico Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, basado en el cumplimiento de los acuerdos recogidos en el Pacto Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social firmado en 2015 en la Asamblea Regional, que recoja medidas a medio y largo plazo de lucha contra la pobreza y la exclusión, con el fin alcanzar un modelo social más justo y equitativo, así como reducir las consecuencias de las desigualdades sociales en la Región. El Plan Estratégico contemplará las siguientes medidas:

  • Elaboración de una Ley de empresas de inserción que sirvan como primer paso a las personas en riesgo de exclusión para acceder a un trabajo con una remuneración digna.
  • Elaboración de una nueva ley de garantía de ingresos para la Renta Básica, garantizando la financiación a los beneficiarios.
  • Comprometer, al menos, el 5% del presupuesto regional a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y las medidas de lucha contra la pobreza infantil, como en el caso de las becas de comedor o para libros y material escolar o en la disponibilidad de plazas públicas de 0 a 3 años gratuitas para familias en situación de pobreza.
  • Establecer la puesta en marcha de planes de Trabajo Garantizado ligados al sector público, como forma eficaz de combatir las situaciones de pobreza y exclusión social y de mejorar las condiciones laborales del mercado de trabajo en general.
  • Garantizar el cumplimiento de la ley de vivienda de la Región de Murcia, el acceso a la misma y acciones legales concretas contra la pobreza energética.

PP y PSOE se enfrentan por los convenios urbanísticos de Lorca

El Concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, ha informado que los lorquinos han tenido que devolver hasta la fecha la cantidad total de 6.012.231,73 euros «por culpa» de los convenios urbanísticos «trampa aprobados en solitario por la anterior administración municipal». Se trata de las cantidades correspondientes a un total de 6 convenios cerrados por los concejales y políticos en el poder en aquel con una batería de promotores privados, muchos de ellos empresas y sociedad de fuera del municipio.

Martínez Carrasco ha indicado que los lorquinos han pagado  hasta el momento y acatando el fallo de las sentencias judiciales redactadas en tal sentido, los convenios para la construcción de 2.754 viviendas en Zarcilla de Ramos (591.850,98 €), otras 3.600 viviendas ente las pedanías de Coy y Avilés (577.837,41 €), 5.400 viviendas más en La Paca (924.441,30 €), 2.826 casas en La Escucha (247.421,49 €), 9.360 viviendas más entre las diputaciones de Avilés y Coy, además de otras 14.274 viviendas en Zarcilla de Ramos. Estos proyectos que previeron levantar 38.214 nuevas viviendas en e» término municipal, sin contar con los pertinentes informes de suministro de agua ni abastecimiento eléctrico, entre otras cuestiones.

El Edil de Economía ha señalado que a estos 6 convenios, que suponen un montante económico global de 4.794.242,20 €, se le añade que los lorquinos nos hemos visto obligados» a abonar otros 1.217.989,53 euros derivados de los pagos anuales correspondientes a la devolución de otra batería de 4 convenios urbanísticos. Se trata de los que la anterior administración municipal previó desarrollar en diferentes enclaves del término municipal, y que se distribuyen en 3.348 viviendas en la pedanía de Almendricos (336.801,28 €), 6.300 casas en La Parroquia (450.160,2 €), otras 2.052 viviendas también en Almendricos (256.431,88 €), así como 2.790 casas más en El Hinojar (187.136,22 €).

Juan Francisco Martínez ha manifestado que, a partir de 2018 los lorquinos tendrán que iniciar el pago de la devolución de la condena más alta por culpa de los convenios «trampa», que supone la pérdida de 1.660.184,28 €, derivados de otro convenio aprobado en solitario en su momento por otra administración que previó la construcción de más de 5.000 viviendas en la pedanía de Almendricos. Se trata del golpe más duro en materia económica que «vamos a tener que asumir por una pésima gestión que continúa lastrando duramente» las arcas municipales. Dada la magnitud de este convenio en concreto, desde el Ayuntamiento se ha solicitado al Gobierno de España que el pago del mismo se realice a través del Fondo de Impulso al Desarrollo para conseguir amortiguar este nuevo golpe de una forma más ventajosa.

El Concejal de Economía ha explicado que, de momento, las sentencias judiciales de estos convenios trampa nos obligan a pagar 7.832.990,40 €, cantidad a la que hay que sumar 1.196.565,46 € por los intereses devengados y las costas de los procesos legales, lo que asciende en conjunto a 9.029.555,86 €. De esta magnitud se ha podido afrontar la devolución de 6.012.231,73 €, lo que supone el 66,58 % del total, quedando pendiente 3.017.324,13 €. Cabe anticipar que las previsiones de pago que maneja el equipo económico del Ayuntamiento son las siguientes:

2018 802.144,40 €
2019 802.144,40 €
2020 802.144,40 €
2021 610.890,93 €

 

Respuesta del PSOE

El Viceportavoz segundo del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán lamenta que el Partido Popular vuelva a sacar del cajón su “manida cantinela” de los convenios urbanísticos para “tapar la torpeza” con la que el equipo de gobierno ha permitido que una de las mayores plantas solares de Europa que tenía previsto instalarse en el municipio, se haya “fugado” de Lorca a Puerto Lumbreras.

Abellán asegura que es “de perdedores” que el PP quiera camuflar su torpeza y culpar a otros de “la propia inutilidad que su equipo de Gobierno ha vuelto a demostrar”, dando lugar a que Lorca haya perdido 9 millones de euros, que el Ayuntamiento de Lorca podría haber ingresado sólo con el cobro a esta empresa del impuesto de construcciones, además de otros ingresos que, vía impuestos, recaudarían las arcas municipales cada año a base de tributos como la contribución y demás tasas locales.

En respuesta a las declaraciones del concejal de Hacienda en relación a los convenios urbanísticos, Abellán espera que Martínez Carrasco también se refiriera al PP cuando menciona a “administraciones anteriores” al hablar de responsables en la gestión de los convenios urbanísticos. Desde el PSOE vuelven a recordar que el Ayuntamiento de Lorca no está siendo condenado por la firma de los convenios urbanísticos en 2005, sino por no dar cumplimiento a sus cláusulas, de lo que tienen buena parte de culpa los siguientes gobernantes del PP.

No obstante, Abellán lamenta que el nuevo concejal de Hacienda haya tenido que recuperar la cantinela de los convenios urbanísticos, pese a que este asunto, y sus responsables, quedó “meridianamente claro” gracias a un pleno monográfico extraordinario que, por iniciativa del PSOE, pudo celebrarse para zanjar la inquietud social que el equipo de gobierno del PP se había dedicado a sembrar, intencionadamente, “para camuflar su nefasta gestión económica”.

Desde el PSOE insisten en que definitivamente, y a juzgar por el “rebote” que ha demostrado el equipo de gobierno, “el PP sigue demostrando que han tirado la toalla” pues cada vez tienen menos argumentos para defender una gestión y un proyecto completamente agotados”. En este sentido, lamenta que a los concejales del Partido Popular les haya sentado “tan mal” quedar “en evidencia una vez más”, después de conocer el “mazazo” que ha supuesto la pérdida de esa planta solar que “durante años” utilizaron para ganar votos y que, una vez más, ha quedado como una de tantas “ventas de humo” del Partido Popular en Lorca.

El Psoe defiende que “Lorca siga avanzando, entre todos, en la lucha contra la violencia de género”

En su moción, Andrea Periago indica que en lo que va de año han sido asesinadas 42 mujeres, siete más que el año pasado. Además, sólo en ocho de los casos consta denuncia previa de las víctimas y únicamente cuatro de ellas tenían medidas de protección. La edil recuerda que entre las víctimas, se encuentra una vecina de Lorca asesinada en Totana, y otra lorquina gravemente herida a manos de su expareja.

Por todo ello, Andrea Periago ha hecho hincapié en la necesidad de “no bajar los brazos” para seguir avanzando en la tarea de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y sus hijos e hijas. Con su moción, el PSOE pide en primer lugar que el Ayuntamiento de Lorca solicite al Gobierno de la Nación que “de manera urgente” active y traslade las partidas presupuestarias acordadas para la ejecución de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al conjunto de las administraciones implicadas, entre ellas, al consistorio lorquino.

De igual modo, el Psoe lorquino pide que se impulse el Pacto regional que también hay sobre la mesa para reforzar los mecanismos y la dotación presupuestaria necesarios para combatir en el plano más cercano esta lacra. En concreto, reclama que se amplíe la dotación económica al Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (CAVI) de Lorca. Un personal al que los socialistas “reconocen y agradecen su labor” y añaden que “no hay mayor reconocimiento que dotarles con los medios suficientes”, pues “hacen lo que pueden con los medios que tienen” para atender con garantías a las mujeres e hijos víctimas de la Violencia de Género.

Para reforzar la atención coordinada entre administraciones, los socialistas pedirán a través de su moción se incorpore al Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Lorca al “Sistema Integral de los casos de violencia de género” Viogen, como ya ocurre en otros municipios.

Para finalizar, el Grupo Municipal Socialista volverá a reclamar que Lorca cuente con un juzgado exclusivo de violencia de género. Se trata de una iniciativa que los socialistas lorquinos ya llevaron a Pleno el año pasado, adhiriéndose a esta propuesta impulsada por jueces y abogados de Lorca. Desde el PSOE insisten en que el Juzgado nº 4 de Lorca se convierta en un juzgado exclusivo de asuntos de violencia de género, con carácter comarcal, como el que ya tiene Murcia o Cartagena.

Aunque no han podido precisar los datos de la comarca, aseguran que, en el segundo trimestre, en España han aumentado las denuncias por violencia de género un 18%, por lo que, aseguran, “conviene seguir trabajando para reforzar el funcionamiento de los juzgados especializados para la atención de los casos de violencia de género”.ar la cantinela de los convenios urbanísticos, pese a que este asunto, y sus responsables, quedó “meridianamente claro” gracias a un pleno monográfico extraordinario que, por iniciativa del PSOE, pudo celebrarse para zanjar la inquietud social que el equipo de gobierno del PP se había dedicado a sembrar, intencionadamente, “para camuflar su nefasta gestión económica”.

Desde el PSOE insisten en que definitivamente, y a juzgar por el “rebote” que ha demostrado el equipo de gobierno, “el PP sigue demostrando que han tirado la toalla” pues cada vez tienen menos argumentos para defender una gestión y un proyecto completamente agotados”. En este sentido, lamenta que a los concejales del Partido Popular les haya sentado “tan mal” quedar “en evidencia una vez más”, después de conocer el “mazazo” que ha supuesto la pérdida de esa planta solar que “durante años” utilizaron para ganar votos y que, una vez más, ha quedado como una de tantas “ventas de humo” del Partido Popular en Lorca.

La precariedad del empleo marca la EPA del tercer trimestre

El mercado de trabajo español está enfermo. Muchos podrían pensar que un país que en tasa interanual ha «creado» más de 200.000 empleos tiene unos datos positivos. Sin embargo, esos números globales son la antítesis de la realidad que las propias cifras oficiales reflejan. Lo que queda claro es que España no crea empleo sino puestos de trabajo, que son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, al gobierno sólo le interesan los segundos puesto que son los que pueden reflejar en las estadísticas y generar argumentarios positivos cuando, en realidad, lo que se demuestra en esas cifras, al igual que en las del paro registrado, es que nuestro mercado de trabajo está cada vez más enfermo porque se está cronificando la precariedad tanto en lo referente a salarios como a condiciones laborales. Esta precariedad está teniendo un efecto muy negativo: la cronificación de la pobreza y el aumento de la desigualdad entre los que más tienen y los que menos.

El sindicato CCOO hace la siguiente valoración de estos datos:

CCOO advierte de que la devaluación salarial y la precarización de las condiciones de trabajo promovidas por las últimas reformas laborales, fomentan una recuperación desigualmente repartida y un modelo de crecimiento asentado en actividades poco productivas, que basan su negocio en el uso excesivo de la precariedad y la temporalidad.

Los principales rasgos de la evolución de la coyuntura laboral en este tercer trimestre son:

Aumenta la temporalidad: El 70% del empleo creado en el tercer trimestre es temporal.

Los niveles de pobreza siguen siendo muy elevados pese a haber mejorado: la desigualdad y la pobreza aumentaron durante la recesión y todavía se sitúan en niveles muy superiores a los que existían antes de la crisis; la brecha salarial entre la población que más gana y la que menos está disparada.

El empleo que se crea es a jornada completa, pero el tiempo parcial sigue siendo involuntario: la jornada parcial sigue siendo en gran parte involuntaria para las trabajadoras y trabajadores que se ven mayoritariamente obligados a aceptarla ante la imposibilidad de encontrar un trabajo a tiempo completo.

Crece la ocupación y supera los 19 millones de personas: el ritmo de crecimiento anual del empleo (2,8%) es similar al del segundo trimestre y revierte la desaceleración observada en trimestres anteriores. En términos anuales, el aumento del empleo se localiza sobre todo en el sector privado (463.500) aunque también aumenta en el sector público (58.200), y se concentra más en los hombres que en las mujeres.

Baja el paro: El desempleo se reduce en 182.600 personas (-4,7%) entre trimestres y se sitúa en 3.731.700 personas, aunque en términos desestacionalizados la bajada trimestral es solo del -2,3%. La rebaja del paro es considerable debido al efecto de la temporada estival.

El mercado de trabajo modera su descenso: en el último año hay 67.400 personas activas menos, aunque gracias a la temporada de verano, la población activa aumenta en 53.300 personas en el tercer trimestre con respecto al anterior.

Por su parte, el Partido Socialista, a través del Secretario de Empleo Toni Ferrer, que valoró los datos de la EPA referidos al tercer trimestre del año asegurando que “aunque la reducción del desempleo es un buen dato, la precariedad y la temporalidad, consecuencias directas de la reforma laboral del PP en 2012, son los males endémicos asociados al modelo laboral del PP, y vamos a seguir viendo sus efectos en la EPA mientras no se derogue esa reforma laboral”.

“Los socialistas queremos terminar con el uso indiscriminado de la contratación temporal, que sigue siendo de 9 de cada 10 contratos firmados, y para ello apostamos por reformar la causalidad, penalizar los abusos que se vienen realizando, incrementar los recursos de la inspección, equiparar los derechos de los temporales y los indefinidos como se está planteando en el ámbito europeo y limitar adecuadamente la concatenación, propuestas que van en una línea muy diferente de la que quiere el Gobierno”, ha asegurado Ferrer.

Según el dirigente socialista, “aunque la EPA arroje un resultado positivo en la generación de empleo, la situación dista mucho de ser aceptable: el número de ocupados aún debe aumentar para alcanzar los niveles previos a la crisis, hay casi 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, la cobertura del sistema de protección por desempleo sigue sin reponerse a los niveles previos a la crisis y el desempleo juvenil continúa en cifras inasumibles (la EPA refleja que el paro ha aumentado entre los 16 y los 19 años y que la ocupación ha descendido entre los 30 y los 34 años). En resumen, la recuperación económica ni siquiera se ha aproximado a amplias capas de la población”.

El secretario de Empleo socialista ha hecho hincapié en que “los datos conocidos hoy, siendo buenos en lo que a creación de empleo se refiere, reflejan una gran estacionalidad por el peso del sector Servicios y se debe destacar que la bajada del desempleo ha sido de menor calado que en trimestres equivalentes de otros años”.

Amat cierra parte de la Residencia Asistida de Almería

Se venía avisando desde estas mismas páginas, en el PSOE se temían que el presidente de la diputación de Almería, Gabriel Amat, quería cerrar parcialmente la Residencia Asistida (para enfermos de Alzheimer) y no hacer obras como había manifestado. Las familias, como también se expuso, tenían temor a que ese cierre supusiese que poco a poco lo que se pretende es el cierre total de la Residencia. Se confirma que el Partido Popular ha pedido formalmente la reducción de 47 plazas de las 167 con las que cuenta la residencia tras el cierre que llevará a cabo del ala de poniente.

De momento quedan a salvo, por hoy no por mañana, las otras 120 plazas, aunque la falta de inversión, que han denunciado los familiares de los residentes, se observa con sólo entrar en la propia residencia, hace prever que se quiere deteriorar y retirar gasto de la Diputación para acabar cerrando la Residencia a medio plazo. Se recortarán plazas con gotero hasta que se pueda culpar a la Junta del cierre. Cuando, como denuncian desde el PSOE, Amat y su equipo llevan años sin invertir dinero en la residencia.

Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE en la Diputación, ha estallado contra Amat y el PP almeriense porque, pese a que lo advertían, se han acabado por confirmar las mentiras del presidente. “Nos han tomado el pelo, nos han mentido durante años, y lo que es peor, han mentido a los residentes, a los familiares y a los trabajadores” ha dicho Lorenzo. Para Gabriel Amat, ha querido recordar el socialista, cualquier inversión social supone un gasto, esto es, algo que no produce beneficio.

Nunca ha querido hacer obras Amat y su equipo. Lo sabían desde el principio pero así han estado jugando con los trabajadores, los familiares de los residentes y la Junta durante dos años. “Ha intentado durante todo este tiempo echar la culpa a la Junta engañándonos a todos y poniendo en riesgo a usuarios y trabajadores” ha culpabilizado a Amat el portavoz socialista. Juan Antonio Lorenzo ha recordado que Amat ordenó en 2011 el cierre del ala de levante y, ahora, seis años después, el ala de poniente corre la misma suerte puesto que “no hay intención de rehabilitarla para un futuro”.

Desde la diputación Ángel Escobar ha querido tranquilizar a los familiares de los residentes dándoles a entender que quienes ya están siendo atendidos seguirán estándolo. Que han solicitado el cierre de esas 47 plazas (no todas están ocupadas) para que la Junta deje de enviarles residentes y así poder trabajar en las reformas necesarias que necesita la residencia. Algo que no han hecho hasta la fecha. Los familiares han pedido también explicaciones a la Junta de Andalucía y han quedado en contestarles en cuanto los servicios jurídicos les comuniquen qué puede pasar.

Por otro lado, Diario 16 Mediterráneo ha tenido acceso a una nota informativa interna del CSIF donde se comunica al personal que antes de cerrar la unidad de Poniente se habilitará parte de la Unidad de Levante. Para ello comenzarán las obras el mismo lunes a fin de dotarla de las mínimas condiciones de habitabilidad y poder desplazar allí a residentes. Que todo apunta a que serán las mujeres pues sólo se dispone de un cuarto de baño completo. Una Unidad, por cierto, que carece de homologación. Además, según el comunicado, las intenciones de la Diputación es dejar la residencia en esas 120 plazas, con los perjuicios laborales para los trabajadores que se puedan derivar de ello. El CSIF manifiesta que tomarán todas las acciones pertinentes en defensa de los derechos de los trabajadores y el bienestar de los residentes.

El Santander podría entrar en pérdidas si la Justicia paraliza la operación del Popular

Como hemos venido publicando en Diario16, el Banco Popular Español fue la tabla de salvación para el Santander. Su exposición a los movimientos macroeconómicos internacionales y a los acontecimientos políticos europeos le dejó en una situación límite por los efectos de la desaceleración económica en Latinoamérica y del Brexit. Además, la salida del Reino Unido de la Unión Europea también tendrá consecuencias por la necesaria reforma de los acuerdos comerciales entre los mercados latinoamericanos y el británico.

En el año 2016, por los efectos del Brexit el beneficio en Reino Unido cayó un 19% por la contracción del crecimiento económico y por la depreciación de la libra esterlina. En Latinoamérica ocurrió más o menos lo mismo. Las grandes economías, como México o Brasil, se contrajeron, además de acometer distintas depreciaciones de las monedas locales. Por eso el Popular era fundamental para mejorar esas cuentas, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado iberoamericano supone un tercio del volumen de negocio de la entidad cántabra.

Tras una pequeña recuperación, el Santander ha visto cómo las nubes negras vuelven a cernirse sobre Brasil o sobre la propia economía británica que continúa envuelta en la incertidumbre por las negociaciones del Brexit. Según las propias previsiones realizadas por Barclays, Citi, Bloomberg y FactSet, el beneficio medio del Santander caerá en los próximos dos años en todos los mercados en los que está presente salvo en España gracias al Popular. En concreto, la previsión más benévola es que el beneficio medio del Santander caerá un 1% en Estados Unidos, un 2% en Europa continental, un 1% en Brasil, un 3% en Latinoamérica, un 3% en Reino Unido, pero en España se incrementará en un 10%. El Popular servirá para que el Santander obtenga un beneficio normalizado medio del 5,35% al año, cantidad que dejaría de percibir si la Audiencia Nacional decidiera paralizar cautelarmente la operación para que el Santander deje de vender el patrimonio inmobiliario, ejecute un ERE salvaje que dejará en el paro a más de 7.000 trabajadores del Popular y siga aprovechándose del know how y de la cartera de negocio de la entidad incautada.

En concreto, el beneficio del Santander, siempre con las previsiones más benévolas, incrementaría su beneficio en apenas 1.500 millones de euros, mientras que con el Popular su sumarían otros 1.400 millones, en total, un 28% más de lo prevista sin la presencia del Popular en el Grupo Santander.

Esta es la razón por la que se está planteando desde la Avenida de Pereda un escenario de tierra quemada porque una decisión judicial en favor de las más de 300.000 familias arruinadas para salvar al Santander le dejaría en una situación crítica.

Hay que recordar que desde el año 2.007, en que las ganancias del Santander fueron de 9.060 millones de euros, el Santander no ha obtenido una cifra de beneficio del calibre que se podría dar con la incautación del Popular, estimada en 8.984 millones de euros para 2.019.

Hay que tener en cuenta un hecho: el Santander ha mejorado sus resultados en el entorno del 4% gracias a la reducción de provisiones, un dato que se incrementará a final de año tras la venta del 51% de la cartera inmobiliaria del Popular.

Hay otro aspecto que apenas se tiene en cuenta pero que es fundamental para las previsiones del Santander: las consecuencias del Brexit en las economías latinoamericanas. En un mundo globalizado, los mercados financieros de Latinoamérica no podían dejar de resentirse, lo que está generando incertidumbres que, evidentemente, afectan de manera directa al Santander, consecuencias como la inestabilidad de sus mercados financieros, incremento de la desaceleración económica o la reducción de la inversión extranjera, además de un aumento de los costes de los préstamos y de la pérdida de competitividad por el fortalecimiento del dólar. Todo esto, evidentemente, influye en la cuenta de resultados del Santander y que el Popular ayudará a mejorar.

La suspensión cautelar es la medida necesaria y justa que ha de tomar la Justicia para poder trabajar e investigar lo que ocurrió desde el mes de noviembre de 2.016 para que la que era la sexta entidad financiera de España cayera a los niveles a los que llegó gracias a los movimientos de quienes tenían como misión llevarlo a una situación crítica para que el Santander lo adquiriera y se rescatara a la única entidad sistémica que hay en nuestro país. Esa decisión supondría unos efectos fulminantes para el banco cántabro, sobre todo por la volatilidad existente en los mercados financieros donde el Santander tiene más presencia.

En espera de la presentación de los resultados del tercer trimestre, que tendrá lugar en el día de hoy, donde ya se podrá comprobar cómo ha influido el Popular en las cuentas el Santander, y en función de los datos antes aportados, a día de hoy, según fuentes financieras consultadas por Diario16, el precio de la acción del banco cántabro podría encontrarse en una franja de 4,50 y 4 euros, y no en el 5,63 actual, algo que sería desastroso para la entidad presidida por Ana Patricia Botín.

Por otro lado, en el día de ayer, el Consejo de Administración de Diario16 ha decidido presentar ante la Audiencia Nacional toda la documentación que obra en nuestro poder, una documentación en la que podrían encontrarse presuntas irregularidades legales en la operación. Por esta razón, se ha decidido dar este paso, tal y como se hizo en el caso de Miguel Zorita, y que sea la Justicia la que determine el alcance de esas presuntas irregularidades. Una vez que esos documentos sean depositados en la Audiencia Nacional, se irán publicando respetando los tiempos periodísticos que la línea editorial imponga.

Rusia: condiciones de la época de los gulags para la población presa

Amnistía Internacional ha hecho público el informe Prisoner transportation in Russia: Travelling into the unknown en el que documenta las condiciones crueles y degradantes a las que se somete a la población penitenciaria tanto masculina como femenina en virtud de prácticas heredadas del pasado soviético.

El director adjunto de AI para Europa y Asia Central, Denis Krivosheev lo ha dejado claro al afirmar que “hacinan a los presos y presas en espacios diminutos en trenes sin ventilación, sin luz natural, con poca agua y con acceso limitado a usar el retrete. Al cabo de viajes que pueden durar más de un mes, llegan por fin a su destino, a miles de kilómetros de sus familias. Es hora de que las autoridades rusas se deshagan del legado de los gulags. Deben poner fin a estas prácticas y garantizar que el transporte de personas presas se lleva a cabo en condiciones conformes con el derecho y las normas internacionales”.

 

El transporte de los presos se hace habitualmente en trenes especiales conocidos como “stolypins”, muchos de los cuales son de la época soviética. En cada compartimiento sin ventanas (de unas dimensiones en las que, en un tren de pasajeros normal, dormirían sólo cuatro personas) viajan doce personas presas o más, junto con sus pertenencias.

En el informe se recoge el testimonio de uno de los presos que describió su viaje de cinco semanas y media, en que estuvo hasta cuatro días en un compartimiento con más de una decena de presos:

“Viajamos a Samara durante cuatro días sin ropa de cama, sólo con la ropa que llevábamos puesta. Nada más. Ni siquiera nos permitieron lavarnos los dientes. Estábamos a 40 ºC y no había agua ni en el depósito ni en el retrete”.

Durante el viaje, las personas presas sólo pueden utilizar el retrete una vez cada cinco o seis horas. Durante las largas esperas en apartaderos no tienen acceso a retretes en absoluto. Presos y presas que ya han sufrido las condiciones de los trenes explican que evitan comer y beber la noche antes de ser transportadas e intentan llevar tantas botellas de plástico como pueden.

Una geografía marcada por el pasado soviético

A pesar de que la legislación establece que las personas presas deben cumplir sus condenas cerca de su hogar y su familia para facilitar la rehabilitación, la mayoría de ellas, especialmente las mujeres, las cumplen a miles de kilómetros de ellos.

El Servicio Penitenciario Federal Ruso ha heredado una red de colonias penitenciarias del sistema soviético de gulags, muchas de las cuales se encuentran en antiguos campos de trabajo en zonas remotas y poco pobladas del país. Esto significa que la población penitenciaria debe ser transportada a través de largas distancias —a menudo de hasta 5.000 kilómetros—, lo que hace extremadamente difíciles las visitas de familiares. Como sólo 46 de las 760 instituciones penales rusas son aptas para recluir a mujeres, éstas tienen más probabilidades de ser trasportadas que los hombres. Es habitual que los viajes hasta esos destinos duren un mes o más.

Incomunicadas y fuera del amparo de la ley

El Servicio Penitenciario Federal trata toda la información sobre el transporte de presos y presas con el máximo secreto. Ni las personas presas ni sus familias o sus abogados reciben información sobre el destino final antes del traslado. Además de privarlas de ventilación y luz natural, se les prohíbe llevar reloj, lo que aumenta su desorientación.

“Durante estos largos viajes, las personas presas no tienen ningún contacto con el mundo exterior y las autoridades se niegan a desvelar su paradero. Realmente ‘desaparecen’ durante semanas o incluso meses en que sus familias no reciben noticias, lo que las deja fuera del amparo de la ley y las expone a sufrir más abusos. Jurídicamente esta práctica constituye desaparición forzada”, se confirma en el informe, donde se muestra un caso que ilustra bien la situación: el reciente caso de Ildar Dadin, preso de conciencia de Amnistía Internacional encarcelado por participar en protestas pacíficas contra el gobierno que, en diciembre de 2016, desapareció durante más de un mes tras afirmar que había sufrido tortura. Ildar Dadin apareció semanas más tarde, el 8 de enero de 2017, en una colonia penitenciaria a 3.000 kilómetros del centro de detención donde lo habían recluido. Las autoridades dijeron que lo habían trasladado “por su propia seguridad”.

La investigación de Amnistía Internacional está respaldada por las conclusiones de otras organizaciones.

“Los abusos contra personas presas durante el traslado son un serio problema que también hemos advertido en nuestro propio trabajo en Rusia”, manifestó Tanya Lokshina, de Human Rights Watch.

Amnistía Internacional, junto con Human Rights Watch y defensores y defensoras de los derechos humanos de Rusia, pide al gobierno ruso que reforme el sistema penitenciario y, en concreto, el sistema de transporte de presos, para acabar con estos abusos. En particular, lo insta a:

  • establecer límites temporales al transporte de personas presas;
  • cerrar las colonias penitenciarias correctivas más distantes de centros de población;
  • poner fin al hacinamiento en vagones de trenes y camiones penitenciarios;
  • garantizar que el sistema de trasporte está sujeto al escrutinio público y que se informa sistemáticamente a las familias y los representantes legales sobre el paradero de los presos y presas
  • poner fin al transporte de presos y presas fuera de la región donde residen, de conformidad con la legislación vigente.

Aseplu y Amel se fusionarán para “velar por el interés” del pequeño y mediano comercio lumbrerense

Mariam González es una joven empresaria lumbrerense, propietaria de un acreditado establecimiento comercial dedicado al interiorismo (estudioportobelo) que ha decidido aceptar la propuesta encaminada a integrarse como Vicepresidenta en la futura dirección de la Asociación de Empresarios Lumbrerenses, ASEPLU.

PREGUNTA.-¿Por qué se presenta a este reto empresarial?

RESPUESTA.-. Actualmente, soy presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Puerto Lumbreras (AMEL), y no lo haremos tan mal cuando han venido a ofrecernos llevar de la mano el asunto empresarial en la localidad.

AMEL es una asociación que envuelve a un colectivo de mujeres de varios sectores de comercio, empresas pequeñas y medianas, que nació en 2013. Llevamos cuatro años en activo y nuestro objetivo principal era fomentar el comercio local pues somos muchas mujeres las que dirigimos empresas, de ahí el acuerdo de juntarnos para fomentar el empleo y nuestros comercios. Ahora, con ASEPLU, lo que se pretende es fusionarnos para buscar el mismo objetivo, es decir, velar por el interés del comercio tanto en la pequeña como en la mediana empresa. En estos momentos, AMEL cuenta con 45 empresas, y también es deseo de sumar más con la futura unión con ASEPLU.

PREGUNTA.-¿Cuál es la situación del comercio en Puerto Lumbreras?

RESPUESTA.-Ahora mismo, el comercio, aunque está vivo porque la gente es luchadora, sí que está en un crecimiento latente, a la espera de nuevas propuestas e iniciativas.  La solución a este problema pasa por trabajar en conjunto para intentar buscar soluciones o mediar para que el crecimiento sea notable y deje de estar a la espera.

PREGUNTA.-¿Qué papel puede jugar la Administración para mejorar el comercio?

RESPUESTA.-La actuación de la Administración es fundamental, aunque sí es cierto que a veces, en asuntos burocráticos no nos lo ponen tan fácil debido a que los trámites son largos y costosos. Entiendo que las soluciones han de encontrarse mediante un trabajo común con las distintas asociaciones porque no todos los comercios tienen la misma necesidad. Es cuestión de buscar medidas adecuadas. La medida más urgente pasa por encontrar una mejor  comunicación entre los comercios y el poder instituido.

PREGUNTA.-Por último, ¿cuándo se producirá la fusión entre ASEPLU y AMEL?

RESPUESTA.-Mañana jueves se producirá la elección y designación de los nuevos cargos directivos de ASEPLU, y a partir de ahí habrá que trabajar en conjunto.