viernes, 10 abril, 2026

La Junta vuelve a ser la Administración pública que más invierte para el impulso de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha presentado en Almería el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, «unos presupuestos sociales, en los que tres de cada cuatro euros se destinan a servicios públicos y con los que se apuesta decididamente por la creación de empleo, además de consolidar a la Junta de Andalucía como la Administración que más invierte en Almería para el impulso de la provincia», ha destacado Sánchez Haro.

Durante la rueda de prensa, en la que el consejero ha estado acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, el representante del Gobierno andaluz ha anunciado que las cuentas públicas crecen un 4,6% para alcanzar los 34.759 millones de euros, 1.520 millones más que en 2017.

Entre las partidas que crecen el próximo ejercicio, Sánchez Haro ha resaltado las de la Consejería de Agricultura, cuyo presupuesto se incrementa un 4,9% y se sitúa en los 730 millones de euros, con una importante apuesta por la incorporación de jóvenes al campo, la modernización de industrias y explotaciones agrarias, la investigación y el fomento de la agricultura y la ganadería ecológicas.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, ha incidido también en que el Gobierno andaluz sigue liderando en Almería la licitación de obra pública, contemplando estos Presupuestos infraestructuras sanitarias, educativas y de transporte, entre otras, por toda la provincia, lo que está íntimamente ligado con el principal objetivo y reto de conseguir que la recuperación se traduzca en crecimiento y en creación de empleo y que la reactivación económica llegue a las familias almerienses.

Sánchez Haro, por su parte, ha destacado que los presupuestos de la Junta ayudan a reforzar una «Andalucía estable», a la vez que «revitalizamos el Estado de Bienestar» con una importante inversión en políticas sociales. Así, la principal partida de gasto público es para la Consejería de Salud, que crece un 5,4%, de tal manera que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «contará con el mayor presupuesto de la historia, 9.013 millones de euros para mejorar nuestro sistema sanitario público». También crecen los fondos educativos (un 3,8%, con 7.527 millones de euros para Educación y Universidades), y se potencian los servicios sociales con un 7,2% más, lo que permite alcanzar los 2.132 millones de euros «para luchar contra la desigualdad» e incrementar las partidas de Dependencia.

Las cuentas andaluzas destinan tres de cada cuatro euros a servicios públicos, «que son los que garantizan la igualdad de oportunidades y nos convierten en una tierra cohesionada y atractiva». Como ejemplo, el consejero de Agricultura ha puesto los 2.183 millones de euros para fomentar el empleo y el desarrollo económico, «porque el empleo de los andaluces es nuestra gran prioridad», y los 3.248 millones de euros para activar la economía andaluza.

A esto se suma la incorporación de nuevos derechos, «como la renta mínima de inserción social o la bonificación de matrículas universitarias». Sánchez Haro ha destacado asimismo que ningún empleado público de la Junta a jornada completa cobrará menos de 1.000 euros al mes a partir del próximo 1 de enero, al tiempo que ha recordado la reforma del Impuesto de Sucesiones, que desde enero situará el mínimo exento en un millón de euros, «mejorando la tributación de personas con discapacidad y favoreciendo las donaciones para creación de empresas».

El consejero de Agricultura ha recordado también que Andalucía «recibe menos financiación del Estado de la que le corresponde por su población, una situación que ha provocado que entre 2009 y 2015 las arcas públicas andaluzas dejaran de percibir 5.522 millones de euros. Pese a ello, «Andalucía realiza el doble de esfuerzo en inversión que el Gobierno central», incrementando estas partidas un 1,2% para alcanzar los 3.709 millones de euros, lo que supone un 2,2% del PIB andaluz. De esta manera, el presupuesto para políticas de infraestructura crece un 5,3%, lo que en Almería por ejemplo permitirá acometer proyectos clave como la duplicación de la calzada de Vera a Garrucha (6,78 millones de euros), el soterramiento de las vías del tren a su paso por Puche en Almería (2,85 millones) y el inicio de las obras del tramo El Cucador-La Concepción en la Autovía del Almanzora (1,6 millones). De esta manera, la Junta de Andalucía se consolida como la Administración que más inversión pública lleva a cabo en la provincia de Almería.

Provincia de Almería

Entre las actuaciones que recogen las cuentas autonómicas en Almería, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería ha destacado la construcción, ampliación y restauración de once centros de enseñanza; la continuación del Hospital Materno Infantil y las obras de conexión de este nuevo hospital con el de Torrecárdenas, así como obras en las urgencias y redacción del proyecto del nuevo edificio de consultas externas del hospital Torrecárdenas. También se recoge la partida para la reforma y ampliación del centro de salud Casa del Mar.

Para 2018 se contemplan asignaciones presupuestarias para el soterramiento de las vías del tren a su paso por la barriada de El Puche, el inicio de las obras del tramo El Cucador-La Concepción en la Autovía del Almanzora y para el tramo de conexión de La Concepción-A7 y otra serie de obras en carreteras. Además, la Junta continuará con la financiación de la ruta aérea Almería-Sevilla y del Consorcio de Transportes de Almería y hay partidas para la rehabilitación de las Casas Consistoriales de la capital y para actuaciones de rehabilitación en las áreas de Puche y Chanca.

El Presupuesto recoge una partida de dos millones para la continuación de adquisición de terrenos del Área Logística de Almería en Níjar, en la que ya se han invertido seis millones; la reparación del dique de abrigo del puerto de Garrucha, realización de un estudio de viabilidad para la construcción de una desaladora en Cuevas de Almanzora y casi 18 millones para obras de EDAR y colectores en varios municipios.

Para intervenciones en el conjunto monumental de La Alcazaba se destina 1,05 millones de euros y para la redacción del proyecto y las obras en el Estadio de la Juventud de Almería se dirige un millón.

En el capítulo de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el consejero ha explicado que, aunque no se pueden desglosar las inversiones para cada provincia ya que la mayoría las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, se han hecho algunas estimaciones atendiendo a las solicitudes o las convocatorias de años anteriores. Así, Almería es la que más fondos recibe de ayudas para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, con unos 47 millones de euros.

Es destacable también el apoyo al relevo generacional, con siete millones para unos 200 jóvenes agricultores almerienses, 4,3 millones para la producción ecológica y 3,3 millones para modernización de industrias agroalimentarias. El apoyo financiero a la contratación de seguros, de la que Almería se ha beneficiado con casi 1,3 millones, crece también para 2018, con un montante regional de 7,7 millones, un 28,3% más que este año. Asimismo, la Consejería ha dotado una partida de dos millones para actuar contra la sequía, mediante medidas como bonificación de intereses para préstamos de liquidez o ayudas directas para el abastecimiento de agua al ganado.

El respaldo al sector pesquero andaluz se duplica, con 60 millones de euros para, entre otros conceptos, apoyar la ejecución física y financiera de las medidas para el fomento de una pesca y acuicultura sostenibles, fomentar la transformación de los productos pesqueros y acuícolas y mejoras de equipamiento e instalaciones de los puertos. Asimismo, ha avanzado que el presupuesto del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) aumenta un 5,79%. «Se trata de una apuesta en firme por la investigación y la innovación, por lo que mantendremos líneas investigadoras en sectores clave para Andalucía, como son el hortofrutícola, el olivar, la acuicultura o el viñedo, entre otros», ha añadido. Para 2018, los centros Ifapa de Almería contarán con un presupuesto de 4,6 millones.

El alcalde de Brunete deja la presidencia del PP

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Madrid se ha reunido esta tarde para analizar la situación del Presidente del Partido en Brunete, Borja Gutiérrez Iglesias, tras el reciente Auto de investigación dictado por el Juzgado.

En este sentido, el Comité ha tomado conocimiento de la carta remitida por el señor Gutiérrez Iglesias, en la que comunica su renuncia a la Presidencia del Partido Popular en el municipio de Brunete, en aplicación del Código Ético del PP de Madrid que afecta a los cargos orgánicos del partido. Dicha renuncia ha sido aceptada por el Comité.

Borja Gutiérrez  manifiesta expresamente en dicha carta su inocencia respecto a los hechos que se le atribuyen, no obstante lo cual, ha decidido presentar su renuncia temporal «por lealtad y responsabilidad hacia el Partido Popular, y con el fin de no perjudicarle».

Añade  el señor Gutiérrez en su carta que «cada uno de los miembros del Comité Local de Brunete me ha trasladado su apoyo sin fisuras y su ánimo, ya que ellos también comparten la defensa de la honestidad de mi gestión municipal y esperan el sobreseimiento del proceso».

La semana que viene, el Comité de Dirección del PP de Madrid propondrá como presidente del Comité Ejecutivo Local a José La Cave Rupérez, que cuenta con el respaldo de los afiliados de Brunete.

El actual alcalde de Brunete podrá seguir, hasta que un juzgado diga lo contrario, al frente del consistorio pues el código ético del Partido Popular madrileño no recoge la exigencia de dimisión del cargo institucional por una imputación/investigación. Sólo en caso de que se abra juicio oral.

La Región cede vehículos usados de su parque móvil a los campamentos de refugiados saharauis

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, mantuvo el martes un encuentro con la delegada saharaui en la Región de Murcia, Fátma Brahim Salem, y la subdelegada, Bekia Bachir, para tratar la cesión de vehículos por parte del Parque Móvil regional destinados a los campamentos de refugiados saharauis.

Se trata de la primera reunión que el titular de Hacienda mantiene con la nueva delegada, que sustituye a Mohamed Labat en el cargo.

Andrés Carrillo explicó que “estamos ultimando una nueva entrega de vehículos que se llevará a cabo a principios de año, con el fin de que las personas que viven en los campamentos puedan aprovechar estos vehículos que ya no están en uso en la Administración Regional pero están en buen estado, y que pueden ser usados para el traslado de alimentos, medicinas o material quirúrgico”.

Desde 1993, la Comunidad ha entregado 57 vehículos del tipo todoterreno, furgones, furgonetas, camiones y autobuses.

Las últimas entregas fueron el pasado año, con la cesión de un furgón Mercedes, una ambulancia, un Nissan Patrol y un Suzuki Vitara, y en 2015, que se entregó un autobús adaptado y un Nissan Patrol.

Los vehículos se destinan a los campamentos de Tinduf (Argelia), donde viven alrededor de 180.000 personas.

El consejero indicó que “el Gobierno regional colabora con el pueblo saharaui desde hace más de veinte años en proyectos para la equipación de escuelas y hospitales, de suministro de medicinas, alimentos, ropa y envío de vehículos para el traslado de enfermos y personas”.

La colaboración de la Comunidad responde a las necesidades de los campamentos de refugiados saharauis, que viven de la ayuda humanitaria, a su situación alimenticia y a su dificultad para mantener reservas de alimentos que cubran las necesidades de los refugiados.

 

La CARM busca aumentar el peso del sector químico en la Región

El Gobierno de López Miras ha declarado que el sector de la química y el refino de petróleo “lidera el crecimiento registrado por la industria regional”, que, con un aumento acumulado del 7,4 por ciento durante los ocho primeros meses de 2017, “es la más dinámica de España en lo que va de año”.

Según los datos aportados por el director del Instituto de Fomento (Info), dependiente de la propia Comunidad, Joaquín Gómez, el sector químico ha aumentado hasta catorce puntos porcentuales en los últimos años, al pasar de representar el 25 por ciento de la industria regional en 2008 a un 39 por ciento en la actualidad.

Estas afirmaciones las ha realizado Gómez durante un encuentro de trabajo con el presidente de la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), Francisco Sánchez.

“Se trata de un sector estratégico para la Región, con un importante peso específico para la economía, e integrado tanto por pymes como por grandes empresas tractoras, ubicadas en gran parte en la comarca de Cartagena, cuya productividad es de las más elevadas de la industria regional. La implantación de una cultura de la innovación dentro de estas empresas hace además que el empleo que se genere presente una gran estabilidad y alta cualificación”, recordó Joaquín Gómez.

Durante el encuentro, el director del Info y el presidente de AMIQ anunciaron la intención de poner en marcha iniciativas para contribuir a la captación de nuevas inversiones dentro del nuevo Plan Estratégico para la Industria Química de la Región.

En este sentido, el director del Info recordó que la agencia de desarrollo regional mantiene un acuerdo con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), “que ha permitido que en lo que va de año media decena de empresas del sector químico accedan a casi un millón de euros de financiación para proyectos de innovación”.

Gómez ha recordado el papel del Info como enlace con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital “para que la industria regional conozca y puedan acceder a otras fuentes de financiación, como el programa de Reindustrialización”.

El director del Info ha destacado, además, la internacionalización de este sector. “El volumen de ventas en los mercados internacionales ha registrado un crecimiento del 20,8 por ciento en los últimos años, al pasar de 937 millones de euros en el año 2012 a los 1.132 millones de euros del pasado año. En lo que va de año, un total de 371 empresas de este sector han vendido sus productos en los mercados internacionales, hasta alcanzar una cifra de exportaciones de 702,68 millones de euros”.

El Ayuntamiento de Murcia deberá abonar parte de la deuda de la empresa de Ayuda a Domicilio

Cambiemos Murcia ha acusado al Partido Popular de ser el responsable de que el Ayuntamiento deba de asumir la deuda contraída por la anterior empresa adjudicataria del servicio de Ayuda a Domicilio (Ayudemur) con los trabajadores al decidir no rescindir el contrato con esta empresa pese a acumular meses de impagos, incumpliendo así el contrato.

El concejal Sergio Ramos explicó que el equipo de gobierno anterior «aunque era consciente de que Ayudemur no pagaba a los trabajadores, decidió prorrogar el contrato aun cuando el Ayuntamiento abonaba su parte a esta de forma puntual por la gestión del servicio.

El problema es que ahora el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ha denegado hacerse cargo de los salarios impagados por parte de la empresa, que superan el millón de euros, manifestando que «el Ayuntamiento es responsable solidario y, por lo tanto, deben dirigirse contra él en esa reclamación».

Por ello, Ramos ha exigido explicaciones y responsabilidades a la anterior concejal de Derechos Sociales, María del Carmen Pelegrín, y a la actual responsable, Conchita Ruiz, ha podido constatar que parte de la deuda se pagará con los fondos de la fianza de la empresa, que «afortunadamente se retuvo no sin la oposición del equipo de gobierno».

Por su parte, la concejala Conchita Ruiz ha señalado que «el Ayuntamiento de Murcia siempre ha actuado conforme a derecho y con el único objetivo de garantizar el cobro de las cantidades adeudadas de los cerca de trescientos trabajadores», además de que «a día de hoy el proceso judicial continúa en marcha y los servicios jurídicos municipales están actuando, tanto en el juzgado de lo Social como en el Mercantil, con los mecanismo que prevé la ley».

Andalucía seguirá pagando impuestos por las herencias

La alarma social por el pago del impuesto de sociedades con casos realmente dramáticos ha hecho parecer que se estaba ante una auténtica confiscación por parte de la Junta de Andalucía. Así lo denunciaba, y denuncia, la plataforma Stop Sucesiones. El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para bonificar hasta un millón de euros por heredero en primera línea de consanguineidad eliminará a buena parte de los “perjudicados”, pero deberán seguir pagando “los otros” impuestos que no están bonificados.

Muchos de los casos que se han expuesto como una tragedia deberán seguir su destino pues no son descendientes o ascendientes, ni cónyuges de los finados o finadas. Esas personas deberán pagar lo mismo que antes al quedar fuera, como sucede en casi todas las Comunidades Autónomas, los parientes de segunda o tercer línea de consanguineidad. Susana Díaz afirmó que muchos de los que han pagado el impuesto de sucesiones eran ricos. En algunos casos era cierto, en otros venía derivado de las cláusulas de la Ley autonómica y no lo son en modo alguno. De hecho, tanto que dice y tomando como referencia su propia declaración de bienes, Díaz es más rica que muchas personas que se han visto perjudicadas.

Es cierto que la Comunidades Autónomas tan sólo pueden bonificar el impuesto pues es estatal y no pueden modificar los cálculos, pero podían haber hecho un mejor catálogo de casos. Según los datos de la Junta de Andalucía, en 2015 se habría ingresado una media de 13.000 euros por persona por el impuesto de sucesiones. Por lo que respecta a las declaraciones voluntarias, que son mayoría, pero no constan las paralelas que se pudiesen haber realizado. La cantidad total de lo recaudado se situaba en ese año en 257 millones de euros. Por tanto, la Junta ha impuesto a cada heredero unos 14.000 euros. ¿Por qué los casos en que se solicita mucho más dinero?

El mecanismo de recaudación

Básicamente para realizar la liquidación de impuestos por causa de herencia o mortis causa se deben seguir una serie de pasos. No es tan simple como han especificado algunos medios y asociaciones como sumar valor catastral, coeficiente de localidad y 3% de ajuar. Es algo un poco más complicado por ser normal estatal.

El primer paso es calcular el valor real de los bienes y derechos (mediante catastro), a lo que se suma el ajuar, que en el caso de Andalucía se sitúa en el 3%. Esto nos procura la masa hereditaria bruta. El segundo paso es restar las cargas, deudas y gastos deducibles, lo que nos da la masa hereditaria neta. Para saber si hay deducciones o no, esta cantidad se divide entre el número de herederos para tener la cuota individual. En caso de haber seguros de vida se suman las cantidades a los beneficiarios.

Dependiendo del capital del heredero se aplican reducciones o no para tener una nueva cifra. Una vez que se tiene la base neta es cuando se aplica el porcentaje o tarifa del impuesto (que va desde 7,65% al 36,59%). A esto se le aplica el coeficiente de corrección (o coeficiente de localidad en Andalucía). Y una vez se tiene la cifra total se aplican las deducciones o bonificaciones. De esa cantidad siempre el 1% se deberá pagar en casi todas las Comunidades Autónomas. Y el resto según las bonificaciones que se apliquen. En Andalucía, hasta que se apruebe la nueva normativa, se paga por encima de los 250.000 euros por heredero. Lo que viene a ser un mínimo del 25%. En este caso el mínimo serían 62.500 euros.

Es obvio que un solo heredero por una casa de más de 250.000 euros se encuentra ante una situación peliaguda al tener que abonar una buena cantidad. Lo curioso es que si hubiesen sido dos los herederos no pagarían nada. Por eso hay casos dramáticos, que la Junta de Andalucía nunca ha querido tener en cuenta, como viudas sin hijos que ahora ven cómo se pueden quedar sin casa (además de sin pareja) por algo que pagaron hace años y jamás se les ocurrió poner a nombre de los dos. Sólo por 250.000 euros (es ejemplo porque la cuota no se aplicaba así sino si se superaban realmente los 350.000 euros, pero es ilustrativo).

Ahora será un millón de euros por heredero, lo que sí lleva a evitar ciertos casos dramáticos de viudas e hijos que no pueden acceder a su herencia, al esfuerzo de una vida de sus progenitores, para una “fortuna” de poco más que 250.000 euros. Ahora cada heredero deberá sumar un millón, por lo que no hay bonificación total del 99% como en Madrid. Hay una deducción más que una bonificación. Que no será para todos los que hereden.

Sólo se aplican estas deducciones o bonificaciones en los casos de los Grupos I y II de los establecidos para poder optar a una herencia. El Grupo I lo componen los hijos naturales y adoptivos menores de 21 años de edad. En casi todas las Comunidades Autónomas no tienen que pagar nada. El Grupo II se refiere a hijos naturales y adoptivos de 21 años de edad y mayores, cónyuges (incluidas las parejas de hecho inscritas en el registro correspondiente), padres, abuelos y nietos. Con ello se cubre casi toda la línea consanguínea. Los demás grupos han de pagar los impuestos sin deducciones de algún tipo. Así que sobrinos, sobrinas, tíos, tías y demás vayan preparándose para abonar desde el 7% al 36%.

Los “otros” impuestos y gastos

Sin embargo, quitarse el impuesto de sucesiones de encima, a nadie le gusta pagar impuestos pero todos quieren sanidad gratis, no supone no tener que abonar impuestos o gastos de herencia. La plusvalía mortis causa (o Impuesto por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) deberán seguir pagándola los andaluces y andaluzas a los Ayuntamientos donde se reciba la herencia del finado. Y esos porcentajes sobre la plusvalía van desde el 20% hasta 30% (como sucede en Granada capital). Así, si el finado compró la casa hace un año el impuesto será menor seguramente por el incremento de la plusvalía casi nulo. Si es de hace unos años tendrán que preparar más de 6.000 euros como mínimo.

A todo ello queda el 1% del impuesto de sucesiones y los gastos de notaría, registro de la propiedad y demás. También habrán de pasar por caja de la Hacienda estatal cuando vayan a hacer su declaración de la renta al año siguiente a la herencia por el incremento patrimonial que ello suponga. Que dependiendo del valor podría provocar de una declaración a devolver tornar en una declaración a pagar. También habrá que sumar IBI, impuestos de basura, etcétera. Aunque esto es algo mucho más lógico. Pero no hay que olvidar la plusvalía que en algunos casos podría ser cercana a los 30.000 euros si el inmueble se hubiese comprado hace más de 10 años.

El PSOE denuncia la inacción de Gabriel Amat

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha mostrado su preocupación después de cotejar el estado de cumplimiento de los planes provinciales concertados con los municipios correspondientes al período 2016-2019. Según ha expuesto el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, la inquietud se ha tornado en “alarma” al conocer que de una inversión prevista de 62 millones de euros en estos cuatro años, a 30 de septiembre, tan sólo está en carga el 12,5% del presupuesto (7,7 millones de euros). Se trata, ha dicho, de una cifra del todo insuficiente y, lo peor, que no se alcanzará el 100% en 2019 teniendo en cuenta los plazos previos técnicos y burocráticos que se han de tener en cuenta antes de poner la primera piedra de cualquier  obra.

En su opinión, el equipo de Gobierno del PP “tiene que ponerse las pilas, ponerse a trabajar y tomarse en serio este importante plan” puesto que, no en vano, la inacción del equipo que dirige Gabriel Amat tiene consecuencia sobre la obra pública y el empleo en esta provincia, con independencia de que no se ven satisfechas las necesidades y requerimientos que realizan los municipios a quienes se les priva de la obra escogida a realizar en un plazo de cuatro años.

De hecho, 157 de los 318 trabajos que contemplaban este plan provincial hasta 2019 no cuentan aún con proyecto técnico. “Teniendo en cuenta que se ha tardado, según los casos, más de medio año en realizar dicho proyecto, que luego hay que licitar y adjudicar, no creemos que el equipo de Gobierno del PP cumpla con los objetivos marcados en 2016 dado que quedan tan sólo 16 meses para el final de la legislatura”, ha subrayado Lorenzo. “El pueblo que no tenga ahora mismo un proyecto no va a ver terminada la obra en 2019”, ha insistido.

El Partido Popular, por tanto, “no podrá consolidar la inversión prevista para este cuatrienio y no podrá culpar de ello a los municipios”, ha advertido. El 95,42% de los pueblos han comunicado las obras que pretenden llevar a cabo pero que, por desgracia, no van a poder ver en 2019 en casi un 50% de los casos. “Esta falta de

capacidad de gestión o de interés del equipo de Gobierno del PP también perjudicará el crecimiento del Presupuesto provincial de 2018 al estar supeditado por la liquidación 2017 que, previsiblemente, a dos meses de terminar el año, será menor que lo presupuestado”, ha advertido el portavoz socialista.

“Esta Diputación realiza una gestión catastrófica de los fondos públicos en nombre de los municipios, puesto que presupuesta obras que luego no realiza” siendo, en línea general, “un estilo al que el PP nos tiene ya muy acostumbrados en esta provincia”, ha lamentado Juan Antonio Lorenzo.

La futura desaladora de Cuevas estará emplazada en la desembocadura del río Almanzora

La prevista nueva desaladora del Levante Almeriense será ubicada en la desembocadura del río Almanzora, en las inmediaciones de la pedanía cuevana de Villaricos. El presupuesto estimado de construcción es de 100 millones de euros y el plazo de ejecución depende del estudio de viabilidad que realizará la Junta de Andalucía, con un coste de 60.000 euros, aunque lo más probable es que su construcción dure un año. Así lo afirma a Diario 16 uno de los promotores de este equipamiento, el presidente de SAT “Los Guiraos” Matías Gómez Cervellera.

El proyecto, que ya está elaborado, será presentado en breve en la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, agrega Gómez Cervellera, quien considera que la iniciativa surge como consecuencia de las necesidades que tienen los regantes de la zona, tras la interrupción del suministro de agua procedente del Trasvase del Negratín. Una petición que fue consultada con la Consejería de Agricultura y la Delegación de Agricultura de la Junta en Almería, y que fue valorada “positivamente” por sus responsables, que en tan solo dos meses “han logrado” que esta iniciativa pueda arrancar felizmente, dice Gómez Cervellera.

Otro problema derivado de la ausencia de dotaciones radica en la paralización del Plan General de Ordenación Urbana, que al no contemplar las dotaciones imprescindibles, la Junta de Andalucía no da el visto bueno al PGOU, reservando la autorización exclusivamente al planeamiento urbano, comenta el presidente de “Los Guiraos”.

La falta de concesiones también la padece la propia SAT “Los Guiraos” al ver paralizados parte de sus proyectos de ampliación. Por todo ello, Gómez Cervellera  llama a los empresarios agrícolas, agricultores y regantes a sumarse a la manifestación convocada por la Mesa del Agua de Almería para el próximo día 16. Con tal motivo, los convocantes instan a las empresa a cerrar sus producciones de 9 a 14 horas del día de la manifestación para que el Gobierno de España “tome conciencia” de la situación, pues “sin agua no hay futuro”, asevera Matías Gómez.

Por último, respecto a la desaladora de Palomares, el dirigente hídrico cuevano señala que existen conversaciones con el Gobierno central para que ceda a los regantes locales el uso de las citadas instalaciones, libres de “cargas y gravámenes”, hecho que en caso de fructificar podría producirse en el plazo de un año y medio, concluye Gómez Cervellera.

Podemos pide explicaciones a Zoido por los ultras de Valencia

Como ha contado Diario 16, durante la manifestación en Valencia, con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, se produjo el ataque de un grupo de ultraderechistas y fascistas, por ello entienden en el grupo del Senado de Unidos Podemos que “existe una grave responsabilidad política, que recae en la figura del delegado del Gobierno, por no prever y evitar los hechos violentos que ayer se sucedieron en Valencia”.

Como cada 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, ayer estaba previsto que una manifestación, con el lema Sí al Valencià y convocada por la Comissió 9 d’Octubre, recorriera las calles de Valencia. La marcha, en defensa del valenciano y convocada como espacio de encuentro, diálogo y consenso por organizaciones políticas, sociales, culturales y sindicales de la Comunitat, según daban cuenta los convocantes, se vio alterada desde el comienzo de la misma por la presencia de grupos de extrema derecha, los cuales “no sólo han roto la manifestación sino que han agredido con una inusitada violencia a varias personas. A pesar de la presencia de un amplio dispositivo, los efectivos policiales no han disuelto la contramanifestación y han intervenido cuando las reiteradas agresiones han culminado con un grupo de ultraderechistas golpeando a varias personas que se encontraban tiradas en el suelo. El violento comportamiento de los ultraderechistas congregados puso en serio riesgo la integridad física tanto de las personas que manifestaban en la manifestación pacífica en defensa del valenciano como a los propios agentes de policía”.

Por la mañana hay que recordar que durante la procesión cívica convocada por el Ayuntamiento de Valencia, un grupo de ultraderechistas alteró su normal celebración. Los representantes de Podem recibieron insultos y fueron escupidos por los ultras, hasta que, por motivos de seguridad, la Policía Nacional convenientemente les trasladó a una calle aledaña para protegerlos y garantizar su seguridad.

El Grupo Territorial Valenciano, conformado por las dos senadoras y el senador de Unidos Podemos en el Senado (Vicenta Jiménez, Pilar Lima, Ferrán Martínez), han solicitado hoy formalmente la comparecencia en la Comisión de Interior del Senado del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. Asimismo, han registrado una batería de preguntas pidiendo explicaciones al Gobierno por los lamentables hechos ayer acontecidos en Valencia.

Unidos Podemos pregunta al Gobierno, en primer lugar, si valora el cese o la reprobación del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, tras los graves acontecimientos de ayer. El Grupo Territorial Valenciano de Podemos también quiere saber qué operativo policial se destinó tanto a la procesión cívica organizada por el Consistorio durante la mañana como para la manifestación que, convocada por organizaciones sociales, había de tener lugar por la tarde. Asimismo, Unidos Podemos quiere saber cuántas manifestaciones y con qué lemas fueron debidamente comunicadas a la Delegación del Gobierno y si fue permitido y bajo qué condiciones un acto organizado por grupos de extrema derecha.

El Grupo Territorial Valenciano de Unidos Podemos pregunta además por las medidas tomadas y el operativo previsto ante una contramanifestación de carácter ultraderechista que, tal y como quedó patente, tenía por objetivo principal agredir a las personas que participaban pacíficamente en una marcha que había sido debidamente comunicada a las autoridades. Las dos senadoras y el senador valenciano de Unidos Podemos quieren saber asimismo cuántas personas fueron identificadas tras las agresiones que ayer se produjeron en la ciudad de Valencia y si la Policía está investigando qué personas o grupos organizaron la convocatoria que agrupó a colectivos de extrema derecha en Valencia.

Vicenta Jiménez, senadora por Alicante entiende que “existe una grave responsabilidad política, que recae en la figura del Delegado del Gobierno, por prever y evitar los hechos violentos que ayer se sucedieron en Valencia”, apuntando también que “se puso en riesgo la integridad física de manifestantes pacíficos y de los propios agentes de policía que, formando parte de un dispositivo insuficiente, tampoco habían recibido las órdenes necesarias para afrontar los hechos que ayer acaecieron en Valencia”.

Rosa Peñalver: “Los parlamentarios han de ser ejemplos de igualdad y promotores de un cambio de mentalidad en la sociedad”

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, asiste en la Diputación Provincial de Cáceres al Seminario del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género de la Conferencia de Asambleas Regionales Europeas, CALRE, “en el que representantes parlamentarios y expertas en igualdad intercambian experiencias, estrategias y buenas prácticas, al fin de conseguir instituciones más sensibles al género y a la no discriminación por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género”, señala.

La presidenta de la Cámara murciana, durante su estancia en Cáceres ha subrayado que “los parlamentos han de ser ejemplos de igualdad y promotores de un cambio de mentalidad en la sociedad, cuyo componente esencial es la educación en la igualdad y la tolerancia”.

Durante la jornada de ayer el seminario ha analizado diferentes realidades como la “Violencia simbólica y micromachismos en política”, con la intervención de las periodistas Nuria Varela y Ana Requena.

Otra de las ponencias ha girado en torno a “Parlamentos sensibles al género”, de la mano de la jefa del equipo y experta en perspectiva de género del Instituto de Igualdad Europeo (EIGE), Bárbara Limanowska.

Por último, la profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de Extremadura, Elena Manzano Silva, ha planteado la “Fiscalidad e Igualdad de Género”.

“El machismo cotidiano también está presente en la política. El dominio masculino en la esfera política, tanto numérica como jerárquicamente, es contundente. En la actualidad, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en la mayoría de los parlamentos”, ha subrayado la presidenta de la Asamblea.

Asimismo, Rosa Peñalver ha mostrado interés en señalar “las preocupantes cifras que dejan las nuevas tecnologías con el alto índice de violencia sexista que viven las parlamentarias, especialmente en Internet y los medios sociales. Nuevos espacios que habrá que estudiar con detenimiento para adoptar una postura como representantes públicos y legislar en consecuencia”.